INTERPELACIÓN AL General Néstor González, primera parte  (regreso)

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISION ESPECIAL POLÍTICA QUE INVESTIGA
LOS HECHOS OCURRIDOS LOS DIAS 11,12,13 Y 14 DE ABRIL DE 2002

Interpelación: General Néstor González González

Día: 14-05-2002
Hora: 10:35 am

Presidente: Ciudadana Secretaria, sírvase informar si hay quórum.

Secretaria: Si hay quórum ciudadano Presidente.

Presidente: Orden del Día, ciudadana Secretaria.

Secretaria: Comparecencia de los ciudadanos General González González y General Eugenio Gutiérrez, ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga los acontecimientos ocurridos los días 11, 12, 13 y 14 de abril. Es todo.

Presidente: Artículo 222 del texto constitucional. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control, mediante los siguientes mecanismos.

Las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la Ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento, en ejercicio del control parlamentario podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las sanciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

Artículo 49. Numeral 2. Toda persona se presume inocente, mientras no se pruebe lo contrario.

Título III. De los derechos humanos y garantías y de los deberes.

Capítulo I. Disposiciones Generales.

Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, su respeto y garantías son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.

Artículo 3. Del reglamento interno de la Comisión.

Cumplimiento de solemnidades. Artículo 3: El Presidente y el Vicepresidente de la Comisión Especial, tomarán las medidas necesarias para evitar las interferencias o interrupciones durante el desarrollo de las reuniones, así como cualquier conducta que atente contra el espíritu de cordialidad y respeto que debe prevalecer.

Artículo 8. Reglas especiales para comparecencias.

Artículo 8. En la comparencia de funcionarios públicos o particulares, la Comisión Especial aplicará las siguientes reglas:

a) La presidencia de la Comisión explicará la dinámica de la interpelación o comparecencia al interpelado, la razón y motivo de la misma.

b) El invitado a comparecer hará una exposición inicial por un tiempo no mayor de 10 minutos, el cual podrá prorrogarse por un período igual.

c) Los diputados y diputadas, miembros de la Comisión Especial, tendrán preferencia a la hora de formular sus preguntas o hacer sus intervenciones.

d) La intervención de los diputados y diputadas que deseen formular preguntas, no excederá de 3 minutos, las cuales deberán ser consignadas por escrito.

e) El interpelado procederá a dar respuesta en forma sucesiva a las preguntas formuladas por los diputados y diputadas.

f) Para aclarar conceptos, repreguntar o solicitar informaciones complementarias sobre la materia objeto de la comparecencia, los diputados y diputadas, tendrán un tiempo adicional que no excederá de 3 minutos.

g) El interpelado tendrá un tiempo que no excederá de 5 minutos para responder a cada una de las preguntas que se le formulen en forma sucesiva, el cual podrá prorrogarse si la plenaria de la Comisión Especial así lo decide.

Tiene la palabra el ciudadano González González.

General Néstor González González: Buenos días, ciudadano Presidente y demás miembros de la Comisión Especial para investigar los antecedentes y hechos ocurridos del 11 al 14 de abril del año 2002. Su despacho.

Yo, Néstor González González, General de Brigada del Ejército, venezolano, cédula de identidad 3586675, ante ustedes ocurro para exponer. El artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en forma clara, expresa y perfecta la esencial, la finalidad y el ámbito del ejercicio de la Fuerza Armada Nacional, en este sentido el supracitado artículo señala: La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación y el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con esta Constitución y con la Ley.

En el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.

Desde el 6 de septiembre de 1970, fecha en la que ingresé a la Academia Militar de Venezuela, en aquellos momentos en los que juré ante la bandera, así como en el año 1974, cuando egresé de ella en la promoción General en Jefe José Ignacio Pulido y juré ante la patria, han transcurrido 28 años en los que he tenido una línea profesional dirigida exclusivamente a hacer respetar los principios que motivaron a la escogencia de la carrera militar y el contenido del sagrado juramento, siempre orientado a la defensa de la nación, a la cooperación del mantenimiento del orden interno de la patria, y a contribuir con el desarrollo del país, mi país, conjuntamente con sus ciudadanos.

Con independencia de las tendencias de cada uno de los dirigentes que durante mi responsabilidad como Comandante de Tropa, han gobernado a Venezuela, cabe aquí la referencia igualmente al haber apegado mi vida profesional al Artículo 8vo. de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, pilares estos de la razón de ser de las Fuerzas Armadas Nacionales y la atribución directa de cada uno de sus miembros.

Es de data muy reciente y especialmente desde julio del año 2000 y habiendo ocupado cargos altamente importantes dentro del Ejército de la República, cuando manifiesto y formulo en forma como más adelante señalaré y con documentos, ya que la nación conoce mi preocupación por la contaminación política a la que estaba y está siendo sometida la Fuerza Armada Nacional y el futuro incierto, que de no conseguir una solución a tal situación, le depararía a esta institución, que hasta no hace mucho era modelo y ejemplo en América Latina y el mundo.

Fue entonces a través de los canales regulares y legales y finalmente en forma pública, y siempre amparado en la Ley, que he venido haciendo del conocimiento general los hechos que me preocupan, con la única finalidad de mantener la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional y muy especialmente la institucionalidad de nuestro ejército venezolano, forjador de libertades y la dignidad de la organización de la cual formo parte, de la que represento, admiro y respeto y por la que he luchado y lucharé para que siempre tenga como norte y fundamento la preservación de la democracia y el respeto a los derechos de sus nacionales y de todos los que en ella habitan.

En este sentido, tengo a bien atender a la invitación que se me ha hecho ante esta Comisión, designada por la Asamblea Nacional, para la investigación de los antecedentes y hechos ocurridos entre el 11, 12, 13 y 14 del mes de abril del año en curso, presentándome aquí como ciudadano venezolano, como general de brigada activo en el ejército venezolano, responsable ante la institución a la cual pertenezco, ante mis superiores, ante mis subalternos, ante mi país, por las acciones que he ejecutado y ejecutaré.

Aprovechando este espacio de tiempo, considero menester sintetizar los antecedentes, así como las inquietudes que hice del conocimiento por escrito la superioridad, con la única finalidad de que los mismos hubieran tenido utilidad en la reorientación del camino para una sociedad y Fuerzas Armadas Nacionales unificadas en un rumbo hacia los objetivos de paz, tranquilidad y progreso.

Espero que esta interpelación contribuya a establecer la responsabilidad por la lamentable pérdida de la vida de tantos compatriotas, en un vil atentado contra el derecho a la vida, como elemento esencial de la preservación de los derechos humanos de los venezolanos y de los ciudadanos del mundo.

Señalar y determinar la verdad de los hechos y responsables que llevaron a la Fuerza Armada Nacional al estado de deterioro institucional en que se encuentra, señalar la situación que en la actualidad vive la Fuerza Armada Nacional y particularmente el Ejército, como factor de evaluación de la conducta de la oficialidad, antes y después de los hechos del 11 de abril.

Contribuir a evitar el desvío de la presente investigación, al tratar de cambiar la matriz de opinión sobre las causas de origen y responsabilidades en los mismos, que han llevado al país a vivir esta grave crisis y la evidencia de la fractura de la Fuerza Armada Nacional, evitar que se haga ver al pueblo que hubo un supuesto golpe de Estado y así justificar que todos los problemas del país y en particular de la Fuerza Armada Nacional, muy especialmente el Ejército, nacieron y comenzaron el 11 de abril del año 2002.

Personalmente no puedo referirme solamente en esta honorable audiencia al particular de los sucesos de los días 11 al 14 de abril del año en curso, por cuanto he venido desde hace 1 años y 10 meses, exactamente, efectuando planteamientos verbales y por escrito ante la superioridad con respecto al manejo político operacional y administrativo de la Fuerza Armada, específicamente en el Ejército, sin haber obtenido las respuestas correspondientes por parte de mis superiores, el Alto Mando y el Comandante Jefe de la Fuerza Armada Nacional, los cuales son la consecuencia de la situación provocada y en la que estamos inmersos hoy, debido a la actitud indiferente, la radicalización, el desconocimiento de la doctrina institucional militar, la ausencia y falta de definición de políticas de Estado para el manejo de la Fuerza Armada Nacional, el desconocimiento e irrespeto a las disposiciones de la organización, la colocación de los intereses personales, político e ideológicos por encima de la realidad de la institución y las necesidades de seguridad y defensa de nuestro país.

En referencia a los planteamientos efectuados, pudiese describir cada uno de estos, pero en algunos casos y por razones de seguridad de Estado, me referiré a ello brevemente, a fin de que sirvan de elementos para determinar a quién y a quiénes y por qué razones verdaderamente se debe investigar y juzgar.

Al respecto consigno algunas copias de tales planteamientos ante esta Comisión, las cuales seguidamente relaciono. Dependencia: Comandancia General del Ejército.

Envío de una recomendación por parte de la Dirección de Personal, asunto tratado, envolvimiento de la Fuerza Armada Nacional en el juego político, el discurso político dentro de la Fuerza Armada y dentro de la Organización, referencia sobre discusión personal y pública al respecto con el General en Jefe Lucas Rincón Romero, julio del año 2000.

Teatro de Operaciones No. 2. Informe final de la Operación Taurus, enero 2001, accidente aéreo, operación de rescate; presencia de campamentos guerrilleros en territorio venezolano, exposición al Ministro de la Defensa, febrero 2001; presencia de la guerrilla en territorio venezolano, solicitud de políticas de Estado para el manejo de estas situaciones por parte del Teatro de Operaciones No. 2; informe final de la operación Sierra Mayo 2001, resultado de operaciones militares en el área.

Comunicaciones al Comando Unificado de fecha 13 de febrero del 2001 y 29 de junio del 2001, donde se establece la situación de seguridad y defensa en la frontera occidental del territorio venezolano y la presencia e influencia de la guerrilla y grupos irregulares en territorio venezolano.

Informe final de la Operación Voluntad, junio del 2001, detección y destrucción de campamentos de la FARC en territorio venezolano.

Discurso de entrega del comando del Teatro de Operaciones No. 2, el día 7 de agosto del 2001, discurso público en el cual notifiqué la situación de la frontera occidental en el área jurisdiccional del Teatro de Operaciones No. 2 y advertí al señor General de Brigada, Wilfrido Cruz Weffer, sobre la situación que debía afrontar y las medidas drásticas en términos militares y dentro de los derechos humanos que debía conducir con el objeto de minimizar la presencia de elementos irregulares dentro de nuestro territorio, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad y soberanía en el territorio venezolano de los residentes y productores de esa zona.

Carta al Inspector General de las Fuerzas Armadas Nacional, General en Jefe Lucas Rincón Romero el 21 de octubre del 2001, necesidad de un liderazgo institucionalista en referencia a la posición del señor Presidente de la República con respecto a nuestra posición en lo referente al terrorismo internacional, el ciudadano Illich Ramírez y la guerrilla colombiana.

Carta al señor Presidente de la República, 8 de diciembre del 2001. Solicitud de rectificación con respecto al uso del personal, material, equipo e instalaciones de las Fuerza Amada Nacional con fines políticos partidistas, intereses ideológicos personales y como elemento de amenaza e intimidación a la sociedad civil.

Relación pasiva con respecto a la presencia de elementos de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, así como el descontento de los cuadros a diferentes niveles, debilitamiento, fractura, desgaste, reducción del nivel de apresto operacional y pérdida de prestigio a nivel nacional e internacional de los miembros del a Fuerza Armada Nacional y muy especialmente del Ejército venezolano.

Informe del 27 de diciembre del 2001. Actitud del señor Presidente durante la supuesta salutación de fin de año al personal militar en la guarnición del Distrito Capital y Estado Vargas.

Documento al Comando General del Ejército, 14 de enero del 2002, planteamiento al señor Comandante General del Ejército y cuerpo de generales, referente a la recuperación inmediata de la institucionalidad del Ejército con el objeto de preservar un posible fracturamiento en los diferentes cuadros y pérdida total de la cohesión para conducir operaciones netamente militares en términos de seguridad y defensa de la nación.

Testimonios de fecha 21 de enero del 2002, conversaciones sostenidas con el Inspector General de la Fuerza Armada Nacional y con el señor Ministro de la Defensa, para ese momento José Vicente Rangel.

Pronunciamiento ante la opinión pública el 10 de abril del 2002, notificación pública sobre la actitud del señor Presidente de la República con respecto al manejo del a Fuerza Armada Nacional, el Ejército y la presencia de campamentos guerrilleros en territorio venezolano.

Denuncias contenidas en este mismo documento de fecha 14 de mayo del 2000, referente a las denuncias sobre la presencia de elementos armados, por supuesto círculos bolivarianos en la marcha pacífica del día 11 de abril del 2002 y la indiferencia del Alto Mando y el señor Presidente de la República en atender las mismas.

El empleo de la Fuerza Armada Nacional contra el pueblo, el intento de activación del Plan Avila por parte del señor Presidente de la República para defender una posición política personal de ideológica.

Seguidamente trataré de relatar mi participación en los días 11, 12, 13 y 14 de abril, en los hechos y sus antecedentes, siempre conservando mi derecho de acogerme al precepto constitucional, de acuerdo al artículo 49, ordinal 5to. de la Constitución Nacional en los casos que así fuese necesario y evitando dar respuestas a preguntas que considere impertinentes, que atenten contra mi honra y reputación, así como los casos en los que en mi condición de general activo, no me lo permita por ser materia de seguridad de Estado, por lo que de antemano agradezco infinitamente el mismo respeto que para con ustedes tendré.

El día miércoles 10 de abril del 2002, a las 12 horas, me pronuncié públicamente de acuerdo a los artículos 57 sobre la libertad de expresión, 61 sobre la libertad de conciencia y el artículo 350 de la Constitución Nacional.

En referencia a la posición entreguista del señor Presidente de la República y el Alto Gobierno, con respecto a la penetración de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. La violación de la soberanía e integridad de nuestro territorio, así como el Estado de indefensión en que se encuentran los pobladores de la zona occidental, o sea, el mantenimiento de un Estado dentro otro Estado.

La politización del Ejército y la Fuerza Armada Nacional, así como el uso de la Fuerza Armada Nacional en actividades políticas de carácter personal y partidista, lo cual se mantiene vigente y sin respuesta aún después de los sucesos del 11 de abril del 2002, considerando que había ya agotado todos los niveles de recursos para presentar a la superioridad mis planteamientos hechos y consecuencias sin recibir respuesta durante un año y 10 meses, además de poder palpar igual falta de atención para con las solicitudes del pueblo venezolano.

En ese mismo orden de ideas y en base a la vieja y reciente data de mi tratamiento, no puedo aceptar que ahora traten de justificar con que la causa de todos los males, es una supuesta rebelión militar o golpe de Estado, cuando a pesar de haber planteado por escrito, personal y públicamente hace 22 meses atrás la posibilidad de la fractura del Ejército si se mantenían en la Fuerza Armada Nacional el juego y envolvimiento político, máxime cuando organismos internacionales encabezados y dirigidos por honorables personas con conocida amistad manifiesta con el ciudadano señor Presidente de la República, han sugerido al Gobierno Nacional, entre comillas, cito “Extraer del juego político a la Fuerza Armada Nacional” y es sólo ahora y precisamente en este momento cuando el General en Jefe Lucas Rincón Romero reconoce que realmente la Fuerza Armada Nacional está fracturada y que no hay relación entre mis planteamientos anteriores, entre las prédicas y prácticas del Presidente en el manejo de la Fuerza Armada Nacional, entre las terribles pérdidas humanas del día 11 de abril y entre la participación y actitud adoptada por numerosos miembros de la Fuerza Armada Nacional, en los hechos acontecidos en los días en referencia y el planteamiento de la politización del Ejército.

De haberse escuchado a tiempo se hubiera evitado esta posición de la Fuerza Armada Nacional y por supuesto, la tremenda fractura y deterioro, que hoy afecta profundamente la que otrora fuese una de las fuerzas armadas más calificadas de Latinoamérica. Esta fractura señores implica debilitamiento, pérdida de capacidad, compromiso, confianza y cohesión de los cuadros a diferentes niveles para cumplir con las mínimas misiones y funciones de seguridad y defensa de la Nación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 328 de la Constitución de la República y el Artículo 8 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que además esa fractura también implica pérdida de credibilidad y de entidad, respeto, y muy especialmente liderazgo.

En ninguno de los diferentes niveles donde se presentaron los planteamientos hubo respuestas y en lo personal he estado en rotundo desacuerdo con la realidad virtual con la cual se trata de identificar tales situaciones y la situación real del Ejército y a la cual se refirió el entonces Ministro de la Defensa Dr. José Vicente Rangel en esta misma sala.

La respuesta que obtuve de la superioridad en algunos casos fue la transferencia de los cargos que ocupaba o la destitución de ellos, con esta actitud no lograron cambiar mis ideales, probablemente rotaron el ambiente o puntos geográficos de trabajo, pero repito, mis ideales por pretender un ejército apegado a los principios fundamentales, estarán apegados a la democracia y al servicio de la Nación. No podrán jamás ser sesgados y donde quiera que esté en el futuro, seguiré luchando por lo que considero el bienestar y preservación esencial de la Institución Militar, como tal, a lo que he dedicado buena parte de mi vida en aras de la seguridad, paz y tranquilidad del pueblo venezolano.

¿Cuáles son las consecuencias de esa fractura?. ¿Cómo y en cuánto tiempo se recuperará la cohesión de nuestra Fuerza Armada Nacional?, ¿quién y cómo causó esa fractura?, ¿quiénes son los responsables?. A estas dos últimas interrogantes yo tengo la respuesta. La politización por parte del señor Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, y la indiferencia del Alto Mando Militar. El día jueves 11 de abril del 2002 se continuaba con un paro iniciado el día martes 8 de abril del 2002 y se continuaba también una nueva manifestación, concentración y marcha desde el Parque del Este hacia Chuao, que como vimos en los medios de comunicación decidió caminar hacia Miraflores para protestar contra las medidas tomadas por el señor Presidente Chávez, con respecto a PDVSA y otras instituciones, era una marcha evidente y notoriamente pacífica, las únicas armas de alta peligrosidad se configuraban de pitos, cacerolas y banderas.

En las primeras horas de la mañana de ese mismo día, el General de Brigada Hernán Rojas Pérez le notificó al General de División Aviación Chacón Quintana, Director General del Ministerio de la Defensa que tenía informaciones fidedignas de que durante la marcha se iban a apostar grupos armados en los círculos bolivarianos. Quiero hacer énfasis, esto fue en horas de la mañana, 8.30 de la mañana del día 11, y otros elementos también armados en la ruta de la marcha que se conduciría ese día. Luego, encontrándose de Comisión en la DISIP aproximadamente a las 11:30 horas le informó al Director de ese organismo, Capitán Aguilera la situación anteriormente descrita y para ese momento arribaba a la sede de ese organismo el Vicepresidente Diosdado Cabello quien le manifestó al Capitán Aguilera que saldría en el helicóptero para realizar un reconocimiento de la marcha. El General de Brigada Rojas Pérez regresó nuevamente al Ministerio de la Defensa a eso de las 13 horas, 1:30 de la tarde y allí le recordó al General de Brigada Chacón, que la información suministrada en la mañana seguía vigente, allí se encontraban vigentes el General de División Anselmi Espín, Comandante de la Fuerza Aérea para ese entonces, y el General de Brigada Rosales Mendoza.

El General Chacón Quintana le notificó al General Rojas Pérez que él había hecho del conocimiento del General en Jefe Lucas Rincón Romero tal novedad, e igualmente en horas de la tarde en el mismo Ministerio de la Defensa le transmití la información recibida en horas de la mañana al General de División Vásquez Velazco, palabras del General Rojas Pérez, Comandante General del Ejército. Este testimonio señores diputados podrá ser corroborado por el General de Brigada Hernán Rojas Pérez, quien está dispuesto a presentar la declaración correspondiente en las instancias respectivas.

El mencionado oficial General en las diferentes oportunidades solicitó al Alto Mando, tomar las medidas necesarias para detener y evitar un posible derramamiento de sangre, a lo cual se le hizo caso omiso, al no dar respuestas al referido Oficial General y no tomar una acción inmediata para controlar la situación, muy por el contrario, se adoptó una actitud adversa contra el referido profesional. En ese mismo orden de ideas, minutos antes de la cadena nacional desde el Ministerio de la Defensa, el Capitán O´Bryan Fossi oyó cuando el Dr. José Vicente Rangel impartía instrucciones al Alcalde Freddy Bernal para que armase a los círculos bolivarianos y detuviese la marcha a como diese lugar. El mencionado Capitán O´Bryan notificó de inmediato la situación al General de División Rosendo y luego, en reunión de Generales al General en Jefe, Lucas Rincón Romero, quien no tomó las medidas del caso.

Es de hacer notar que en esta misma audiencia al hacerse una pregunta sobre el caso al General en Jefe Lucas Rincón Romero, manifestó, “si el oficial tiene alguna novedad, entonces que la pase a los organismos respectivos, DIM, DISIP, etc., que vaya a la DIM, si usted tiene algo al respecto o esto lo incomoda, entonces pase un informe”, página 59 de la copia de la interpretación al General en Jefe Lucas Rincón Romero del día 4 de mayo del 2002. Por lo que el General Rincón trata de ignorar un planteamiento efectuado en el momento y hora crítica, 11:15,00 abril del 2002 y no tomó las medidas al respecto y ahora intenta hacer creer en esta honorable audiencia en el momento de la interpretación, cuando por primera vez conoce la novedad, pareciera entonces señores, que el General en Jefe Lucas Rincón Romero mintió ante esta audiencia.

Las denuncias e informes sobre posible presencia y ataque armado de grupos armados del oficialismo al mando del Alcalde Freddy Bernal contra la manifestación pacífica presentada por el Capitán O´Bryan Fossi y el General de Brigada Hernán Rojas Pérez y la notificación por parte del General de División Rosendo al señor Presidente de la República, no fueron tomadas en cuenta a fin de evitar una tragedia.

El caso omiso del Presidente y Alto Mando a tales informaciones así como sobre la presencia y ubicación de tales grupos, produjo la muerte irreparable de tantos venezolanos, ese mismo día el General de División Antonio Rosendo, Manuel Antonio Rosendo, recomendó al Presidente de la República que la solución era retirar los círculos bolivarianos, los mismos siguieron en sus sitios, olvidándose el Presidente de que era el Presidente de todos los venezolanos y que se trataba de seres humanos, de sólo haberse retirado los círculos bolivarianos armados de la zona de la marcha y haberse puesto atención a las denuncias por estos respetables oficiales, probablemente la marcha hubiera continuado su ruta sin mayores consecuencias.

Reitero esta información puesto que estuve hablando largamente hablando el día 13 de abril con el señor General de División Manuel Antonio Rosendo y concordamos en que los relatos que nosotros hacíamos eran afines en cuanto a su veracidad.

A las 16 y 30 de la tarde del día 11 de abril del 2002 encontrándome en mi residencia recibí repetidas llamadas del General de División Vázquez Velazco para que me reuniera con él en el Comando General del Ejército, me uniformé y en la ruta le informé que me dirigía al Comando de las Escuelas del Ejército. El General de División García Carneiro activa el Plan Avila con instrucciones de defender al Presidente a todo trance, el General de Brigada González Cárdenas se entera de la situación y va a hablar con el General de División García Carneiro quien no acepta sus recomendaciones de la inconveniencia del cumplimiento de tan irracional orden, entre paréntesis es necesario aclararle a la Nación que esta orden significaba unir la acción de nuestros soldados con la gente de los círculos bolivarianos que estaban apostados en las cercanías de Miraflores o en algunos lugares a lo largo de la ruta para reprimir al pueblo.

El General de División García Carneiro hace caso omiso en forma ofuscada y comienza a impartir las instrucciones del caso para movilizar tanques y tropas. El General de Brigada Cárndenas, González Cárdenas, regresa al Comando de las Escuelas, luego de haber hablado con el General de División García Carneiro y allí también llega el Comandante General del Ejército, el Inspector General y algunos otros oficiales generales y coroneles; se concreta que es necesario quitarle el apoyo del Ejército al señor Presidente a fin, y es indispensable, detener las tropas antes de que ocurra una masacre y que para detener la ejecución de tal orden es necesario, traer al General de División García Carneiro al Comando de las Escuelas. Se inicia simultáneamente el contacto con los comandantes de todas las unidades envueltas en dicho plan por parte de los oficiales generales, coroneles, comandantes y otros que allí se encontraban, a fin de ordenarles no cumplir la orden y no atentar contra la población en abierta violación a las disposiciones legales.

El Segundo Comandante Inspector General del Ejército, General de División José Félix Ruiz Guzmán recibe una llamada del General en Jefe Lucas Rincón Romero quien le notifica que tome el mando del Ejército por cuanto el General de División Vázquez se había pronunciado en contra del Presidente, lo cual hasta el momento es completamente falso, por cuanto el General de División Vázquez Velazco se encontraba en el sector. El General de División Ruiz Guzmán le notifica a los comandantes, le notifica al mismo tiempo al General Lucas Rincón Romero que los comandantes de unidades se niegan a cumplir el Plan Avila, salen algunos tanques y el Presidente Chávez continúa dando órdenes directas por radio bajo las órdenes en la Red Tiburón.

El General de División, Segundo Comandante hace contacto con el Teniente Coronel Cepeda, Comandante del Batallón Ayala, y conjuntamente con otros oficiales que ya se encontraban en Miraflores y le ordena regresar al Fuerte Tiuna, lo cual lo hace al poco tiempo. Es de hacer notar, de cuerdo a mi experiencia lo contradictorio, arriesgado y letal el intento del uso total y uso parcial de la Fuerza Armada Nacional, contra el pueblo, al tratar de activar el Plan Avila, experiencia ésta basada en mi conocimiento del Plan Avila como Comandante de la Unidad de Tarea conjunta Bolívar, cuando me desempeñaba como Segundo Comandante en Jefe del Estado Mayor de la 31 Brigada de la Tercera División de Infantería, consecuencias de la activación del Plan Bolívar el 27 de febrero del año 1989, del Plan Avila, perdón. Mi experiencia como Segundo Comandante del Regimiento de la Guardia de Honor en noviembre del año 1992, sobre el control de fuego por parte de unidades militares de combate o servicio, empleadas directamente en el control de orden público sin el equipamiento adecuado. Conocimiento de la doctrina militar para el empleo de las unidades, conocimiento de los procedimientos operativos vigentes en este sentido.

Luego de neutralizar la activación del Plan Avila, la solución final, supongo, del señor Presidente Hugo Chávez Frías se concentran los comandantes de unidades tácticas de la Tercera División de Infantería, a orden del General de División, Efraín Vázquez Velazco, quien inmediatamente inicia sus preparativos para hacer saber al Presidente, en compañía de un grupo de generales, sobre su pronunciamiento de desconocimiento de la autoridad del mismo, por la violación de los derechos humanos, debido a la decena de muertos ocasionados, presuntamente por los grupos bolivarianos durante la marcha de la oposición, tal como lo había hecho espontáneamente la Guardia Nacional, me refiero al pronunciamiento que había hecho la Guardia Nacional antes que el Ejército.

No existía plan alguno para atacar los medios, con medios militares al Presidente o las instalaciones presidenciales, no existía un plan militar para apoyar una conspiración, como lo dice el señor Presidente, al menos que yo sepa. Nos dirigimos al Comando del Ejército y desde allí vimos a través de la televisión al Alto Mando con el General en Jefe Lucas Rincón Romero a la cabeza que se dirige a la Nación para informarles a los venezolanos la decisión tomada por el señor Presidente y ponen sus cargos a la orden, la renuncia inminente del señor Presidente materializada a través de su interlocutor de confianza, amigo personal, el Oficial General de Mayor Grado y antigüedad en la Fuerza Armada Nacional, es un hecho público y notorio que no tiene discusión. El Presidente le hace saber al Comandante General del Ejército, General de División Vázquez Velazco, le manifiesta que desea renunciar en forma voluntaria y presuntamente aclara, que es sin ningún tipo de presión.

El General de División Vázquez me llama y ordena que acompañe a los generales Medina Gómez y Fuenmayor León, que me dirija a Televén a fin de buscar al Señor Presidente Hugo Chávez Frías y conjuntamente con el Dr. Camero y Monseñor Porras, lo condujese a la Comandancia General del Ejército. El Presidente se dirige directa y voluntariamente a la Comandancia, sin ningún tipo de presión, acompañado con dos oficiales generales, tal como lo relató el señor General de División Manuel Antonio Rosendo en esta misma sala y sobre lo cual no quiero reincidir, y su única condición es que le garanticen su seguridad física y le permitan irse a Cuba en compañía de algunos miembros de su familia y colaboradores. Es importante entender que el señor Presidente Chávez pretendía abandonar al país, a sus seguidores y dejar una estela de muertos que con solo oír la recomendación del General de División Rosendo y Rojas Pérez se hubiese evitado.

El Presidente Chávez no es veraz en cuanto a su narración de los hechos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional. El nunca fue hecho preso por ningún profesional militar para conducirlo a la Comandancia General del Ejército, él se presentó directamente a la Comandancia, él pidió que lo dejasen ir a Cuba en repetidas oportunidades, y pidió perdón por no haber podido cumplir a todos los venezolanos, y que su salida aliviaría la crisis en que vivíamos. Trató así de dejar a la nación envuelta en un caos y con decenas de muertos, esa fue su única condición, no que su salida se apegase a la Constitución, tal como él quiere hacer creer o como lo ha manifestado abiertamente el General Lucas Rincón Romero en esta misma sala. Su objetivo era Cuba, el Alto Mando en ejercicio acepta la renuncia del Presidente, pero delibera en cuanto a su salida del país en función de los hechos de sangre ocurridos durante el día y la posible responsabilidad directa del Presidente en la situación política, social, económica y militar el país.

El vacío de poder y la posición con respecto a la legalidad de su renuncia sin la necesidad de firmar un documento por la existencia de un vacío de poder, por cuanto había una notificación pública y notoria del Comandante en Jefe, del General en Jefe Lucas Rincón Romero, y el Presidente había renunciado verbalmente en ese momento, por lo cual tampoco había presencia, además de no haber presencia de las autoridades que pudiesen asumir en sucesión legal la Presidencia, es decir, había renunciado el Comandante en Jefe General, había renunciado, había anunciado la renuncia el General Lucas Rincón Romero, y verbalmente el señor Presidente también presentaba su renuncia. En ese momento ¿quién era el Presidente?.

La Comisión de que el Gobierno a imponerse o asumiera el Gobierno, manejara los mecanismos legales para demostrar en función de los acontecimientos al pueblo y a la comunidad internacional, legitimidad del nuevo mandatario y su tren ejecutivo, la preservación del prestigio de la Fuerza Armada Nacional. El Alto Mando en ejercicio decide dejarlo en el país en términos éticos y legales y no con visión política, por cuanto consideran que se han incurrido, han ocurrido hechos de sangre graves por lo cual el Presidente queda en calidad de custodia a la orden de la Fuerza Armada Nacional. Ante la necesidad de que respondiese por los hechos de sangre ocurridos, la situación del país y la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional, de no dejarlo salir, y reafirma que es una decisión del Alto Mando en ejercicio.

La ambición desmesurada de una parte de la sociedad acabó con la posibilidad de consolidar un nuevo Gobierno y permitió el regreso del Presidente Chávez, por el rechazo del Ejército a la posición asumida por este grupo de personas que no representaban a la sociedad civil y violó mediante un decreto las mínimas condiciones democráticas.

Desde mi punto de vista y participación, no considero que hubo una rebelión ni un golpe de Estado. La connotación hechos acaecidos en la fecha, ocurren de manera sobrevenida, una cantidad de personas que solicitaban la renuncia del Presidente Hugo Chávez Frías, por sencillamente no estar de acuerdo con la forma de éste en dirigir el destino de este país, así como por su estilo personal para el tratamiento de los problemas que se estaban presentando y que han traído como consecuencia el deterioro en las condiciones mínimas de convivencia entre los habitantes del país y como consecuencia de ello la tan mencionada fractura entre los integrantes de la sociedad, entendiendo como sociedad la agrupación natural de personas que constituyen unidad distinta de cada uno de los individuos con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación de todos a algunos de los fines de la vida, entre ellos la convivencia, la paz y el acuerdo común de contribución para el bienestar y desarrollo del colectivo.

La sociedad entonces son las Fuerzas Armadas, es la sociedad civil, las iglesias, los integrantes de cualquier clero, las comunidades organizadas y no organizadas, los pobres, los ricos, los de la clase media, los profesionales, los técnicos, y en fin, todos, incluyendo a los que no hacen nada por convivir en armonía y orientar su actividad para el desarrollo, así como lamentablemente a los que infunden el odio y promueven permanentemente la división de la sociedad.

Es bien lamentable sostener la figura de rebelión o golpe de Estado en el seno de una agrupación como esta, en donde hay juristas, politólogos y estadistas y a sabiendas de que todos los venezolanos que están fuera de estas paredes, incluyendo los que apoyan al gobierno, así como el mundo internacional, están absolutamente convencidos de que lo ocurrido en Venezuela ha sido una consecuencia y un acto espontáneo de una gran mayoría que se siente agredida, afectada, ofendida, desatendida y desamparada por los que dirigen el destino del país y lamentablemente no confía en ellos.

Una rebelión castigaría a los que han participado activamente y a los que por omisión decidieron dormir o no actuar, por lo tanto la responsabilidad sería de todos. En consecuencia, los hechos acaecidos en aquellos días de abril, así como la actitud de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, no pueden enmarcarse dentro de los supuestos de hechos contemplados en las normas específicas de nuestro ordenamiento jurídico relativos a la rebelión.

Lo que sí considero es que hubo irresponsabilidad del Presidente y del alto mando ante las denuncias por la participación armada contra la marcha pacífica del 11 de abril del 2002 y las consecuencias que han producido un grupo de personas que forman parte, según han manifestado a los medios, de los círculos bolivarianos y son activistas políticos del partido de gobierno. Las imágenes que han dado la vuelta al mundo no tienen retroceso. El mundo clama por la justicia de todos aquellos que fueron agredidos y han sido víctima de estos criminales. Esta Comisión está obligada a rendirle cuenta a Venezuela y al mundo y a presentarle a los responsables de la masacre. Ellos entienden las causas del problema, eso no está en discusión, pero no descansarán por conseguir se establezcan las responsabilidades de los que han masacrado al pueblo.

Definitivamente es necesario buscar las causas de la situación vivida por el país y las cuales dentro del seno de las Fuerzas Armadas Nacionales, y el país siguen vigentes. Se quiere desviar la atención de los orígenes de esta situación hacia los hechos consecuenciales, tratando de hacer parecer que aquí se arremetió contra un gobierno perfecto y justo y que los culpables son los venezolanos que reclamaban por el respeto a sus derechos, a su estilo de vida, libertad y existencia misma, así como la Fuerza Armada que se negó a arremeter contra el pueblo e intentaba recuperar su institucionalidad.

Por lo tanto, y en virtud de lo anteriormente expuesto, es necesario investigar y juzgar a los responsables por los muertos del 11 de abril del 2002. El uso de las Fuerza Armada Nacional contra la población a través del Plan Avila en defensa de un ente e ideología particular, la fractura del ejército, la guerrilla y la indefensión de los venezolanos, la activación, entrenamiento, dotación de armamento y uso de círculos bolivarianos como fuerza de choque contra la sociedad civil, la falta de seriedad y el respeto al país por el anuncio público y notorio por parte del General en Jefe Lucas Rincón Romero y el alto mando, y en consecuencia la creación de un vacío de poder.

Como el objetivo de la presente interpelación envuelve y afecta directamente al personal militar, no puedo dejar de comentar lo que tanto se ha debatido en estos días en relación a la institución de la debida obediencia militar, la libertad de consciencia y la obediencia militar, y la responsabilidad civil en este sentido considero menester señalar.

La institución de la debida obediencia militar es inherente a la estructura y funcionamiento de toda institución armada, el ejercicio de la violencia requiere no sólo de reglas claras y precisas sino de órdenes que contribuyan al éxito del objetivo, sea éste inmediato o a largo plazo.

El principio de la obediencia presupone cuatro variables para tener éxito: primero, que el que da la orden tiene autoridad jerárquica y moral para impartirla; segundo, que el que da la orden tiene la capacidad profesional y moral para decidir que esa orden es correcta en el contexto correcto; que el que recibe la orden está convencido de la solvencia profesional y moral del superior; que el que recibe la orden, aún si no comprende su alcance, está convencido de la eficacia y el contenido ético de la misma.

Con el desarrollo de las diversas generaciones, derechos humanos individuales, sociales y colectivos, y del decreto derechos humanitarios, normas inherentes a la conducción de conflictos armados, hubo dos instituciones que vieron modificadas sus bases tradicionales: la soberanía de los estados y la debida obediencia. De esta manera el derecho internacional pasó a ser un derecho intraestados, a ser un derecho que recuperaba su nomenclatura original, al incorporar como sujeto al individuo. Hoy en día estamos de nuevo frente a lo que los romanos llamaban “el derecho de gente” que reivindica la libertad del individuo frente al Estado.

La libertad de la conciencia. La libertad de la conciencia es una consecuencia lógica de la libertad general del individuo y forma parte del abanico de libertades positivas de las cuales goza el ser humano. De esta manera, es una categoría de libertad que se ejerce en forma activa y no pasiva.

La libertad de la conciencia implica que el individuo tenga el raciocinio y la capacidad mental para ejercerla, es decir el individuo tiene que ser jurídicamente responsable y capaz de tomar decisiones. La libertad de la conciencia es un derecho adquirido en sociedades libres, con normas justas y principios e instituciones virtuosas, pero se convierte en un derecho a ser conquistado que se traduce en el derecho al disentimiento, oposición y rebelión, en sociedades que no respetan los derechos de los individuos o desvirtúan el sentido de las leyes que rigen a la sociedad. La libertad de la conciencia es inalienable y no está sometida a principios de la debida obediencia. El individuo sólo puede obedecer una orden superior si se da la última variable antes descrita, es decir que exista el elemento subjetivo del convencimiento del carácter justo y oportuno de la orden. Cumplir una orden justa y oportuna es propio de una actuación virtuosa. Cumplir una orden injusta e inoportuna es una acción criminal.

Todo individuo, así pertenezca a una institución jerárquica como la Iglesia o la Fuerza Armada, conserva el derecho y el deber de decidir entre la virtud y el crimen. Es jurídicamente inaceptable que un individuo renuncie al libre albedrío con la excusa de estar obedeciendo órdenes superiores. En conclusión, la debida obediencia está subordinada a la libertad de conciencia, el individuo ejecuta una orden o política luego de juzgar el carácter oportuno, justo y virtuoso de la orden.

La institución de la debida obediencia militar y la responsabilidad civil. Luego de la Segunda Guerra Mundial, con la instalación de los tribunales militares de Nüremberg y Tokio, se plantea la disyuntiva sobre el principio de la debida obediencia militar y ejecución de órdenes superiores, principio necesario a toda estructura jerárquica, como lo es la militar, y a las reglas de conducción de la guerra, y el problema de la carencia de ética de ciertas órdenes o políticas que pueden conducir a cometer actos considerados contrarios al derecho humanitario, o contrarios a la humanidad.

En este sentido, no hay distingo de responsabilidades entre las órdenes emanadas de entes políticos o entes militares. En estos tribunales se juzgaron diversos jefes militares, políticos, profesionales de la medicina, jueces, abogados, funcionarios burocráticos, etc., y se estableció el principio de que a mayor grado jerárquico mayor es la responsabilidad en el acto cuestionado. Por ejemplo, si se comete una matanza es más responsable el General que da la orden que el soldado que la ejecuta.

Las personas del estamento militar involucradas en la toma de decisiones de un gobierno tienen doble función, militar y política, cuando no hay una situación clásica de guerra sino problemas de gestión social, administrativa y política. De aquí, que más allá de cualquier norma de derecho positivo, ley, reglamento, ordenanza, etc., el hombre de uniforme al acatar una orden o ejecutar una política, tiene el derecho y el deber de plantearse el carácter moral de esa orden o política que se le impone por una instancia superior.

En este sentido está ante el dilema de: cumplir una orden con consecuencias criminales y correr el riesgo de cometer un delito ordinario; negarse a cumplirla y correr el riesgo de cometer un delito militar. El dilema se resuelve porque el individuo está en el deber y en el derecho de decidir su conducta, considerando imperativos éticos que lo llevan a optar por la opción que puede ser considerada como una norma moral de conducta general, por lo cual está en el deber y en el derecho de decidir por la segunda opción, es decir negarse a cumplir la orden o la política impuesta.

Se supone que la investidura de un cargo superior le da los elementos suficientes para juzgar si la ejecución de la orden puede conducir a actos con sus consecuencias criminales que atentan contra la vida, la integridad física, la propiedad o cualquiera de aquellas instituciones consagradas constitucionalmente, contribuyendo así a preservar la cúspide de la pirámide legal descrita.

Cabe destacar que desconocer una orden militar o contrariar una determinada política y mostrar su desacuerdo requiere de un enorme coraje personal. Es mucho más fácil ampararse en la excusa de la orden superior, pero hoy en día ese argumento sólo se acepta como atenuante si al desobedecer la orden, la vida de la persona que la desobedece corre peligro. Por ejemplo, si la orden es dada bajo coacción o amenaza de la integridad física, la tendencia del derecho internacional contemporáneo en materia de derechos humanos ha reiterado tres principios fundamentales: la responsabilidad individual, la responsabilidad del Estado, la competencia internacional en asuntos internos del Estado cuando se trata de violación de derechos humanos.

Finalmente, no puedo desaprovechar esta oportunidad delante de este foro y la nación, para hacer un pedimento ante esta Comisión, enviar un mensaje y hacer una reflexión siempre en la búsqueda de la unidad.

Ciudadanos diputados, la sociedad anhela y espera de ustedes una respuesta inmediata, ellos no entienden en las horas de preguntas y respuesta sobre hechos o circunstancias que nada tienen que ver con la obtención de la verdad. Ustedes están obligados a dar una respuesta a la familia Tortosa, a la familia Espinoza, a la familia Reinoso, a la familia Zambrano, a la familia Querales y a todos los familiares de tantas víctimas que perdieron la vida o fueron heridas sólo por expresar sus sentimientos y necesidades de libertad, en donde muchos de ellos, como hemos visto en los medios de comunicación, pretenden respuesta y no indemnización a sus muertos, y por el eterno descanso de ellos que han de determinar quiénes fueron los responsables de tan lamentable hecho y evitar que con el transcurso de los días sigan desapareciendo las evidencias que puedan generar responsabilidades.

Señores diputados de la república, ustedes saben dónde buscar, no distraigan su atención ni permitan que las mentiras y el descaro, sostenidas, y los montajes de algunos que los confunden, la libertad es una sola y todos sabemos quién nos la ha coartado.

Valga pues la reflexión del pastor Martin .... un pastor protestante alemán, víctima del holocausto, quien lamentablemente de forma tardía se dio cuenta que sólo de haber expresado de forma oportuna su pensamiento y sentimiento, se habría podido evitar millones de muertes en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Cito: “Cuando vinieron a buscarme los comunistas, callé, no soy comunista; cuando vinieron a buscarme los sindicalistas, callé, no soy sindicalista; cuando vinieron a buscarme los judíos, callé, no soy judío; cuando vinieron a buscarme los católicos, callé, no soy católico; cuando vinieron a buscarme a mí, ya no quedaba nadie para protestar”.

El pastor en sus últimos días manifestó: “Hoy sintiéndome culpable me pregunto a mi mismo una y otra vez ¿qué habría pasado si los 14.000 pastores evangélicos de toda Alemania hubieran defendido la verdad con sus vidas en los años 33 ó 34, cuando aún había una posibilidad? Me puedo imaginar que habríamos salvado 30 ó 40 millones de seres, ya que ese fue el precio que tuvimos que pagar”.

La actuación de los integrantes de las Fuerzas Armadas en los hechos del mes de abril, sólo han sido dirigidas a evitar una masacre de índole mayor, tal como lo afirmé el día 18 de abril del 2002 y para evitar el derramamiento de sangre de nuestro pueblo, por el sólo hecho de mantener en forma irresponsable un plan político y una ambición personal de muy pocos que sobreponen el bien individual sobre el bien común.

Quisiera pues culminar esta exposición con un mensaje a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales, a la gran familia del ejército venezolano forjador de libertades, para que mantengan el apego democrático a la preservación de la institucionalidad, del prestigio de la organización. No podemos ser contaminados por la política y utilizados en contra del pueblo, que es parte y esencia misma de nosotros, o para apoyar a una persona o ideología en particular, para que no nos toquen cacerolas y nos respeten. Es necesario mantener nuestra identidad, sentido de pertenencia, compromiso, majestad de lo que significa una Fuerza Armada Nacional, ejemplar, acorde con su heroica historia, en donde el mérito y el esfuerzo propio y el respeto e integración sana con nuestros semejantes de la sociedad civil sean las credenciales de mayor importancia para el desarrollo individual de cada uno de sus integrantes y por ende, de la institución y de nuestra querida patria, Venezuela. Señor Presidente, muchas gracias.

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