DISCURSO DEL DR. JUAN E. MÉNDEZ,

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS,

EN LA INAUGURACIÓN DEL 116º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES

 

7 de octubre de 2002

Washington, D.C.

 

Señor Presidente del Consejo Permanente de la OEA, señor Secretario General Adjunto, distinguidos Representantes de los Estados miembros de la Organización y Observadores.  Estimados colegas, señoras y señores:

 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi carácter de Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta ceremonia inaugural de nuestro 116º período ordinario de sesiones. Es un gusto contar en esta oportunidad con la presencia de mis colegas Marta Altolaguirre, Primera Vicepresidenta de la CIDH; José Zalaquett, Segundo Vicepresidente; los Comisionados Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo, Clare K. Roberts, y Susana Villarán.  Nos acompañan igualmente el Dr. Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, y profesionales de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Nuestra apreciada colega Susana Villarán está participando de su primer período ordinario de sesiones.  Por ello, y aunque ya hemos tenido la oportunidad de trabajar muy intensamente en los meses desde que asumió su mandato, quisiera extenderle una muy cordial bienvenida.

 

          La CIDH tiene previsto un intenso programa de actividades para las sesiones ordinarias que se inician en la fecha.  Como es habitual, dedicaremos la mayor parte de nuestro trabajo al estudio y consideración de informes sobre peticiones y casos individuales respecto a distintos países del hemisferio que se hallan en las etapas de admisibilidad, solución amistosa, fondo o decisión de envío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Durante la segunda de las tres semanas de sesiones, la Comisión ha convocado a más de 60 audiencias sobre casos y peticiones en las etapas mencionadas.  Asimismo, recibiremos en audiencia a distintas personas, organizaciones, y representantes de los Estados miembros que presentarán información sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, ya sea con carácter general o sobre algún derecho o tema específico de la competencia de la Comisión.

 

          Este período ordinario fue precedido por un período extraordinario de sesiones durante la primera semana de septiembre pasado en San José, Costa Rica.  En dicha ocasión se celebró una sesión conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Se trata de una práctica establecida hace algunos años, que genera un importante espacio de intercambio de información sobre temas generales que hacen al trabajo de ambos órganos.  La más reciente sesión conjunta estuvo centrada en el análisis de la entrada en vigencia de los nuevos Reglamentos de la Comisión y de la Corte, que tuvieron lugar el 1º de mayo y el 1º de junio de 2001, respectivamente.  Se abordó además la situación presupuestaria que afecta seriamente a ambos.

          La CIDH estudió y debatió en Costa Rica el proyecto de informe sobre terrorismo y derechos humanos, que se halla en una versión bastante avanzada y será objeto de revisión durante estas sesiones ordinarias.  Estamos dedicando el mayor esfuerzo a esta materia, para completar nuestro informe durante este período de sesiones y hacerlo público antes de fin de año.

 

Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones y preocupaciones acerca del fenómeno del terrorismo y su efecto sobre los derechos fundamentales.   Desde los hechos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos que conmocionaron a la humanidad, el tema del terrorismo se ha instalado en el centro del debate internacional, y ha suscitado la atención y preocupación de habitantes de todos los rincones del planeta.
Hemos sido testigos de una nueva clase de terrorismo, cuyos medios, ejecución y resultados son  tan siniestros que superan la imaginación. 

 

Uno de los derechos fundamentales que el Estado debe garantizar a todo ser humano es el de la seguridad personal.  Ante los sucesos de septiembre de 2001, algunos Estados han respondido de manera inmediata con la sanción de nuevas leyes y la adopción de medidas administrativas.  Sin embargo, en algunos casos tal respuesta estatal ha incluido la adopción de distintas medidas represivas, restricciones irrazonables a la libertad de expresión, limitaciones arbitrarias en materia migratoria, detención indefinida sin juicio o la propuesta de crear tribunales especiales que apliquen procedimientos sumarios y admitan pruebas secretas.  Naturalmente, la Comisión reconoce que el derecho internacional autoriza a suspender ciertos derechos en situaciones de emergencia, pero en uso de sus atribuciones se mantiene interesada en preservar los principios del debido proceso, aún en tales circunstancias.  Los sucesos de septiembre de 2001 han generado un clima de sospecha y desconfianza que, lamentablemente, ha llegado hasta el extremo de la xenofobia en ciertas ocasiones.

 

La larga experiencia de la CIDH como órgano principal de protección de los derechos humanos en la región durante más de 40 años, demuestra que la única seguridad efectiva y duradera es la que se aplica con pleno respeto los derechos humanos, sin discriminación alguna. 

 

Justamente uno de los mayores desafíos que ha enfrentado la Comisión Interamericana desde su creación ha sido la supervisión del respeto de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA que han sufrido la amenaza del terrorismo.  La Comisión Interamericana se ha pronunciado de manera clara e invariable sobre la compatibilidad e interdependencia entre los derechos humanos y la lucha efectiva contra el terrorismo en el marco del Estado de Derecho.  En efecto, el propósito de cualquier medida efectiva contra dicho flagelo debe contemplar la preservación de los derechos fundamentales y las instituciones democráticas que las acciones terroristas buscan debilitar y eventualmente destruir.


 

La CIDH confía que su informe sobre terrorismo y derechos humanos, una vez aprobado y publicado, asistirá a los Estados miembros y otros actores interesados del sistema interamericano en la preparación y aplicación de iniciativas antiterroristas que cumplan plenamente con los derechos y libertades fundamentales.  Indudablemente, tales elementos resultan  cruciales en una campaña efectiva contra la violencia terrorista.

 

No cabe duda que el mundo ha cambiado radicalmente desde el 11 de septiembre. Sin embargo, muchas cosas permanecen inalteradas, como la exclusión de grandes mayorías de la población del hemisferio del disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales.  En este sentido, quisiera recordar lo que dispone el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

 

Sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos

 

Durante la Asamblea General Extraordinaria de la OEA celebrada en Lima, Perú, en septiembre de 2001, los Estados miembros reafirmaron que la pobreza y el bajo nivel de desarrollo humano afectan la consolidación de la democracia.  Los Estados miembros incluyeron entre las consideraciones de la Carta Democrática Interamericana “…la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia”.

 

En la mayor parte de los países que conforman la Organización de los Estados Americanos, la exclusión de los beneficios del progreso, así como la falta de acceso a las necesidades básicas y a la educación, coloca a grandes sectores sociales en una situación de especial vulnerabilidad ante los ajustes estructurales y los desajustes de la economía.  La Comisión Interamericana nota en tal sentido que las crisis económico-sociales arrasan con los niveles de vida en muchos de nuestros países, en algunos casos con preocupante impacto sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado y el imperio de la ley.

 

Al mismo tiempo, el deterioro en las condiciones económico-sociales se refleja en una creciente inseguridad ciudadana por las alzas en los índices de criminalidad.  Lamentablemente, la respuesta institucional a la inseguridad ciudadana a menudo consiste en represión y políticas de “mano dura” sin la debida atención a las propuestas de reconstrucción de la convivencia y de control comunitario de la policía.  Esta situación lleva a retrocesos lamentables que nos recuerdan un pasado no muy lejano, cuando las autoridades respondían a la protesta social y el aumento de la delincuencia con violencia, represión y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

 

La CIDH ha venido insistiendo durante muchos años en la necesidad de adoptar medidas tendientes a la ampliación del disfrute de los beneficios del desarrollo, la promoción de valores de tolerancia y el fortalecimiento del tejido social, en particular mediante la educación.  Estas medidas deben ir acompañadas de un fortalecimiento de las instituciones, particularmente la estructuración de un Ministerio Público con capacidad de investigar debidamente y formular las correspondientes acusaciones penales; de un poder judicial independiente, imparcial y profesional, que dicte decisiones y aplique sanciones con apego al debido proceso y la legalidad; y de un sistema penitenciario que sirva para recluir a los delincuentes durante el tiempo de sus penas, pero también para recuperarlos para la sociedad.

 

Las instituciones concebidas conforme al Estado de Derecho son inseparables de la concepción de la democracia, base fundamental para la vigencia y protección de derechos humanos en nuestro hemisferio.  Por ello, la Comisión Interamericana insistirá siempre en preservar la democracia, pero también en profundizarla.  Nuestras decisiones sobre casos individuales e informes temáticos y por países apuntan precisamente a acompañar a los Estados en la tarea de mejorar la calidad de la democracia.  Aunque nuestro hemisferio sigue dando muestras de vocación democrática y de rechazo a las aventuras golpistas y autoritarias, tenemos que hacer mucho más por la calidad de este sistema si aspiramos a que todos los habitantes de América se sientan representados y protegidos por el ideal democrático.

 

En tal sentido, observamos que sigue el deterioro de las instituciones democráticas  y la debilidad del imperio de la ley en numerosos países de la región.  A pesar de los avances en materia de celebración de elecciones libres en casi todos los Estados miembros, el funcionamiento institucional de una parte importante de los países del Hemisferio continúa sufriendo debilidades que impiden la vigencia plena del Estado de Derecho.  Se afecta de esta manera la vigencia de los derechos fundamentales de los habitantes y a la vez se genera un clima apto para las crisis sociales.  Asimismo, sigue postergándose la estabilidad necesaria para un desarrollo social, económico y cultural sostenido en la región. 

 

La Comisión Interamericana ha expresado en forma reiterada su preocupación por la situación de progresivo deterioro de los derechos humanos fundamentales en Colombia, y por la falta de cumplimiento efectivo con las recomendaciones formuladas en sus informes generales.  Graves violaciones a los derechos humanos fundamentales y al derecho internacional humanitario continúan afectando a la población civil, en un clima de impunidad para los responsables.

 

El 14 de agosto de 2002 el Gobierno de Colombia informó al Consejo Permanente sobre la declaratoria de un estado de conmoción interior conforme a las normas constitucionales vigentes en ese país.  A juicio de dicho Gobierno, la medida se fundamenta en una serie de hechos y circunstancias que atentan contra la seguridad de la ciudadanía y las instituciones, y que no pueden ser conjurados mediante el uso de atribuciones ordinarias.  Mediante la notificación de este acto de Gobierno por conducto del Secretario General de la OEA y su presentación ante el Consejo Permanente, el Estado ratificó su intención de dar cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 27 de la Convención Americana.  La CIDH estima oportuno destacar que la vigencia del estado de conmoción en Colombia no debe traducirse en mayor desprotección para población civil, personas desplazadas, líderes sociales y sindicales, y defensores de derechos humanos, entre otros grupos vulnerables.  Dicho estado tampoco debe interferir con el debido funcionamiento del poder judicial y el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, la CIDH ha tomado nota del Decreto Legislativo 2002, hecho público el 11 de septiembre de 2002, que establece medidas para el control del orden público y define zonas de rehabilitación y consolidación.  La Comisión Interamericana se mantendrá atenta a la aplicación de esta medida, conforme a los parámetros de la Convención Americana y los principios del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en cuanto a necesidad, proporcionalidad y no-discriminación.

 

En ocasión de su más reciente visita in loco a Haití en agosto de este año, la CIDH manifestó nuevamente su profunda preocupación por la debilidad del Estado de Derecho en dicho país, la falta de independencia del Poder Judicial, la impunidad, el clima de inseguridad de los ciudadanos, la actuación impune de grupos armados y las amenazas de que han sido objeto algunos periodistas.  La falta de diálogo entre los principales sectores de la sociedad haitiana constituye un obstáculo serio para encontrar soluciones a estos problemas y representan una debilidad de los pilares fundamentales para el establecimiento de un Estado de Derecho según los términos de la Convención Americana y de la Carta Democrática Interamericana. 

 

Debemos llamar la atención sobre la seriedad de la situación que atraviesa la sociedad haitiana, afectada por la pobreza extrema de la mayor parte de la población, elevadas tasas de analfabetismo y de mortalidad materno-infantil, y desnutrición.  Tales circunstancias generan una grave crisis social y representan en sí mismas una serie de violaciones de los derechos humanos de la población.  La vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales constituye un gran desafío que no puede resolverse sin una participación profunda y un plan concreto de desarrollo por parte del Gobierno haitiano, con la colaboración de diversos sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

Nuestro continente sigue siendo, en general, una región de paz y de democracia.  Sin embargo, no podemos limitarnos a definir a esta era por la estabilidad democrática o la ausencia de dictaduras, pues el peligro de la interrupción de la democracia no está superado por completo.  Este año la Comisión Interamericana ha tenido ocasión de realizar una visita in loco a Venezuela a escasas semanas del fallido golpe de estado del 11 de abril.  Aunque fuimos invitados a regresar cuantas veces fuera necesario por el Presidente Hugo Chávez, y hemos estado en contacto constante con las autoridades venezolanas, hasta el momento no han establecido las fechas para una próxima visita.  La CIDH considera importante tener una presencia en Venezuela durante esta etapa convulsionada, porque cree firmemente que puede contribuir en forma significativa a la garantía de los derechos fundamentales de todos los habitantes de dicho país.   En tal sentido, la Comisión Interamericana está dispuesta a contribuir dentro del marco de sus atribuciones a la intermediación que viene haciendo la Secretaría General de la OEA con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro Carter, pues estima que tal iniciativa ofrece esperanzas de resolución pacífica de la crisis política de Venezuela.

 

En este momento es importante garantizar plenamente la libertad de expresión en Venezuela, así como alentar a que se ejerza con responsabilidad.  Igualmente, tenemos el deber de proteger a los defensores de derechos humanos de dicho país que, de acuerdo a lo denunciado, sufren ataques injustos e intolerantes cada vez que conducen investigaciones o anuncian sus resultados.  Además, tenemos interés en restablecer un diálogo con entidades estatales de control, y en especial con el Poder Judicial, respecto al fortalecimiento de su independencia, imparcialidad y eficacia.

 

Resulta fundamental mantener el debate político en Venezuela dentro de los cauces de la institucionalidad democrática.  Las quejas de la oposición sobre el modo de ejercicio del poder por el Gobierno, no deben orientarse a la incitación a la violencia ni a la insubordinación militar.  Igualmente, la Comisión Interamericana seguirá muy atentamente el desarrollo de la investigación judicial sobre todos los hechos del 11 al 14 de abril de 2002, que no deben quedar impunes.  En tal sentido, manifestamos nuestra preocupación ante los últimos acontecimientos institucionales que parecerían fijar límites al alcance de las investigaciones e impedir el establecimiento de responsabilidades de altos oficiales por su participación en la asonada del 11 de abril pasado.  De acuerdo a la experiencia de la CIDH respecto a hechos de violencia y de quebrantamiento del orden institucional en distintos países del continente,  la impunidad no hace más que propiciar la repetición de actividades contrarias a la democracia y a los derechos humanos. 

 

Por otra parte, la Comisión expresado en varias oportunidades su firme rechazo a los ataques sistemáticos que, directa o indirectamente, impiden o dificultan las tareas de los defensores de derechos humanos en las Américas.  Se sigue recibiendo denuncias sobre distintos tipos de ataques y actos de intimidación contra estas personas que se dedican a proteger los derechos fundamentales de los habitantes del hemisferio.  Diariamente se perpetran actos tales como el registro ilícito de oficinas de las organizaciones de derechos humanos, robo de equipos e información, amenazas de muerte por teléfono y por escrito, ataques contra la integridad física, seguimientos, secuestros, y, en algunos casos, asesinatos.  La información disponible a la CIDH indica que la inmensa mayoría de estos ataques permanecen en la más plena impunidad.

 

El fortalecimiento de la democracia en el hemisferio debe incluir el pleno respeto por el trabajo de los defensores de derechos humanos.  La Asamblea General de la OEA ha expresado en más de una oportunidad su respaldo a la importante tarea de los defensores en las Américas, y ha destacado su valiosa contribución a la protección y promoción de los derechos y libertades fundamentales.  Al mismo tiempo, los Estados miembros han expresado su preocupación por la persistencia de actos que, directa o indirectamente, impiden y dificultan las tareas de los defensores de derechos humanos.  En los términos de la más reciente resolución de la Asamblea General sobre esta materia, la CIDH exhorta a todos los Estados miembros de la OEA a adoptar los mayores esfuerzos para garantizar plenamente la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los defensores de derechos humanos en las Américas.

 

          Las consideraciones sobre la delicada situación que atraviesan numerosos países de la región, expuestas dentro del breve tiempo del que disponemos todos, me impiden en esta oportunidad desarrollar  consideraciones acerca de la grave situación presupuestaria que atraviesa la Comisión Interamericana.  Sin embargo, confío en que esta realidad será tenida en cuenta por los señores representantes permanentes, y que buscarán los medios más apropiados para solucionarla lo antes posible.

Señor Presidente, señor Secretario General Adjunto, señoras y señores representantes, estimados colegas y compañeros de trabajo:

 

Nuestro hemisferio no escapa a una realidad internacional cada vez más compleja.  Me referí anteriormente a lo que había cambiado en el mundo y lo que permanece igual.  Debemos estar dispuestos a enfrentar los nuevos desafíos con pensamiento creativo y con originalidad.  Sin embargo, también debemos resistirnos a la tentación de ver en cada desafío una excepcionalidad que nos incita a descartar las conquistas que hemos logrado en materia de derechos humanos a lo largo de muchos años y muchas luchas.  Quisiera destacar en tal sentido que no se ha alterado ni debe alterarse el compromiso de los Estados de respetar el orden jurídico internacional.  En efecto, las respuestas a los problemas que enfrentamos deben ser halladas en estos mecanismos internacionales y no fuera de ellos, ya que los mismos contienen las herramientas necesarias para responder a las necesidades de la seguridad y también a las de la justicia.  Sólo así se podrá ganar la batalla contra el terrorismo y contra el autoritarismo, dentro del marco de la democracia y el Estado de Derecho que constituyen la esencia misma del sistema interamericano. 

 

Muchas gracias

http://www.cidh.org/Discursos/10.07.02.htm

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