PALABRAS DE MARTA
ALTOLAGUIRRE LARRAONDO,
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS, EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME
ANUAL 2002 DE LA CIDH
A LA COMISIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS
DEL CONSEJO
PERMANENTE DE LA OEA
2 de abril de 2003
Señor Presidente de
la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos,
distinguidos y distinguidas Representantes de los
Estados miembros de la Organización y
Observadores, señoras y señores:
En mi condición de
Presidenta de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, tengo el agrado de presentar a
la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del
Consejo Permanente el informe anual de la Comisión
correspondiente a 2002. Me acompañan en esta
oportunidad el Dr. Santiago Canton, Secretario
Ejecutivo, el Relator Especial para la Libertad de
Expresión, así como el personal profesional de la
Secretaría.
El informe que
ponemos en la fecha a disposición de la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos fue aprobado por
la CIDH durante su 117º período ordinario de
sesiones, celebrado durante febrero y marzo de
este año. El documento fue elaborado conforme a
los parámetros expuestos en la Resolución AG/RES.
331 (VIII-0/78) de la Asamblea General, y de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 57 del
Reglamento de la CIDH. Este informe refleja las
actividades generales de la Comisión cumplidas
durante la Presidencia del Dr. Juan Méndez.
La Comisión durante el año
destinó atención particular a los actos del
terrorismo internacional. Las secuelas de los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001
han llevado a la reflexión colectiva sobre los
medios lícitos a emplear para la prevención, el
esclarecimiento y adjudicación de
responsabilidades por la ejecución de este tipo de
acciones y sobre la dimensión de las estrategias
concebidas con el fin de prevenirlos. La
legitimidad de estos esfuerzos de adjudicación y
prevención se encuentra necesariamente vinculada a
los propósitos mismos del Estado democrático y es
precisamente por eso que su implementación debe
ser respetuosa de los límites establecidos
conforme a principios de un Estado de Derecho y
los contenidos en el derecho internacional. Las
iniciativas antiterroristas, sea cual fuere la
situación excepcional que justifique su adopción y
su magnitud, deben ser abordadas con pleno respeto
al derecho internacional y derecho internacional
de los derechos humanos. Se trata de un área en
la cual los
Estados miembros de la OEA
deben cuidar de preservar
el equilibrio entre su deber de proteger a la
población civil y las instituciones democráticas y
su obligación de no desatender la seguridad
ciudadana y la función de administrar justicia con
las debidas garantías y sin arbitrariedad.
En
diciembre de 2002 la Comisión hizo público su
“Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos” en
el cual presentó un estudio sobre la vigencia y el
respeto de los derechos fundamentales frente a las
iniciativas antiterroristas legítimamente
adoptadas por los Estados miembros, basada en su
experiencia de más de cuatro décadas y los
estándares del derecho internacional. En su
informe, la Comisión articula varios principios
fundamentales concernientes a la relación
necesaria entre el combate al terrorismo y la
protección de los derechos humanos en situaciones
de excepción, sobre los cuales expuso ante ustedes
ampliamente, mi antecesor Comisionado Juan Méndez.
La ansiedad generada
tanto por la amenaza de la violencia terrorista
como por las expectativas de contrarrestarla, así
como la guerra que actualmente se desarrolla en
Irak, tienden a desviar la atención de las
autoridades y de al menos parte de la opinión
pública de muchos de los problemas endémicos de
carácter económico, social y cultural que aquejan
a las sociedades de nuestro Hemisferio y en
especial a sus sectores más vulnerables. Sin
embargo, la persistencia y agravamiento de estos
problemas continúa erosionando la participación
ciudadana en el proceso democrático, dañando los
presupuestos de la democracia y debilitando su
eficacia como herramienta de gobierno y
convivencia pacífica. Aún más, continúa agravando
las perspectivas de violencia y de más hechos
terroristas.
La CIDH observa con
preocupación el progresivo deterioro de la
institucionalidad democrática. Las
elecciones periódicas en los
países de nuestro hemisferio no obstan para que
muchas democracias de la región exhiban
debilidades institucionales e incluso se vean
expuestas a intentos de golpes de estado o
alteraciones del orden constitucional.
Afortunadamente, los Estados miembros de la OEA
son hoy en día consistentes en su rechazo
colectivo a estos intentos, en invocación de
instrumentos tales como la Resolución 1080 y la
Carta Democrática Interamericana. También observa
con preocupación que los límites al poder público
determinados por la propia normativa interna son
en algunos casos burlados o ignorados,
provocándose así el resquebrajamiento del estado
de derecho y el debilitamiento institucional.
La corrupción, la
pobreza, la exclusión y las brechas sociales,
económicas, étnicas y de género contribuyen a la
inseguridad jurídica, y por lo tanto a la
inestabilidad. Esta situación, que se ve agravada
por la falta de acceso efectivo a la justicia, no
sólo contribuye a perpetuar la falta de eficacia y
la impunidad que aqueja el funcionamiento de los
sistemas judiciales del hemisferio, sino que
provoca la exclusión de los ciudadanos de la
administración de justicia tanto en su
participación como operadores, como en su
actividad de sujetos activos. La desconfianza
hacia los sistemas de justicia cuando no responden
en la protección a las víctimas se acentúa en
relación a los más vulnerables cuando son objeto
de la discriminación y cuando no facilitan el
acceso efectivo a la determinación de sus
derechos. Esos factores coinciden con la
creciente sensación de inseguridad de la
ciudadanía frente a la violencia y la criminalidad
crecientes y la tendencia a tomar la “justicia”
por propia mano.
En este contexto
hemisférico, que refleja mayormente realidades de
orden global, los mecanismos de protección de los
derechos humanos deben continuar jugando un rol
fundamental. En este orden de ideas, la labor de
promoción, prevención, control, denuncia y
representación que cumplen los defensores de
derechos humanos y operadores de justicia continúa
siendo vital para el respeto de los derechos
fundamentales de los habitantes de nuestros
países. La actividad de los defensores de
derechos humanos y las organizaciones para las
cuales trabajan permiten acceder a información y
visibilizar la situación de grupos vulnerables, de
personas e individuos afectados tanto por la
violencia, la pobreza, la exclusión y la
discriminación como por los excesos cometidos en
situaciones de emergencia, y responder a sus
denuncias. Como consecuencia del trabajo que los
defensores y organizaciones de derechos humanos
adelantan a nivel nacional, regional y universal,
son en muchos casos blanco de la violencia y los
Estados miembros, en el marco de las
deliberaciones de los órganos políticos de la
Organización y la CIDH, han comenzado a explorar
la responsabilidad que les corresponde para
garantizar su seguridad y el ejercicio libre de su
labor.
Corresponde reiterar
que la integridad y eficacia de la protección
brindada a los habitantes del hemisferio por el
sistema depende, primordialmente, de los esfuerzos
de los Estados miembros para adoptar en su
legislación las disposiciones internas requeridas
por el sistema y alcanzar la universalidad del
mismo sistema mediante la ratificación de la
Convención Americana y de los demás instrumentos
sobre derechos humanos, así como la aceptación de
la jurisdicción de la Corte; del cumplimiento con
la obligación de adaptar su legislación interna a
sus obligaciones internacionales y su debida
interpretación y aplicación por los órganos del
Estado, en particular el poder judicial; y por
último, del cumplimiento de los compromisos
internacionales y las recomendaciones y decisiones
de la Comisión y de la Corte son elementos
necesarios para la efectividad del sistema.
Durante
este año la CIDH continuó abordando estos, entre
otros desafíos hemisféricos, a través del
ejercicio de su mandato de promover y proteger los
derechos humanos. La Comisión prosiguió con su
labor con relación a la situación de grupos
especialmente vulnerables, a través del trabajo de
sus relatorías especiales para los derechos de los
niños, las mujeres, los pueblos indígenas, y los
trabajadores migratorios, los cuales aparecen
reflejados en el capítulo VI del presente informe
anual. La CIDH ha prestado también especial
atención a la situación de los afrodescendientes,
tanto a través de sus labores de promoción como de
sus estudios de la situación general de los
derechos humanos en los Estados miembros, sus
casos individuales y medidas cautelares. La
Relatoría de la Libertad de Expresión ha
continuado también con su importante labor en
materia de promoción y asesoramiento, reflejada en
el estudio correspondiente al año 2002.
Al igual que en la
última década, durante el año 2002 el tema
migratorio ocupó un lugar preponderante en la
agenda política de numerosos países de las
Américas debido al creciente flujo que por
distintos motivos se ha producido en el
hemisferio. Además de los históricos movimientos
migratorios que caracterizan a la región, las
crisis económicas y políticas en diversos puntos
de la región aumentaron el número de personas que
migraron en las Américas. Las presiones
migratorias, unidas a la preocupación por
seguridad derivada de los ataques terroristas del
11 de septiembre del 2001, motivaron un incremento
considerable en los controles y, en muchos casos,
un endurecimiento en el trato a los trabajadores
migrantes y sus familias, quienes enfrentan
situaciones particulares en los procedimientos de
carácter administrativo en un número importante de
países de las Américas.
Conforme con el
mandato conferido por la CIDH, durante el año
recién pasado la Relatoría Especial de
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus
Familias realizó una serie de actividades entre
las cuales destacan tres visitas temáticas a
Estados miembros de la OEA, México, Costa Rica y
Guatemala. Asimismo, participó en diversas
labores de promoción; entre ellas, elaboró un
Programa para la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Migrantes en las
Américas, dictó charlas y talleres sobre el
sistema interamericano de protección de los
derechos humanos, participó en conferencias y
foros relativos al tema migratorio, y desarrolló y
profundizó vínculos institucionales con organismos
intergubernamentales y entidades de la sociedad
civil que trabajan a favor de los trabajadores
migratorios en la región.
En materia de la
Relatoría de Derechos de la Mujer, en este Informe
incluimos las conclusiones de la CIDH sobre la
primera visita temática realizada por la
Relatoría. La misma se llevó a cabo en el mes de
febrero, por invitación del Gobierno del
Presidente Vicente Fox, para examinar la situación
de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez,
México.
Para el plan de
trabajo programado para el presente año, la
Relatoría se concentrará principalmente en el tema
de acceso a la justicia de las mujeres, con
especial énfasis en los supuestos de violencia
contra la mujer y las dificultades a superar en
relación al tema.
Al analizar la
situación de los derechos de la mujer en la
región, la Relatora ha indicado que las
iniciativas a nivel local, nacional y regional
para hacer frente a las violaciones de los
derechos humanos con causas y consecuencias
específicas de género han logrado establecer
ciertas normas básicas que son claves,
particularmente respecto de la discriminación y la
violencia contra la mujer. El principal desafío
que seguimos enfrentando es la brecha entre estas
normas y la experiencia vivida por las mujeres en
las Américas. A este respecto, la Relatoría
Especial ha insistido en el problema de la
impunidad y su incidencia en la perpetuación de
las violaciones de los derechos humanos con causas
y consecuencias específicas de género. La
impunidad en tales casos socava al sistema mismo
de garantías y crea un clima favorable a la
reiteración de las violaciones en detrimento a la
dignidad humana y a los derechos más
fundamentales. La Relatoría Especial insta a los
Estados miembros a redoblar sus esfuerzos en
aplicar la debida diligencia en la investigación,
procesamiento y sanción de los actos de
discriminación y violencia contra la mujer en
aplicación de los contenidos de la Convención de
Belém do Pará, instrumento ratificado por la casi
totalidad de los Estados miembros y demás
instrumentos del sistema. En relación con esta
obligación, es crucial que los Estados otorguen a
las víctimas un rápido acceso a una justicia
efectiva.
Como es del
conocimiento de los señores Representantes, en el
año 2001 se firmó un Convenio de Cooperación
Técnica entre el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la OEA, para el fortalecimiento
de la Relatoría de los Derechos de la Niñez de la
CIDH, el cual se ha venido desarrollando
exitosamente. En el marco del proyecto la
Relatoría de la Niñez ha realizado una
recopilación de instrumentos internacionales y
regionales en materia de derechos humanos de la
infancia, sistematización de la doctrina y
jurisprudencia del sistema interamericano titulada
“La Infancia y sus derechos en el Sistema
Interamericano de Protección de Derechos Humanos”.
Asimismo, se están
realizando diversas visitas de promoción y
talleres sobre derechos humanos de la niñez, y
sobre los mecanismos que ofrece el sistema
interamericano de derechos humanos para su
protección. Dichos talleres se han llevado a cabo
durante el año 2002 y lo que va del 2003 en
Paraguay, Guatemala, Honduras, Perú y México. Los
participantes han sido funcionarios de los Estados
y defensores de derechos de la niñez. A través de
estas actividades se ha logrado una importante
difusión de los distintos mecanismos que ofrece el
sistema. Durante el 116º período ordinario de
sesiones de la CIDH, en Washington D.C., se
realizó una audiencia pública, a la que asistieron
representantes de UNICEF y de distintas
organizaciones regionales que trabajan en derechos
de la niñez.
La Comisión, en su interés y
esfuerzo por fortalecer, impulsar y sistematizar
su trabajo en el área de los derechos de los
pueblos indígenas en América, creó en el año 1990
la Relatoría Especial sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas. Desde
el año 2000, gracias a los aportes del Programa
Pro Derechos Humanos para Centroamérica, (PRODECA)
del Gobierno de Dinamarca, se está implementando
el proyecto “Reforzamiento de la Capacidad del
Sistema Interamericano para la Defensa de los
Derechos Humanos de las Comunidades, Minorías
Étnicas y otros grupos vulnerables afectados por
los conflictos en Centroamérica”, que ha permitido
a la Comisión formar un equipo especializado de
apoyo en la Relatoría, actualmente integrado por
una abogada especialista y un becario. Durante el
año 2002 fue posible ampliar la beca “Rómulo
Gallegos” a una vacante, especialmente dirigida a
jóvenes abogados indígenas de Centroamérica
interesados en profundizar su experiencia y
conocimiento en derechos humanos y derecho
indígena.
En el año 2002, con
el reforzamiento profesional especializado se ha
logrado avanzar significativamente y profundizar
el procesamiento de las peticiones y casos que se
tramitan ante la CIDH y que dicen relación con
pueblos indígenas y sus miembros; se ha
profundizado también en el conocimiento que los
pueblos indígenas, sus líderes y defensores tienen
respecto de las posibilidades de acceder al
sistema interamericano de derechos humanos, lo que
en términos prácticos ha significado el aumento de
denuncias por violaciones a los derechos humanos
de los pueblos indígenas, relacionadas con temas
como territorio ancestral, derechos políticos,
discriminación, etc. Igualmente, se ha
incrementado el conocimiento en la sociedad civil
de la capacidad y profundización de la
jurisprudencia del sistema interamericano de
derechos humanos sobre derechos de los pueblos
indígenas. Actualmente más de setenta peticiones
y/o casos se están tramitando ante la CIDH
vinculados a estos derechos.
La Relatoría para la
Libertad de Expresión elaboró el Informe sobre la
Situación de la Libertad de Expresión en las
Américas que forma parte del Informe Anual de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Vale destacar que durante el año 2002, luego de
evaluar postulantes en un concurso público, la
CIDH decidió el primer cambio de Relator Especial
para la Libertad de Expresión, designando a
Eduardo Bertoni, quien asumió sus funciones en el
mes de mayo de 2002. Este es el quinto Informe
Anual preparado por la Relatoría Especial desde su
creación en 1997, y continúa dividido en 6
capítulos.
El Capítulo I del
Informe considera el mandato y competencia de la
Relatoría, así como las actividades llevadas a
cabo durante 2002. El Capítulo II contiene una
descripción sobre algunos aspectos vinculados a la
situación de la libertad de expresión en los
países del hemisferio. Con el objetivo de
contribuir a la promoción de la jurisprudencia
comparada, el Capítulo III resume la
jurisprudencia del sistema interamericano y la
jurisprudencia doméstica de los Estados miembros.
El Capítulo IV desarrolla una primera aproximación
a la problemática sobre “Libertad de Expresión y
Pobreza” abordando temas relacionados con los
mecanismos para que los pobres accedan a la
información pública, con la utilización legal de
medios de comunicación comunitarios y con el
ejercicio del derecho de expresión legal y de
reunión en espacios públicos. En la sección
correspondiente a “Leyes de Desacato y Difamación
Criminal”, Capítulo V, se insiste en la necesidad
de derogar el delito de desacato y se mencionan
los pocos avances en este tema logrados por los
países del hemisferio desde los últimos informes
sobre el tema en los años 1998 y 2000. En el
Capítulo VI se recomienda a los Estados investigar
los asesinatos, secuestros, amenazas e
intimidaciones a comunicadores sociales y juzgar a
sus responsables; promover la derogación de las
leyes de desacato y las leyes sobre difamación y
calumnia criminal y promulgar leyes que permitan
el amplio acceso a la información.
Finalmente, el
Informe remarca que en materia de libertad de
expresión e información en las Américas, los
asesinatos y agresiones a periodistas, defensores
de derechos humanos y personas en general que
hacen uso de este derecho continúan representando
un problema grave. Es preocupante que en muchos
casos estos crímenes se mantienen en la
impunidad. Señala asimismo el Informe que siguen
existiendo prácticas que intentan restringir la
libertad de expresión también por medio de
acusaciones en tribunales penales por delitos de
desacato, o de difamación cuando las personas se
manifiestan críticamente sobre asuntos de interés
público. Todas estas circunstancias no
contribuyen a generar un ambiente donde la
libertad de expresión se desarrolle plenamente.
Síntesis del Informe Anual de 2002
El informe anual se
divide en tres volúmenes, los dos primeros
relativos al trabajo de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. El tercer volumen contiene,
como se explicó, el Informe del Relator Especial
de la CIDH para la Libertad de Expresión.
Conforme a la
práctica iniciada en 1999, el Capítulo I del
Informe Anual de 2002 está dedicado a presentar
una apreciación sobre la situación de los derechos
humanos en el hemisferio y los principales
desafíos a la vigencia de tales derechos. El
Capítulo II ofrece una breve introducción a los
orígenes y fundamentos jurídicos de la Comisión y
expone las principales actividades cumplidas por
la CIDH durante el período bajo análisis. En tal
sentido, se destacan las actividades llevadas a
cabo en el marco de los dos períodos ordinarios de
sesiones y uno extraordinario. Asimismo, en
dicho capítulo se exponen las actividades
cumplidas con otros órganos del sistema
interamericano, y con instituciones regionales y
mundiales de naturaleza similar. Entre ellos se
destacan las visitas a la sede de la Comisión de
los Relatores de Naciones Unidas para
Discriminación Racial, Tortura y Pueblos
Indígenas. En particular, quisiera destacar la
práctica de las reuniones anuales de la CIDH y la
Corte Interamericana con objeto de tratar temas de
interés común, a fin de mejorar el funcionamiento
del sistema regional de derechos humanos. La
Comisión y la Corte mantienen una relación de
cooperación que es mutuamente beneficiosa para el
cumplimiento de sus respectivos mandatos.
Durante el período
que abarca este informe, la Comisión realizó dos
visitas in loco a Haití y una Venezuela.
También realizó una visita de trabajo a Argentina,
que en las copias del informe que ustedes han
recibido erróneamente aparece como una visita
in loco. Tanto en la versión impresa final
como en la versión que aparecerá en nuestra página
de Internet figurará correctamente como una visita
de trabajo. Asimismo, la semana pasada la
Comisión concluyó una visita a Guatemala. Por
otra parte, nuestros Relatores temáticos y por
países han realizado visitas de promoción y de
trabajo durante todo el año. La CIDH está
procesando la información recibida antes, durante
y después de las visitas con miras a la
elaboración del informe sobre la situación de los
derechos humanos en dichos países. En nombre de la
Comisión, agradezco especialmente a los Gobiernos
por su colaboración en el logro de los objetivos
trazados durante las visitas del año 2002.
El Capítulo III es
indudablemente el eje del trabajo de la CIDH, ya
que contiene el análisis y las decisiones sobre
denuncias de violaciones de derechos fundamentales
que afectan a seres humanos. Este capítulo, el
más extenso del informe, contiene las decisiones
adoptadas respecto a peticiones y casos
individuales presentados a la Comisión y
tramitados de acuerdo con la normativa aplicable.
Cabe destacar igualmente la importancia creciente
que la Comisión atribuye al sistema de peticiones
y casos individuales y a la solución amistosa de
los mismos; el informe de este año comprende
cuatro decisiones de esta índole. Al mismo tiempo,
la CIDH prosigue las negociaciones con miras a la
solución amistosa de docenas de casos de varios
países de la región. La disposición de las partes
a dialogar y a buscar soluciones creativas
constituye un indicador indudablemente positivo de
la creciente evolución del sistema.
En el período bajo
análisis, publicó un
total de 58 informes que incluyen 38 casos
declarados admisibles; 6 informes sobre peticiones
declaradas inadmisibles; 3 informes de solución
amistosa; y 11 informes de fondo. En los informes que se incluyen este año, la
Comisión ha continuado tratando temas
estructurales en nuestro hemisferio como
violaciones al debido proceso, ejecuciones
extrajudiciales, uso abusivo de la jurisdicción
militar e impunidad. También la CIDH ha decidido
sobre temas que cada vez con mayor frecuencia
llaman nuestra atención, como son los derechos de
la mujer, la libertad de expresión y la vigencia
de los derechos económicos, sociales y
culturales. Estos casos reflejan la creciente
complejidad jurídica de los casos que está llamada
a decidir, así como el empeño de esta Comisión por
mejorar y profundizar sus argumentaciones y
fundamentaciones. Con ello, la Comisión no
solamente pretende resolver de una manera
jurídicamente sólida los casos y peticiones, sino
también desempeñar una tarea de promoción
mediante la determinación jurídica del alcance de
las obligaciones asumidas voluntariamente por
los Estados miembros de la Organización. Por
último, en sus informes la Comisión continuó
clarificando diversas cuestiones procesales,
particularmente en el tema de la admisibilidad de
peticiones, tales como la legitimación procesal
activa para presentar denuncias, la vigencia
temporal de la Convención Americana y las
excepciones a la regla del agotamiento de los
recursos internos, entre otras. Con ello se
procura contribuir a la seguridad jurídica de
nuestro sistema, fijando reglas y estándares que
la Comisión sigue fielmente. La CIDH recuerda que
la aprobación y publicación de un informe sobre
los méritos de un caso individual ofrece, en
alguna medida, la reparación a la víctima de una
violación de derechos humanos que no pudo obtener
justicia en los órganos jurisdiccionales
nacionales.
No puedo
dejar de llamar la atención de los señores
representantes sobre algunos números importantes
en el sistema de peticiones individuales.
Particularmente en el año 2002, la CIDH recibió
4656 denuncias individuales. De este número, 3635
se refieren a la situación de los derechos de las
personas afectadas por medidas bancarias
("Corralito") en Argentina. Vale la pena aclarar
que el promedio anual entre 1997 y 2001 fue de 609
peticiones, con lo cual en el año 2002 se produjo
un aumento de más del 700% en el número de
denuncias recibidas. Aún si no se computan las
denuncias relativas al llamado "corralito", la
CIDH en el año 2002 recibió 1021 denuncias, un 40%
más que en los cinco años anteriores. Esta
circunstancia ha puesto una enorme presión en
nuestra Secretaría Ejecutiva, que ha logrado
responder a esta situación de una manera eficiente
y de hecho ha mantenido el número de peticiones en
trámite dentro de sus promedios históricos.
Esta sección
comprende además 91 medidas cautelares otorgadas o
extendidas por la CIDH y con respecto a las cuales
ha habido actividad durante este período. En este
sentido, la Comisión ha continuado con su práctica
de informar sobre las medidas cautelares
solicitadas a los Estados miembros de la
Organización, por iniciativa propia o a petición
de parte, al amparo de lo dispuesto en el artículo
25 de su Reglamento, en los casos en que es
necesario evitar daños irreparables a las
personas. Se ha impulsado también mayor
comunicación directa con los peticionarios y las
autoridades.
El Capítulo III vuelve a
incluir una sección sobre el estado de
cumplimiento con las recomendaciones de la CIDH en
casos individuales.
La Asamblea General de la OEA, mediante su
resolución AG/RES. 1890
(XXXII-O/02)
sobre Evaluación del
Funcionamiento del Sistema Interamericano de
Protección y Promoción de los Derechos Humanos
para su Perfeccionamiento y Fortalecimiento, instó
a los Estados miembros a que realicen sus mejores
esfuerzos para dar seguimiento a las
recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (punto resolutivo 3.c) y que
sigan dando el tratamiento que corresponde al
informe anual de la Comisión, en el marco del
Consejo Permanente y de la Asamblea General de la
Organización, estudiando posibles formas de
considerar el seguimiento de las recomendaciones
de la Comisión por parte de los Estados miembros
de la Organización (punto resolutivo 3.d). Tanto
la Convención (artículo 41) como el Estatuto de la
Comisión (artículo 18) otorgan explícitamente a la
CIDH la facultad de solicitar información a los
Estados miembros y producir los informes y
recomendaciones que estime conveniente.
Específicamente, el Reglamento de la CIDH que
entró en vigencia el 1º de mayo de 2001 dispone en
su artículo 46 que la Comisión podrá tomar las
medidas de seguimiento que considere oportunas,
tales como solicitar información a las partes y
celebrar audiencias, con el fin de verificar el
cumplimiento con los acuerdos de solución amistosa
y recomendaciones. Asimismo, la
Asamblea General aprobó la Resolución AG/RES. 1894
(XXXII-O/02),
Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
e invitó a la CIDH a que considerase la
posibilidad de continuar incluyendo en sus
informes anuales información referente al
seguimiento por parte de los Estados de sus
recomendaciones y a revisar los criterios e
indicadores en la materia utilizados en el informe
de este año, a fin de lograr su perfeccionamiento.
En cumplimiento de
sus atribuciones convencionales y estatutarias y
en atención a las resoluciones citadas y de
conformidad con el artículo 46 de su Reglamento,
la CIDH solicitó información a los Estados acerca
del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas
en los informes publicados sobre casos
individuales incluidos en sus Informes Anuales
correspondientes a los años 2000 y 2001. El cuadro
que la Comisión presenta incluye el estado en que
se encuentra el cumplimiento de las
recomendaciones de la CIDH formuladas en el marco
de casos resueltos y publicados en los últimos dos
años. La CIDH resalta que diferentes
recomendaciones formuladas son de cumplimiento de
tracto sucesivo y no inmediato y que algunas de
ellas requieren de un tiempo prudencial para poder
ser cabalmente implementadas. Por lo tanto, el
cuadro presenta el estado actual de cumplimiento
que la Comisión reconoce es un proceso dinámico
que puede evolucionar continuamente. Desde esta
perspectiva, la Comisión evalúa si las
recomendaciones se encuentran o no cumplidas y no
si ha habido un comienzo de cumplimiento de tales
recomendaciones. La CIDH ha procurado recoger en
lo pertinente las observaciones formuladas por los
representantes de diferentes Estados miembros
durante la presentación del Informe Anual
correspondiente al año 2001.
A fin de contribuir
a la transparencia del sistema, la Comisión ha
decidido incluir en su página electrónica todas
las respuestas de los Estados que hayan
solicitado expresamente la publicación de sus
respectivas respuestas a nuestros informes.
Confiamos que este mecanismo contribuirá al
diálogo entre los Estados y la CIDH, así como a un
mejor control público sobre el sistema
interamericano de derechos humanos. Con
satisfacción debo mencionar que a diferencia del
año pasado, en varios casos en el presente informe
anual podemos informar acerca de un caso de
cumplimiento total de las recomendaciones
formuladas. Pero todavía quedan muchos casos
pendientes de cumplimiento total o parcial. En
este sentido, los Estados miembros deben realizar
los mejores esfuerzos para cumplir de buena fe con
las recomendaciones de la Comisión. Asimismo,
depositamos nuestra confianza en el Consejo
Permanente y en esta Comisión de Asuntos Jurídicos
para que establezcan un mecanismo periódico de
supervisión del cumplimiento de las decisiones de
la Comisión y la Corte, a fin de dar vigencia
efectiva al principio de garantía colectiva
subyacente en el sistema interamericano de
protección de derechos humanos.
El Capítulo III
también expone información sobre las actuaciones
de la Comisión ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. La sección respectiva presenta
las medidas provisionales dictadas por la Corte a
solicitud de la Comisión en situaciones de extrema
gravedad y urgencia, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 63(2) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, así como la síntesis de
diferentes decisiones de la Corte y de las
actuaciones de la Comisión en varios casos
contenciosos.
Por otro lado, la
Comisión ha seguido los criterios expuestos en su
Informe Anual de 1998 para identificar a los
Estados miembros cuyas prácticas en materia de
derechos humanos merecieran atención especial y la
inclusión en un capítulo especial del informe
anual. En este sentido, en el Capítulo IV del
informe de este año se analiza la situación de los
derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití y
Venezuela. El Capítulo V del Informe Anual
sigue la práctica de analizar el avance en el
cumplimiento de las recomendaciones formuladas
previamente por la Comisión, en uso de sus
facultades como órgano principal de la OEA en
materia de derechos humanos. En esta oportunidad,
dicho capítulo contienen informe en seguimiento de
Guatemala y con las recomendaciones expuestas en
los informes de la CIDH sobre la situación de los
derechos humanos en dichos países. Agradezco en
esta oportunidad a los Estados por su respuesta a
la solicitud de información formulada por la CIDH.
El volumen
II del informe concluye con los anexos habituales
en los que se informa sobre el estado de las
convenciones y protocolos del sistema regional de
derechos humanos, además de los comunicados de
prensa y discursos seleccionados que difundió la
CIDH durante el año pasado.
Conclusión
Señor Presidente,
señores y señoras representantes, estimados
colegas, compañeros y compañeras de trabajo,
señoras y señores:
Antes de concluir,
debo expresar la gratitud de la Comisión por el
incremento de fondos aprobado por la Organización
recientemente. Anualmente señalamos ante ustedes
las necesidades financieras por las que atraviesa
la CIDH. Los fondos adicionales que hemos
recibido nos permitirán continuar y profundizar el
cumplimiento de nuestros mandatos convencionales,
estatutarios y aquellos surgidos de las Cumbres de
las Américas. Esperamos que los fondos
adicionales aprobados por los Estados miembros se
mantengan en el futuro y que sean otorgados a la
CIDH en su totalidad. También debo agradecer
especialmente las contribuciones voluntarias de
los Estados miembros y de los Observadores
Permanentes.
La búsqueda
constante de mecanismos para consolidar las
democracias participativas crea nuevas
oportunidades para el compromiso de los Estados
miembros con los órganos del sistema
interamericano de derechos humanos. La Comisión y
la Corte son, conforme al propósito de los Estados
miembros, medios para ayudar al desarrollo de "un
régimen de libertad personal y de justicia
social", que es el objetivo final consignado en el
preámbulo de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Acorde con ello, la Comisión
renueva su compromiso de trabajar con los Estados
miembros en el cumplimiento de su mandato para
defender la dignidad humana mediante la protección
y la promoción de los derechos humanos. En nombre
de la Comisión, quiero expresar nuestra gratitud
por el apoyo que los Estados miembros han brindado
a la Comisión para que ésta continúe honrando ese
compromiso común de velar por el ejercicio de los
derechos humanos de todas las personas de nuestro
hemisferio.
Muchas gracias.