1. Este capítulo contiene
una descripción sobre algunos aspectos
vinculados con la situación de la
libertad de expresión en los países
del hemisferio. Siguiendo la tradición
de informes anteriores, contiene
además un cuadro que refleja el número
de asesinatos de periodistas ocurridos
en el 2003, las circunstancias y
presuntos motivos por los que
ocurrieron y el estado de las
investigaciones.
2. A efectos de exponer la
situación específica de cada país, la
Relatoría estableció una clasificación
sobre los distintos métodos utilizados
para coartar el derecho a la libertad
de expresión e información. Vale
destacar que todos estos actos son
incompatibles con los Principios sobre
Libertad de Expresión, aprobados por
la CIDH. La clasificación incluye
tanto asesinatos, como otro tipo de
agresiones como amenazas, detenciones,
acciones judiciales, intimidaciones,
censura y legislación contraria a la
libertad de expresión. También se ha
incluido en algunos casos las acciones
positivas que han tenido lugar,
incluidas la sanción de leyes de
acceso a la información, la
derogación de las leyes de desacato en
un país del hemisferio y la existencia
de proyectos legislativos o decisiones
judiciales favorables al pleno
ejercicio de la libertad de
expresión.
3. En este Capítulo están
reflejados los datos correspondientes
al año 2003. La Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión recibe
de distintas fuentes
información que da cuenta de las
situaciones relacionadas con la
libertad de expresión en los Estados
del hemisferio. Una vez recibida la
información, y, tomando en
consideración la importancia del
asunto, se procede a su análisis y
verificación. Finalizada esta tarea,
se la agrupa de acuerdo con las
categorías antes señaladas y la
Relatoría, a los efectos de este
Informe, reduce la información a una
serie de ejemplos paradigmáticos que
buscan reflejar la situación de cada
país vinculada al respeto y ejercicio
a la libertad de expresión, señalando
también las acciones positivas
encaradas y los retrocesos en esta
materia. En la mayoría de los casos
citados, se citan las fuentes que los
originaron. Es pertinente aclarar que
la situación en los Estados cuyo
análisis se ha omitido se debe a que
la Relatoría no ha recibido
información al respecto, por lo que su
omisión sólo debe ser interpretada en
ese sentido.
4. Por último, la Relatoría
desea, por un lado, agradecer la
colaboración de cada uno de los
Estados y de la sociedad civil de las
Américas en su conjunto por el envío
de información sobre la situación del
ejercicio de la libertad de expresión.
Pero, por otro lado, la Relatoría
insta a que en el futuro se continúe y
aumenten estas prácticas para
enriquecer los futuros informes.
B.
Evaluación
5.
El ejercicio de la libertad de
pensamiento y expresión en el
hemisferio continuó experimentando
durante el año 2003 el mismo tipo de
problemas que han sido mencionados por
la Relatoría en los últimos años. Cuba
continúa siendo el país del hemisferio
donde se puede afirmar,
categóricamente, que no hay libertad
de expresión, sobre todo teniendo en
cuenta los acontecimientos ocurridos
en el 2003 y que se detallan más
abajo.
6.
De acuerdo con lo que se
refleja en este informe, se han vuelto
a presentar casos de asesinatos de
periodistas como consecuencia del
ejercicio de sus funciones. En este
sentido, la Relatoría recuerda que la
Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, elaborada por
la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión y adoptada por la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
es muy clara en ese sentido, en el
Principio 9: “(..) los asesinatos de
comunicadores sociales violan los
derechos de las personas y coartan
severamente la libertad de expresión”.
En tres oportunidades la Relatoría
señaló su preocupación por esta
situación mediante comunicados de
prensa, particularmente en casos
ocurridos en Colombia y Brasil. Los
asesinatos relevados en este informe
ascienden a siete, aunque es
pertinente señalar que hubo otras
muertes de comunicadores sociales cuya
relación con su actividad no se aclaró
suficientemente como para que puedan
ser consideradas como ataques a la
libertad de expresión, sin perjuicio
de lo condenable que resulta cualquier
asesinato.
7.
Las agresiones físicas y
amenazas también continúan afectando
el pleno ejercicio de la libertad de
expresión. El mencionado Principio 9
también se hace eco de estas
situaciones como situaciones que
restringen este derecho fundamental.
Si bien es cierto que en muchos países
se puede constatar una situación de
amplia discusión y crítica a través de
los medios de comunicación hacia las
políticas gubernamentales, no es menos
cierto que esa legítima actividad trae
como consecuencia agresiones o
amenazas que son inaceptables en una
sociedad democrática. Un fuerte debate
y crítica a las acciones de los
gobiernos a través de la prensa se
constata en varios países del
hemisferio, pero en Venezuela, Haití y
Guatemala se constatan agresiones en
perjuicio de los periodistas y ataques
a las instalaciones de medios de
comunicación que estarían motivados en
tales críticas.
8.
Se produjeron este año
manifestaciones sociales en la vía
pública en varios países del
hemisferio. Muchas de ellas terminaron
en hechos de violencia, a los que no
escaparon como víctimas, los
periodistas, camarógrafos y empleados
de medios de comunicación que cubrían
estos eventos. Situaciones de este
tipo se constataron en Venezuela,
Haití, Guatemala, Perú, Argentina y
Bolivia.
9.
Sin perjuicio que en estas
agresiones pudieran no estar
involucrados de manera directa agentes
de los Estados, la Relatoría destaca
que es una obligación que emana de la
Convención Americana no sólo el
respeto de los derechos humanos sino
también el garantizar su ejercicio.
Por ello, tal como dice la Declaración
de Principios en el Principio 9, “es
deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a
sus autores y asegurar a las víctimas
una reparación adecuada”. La Relatoría
exhorta una vez más a que los Estados
pongan todos los mecanismos legales
adecuados para el cumplimiento de este
deber, a fin de poner indubitablemente
su voluntad en garantizar el libre
ejercicio de la libertad de expresión.
La impunidad de estos hechos debe
erradicarse en el hemisferio.
10.
También se continuaron
presentando en el hemisferio acciones
judiciales que pueden tener un efecto
disuasivo para el ejercicio de la
libertad de expresión. Procesos
penales contra quienes critican
asuntos de interés público, ya sea
utilizando la figura del desacato, o
los delitos como calumnias, injurias o
difamación criminal, persisten en el
hemisferio, como lo demuestran los
casos que se mencionan en Panamá,
México, Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, Ecuador, Honduras,
Jamaica, Paraguay, República
Dominicana y Venezuela.
11.
Estos procesos penales son
factibles dado que muchos Estados
miembros siguen manteniendo en su
legislación el delito de desacato.
Durante el año 2003, sólo Perú adecuó
su legislación al Principio 11 de la
Declaración de Principios. En el caso
de Chile, a pesar de que la Relatoría
había constatado en diciembre de 2002
la existencia de un proyecto que
derogaba el delito de desacato vigente
en el Código Penal y en el Código de
Justicia Militar, la discusión en el
Congreso fue postergada en repetidas
oportunidades. Es de destacar que en
Honduras, el Fiscal General de la
Nación promovió una acción de
inconstitucionalidad del delito de
desacato. En cambio, en Venezuela, la
Suprema Corte ratificó la vigencia del
desacato, contradiciendo así las
recomendaciones de la CIDH, hecho que
fue motivo de preocupación de la
Relatoría mediante un comunicado de
prensa. Es pertinente insistir en esta
oportunidad sobre la necesidad de que
los Estados miembros adecuen su
legislación penal de acuerdo a las
recomendaciones emanadas de la
Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión.
12.
El Principio 8 de la
Declaración establece claramente:
“Todo comunicador social tiene derecho
a la reserva de sus fuentes de
información, apuntes y archivos
personales y profesionales”. Tal como
surge de la información recolectada
por la Relatoría, en Estados Unidos,
México, Honduras, Guatemala y Perú se
constataron acciones de autoridades
contrarias a ese principio. Sin
perjuicio de que no puede hablarse de
una práctica generalizada, la
Relatoría exhorta a que ellas no se
multipliquen.
13.
El acceso a la información
pública, que se puso de relevancia
durante el 2003 mediante la resolución
AG/RES.1932 (XXXIII-O/03) de la
Asamblea General como un elemento
importante para el fortalecimiento de
la democracia, siguió instalado como
tema en la agenda de muchos de los
Estados miembros. Sin embargo, han
sido escasas las reformas legislativas
en esta materia. En México se siguió
un auspicioso progreso en esta
materia, con la puesta en marcha de
una ley en el ámbito federal y con,
por lo menos, la presentación de
proyectos en todos los Estados
mexicanos. Perú también continuó
avanzando en su proceso de
implementación de normas sobre acceso
a la información pública, al igual que
Jamaica y Nicaragua.
14.
Sin embargo, el 2003 marcó un
estancamiento de los procesos
legislativos en Guatemala y Argentina
que no convirtieron en ley proyectos
que se encontraban en sus respectivos
Congresos. También se ha dictado
jurisprudencia restrictiva para el
acceso a la información pública, de
acuerdo con lo constatado por la
Relatoría. En Panamá, Chile y Estados
Unidos distintos jueces han
interpretado restrictivamente la
posibilidad de acceder a la
información pública en contradicción
con lo establecido por el Principio 4
de la Declaración de Principios.
15.
Al igual que se expresó en el
informe anual del año 2002, durante
este año la Relatoría continuó
observando con preocupación la
posibilidad de que los medios de
comunicación no siempre actúen
responsable o éticamente. No está de
más reiterar, sin embargo, que los
medios de comunicación son
principalmente responsables ante el
público y no ante el Gobierno. Esta es
su función primordial en una
democracia: informar al público, entre
otros, de las medidas adoptadas por el
Gobierno.
16.
La autorregulación de los
medios de comunicación es un desafío
que deben afrontar, dado que la
amenaza de imposición de sanciones
legales por la adopción de decisiones
periodísticas basadas esencialmente en
cuestiones subjetivas o juicios
profesionales suscitaría también un
efecto inhibitorio en los medios,
impidiendo la divulgación de
información de legítimo interés
público. Los periodistas y los
propietarios de los medios de
comunicación deben tener presente
tanto la necesidad de mantener su
credibilidad ante el público, factor
esencial para su perdurabilidad, como
el importante rol que la prensa cumple
en una sociedad democrática. En el
Plan de Acción de la Tercera Cumbre de
las Américas celebrada en abril de
2001, en la ciudad de Québec, Canadá,
los Jefes de Estado y de Gobierno
expresaron que los Gobiernos
fomentarán la autorregulación en los
medios de comunicación.
17.
El Principio 12 de la
Declaración de Principios expresamente
señala que los monopolios u
oligopolios en la propiedad y control
de los medios de comunicación deben
estar sujetos a leyes antimonopólicas
por cuanto conspiran contra la
democracia al restringir la pluralidad
y diversidad que asegura el pleno
ejercicio del derecho a la información
de los ciudadanos. La concentración de
la propiedad de los medios de
comunicación es una práctica que
impide la expresión plural y diversa
de los distintos sectores de la
sociedad. Esta es una práctica que,
dada las denuncias que recibe la
Relatoría al respecto, parece estar
creciendo en el hemisferio. Ante ello,
la Relatoría insiste en el
cumplimiento del mencionado principio.
18.
Finalmente, y tal como ha sido
señalado en informes anteriores, la
Relatoría sigue considerando que es
necesaria una mayor voluntad política
por parte de los Estados miembros para
llevar adelante reformas en sus
legislaciones que garanticen a las
sociedades un amplio ejercicio de la
libertad de expresión e información.
La democracia requiere de una amplia
libertad de expresión y ésta asimismo
no puede profundizarse si continúan
vigentes en los Estados mecanismos que
impiden su amplio ejercicio. La
Relatoría reitera la necesidad de que
los Estados asuman un compromiso más
sólido con el respeto a este derecho
para de esta manera lograr la
consolidación de las democracias del
hemisferio
C.
Situación de la libertad de
expresión en los Estados miembros
ARGENTINA
Amenazas y agresiones
19. La Relatoría recibió
información sobre amenazas y
agresiones a periodistas, algunas de
ellas perpetradas por agentes
oficiales en el marco de
manifestaciones populares.
20. La Relatoría también ha
constatado, según la información
recibida, que los periodistas que
trabajan en el interior del país
sufren amenazas, agresiones y
hostigamiento que merecen especial
atención por parte de las autoridades.
Se exponen aquí algunos de los
principales casos de agresiones
reportados durante el año 2003.
21. La Relatoría fue
informada sobre agresiones y amenazas
contra Clara Britos, propietaria y
directora del periódico La Tapa,
de Guernica, localidad situada al sur
de la capital argentina. Ya en su
informe anual del 2002, la Relatoría
había reportado la situación de Britos.
Durante el 2003, a solicitud de la
Relatoría el Estado informó de que el
Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires había
reportado que no se había presentado
una denuncia formal en relación con un
incendio denunciado por Britos y que
éste no fue atendido por los bomberos
sino por los moradores. Asimismo, se
informó de que el peritaje no pudo
comprobar la causa ni el origen del
incendio.
La periodista solicitó asilo político
al Gobierno Español invocando razones
humanitarias ante la persecución y
amenazas que dice sufrir por parte de
la policía y el poder político[5].
Ante la persistencia de las amenazas,
la Relatoría continuará observando
este caso.
22. El 25 de febrero de
2003, en la ciudad de Buenos Aires,
resultaron heridos varios reporteros
que cubrían el desalojo de cien
personas del edificio Padelaide,
considerado en peligro de derrumbe. El
operativo generó enfrentamientos entre
efectivos policiales y los
desalojados. En el marco de esta
situación, varios efectivos de la
Guardia de Infantería de la Policía
Federal golpearon a Julián Sequeira,
camarógrafo del programa Punto Doc
del canal América TV, hasta
producirle una fractura en la nariz.
Sequeira fue detenido en la Comisaría
14a, antes de ser trasladado por
personal policial al hospital. Su
Cámara y los videocasetes con las
imágenes del desalojo desaparecieron.
Maximiliano García Solla, también del
programa Punto Doc, fue
detenido y liberado el mismo día, pero
se le presentaron cargos por
resistencia a la autoridad.
El camarógrafo Michael Carcachi, de
América TV, quien estaba
claramente identificado como
periodista, también fue atacado con
bastones por efectivos policiales
mientras tomaba imágenes a un joven
herido.
23. El 6 de marzo de 2003,
Christian Frolich, reportero gráfico
del diario Crónica, fue
agredido por agentes de la Policía
Federal en el marco de una
manifestación de vendedores ambulantes
en el barrio de Once. De acuerdo con
la información recibida, el periodista
recibió patadas en los tobillos y
golpes de puño por parte de los
policías en el momento en que
intentaba fotografiar la actuación de
los efectivos para reprimir la
manifestación.
24. El 26 de marzo de 2003,
al menos cinco comunicadores fueron
agredidos por efectivos de la Policía
Federal Argentina frente al Congreso
de la Nación. Las agresiones se
produjeron en momentos en que el
Senado decidía si expulsaba o no al
legislador Luis Barrionuevo, del
Partido Justicialista. Carlos Alberto
Márquez y Arturo Núñez del Canal 26,
así como Javier Caudana y Guillermo
Panizza, de Telefé, fueron
golpeados. Un productor del programa
Kaos en la Ciudad, del Canal
13, denunció que la policía le había
arrojado gas paralizante en la cara.
25. El 21 de abril de 2003
efectivos de la Policía Federal
Argentina agredieron y detuvieron a
trabajadores de la prensa durante
incidentes ocurridos frente a una
fábrica textil ubicada en el centro de
la ciudad de Buenos Aires. Unas tres
mil personas se habían reunido frente
a la fábrica para reclamar contra el
desalojo de los trabajadores de la
planta. Varios periodistas que cubrían
el hecho fueron detenidos y
golpeados. Según la información
recibida, Martín Ciccioli y el
camarógrafo Alfredo Guirlanda, del
programa Informe Central del
canal América, recibieron
impactos de balas de goma. El
corresponsal de la cadena
estadounidense Telemundo,
Edgardo Esteban, iba a ser detenido
por la policía pero sus colegas
intervinieron para evitar el arresto.
El periodista Miguel Bonasso, del
diario PÁGINA/12, fue cercado
durante dos horas y media por
efectivos y un grupo de personas en
una estación de combustible cercana a
la fábrica.
26. El 14 de mayo de 2003,
Marcelo López, periodista de
América 2, y su camarógrafo,
fueron agredidos por algunos
partidarios del Expresidente y
entonces candidato a la Presidencia,
Carlos Menem frente a una casa en la
que se encontraba Menem. Parte del
equipo del canal resultó dañado. Según
la información recibida, ambos
comunicadores fueron expulsados por la
policía.
27. El 12 de agosto de
2003, en la provincia de San Luis, los
periodistas Damián Cukierkorn, Ariel
Burta, del programa 'Periodistas' de
América TV, y Mauricio Conti,
trabajador de prensa local, fueron
agredidos e intimidados por custodios
del gobernador de San Luis, Alberto
Rodríguez Saá, luego de tomar imágenes
en un establecimiento que sería
propiedad del gobernador.
Según la información recibida, los
comunicadores estaban investigando el
desvío de un río que supuestamente
había sido realizado por Rodríguez Sáa
para su beneficio. Los periodistas
fueron invitados a pasar a la
propiedad por el personal de la misma,
pero una vez dentro, se les identificó
como miembros del programa
Periodistas. Los reporteros
debieron marcharse, pero unos minutos
después, y ya fuera de la propiedad,
se percataron de que eran perseguidos
por un auto conducido por trabajadores
del Gobernador quienes los empujaron
con su auto y los obligaron a
detenerse. Los sujetos se bajaron del
auto con armas cortas, los insultaron
y sacudieron a Mauricio Conti. Luego
los dejaron marcharse.
28. El 28 de noviembre de
2003, por la madrugada la periodista
Adriana Rivero, conductora del
programa Primer Contacto en
RLV1 Radio Regional, de Las
Varillas, provincia de Córdoba, fue
avisada que su vehículo se estaba
incendiando. El informe pericial de la
Policía de Córdoba señaló que el
artefacto que provocó el incendio fue
una bomba molotov. Rivero había
recibido numerosas amenazas anónimas
telefónicas desde dos semanas antes
del atentado. La periodista relacionó
las amenazas y el atentado con
denuncias que había difundido sobre
asuntos relacionados con el gobierno
local.
Acciones judiciales
29. El 6 de marzo de 2003,
un juez federal libró un pedido de
captura internacional contra la
periodista Olga Wornat, en el marco de
una causa por calumnias e injurias
planteada por el senador Eduardo Menem
por la publicación del libro "Menem,
la vida privada". Wornat, quien reside
en México no se presentó a declarar
como imputada.[15]
30. La Corte Suprema de
Justicia confirmó en mayo de 2003, la
sentencia de primera instancia a favor
de José Luis Chilavert, en un juicio
por calumnias e injurias planteada por
el arquero paraguayo contra la
desaparecida revista Humor, en
1995. La sentencia obligaba a la
revista a resarcir 10.000 pesos por
daño moral fijados por la Sala B de la
Cámara de Apelaciones en lo Comercial.
La causa la motivó una publicación del
20 de septiembre de 1995 titulada
“Chilavert nunca dice lo que dice”.
31.
El 28 de mayo de 2003 fueron
allanadas
las oficinas del periódico
La Nación. La medida fue ordenada
por la Justicia Federal de la capital.
La empresa puso a disposición del
juzgado la documentación solicitada,
pero informó que no se le había
solicitado con anterioridad. La medida
fue criticada por algunas
organizaciones locales e
internacionales
dado que podría estar vinculada con
presiones ejercidas contra el medio.
Legislación
32. El 8 de mayo de 2003,
la Cámara de Diputados aprobó un
proyecto que desarrolla el derecho de
acceso a la información pública que
fue incorporado a la Constitución
Nacional en 1994
y que permite a los ciudadanos acceder
a datos de organismos oficiales y a
información clasificada de más de 10
años que guarda el Estado. Sin
embargo, el proyecto se demoró en la
Comisión de Asuntos Constitucionales y
Juicios Político del Senado.
En octubre, el presidente Néstor
Kirchner emitió un decreto para que
cualquier persona pudiera tener libre
acceso a la información del Gobierno o
de cualquier entidad que reciba
subsidios o aportes del Estado, salvo
en ciertos casos, como cuando la
información es reservada por
cuestiones de seguridad, de defensa
nacional o protegidas por el secreto
bancario o fiscal.
Sin perjuicio de este decreto, la
Relatoría impulsa al tratamiento en el
Senado de la respectiva ley hasta su
sanción y promulgación.
Restricciones indirectas
33. La Relatoría recibió
información relacionada con una
presunta instancia de distribución de
publicidad oficial con base en
criterios discriminatorios en una
provincia Argentina. El Sr. Rajneri,
accionista mayoritario de la Editorial
Río Negro, S.A., ubicada en la Ciudad
de General Roca, Provincia de Río
Negro, interpuso un recurso ante la
Corte Suprema de Argentina alegando
que el gobierno de la provincia de
Neuquen empleó un criterio
discriminatorio en su distribución de
la publicidad oficial al eliminar la
publicidad que venía difundiendo desde
hacía varios años en el periódico
luego de que éste publicara una
denuncia de corrupción que involucraba
a funcionarios del gobierno neuquino.
BELICE
Amenazas
34. El periodista de
investigación Melvin Flores, de
nacionalidad hondureña, se vio forzado
a abandonar el país tras recibir
varias amenazas. Flores recibió
intimidaciones telefónicas el 7 de
febrero de 2003 luego de publicar una
información sobre supuestos actos de
corrupción de funcionarios públicos
beliceños en el Semanario Amandala.
Ese mismo día, dos sujetos se
acercaron a su esposa para informarle
que deseaban sostener una reunión
privada con el periodista. Luego, se
vio a los mismos sujetos vigilando la
casa.
BOLIVIA
Amenazas y agresiones
35. El 21 de enero de 2003,
el periodista gráfico Jorge Landaeta,
del periódico Los Tiempos y el
periodista Javier Alanoca de Radio
Fides, fueron víctimas de una
agresión por parte de un policía,
cuando cubrían una manifestación.
Al día siguiente, trabajadores de la
prensa boliviana organizaron una
protesta por estas agresiones en la
Plaza Murillo, en La Paz, que fue
dispersada por la policía con golpes y
gases. Debido a la situación social,
la Plaza Murillo era considerada por
los organismos de seguridad del Estado
como un área de seguridad a la cual no
se permitía el ingreso de persona o
entidad alguna para efectuar ningún
tipo de protesta social. Días después,
cuando las organizaciones e
instituciones de trabajadores de
prensa de todo el país anunciaron una
marcha para el 31 de enero, en
protesta por la supuesta intromisión y
las presuntas presiones políticas a
los medios, oficiales del gobierno
anunciaron que se permitiría la
demostración.
36. El 12 de febrero de
2003, el camarógrafo Toribio Kanki de
UNITEL fue herido de bala en el
tobillo derecho mientras grababa los
incidentes de una manifestación
pública. Durante los mismos hechos, el
Periodista Gonzalo Rivera, del mismo
medio, fue agredido a golpes y
puntapiés por civiles. Fernando
Ormaechea, camarógrafo de
Bolivisión, fue golpeado y pateado
por civiles quienes intentaron
quitarle el equipo. Los canales
Siete y Bolivisión
interrumpieron hasta el día siguiente
las transmisiones para garantizar la
seguridad de las instalaciones y del
personal.
El 13 de febrero, el fotógrafo Juan
José Torrejón de La Prensa,
resultó herido cuando el cobertor de
una granada de gas lacrimógeno impactó
en su pierna.
37. En septiembre y octubre
de 2003, la ciudad de El Alto, de La
Paz, fue escenario de varias
manifestaciones. Según la información
recibida por la Relatoría, en el
transcurso de varias semanas, varios
periodistas que pretendían cubrir
estas demostraciones fueron objeto de
agresiones por parte de manifestantes
lo que llevó al periódico La Razón
a tomar la decisión de no cubrir más
las movilizaciones alteñas.
Las manifestaciones se intensificaron
a partir del 11 de octubre y tuvieron
como resultado más de 70 muertos y 200
heridos. En este contexto, el 15 de
octubre, la planta de transmisión de
Radio Pío XII y el Canal 13
Universitaria de Televisión,
ubicada en Oruro, al sur de La Paz,
fue objeto de un atentado con
explosivos que impidió a ambos medios
continuar con sus transmisiones. Este
hecho motivó un comunicado de la
Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión.
La Red Educación Radiofónica de
Bolivia (Red ERBOL), de la
cual Radio Pío XII forma parte,
habría recibido, con anterioridad al
atentado, varias amenazas en contra de
sus periodistas.
Ese mismo día, Eduardo pinzón,
camarógrafo de Radio Televisión
Española, fue atacado por
simpatizantes del Movimiento al
Socialismo (MAS), y Canal 36-Cadena
A de televisión y Radio
Televisión Popular también
suspendieron sus transmisiones durante
varias horas tras haber recibido
amenazas.
BRASIL
Asesinatos
40. El 23 de julio de 2003,
el reportero gráfico brasileño Luiz
Antônio da Costa, quien trabajaba para
la revista Epoca, propiedad de
Editora Globo S.A, fue
asesinado a tiros en São Bernardo do
Campo, en el Estado de San Pablo
cuando tomaba fotos de una invasión
por parte de unas siete mil personas a
un terreno de una compañía automotriz.
Según la información recibida, algunos
líderes de las familias que ingresaron
al terreno hablaban con los
periodistas cuando unos tres sujetos
llegaron y dispararon a da Costa. La
policía detuvo a tres sospechosos el
30 de julio. Uno de ellos confesó
haber matado al fotógrafo
accidentalmente cuando apuntaba a su
cámara. Según la confesión del
sospechoso, los tres sujetos
sospechaban que da Costa había tomado
fotografías durante un robo que ellos
acababan de realizar.
Acciones judiciales
41. En agosto de 2003 fue
detenido, en la ciudad de Campos en el
estado de Río de Janeiro Alvanir
Ferreira Avelino, editor del periódico
Dois Estados, de la ciudad de
Miracema, a quien se le impuso una
condena de 10 meses y 15 días de
cárcel por los delitos de difamación y
calumnia, confirmada el 3 de julio del
2001 por la Segunda Cámara Criminal
del Estado de Río de Janeiro. La
denuncia se fundamentó en dos
artículos escritos en 1998 y 1999, en
los que el periodista cuestionaba las
sentencias de un juez.
42. El 15 de
septiembre de 2003, un expolicía
militar del estado de Mato Grosso,
centro del Brasil, confesó haber
asesinado a Domingos Sávio Brandão,
propietario del diario Folha do
Estado. Además señaló que un
expolicía civil y empresario del juego
clandestino habría sido el autor
intelectual. Brandão fue asesinado el
30 de septiembre del 2002 en la ciudad
de Cuiabá. Durante los dos años
anteriores al hecho, el diario de
Brandão había publicado denuncias
sobre el crimen organizado en Mato
Grosso.
43. El 27 de septiembre de
2003, el Tribunal del Jurado de
Itabuna, en el estado de Bahia,
condenó al policía civil Mozart de
Costa Brasil a 18 años de prisión por
haber asesinado, el 14 de enero de
1998, al propietario y director del
semanario A Regiao, Manoel Leal
de Oliveira.
Thomaz Iraci Guedes, acusado de
participar en el caso, fue absuelto el
25 de septiembre. Un tercer acusado
continuaba prófugo al finalizarse este
informe.
Acceso a la información
44. En el mes de julio de
2003 se dio a conocer la decisión una
jueza federal de Brasilia, quien
ordenó al Ejército brasileño abrir sus
archivos y divulgar informaciones
sobre un grupo guerrillero que surgió
en la Amazonia durante el régimen
militar (1964-1985). La decisión fue
motivada por una solicitud presentada
por los familiares de 22 guerrilleros
considerados como desaparecidos. Se
determinó que los solicitantes tienen
derecho a conocer el lugar donde
fueron sepultados sus familiares y
recibir los respectivos certificados
de defunción.
CANADÁ
Acciones positivas
45. El 24 de junio de 2003,
una Corte Superior de Justicia
desestimó una demanda de libelo por
$2.700 millones, planteada por la
Asociación de Policía de Toronto en
contra del Toronto Star Daily
Newspapers Ltd. La demanda fue
motivada por una serie de reportajes
publicada en el Toronto Star en
la que se hacía referencia a
diferencias en el trato que la policía
daba a los afrodescendientes, y que
fue elaborada con base en datos de la
policía.
CHILE
Agresiones
46. El 3 de septiembre de
2003, Domingo Kokisch, ministro de la
Corte Suprema, citó a su despacho a la
periodista Ximena Marré y al editor
Mario Ovalle, ambos del periódico
El Mercurio, para aclarar una
información publicada en ese medio
sobre un caso de robo de información
financiera clasificada. Durante esa
reunión, Kokisch habló con los
periodistas en tono agresivo y
preguntó a la periodista Marré quiénes
habían sido sus fuentes de información
para dicha nota. La periodista se negó
a responder y el magistrado procedió a
expulsarlos de su despacho. A la
salida, Kokisch empujó a Ovalle y le
lanzó una bofetada que el editor
esquivó. Días después, Kokisch
manifestó lamentar los hechos en
cuestión y en reunión sostenida con el
director responsable de El Mercurio,
Juan Pablo Illanes, expresó en forma
personal sus disculpas por el
incidente. El 9 de septiembre de 2003,
el director del periódico La Nación,
Alberto Luengo, reveló que el 7 de
enero de 2003, Luis Narváez,
periodista de La Nación Domingo,
fue golpeado y amenazado por Kokisch
por haberle preguntado acerca del
análisis que la Corte Suprema estaba
realizando sobre el desafuero de
cuatro diputados de la Concertación,
supuestamente vinculados a un caso de
corrupción. Narvaéz dijo que no
denunció el hecho en su oportunidad
por suponer que, ante la falta de
testigos, nadie daría crédito a su
testimonio.
Acciones Judiciales
47. El 13 de enero de 2003,
la Segunda Sala de la Corte de
Apelaciones de Santiago confirmó la
incautación de todos los ejemplares de
la biografía no autorizada Cecilia,
la vida en llamas, del periodista
Cristóbal Peña. La decisión confirmó
así la resolución dictada el 2 de
diciembre del 2002 por la jueza
suplente del Primer Juzgado del Crimen
de la capital chilena, Sandra Rojas,
quien en el marco de un proceso por
injurias dictó la orden de retirar
todos los ejemplares de la biografía
de las bodegas de Editorial Planeta y
de los puntos de venta.
A finales de mayo de 2003, el Primer
Juzgado del Crimen levantó la orden de
incautación y cerró el caso, después
de que los representantes de Peña
solicitaran al tribunal que decretara
el abandono del proceso por parte de
la querellante.
48. El 23 de julio de 2003,
un panel de jueces de la Corte de
Apelaciones de Santiago, ordenó a
Televisión Nacional de Chile (TVN)
que no transmitiera un episodio de la
serie documental Enigma
programado para exhibirse ese mismo
día. El programa investigaba y
recreaba las circunstancias en torno
del asesinato del abogado Patricio
Torres Reyes, quien fue asesinado a
puñaladas y quemado por dos
prostitutas luego de un encuentro
sexual en su oficina, el 17 de
diciembre de 1999. La viuda de Torres
presentó un recurso de protección ante
la Corte de Apelaciones de Santiago
para prohibir el programa,
argumentando que violaba su derecho
constitucional a la honra, y el de sus
hijos.
Este hecho motivó un comunicado del
Relator para la Libertad de Expresión
del 29 de julio.
El 1 de octubre, la quinta sala de la
Corte de Apelaciones rechazó el
recurso de protección y levantó la
censura del programa.
49. El 16 de abril de 2003,
la Sexta Sala de la Corte de
Apelaciones de Santiago dio a conocer
su rechazo de dos recursos de
protección presentados contra la obra
teatral Prat. El objetivo de
los recursos era prohibir la
presentación de la obra. La Sexta Sala
argumentó que, de acogerlos, incurrían
en un mecanismo de censura previa
prohibido expresamente por la
Constitución y por la Convención
Americana de Derechos Humanos.
50. El 31 de enero de 2003,
fue condenado el empresario y
panelista de televisión Eduardo Yáñez
en primera instancia, por el delito de
desacato contra la Corte Suprema. El
juez fijó una pena de 61 días de
reclusión y una multa de 11 Unidades
Tributarias Mensuales (equivalente a
321.673 pesos o a unos US $460). Yáñez
apeló la sentencia a la Corte de
Apelaciones de Santiago, la cual lo
absolvió el 2 de abril de 2003.
51. En octubre de 2003, una
jueza del Segundo Juzgado del Crimen
de Santiago decidió someter a proceso
al director del diario La Nación,
Alberto Luengo, y a la periodista
Jazmín Jalilie, a raíz de una
publicación en la que se informaba
sobre supuestos problemas judiciales
entre el futbolista Marcel Salas y su
ex suegro Patricio Messen. Los
periodistas fueron acusados por el
delito de calumnia en perjuicio del
señor Messen.
Legislación
52. En su Informe Anual de
2002, el Relator señaló su
complacencia sobre la existencia de
dos proyectos de ley dirigidos a la
derogación de las leyes de desacato.
Particularmente, el 26 de agosto del
2002, el Presidente Lagos envió al
Congreso, con carácter urgente, el
Proyecto de Ley Presidencial 212-347,
que eliminaría todas las restantes
leyes de desacato de la legislación
chilena.
53. El 6 de marzo de 2003,
en una misiva dirigida a la Ministra
de Relaciones Exteriores de Chile,
Soledad Alvear, el Relator le
manifestó su preocupación por
declaraciones del Presidente Ricardo
Lagos sobre su intención de eliminar
el carácter de “urgencia simple” al
proyecto de ley. El Estado respondió a
la inquietud del Relator, por medio de
su misión permanente ante la OEA, el
25 de marzo. En su respuesta, el
Estado señaló que el plazo de vigencia
había expirado en enero de 2003. No
obstante, aseguró que el Ministerio
Secretaría General de Gobierno de
Chile gestionaría la inclusión del
proyecto sobre desacato entre las
iniciativas con carácter de urgente
que despacharía para trámite
parlamentario.
54.
El Relator considera que, si
bien el proyecto ha tardado más de un
año y medio sin aprobarse en
definitiva desde su presentación, es
sumamente auspicioso el que el 9 de
diciembre de 2003, la Cámara de
Diputados de Chile aprobara con
amplísima mayoría el proyecto de ley
que derogaría el desacato de los
códigos Penal y de Justicia Militar.
Al finalizarse el presente informe, la
propuesta había sido trasladada al
Senado, donde debe cumplir su segundo
trámite constitucional.
55.
A pesar de los pasos tendientes
a la derogación de las leyes de
desacato, la Relatoría recibió
información sobre la existencia de
otro proyecto relacionado con la
protección del honor y la privacidad
de las personas. La Relatoría hace un
llamado a los diputados para que tomen
en consideración los estándares
internacionales y la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión
durante la discusión del proyecto, de
manera que sea compatible con el
ejercicio pleno y desinhibido de la
libertad de expresión.
COLOMBIA
Asesinatos
56. El asesinato de
comunicadores sociales es la manera
más brutal de silenciar la crítica y
de atentar no solo contra la vida,
sino también contra la libertad de
expresión. Durante el año, la
Relatoría para la Libertad de
Expresión recibió información sobre
diez muertes violentas de periodistas
en Colombia. En el presente informe no
se incluyen todos, no porque no fueran
relevantes, sino porque en algunos
casos hubo detalles que no fue posible
confirmar o esclarecer al concluirse
el informe. Por esta razón y tomando
en cuenta el complejo contexto del
conflicto en Colombia, se mencionan
aquellos casos en los que, de acuerdo
con la información recibida, la muerte
de los comunicadores muestra una clara
relación con su ejercicio de la
libertad de expresión. No obstante, la
Relatoría espera que los detalles de
todas las muertes sean investigados, y
que se logre identificar y sancionar a
los responsables tal y como recordó el
Relator al Estado colombiano en dos
comunicados: uno de ellos, el 18 de
marzo y el otro, el 1 de mayo.
57. El 18 de marzo de 2003,
en el departamento de Arauca, el
periodista Luis Eduardo Alfonso Parada
fue asesinado por desconocidos que se
movilizaban en una motocicleta,
quienes le dispararon tres veces
cuando esperaba que el celador le
abriera la puerta de la emisora
Meridiano 70, para la que
trabajaba. Alfonso Parada había
trabajado durante diez años en Arauca
y al momento del asesinato se
desempeñaba como corresponsal de El
Tiempo y como codirector del
noticiario Actualidad Informativa
de Meridiano 70. Alfonso
Parada se caracterizaba por hacer
denuncias de corrupción, reportar
sobre el conflicto armado y realizar
comentarios en los que cuestionaba la
gestión administrativa, razón por la
cual había recibido amenazas. El
periodista se había acogido al
Programa de Protección de Periodistas
del Ministerio del Interior.
En junio, en Arauca, fueron detenidos
tres sospechosos por la muerte de
Alfonso Parada.
58. En la mañana del 7 de
abril de 2003, el cadáver de
José
Emeterio Rivas fue hallado,
junto al de un estudiante, a un
costado de la vía que conduce a
Barrancabermeja, departamento de
Santander.
Rivas
trabajaba como gerente técnico de la
emisora comunitaria Calor Estéreo
91.2 e igualmente se desempeñaba
como director del programa Las
Fuerzas Vivas. Días antes de su
muerte, Rivas había denunciado un
atentado en su contra. El periodista
había sido objeto de amenazas, por lo
que se había acogido al programa de
protección a periodistas del
Ministerio del Interior y de Justicia
en enero de 2001 y se le había
asignado un escolta. Sin embargo, en
la semana de su muerte, Rivas
prescindió de la seguridad.
El 11 de
julio, fueron detenidos tres
funcionarios de la alcaldía de
Barrancabermeja: Juan Pablo Ariza,
Fabio Pajón Lizcano y Abelardo Rueda
Tobón. También se
dictó un auto de detención contra el
alcalde de Barrancabermeja, Julio
César Ardila Torres, por su presunta
participación en el asesinato.
El 17 de septiembre, Ardila Torres se
puso a disposición del Fiscal General
de Colombia, Luis Camilo Osorio. La
Fiscalía General de Colombia dictó el
24 de septiembre una orden de
detención sin fianza contra Ardila,
por su presunta participación en el
asesinato de cinco personas, entre
ellas, Rivas.
El alcalde alegó su inocencia.
59. Durante la noche del 28
de abril de 2003, en la ciudad de
Neiva, en el departamento de Huila, el
periodista Guillermo Bravo Vega, fue
asesinado por un sicario que ingresó a
su casa y le propinó tres impactos de
bala. El periodista era conocido por
su trabajo en el campo económico y
político y había obtenido varios
premios periodísticos. Bravo había
denunciado actos de corrupción en la
administración municipal. Bravo había
sido objeto de amenazas anteriormente.
Al momento del crimen, trabajaba en
forma independiente en el programa
Hechos y Cifras y era columnista
del periódico Tribuna del Sur.
60. El 29 de abril de 2003
por la mañana, el periodista Jaime
Rengifo Revero fue asesinado en la
ciudad de Maicao, Guajira, al norte de
Colombia. Según la información
recibida, un sujeto le propinó cinco
disparos en el Hotel Venecia, donde el
periodista vivía desde hacía tres años
y donde el asesino se había hospedado
una noche antes con el nombre de Luis
Alfredo Gómez. Rengifo era propietario
de la empresa Casa Editorial El
Guajiro, que dirigía el periódico
El Guajiro y producía el programa
radiofónico Periodistas en acción,
que se transmitía por radio
Olímpica.
En su radio revista, el periodista
denunciaba la delincuencia de Maicao.
Rengifo había recibido amenazas con
anterioridad.
Secuestros
61. El 18 de enero de 2003,
en la zona limítrofe con Panamá,
fueron secuestrados, por las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
el periodista estadounidense Robert
Pelton, quien realizaba un trabajo
para National Geographic Adventure, y
sus dos compañeros estadounidenses
Mark Wedeven y Megan Smaker.
El 23 de enero fueron
liberados en la zona de Chocó, al Sur
de la frontera panameña.
62. El 21 de enero de 2003,
el reportero gráfico estadounidense
Scott Dalton, la periodista británica
Ruth Morris y el chofer Madiel Ariza,
fueron secuestrados. Los comunicadores
realizaban un reportaje para el
periódico Los Angeles Times
sobre la situación de orden público en
el departamento de Arauca, en el Este
de Colombia. Ariza fue liberado al día
siguiente. El Ejército de Liberación
Nacional (ELN) se atribuyó el
secuestro.
Los dos reporteros fueron liberados
luego de 11 días de cautiverio.
63. El 26 de enero de 2003,
fueron secuestrados el periodista
Ramón Eduardo Martínez, el camarógrafo
Duarley Rafael Guerrero y los técnicos
Mauricio Vega y Rubén Darío Peñuela,
de RCN televisión, y el
fotógrafo independiente Carlos Julio
García, cuando viajaban hacia Pueblo
Nuevo, en el departamento de Arauca.
Los comunicadores se dirigían a cubrir
la posible liberación de Scott Dalton
y Ruth Morris. El secuestro se
atribuyó a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Durante el cautiverio fueron
amenazados con frases que les
advertían que tendrían que retirarse
de la profesión “si seguían con medios
del gobierno”. Los aparatos de
comunicación, las cámaras y el
vehículo les fueron robados. Los
comunicadores fueron liberados el 28
de enero.
64. El 12 de marzo de 2003,
fue tomado como rehén Pedro Antonio
Cárdenas, director de Noticias RCN
Radio en el municipio de Honda,
en el departamento de Tolima, por
presuntos integrantes de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cárdenas
fue secuestrado de su casa, en Tolima.
Cuando era trasladado en un vehículo,
éste fue interceptado por la policía,
que logró liberar al comunicador y
capturar a varios de los responsables.
Días antes del secuestro, Cárdenas
había denunciado supuestos lazos entre
los miembros del concejo municipal y
las AUC. Cárdenas había recibido
amenazas el 2 de marzo por criticar a
líderes municipales. El
periodista salió del país en abril.
65. El 18 de
agosto de 2003, fue secuestrado un
equipo periodístico de El Tiempo
conformado por la periodista Jineth
Bedoya y el fotógrafo John Vizcaíno,
en la población de Puerto Alvira en el
departamento del Meta. El secuestro
fue atribuido a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los comunicadores intentaban indagar
sobre la suerte de 70 familias
desaparecidas. Fueron liberados cinco
días después.
Agresiones y amenazas
66. Durante el año, la
Relatoría recibió información sobre
las recurrentes amenazas de que han
sido objeto comunicadores y medios
colombianos en el marco del conflicto
armado. Preocupa al Relator
particularmente la situación de la
región de Arauca, que durante el mes
de marzo de 2003 vio huir a casi todos
los comunicadores que trabajaban en la
zona debido a las amenazas de los
distintos grupos armados, quienes les
exigieron marcharse en 48 horas y no
regresar. Esto sucedió luego de que
el 28 de marzo de 2003, el periodista
Rodrigo Ávila, corresponsal de
Radio Caracol, recibiera de parte
de un desertor de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) dos
listas con los nombres de 16
comunicadores. Una de las listas
procedía de las FARC y la otra se
atribuyó a los paramilitares de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
con la orden de que él y los otros
quince periodistas abandonaran la
ciudad o serían asesinados. En la
segunda “lista negra” se incluían los
nombres de Efraín Varela y Luis
Eduardo Alfonso, asesinados en junio
de 2002 y marzo de 2003
respectivamente. Trece periodistas
regresaron cuatro meses después, bajo
estrictas medidas de seguridad.
67. Los periodistas
amenazados son: Luiz Gedez de la
emisora Voz del Cinaruco;
Liz Neira Roncancio y Hernán Morales
del Canal 4; Angel María León y
Narda Guerrero de Radio DIC,
Jineth Pinilla de Colombia Stereo;
José Antonio Hurtado, Jefe de Prensa
de la Gobernación; Henry Colmenares,
director del periódico Nueva
Frontera; Rodrigo Ávila,
corresponsal del Canal Caracol;
Carlos Pérez, corresponsal del canal
RCN, Miguel Ángel Rojas, de
Meridiano 70; Emiro Goyeneche de
Saravena Stereo; Carlos Baez de
88.9 Tame; Soraida Ariza,
corresponsal de Cinaruco;
William Reyes, diputado de Arauca y
Álvaro Baez, quien en ese momento se
encontraba fuera del país.
Algunos de los periodistas habían
recibido amenazas con anterioridad.
68. Las amenazas a los
periodistas de Arauca fueron motivo de
profunda preocupación para la
Relatoría por el obvio peligro para la
vida y la integridad física de los
comunicadores y porque estas amenazas
y el éxodo de comunicadores,
constituyeron evidentes restricciones
a la libertad de expresión de la
sociedad.
69. El 6 de mayo de 2003,
en el departamento de Meta, dos
sujetos dispararon tres veces contra
el director y propietario de
Noticias Ya de la emisora Calor
Estéreo y corresponsal de
Noticias Uno, José Iván Aguilar.
El periodista sobrevivió al atentado
con tan solo una herida superficial en
el tórax. Al día siguiente, el
periodista huyó hacia Bogotá con su
esposa y sus tres hijos. Aguilar no
había sido amenazado previamente.
70. En Neiva, el
comunicador Diógenes Cadena, conocido
como Albatros Moro, se vio
forzado a salir de Huila luego de
recibir amenazas contra su vida.
Cadena trabajaba para la emisora
Huila Estéreo. El 29 de abril de
2003, un día después de que su colega
Guillermo Bravo Vega fuera asesinado,
Cadena recibió una llamada telefónica
anónima en la que se le advertía que
tenía tres días para marcharse de
Neiva. El 3 de mayo, recibió otra
llamada en su casa en la que se le
amenazó: “Tiempo cumplido, tres días.
Eres finado”.
Cadena salió de la ciudad. El
periodista dirigía el programa
Hechos y cifras y con frecuencia
acusó a funcionarios departamentales y
municipales por el supuesto malmanejo
de fondos públicos.
71. El periodista Adonai
Cárdenas, corresponsal del diario
El País de Cali, en Buenaventura,
al occidente de Colombia, fue víctima
de amenazas después de que el 2 de
abril de 2003 publicara un artículo
sobre la situación en esa ciudad desde
la llegada de las AUC a la región y la
relación de este grupo con grupos de
delincuencia común del puerto.
Cárdenas también dirige el programa
Buenos días Buenaventura de la
emisora local Radio Buenaventura
y escribe una columna en el diario
local Marea viva. Desde el año
2000, Cárdenas había recibido amenazas
recurrentes.
72. El 23 de septiembre de
2003, guerrilleros de las FARC
dinamitaron la antena repetidora de
Inravisión en el páramo de Las
Domínguez, en los límites entre El
Cerrito y Palmira (Valle). La
estructura, de 170 metros de altura,
cayó sobre la caseta en donde estaban
los equipos de transmisión del canal
regional Telepacífico, lo que
originó la suspensión total de su
transmisión. También se afectó la
emisión de los canales Uno,
A y Señal Colombia. El
atentado provocó que buena parte de
Valle, Cauca, Nariño y Chocó
permaneciera sin televisón pública por
varios días. El ataque produjo daños
por unos cinco millones de dólares.
73. El periodista Pedro
Javier Galvis, del semanario La
Noticia, de Barrancabermeja, fue
amenazado el 15 de octubre de 2003
cuando dos sujetos en moto lo
abordaron en una calle céntrica.
Los sujetos le dijeron que tenía una
semana para marcharse de la ciudad,
por lo que salió de inmediato.
74. El 24 de octubre de
2003, el noticiario Noticolombia
del canal local de cable CNC de
la ciudad de Popayán, al Sur del país,
recibió un sobre dirigido a los
periodistas del informativo que
contenía una amenaza. El mensaje
exaltaba a un candidato a la vez que
instaba a la muerte de sus enemigos.
El 23 de octubre, el noticiario había
emitido una noticia sobre el uso
indebido del fax de una corporación
pública para hacer propaganda política
a favor de uno de los candidatos a la
alcaldía.
75. La periodista Yaneth
Montoya Martínez, corresponsal del
diario Vanguardia Liberal en
Barrancabermeja, departamento de
Santander al nororiente del país, fue
amenazada el 22 de octubre de 2003. La
Defensoría del Pueblo recibió una
llamada anónima en la que advertían
que la periodista Montoya estaba
incluida en una lista de personas que
las autodefensas (AUC) iban a
asesinar. El 24 de octubre la
periodista recibió una nueva amenaza
en su casa”.
A raíz de las amenazas de muerte, en
diciembre la periodista abandonó
Barrancabermeja.
COSTA RICA
Investigación sobre el Asesinato de
Parmenio Medina Pérez
76. El Ministerio Público
continuó con la investigación del
asesinato del director del programa
radiofónico La Patada, Parmenio
Medina Pérez, ocurrido el 7 de julio
del 2001. Entre diciembre del 2002 y
enero de 2003 se levantaron cargos
contra Luis Aguirre Jaime, supuesto
autor material del crimen; Andrés
Chaves Matarrita, de quien se sospecha
haber colaborado con los homicidas y
John Gutiérrez Ramírez, presunto
mediador entre los autores materiales
y los supuestos autores intelectuales.
Otro supuesto autor material habría
sido César Murillo, quien falleció el
17 de mayo del 2002 durante un
enfrentamiento con los policías que
atendieron el asalto a un banco.
El 26 de diciembre de 2003, la
Fiscalía detuvo al empresario Omar
Luis Chaves. En la madrugada del día
siguiente también se apresó al
sacerdote católico Mínor Calvo. La
Fiscalía investiga a Calvo y Chaves
como sospechosos de ser los autores
intelectuales del asesinato de Medina.
El 28 de diciembre un juez penal les
dictó una orden de prisión preventiva
por seis meses.
Acciones Judiciales
77. El 17 de junio de
2003, Karla Herera Masís, codirectora
del noticiario Telenorte, que
se transmite en la Zona Norte del
país, fue absuelta en un juicio por
difamación. La demanda, se planteó a
raíz de una serie de reportajes
difundidos entre el 27 de mayo y el 1°
de junio de 2003 relacionados con los
manejos irregulares en un proyecto de
vivienda social.
Legislación
78. La Relatoría ha
recibido información constante sobre
la tramitación en distintas comisiones
y en el plenario de la Asamblea
Legislativa de diversos proyectos
relacionados con la libertad de
expresión y el acceso a la
información. Particularmente, ha sido
informado sobre un Proyecto de
Libertad de Expresión y Prensa
-que pretende modificar algunos
aspectos de la legislación vigente
sobre delitos contra el honor, e
incluir el secreto profesional-, así
como del proyecto de reforma general
al Código Penal.
Acceso a la información
79. La Relatoría recibió
información sobre varios avances
jurisprudenciales en materia de acceso
a la información.
80. El 4 de marzo de 2003,
la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia exigió a la Caja
Costarricense del Seguro Social
entregar una base de datos con
información sobre pensiones al
periódico La Nación.
81. El 2 de mayo de 2003,
el mismo tribunal constitucional,
mediante el voto 2003-03489, dispuso
que las cuentas bancarias de personas
jurídicas privadas, cuando han
recibido transferencias de
aportaciones a las campañas de
partidos políticos, no están cubiertas
por el secreto bancario pues en ese
caso la información sobre las cuentas
deja de ser privada y se tornaría de
interés público.
82. El 1 de octubre de
2003, la Sala Constitucional resolvió
que el Banco Hipotecario de la
Vivienda debía entregar al periódico
La Nación, una base de datos
con la información sobre las personas
que habían recibido subsidios para la
construcción de viviendas de interés
social.
CUBA
83. Durante el año 2003, la
situación de la libertad de expresión
en Cuba experimentó un profundo
deterioro a raíz de la represión de
las voces disidentes por parte del
gobierno de Fidel Castro.
84. La Relatoría ha
expresado, de manera recurrente, en
sus informes y comunicados, su
preocupación por la violación
sistemática de la libertad de
expresión por la falta de una
democracia pluralista en el país.
85. Las autoridades cubanas
siguen utilizando las prácticas de
intimidación y hostigamiento dirigidas
contra los periodistas independientes
para acallar las críticas al gobierno.
El año 2003 dista mucho de ser una
excepción. Por el contrario, las
prácticas represivas por parte del
gobierno mostraron un despliegue mayor
al de otros años.
Detenciones
86. En marzo de 2003, se
dio una ola de detenciones en Cuba de
personas que habían expresado su
oposición a las políticas del gobierno
de la Isla, en particular en lo
relacionado con el derecho a la
libertad de expresión y el respeto a
los derechos humanos.
87. Unos 80 disidentes
cubanos fueron sentenciados, en
procesos sumarísimos, a penas de
prisión por períodos de 6 a 28 años.
Estas sentencias se dictaron bajo la
Ley de Protección de la Independencia
Nacional y Economía de Cuba y la Ley
de Reafirmación de la Dignidad y
Soberanía Cubanas.
Algunas de las condenas fueron
confirmadas en apelación en junio, por
el Tribunal Supremo Popular.[84]
88. El 18 de marzo de 2003,
la Seguridad del Estado allanó las
viviendas y requisó material y equipo
de periodistas independientes en La
Habana.
Ese mismo día, el gobierno anunció la
detención de al menos doce periodistas
que trabajaban para agencias de prensa
no reconocidas por las autoridades y a
quienes el gobierno señalaba como
"traidores" y "empleados a sueldo" de
James Cason, el Jefe de la Oficina de
Intereses de Estados Unidos en La
Habana.
89. Esa semana se detuvo a
28 periodistas entre los que figuran:
Jorge
Olivera, Ricardo González Alfonso,
Raúl Rivero, José Luis García Paneque,
Omar Rodríguez Saludes, Pedro
Argüelles Morán, Edel José García,
José Gabriel Ramón Castillo, Julio
César Gálvez, Víctor Rolando Arroyo,
Manuel Vázquez Portal, Héctor Maseda,
Oscar Espinosa Chepe, Adolfo Fernández
Saínz, Mario Enrique Mayo, Fabio
Prieto Llorente, Pablo Pacheco,
Normando Hernández, Carmelo Díaz
Fernández, Miguel Galván, Léster Luis
González Pentón, Alejandro González
Raga, Juan Carlos Herrera, José Ubaldo
Izquierdo, Mijaíl Barzaga Lugo, Omar
Ruiz, Iván Hernández Carrillo y
Alfredo Pulido.
90. Entre el 3 y 4 de abril
de 2003 se realizaron los procesos
contra los periodistas que duraron un
día y se efectuaron a puerta cerrada.
El 7 de abril se les dictó penas de
cárcel que oscilaban entre los 14 y
los 27 años. Según información
recibida por la Relatoría, en varios
de los procesos los abogados de la
defensa no tuvieron acceso a los
defendidos o sólo tuvieron unas horas
para preparar los casos.
91. La Relatoría condenó
estos hechos en dos comunicados: uno
del 20 de marzo de 2003
y otro del 4 de abril de 2003.
Esta situación llevó, además, al
Relator para la Libertad de Expresión
de la Organización de Estados
Americanos, Eduardo Bertoni, y al
Relator Especial sobre Libertad de
Opinión y Expresión de las Naciones
Unidas, Ambeyi Ligabo, a manifestar su
preocupación en un comunicado conjunto
dado a conocer el 3 de mayo de 2003,
en Kingston, Jamaica, con ocasión del
Día Mundial de la Libertad de Prensa.
92. La salud de algunos de
los periodistas detenidos, así como
las condiciones en que se les recluyó,
provocó preocupación a distintas
organizaciones internacionales. Según
la información recibida, algunos
familiares tuvieron problemas para
visitar a los detenidos, quienes en
algunos casos se encuentran en ámbitos
de máxima seguridad.
El 26 de abril la seguridad del Estado
informó a una docena de familias de
los periodistas detenidos que sus
familiares iban a ser trasladados a
cárceles de provincia, en algunos
casos, situadas a más de 900
kilómetros de la capital. Las familias
reclamaron las dificultades existentes
para desplazarse por la isla.
93. Algunos de los
periodistas organizaron huelgas para
protestar por su detención. En agosto,
Manuel Vázquez Portal, Juan Carlos
Herrera Acosta y Normando Hernández
González internados en la cárcel de
Boniatico
se declararon en huelga de hambre. Lo
mismo hicieron
Mario
Enrique Mayo, Adolfo Fernández Sainz e
Iván Hernández Carrillo, internados en
la cárcel de la ciudad de Holguín.
En octubre,
Fernández Sainz y Mario Enrique Mayo
volvieron a iniciar una huelga de
hambre. Esta vez también se les
unieron los disidentes Antonio Díaz
Sánchez, Alfredo Domínguez Batista,
Angel Moya Acosta y Arnaldo Ramos
Lauzurique internados todos ellos en
el centro penitenciario de Holguín.
94. El lunes 10 de febrero
de 2003 el periodista e investigador
argentino Fernando Ruiz Parra
-profesor de la Universidad Austral-
fue detenido e incomunicado cuando iba
camino a la localidad de Matanzas para
entrevistar a un reportero disidente
mientras realizaba una investigación
periodística sobre el crecimiento del
periodismo independiente en la isla.
Había ingresado al país el 3 de
febrero con visa de turista. Fue
liberado el 12 de febrero.
95. Desde el 4 de marzo de
2002, el periodista independiente
Carlos Brizuela Yera, de 29 años, fue
encarcelado en la prisión provincial
de Holguín. En marzo, las autoridades
aún no habían fijado fecha para el
juicio. El periodista informó al
Noticiero Cubanet que fue
golpeado, ofendido y amenazado.
96. El 4 de mayo de 2003,
Bernard Briançon, responsable de la
productora privada francesa Mediasens,
fue retenido en el aeropuerto
internacional de La Habana, cuando
pasaba la aduana. Conducido a una sala
situada en el subsuelo del aeropuerto,
le registraron el equipaje. Le
incautaron ocho cintas de vídeo que
contenían entrevistas con disidentes.
Las autoridades de la aduana no le
dieron ninguna explicación, y le
hicieron firmar al periodista un "acta
de retención y rectificación".
97. El 30 de octubre de
2003 fue detenida durante dos horas la
periodista independiente Claudia
Márquez Linares, vicepresidenta de la
revista De Cuba.
ECUADOR
100. Durante el año, la
Relatoría recibió información sobre
relaciones tensas entre la Presidencia
del Ecuador y la prensa. La Relatoría
entiende que la relación entre la
prensa independiente y quienes ejercen
la función pública supone, en
determinadas ocasiones, un buen grado
de discrepancia. La Relatoría también
entiende los esfuerzos de los
funcionarios de responder a las
críticas. Sin embargo, preocupa a la
Relatoría el que, en varias ocasiones
durante el presente año, se recibiera
información sobre anuncios del
Presidente en relación con intenciones
de emprender reformas legales o
invocar legislación que podría limitar
la libertad de expresión. La Relatoría
valora positivamente el que, en todos
los casos, el Estado haya desistido de
emprenderlos.
Agresiones y amenazas
101. El 21 de septiembre de
2003, se hizo llegar al diario El
Comercio, una condolencia, a
manera de parte mortuorio en la que se
anunciaba el fallecimiento de Kintto
Lucas- del periódico alternativo
Tintají-, de Pablo Dávalos- analista
de varias radios y periódicos-, de
Marlon Carrión, Marlene Toro y
Mauricio Ortiz- periodistas de la
agencia alternativa de prensa
Pachacámac. La nota de
condolencia estaba suscrita por
Fernando María Buendía, uno de los
nombres usados en anteriores amenazas
atribuidas al grupo clandestino
Legión Blanca.
El texto del parte no llegó a
publicarse, pero el diario informó a
los comunicadores de la amenaza. Según
la información recibida, Kintto Lucas
había recibido amenazas previamente.
Acciones judiciales
102. El 29 de mayo de 2003,
el Exministro de Salud del Ecuador,
Rodrigo Fierro y articulista del
diario El Comercio, escribió
un artículo titulado Febres Cordero
en su sitio, en el cual criticaba
al Expresidente de la República y
diputado socialcristiano, León Febres
Cordero, por su presunta injerencia
político partidista en la función
judicial y lo señalaba como uno de los
causantes de una quiebra bancaria de
Ecuador. Posteriormente, Febres
Cordero presentó una querella por
injurias calumniosas y no calumniosas
graves contra Fierro. El 19 de
septiembre, el juez Luis Mora
sentenció al articulista a seis meses
de prisión por injurias calumniosas.
El 22 de septiembre de 2003, Fierro
presentó un recurso de apelación cuya
audiencia se celebró el 28 de
noviembre. Al finalizarse este
informe, el recurso no se había
resuelto. A pedido de Fierro, la Corte
Suprema decidió investigar las
actuaciones del juez Mora, de quien
Fierro cuestionó su imparcialidad
dadas sus vinculaciones al Partido
Socialcristiano. Los cuatro
magistrados que debían estudiar las
supuestas irregularidades cometidas
por el Juez, determinaron que Mora no
cometió ilegalidad en el proceso.
Según el informe de dichos
magistrados, Mora actuó en el juicio
por disposición del Consejo Nacional
de la Judicatura, cuyas autoridades le
encargaron los procesos del Juzgado
Tercero en lo Penal.
Acceso a la información
103. En enero de 2003, la
Relatoría recibió información sobre
quejas de trabajadores de los medios
de comunicación que cubrían la
Presidencia de la República quienes
tuvieron dificultades para acceder a
determinada información y a ciertos
funcionarios gubernamentales. Entre
otros problemas, les fue difícil
conocer con la debida anticipación la
agenda de actividades diarias del
Presidente Lucio Gutiérrez y obtener
información relacionada con los
decretos firmados por éste y los
nombramientos de los diversos
funcionarios gubernamentales.
Durante ese mismo
mes, la secretaría de Comunicación de
la Presidencia tomó las primeras
decisiones con miras a la agilización
de la entrega de información oficial
sobre las actividades del Ejecutivo.
ESTADOS UNIDOS
Acciones judiciales
104.
El 10 de octubre de 2003, el
Juez Thomas Penfield Jackson, del
Tribunal Federal de Distrito del
Distrito de Columbia, ordenó a los
periodistas Jeff Gerth y James Risen (New
York Times), Robert Drogin (Los
Angeles Times), H. Josef Hebert
(The Associated Press) y Pierre
Thomas (CNN, ahora trasladado a
ABC) que revelaran las fuentes
confidenciales que utilizaron para
escribir sus artículos sobre el Dr.
Wen Ho Lee, ex científico del
laboratorio de armamentos de Los
Alamos, New Mexico. El juez también
ordenó que los periodistas entregaran
a los abogados del Dr. Lee notas y
demás material que habían recopilado
cuando prepararon los artículos,
dictaminando que las protecciones de
la Primera Enmienda para periodistas
contra intervención del gobierno
habían sido contrarrestadas en este
caso por la necesidad de que los
abogados del Dr. Lee aportaran pruebas
de las filtraciones gubernamentales.
Al momento de redactarse este
documento, The New York Times y
Associated Press se disponían a
apelar y otros medios noticiosos
estaban estudiando la decisión del
juez.
El Relator Especial subraya el
Principio 8 de la Declaración de
Principios sobre la Libertad de
Expresión, que establece que “todo
comunicador social tiene derecho a la
reserva de sus fuentes de información,
apuntes y archivos personales y
profesionales.”
105.
El 27 de mayo de 2003, la Corte
Suprema de Estados Unidos desestimó un
pedido de revisión de la decisión del
Tercer Tribunal de Apelaciones de
Circuito en el caso de North Jersey
Media Group, Inc. c. Ashcroft.
El Tercer Tribunal de Circuito había
dictaminado que no existía un derecho
constitucional de acceso público a las
audiencias de deportación. Este
dictamen contradecía el dictamen
impartido por el Tribunal de
Apelaciones del Sexto Circuito en el
caso similar de Detroit Free Press
c. Ashcroft, en el que el tribunal
concluyó que existía en efecto un
derecho. La Corte Suprema no reveló
las razones de la desestimación del
pedido de revisión.
106.
En junio de 2003, la Corte de
Apelaciones de Estados Unidos para el
Distrito de Columbia dictaminó en el
caso del Center for National
Security Studies c. Departamento de
Justicia,
en el que concluyó que el gobierno
puede retener, por razones de
seguridad nacional, información sobre
más de 1.100 extranjeros detenidos
desde el 11 de septiembre.
La decisión revocaba en parte una
decisión de una instancia inferior por
la que se ordenaba la divulgación
pública de parte de la información
solicitada. Actualmente está
pendiente ante la Suprema Corte un
pedido de revisión.
Legislación
107.
En junio de 2003, la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC por sus
siglas en inglés) aprobó varias
reformas a su normativa, incluyendo
una flexibilización de las normas que
rigen la propiedad cruzada de
periódicos y estaciones de televisión
o radio en la misma ciudad, una
flexibilización de los límites
nacionales a la propiedad de
televisión, y una flexibilización de
las normas que rigen la múltiple
propiedad de estaciones de TV locales.
Muchos funcionarios públicos, grupos
de la sociedad civil y particulares de
la sociedad civil, han expresado su
preocupación por estas modificaciones,
pues consideran que fomentarán la
concentración de la propiedad de los
medios de comunicación y reducirán la
diversidad de opiniones que se
expresan en los mismos. Una coalición
de grupos de control de los medios de
comunicación inició una acción ante un
tribunal federal impugnando las normas
y el 3 de septiembre, el día previo al
fijado para la entrada en vigor de las
normas, el tribunal de Apelaciones del
Tercer Circuito de Estados Unidos de
Filadelfia ordenó una suspensión de
emergencia hasta que se efectuara una
revisión completa.
La audiencia en este caso está fijada
para febrero de 2004.
Tanto el Senado como la Cámara de
Representantes han estado considerando
propuestas legislativas que derogarían
las nuevas normas.
Ambas cámaras del Congreso incluyeron
cláusulas en las leyes de asignación
de recursos que no asignan fondo
alguno a la Comisión Federal de
Comunicaciones para la implementación
de los cambios en los límites a la
propiedad nacional.
Sin embargo, en diciembre, estas
cláusulas fueron eliminadas en las
negociaciones parlamentarias finales.
Acceso a la información
108.
En marzo de 2003, el Pentágono
impartió una directiva a las bases
militares estadounidenses prohibiendo
las ceremonias y la cobertura
periodística del traslado a Estados
Unidos del personal militar
fallecido. La política ya existía
pero no se había aplicado con rigor
hasta que se impartió la directiva de
marzo. Muchos críticos han
argumentado que la razón de la actual
aplicación de la política es evitar
una opinión pública negativa en
relación con las actividades militares
de Estados Unidos.
109.
En 2003, el Gobierno de Estados
Unidos siguió restringiendo la
obtención y publicación de información
por parte de los periodistas acerca de
las identidades y la situación de los
prisioneros que Estados Unidos
mantiene en su base de Guantánamo,
Cuba. Los periodistas que visitaron
la base no pueden comunicarse con los
prisioneros ni identificarlos, no
pueden tomar fotografías con base en
las cuales puedan identificar a los
prisioneros, no pueden registrar sus
comentarios ni dar cobertura a la
transferencia de prisioneros entre las
distintas partes de la base. Las
autoridades han adoptado medidas para
asegurar que no se obtenga esa
información. Por ejemplo, el 20 de
junio de 2003, se incautó equipo a
personal de la BBC que trabajaba para
“Panorama”, un programa de actualidad
de la televisión. Se borraron los
registros en que se podía escuchar a
los prisioneros formular preguntas a
gritos a los periodistas que visitaban
el centro de detención Camp Delta de
Guantánamo. Vivian White, una
periodista que respondió a las
preguntas de los prisioneros sobre si
se trataban de periodistas, fue
confinada en un edificio a cierta
distancia del campamento. También se
prohibió a los periodistas que
formularan preguntas a los oficiales
sobre investigaciones u operaciones en
curso o futuras en Guantánamo. Se
advirtió a los periodistas que a
quienes violaran esta política se les
podría restringir su acceso a la base,
podrían ser retirados de la base y/o
el Departamento de Defensa podría
revocar sus credenciales de
periodistas. A mediados de octubre,
la política fue modificada; ya no se
prohíbe que los periodistas planteen
estas preguntas, pero las autoridades
tienen una política oficial de no
responder.
Evolución positiva
110.
Jonathan Walters y Robert
Steiner, dos ex bomberos, y Joseph
Locurto, un ex oficial de policía de
la ciudad de Nueva York, fueron
despedidos a pedido de Rudolph
Giuliani después que desfilaron con la
cara pintada de negro el Día de los
Trabajadores, en 1998, en Broad
Channel, Queens (Giuliani era Alcalde
en ese entonces). En junio de 2003,
el juez John E. Sprizzo, del Tribunal
Federal de Distrito, concluyó que sus
acciones, por inapropiadas que fueran,
“constituían un discurso en una
cuestión de interés público”. Giuliani
atestiguó que había pedido su despido
por temor a disturbios civiles. El
juez Sprizzo concluyó que eran
despedidos “en respuesta al contenido
de su discurso y por razones de
percepción pública y el impacto
político que se preveía derivaría de
ello”. El juez pidió a las partes que
presentaran información sobre si era
adecuado, en el caso, disponer daños
punitivos (a diferencia de la
indemnización por daños, los daños
punitivos tienen el propósito de
castigar los actos ilícitos y disuadir
las malas conductas). Los abogados de
Walters, Steiner y Locurto reclaman
daños punitivos sólo contra el Sr.
Giuliani y no sus coacusados, Howard
Safir (ex comisionado de la policía) y
Thomas Von Essen (ex comisionado de
los bomberos).
111.
El 7 de agosto de 2003, un juez
federal de Manhattan (Charles S.
Haight Jr., del Tribunal Federal de
Distrito) criticó a oficiales de la
policía por la manera en que
interrogaban a los manifestantes
contra la guerra de Irak, a comienzos
de 2003, y dejó en claro que los
abogados defensores de las libertades
civiles podrían acusar al Municipio de
desacato contra el Tribunal en el
futuro, si la policía violaba los
derechos de los ciudadanos. Los
comentarios del juez fueron expresados
tras evidencias de que la policía
había interrogado a los manifestantes
acerca de sus opiniones sobre la
guerra y habían preguntado si odiaban
a Bush, si habían viajado al Africa o
al Oriente Medio y cuál podría ser la
diferencia si Gore fuera presidente.
Haight dijo que estos hechos revelaban
una “demostración de ignorancia
operativa de parte de los más altos
oficiales del Departamento de Policía
de Nueva York.” En febrero, Haight
modificó la orden judicial que había
restringido la capacidad de la policía
de Nueva York para controlar a los
grupos políticos, después que
oficiales de la policía habían
expresado que necesitaban más
flexibilidad para investigar el
terrorismo. El 7 de agosto, el juez
no impuso nuevas restricciones a la
policía ni decidió de una u otra
manera que las interrogaciones
violaban los derechos constitucionales
de los manifestantes. Sin embargo,
dijo que incorporaría las normas
recientemente flexibilizadas a un
decreto judicial en el que quedaría en
claro que los abogados podían acusar
al Municipio por desacato si
consideraban que una violación de las
normas también violaba los derechos
constitucionales de las personas.
Otros
112.
En marzo de 2003, el fiscal de
Estados Unidos J. Strom Thurmond, Jr.
interpuso una denuncia por cargos
federales contra Brett Bursey al
amparo de una ley raramente aplicada
que permite que el Servicio Secreto
restrinja el acceso a las zonas que
visita el presidente. Los cargos
derivaron de la presencia del Sr.
Bursey en momentos en que el
presidente Bush pronunciaba un
discurso en el Aeropuerto
Metropolitano de Columbia, (Carolina
del Sur) el 24 de octubre de 2002, en
el que portaba un cartel de protesta
contra la guerra en Irak. El Sr.
Bursey se encontraba entre una
multitud de miles de personas que se
habían reunido para dar la bienvenida
al presidente. La policía
individualizó al Sr. Bursey por el
contenido del cartel y le dijo que
tenía que ir a la zona designada para
la protesta, ubicada a más de medio
kilómetro de donde se estaba
pronunciando el discurso. Cuando
desobedeció la orden, fue arrestado
por invasión. Después de desestimarse
los cargos por invasión, un fiscal de
Estados Unidos presentó acusaciones
federales que están aún pendientes.
De ser condenado, el Sr. Bursey
enfrenta una multa máxima de US$ 5.000
y hasta seis meses de prisión.
En junio de 2003, un grupo de 11
miembros de la Cámara de Representante
de Estados Unidos escribió una carta
al Procurador General John Ashcroft
pidiéndole que desestimara el caso y
cuestionando la práctica de establecer
“zonas de libertad de expresión” para
los manifestantes en las apariciones
públicas del presidente.
113.
En septiembre de 2003, la
American Civil Liberties Union inició
una acción en nombre de cuatro grupos
políticos progresistas contra el
gobierno de Bush, acusándolo de que el
Servicio Secreto aleja
sistemáticamente a los manifestantes
de las zonas de aparición pública del
presidente Bush. En muchos casos, los
críticos han quedado restringidos a
“zonas de protesta” durante las
apariciones del presidente de Estados
Unidos. Estas zonas de protesta con
frecuencia están ubicadas lejos de
donde se encuentra el Presidente y en
lugares donde es muy difícil que los
vea y los escuche el Presidente y
numerosos integrantes del público.
114. A lo largo de 2003, el
Relator Especial recibió información
que denunciaba las acciones de los
militares estadounidenses para con los
periodistas en las zonas de guerra.
Los críticos alegan que los efectivos
de Estados Unidos no han adoptado
precauciones adecuadas para evitar
heridas o muertes de periodistas y que
los efectivos han acosado a los
periodistas en el curso de su labor.
El Relator Especial se siente
preocupado porque estas acciones
puedan impedir el flujo de información
sobre las actividades militares de
Estados Unidos al público.
GUATEMALA
115. El Relator Especial
para la Libertad de Expresión
participó en la visita in loco que
realizó la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala en
el mes de marzo de 2003.
116. Al finalizar su
visita, la Comisión manifestó su
preocupación en relación con el
aumento en las amenazas y los actos de
hostigamiento a los periodistas, en
especial a aquellos que cubren
investigaciones de actos de corrupción
y violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, la CIDH manifestó su
preocupación por la inexistencia de
reglamentación sobre las concesiones
de televisión y radiodifusión que tome
en cuenta criterios democráticos que
garanticen la igualdad de
oportunidades en el acceso a los
mismos, particularmente en relación
con la inclusión de los pueblos
indígenas, los campesinos, las mujeres
y los jóvenes.
117. En
noviembre de 2003, la CIDH aprobó un
informe sobre la Administración de
Justicia y el Estado de Derecho en
Guatemala. En él se incluye un
capítulo sobre la situación de la
libertad de expresión preparado por la
Relatoría a solicitud de la Comisión.
118. El informe reporta que
la Comisión, a través de la Relatoría,
ha recibido información en los últimos
años que indica que en Guatemala el
ejercicio de la libertad de expresión
ha provocado asesinatos e
intimidaciones contra comunicadores
sociales, con un incremento
preocupante en el año 2003, en
perjuicio, sobretodo, de periodistas
de investigación y defensores de
derechos humanos. Estos ataques se
destinan a silenciar las denuncias e
investigaciones de violaciones
perpetradas en el pasado o sobre
asuntos políticamente sensibles.
119. Este apartado retoma
parte de los hechos de 2003 relatados
en ese informe, actualiza algunos de
ellos e incorpora otros.
120. Distintos sectores de
la sociedad civil reclamaron una
visita de la Relatoría Especial. El 11
de abril el Relator remitió al Estado
una propuesta de fechas para
realizarla durante el mes de julio.
Sin embargo, no se obtuvo respuesta
del Estado.
121. El 26 de octubre de
2003, en Huehuetenango, cuatro
periodistas del diario La Prensa
y el piloto Hilario Guerra, de la
Secretaría de Asuntos Administrativos
y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).
Fueron retenidos por un grupo de
exintegrantes de las Patrullas de Auto
Defensa Civil (conocidos como exPAC),
para forzar al Estado al pago de una
indemnización por haber ayudado al
ejército durante la guerra de los años
ochenta. El Relator emitió un
comunicado en el que condenó el
secuestro de los periodistas y exigió
su inmediata liberación.
Ese día, Fredy López y Emerson Díaz se
dirigían a cubrir un mitin político
del candidato del Frente Republicano
Guatemalteco (FRG), Efraín Ríos Montt,
en La Libertad, cabeza de
Huehuetenango, cuando encontraron que
un grupo de expatrulleros había
bloqueado la carretera para exigir el
pago. Los reporteros fueron retenidos
por los manifestantes. Tras conocerse
el hecho, Alberto Ramírez y Mario
Linares se dirigieron al lugar
acompañados por dos representantes de
la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH),
Thelma Schaub y Henry Hernández que
debían negociar la liberación. Pero
los reporteros fueron detenidos,
mientras que los funcionarios de la
PDH lograron escapar. Los
manifestantes accedieron a liberar a
los rehenes luego de 51 horas de
cautiverio a cambio de ingresar en un
programa de resarcimiento que el
gobierno ofreció a los exPAC.
Agresiones y amenazas
122. Durante el año, en dos
ocasiones, la Relatoría manifestó su
profunda preocupación por las amenazas
y agresiones a periodistas de
Guatemala, cuyo número se incrementó
durante los meses de junio y julio de
2003
.
123. Tal y como lo
expresó la Comisión, es preocupante la
información recibida respecto de la
falta de avances significativos en la
investigación y sanción de los
responsables de estos ataques y
acciones intimidatorias. La impunidad
en la investigación de estos hechos
contribuye a crear un ambiente de
intimidación y amedrentamiento para el
pleno ejercicio de la libertad de
expresión e investigación en
Guatemala, pues desalienta la denuncia
de actos violatorios de los derechos
humanos. A la vez, tiene un efecto
directo sobre la libertad de expresión
al enviar un mensaje alentador a los
perpetradores de dichos crímenes,
quienes se encuentran amparados por un
patrón de impunidad que les permite
continuar con su accionar.
124. Durante su
visita in loco, la Comisión fue
informada sobre la presentación de 75
denuncias de amenazas a periodistas
ante el Fiscal Especializado en
Delitos contra Periodistas y
Sindicalistas, de los cuales se
reportan aquí algunos de los casos
paradigmáticos.
125. El 24 de
enero de 2003, desconocidos cortaron
el cable de alta tensión que
alimentaba la planta de transmisión de
la estación radiofónica Pop 95.1
F.M. en Chimaltenango. La
emisora salió del aire por cuatro
días. Según el director del medio,
Concepción Cojón Morales, el hecho
podía estar relacionado con denuncias
de los conductores relativas a actos
de corrupción, incumplimiento de los
acuerdos de paz y el resurgimiento de
las Patrullas de Autodefensa Civil
(PAC).
126. El 2 de marzo de 2003,
varios hombres ingresaron a la casa de
la columnista de Prensa Libre y
presentadora de un programa
radiofónico, Marielos Monzón Paredes,
registraron sus pertenencias pero no
sustrajeron objetos de valor[130].
Posteriormente, la periodista recibió
siete llamadas telefónicas a su
celular en las que se le amenazaba.
Anteriormente, Monzón había recibido
otras amenazas que estarían
relacionadas con sus publicaciones
sobre los hechos acaecidos a la
familia Azmitia Dorantes, cuyo caso
está en conocimiento de la CIDH.
Asimismo, la periodista informó haber
recibido llamadas intimidatorias
después de la publicación de una
columna relacionada con el asesinato
del líder indígena Antonio Pop. Los
intimidadores la amenazaron con correr
la misma suerte. El 18 de marzo de
2003, la CIDH solicitó al Estado
guatemalteco la adopción de medidas
cautelares para proteger la vida e
integridad personal de la periodista.
127. En mayo de 2003, el
director del radioperiódico La
Noticia, Pablo Rax, en Cobán, Alta
Verapaz, recibió amenazas telefónicas
de personas desconocidas quienes le
instaban a abstenerse de hacer
investigaciones periodísticas, y le
advertían que “tuviera cuidado” pues
le estaban “marcando los pasos” y que
dejara de decir “cosas que no le
interesaban”. Rax, quien también es
corresponsal de Guatevisión,
había elaborado algunos reportajes
sobre el narcotráfico en Alta Verapaz
y había denunciado algunos actos de
corrupción.
128. El periodista y
conductor del programa Somos de Hoy,
transmitido por Radio Xocomil Stéreo,
en Sololá, Edgar René Sáenz, denunció
que desde el 4 de junio de 2003 había
recibido llamadas telefónicas en las
que se le amenazaba de muerte e
incluso había sido intimidado en forma
personal cuando un grupo de
desconocidos llegaron a su trabajo
para advertirle que dejara de informar
“del asunto”. Sáenz ha denunciado
actos de corrupción del gobierno,
narcotráfico y anomalías en los
centros de salud pública. La
Procuraduría de Derechos Humanos
solicitó medidas a la Policía Nacional
Civil.
129. José Rubén Zamora,
periodista y presidente de El
Periódico, y su familia, fueron
agredidos y amenazados por 12 sujetos
fuertemente armados, quienes
irrumpieron en su residencia el 24 de
junio de 2003 a las 8:30 horas.
Zamora, su esposa, sus tres hijos (de
13, 18 y 26 años) y una trabajadora
doméstica fueron maniatados,
intimidados y agredidos por más de dos
horas. Al salir de su casa, los
sujetos le advirtieron: “no se meta
con los de arriba”
[134]. Dos días después del hecho,
Zamora denunció que tres vehículos con
vidrios polarizados lo habían seguido
cuando se dirigía de su casa hacia la
sede de El Periódico. Asimismo,
varios integrantes del personal del
diario recibieron amenazas telefónicas
en las que se les advertía: “pronto
aparecerán publicadas sus esquelas
junto a las de José Rubén Zamora”.
El 27 de junio, el periodista informó
que, debido a las intimidaciones y las
presiones, debía sacar a su familia
del país.
El Relator, Eduardo Bertoni, expresó
su grave preocupación sobre las
amenazas recibidas por Zamora mediante
un comunicado difundido el 7 de julio
de 2003.
La Procuraduría de Derechos Humanos
solicitó medidas cautelares a la CIDH
a favor de Rubén Zamora. Se solicitó
información al Estado.
130. Luis Barillas,
director del noticiario La Voz de
la Parroquia, de Radio San
Pablo, corresponsal de Prensa
Libre en Rabinal, Baja Verapaz, y
periodista de Nuestro Diario,
denunció haber recibido, en la noche
del 23 de junio de 2003, una llamada
telefónica en la que le advertían:
“Esta es la primera advertencia
pacífica, y ya es tiempo de que te
callés”. Al día siguiente, recibió
otra llamada en la que se le decía:
“Te vas a morir, puede ser que sean
semanas o meses, pero te vas a morir”.
De acuerdo con el periodista, las
intimidaciones estarían relacionadas
con un mitin político en Rabinal en el
que fue apedreado Efraín Ríos Montt,
candidato del Frente Republicano
Guatemalteco (FRG), realizado el mismo
día en que eran inhumadas 70 osamentas
de víctimas del conflicto armado
interno.
El periodista denunció las
intimidaciones ante el Ministerio
Público y la Procuraduría de Derechos
Humanos. El 4 de julio, desconocidos
lanzaron una bomba casera a su
residencia. No hubo heridos ni daños
materiales. Al día siguiente, la
hermana del periodista recibió un
mensaje anónimo con amenazas.
131. La corresponsal del
Centro de Reportes Informativos sobre
Guatemala (Cerigua) en Baja
Verapaz, Carmen Judith Morán Cruz, fue
amenazada de muerte la noche el 29 de
junio de 2003, cuando recibió dos
llamadas telefónicas en su casa. Un
desconocido le advirtió: “te doy 24
horas para que renunciés a Cerigua,
porque ya me colmaste la paciencia por
las publicaciones que hacen allí. Si
no cumplís con esto, vos y tu familia
sufrirán las consecuencias”
[140]. Diez minutos más tarde
recibió otra llamada en los mismos
términos.
El jueves 3 de julio, recibió una
nueva llamada telefónica en la que se
le reiteraba la intimidación
por una persona que aseguró tener
controlados los movimientos de la
periodista. Las intimidaciones habrían
estado relacionadas con su cobertura
de las exhumaciones de cementerios
clandestinos donde descansaban los
restos de civiles masacrados en 1981,
durante la guerra civil de Guatemala y
sobre un mitin político en el que el
candidato Ríos Montt, del Frente
Revolucionario Guatemalteco (FRG),
había sido apedreado y abucheado.
132. El 3 de julio
de 2003, sujetos desconocidos
ingresaron por la fuerza a la
residencia del periodista de
investigación Luis Eduardo de León, de
El Periódico. Los desconocidos
se llevaron la computadora, varios
disquetes con información relacionada
con su trabajo y documentos
pertenecientes a la esposa de León,
quien había trabajado varios años en
la Oficina de Derechos Humanos del
Arzobispado de Guatemala (ODHA).
133. El 8 de julio de 2003,
Angel Martín Tax, reportero de
Radio Sonora y corresponsal de
Prensa Libre y Nuestro Diario
en Alta Verapaz encontró, frente a la
puerta de su casa, un recipiente con
flores, lo cual es considerado en
Guatemala como un símbolo fúnebre.
Con anterioridad, en mayo y junio, Tax
había sido objeto de amenazas de
muerte en cuatro ocasiones. El
periodista denunció el hecho a la
Procuraduría de Derechos Humanos, al
Ministerio Público y a la Misión de
Verificación de Naciones Unidas en
Guatemala (MINUGUA).
134. El 11 de julio de
2003, la periodista Claudia Méndez
Arriaza recibió una llamada en la que
se le transmitió una amenaza contra el
director de El Periódico, Juan
Luis Font.
El 23 de julio, la CIDH solicitó al
Estado de Guatemala la adopción de
medidas cautelares para proteger la
vida e integridad personal de Font.
135. El 11 de Julio de
2003, hombres armados irrumpieron en
la planta de producción de Nuestro
Diario y, tras preguntar por
varios empleados, dispararon varias
veces. Directivos de ese diario
también denunciaron ser blanco de
persecución por vehículos no
identificados.
136. El 24 de julio de
2003, manifestantes con rostros
cubiertos, armas de fuego, palos y
machetes, rodearon la Corte de
Constitucionalidad, la Corte Suprema
de Justicia, el Tribunal Supremo
Electoral y la Procuraduría de
Derechos Humanos, en protesta por la
suspensión del proceso de inscripción
del candidato del Frente Republicano
Guatemalteco, Efraín Ríos Montt.
Durante las protestas, falleció el
periodista de Radio Sonora y
Noti 7, Héctor Ramírez, de 62 años
al sufrir un ataque cardiaco cuando
intentaba huir de una turba de
manifestantes.
Juan Carlos Torres, fotógrafo del
matutino El Periódico, y
Héctor Estrada, camarógrafo del canal
de televisión Guatevisión,
huyeron luego de que los manifestantes
los rociaran con gasolina en un
intento por quemar a ambos periodistas.
El 25 de julio de 2003, la Comisión
emitió un comunicado condenando los
hechos de violencia e instando al
estado a tomar todas las medidas
necesarias para garantizar la
integridad física de todos los
guatemaltecos y para asegurar el
Estado de Derecho.
137. En los días siguientes
a los hechos del 24 de julio de 2003,
varios comunicadores reportaron
amenazas. El director del noticiario
Guatevisión, Haroldo Sánchez,
denunció haber sido amenazado de
muerte vía telefónica y por correo
electrónico. Reporteros y camarógrafos
de dicho medio también habrían sido
objeto de ataques verbales.
138. Durante el mes de
julio de 2003 se tuvo información
sobre intimidaciones a varios
periodistas en el interior del país.
En Zacapa, los periodistas Juan Carlos
Aquino, conductor del noticiario
Punto Informativo, y Nehemías
Castro, director del programa
televisivo Personajes,
denunciaron nuevas agresiones en su
contra luego de haber informado sobre
la movilización de simpatizantes del
Frente Republicano Guatemalteco (FRG)
y denunciado la presunta manipulación
política de varios campesinos y
maestros para que apoyaran acciones
violentas a favor del partido oficial.
139. El 18 de agosto de
2003, el periodista Juan Carlos
Aquino, conductor del radionoticiario
Punto Informativo de Radio
Novedad, en Zacapa, y corresponsal
de Radio Punto, denunció, de
nuevo, haber recibido amenazas vía
telefónica.
140. El 30 de julio de
2003, el periodista Edwin Perdomo,
corresponsal de Prensa Libre y
de Radio Punto en Puerto
Barrios, Izabal, denunció haber
recibido llamadas telefónicas en las
que se le advertía que debía dejar de
difundir noticias sobre el FRG o, de
lo contrario, correría la misma suerte
que el periodista Mynor Alegría,
asesinado en septiembre del 2001. El
noticiario de Perdomo había
denunciado, previamente, supuestas
anomalías cometidas por funcionarios
públicos.
El periodista solicitó protección por
parte de la Policía Nacional Civil.
141. El periodista Carlos
René Torres, conductor del programa
televisivo Diálogo, denunció
ante la Procuraduría Auxiliar de los
Derechos Humanos (PDH) de Chiquimula,
que personas desconocidas lo estaban
hostigando vía telefónica, exigiéndole
que cambiara el formato de su
programa, y que, si no lo hacía, él o
alguno de sus familiares podía morir.
Torres dio a conocer, además, que la
noche del 10 de agosto de 2003,
después de salir de su trabajo y
abordar su motocicleta, un vehículo
tipo sedán de color oscuro y vidrios
polarizados lo persiguió por varias
cuadras y trató de arrollarlo, por lo
que exigió a las autoridades que le
brindaran protección. La oficina de la
Procuraduría de Derechos Humanos en
Chiquimula interpuso un recurso de
exhibición personal a favor del
periodista y solicitó el
acompañamiento de la Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en
Guatemala (MINUGUA).
142. El 26 de septiembre de
2003 durante un mitin político en
Ixcán, Quiché, opositores al
candidato Ríos Montt se enfrentaron a
golpes con sus simpatizantes. Los
periodistas que cubrían el hecho
fueron agredidos.
143. En Octubre de 2003,
los periodistas de Suchitepéquez
Cristian Soto, de Radio Punto;
Luisa Ortiz, de Canal TV Imagen;
Julio Rodas, de Nuestro Diario;
Fredy Rodas, de Prensa Libre;
Saúl de León, de Radio Santa
Bárbara, y Nery Morales, del
circuito de cable Canal Optimo,
de la cadena Intercable,
denunciaron ante el Ministerio Público
haber sido amenazados tras denunciar
actos de corrupción.
144. El 9 de noviembre de
2003, día de la primera ronda de
elecciones presidenciales, fueron
agredidos los reporteros Ramiro
Sandoval y Nery Gallardo, del
noticiario Video Noticias
cuando cubrían los comicios en el
municipio de Asunción Mita, Jutiapa.
Los comunicadores denunciaron al
Ministerio Público que
correligionarios del FRG les robaron
parte de su equipo e intentaron
agredirlos.
Acceso a la información
145. El 15 de enero de
2003, el Presidente ordenó que se
vedara el acceso a la prensa al acto
de entrega de dividendos en la
Portuaria Quetzal, en Escuintla, donde
guardias armados custodiaban la
entrada a las instalaciones para
evitar la entrada de reporteros.
146. El 20 de enero de
2003, el personal de seguridad del
Presidente Alfonso Portillo impidió a
un grupo de periodistas ingresar a un
acto público en una Escuela de Zacapa.
El 21 de enero, de forma unánime, el
Congreso aprobó un punto resolutivo
por medio del cual condenó la
violación del artículo 35 de la
Constitución en que habría incurrido
el Presidente por negar el acceso a la
prensa.
147. El 28 de enero de
2003, se negó el acceso a la
Cancillería a un grupo de periodistas
que pretendían cubrir la develación,
por parte del Presidente, de un busto
de Benito Juárez.
148. El 9 de abril de 2003,
el entonces Presidente del Congreso,
Efraín Ríos Montt, dijo a los
periodistas que requerían documentos
relacionados con la ejecución
presupuestaria de los años 2001 y
2002, que cualquier información debían
pedirla por escrito a la Junta
Directiva. Sectores de prensa y de
derechos humanos condenaron la actitud
por considerarla un obstáculo al
acceso a la información.
Esta información fue reiterada al
Relator durante la visita de la
Comisión.
149. La Relatoría recibió
información sobre la tramitación en el
Congreso de distintos proyectos
relacionados con la libertad de
expresión y el acceso a la
información. Hasta la culminación de
este informe no se habían sancionado.
Otros
150. En su visita in loco,
la Relatoría también recibió
información sobre un incremento en la
citación de periodistas por parte del
Ministerio Público para que revelaran
sus fuentes de información. Entre
ellos, figura la citación de
representantes del El Periódico
quienes se negaron a responder al
citatorio para garantizar la
protección de las fuentes.
151. El director de ese
medio, José Rubén Zamora, fue citado
por León Argueta, Fiscal General de la
República, para que aportara pruebas
que obraban en su poder en relación
con un reportaje que vinculaba a
Argueta con una empresa que había
incumplido una obra pública. Al
periodista se le dijo que si no
aportaba las pruebas, sería conducido
por la Fuerza Pública ante la
Fiscalía contra la Corrupción.
Finalmente, Zamora debió enviar por
escrito los documentos en los que se
basó el reportaje.
HAITI
152. El Relator Especial
para la Libertad de Expresión, Eduardo
Bertoni, dio a conocer, el 23 de julio
de 2003, el Informe sobre el Estado
de la Libertad de Pensamiento y
Expresión en Haití, preparado por
la Relatoría y aprobado por la CIDH.
153. El informe estableció
que en Haití la libertad de expresión
no goza de todas las garantías
necesarias para su pleno ejercicio. La
impunidad de los asesinatos cometidos
contra periodistas, así como la
constante posibilidad de enfrentar
amenazas por lo que se investiga o se
difunde, genera un ambiente de
autocensura. Asimismo, el informe
estableció que el Estado ha incumplido
con su obligación de individualizar,
juzgar y sancionar a los responsables
de los asesinatos y actos de
hostigamiento contra los comunicadores
sociales.
Agresiones y amenazas
154. Las agresiones y
amenazas contra la prensa en Haití
motivaron dos comunicados del Relator
Especial para la Libertad de
Expresión, uno en febrero y otro en
octubre de 2003. No obstante, a lo
largo del año, la Relatoría recibió
información sobre amenazas, agresiones
e intimidaciones a comunicadores
sociales.
155. El 14 de febrero de
2003, Jean-Robert François, de
Radio Métropole; Henry Fleurimond,
de Radio Kiskeya; Jeaniton
Guerino y Gedeon Presendien, de
Radio Étincelles, cruzaron la
frontera por Jimaní, que lleva desde
Haití hacia la República Dominicana,
en busca de refugio. Los comunicadores
habrían sido llevados desde Gonaives
hasta Puerto Príncipe con el auxilio
de la Policía y la Asociación de
Periodistas de Haití. Los cuatro
comunicadores forman parte de un grupo
de siete que era buscado por el grupo
llamado Ejército Caníbal, para ser
asesinados por sus denuncias en torno
a sus acciones y las precariedades
existentes en Haití. Los otros
perseguidos son Joué Rene, de Radio
Signal FM; René Noel-Jeune y
Esdras Mondelus, de Radio
Etincelles. El primero viajó a
Francia, el segundo marchó a los
Estados Unidos y el tercero conduce la
emisora desde la clandestinidad.
156. A comienzos de febrero
de 2003, sujetos no identificados
entraron a los estudios de Radio
Shekinah, en las afueras de Puerto
Príncipe, y golpearon rudamente al
director, Manés Blanc, quien debió ser
hospitalizado. Los atacantes dijeron
que la acción contra el comunicador se
debió a sus comentarios sobre la
situación política de Haití.
157. El 14 de febrero de
2003 presuntos seguidores del partido
en el gobierno, intentaron incendiar
la vivienda del reportero de Radio
Métropole, Jean-Numa Goudou,
ubicada en Carrefour. El reportero
había sido amenazado anteriormente.
158. En febrero y en
diciembre de 2003 se recibió denuncias
sobre intimidaciones y amenazas a la
periodista de Radio Métropole
Nancy Roc. En diciembre del 2002
también se había suscitado un
incidente similar.
159. El 18 de febrero de
2003, Radio Métropole decidió
suspender sus transmisiones por un
día, en señal de protesta por las
intimidaciones y amenazas contra sus
periodistas.
160. Michèle
Montas, directora de Radio Haití
Inter y viuda del periodista Jean
Dominique, asesinado en el 2000,
manifestó que continuaba recibiendo
amenazas que ponían en daño inminente
a su personal. Debido a ello, el
sábado 22 de febrero de 2003, Radio
Haití Inter interrumpió su
transmisión por tiempo indefinido.
161. El 30 de abril de
2003, Lilianne Pierre-Paul, directora
de Radio Kiskeya, fue
intimidada por integrantes de las
organizaciones populares. Un sujeto
desconocido ingresó a las
instalaciones de la radio y le lanzó
una carta que contenía un mensaje para
el Presidente francés, Jacques Chirac,
fechada el 25 de abril. Se le daba a
Pierre Paul cuatro días para leer la
carta y responder de conformidad, pues
si no lo hacía pagaría las
consecuencias el 6 de mayo. La letra
contenía también una bala de una
pistola calibre 12.
162. El Miércoles 27 de
agosto de 2003, dos sujetos armados
retuvieron al periodista de Radio
Vision 2000 y de Radio
Pasion, Peterson Milord, quien fue
hallado dos días más tarde, ileso pero
desnudo y maniatado en un sembradío de
caña de azúcar a 30 kilómetros de
Puerto Príncipe.
Días antes, durante una misa en Santa
Rosa de Lima en Léogane, a la que
asistió el presidente Jean Bertrand
Aristide, el sacerdote Fritz Sauvaget
le ordenó que saliera. La Asociación
de Periodistas de Haití (AJH, por sus
siglas en francés) aseguró que durante
su detención, Milord había recibido
amenazas de tener más problemas si
continuaba criticando al padre
Sauvaget.
163. Con ocasión del
aniversario del Golpe de Estado del 30
de septiembre de 1991, surgió
información sobre ataques que se
estaban programando para el día
siguiente contra varias emisoras.
El Secretario de Seguridad Pública,
Jean Gérard Dubreuil y Mario Dupuy,
secretario de comunicaciones,
informaron que se concedería
protección policial a los medios que
eran objeto de las amenazas.
164. Cyrus Sibert,
periodista de Radio Maxima,
denunció que el 25 de octubre de 2003,
desconocidos abrieron fuego contra el
local de la radio cuyo personal había
sido objeto de amenazas recurrentes.
165. El 27 de octubre de
2003, Patrick Tavien, reportero de
Radio Maxima, dijo haber sido
seguido por hombres armados.
166. El martes 28 de
octubre de 2003 por la noche,
desconocidos abrieron fuego contra la
sede de la emisora Radio Caraïbes,
en Puerto Príncipe. No hubo heridos.
Al día siguiente, la estación
suspendió sus transmisiones para
evaluar la situación y garantizar la
seguridad de los periodistas. La
programación fue restablecida el 3 de
noviembre.
Investigaciones
168. El 21 de marzo de
2003, se presentó la acusación formal
contra seis sospechosos de ser los
autores materiales del asesinato de
Jean Léopold Dominique, periodista
fundador de Radio Haití Inter,
asesinado el 3 abril del 2000.
La Corte de Apelaciones de Puerto
Príncipe ordenó, el 4 de agosto, una
nueva investigación, para hallar a los
autores intelectuales del crimen del
periodista.
Posteriormente, la Corte también
ordenó la liberación de tres de los
sospechosos por falta de pruebas
suficientes para mantenerlos en
prisión.
169. En septiembre de 2003,
Nappla Saintil fue designado como
nuevo juez de instrucción de la causa
por el asesinato de Jean Léopold
Dominique.
HONDURAS
170. El Relator Especial
para la Libertad de Expresión viajó a
Honduras del 2 al 5 de septiembre de
2003, por invitación del Gobierno del
Presidente Ricardo Maduro, con el fin
de recabar información sobre la
situación de la libertad de expresión
y para promover los estándares
establecidos por el Sistema
Interamericano de Protección de
Derechos Humanos en la materia.
171. El Relator se reunió
con autoridades hondureñas. También
recibió información y testimonios de
periodistas y organizaciones de la
sociedad civil. En el marco de la
visita, la Relatoría impartió un
seminario para periodistas hondureños
sobre Libertad de Expresión y de
Prensa y el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos.
172. Al igual que
otras relatorías de la CIDH al
finalizar sus visitas y con el
objetivo de contribuir en la búsqueda
de una mayor protección de la libertad
de expresión, mediante un comunicado
de prensa,
el Relator emitió una serie de
observaciones preliminares que han
sido tomadas en cuenta para el
análisis de la situación de Honduras
en este informe. Durante el 118º
período ordinario de sesiones de la
CIDH, el Relator informó a la Comisión
sobre su visita a Honduras y sobre
algunos de los hechos que se incluyen
en este informe.
Asesinatos
173. El 26 de noviembre de
2003, el periodista Germán Antonio
Rivas, gerente director de
Corporación Maya Visión (Canal
7), fue asesinado cuando llegaba a
la sede del canal en Santa Rosa de
Copán en el occidente de Honduras. Si
bien, al momento de finalizarse este
informe no existía aún una versión
oficial sobre los motivos del crimen,
una de las hipótesis es que éste podía
estar relacionado con investigaciones
y denuncias realizadas por Rivas en su
noticiario. El 24 de febrero de 2003,
Rivas había resultado ileso de otro
atentado, cuando un desconocido le
disparó en el momento en que llegaba a
su residencia.
La Relatoría fue informada de que
la Fiscalía de Honduras inició la
investigación del suceso y practicó
las primeras diligencias procesales.
Legislación y acciones
judiciales
174. La Relatoría observó
durante su visita que, a pesar de
algunas reformas legislativas, en la
legislación hondureña continúa vigente
la obligatoriedad de la colegiación
para el ejercicio del periodismo, aún
cuando desde 1985, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, al
analizar el tema en su opinión
consultiva OC-5/85, determinó
claramente que la colegiación
obligatoria de periodistas contraviene
la libertad de expresión. En su
comunicado de prensa, emitido al
finalizar la visita, el Relator instó
al Estado hondureño a derogar
cualquier norma que pudiera prestarse
a la colegiación obligatoria de
periodistas.
175. La Relatoría ha
recibido información sobre algunos
periodistas que han sido demandados
por delitos de desacato
o delitos contra el honor,
invocando las normas del Código Penal
que contemplan esas figuras. Entre
los casos de que tuvo conocimiento la
Comisión se encuentra el del
periodista Renato Álvarez, responsable
del programa de debate Frente a
Frente, del telenoticiario TVC,
de la Corporación Televicentro
que se transmite por los canales 3, 5
y 7, quien enfrenta dos querellas por
los delitos de calumnia e injuria,
constitutivos de difamación por
difundir un informe en el que revelaba
nombres de presuntos implicados en
narcotráfico. Los querellantes, un
abogado y un ex diputado y político,
exigieron a Álvarez que revelara la
identidad de la fuente que le había
proporcionado el documento a lo que el
periodista no accedió.
Al momento de la redacción de este
informe, el caso se encontraba en la
etapa de presentación de pruebas. Una
tercera querella fue retirada después
de una audiencia de conciliación.
176. La periodista Rossana
Guevara, directora del noticiario
TN5, del Canal 5, de la
Corporación Televicentro, fue
querellada el 7 de agosto de 2003 por
el delito de difamación y calumnia por
difundir, el 20 de mayo de 2003, una
nota informativa acerca de la
corrupción y la quiebra de bancos en
Honduras. La demanda la interpuso el
diputado del Parlamento
Centroamericano, propietario de medios
de comunicación y ex banquero, Víctor
Bendeck, actualmente prófugo de la
justicia por presumirse responsable en
la millonaria quiebra del Banco
Corporativo (Bancorp). Bendeck, junto
a otros socios del banco, es
considerado por la Fiscalía como uno
de los autores intelectuales que
originó lo que se considera uno de los
mayores escándalos financieros en
perjuicio del Estado. La quiebra de
Bancorp se estima en cincuenta y dos
millones de dólares.
También fue demandada Sandra Moreno.
177. El Relator recibió con
complacencia información según la
cual, el 23 de octubre de 2003, el
Fiscal General presentó un recurso de
inconstitucionalidad ante la Corte
Suprema para que se derogue el
artículo 345 del Código Penal referido
al delito de desacato por contravenir
la libre emisión del pensamiento
establecida en el artículo 72 de la
Constitución de la República.
En una comunicación dirigida al
Ministro de Relaciones Exteriores de
Honduras, Leonidas Rosa Bautista, y
fechada el 30 de octubre, el Relator
externó al Estado su complacencia por
ese proyecto. El 1 de diciembre, el
Estado remitió copia del recurso de
inconstitucionalidad. La Relatoría
seguirá observando este auspicioso
proceso, pero recuerda que mientras se
mantenga el desacato se incumple con
la Declaración de Principos sobre
Libertad de Expresión.
Acceso a la información
178. La Relatoría recibió
información, tanto durante su visita
como después, de un creciente interés
de varios sectores, tanto
gubernamentales como de la sociedad
civil, por impulsar una legislación en
relación con el derecho de acceso a la
información en poder del Estado y a la
acción de habeas data. El 5 de
noviembre de 2003 la organización
C-Libre (Comité por la Libre
Expresión) presentó un borrador de un
proyecto de Ley de Acceso a la
Información Pública dentro del marco
del Tercer Diálogo Nacional, lo cual
reunió a más de 130 personas, incluso
periodistas, diputados, operadores de
justicia, grupos humanitarios y
representantes de la sociedad civil.
El objetivo de la presentación fue
"promover un debate amplio y
participativo sobre la ley, previo a
su presentación ante la Cámara
Legislativa."
Asimismo, el Consejo Nacional
Anticorrupción ha desarrollado un
borrador de anteproyecto de ley sobre
acceso a la información.
Medios Indirectos de
Restricción a la Libertad de Expresión
179. Durante la visita, la
Relatoría fue informada de que se
estaría asignando la publicidad
oficial de manera discrecional, sin
parámetros claros y con algunos
indicios de arbitrariedad.
180. Asimismo, recibió
información según la cual el gobierno
suspendió la publicidad oficial de la
revista Hablamos Claro y el
noticiero Abriendo Brecha,
ambos propiedad del periodista Rodrigo
Wong Arévalo, después de que
Hablamos Claro publicara un
artículo en el que se alegaba que la
primera dama, Aguas Ocaña, había
exigido al gobernante la destitución
de la titular del Ministerio de
Cultura, Arte y Deportes, Mireya
Bates.
181. La Relatoría
continuará observando los hechos que
fundan estas denuncias, sin perjuicio
de lo cual insta a las instituciones
públicas hondureñas a garantizar que
la publicidad oficial sea distribuida
de acuerdo con criterios justos,
claros y objetivos.
Ética Periodística
182. La Relatoría recibió
información sobre la utilización de
algunos medios de comunicación como
instrumentos para defender intereses
personales, económicos o para
desprestigiar el honor de las personas
en perjuicio del derecho a la
información del pueblo hondureño. El
Relator Especial percibió, durante su
visita, el malestar de algunos
sectores de la sociedad por lo que
calificaron como prácticas poco éticas
de los comunicadores o un ejercicio
abusivo de la libertad de expresión.
183. Frente a la seriedad
que merecen estas acusaciones, la
Relatoría recordó en su conferencia de
prensa, al finalizar su visita a
Honduras, que los periodistas y los
propietarios de los medios de
comunicación hondureños deben tener
presente tanto la necesidad de
mantener su credibilidad con el
público, factor esencial para su
perdurabilidad, como el importante rol
que la prensa cumple en una sociedad
democrática al ser los principales
mecanismos a través de los cuales los
miembros de la sociedad ejercen su
derecho de expresar y recibir
informaciones e ideas. La prensa debe
fomentar su autorregulación ética a
través de códigos deontológicos,
libros de estilo, estatutos de
redacción, defensores del público,
consejos de información, entre otros
mecanismos posibles. Pero debe quedar
en claro que no es el Estado quien
debe imponer las normas de conducta
ética, indispensables en la labor de
los comunicadores sociales. El Relator
recordó durante su conferencia de
prensa, lo manifestado en la
Declaración conjunta de los tres
relatores para la libertad de
expresión en diciembre de 2002, en
cuanto a que recordaron a los
propietarios de los medios de prensa,
su responsabilidad de respetar la
libertad de expresión y, en
particular, la independencia
editorial.
Otros
184. En relación con la
propiedad de los medios de
comunicación, la Relatoría constató
que muchas personas activas en la
esfera política están adquiriendo
medios de comunicación. En noviembre
de 2001, en una declaración conjunta
de los tres relatores internacionales
para la libertad de expresión: el
Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre la Libertad de Opinión y
Expresión, el Representante de la
Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) sobre la
Libertad de Prensa; y el Relator
Especial para la Libertad de Expresión
de la OEA, se dijo que quienes ocupan
cargos electivos y de gobierno, y son
propietarios de medios de difusión,
deben separar sus actividades
políticas de sus intereses en dichos
medios de difusión.
JAMAICA
Acciones judiciales
185. El 14 de julio de
2003, el Tribunal de Apelaciones del
Reino Unido (the Judicial Committee of
the Privy Council) ratificó la
decisión de una Corte de Apelaciones
de Jamaica de hace dos años, que
obligaba al pago de una indemnización
de J$35.000.000,00 (US$750.000,00,
aproximadamente) en un caso de
difamación iniciado por el conductor
televisivo Eric Anthony Abrahams
contra Gleaner Company Limited, en
1987. La acusación de Abrahams se
refería a un cable de Associated
Press que fue publicado por el
periódico Gleaner y su vespertino
The Star. The Gleaner Company
Limited apeló la sentencia esperando
que se redujera la cifra, sobre la
base de que el monto de la misma
tendría un efecto amedrentador sobre
el periodismo e inhibiría el derecho
constitucional a la libertad de
expresión. No obstante, el Tribunal
consideró que la publicación se había
hecho con malicia y que no se había
contado con información suficiente
para sustentarla y, por lo tanto
estimó que correspondía una gran
indemnización, que no era excesiva
teniendo en cuenta las pérdidas
financieras y daño personal sufrido.
El Tribunal agregó que "no era un caso
en el que la libertad de publicar
informaciones estuviera en juego". La
indemnización otorgada es la más alta
en la historia legal de Jamaica.
186. El 29 de mayo de 2003,
la Corte Suprema de Jamaica impuso al
canal de televisión CVM, el pago de
una indemnización por J$20.000.000,00
(unos US$334.000, aproximadamente) a
un Sargento Detective de apellido
Tewari por daños por difamación. La
indemnización se estableció con
referencia al contenido de dos
transmisiones de noticias de CVM-TV
del 12 de noviembre de 1998,
relacionadas con la cobertura que hizo
el canal de una demostración del 11 de
mayo de 1998, en Braeton, al sur de
Santa Catalina, en la que tuvo lugar
un controversial tiroteo por parte de
la policía. Tewari alegó que su
reputación había sido dañada por
declaraciones contenidas en dichos
programas, y testificó que no estuvo
presente durante el tiroteo. La corte
decidió a su favor. La televisora, por
su parte, decidió apelar el fallo.
Acceso a la información
187. El 28 de junio del
2002, el Parlamento de Jamaica aprobó
la ley de Acceso a la Información. La
ley prevé el acceso a documentos del
gobierno, pero excluye las opiniones,
consejos o recomendaciones y el
registro de las consultas o
deliberaciones de funcionarios
públicos, incluyendo miembros del
gabinete. Como parte de la ley,
se
ha establecido una Unidad de
Acceso a la Información dentro de la
Oficina del Primer Ministro, para
encabezar, monitorear y guiar el
proceso de preparación e
implementación y establecer un marco
para que los ciudadanos puedan
utilizar efectivamente la ley.
La implementación de la
primera etapa de la ley estaba
originalmente prevista para su
comienzo en agosto del 2003, pero
luego fue postergada para octubre de
2003. En septiembre de 2003, el
gobierno anunció que el senado no
debatiría las reformas a la Ley de
Acceso a la Información hasta tanto
fueran presentadas las
reglamentaciones a dicha ley para
garantizar que la ley y sus
reglamentaciones fuesen tratadas
conjuntamente.
