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INFORME DEL RELATOR ESPECIAL PARA
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 2002
EVALUACION
SOBRE EL ESTADO DE LA
LIBERTAD DE EXPRESION
EN EL HEMISFERIO
A. Introducción.
Metodología
1. Este
Capítulo contiene una descripción
sobre algunos aspectos vinculados a la
situación de la libertad de expresión
en los países del hemisferio.
Siguiendo la tradición de informes
anteriores, contiene además un cuadro
que refleja el número de asesinatos de
periodistas ocurridos en el 2002, las
circunstancias y presuntos motivos por
los que ocurrieron y el estado de las
investigaciones.
2. A efectos de exponer la
situación específica de cada país, la
Relatoría estableció una clasificación
sobre los distintos métodos utilizados
para coartar el derecho a la libertad
de expresión e información. Vale
destacar que estos actos son todos
incompatibles con los Principios sobre
Libertad de Expresión, aprobados por
la CIDH. La clasificación incluye
tanto asesinatos, como otro tipo de
agresiones entre las que se incluyen
amenazas, detenciones, acciones
judiciales, intimidaciones, censura y
legislación contraria a la libertad de
expresión. También se ha incluido en
algunos casos las acciones positivas
que han tenido lugar, incluido la
sanción de leyes de acceso a la
información, la derogación de las
leyes de desacato en un país del
hemisferio y la existencia de
proyectos legislativos o decisiones
judiciales favorables al pleno
ejercicio de la libertad de
expresión.
3. En este
Capítulo están reflejados los datos
correspondientes al año 2002. La
Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión recibe de distintas fuentes[1]
información que da cuenta de las
situaciones relacionadas con la
libertad de expresión en los Estados
del hemisferio. Una vez recibida la
información, y, teniendo en cuenta la
importancia del asunto, se procede a
su análisis y verificación. Finalizada
esta tarea, se la agrupa de acuerdo a
las categorías antes señaladas y la
Relatoría, a los efectos de este
Informe, reduce la información a una
serie de ejemplos paradigmáticos que
buscan reflejar la situación de cada
país vinculada al respeto y ejercicio
a la libertad de expresión, señalando
también las acciones positivas
encaradas y los retrocesos en esta
materia. En la mayoría de los casos
citados, se citan las fuentes que los
originaron. Es pertinente aclarar que
la situación en los Estados cuyo
análisis se ha omitido se debe a que
la Relatoría no ha recibido
información al respecto, por lo que su
omisión sólo debe ser interpretada en
ese sentido.
4. Por último,
la Relatoría desea, por un lado,
agradecer la colaboración de cada uno
de los Estados y de la sociedad civil
de las Américas en su conjunto en el
envío de información sobre la
situación del ejercicio de la libertad
de expresión. Pero, por otro lado, la
Relatoría insta a que en el futuro se
continúe y aumenten estas prácticas
para enriquecer los futuros informes.
B. Evaluación
5. La libertad
de expresión y el acceso a la
información son particularmente
importantes para el fortalecimiento de
las democracias en el hemisferio. Es
a través de la libre expresión y el
acceso a la información que los
miembros de la sociedad pueden vigilar
la conducta de sus representantes
electos. Esta función fiscalizadora
cumple un papel fundamental para
prevenir la impunidad en los abusos
contra los derechos humanos.
6. La libertad
de expresión y el acceso a la
información son también decisivos para
el desarrollo económico de un país.
La corrupción en el gobierno es el
mayor obstáculo para un desarrollo
económico equitativo, y la mejor
manera de luchar contra la corrupción
es exponer las prácticas corruptas a
la luz del escrutinio público y
garantizar la participación de todos
los sectores de la sociedad en
decisiones de carácter público que
afectan diariamente sus vidas.
7. Es en
virtud de su función de fiscalizadores
públicos que los comunicadores
sociales a menudo se convierten en
blanco de la violencia y la
intimidación con el propósito de
silenciarlos. Los asesinatos, ataques,
amenazas e intimidaciones no sólo
silencian al comunicador social,
también tienen un profundo efecto
sobre sus colegas generando un clima
de temor y autocensura. El asesinato
de trabajadores de medios de
comunicación sigue representando un
problema grave en esta materia:
durante el año 2002 fueron asesinados
10 de ellos en el hemisferio como
consecuencia del ejercicio de su
profesión. Esta cifra es sensiblemente
superior en comparación a la publicada
por la Relatoría en el Informe anual
anterior.[2] Por ello es
necesario insistir que el asesinato de
trabajadores en medios de comunicación
en ocasión del ejercicio de su
profesión, refleja no sólo la
violación del derecho fundamental a la
vida sino que además expone al resto
de los comunicadores sociales a una
situación de temor que podría
llevarlos a la autocensura.[3]
8. Por
otro lado, es importante resaltar que,
tal como lo expresa el Principio No. 9
de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión[4],
no sólo el asesinato genera
consecuencias nocivas para el
ejercicio de la libertad de expresión;
también las agresiones las provocan.
En muchos países del hemisferio, tal
como se evidencia en el informe, estos
actos siguen ocurriendo,
incrementándose de manera peligrosa en
alguno de ellos.
9.
Pero si es preocupante este tipo de
actos que afectan la integridad física
de las personas, igualmente lo es la
impunidad en que se mantienen en
muchos casos estos delitos, ya fueran
consumados o ideados por agentes del
Estado o por particulares. La CIDH ha
establecido que la falta de
investigación seria, imparcial y
efectiva y la sanción de los autores
materiales e intelectuales de estos
crímenes constituye no sólo una
violación a las garantías del debido
proceso legal sino también una
violación al derecho a informar y
expresarse pública y libremente,
generando por lo tanto responsabilidad
internacional del Estado.[5]
10. Además de
este tipo de actos de violencia
física, la normativa de la mayoría los
países del hemisferio permite otro
tipo de métodos cuyo objetivo es
silenciar el trabajo de los
periodistas, los medios de
comunicación y personas en general. La
Relatoría manifiesta su seria
preocupación por la utilización de
acciones judiciales por parte de
autoridades o personajes públicos con
el propósito de silenciar a los que se
expresan críticamente.
11.
Teniendo en cuenta lo dicho con
anterioridad, la Relatoría manifiesta
que los avances en materia de libertad
de expresión en el hemisferio durante
el 2002 han sido poco significativos.
Continúan existiendo obstáculos
legales para el pleno ejercicio de la
libertad de expresión, tanto de
periodistas, comunicadores sociales y
trabajadores de medios en general,
como de defensores de derechos humanos
y otras personas a los que se les ve
coartado, de manera directa o
indirecta, su libertad de
expresión.
12.
Tal como se expone en el Capítulo V de
este Informe anual, y como queda
evidenciado de la información recibida
en la Relatoría, la utilización
arbitraria de los tipos penales de
calumnias e injurias, con el fin de
acallar la crítica contra funcionarios
públicos o personas públicas, continuó
utilizándose contra periodistas de
investigación durante el 2002 en
varios países. Se suma a ello que en
muchos otros, salvo las excepciones
que se destacan más abajo, siguen
vigentes las leyes de desacato, las
cuales son ilegítimamente utilizadas
para silenciar a la prensa.
13. En
materia de acceso a información
pública, en muchos países
continuaron los debates sobre la
necesidad e importancia de contar con
legislación específica al respecto.
14. El
derecho de acceso a la información es
prioritario no sólo desde un punto de
vista teórico; lo es también desde una
perspectiva eminentemente pragmática:
el efectivo ejercicio de este derecho
contribuye a combatir la corrupción,
que es uno de los factores que puede
afectar seriamente la estabilidad de
las democracias en los países del
hemisferio. La falta de transparencia
en los actos del Estado ha
distorsionado los sistemas económicos
y contribuido a la desintegración
social. La corrupción ha sido
identificada por la Organización de
Estados Americanos como un problema
que requiere una atención especial en
la Américas. Durante la Tercera
Cumbre de las Américas, los Jefes de
Estado y de Gobierno reconocieron la
necesidad de reforzar la lucha contra
la corrupción puesto que ésta "menoscaba
valores democráticos básicos
representando una amenaza a la
estabilidad política y al crecimiento
económico". Asimismo, en el Plan
de Acción de la Tercera Cumbre se
promueve la necesidad de apoyar
iniciativas que permitan una mayor
transparencia para asegurar la
protección del interés público e
impulsar a los gobiernos a que
utilicen sus recursos efectivamente en
función del beneficio colectivo.[6]
La corrupción sólo puede ser
adecuadamente combatida a través de
una combinación de esfuerzos dirigidos
a elevar el nivel de transparencia de
los actos del gobierno.[7]
La transparencia de los actos del
gobierno puede ser incrementada a
través de la creación de un régimen
legal que permita que la sociedad
tenga acceso a información.
15. Si
bien es auspicioso que la discusión se
encuentre instalada en la agenda de
prioridades de algunos Estados, no
muchos avances se han registrado en
cuanto a la promulgación de leyes que
amparen este derecho vital para la
transparencia de los actos de gobierno
y la protección del derecho de acceso
a información de las sociedades.
Pocos han sido los países que durante
este año han aprobado legislación al
respecto. La Relatoría seguirá
observando estos procesos, así como la
implementación y aplicación que se
haga de leyes que reglamenten el
acceso a la información.
16. La
Relatoría ha recibido de algunos
Estados y miembros de la sociedad
expresiones de preocupación ante la
posibilidad de que los medios de
comunicación no siempre actúen
responsable o éticamente. En primer
lugar, la Relatoría resalta una vez
más que los medios de comunicación son
principalmente responsables ante el
público y no ante el Gobierno. La
función principal de los medios de
comunicación consiste en informar al
público, entre otras, las medidas
adoptadas por el Gobierno. Esta es una
función primordial en una democracia,
por lo que la amenaza de imposición de
sanciones legales por la adopción de
decisiones periodísticas basadas
esencialmente en cuestiones subjetivas
o juicios profesionales suscitaría
también un efecto inhibitorio en los
medios, impidiendo la divulgación de
información de legítimo interés
público.
17. El hecho de
que los Gobiernos no deban regular la
responsabilidad de los medios de
comunicación o la ética de su
proceder, no implica que no haya
manera de lograr un comportamiento más
ético en los medios. Sin embargo, se
debe resaltar que los medios de
comunicación se harán más responsables
si se les da libertad para elegir la
manera de informar y el contenido de
la información, así como la educación
necesaria para adoptar decisiones
éticas.
18. Los
periodistas y los propietarios de los
medios de comunicación deben tener
presente tanto la necesidad de
mantener su credibilidad con el
público, factor esencial para su
perdurabilidad, como el importante rol
que la prensa cumple en una sociedad
democrática. En el Plan de Acción de
la Tercera Cumbre de las Américas
celebrada en abril de 2001, en la
ciudad de Québec, Canadá, los Jefes de
Estado y de Gobierno expresaron que
los Gobiernos fomentarán la
autorregulación en los medios de
comunicación.
19. “Bajo el
concepto de autoregulación de la
comunicación se agrupan toda una serie
de mecanismos e instrumentos
relacionados con la actividad de los
medios que comparten el objetivo de
garantizar que su actuación se ajuste
a los valores y normas de dicha
actividad. Lo distintivo de la
autoregulación es que tanto su puesta
en marcha, como su funcionamiento y su
efectividad depende de la libre
iniciativa y el compromiso voluntario
de los tres sujetos de la
comunicación: los propietarios y
gestures de las empresas de
comunicación, los profesionales que
realizan los medios y el público que
los recibe o protagoniza.” La
autorregulación se realiza a través de
diferentes mecanismos e instrumentos:
códigos deontológicos, libros de
estilo, estatutos de redacción,
defensores del público, consejos de
información, etc.[8]
La Relatoría entiende que los medios
de comunicación deben afrontar el
desafío de la autorregulación que
tienda a un comportamiento ético y
responsable.
20. Por otro
lado, la Relatoría ha recibido
expresiones de preocupación por parte
de la sociedad civil, incluso medios
de comunicación, acerca de que se
podrían estar consolidando prácticas
que impiden la expresión plural y
diversa de opiniones dada la
concentración en la propiedad de los
medios de comunicación, tanto impresos
como de radio y televisión. En este
sentido, la Relatoría recuerda que la
Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, elaborada por
la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión y adoptada por la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos[9] es muy clara
en ese sentido: los monopolios u
oligopolios en los medios de
comunicación afectan la libertad de
expresión. El Principio 12,
expresamente señala que los monopolios
u oligopolios en la propiedad y
control de los medios de comunicación
deben estar sujetos a leyes
antimonopólicas por cuanto conspiran
contra la democracia al restringir la
pluralidad y diversidad que asegura el
pleno ejercicio del derecho a la
información de los ciudadanos. Sin
embargo, también aclara este principio
que en ningún caso esas leyes deben
ser exclusivas para los medios de
comunicación. La Relatoría seguirá
esta problemática con atención a fin
de elaborar las recomendaciones que
puedan corresponder de acuerdo a cada
una de las particularidades del
fenómeno en los distintos Estados
miembros.
21. Finalmente,
y tal como ha sido señalado en
informes anteriores, la Relatoría
sigue considerando que es necesaria
una mayor voluntad política por parte
de los Estados miembros para llevar
adelante reformas en sus legislaciones
que garanticen a las sociedades un
amplio ejercicio de la libertad de
expresión e información. La democracia
requiere de una amplia libertad de
expresión y ésta asimismo no puede
profundizarse si continúan vigentes en
los Estados mecanismos que impiden su
amplio ejercicio. La Relatoría reitera
la necesidad de que los Estados asuman
un compromiso más sólido con el
respeto a este derecho para de esta
manera lograr la consolidación de las
democracias del hemisferio.
C.
Situación de la libertad de
expresión en los Estados miembros
ARGENTINA
Amenazas y agresiones
22. Durante el año 2002, la
Relatoría para la Libertad de
Expresión recibió aproximadamente 30
alertas sobre amenazas y agresiones a
periodistas. La mayoría de esos casos
tuvieron lugar en las ciudades del
interior del país y muchos de ellos
también durante la cobertura de
protestas y manifestaciones ciudadanas
en la vía pública.[10]
23. Durante el año 2002 la
periodista Carla Britos, directora del
diario La Tapa, en Guernica,
provincia de Buenos Aires, sufrió una
intensa campaña de hostigamiento como
consecuencia de las investigaciones
periodísticas publicadas en su medio.
En el mes de junio, la periodista era
vigilada y seguida por un auto que se
encontraba estacionado en la puerta de
su casa. En tres oportunidades, el
chofer de ese auto amenazó de muerte a
la periodista por las investigaciones
publicadas en La Tapa
relacionadas con irregularidades
cometidas por el ex-intendente de la
ciudad. Asimismo, también fue
amenazada por teléfono y a través de
correos electrónicos.[11]
24. En enero del año 2002
el periodista Martín Oeschger de la
radio FM Paraná Radio San Javier
de Capitán Bermúdez fue interceptado
por un vehículo desde donde cinco
personas le dispararon. A raíz del
hecho, el Secretario General del
Sindicato de Trabajadores Municipales
de Capitán Bermúdez, Jesús Monzón,
permaneció detenido por unos días.
Anteriormente, el mismo Monzón había
causado destrozos en la radio en donde
trabaja Oeschger y también lo había
amenazado de muerte. Asimismo, en años
anteriores la casa del periodista fue
baleada, y sufrió amenazas de muerte y
agresiones físicas.[12]
25. El 1 de abril: la
periodista Maria Mercedes Vásquez, de
la emisora LT7 Radio Corrientes fue
golpeada en la cara, una semana
después de acusar a algunos miembros
del Partido Nuevo de haber introducido
armas al país clandestinamente. En
febrero, Vásquez y su esposo Silvio
Valenzuela, también periodista de LT7
Radio Corrientes, fueron acusados por
el delito de difamación por Manuel
Sussini, senador y miembro del Partido
Autonomista, debido a la difusión de
noticias donde se le involucraba en
actos de corrupción. Hace pocos
meses, en octubre, desconocidos
tiraron una bomba molotov en la casa
de la periodista, presuntamente en
represalia por haber difundido una
grabación de conversaciones
telefónicas que comprometen a
legisladores nacionales, al presidente
del Tribunal Superior de Justicia de
Corrientes y a varios dirigentes
locales, en una aparente conspiración
contra el gobernador Ricardo Colombi.[13]
26. El 29 de abril de 2002
Roberto Mario Petroff del diario
Tiempo Sur de la provincia de
Chubut, fue agredido físicamente por
personas desconocidas días después de
haber publicado una nota sobre
incidentes ocurridos durante protestas
callejeras. Según el Sindicato de
Prensa de Santa Cruz periodistas y
reporteros gráficos son amenazados a
diario en esa provincia.[14]
27. También se ha recibido
información sobre agresiones contra
periodistas y camarógrafos por parte
de colaboradores del ex presidente
Carlos Menem. El 3 de mayo de 2002
custodios del ex mandatario
encerraron, golpearon y amenazaron con
armas de fuego al periodista Daniel
Malnatti, del programa Caiga quien
Caiga, en la provincia de Tucumán.
El 23 de junio de 2002 periodistas del
canal Todo Noticias y un
fotógrafo del diario Clarín
fueron atacados por un grupo de
individuos con rostros cubiertos en
momentos en que se encontraban
cubriendo una manifestación de
asambleas barriales en contra del ex
presidente. El 26 de septiembre del
2002 la periodista Zaida Pedroso de
Radio Ciudad y otros dos
periodistas de FM Metro y del
diario Clarín fueron
insultados, agredidos físicamente e
impedidos de realizar su trabajo por
un grupo de individuos que controlaban
el lugar. El 30 de septiembre del 2002
fueron nuevamente agredidos los
periodistas y camarógrafos que cubrían
el ingreso del ex mandatario a los
tribunales de justicia. La
reiteración de estas agresiones al
trabajo de la prensa refleja la
intolerancia y el uso de la violencia
de algunos sectores políticos en
respuesta reclamos y manifestaciones
ciudadanas. En noviembre del año 2002,
periodistas del Canal 13 y el
canal de cable Todo Noticias de
Buenos Aires fueron físicamente
agredidos por un grupo de
simpatizantes del ex presidente Carlos
Menem durante un acto de campaña. De
acuerdo a la información recibida, los
organizadores impidieron a los
periodistas ingresar al acto sin dar
ninguna explicación y permitiendo sólo
la entrada a un canal de televisión.
[15]
28. El 7 de
julio del 2002 Alberto Lamberti,
concejal de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, Chubut declaró que “haría
un José Luis Cabezas (reportero
gráfico asesinado en enero de 1997) de
cada hombre de prensa local, porque no
informan o hacen notas sobre lo que a
su juicio es noticia.” Las
declaraciones del funcionario
provocaron la reacción y condena de
organizaciones locales de periodistas
que interpretaron como una
intimidación las expresiones del
concejal. Horas más tarde, el concejal
aclaró que sus palabras habían sido
dichas en tono de broma. A pesar de
la aclaración, el Sindicato de
Trabajadores de Prensa Local de Chubut
exigió que Lamberti fuera separado de
su cargo. [16]
29. En septiembre del año
2002 un juez federal ordenó la
Secretaría de Inteligencia del Estado
(SIDE) la confección de una lista con
todas las llamadas entrantes y
salientes de las líneas telefónicas
del periodista Thomas Catan
corresponsal del diario Financial
Times en Argentina en el marco de
una investigación de corrupción en el
Senado. El periodista publicó en
agosto un artículo referente a la
denuncia de un grupo de banqueros
extranjeros ante las embajadas de Gran
Bretaña y Estados Unidos sobre un
supuesto pedido de coimas por parte de
legisladores argentinos. Tras ser
citado a declarar, el 17 de septiembre
el periodista dio su testimonio ante
la justicia y brindó la información
que le solicitaron pero se negó a
identificar a sus fuentes de
información. Como resultado de la
resolución tomada por el juez federal,
el periodista presentó un recurso de
amparo ante la Cámara Federal con el
fin de evitar que se hiciera efectiva
la medida. El escrito presentado por
el periodista alegó que la orden del
juez vulneraba la protección
constitucional de las fuentes de
información, establecida en el
artículo 43 y 18 de la Constitución
Nacional que garantiza la privacidad
del domicilio, la correspondencia y
los papeles privados de las personas.
Finalmente, la Cámara Federal declaró
nula la resolución del juez y ordenó
que se proceda a la destrucción de los
listados telefónicos en presencia del
periodista y sus abogados.
30. En octubre del 2002
desconocidos lanzaron un explosivo en
el domicilio de la periodista María
Mercedes Vázquez en la ciudad de
Corrientes produciendo daños
materiales a la vivienda. La
periodista realizó la denuncia ante
las autoridades y le fue asignada
custodia policial. Vásquez es
integrante del programa radial En
el aire de Radio Corrientes, en el
cual días antes del ataque difundió
grabaciones telefónicas que
comprometían a varios funcionarios
locales. La periodista había sufrido
anteriormente otras intimidaciones a
raíz de su trabajo periodístico. Entre
febrero y marzo del 2002 un senador de
la provincia solicitó su arresto y el
de su colega Silvio Valenzuela por
desacato, figura legal que aún
permanece vigente en la constitución
de la provincia. Ambos periodistas
habían difundido información sobre un
presunto cobro de coimas entre
legisladores provinciales. Vásquez
presentó un hábeas corpus ante la
justicia, la cual determinó que el
artículo 8 de la constitución
provincial invocada por el senador era
inconstitucional. Días más tarde, la
periodista recibió amenazas
telefónicas en su casa y en la radio.
Una de las llamadas fue recibida por
su hija, a quien le explicaron cómo
iban a matar a su madre. En otra de
las llamadas le dijeron: “Vas a
terminar como Cabezas (reportero
gráfico argentino asesinado en enero
de 1997) con seis tiros en la cabeza y
adentro de un baúl.” El 1 de abril
María Mercedes Vásquez fue atacada en
la calle por dos individuos que la
amenazaron y la golpearon en la cara.
En ese momento, la periodista realizó
la denuncia ante las autoridades y le
fue asignada una custodia policial.[17]
31. El 26 de octubre de
2002 agentes policiales dispararon
balas de goma contra los periodistas
Alberto Recanatini Méndez y Tomás
Eliaschev de la agencia Indymedia
Argentina. Los periodistas se
encontraban cubriendo una
manifestación frente al Congreso de la
Nación y en el momento de la agresión
estaban filmando el momento en que la
policía apuntaba contra los balcones
de un edificio desde donde un hombre
les había arrojado una maceta. La
policía disparó a pesar de que los
periodistas estaban identificados como
trabajadores de prensa y cargaban sus
equipos de trabajo. Recanatini recibió
un impacto en la cabeza y otro en el
codo.”[18]
32. El 13 de noviembre del
año 2002 los integrantes del programa
Telenoche Investiga del
Canal 13 de Buenos Aires
denunciaron una serie de actos de
intimidación en su contra. Los mismos
comenzaron tras la investigación
periodística difundida en dicho
programa sobre casos de abuso de
menores por parte de un sacerdote de
la Iglesia Católica miembro de en una
institución benéfica. En una de las
emisiones del programa, los
conductores informaron a la audiencia
que miembros del programa estaban
siendo objeto de seguimientos, actos
intimidatorios y otras presiones. Los
periodistas no quisieron brindar
mayores detalles por temor a su
integridad física.[19]
33. El 19 de noviembre: en
un acto proselitista, un grupo de
simpatizantes del ex presidente Carlos
Menem agredió con golpes de puño y
patadas al periodista Martín Cicioli,
al productor Nicolás Chausovsky y al
camarógrafo Sergio Di Nápoli, del
programa "Kaos en la Ciudad" del Canal
13 de televisión de Buenos Aires.
Mientras los periodistas esperaban
detrás de una valla de contención, un
grupo de simpatizantes del ex
presidente se acercó a los
profesionales de prensa y comenzó a
insultarlos, para luego atacarlos a
golpes y patadas. Miguel Santiago,
productor del canal de cable Todo
Noticias (TN) y su compañero Ignacio
Marcalain, fueron también agredidos.
34. El 26 noviembre del año
2002 uno de los custodios del
periodista Miguel Bonasso fue atacado
con disparos de bala en la puerta del
domicilio de Bonasso por un grupo
desconocido. El periodista atribuyó el
ataque a la investigación que está
realizando relacionada con los sucesos
del 20 de diciembre del año 2001 en
Argentina tras la caída del presidente
Fernando de la Rúa. Bonasso declaró en
un programa de televisión que la
intención de este ataque ha sido
intimidarlo para evitar que publique
sus investigaciones.[20]
Otros
35. De acuerdo a
información recibida, la Relatoría
para la Libertad de Expresión tomó
conocimiento de que el Gobierno de
Neuquen ordenó cancelar toda la
publicidad oficial en el diario “Río
Negro” luego de que dicho diario
difundiera reportajes sobre tráfico de
influencias y presiones en la
legislatura local. Cabe recordar que
el Principio 13 de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión
de la CIDH establece que “la
utilización del poder del Estado y los
recursos de la hacienda pública; la
concesión de prebendas arancelarias;
la asignación arbitraria y
discriminatoria de publicidad oficial
y créditos oficiales; el otorgamiento
de frecuencias de radio y televisión,
entre otros, con el objetivo de
presionar y castigar o premiar y
privilegiar a los comunicadores
sociales y a los medios de
comunicación en función de sus líneas
informativas, atenta contra la
libertad de expresión y deben estar
expresamente prohibidos por la ley”.[21]
La Relatoría seguirá atentamente el
desarrollo de la situación antes
señalada respecto al diario “Río
Negro”.
BRASIL
Asesinatos
36. El 2 de junio de 2002,
el periodista investigador Tim López,
de TV Globo desapareció y más tarde
fue encontrado asesinado. Según
informes periodísticos fue visto por
última vez en misión en los suburbios
de Río de Janeiro en una comunidad
empobrecida de las denominadas favelas.
El 12 de junio la Policía encontró
restos humanos en avanzado estado de
descomposición, junto con la cámara y
el reloj de López, en un cementerio
clandestino en Favela da Grota. Tras
la realización de pruebas de ADN, la
Policía confirmó, el 5 de julio, que
los restos pertenecían a López.
37. En la fecha referida
López había viajado a la Favela Vila
do Cruzeiro. Fue su cuarta visita a
la misma, y en esa oportunidad llevaba
una cámara oculta. Según TV Globo, se
decía que López trabajaba en un
informe sobres fiestas con drogas y
explotación sexual de menores. La
periodista Cristina Guimarães,
coproductora del informe con López y
otros colegas, recibió amenazas de
muerte en septiembre de 2001, y según
O Estado de Sao Paulo tuvo que
abandonar el Estado de Río de
Janeiro. El diario Jornal do Brasil
informó que López había recibido
amenazas por el informe.[22]
38. El 19 de septiembre de
2002, la Policía brasileña capturó a
un narcotraficante local que era el
principal sospechoso de la
desaparición y el asesinato de Tim
López. Elias Pereira da Silva,
conocido también como Elías el Loco,
fue capturado en una de las favelas de
Río de Janeiro. Según la Policía
Civil de Río de Janeiro, dos
sospechosos, ambos miembros de la
banda encabezada por Pereira da Silva,
fueron arrestados en la mañana del 9
de junio. Ambos dijeron haber oído
que López había sido asesinado, pero
negaron toda participación en el
crimen. Según las declaraciones de
los sospechosos, después que López les
dijo que era cronista de TV Globo, los
traficantes llamaron a Pereira Da
Silva, que estaba en una favela
cercana. A López le ataron las manos,
lo metieron a la fuerza en un
automóvil y lo llevaron a la favela,
donde lo golpearon y lo balearon en
los pies para impedirle la fuga.
Luego realizaron un simulacro de
juicio y lo sentenciaron a muerte.
Según los sospechosos, Pereira da
Silva mató a López con una espada, y
su cadáver fue quemado y enterrado en
un cementerio clandestino.
39. El 30 de septiembre de
2002 fue asesinado el periodista
Domingo Sávio Brandão Lima Júnior.
Brandão era el propietario, publicista
y columnista del diario Folha do
Estado, con sede en la Ciudad de
Cuiabá, en el Estado de Mato Grosso,
en el centro de Brasil. A Brandão le
efectuaron por lo menos cinco disparos
dos hombres no identificados que
viajaban en una motocicleta, según
varios informes periodísticos.[23]
Los dos hombres lo esperaban cerca de
las nuevas oficinas del periódico, que
están en construcción. Según la
información recibida hubo varios
testigos del asesinato. Según la
información periodística, la muerte de
Brandão guarda relación con la amplia
cobertura realizada por el periódico
sobre tráfico de drogas, juego
clandestino y actos de corrupción con
participación de funcionarios
públicos, pero además el periodista
era un empresario que poseía compañías
de construcción y publicaciones.
Brandão no había recibido ninguna
amenaza de muerte, según el
periódico. Las investigaciones
policiales dijeron que las pruebas
recogidas indicaban que su asesinato
era por encargo, pero los móviles no
se han aclarado.[24]
40. El 1 de octubre, 2002,
Hércules Araújo Coutinho, cabo de la
policía militar, y Célio Alves de
Souza, ex agente de la policía
militar, fueron detenidos por su
supuesta participación en el crimen.
Hércules Araújo Coutinho fue
reconocido por algunos testigos, como
uno de los asesinos. Le implican
también el examen de los expertos en
balística y una identificación de
huellas digitales, relacionándole con
otros cinco asesinatos, ocurridos en
la región durante este año.[25]
Amenazas
y agresiones
41. En septiembre de 2002,
los periodistas Saulo Borges y Joana
Queiroz, del diario "A Crítica" de la
ciudad de Manaus, estado norteño de
Amazonas, y Jutan Araújo, cronista de
la emisora de televisión TV Camaçari,
de la localidad del mismo nombre en el
estado nororiental de Bahia informaron
haber sido objeto de amenazas. Según
la informado suministrada, desde la
semana del 26 al 30 de agosto, los
periodistas de "A Crítica" denunciaron
recibir llamadas intimidatorias, luego
de haber iniciado una investigación
sobre homicidios cometidos por un
grupo que, según indicaron, estaba
dedicado al exterminio de personas en
Amazonas. Por su parte, Araújo,
informo haber recibido amenazas de
muerte por teléfono luego de haber
hecho a principios de julio una nota
sobre personas que invadían terrenos
en un barrio de Camaçari, localidad
cercana a Salvador, capital del estado
de Bahia. Araújo agregó que en la
última llamada un desconocido le
aseguró que conocía bien su itinerario
diario y que todos sus pasos estaban
siendo seguidos.[26]
Acciones positivas
42. La Relatoría para la
Libertad de Expresión fue informada
por el Estado brasileño que el 25 de
octubre de 2002 el Tribunal Superior
Electoral de Brasil decidió, en forma
expedita y por voto unánime, dejar sin
efecto la censura previa que pesaba
sobre el diario “Correio Braziliense”
relacionadas con la publicación del
contenido de unas grabaciones
telefónicas que vincularían al
gobernador de Brasilia, Joaquim Roriz
a Roriz, con empresarios acusados de
delitos contra el estado. Cabe
recordar que el 24 de octubre un juez
del Tribunal Regional Electoral de
Brasil había ordenado que un oficial
de justicia y el abogado de la
agrupación política del gobernador
supervisaran todas las páginas de la
edición del diario Correio Braziliense
del día 24 de octubre.
43. Correio Braziliense,
entre otros medios, había difundido
información sobre grabaciones
telefónicas que realizó la Policía
Federal en el marco de una causa
judicial donde se investiga a dos
empresarios hermanos de apellido
Passos bajo la sospecha de maniobras
irregulares en el parcelamiento de
tierras. Según se supo, algunas de
esas conversaciones interceptadas
vincularían al gobernador Roriz con
los empresarios. A fines de
septiembre el juez Meguerian, del
Tribunal Regional Electoral (TRE),
había ordenado que nadie publicara el
contenido de las escuchas, pero luego
dio marcha atrás pues las cintas ya se
habían hecho públicas por televisión e
Internet. Tres semanas más tarde, el
juez avanzó sobre la edición del
Correio, haciendo lugar al reclamo del
gobernador. Incluso, según informó el
matutino, el juez prohibió la
publicación de una nota de 35 líneas
titulada "Influencia en el gobierno",
en la que apenas se hacía una
referencia a las cintas cuestionadas y
no reproducía tramo de conversaciones
entre Roriz y uno de los hermanos
Passos.[27]
CANADÁ
Acciones judiciales
44. En julio de 2002, la
Real Policía Montada de Canadá obtuvo
una orden de allanamiento y una orden
de asistencia contra el National
Post, para requerir al editor jefe
del mismo que entregara documentos
referentes a una controversia con
respecto a un préstamo que involucraba
al Primer Ministro. El periódico
impugnó la legalidad de la orden. El
3 de octubre de 2002, un juez de la
Corte Superior de Ontario hizo lugar a
la solicitud de dos organizaciones
periodísticas adicionales, la CBC (Canadian
Broadcast Corporation) y Globe and
Mail, que promovieron su
intervención en el caso, estableciendo
que los límites de las facultades
policiales en la investigación de un
delito representan un "importante
asunto de interés público" que
requiere una "audiencia plena".[28]
45. El 4 de noviembre de
2002 la Policía de Toronto incautó las
cintas no corregidas de una entrevista
realizada por "W-5", un programa de
CTV. La entrevista que aún no había
salido al aire a la fecha de la
incautación, se había realizado con
Salim Danji, que estaba a la espera
del juicio en un caso de supuesto
fraude en inversiones. La Policía
obtuvo una orden de incautación de las
cintas que establecía que el material
podía ser útil para su investigación
del caso.[29]
CHILE
46. El Relator Especial
para la Libertad de Expresión, Eduardo
A. Bertoni, visitó Chile los días 16 y
17 de diciembre de 2002 a invitación
del Gobierno chileno. Comprobó cierto
progreso en la adaptación de la
legislación interna de ese país a las
normas internacionales que garantizan
la observancia del ejercicio de la
libertad de expresión. A ese respecto
es importante subrayar que
recientemente se sancionó la Ley de
Clasificación Cinematográfica que
implica la abolición de la censura en
el marco constitucional, lo que es un
importante avance para la observancia
de la libertad de expresión en Chile.
47. No obstante, el Relator
expresa preocupación con respecto a
ciertas decisiones judiciales que van
en detrimento del derecho a la
libertad de expresión. Recibió
información sobre casos referentes a
periodistas y personas que han
criticado a funcionarios
gubernamentales o a personas
públicas. El Relator realizará un
cuidadoso seguimiento de esos y otros
casos, y señala que una de las
principales preocupaciones de la
Relatoría para la Libertad de
Expresión se refiere a la utilización
del sistema judicial, en muchos países
del Hemisferio, como herramienta de
intimidación, lo que en la práctica se
convierte en un instrumento de
restricción de la libertad de
expresión.
48. Durante su visita, el
Relator reunió también información
sobre un proyecto de ley remitido por
el Poder Ejecutivo al Parlamento sobre
la abolición de las leyes de desacato
que figuran en el Código Penal y en el
Código de Justicia Militar de Chile.
El Relator recomienda que el Congreso
analice esta promisoria iniciativa y
sancione prontamente la ley, para que
culmine el proceso comenzado con la
abolición de la Sección 6 b de la Ley
de Seguridad Interna del Estado. Si
no se sanciona ese proyecto Chile
seguirá manteniendo leyes sobre
desacato, en contravención de las
leyes internacionales establecidas
universalmente, tal como lo señaló la
Relatoría en sus informes anteriores.
Acciones judiciales
49. El 15 de enero de 2002,
Carlos Pinto, periodista y anfitrión
del programa "El día menos pensado" de
Televisión Nacional, y René
Cortázar, Director Ejecutivo de la
estación de televisión referida,
fueron acusados por Carmen Garay,
Jueza del 19h Juzgado del
Crimen de Santiago, del delito de
"libelo grave". "El día menos
pensado" es un programa popular en que
se presentan relatos sobre fenómenos
paranormales teatralizados. Los
cargos provinieron de una
teatralización presentada en el
programa del Sr. Pinto, en que un
individuo poseedor de facultades
psíquicas paranormales tenía una
"visión" de que una mujer que
supuestamente se había suicidado en
realidad había sido asesinada por su
esposo. Aunque no figuraban los
nombres reales de las partes, el
empresario Alejo Véliz Palma
comprendió que el relato se basaba en
una "visión" sobre la muerte de su
esposa. El Sr. Véliz presentó su
denuncia como "libelo grave".[30]
50. El 18 de enero de 2002,
el Consejo de Defensa del Estado (CDE)
apeló una sentencia favorable en el
caso de la periodista Paula Afani, de
La Tercera, para la que se
pedía una sentencia de cinco años y un
día. La Sra. Afani había sido acusada
en 1999 en relación con la publicación
de informes en La Tercera y
La Hora sobre una investigación de
narcotráfico y lavado de dinero
conocida como "Operación Océano". Los
informes fueron publicados durante la
fase inquisitiva de la investigación,
en que los procedimientos judiciales
son secretos. El objetivo de la
denuncia contra la Sra. Afani
consistió en obligarla a revelar sus
fuentes periodísticas, a lo que ella
se rehusó. Como consecuencia, fue
encarcelada el 15 de enero de 1999.
Fue liberada pocos días después, pero
el proceso contra ella prosiguió. El
13 de diciembre de 2001 fue absuelta
por el Juez del Sexto Juzgado del
Crimen del Valparaíso, sentencia que
está siendo apelada por el CDE.[31]
51. El 30 de septiembre de
2002, el abogado Jorge Balmaceda
presentó una acción judicial por
libelo contra Víctor Gutiérrez, del
diario La Nación, quien
había escrito una serie de artículos
sobre los juicios contra militares y
ex militares, por violaciones de
derechos humanos cometidos durante la
dictadura de Augusto Pinochet. En uno
de los artículos, el Sr. Gutiérrez dio
cuenta de una entrevista con un ex
oficial de las Fuerzas Armadas, quien
expresó que el Sr. Balmaceda, en el
curso de su defensa de los acusados en
los juicios por derechos humanos,
había cometido irregularidades para
beneficiar a quienes habían
participado de las violaciones de
derechos. Además de ser denunciado,
el Sr. Gutiérrez sufrió amenazas de
muerte como consecuencia de sus
informes sobre los juicios.[32]
52. El 15 de octubre de
2002 el Coronel Patricio Provoste,
Subdirector de Contrainteligencia de
la Fuerza Aérea chilena, presentó
acciones penales por libelo y demanda
de daños y perjuicios conexos contra
el director de La Nación,
Alberto Luengo. Al igual que en la
acción contra Víctor Gutiérrez, la
dirigida contra el Sr. Luengo se
refirió a las circunstancias de los
juicios por violaciones de derechos
humanos contra ex oficiales de la
dictadura de Pinochet. El Sr. Luengo
escribió un artículo sobre un grupo de
oficiales militares que supuestamente
procuraban impedir las investigaciones
judiciales de las violaciones de
derechos humanos. Según las fuentes
del periodista, el Coronel Provoste
integraba este grupo, lo que fue
negado por el Coronel.[33]
53. En 2002 continuaron los
procedimientos contra el empresario
Eduardo Yáñez, por el delito de
desacato, o sea falta de respecto a la
autoridad. Tal como surge del Informe
Anual de 2001 de la Relatoría
Especial, el 28 de noviembre de 2001
Sr. Yáñez compareció como panelista en
el canal de televisión Chilevisión,
en el programa El Termómetro, y
criticó a la Corte Suprema chilena por
errores cometidos en dos casos. Como
resultado de las declaraciones de
Yáñez, la Corte inició juicio conforme
a las disposiciones sobre desacato del
Artículo 263 del Código Penal. El 15
de enero de 2002 el Sr. Yáñez fue
arrestado y acusado ante la Corte de
Apelaciones de Santiago. Al día
siguiente se le permitió dar fianza y
fue liberado provisionalmente. El Sr.
Yáñez impugnó las acusaciones ante un
tribunal superior, pero la apelación
fue rechazada el 29 de octubre de
2002.[34] La
sentencia fue apelada nuevamente y la
apelación volvió a ser rechazada, el
18 de diciembre de 2002.[35]
Beatriz Pedralds, Fiscal de la Corte
de Apelaciones, recomendó imponer a
Yáñez una multa por el equivalente de
541 días.[36] Si es
condenado por las imputaciones contra
él formuladas, podría ser condenado a
un máximo de cinco años de prisión.
La Relatoría Especial ha expresado
repetidamente su preocupación por
estos procedimiento y ha recomendado
que el Estado de Chile derogue las
disposiciones del Artículo 263 del
Código Penal que establecen el delito
de desacato.
Censura
54. El 3 de diciembre de
2002, el Primer Juzgado del Crimen de
Santiago ordenó la incautación de
todos los ejemplares del libro
"Cecilia, la vida en llamas", como
respuesta a una denuncia formulada por
Cecilia, una cantante popular, contra
Cristóbal Peña, el autor de la
biografía no autorizada sobre ella.
La cantante presentó una denuncia de
libelo contra el Sr. Peña,
estableciendo que el contenido de la
obra dañaba su honor.[37]
En una carta fechada el 18 de
diciembre de 2002, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
solicitó al Gobierno de Chile que
dentro de un plazo de 15 días
proporcionara a la Comisión
información referente a este caso. A
solicitud del Estado, la Comisión
prorrogó el plazo hasta el 25 de enero
de 2003. A la fecha la Comisión no ha
recibido ninguna respuesta del
Gobierno chileno. El 13 de enero de
2003, la Segunda Sala de la Corte de
Apelaciones de Santiago confirmó la
orden de incautación del libro.[38]
Otros
55. En octubre
de 2002, la Comisión recibió
información sobre intentos de impedir
la exhibición de "Prat", obra de
Manuela Infante sobre Arturo Prat, un
héroe chileno de la Guerra del
Pacífico. En primer lugar, el
Presidente de la Corporación 11 de
septiembre presentó una denuncia
conforme a la Ley de Seguridad del
Estado, que fue rechazada por la Corte
por razones procesales. Un ciudadano
privado planteó otra acción, un
recurso de protección, denunciando que
la obra lesionaba el honor y la imagen
de Prat. Además cinco parlamentarios
pidieron al Ministro de Educación que
suspendiera la primera exhibición de
la obra, sosteniendo que viola el
Artículo 19(10) de la Constitución,
que dispone que el Estado debe
proteger el patrimonio cultural de la
Nación. Esos mismos parlamentarios
presentaron al Congreso un proyecto de
acuerdo tendiente a impedir la
exhibición de la obra porque
consideraban que en ella se presenta a
Prat como "cobarde, irracional, ebrio
y homosexual".[39] El Relator
Especial para la Libertad de Expresión
expresó su preocupación por la posible
utilización de la censura previa, y
por carta fechada el 16 de octubre de
2002 solicitó al Gobierno chileno que
proporcionara información adicional
referente a esta situación. El Estado
replicó mediante una carta fechada el
21 de octubre de 2002, señalando que
la moción presentada al Congreso fue
rechazada por 43 votos contra 40, y
que aunque hubiera sido aprobada,
habría tenido el carácter de
recomendación, y no de instrumento
jurídicamente vinculante. El Estado
afirmó que la acción presentada por la
Corporación 11 de septiembre había
sido rechazada por los tribunales. El
Estado no poseía ninguna información
sobre las acciones judiciales incoadas
por personas privadas, pero señaló que
la obra se había representado en un
festival teatral el 18 de octubre de
2002.
Acciones positivas
56. En abril de 2002, la
Corte de Apelaciones de Santiago
dispuso que las estaciones de
televisión de Chile deben proporcionar
interpretación en lenguaje de signos
durante uno de los noticieros de mayor
audiencia. Esta decisión fue el
resultado de un recurso de protección
presentado por dos sordos, quienes
sostuvieron que el lenguaje de signos
es el único medio de comunicación del
90% de la población sorda de Chile.
Sin interpretación en lenguaje de
signos este amplio sector de la
población no tendría acceso a las
noticias.[40]
57. El 3 de mayo de 2002,
Día Mundial de la Libertad de Prensa,
el Gobierno de Chile anunció que
presentaría un proyecto de ley a la
Cámara de Diputados, tendiente a
derogar las leyes sobre desacato y
despenalizar la difamación.[41]
Además, en mayo de 2002, el Diputado
Víctor Barrueto, miembro de la Cámara
de Diputados, presentó el Proyecto de
Ley 2929-07, que eliminaría las
restantes leyes sobre desacato.[42]
En septiembre de 2002, el Presidente
Ricardo Lagos presentó el Proyecto de
Ley Presidencial 212-347, que al igual
que el Proyecto de Ley 2929-07,
eliminaría todas las restantes
disposiciones sobre desacato de la
legislación chilena.[43]
58. El 30 de octubre de
2002, el Senado chileno sancionó la
Ley de Clasificación Cinematográfica,
que sustituiría el sistema de censura
previa de películas por un sistema de
clasificación cinematográfica basada
en la edad de los espectadores. La
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha venido observando el avance
de este proyecto desde que fue
propuesto por el Presidente Ricardo
Lagos el 5 de marzo de 2001, en el
contexto de la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
contra el Gobierno de Chile en el caso
"La última tentación de Cristo". La
CIDH y la Relatoría Especial habían
expresado satisfacción por el sistema
de clasificaciones cinematográficas
para proteger a los menores impidiendo
que ingresaran a salas de exhibición
de películas inapropiadas para su
nivel etario.[44] La ley fue
promulgada por el Presidente de la
Republica a finales de 2002, y entro
en vigencia a partir de su publicación
el 5 de enero de 2003.
COLOMBIA
Asesinatos
59. El 30 de enero de 2002,
Orlando Sierra Hernández, Subdirector
del diario La Patria, de
Manizales, Departamento de Caldas, fue
baleado frente a las oficinas de su
periódico y falleció dos días
después. El Sr. Sierra era uno de los
periodistas más influyentes de la
región. Escribía una columna llamada
Punto de encuentro, en que
analizaba en forma crítica cuestiones
de interés nacional y regional,
incluidos casos de corrupción. En sus
columnas semanales, el Sr. Sierra
también criticaba a rebeldes de
izquierda y a un grupo paramilitar de
derecha. Luis Fernando Soto
finalmente se declaró culpable del
asesinato y fue condenado por un Juez
Especializado de Manizales a 19 años y
medio de prisión. En mayo de 2002,
las autoridades arrestaron también a
Luis Arley Ortiz Orozco, sospechoso de
haber sido el intermediario entre
quienes habían ordenado el crimen y
quienes lo perpetraron. La Fiscalía
General también está investigando a
Francisco Antonio Quintero Torres, por
sospechas de que sea el jefe de la
banda de asesinos de la que formaba
parte el Sr. Soto. No han sido
aprehendidos los autores intelectuales
del crimen.[45]
60. El 11 de abril de 2002,
dos miembros de un equipo periodístico
de RCN Televisión fueron
baleados mientras realizaban la
cobertura de combates entre el
Ejército colombiano y rebeldes de
izquierda. Wálter López, chofer del
equipo, falleció en la escena del
crimen, y Héctor Sandoval, un
camarógrafo, falleció al día
siguiente, por las heridas recibidas.
El equipo periodístico fue baleado en
una región montañosa en las afueras de
la ciudad sudoccidental de Cali, en
que el Ejército estaba atacando a
combatientes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según un testigo de otra empresa
periodística, los periodistas habían
decidido retirarse cuando un
helicóptero del Ejército que
sobrevolaba la zona abrió fuego contra
su vehículo, hiriendo a López. El
testigo señaló que en el techo y a
ambos lados del vehículo estaban
pintadas en grandes caracteres y en
colores brillantes las letras "RCN".
Los periodistas trataron de hacer
señas al helicóptero pidiendo ayuda,
sacudiendo camisetas blancas. Quince
minutos después de que López fuera
baleado, un disparo del helicóptero
hirió a Sandoval. El Ejército ha
abierto una investigación sobre los
asesinatos. El jefe del comando
antisecuestros, Coronel Carlos Arévalo
niega que el Ejército sea responsable
y sostiene que los periodistas fueron
atacados por las FARC.[46]
61. El 28 de junio de 2002
fue asesinado Efraín Varela Noriega,
propietario de Radio Meridiano 70.
El Sr. Varela volvía a su hogar
conduciendo un vehículo; regresaba de
un acto de graduación universitaria en
el Departamento de Arauca, junto con
su hermana y su cuñado, cuando su
automóvil fue interceptado por una
camioneta blanca. Varios hombres
fuertemente armados lo obligaron a
salir de su vehículo, que estaba
identificado con la insignia de
Radio Meridiano 70, y lo balearon
en la cara y el pecho. La hermana y
el cuñado del Sr. Varela quedaron
ilesos. El Sr. Varela era el Director
de dos programas noticiosos y de
comentarios de Radio Meridiano 70,
en que formulaba frecuentes críticas a
todos los bandos que combaten en el
conflicto civil de Colombia, de 38
años de duración. Menos de una semana
antes del asesinato, Varela dijo a la
audiencia, durante su noticiero de la
mañana, que combatientes paramilitares
de las Fuerzas de Autodefensa Unidas
de Colombia (AUC) habían llegado a
Arauca y patrullaban las calles de la
ciudad, que está en la frontera con
Venezuela. Además de periodista, el
Sr. Varela era abogado, maestro y
líder social, con especial interés en
la paz y la resolución de conflictos y
los derechos humanos. Sus actividades
profesionales lo habían hecho
frecuente objeto de amenazas de los
paramilitares y de la guerrillas. Su
nombre apareció en una lista de
personas declaradas "objetivos
militares" por los paramilitares de
las AUC. En los meses que precedieron
a su muerte, Varela había comenzado a
advertir a su familia y a sus colegas
de que su vida podía estar en
peligro. Según su viuda, el Sr.
Varela había recibido amenazas, apenas
dos días antes de su muerte. La
Unidad de Derechos Humanos de la
Fiscalía de la Nación se ha hecho
cargo de la investigación del caso.[47]
62. El 11 de julio de 2002,
Mario Prada Díaz, fundador y director
del periódico mensual Horizonte
Sabanero (más tarde rebautizado
Horizonte
del Magdalena Medio), en el
Departamento de Santander de la región
nororiental de Colombia, fue
secuestrado de su domicilio en la
Municipalidad de Sabana de Torres. A
la mañana siguiente su cadáver fue
encontrado acribillado a balazos no
lejos de su hogar. Los motivos del
asesinato y la identidad de los
posibles perpetradores del mismo no
son claros. No existen indicios de
que el periodista haya recibido
amenaza alguna antes de su muerte. Su
periódico realiza la cobertura de
asuntos culturales, sociales y de
desarrollo comunitario. En él había
aparecido, apenas una semana atrás,
una crónica sobre irregularidades
financieras relativas a la
administración municipal de Sabana de
Torres. Además, una semana antes del
asesinato de Prada, el jefe de las
fuerzas paramilitares de derecha de la
región había advertido que su grupo
comenzaría a matar periodistas. El
lugar en que se encontró su cadáver
está ubicado en una zona en constante
disputa por parte del Frente 22
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), el Frente Vásquez
Chacón del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y el Bloque Central de
las Fuerzas de Autodefensa Unidas de
Colombia (AUC).[48]
63. El 11 de julio de 2002
fue baleada Elizabeth Obando,
responsable de la distribución del
periódico regional El Nuevo Día
de la Municipalidad de Roncesvalles,
Departamento de Tolima. Obando
viajaba en un autobús en Playarrica,
Departamento de Tolima, cuando
desconocidos armados interceptaron al
vehículo, la obligaron a bajarse, y
minutos más tarde le dispararon tres
balazos que le causaron la muerte dos
días después. Ángela Yesenia Bríñez,
portavoz de la municipalidad, también
resultó muerta. Se cree que la 21
División de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) es
responsable del ataque. La Sra.
Obando había sido amenazada
anteriormente por "Donald", jefe de
esa división, debido a un artículo
publicado el 21 de septiembre de 2001
en El Nuevo Día, en que
criticaba a las FARC.[49]
Amenazas y agresiones
64. El 30 de enero de 2002
estalló un coche bomba frente a los
estudios de la estación de televisión
Canal Caracol, en el vecindario
de La Soledad de Bogotá, lo que
provocó amplios daños en la estación y
en los edificios de los alrededores.
Nadie resultó lesionado. El incidente
ocurrió a las 4:15 a.m. (hora local),
cuando tres hombres abandonaban el
vehículo cargado con aproximadamente
30 kilogramos de dinamita. Según el
Coronel de la Policía Rubén Jaramillo,
los agresores dispararon contra un
puesto de Policía local antes de
realizar el ataque. Se afirma que el
movimiento guerrillero Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia es el
probable responsable del ataque.[50]
65. En marzo de 2002, siete
periodistas de grandes medios de
prensa colombianos que habían cubierto
investigaciones penales importantes
fueron amenazados de muerte y se les
dio tres días para abandonar el país.
Las amenazas fueron difundidas en dos
cartas presentadas como aviso fúnebre
que contenían los nombres de todos los
periodistas. La primera carta fue
recibida por la RCN Televisión el 1 de
marzo. Caracol Televisión recibió una
carta idéntica tres días después. Los
periodistas amenazados eran: Jairo
Lozano, cronista del diario El
Tiempo; Juan Carlos Giraldo,
corresponsal principal de RCN
Televisión; Julia Navarrete,
corresponsal de Caracol Televisión;
Jairo Naranjo, corresponsal de RCN
Radio; Hernando Marroquín,
corresponsal de Caracol Radio;
Marilyn López, corresponsal de
Noticias Uno, y José Antonio
Jiménez, ex corresponsal de TV Hoy,
que recientemente cerró. Los siete
periodistas habían realizado la
cobertura de importantes
investigaciones sobre drogas para sus
medios de prensa. La Fiscalía General
está investigando las amenazas. Los
periodistas han sido dotados de
guardaespaldas a través del Programa
de Protección a Periodistas y
Comunicadores Sociales del Ministerio
del Interior. Por lo menos tres de
ellos se encuentran actualmente
escondidos en Colombia, y algunos han
abandonado temporalmente el país.[51]
66. En marzo de 2002, la
Relatoría Especial recibió información
según la cual el columnista Fernando
Garavito había huido recientemente de
Colombia tras una serie de hechos que
le hicieron temer por su vida.
Garavito, que escribe una columna
dominical en el periódico El
Espectador, con oficinas centrales
en Bogotá, partió de Colombia hacia
Estados Unidos el 21 de marzo. En una
serie de columnas, Garavito atacaba a
las fuerzas de orientación derechista
Autodefensa Unida de Colombia (AUC).
También escribió sobre la venidera
elección presidencial de mayo de 2002,
describiendo al entonces candidato
presidencial con mayores
posibilidades, Álvaro Uribe, como
candidato ultraderechista cuya
elección sería peligrosa para el
país. Garavito comenzó a tener
problemas poco después de la aparición
de las columnas. Su nombre apareció
en un comunicado publicado por las AUC,
en que se criticaba a la prensa
colombiana.[52]
67. El 25 de marzo de 2002
Cesar Mauricio Velásquez, Decano de la
Facultad de Periodismo y
Comunicaciones de la Universidad de
Sabana, recibió una llamada telefónica
en que se le advertía de un ataque
programado contra algunos periodistas
en Bogotá. La persona que llamaba,
que se identificó como un sargento
retirado del Ejército, dijo que quería
alertar a Velásquez sobre un plan de
asesinato de periodistas considerados
"enemigos de Colombia". El nombre de
Velásquez figuraba en una de las
listas de periodistas que iban a ser
asesinados. El nombre del periodista
Carlos Pulgarín también figura en la
lista. Velásquez recibió otra llamada
similar el 8 de abril. Velásquez
informó de las amenazas y también del
hecho de que el 6 de abril, cuando se
dirigía a su hogar, un vehículo trató
de impedirle el paso y acorralarlo.
Un incidente similar ocurrió el 8 de
abril, pero en ambas ocasiones logró
escapar a sus perseguidores.
Velásquez no tiene certeza de las
razones por las que fue incluido en la
lista. Como Decano universitario,
Velásquez supervisa el proyecto
Observatorio de Medios, en que se
analizan diversos temas que afectan a
los medios de difusión. Uno de los
informes del proyecto, publicado en el
semanario Semana en la primera
semana de febrero, contenía una reseña
de los periodistas que cubren el
conflicto, reflexionando sobre quiénes
son responsables de intimidar a la
prensa colombiana. Velásquez es
también cronista del programa de
noticioso televisivo Hora Cero,
y denunció el supuesto complot a las
autoridades y a los otros
periodistas. El Programa de
Protección de Periodistas y
Comunicadores Sociales del Ministerio
del Interior le proporcionó un
guardaespaldas.[53]
68. El 4 de abril de 2002
Carlos José Lajud, que trabajaba en la
estación de Bogotá Citytv,
recibió una carta amenazante en las
oficinas de la estación: "Sinceras
condolencias…por la muerte de Carlos
Lajud" rezaba la nota. En ella se
acusaba al periodista de servir los
intereses de la clase gobernante de
Colombia, y lo declaraba, al igual que
a su familia, objetivos militares, y
le exigía que dejara el país dentro de
un plazo de tres días. Desde febrero,
Lajud ha elaborado alrededor de 20
informes de investigación en que
sostiene que las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y
el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), grupo más pequeño, han
organizado células armadas en la
capital. La carta es la más grave de
varias amenazas contra Lajud que
comenzaron a fines de febrero, apenas
tres días después de que salieran al
aire sus informes sobre los nuevos
grupos de guerrilla urbana. Lajud
afirma no conocer la fuente de las
amenazas. El periodista fue dotado de
un guardaespaldas por el Programa de
Protección de Periodistas y
Comunicadores Sociales del Ministerio
del Interior. Lajud y su esposa,
Patricia Busigo, dejaron Colombia el
16 de julio, como medida de
precaución. Lajud es el hijo del
difunto periodista radial Carlos
Alfonso Lajud Catalán, quien fue
muerto a balazos en 1993 tras acusar
públicamente de corrupción a un
alcalde local.[54]
69. El 7 de abril de 2002
explotaron dos bombas cerca de la
estación Radio Super, en
Villavicencio, capital del
Departamento de Meta. Las explosiones
mataron a 12 personas, hirieron a 70 y
causaron daños materiales en la
estación y en otros edificios de las
cercanías. Las autoridades sospechan
que el ataque fue perpetrado por
guerrillas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
No resulta claro si el ataque fue
dirigido contra la estación radial o
contra el público en general. El
candidato presidencial Álvaro Uribe
señaló que la explosión estaba
dirigida contra la estación Radio
Super, por haber transmitido sus
discursos. La estación radial fue
contratada para transmitir la visita
en vivo de Uribe y comenzó a recibir
amenazas tras haber salido al aire
avisos promocionales anunciando la
emisión en los próximos días. La
estación radial llevó adelante las
emisiones pese a las amenazas.[55]
70. El 12 de
abril de 2002 estalló un cohete cerca
de los estudios de RCN Televisión,
en Bogotá. Las autoridades locales
dijeron que el ataque contra la
estación fue intencional. La
explosión destrozó una pared de
ladrillo que rodeaba a un edificio
ubicado a menos de 40 pies de la
estación, en un vecindario industrial
del Sur de Bogotá, según un portavoz
del Departamento de Policía de la
municipalidad. No hubo víctimas. Al
parecer el cohete fue disparado a una
distancia de menos de 1.000 pies (300
metros) de la estación por un hombre
que llegó al lugar en la parte trasera
de una motocicleta. Nadie fue
lesionado en el ataque, que las
autoridades imputaron a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia,
de tendencia izquierdista (FARC).[56]
71. Los días 22 y 23 de
abril, hombres no identificados
pronunciaron amenazas de muerte contra
el periodista de televisión Daniel
Coronell y su hija de tres años de
edad. Coronell, director de
noticieros de Noticias Uno, un
programa de actualidades de la
estación de TV de Bogotá, Canal Uno,
recibió llamadas amenazantes en su
teléfono celular, en su domicilio y en
su oficina tras haber sacado al aire
un informe de investigación en que se
examinan posibles vínculos entre el
candidato presidencial principal del
país, Álvaro Uribe Vélez, y
narcotraficantes. En el informe se
preguntaba también si Uribe había dado
tratamiento preferencial a su padre
cuando era director del Departamento
de Aeronáutica Civil a través de la
aceleración del otorgamiento de una
licencia para un helicóptero que
pertenecía a una compañía de la que
era copropietario su padre. Además de
las amenazas recibidas por Coronell,
Ignacio Gómez, director de
investigaciones de Noticias Uno,
recibió numerosas amenazas de muerte
después que salieron al aire los
informes. Coronell dio cuenta de las
amenazas a la Policía y sacó del país
a su hija y a otros parientes.[57]
72. El 6 de mayo de 2002,
Mauricio Amaya y Diego Burgos,
choferes de la estación de televisión
Caracol, fueron secuestrados en
la Municipalidad de Santa Cecilia,
cerca del límite de los Departamentos
de Chocó y Risaralda. Ambos conducían
vehículos pertenecientes a Caracol
e iban a recoger a un equipo de
periodistas. Los captores se
identificaron como miembros del
Ejército Revolucionario Guevarista,
grupo disidente del Ejército de
Revolución Nacional (ELN), y acusaron
a las estaciones de televisión de
pertenecer a grupos económicamente
poderosos del país y señalaron: "la
guerra está cambiando y todos tienen
que cumplir su papel en ella". Ambos
secuestrados fueron liberados 48 horas
después.[58]
73. El 14 de mayo de 2002,
Carlos Pulgarín, profesor de
periodismo de la Universidad de La
Sabana, en Bogotá, abandonó el país
temiendo por su seguridad. Había sido
objeto de repetidos incidentes de
amenazas e intimidación resultantes,
al parecer, de sus denuncias de actos
de violencia perpetrados por las
facciones en guerra en Colombia. El
14 de marzo de 2002, día de su
cumpleaños, Pulgarín recibió una
llamada telefónica de un nombre no
identificado que le dijo que
disfrutara de su cumpleaños, porque
sería el último. El 19 de marzo,
Pulgarín recibió una llamada
telefónica de quien que se identificó
como sargento retirado de las Fuerzas
Armadas y le advirtió de un plan para
asesinarlo al igual que a otros
periodistas. Más tarde recibió otra
llamada; en esta oportunidad su
interlocutor dijo que el complot
estará a cargo de paramilitares y
miembros del Ejército. Recibió otra
llamada similar el 8 de abril. El 8 de
mayo de 2002 fue amenazado por dos
hombres que se aproximaron a él cuando
caminaba hacia la parada de autobuses
para ir a trabajar y le pidieron que
entregara un mensaje amenazante a
César Mauricio Velásquez, decano del
Departamento de Comunicaciones
Sociales y Periodismo de la
Universidad de La Sabana. Pulgarín
dijo que esos mismos hombres lo habían
acosado y amenazado en varias
ocasiones anteriores desde 2001.[59]
74. El 16 de mayo de 2002,
los periodistas Nidia Álvarez Mariño y
Ramón Vásquez Ruiz, del diario Hoy
Diario del Magdalena, con sede en
Santa Marta, y su chofer, Vladimir
Revolledo Cuisman, fueron secuestrados
en Magdalena por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), de
tendencia izquierdista. Los
periodistas se dirigían a un pueblo
situado al Sur de Santa Marta para
cubrir un caso ventilado ante un
tribunal de justicia local referente a
sectas satánicas, cuando en forma
imprevista se enfrentaron con un
bloqueo de rutas establecido por los
rebeldes cerca de Ciénaga, a unas 420
millas (670 kilómetros) de Bogotá.
Los rebeldes secuestraron a otras
nueve personas, además de los
periodistas y del chofer. Álvarez fue
liberado ileso a la mañana siguiente,
pero los rebeldes siguieron reteniendo
a Vásquez y Revolledo. Varios días
después del secuestro el periódico
recibió una demanda por el equivalente
de US$250.000 y la publicación de un
comunicado de cuatro páginas a cambio
de la liberación de Vásquez y
Revolledo. En el comunicado al
parecer se analizaba la situación
política imperante en Colombia y se
hacían acusaciones contra las fuerzas
paramilitares. El periódico no
cumplió las exigencias de los
secuestradores, sino que ofreció en
cambio publicar una entrevista con un
comandante de las FARC. No obstante,
tanto Vásquez como Revolledo fueron
finalmente liberados ilesos sin que la
estación accediera a lo exigido.
Revolledo fue liberado el 24 de mayo y
Vásquez el 28 de mayo.[60]
75. El 29 de junio de 2002,
la estación radial Meridiano 70,
de la ciudad de Arauca, capital del
Departamento de Arauca, recibió dos
llamadas telefónicas con amenazas de
muerte contra el periodista Josédil
Gutiérrez. Esas amenazas llegaron
apenas 19 horas después del asesinato
del director y propietario de la
estación, Efraín Alberto Varela
Noriega.[61] La persona
que llamaba se identificó como miembro
de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) y dio al periodista 24 horas
para salir de la ciudad. El Sr.
Gutiérrez prefirió quedarse, por temor
de que sus familiares pudieran correr
riesgos de represalias si él se
marchaba. Solicitó protección al
Estado, pero la Relatoría Especial no
tiene información de si le fue
otorgada o no. El Sr. Gutiérrez, que
tenía más de diez años de experiencia
como periodista en medios de difusión
locales y nacionales, trabajaba con el
Sr. Varela en un programa, Hablemos
de Política, que en el curso del
mes presentaba diferentes puntos de
vista sobre los candidatos a
gobernador del departamento.[62]
76. El 30 de junio de 2002,
Luis Eduardo Alfonso, otro periodista
de Meridiano 70, llegó a la
conclusión de que le era preciso
abandonar la ciudad, cuando su nombre
apareció en una lista de personas cuyo
asesinato había sido resuelto por las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El 9 de marzo había recibido además
una llamada telefónica amenazante de
alguien que dijo ser miembro de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), al parecer en
relación con la cobertura de las
relaciones presidenciales realizada
por la estación.[63]
77. El 3 de julio de 2002,
Astrid María Legarda Martínez,
corresponsal que cubre el conflicto en
Colombia para la emisora independiente
RCN Televisión, huyó del país
tras enterarse de que las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) se proponían matarla como
represalia por su cobertura del
conflicto. La periodista había
informado sobre la lucha entre
paramilitares y grupos guerrilleros y
realizó entrevistas con paramilitares
de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC). Legarda se enteró del supuesto
plan a través de una fuente en una
prisión de alta seguridad de Bogotá.
Se rehusó a identificar a su fuente,
pero la describió como confiable y
dijo que tiene conexiones con las
FARC.[64]
78. El 8 de julio de 2002,
cuatro empleados de las estaciones
RCN Radio y Radio Caracol
fueron secuestrados, supuestamente por
las guerrillas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los trabajadores de los medios de
difusión secuestrados fueron Luis
Eduardo Perdomo y José Rodríguez,
chofer y técnico de RCN Radio,
respectivamente, junto con Oscar
González y Elio Fabio Giraldo, técnico
y chofer de Radio Caracol.
El incidente ocurrió cuando estaban
informando sobre una carrera
ciclística nacional de larga
distancia, en el Departamento de
Tolima. Los cuatro fueron liberados
ilesos el 11 de julio, pero no les
fueron devueltos ni sus equipos ni sus
vehículos.[65]
79. También el 8 de julio
de 2002, los paramilitares de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
amenazaron a los periódicos publicados
en Barrancabermeja, Departamento de
Santander. Las amenazas fueron
efectuadas por el Comandante "Alex",
del bloque central de la AUC, quien
manifestó en una entrevista en la
edición del 8 de julio de
Vanguardia Liberal: "O [la
prensa] deja de jugar con el dolor de
la comunidad, o nos veremos en la
lamentable situación de tener que
ejecutar a alguien, para que
comprendan el dolor del pueblo".
Según "Alex" las amenazas obedecen a
la manera "sensacionalista" con que
informan los medios de difusión
locales en el puerto de
Barrancabermeja. Esta región
productora de petróleo es un
territorio en disputa entre las AUC y
las guerrillas. En Barrancabermeja se
publican cuatro semanarios: La
Noticia, El Vocero, La
Tarde de Santander y Periódico
7 días.[66]
80. El 9 de julio de 2002,
dos pistoleros no identificados
abordaron a Anyela Muñoz, propietaria
del semanario El Vocero, en una
calle de Barrancabermeja. Uno de
ellos le dijo que si se publicaba la
edición del periódico de esa semana
alguien iba a morir. Ella se rehusó a
frenar el proceso de producción del
periódico, y denunció el incidente a
la defensoría del pueblo local y a la
Policía Nacional. La Policía colocó
una guardia fuera de las oficinas del
periódico y proporcionó protección
personal a Muñoz.[67]
81. El 19 de julio de 2002
se entregó una carta con amenazas en
las oficinas del programa de noticias
de RCN en Cali, Departamento
del Valle del Cauca. En ella se
mencionaba a ocho periodistas a los
que se daban 72 horas para abandonar
la ciudad, para no ser declarados
"objetivos militares". La carta
estaba firmada por la división
occidental de las milicias urbanas
Manuel Cepeda Vargas de las guerrillas
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC). Los periodistas
mencionados en la carta eran Albeiro
Echavarría, del equipo noticioso de la
estación de televisión Noti5;
Álvaro Miguel Mina, periodista de
Radio Caracol; Luis Eduardo Reyes,
director de un programa transmitido
por RCN Radio; Diego Martínez
Lloreda, subdirector del diario El
País; Humberto Briñez y Wilson
Barco, corresponsales de la estación
de televisión RCN; Hugo
Palomar, de Caracol Televisión,
y el columnista Mario Fernando Prado.
Los periodistas fueron acusados de ser
"títeres del régimen militar del
Presidente Pastrana" y "enemigos del
pueblo, que defienden los intereses de
la oligarquía". La carta termina
refiriéndose a los periodistas como
"mentirosos que carecen de ética
profesional". Algunos periodistas de
la lista habían recibido anteriores
amenazas o habían sido víctimas de
intimidación. Además de las amenazas
contra los periodistas, la carta
reiteraba amenazas contra varias
autoridades locales. Las autoridades
no creen que la carta sea auténtica.
En un incidente similar, el 18 de
julio de 2002, se recibió en las
oficinas Radio Super, en
Bogotá, una carta firmada:
"Secretaría de las FARC". En ella se
sostenía que los equipos noticiosos de
las estaciones radiales y televisivas
de Caracol y RCN habían
sido declaradas "objetivos
militares". Las autoridades no
confirmaron ni desmintieron la
autenticidad de esta carta.[68]
82. El 23 de julio de 2002
los periodistas Jorge Carvalho
Betancur, ex director de Todelar,
en Antioquia, y Fernando Vera
Ángel, director del Radioperiódico
Clarín, programa noticioso
regional especializado en noticias
políticas, resultaron heridos en un
atentado con explosivos en una
cafetería en Medellín. En el mismo
ataque fue muerto Hildebrando Giraldo
Parra, ex parlamentario y ex gerente
de la Empresa de Energía de Medellín.
Además resultaron lesionados el
Concejal Fabio Estrada Chica y otras
cuatro personas. La cafetería era un
lugar de reunión frecuentado por
políticos y periodistas, incluidos
Carvahalo y Vera, quienes se reunían
diariamente para dialogar sobre
cuestiones de política local. El
motivo del ataque aún no resulta
claro, aunque se cree que estaba
dirigido contra ciertos políticos
presentes ese día.[69]
83. El 29 de julio de 2002
fue enviado un mensaje con amenazas a
Radio Meridiano-70 y al
corresponsal de Caracol Televisión,
Rodrigo Ávila. En él se acusaba a los
periodistas y propietarios de medios
de difusión del Departamento de Arauca
de burlarse de la justicia, a quienes
se advertía que podrían ser declarados
"objetivos militares". Firmaba el
mensaje el Bloque de Libertadores de
Arauca de las fuerzas paramilitares
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Ávila, corresponsal de Caracol
en Arauca, dijo que había recibido por
lo menos diez amenazas telefónicas la
semana anterior, y que había
contratado a un guardaespaldas con
ayuda financiera de una entidad
privada de defensa de los derechos
humanos de Colombia. Dijo que
repetidos pedidos de protección
dirigidos al Gobierno anterior y al
nuevo Gobierno del Presidente Álvaro
Uribe Vélez, que asumió sus funciones
el 7 de agosto, habían quedado sin
respuesta. Evelyn Varela, gerente de
Meridiano-70 e hija del difunto
periodista Efraín Varela, asesinado el
28 de junio de 2002, dijo que había
denunciado el mensaje de correo
electrónico a las autoridades locales,
que no habían respondido.[70]
84. El 6 de agosto de 2002,
un equipo noticioso de El Tiempo
fue secuestrado en la
Municipalidad de Mistrató,
Departamento de Risaralda. Fueron
secuestrados el director de asuntos
jurídicos Iván Noguera, el fotógrafo
Héctor Fabio Zamora y el chofer de
ambos, John Henry Gómez. El equipo
noticioso viajaba a la zona para
informar sobre grupos indígenas
locales atrapados en el conflicto
entre rebeldes izquierdistas y
paramilitares de derecha en la
región. Los periodistas fueron
interceptados en la carretera por
guerrilleros fuertemente armados de la
división del Frente Aurelio Rodríguez
de las guerrillas de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), quienes los obligaron a
caminar por las montañas durante dos
horas, reteniéndolos en esa zona
durante la noche. Las guerrillas
reprocharon a los terroristas el hecho
de que los medios de difusión los
describieran como terroristas. Fueron
liberados al día siguiente pero recién
el 8 de agosto llegaron a Pereira,
donde están las oficinas del
periódico.[71]
85. El 17 de septiembre de
2002, Edgar Buitrago Rico, fundador y
director de la publicación mensual
Revista Valle 2000, huyó de la
Ciudad de Cali temiendo por su vida
tras recibir repetidas amenazas de
muerte a partir de mayo. La amenaza
más reciente se produjo a fines de
agosto, a través de una carta remitida
a la prensa y a los políticos locales
en Cali. Estaba firmada por el Comité
de Rescate de Cali, grupo que las
autoridades creen fue inventado por
los individuos no identificados
responsables de las amenazas. En la
carta se acusaba a Buitrago de
publicar mentiras en apoyo del alcalde
de Cali a quien los periodistas
respaldaban públicamente debido a su
supuesta campaña contra la
corrupción. En la carta se advertía a
Buitrago y a otras diez personas que
serían declarados "objetivos
militares" a menos que abandonaran la
ciudad de inmediato. En mayo Buitrago
recibió dos amenazas de muerte por
correo electrónico. Más tarde, en
junio, hombres armados confundieron
con Buitrago al vendedor de publicidad
de la revista, lo obligaron a entrar
en un vehículo y lo amenazaron de
muerte; luego advirtieron su error y
lo liberaron. Sobre la base de esos
incidentes, Buitrago procuró la
protección del Ministerio del Interior
el 21 de agosto. Al no recibir
respuesta durante varias semanas,
decidió abandonar la ciudad. En 1998
Buitrago inició la publicación de la
Revista Valle 2000, destinada a
investigar y denunciar casos de
corrupción política en el Valle del
Cauca. Amenazas de muerte recibidas
en los últimos años obligaron a
renunciar a cuatro de sus
corresponsales voluntarios. Antes de
fundar la revista, Buitrago había sido
subdirector de El Caleño y
cronista de El País.[72]
86. El 14 de octubre de
2002, periodistas y camarógrafos de
varios medios de prensa fueron blanco
de disparos de armas de fuego al
cubrir confrontaciones entre la
Policía y las milicias urbanas en el
vecindario Comuna 13, al Oeste de
Medellín. Claudia Garro, de
Caracol TV, Javier Arboleda, de
El Colombiano, Víctor Vargas, de
Teleantioquia, Fernando
Cifuentes, de Noticias Uno, y
Carlos Franco, de RCN TV, junto
con sus camarógrafos, estaban
parapetados detrás de un muro cerca
del lugar donde se estaban produciendo
las confrontaciones y trataban de
filmar parte de las mismas. Contra
ellos se efectuaron varios disparos, y
los periodistas se retiraron de
inmediato a una clínica de las
cercanías. Todos ellos salieron
ilesos.[73]
87. El 13 de noviembre de
2002, una bomba colocada dentro de un
vehículo explotó frente a los estudios
de la radiodifusora RCN, en
Cúcuta. Fueron heridas cuatro
personas, incluidos un oficial de
Policía, un guardia de seguridad y dos
residentes locales, y resultaron
dañados algunos edificios de las
cercanías, incluida la casa del
Comandante de Policía de Norte de
Santander, Coronel Carlos Alberto
Barragán. Ningún periodista de RCN
u otro trabajador de los medios de
difusión fue herido en el estallido.
No se habían recibido amenazas en la
radiodifusora desde fines de mayo, en
las semanas que precedieron a las
elecciones presidenciales. Las
autoridades manifestaron que a su
juicio el Comandante de la Policía era
el objetivo real del ataque, pero que
un perímetro de seguridad establecido
en torno a su hogar impidió a los
culpables estacionar el vehículo en
las proximidades de la casa. Se
afirma que antes de la explosión los
asaltantes habían disparado contra los
guardias estacionados fuera de la casa
del Comandante de la Policía y luego
huyeron, dejando tras sí un taxímetro
con 40 kilogramos de explosivos en su
interior frente a los estudios de
RCN.[74]
88. El 19 de noviembre de
2002, una bomba escondida dentro de
una maleta fue dejada frente a las
oficinas del periódico regional La
Opinión, ubicado en Cúcuta, en la
región septentrional de Santander.
Los atacantes trataron de ingresar en
las oficinas del periódico, pero los
guardias les impidieron el acceso.
Como los perpetradores del hecho no
pudieron ingresar en el edificio,
dejaron la maleta que contenía la
bomba en el exterior de la entrada
principal y huyeron de la escena de
los hechos. Un guardia percibió la
bomba e informó a la Policía. Una
unidad antiexplosivos desactivó el
artefacto, que contenía 30 kilos del
explosivo Anfo, el mismo utilizado en
el atentado con bombas del 13 de
noviembre efectuado frente a la
estación de radio RCN. Ni el
periódico ni los periodistas habían
recibido ninguna amenaza reciente. El
Jefe de Policía del Norte de
Santander, Coronel Barragán, atribuyó
al ELN el ataque a las oficinas de
La Opinión.[75]
89. El 26 de noviembre de
2002, un mensaje en cinta
magnetofónica, supuestamente grabado
por guerrillas del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), fue
entregado en la estación de Radio
Catatumbo, una filial de Ocaña de
la red de radiodifusoras RCN.
En el mensaje, el ELN insta a los
medios de prensa de la municipalidad a
"informar imparcialmente, para no
sufrir ataques", en un texto similar
al de las amenazas efectuadas contra
la radio RCN y el diario La
Opinión, en Cúcuta. El ELN
menciona también varias quejas del ELN
contra el Ejército. El gerente de
Radio Catatumbo, Agustín McGregor,
señaló que después de la entrega de la
cinta recibió una llamada telefónica
de un portavoz del Comandante "Raúl"
de las divisiones Armando Cauca
Guerrero y Camilo Torres, del ELN. El
jefe guerrillero lo amenazó con sufrir
represalias si no hacía salir al aire
la cinta en su totalidad y daba a
conocer el mensaje del ELN a otros
medios de prensa de Ocaña y del
Departamento de Cesar meridional. La
cinta fue difundida al día siguiente.[76]
90. En diciembre de 2002,
la Relatoría Especial fue notificada
de que los periodistas Rocío Silva, de
Emisora ABC, y Hernando Lozano,
de Radio Reloj Caracol, habían
sufrido continuas amenazas y
hostigamiento, de parte de Miriam
Llanos, presidenta del Consejo
Municipal de Galapa, y su madre,
Yolanda Matera, como represalia por
los informes en que los periodistas
criticaban algunos actos del Consejo
Municipal.[77]
Seguimiento con
relación al asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres
91. En enero de 2002, el
juez penal del circuito especializado
de Valledupar, absolvió a Jorge
Eliécer Espinel Velásquez y Rodolfo
Nelson Rosado, sospechosos del
asesinato del periodista Guzmán
Quintero Torres. Quintero Torres fue
asesinado el 16 de septiembre de
1999. Era el director del diario
El Pilón. Poco antes de su muerte
había publicado una serie de artículos
en que denunciaba homicidios y abusos
cometidos por miembros del Ejército
Nacional. La decisión de absolver a
los dos sospechosos fue apelada por el
Fiscal. La apelación está en trámite.[78]
92. En 2002 se produjeron
novedades en el caso del asesinato del
periodista Jaime Garzón, asesinado el
13 de agosto de 1999. Era un popular
periodista y humorista crítico de
Colombia, que denunciaba y criticaba
el tráfico de drogas, la corrupción
política y militar y las actividades
paramilitares. Además había tomado
parte en negociaciones tendientes a la
liberación de personas secuestradas
por las FARC y había participado como
mediador en conversaciones de paz con
la guerrilla el ELN. El 13 de enero
se cerró la fase de investigación del
caso, prematuramente según algunos
grupos de defensa de la libertad de
prensa, ya que no se había investigado
plenamente la posible participación de
algunos integrantes del Ejército. En
marzo se llevó a juicio del caso de
Garzón, cuando la Fiscalía General
consideró que había pruebas
suficientes para juzgar a Carlos
Castaño Gil, jefe de las fuerzas
paramilitares de Colombia, como
supuesto autor intelectual del
delito. Juan Pablo Ortiz Agudelo,
alias "El Bochas", y Edilberto Sierra
Ayala, alias "Toño", se mencionaban
como autores materiales del
asesinato. El 16 de septiembre de
2002, el juez séptimo de la Corte
Especializada de Bogotá manifestó que
no podría pronunciarse sobre el caso
por ser incompetente por razón de
materia. Según el Código Penal, un
caso debe ser juzgado en una corte
especializada si se cree que un
homicidio ha sido cometido "con fines
terroristas o en el marco de
actividades terroristas", o si la
víctima "era un funcionario público,
periodista, juez de paz, dirigente
sindical, político o dirigente
religioso". El juez de la corte
especializada concluyó que en ese caso
el asesinato no se había producido
mientras la víctima estaba actuando
como periodista, y que el móvil no
estaba vinculado con actividades
terroristas, por lo cual carecía de
jurisdicción en el caso y debía
entender en el mismo una corte
ordinaria. El 23 de octubre la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia revocó la decisión del
juez de la Corte Especializada,
concluyendo que ésta debía entender en
el caso porque el delito había sido
cometido con "fines terroristas"[79]
93. El 2 de octubre de
2002, la Corte Penal Especializada de
Barranquilla absolvió a Alfredo de
Jesús Liévano Alcocer en relación con
el asesinato del periodista Carlos
Lajud Catalán, ultimado el 19 de marzo
de 1993 en la Ciudad de Barranquilla,
Departamento del Atlántico. Se ha
sostenido que el móvil del crimen
consistía en silenciar sus críticas
sobre cuestiones de corrupción en la
administración regional y tráfico de
drogas. Otras dos personas eran
sospechosas de haber participado en el
asesinato: Enrique Sornoza, alias
Garnacha, y Bernardo Hoyos Montoya, un
sacerdote, alcalde de Barranquilla en
dos ocasiones y actual senador. No
obstante, Sornoza fue asesinado en
1994 y la investigación de la
participación de Hoyos Montoya en el
crimen fue cerrada el 5 de junio de
2002. En consecuencia, ninguna
persona está siendo investigada en
relación con el crimen. El 11 de
octubre de 2002, la Fiscalía General
apeló la sentencia de la Corte Penal
Especializada. El asesinato de Lajud
Catalán es uno de los casos que la
Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) ha planteado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).[80]
Legislación
94. El 11 de agosto de
2002, el Presidente Álvaro Uribe
declaró estado de “Conmoción
Interior”. Conforme a la Constitución
colombiana, esa declaración confiere
al Presidente la potestad de dictar
decretos con fuerza de ley
suspendiendo las normas incompatibles
con los mismos. La declaración se
efectuó como reacción frente a las
graves perturbaciones del orden
público causadas por el conflicto
armado interno. En septiembre de 2002
el Presidente Uribe dictó un decreto
presidencial designando a 27
localidades de tres departamentos
diferentes de las zonas septentrional
y noroccidental de Colombia como zonas
de seguridad, lo que confiere al
Estado la facultad de actuar con mayor
energía en su lucha contra los
paramilitares y las guerrillas
izquierdistas. El decreto disponía
también que todos los extranjeros que
viajaran a la zona de seguridad debían
obtener permiso previo del Gobierno.
El 24 de octubre el Gobierno aclaró el
trámite de obtención de esos
permisos. Los periodistas extranjeros
están obligados a remitir por fax una
solicitud al Ministerio del Interior,
indicando la empresa para la que
trabajan, los lugares que se proponen
visitar y la duración de su estadía.
Los extranjeros que se encuentren en
la zona sin permiso pueden ser
deportados. Según un vocero del
Gobierno, los periodistas no están
obligados a revelar lo que se proponen
informar dentro de las zonas de
seguridad. El portavoz agregó que
autoridades del Ministerio del
Interior estarían disponibles las 24
horas del día, los siete días de la
semana, para tramitar solicitudes en
alrededor de una hora si fuera
necesario. Estas normas estaban
destinadas a impedir el ingreso de
extranjeros disimulados como
periodistas para entrenar a grupos
armados. El 25 de noviembre la Corte
Constitucional revocó ciertas
secciones del decreto. La Corte
dispuso que la obligación de los
periodistas que viajaran a las zonas
en cuestión, de obtener permiso previo
del Gobierno, no era aplicable a los
periodistas ya acreditados. También
dispuso que otras disposiciones clave
del decreto, como la admisibilidad de
allanamientos sin orden judicial, los
arrestos y la intercepción de
comunicaciones, violan la Constitución
colombiana.[81]
Acciones positivas
95. El 24 de septiembre de
2002 la Fiscalía General anunció que
asignaría 12 nuevos fiscales a una
unidad dedicada a investigar ataques
contra la prensa. La unidad, que
forma parte de la Fiscalía General
encargada de investigar ataques contra
la prensa, fue creada en mayo de
1999. Anteriormente tenía cuatro
fiscales con oficinas en Bogotá. Al
agregarse esos nuevos fiscales, la
unidad dispondrá de seis fiscales en
Bogotá y once más que trabajan en
otros siete pueblos y ciudades
distribuidos por todo el país. La
Fiscalía General adoptó esta medida
frente al creciente número de delitos
cometidos contra periodistas en
Colombia.[82]
COSTA RICA
Seguimiento con
relación al asesinato del periodista
Parmenio Medina
96. De acuerdo a
información pública dos individuos
fueron incluidos en la causa penal que
la Fiscalía y el Organismo de
Investigación Judicial (OIJ) están
llevando a cabo como parte de la
investigación por el asesinato del
periodista Parmenio Medina ocurrido el
7 de julio de 2001. La fuente indica
que los presuntos autores materiales
del crimen han sido identificados como
Luis Aguirre Jaime y Andrés Chávez
Matarrita.[83]
Acciones positivas
97. En marzo de 2002 la
Asamblea Legislativa de Costa Rica
eliminó el Artículo 309 del Código
Penal que consideraba un crimen
“insultar” la dignidad del presidente
y otros funcionarios públicos.
98. El 25 de abril de 2002
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) expreso, mediante
comunicado de prensa, su complacencia
por la decisión de la Asamblea
Legislativa costarricense.
CUBA
99. Cuba sigue
preocupando a la Relatoría para la
Libertad de Expresión por la falta de
una democracia pluralista que se
traduce en la práctica en la violación
sistemática a la libertad de
expresión. Asimismo, el sistema
jurídico establece numerosas
restricciones a la capacidad de
recibir y difundir información. Las
autoridades cubanas siguen utilizando
prácticas de intimidación y
hostigamiento dirigida a los
periodistas independientes con el fin
de acallar las críticas al gobierno.
Amenazas y agresiones
100. El 27 de febrero de
2002, agentes policiales y de
seguridad del Estado atacaron con
palos a los periodistas de Reuters,
Alfredo Tedeschi y Andrew Cawthorne,
cuando cubrían un incidente frente a
la Embajada mexicana en La Habana.
101. Según la información
recibida de crónicas internacionales,
un grupo de ciudadanos cubanos
utilizaron un autobús para estrellarlo
contra las puertas de la Embajada con
la esperanza de obtener asilo. La
Policía persiguió, golpeó y detuvo a
varios circunstantes que se habían
congregado en las afueras de la
Embajada. En la refriega fueron
capturados dos periodistas de Reuters:
Tedeschi, un camarógrafo, fue arrojado
al suelo por la Policía, y le quitaron
la cámara. Cawthorne, corresponsal de
Reuters en Cuba, fue golpeado en el
brazo y en la espalda.[84]
102. El 4 de marzo de 2002
el corresponsal de CubaPress Jesús
Álvarez Castillo daba cobertura
informativa a una protesta de la
Fundación Cubana de Derechos Humanos (FCDH)
en la ciudad de Ciego de Ávila cuando
un policía le aplicó una llave de
estrangulación y le lesionó el cuello.
103. En camino a la
estación de policía, Álvarez Castillo
perdió el conocimiento y tuvo que ser
llevado a un hospital local donde le
hicieron radiografías, las que
revelaron que había sufrido un
esguince en una vértebra cervical.[85]
104. El mismo día, varios
periodistas y activistas de la FCDH se
congregaron en el hospital para
protestar el ataque contra Álvarez
Castillo. Durante dicha congregación
varias personas fueron golpeados por
la policía, obligados a entrar en
autos policiales y llevados a la
unidad local del Departamento Técnico
de Investigaciones, la policía
criminal cubana. En el grupo se
encontraban Léster Téllez Castro,
director del servicio noticioso
independiente Agencia de Prensa Libre
Avileña y secretario organizativo de
la FCDH, y Carlos Brizuela Yera,
reportero de la agencia de noticias
independiente Colegio de Periodistas
Independientes de Camagüey.[86]
105. Según la
información recibida el mismo día,
Téllez Castro, director de la Agencia
de Prensa Libre Avileña (APLA), y
Brizuela Yera, que trabaja en el
Colegio de Periodistas Independientes
de Camagüey, fueron golpeados por la
Policía el 4 de marzo, y luego
detenidos, junto con ocho activistas
de los derechos humanos. Dichas
personas fueron arrestadas cuando iban
a visitar a Jesús Álvarez Castillo,
corresponsal de la agencia CubaPress
en Ciego de Ávila (zona central de
Cuba), que había sido hospitalizado
por haber sido golpeado el mismo día
por la Policía.
106. Téllez Castro
fue trasladado a una prisión en
Cienfuegos (al Oeste de Ciego de
Ávila) el 11 de marzo y Brizuela Yera
fue enviado a un centro de detención
en la provincia oriental de Holguín.
Se prevé que ambos sean acusados de
"comportamiento insultante" y de
"causar perturbación en un servicio
médico" y "rehusarse a obedecer
instrucciones". El director de APLA,
Téllez Castro, está en huelga de
hambre desde el 5 de marzo. Los cinco
activistas de los derechos humanos
también fueron llevados a centros de
detención.
107. Según la información
recibida, el 21 de marzo de 2002,
oficiales de la Policía de Seguridad
del Estado impidieron la continuación
de las clases de periodismo que
impartía la asociación en La Habana.
Se impidió el paso de tres periodistas
independientes, Jorge Olivera
Castillo, Dorka Céspedes Vela y Omar
Rodríguez Saludes, cuando se dirigían
al domicilio de Ricardo González
Alfonso, presidente de la asociación.
Otros dos periodistas, Carmelo Díaz
Fernández y Víctor Manuel Domínguez
García, que ya estaban en el domicilio
de González Alfonso, fueron parados
cuando salían por un Policía que les
advirtió que las clases eran ilegales.
Esa misma noche el miembro de la
asociación, Iván García Quintero, fue
interrogado por oficiales de la
Policía de Seguridad del Estado acerca
de las actividades de la asociación.[88]
Detenciones
108. El 23 de
febrero de 2002 fue arrestado el
periodista cubano Carlos Alberto
Domínguez, de la agencia de prensa
independiente Cuba Verdad. Según la
información recibida, Domínguez fue
arrestado en su hogar por cuatro
policías de seguridad del Estado y
encarcelado, primero en La Habana, en
un centro dirigido por el Departamento
Técnico de Investigaciones (DTI) que
forma parte del Ministerio del
Interior y que es notorio por
maltratar a los prisioneros. La salud
del periodista, que sufre migraña y
alta presión arterial, sufrió un grave
quebranto, y desde marzo está recluido
en el Hospital Militar de Mariana. Se
afirma que Domínguez ha sido acusado
de "perturbar el orden público" y
"rehusarse a obedecer instrucciones".[89]
109. El 3 de mayo de 2002,
Garcell Pérez, de la agencia noticiosa
Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO),
fue detenido y golpeado durante una
hora. El incidente ocurrió en el
Hospital Juan Paz Camejo,
Municipalidad de Sagua de Tánamo, en
la Provincia de Holguín, zona oriental
de Cuba. En esa ocasión el periodista
estaba grabando una entrevista con la
madre de uno de los pacientes para un
artículo que estaba redactando. Según
la información proporcionada por Raúl
Rivero, vicepresidente regional en
Cuba del Comité de Libertad de Prensa
e Información de la SIP, oficiales de
la Policía Nacional y de Seguridad del
Estado allanaron la casa de Garcell
Pérez en la medianoche del viernes 3
de mayo. Los oficiales incautaron
cinco libros de prácticas
periodísticas, documentos, cartas,
revistas y los archivos del
periodista. Éste es el representante
en Holguín de la Sociedad Manuel
Márquez Sterling, asociación no
reconocida por las autoridades cubanas
que dicta cursos de capacitación para
periodistas independientes. Garcell
Pérez fue liberado en la tarde el
sábado y se le impuso una multa de 400
pesos. Se le formuló una advertencia
y se le entregó una tarjeta oficial
que lo identifica como "persona muy
propensa a delinquir".[90]
110. El 30 de julio de
2002, el periodista Ángel Pablo
Polanco, del Servicio Noticuba, fue
arrestado en su hogar en La Habana el
30 de julio de 2002. Oficiales de
Seguridad del Estado llegaron a su
domicilio en las primeras horas de la
mañana y lo revisaron durante varias
horas. Según la esposa de Polanco,
Ángela Salinas, los oficiales de
seguridad incautaron material técnico,
muchos documentos y dinero.
Finalmente, alrededor de las 9 p.m.,
arrestaron a Polanco sin presentar la
orden de arresto pertinente. Cuando
Polanco se rehusó a acompañarlos lo
llevaron por la fuerza. Permanece
detenido en el edificio del servicio
de Seguridad del Estado, en Villa
Maristas, en La Habana. Su esposa,
que fue autorizada a visitarlo el 6 de
agosto, dijo que no sabe de qué ha
sido acusado su esposo. El arresto de
Polanco, precedido el día anterior por
el de dos opositores al Gobierno, se
produce tras la jornada de protesta
contra el Gobierno de Castro convocada
para el 5 de agosto por organizaciones
de oposición. Polanco fue arrestado
anteriormente por dos oficiales de
seguridad del Estado, el 23 de febrero
de 2000, tras haber publicado informes
sobre las actuaciones realizadas
contra el Dr. Oscar Elias Biscet,
presidente de la Fundación Lawton.
Anteriormente Polanco había sido
detenido por períodos breves en cinco
oportunidades en 1999, para ser
interrogado.[91]
Legislación
111. El 16 de enero de 2002
por un decreto aprobado por el
Ministerio del Comercio Interior se
prohibió la venta de ordenadores
personales a los particulares. Según
un artículo publicado el 25 de marzo
en el periódico digital wired.com, el
decreto n' 383/2001 prohíbe "la venta
de ordenadores, impresoras, máquinas
de policopiar, fotocopiadoras y
cualquier otro instrumento de
impresión masiva" a cualquier
asociación, fundación, organización
civil sin interés de lucro y a los
particulares. En el caso de que se
considere indispensable la compra del
equipo, o de sus piezas sueltas o
accesorios, deberá solicitarse una
autorización al Ministerio del
Comercio Interior.
112. Según la información
recibida, la prohibición se habría
producido después del lanzamiento de
una página web del Instituto Cubano de
Economistas Independientes -ilegal- (www.cubaicei.org),
dirigido por la economista disidente
Marta Beatriz Roque. El acceso a la
página desde Cuba fue bloqueado el 7
de diciembre, antes de cumplirse una
semana de su lanzamiento. De acuerdo
a la información suministrada en Cuba
el acceso a la red se encuentra
estrictamente regulado. Su
utilización está sometida al respeto
"a los principios morales de la
sociedad cubana y a las leyes del
país". Solo pueden acceder las
empresas extranjeras y las
instituciones gubernamentales. Aunque
existen dos cibercafés, el primero de
ellos está reservado para los
turistas, y al segundo solo pueden
acceder los miembros de la asociación
oficial de escritores y artistas
cubanos, la UNEAC.
113. Desde septiembre de
2001, cuatro oficinas postales de La
Habana ofrecen a los cubanos la
posibilidad de crearse una dirección
electrónica y de acceder a la red.
Sin embargo, la navegación está
limitada a las páginas aprobadas por
las autoridades, denominadas "la
Intranet".[92]
Otros
114. El 5 de mayo de 2002
el escritor disidente Vladimiro Roca
Antúnez fue liberado 70 días después
de haber completado su condena a cinco
años de reclusión.
115. Roca Antúnez, de 59
años de edad, miembro honorario de
English PEN, fue arrestado el 16 de
julio de 1997, un mes después de
publicar un panfleto titulado "La
Patria es de Todos". En él los
coautores, Roca Antúnez, Félix Bonne
Carcasses, René Gómez Manzano y Marta
Roque Cabello, instaban al Gobierno
cubano a realizar elecciones
democráticas, liberalizar la economía
y mejorar la situación de los derechos
humanos. En marzo de 1999 los cuatro
fueron declarados culpables de
"sedición y otros actos contra la
seguridad del Estado". Roca Antúnez
fue el que recibió la condena más
larga, presumiblemente por ser el más
importante de los cuatro, ya que es el
hijo de Blas Roca, uno de los
fundadores del comunismo en Cuba.
Roca Antúnez es el último de los
cuatro en ser liberado.[93]
116. En noviembre de 2002
la autoridades cubanas confiscaron
los archivos y fotografías de la
periodista francesa Catherine David,
que había ingresado en Cuba con visa
de turista para informar sobre la
situación de los derechos humanos y de
los disidentes.
117. David, que trabaja
para el semanario francés Le Nouvel
Observateur, fue interceptada en
el aeropuerto internacional de La
Habana el 8 de octubre, cuando pasaba
por la Aduana con un amigo que es
escultor y fotógrafo. Ambos fueron
conducidos a una sala del sótano del
aeropuerto, en que sus maletas fueron
registradas cuidadosamente.
118. Fueron copiados todos
los archivos de la computadora de
David. Sus cintas de audio, que
contenían entrevistas con disidentes,
y todas sus notas le fueron
confiscadas. También fueron
incautados todos los rollos de
películas y varios libros e informes
sobre la situación de los derechos
humanos en Cuba. Además los
funcionarios aduaneros copiaron todas
las páginas de la libreta de
direcciones de David. En Cuba, la Ley
88, de marzo de 1999, prevé hasta ocho
años de prisión para toda persona que
ayude a los medios noticiosos
extranjeros.
119. Tras perder su vuelo
debido a la larga duración de la
revisación, ambos fueron finalmente
autorizados a salir de Cuba, dos días
después. Hasta la fecha han sido en
vano los pedidos de David a los
servicios aduaneros cubanos, de que se
le devuelva su material.[94]
ECUADOR
Legislación
120. El 18 de septiembre de
2002, el Congreso de Ecuador aprobó
una serie de reformas a la Ley de
Radio y Televisión. En esas reformas
se reconoce el derecho de las
radiodifusoras comunitarias a operar
en las mismas condiciones que las
radiodifusoras comerciales.[95]
Esta ley fue promulgada el 7 de
noviembre de 2002.
Acciones judiciales
121. En octubre de 2002, la
Primera Sala de lo Penal de la Corte
Suprema de Justicia absolvió a Jorge
Vivanco Mendieta, subdirector del
diario Expreso, de Guayaquil,
de los cargos criminales de difamación
e injurias contra el honor en un caso
planteado contra él por Fernando
Rosero, Diputado del Partido
Roldosista Ecuatoriano (PRE), en julio
de 2001. Esta acción judicial se basó
en un informe en que el periodista
había criticado a generales de las
Fuerzas Armadas por no ejercer su
derecho de defensa contra las
acusaciones de Rosero referentes al
escándalo que rodeaba a la compra de
armas a Argentina en 1995, cuando
Ecuador estaba en guerra con Perú.
Además de la acción penal, el Sr.
Rosero presentó una acción civil por
libelo e insultos, promoviendo la
reparación de daños y perjuicios por
un total de US$1.000.000. La acción
civil está pendiente de sentencia
definitiva.[96] El Sr.
Vivanco informó también que había
recibido amenazas mientras esperaba el
fallo en esos casos, y solicitó
protección al Gobierno.[97]
EL SALVADOR
Legislación
122. El 15 de agosto de
2002 la Asamblea Legislativa de El
Salvador aprobó la nueva Ley de
Defensa Nacional que tiene por objeto
"establecer las bases jurídicas,
orgánicas y funcionales para la
preparación y ejecución de la defensa
nacional". El Art. 25 de la citada
Ley dispone que "los funcionarios, las
autoridades públicas o municipales y
las personas naturales o jurídicas
deberán proporcionar en lo que
corresponda, la información requerida
de manera oficial por la autoridad
competente para los fines de la
defensa nacional". Según la
información recibida, el 20 de agosto,
la Asociación de Periodistas de El
Salvador (APES), la Fundación de
Estudios para la Aplicación del
Derecho (FESPAD) y PROBIDAD dirigieron
una carta al Presidente de la
República, Lic. Francisco Flores, en
la que expusieron que el artículo en
cuestión atenta contra el derecho a la
libertad de expresión y la libertad de
prensa, especialmente, porque en
nombre de la "defensa nacional" podrá
obligarse a los periodistas a revelar
sus fuentes de información.[98]
123. Según la información
recibida por esta Relatoría, en carta
dirigida al primer mandatario el 20 de
Agosto y suscrita por APES, Fundación
de Estudios para la Aplicación del
Derecho (FESPAD) y PROBIDAD, se le
solicitaba que sugiriera a los
legisladores, modificar el Art. 25,
que obligaba a los periodistas a
revelar sus fuentes de información, en
nombre de la "defensa nacional".
Según la información
subministrada por estas
organizaciones, en octubre de 2002, el
Presidente Francisco Flores,
presento sus observaciones a la
Asamblea Legislativa respecto el
recién aprobado proyecto de Ley de
Defensa Nacional, sugiriendo a los
legisladores, que se excluya del texto
de la ley a las personas naturales o
jurídicas de la obligación de entregar
información a las autoridades para
fines de la defensa.[99]
124. El 26 de septiembre de
2002 la Asamblea Legislativa de El
Salvador aprobó un paquete de reformas
a la Ley de la Corte de Cuentas (la
principal institución fiscalizadora de
El Salvador), que incluye la
modificación del Art. 46 en el sentido
que "los informes de auditorías (...)
tendrán carácter público, una vez se
haya emitido resolución exonerando de
responsabilidades o haya sido
declarada ejecutoriada la sentencia en
el juicio de cuentas". Anteriormente
el referido artículo no imponía
ninguna restricción jurídica para que
los informes de auditoría fueran del
conocimiento de los periodistas y de
los ciudadanos inmediatamente después
de su emisión. Según la información
recibida, con la reforma aprobada, los
informes de auditoría tendrán carácter
secreto mientras no concluya la fase
de determinación de responsabilidades
o de juicios de cuentas, que
normalmente demoran varios años. El
16 de octubre de 2002 el Presidente
Flores aprobó las reformas a la
mencionada Ley.[100]
Esta reforma podría dificultar el
acceso a información en tiempo
oportuno.
ESTADOS UNIDOS
Acciones
judiciales
125. El 9 de enero de 2002,
Dolia Estévez, corresponsal en
Washington, D.C. del diario mexicano
El Financiero, recibió una
orden del Tribunal de Distrito de
Estados Unidos del Distrito Oriental
de Virginia de que entregara el
material que utilizó para la redacción
de un artículo en 1999 sobre una
familia mexicana supuestamente
vinculada con el tráfico de drogas. El
19 de marzo de 2002, el Juez Federal
Welton Curtis Sewell otorgó a Estévez
su petición de anular la orden de
comparecencia en juicio, testificar o
presentar documentación u otros
elementos probatorios.[101]
El demandante en el caso apeló el
fallo del Juez Sewell. En el momento
de redacción de este informe, la
apelación todavía estaba pendiente.
La Oficina del Relator Especial
expresó su preocupación con respecto a
este caso en un comunicado de prensa
el 21 de febrero de 2002.[102]
126. El 17 de julio de
2002, David W. Carson y Edward H.
Powers, Jr., editor y redactor,
respectivamente, del The New
Observer, fueron declarados
culpables de siete acusaciones de
difamación penal en un juicio por
jurado en Kansas por las declaraciones
publicadas en el The New Observer
sobre Carol Marinovich, la
alcaldesa/jefa ejecutiva del Gobierno
Unificado del Condado de Wyandotte/Kansas
City, y sobre su esposo, Ernest
Johnson, un juez de tribunal de
distrito.[103] Los
señores Carson y Powers fueron cada
uno sentenciado a pagar una multa de
$700 y a un año de libertad
condicional. La sentencia ha sido
suspendida hasta que se resuelva la
apelación del caso.[104]
La Oficina del Relator Especial
expresó su preocupación por este caso
en su Informe Anual de 2001.[105]
127. El 2 de agosto de
2002, la Juez Gladys Kessler del
Tribunal de Distrito de Estados Unidos
emitió un fallo en una demanda
entablada por más de dos docenas de
organizaciones de derechos civiles y
de interés público de acuerdo con la
Ley de Libertad de la Información (FOIA).
Los grupos apelaban contra el rechazo
del Departamento de Justicia (DOJ) a
las solicitudes presentadas a
organismos de dicho Departamento con
el fin de obtener información sobre
casi 1.000 individuos que fueron
detenidos por acusación de un delito,
mediante orden judicial como testigos
esenciales y por violaciones de la ley
de inmigración como parte de las
investigaciones del 11 de septiembre.
Los demandantes procuraron dicha
información, así como los nombres de
los detenidos, las circunstancias de
su arresto y detención, incluidas las
fechas de detención y puesta en
libertad, los lugares donde fueron
arrestados y detenidos, la naturaleza
de las acusaciones presentadas y los
nombres de los abogados. La Juez
Kessler ordenó al DOJ que diera a
conocer los nombres de los detenidos,
o que demostrara la legitimidad de
mantener dicha información en secreto,
y los nombres de sus abogados, pero
indicó que el DOJ tenía motivos
válidos para mantener en secreto otra
información relativa a los arrestos.[106] La orden
de la juez de hacer públicos los
nombres de los detenidos ha sido
suspendida pendiente de apelación.[107]
128. El 26 de agosto de
2002, el Tribunal de Apelación del
Sexto Circuito de Estados Unidos
emitió un fallo sobre la impugnación a
una directiva que requería que las
audiencias de deportación en "casos de
especial interés" estuvieran cerradas
a la prensa y al público, incluidos
los familiares y amigos. La cuestión
del caso era el Memorando Creppy, una
directiva emitida por el Jefe de
Inmigración, el Juez Michael Creppy a
todos los Jueces de Inmigración de los
Estados Unidos el 21 de septiembre de
2001. El Memorando tenía por objeto
prevenir la revelación de información
que podía poner en peligro la
seguridad nacional después de los
ataques terroristas del 11 de
septiembre. El Tribunal decidió que el
Memorando Creppy era una limitación
inconstitucional al derecho de la
libertad de expresión. Indicando que
el acceso público desempeña un papel
significativo y positivo en las
audiencias de deportación ya que es el
principal medio con el supervisar la
imparcialidad de dichos
procedimientos, el Tribunal decidió
que debe presumirse que estos
procedimientos están abiertos al
público. Las preocupaciones del
gobierno con respecto a la seguridad
nacional eran válidas, sin embargo,
debía decidirse caso por caso si se
cerraba el acceso a tales
procedimientos, mediante la
determinación de una cuestión de hecho
particularizada en cuanto a la
necesidad de que las audiencias sean
cerradas al público. El gobierno no
cumplió con este requisito porque la
directiva Creppy no estableció las
normas que debían utilizarse para
clasificar un caso como "de especial
interés".[108] El 8 de
octubre de 2002, el Tribunal de
Apelaciones del Tercer Circuito de
Estados Unidos también falló en un
caso que objetaba el Memorando Creppy
y llegó a la conclusión de que no
había un derecho constitucional que
garantice el acceso a las audiencias
de deportación debido a que se trata
de procesos administrativos, en vez de
penales, y no ha habido ningún
"antecedente sin interrupción y
consistente” de acceso al público en
dichos casos.[109] Debido al
conflicto entre los fallos de los dos
Tribunales de Circuito, es probable
que esta cuestión sea considerada por
el Tribunal Supremo. Según algunos
defensores de la libertad de prensa,
ha habido por lo menos 600 procesos de
inmigración secretos desde que el
Memorando Creppy fue emitido.[110]
129. El Relator Especial
reconoce la grave amenaza que
representan las actividades
terroristas y la obligación del
gobierno de prevenir y sancionar tales
actividades. No obstante, el Relator
Especial también reitera que, cuando
se llevan a cabo iniciativas para
prevenir y sancionar el terrorismo,
los estados deben seguir respetando
los derechos humanos y libertades
fundamentales. En su Informe sobre
Terrorismo y Derechos Humanos, la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos señaló que el acceso a la
información que tiene el gobierno debe
estar regido por el principio de
"máxima divulgación", lo cual
significa que debe presumirse que la
información será revelada por el
gobierno.[111] Para no
revelar información, el gobierno debe
demostrar que dichas restricciones son
necesarias para proteger un objetivo
legítimo, como la seguridad nacional.[112] El acceso
a las reuniones de los órganos
gubernamentales, tales como los
procedimientos judiciales, también
debe estar regido por la presunción de
que dichas reuniones son abiertas al
público.[113]
A este respecto,
la Relatoría recuerda lo establecido
en el principio 9 de la Declaración
de Principios sobre Libertad de
Expresión: El asesinato, secuestro,
intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la
destrucción material de los medios
de comunicación, viola los derechos
fundamentales de las personas y
coarta severamente la libertad de
expresión.
IPyS, 30 de enero de
2002; IPyS/IFEX, 14 de febrero de
2002, 23 de mayo de 2002; Fundación
para la Libertad de Prensa (FLIP),
31 de enero de 2002; Reporteros Sin
Fronteras (RSF), 31 de enero de
2002; Asociación Mundial de
Periódicos (WAN), 1 de febrero de
2002; Sociedad Interamericana de
Prensa/Inter-American Press
Association (SIP-IAPA), 1 de febrero
de 2002; Comité para la Protección
de Periodistas (CPJ), 18 de abril de
2002; Centro Análisis de
Información, 18 de abril de 2002.
SIP/IAPA, 12 de abril de
2002; CPJ, 12 de abril de 2002; RSF,
12 de abril de 2002; Asociación
Nacional de Periodistas (ANP), 13 de
abril de 2002.
IPyS, 29 de junio de
2002; RSF, 1 de julio de 2002; CPJ,
1 de julio de 2002; SIP/IAPA, 2 de
julio de 2002.
Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP), 12 de
julio de 2002; CPJ, 12 de julio de
2002; IPyS, 12 de julio de 2002; RSF,
15 de julio de 2002; Canadian
Journalists for Free Expression (CJFE),
16 de julio de 2002; SIP/IAPA, 17 de
julio de 2002; Asociación Mundial de
Periódicos (WAN), 17 de julio de
2002; Writers in Prison Committee (WiPC)
de International PEN, 17 de julio de
2002.
Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP), 25 de
julio de 2002; RSF, 26 de julio de
2002.
CPJ, 11
de abril de 2002; IPyS, 24
de abril de 2002;
Fundación para la Libertad de Prensa
(FLIP), 19 de julio de 2002.
IPyS, 11 de abril de
2002; CPJ, 19 de abril de 2002
CPJ, 15 de abril de 2002;
Centro Análisis de Información, 13
de abril de 2002; Asociación
Nacional de Periodistas, 13 de abril
de 2002.
CPJ, 26 de abril de 2002;
IPyS/IFEX, 26 de abril de 2002; RSF,
6 de mayo de 2002.
CPJ, 17 de septiembre de
2002; IPyS/IFEX, 21 de agosto de
2002.
IPyS, 13 de marzo de
2002, 24 de octubre de 2002;
Fundación para la Libertad de Prensa
(FLIP), 13 de agosto de 2002, 26 de
septiembre de 2002; SIP/IAPA, 27 de
septiembre de 2002.
IPyS, 12 de agosto de
2002; RSF, 18 de septiembre de 2002,
26 de octubre de 2002; 12 de agosto
de 2002; Fundación para la Libertad
de Prensa (FLIP), 20 de septiembre
de 2002, CPJ, 25 de octubre de 2002,
3 de diciembre de 2002.
CPJ, 30 de octubre de
2002; IPyS, 11 de octubre de 2002.
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