Las autoridades deben investigar muertes de manifestantes

(Nueva York, 16 de abril de 2002) — Las autoridades venezolanas deben emprender inmediatamente una investigación exhaustiva e imparcial para determinar quién es responsable de los asesinatos y otros graves abusos a los derechos humanos cometidos durante el reciente período de inestabilidad política, dijo hoy Human Rights Watch.

Una serie de personas fueron asesinadas y muchas más heridas durante las protestas políticas de Caracas que llevaron al derrocamiento temporal del Presidente Hugo Chávez Frías, el 12 de abril de 2002, así como durante los días posteriores, antes de que Chávez retomara la presidencia.

"Los responsables de matar y herir a civiles durante el reciente período de inestabilidad política en Venezuela deben rendir cuentas por sus acciones", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "El gobierno de Chávez podría dar un paso de gigante en la recuperación de la confianza en su autoridad si se compromete a garantizar que no haya impunidad por los recientes abusos."

Según la información recibida por Human Rights Watch, al menos doce personas fueron asesinadas y muchas otras heridas el 11 de abril, en el centro de Caracas, durante una protesta política masiva de los opositores al gobierno de Chávez. Tras estos acontecimientos violentos, las fuerzas armadas venezolanas forzaron al Presidente Chávez a dejar su cargo y Pedro Carmona Estanga, el líder de la confederación empresarial más grande de Venezuela, Fedecámaras, ejerció de presidente autoproclamado del país hasta el sábado 13 de abril.

Se informó de que fueron asesinadas al menos trece personas, y quizá muchas más, y muchas otras resultaron heridas durante el período entre la salida de Chávez y su regreso al poder, el 14 de abril de 2002. Human Rights Watch ha obtenido información que indica que gran parte de la violencia fue cometida por agentes de policía durante las protestas políticas en barrios pobres de Caracas.

Human Rights Watch también expresó su preocupación por que, durante el período en que el Presidente Chávez estuvo bajo custodia militar, la policía detuvo a varios de sus simpatizantes y allanó numerosas casas incumpliendo normas fundamentales del debido proceso. Human Rights Watch pidió una investigación plena e imparcial de estos registros y detenciones ilegales.