Despertar Universitario Nº 157.
    El mismo día de su publicación me comentaron que el fiscal que estuvo a cargo del caso del asesinato de Giandomenico Pulitti, pese a que había adelantado las investigaciones, le ordenaron que lo dejara por cuanto se haría cargo un fiscal de Caracas con jurisdicción nacional. Dicho fiscal nunca llegó.
    El diario Cambio publica hoy un artículo del periodista Serra en el que dice: "Tras las declaraciones emitidas por Ivano Pulitti...son varias las voces del oficialismo que se han levantado, no solo para exigir justicia sino para conminar al burgomaestre a dejar de emitir juicios que pudieran perjudicar a muchas personas".
    Luego le atribuye a Rubén Ávila Serrati haber dicho que las declaraciones del hermano de Giandomenido fueron "producto de la ingenuidad del 'compatriota'....Las declaraciones habían sido un error, pero está consciente de que todo esto forma parte,...de la emoción por el triunfo obtenido por Ivano Pulitti en la alcaldía de Tovar".
    Posteriormente, según el periodista, Ávila Serrati dio un indicio acerca de los responsables del asesinato cuando declara: "yo por lo menos presumo que como crimen político tiene que haber arrancado de alguna parte y nosotros presumimos que los autores intelectuales deben haber estado ubicados en la cuenca del Mocoties, el área del Mocoties". Luego le atribuye a Rubén Ávila haber afirmado que la CICPC "debe pronunciarse lo más pronto posible por este caso".

    Considero que sin fiscal a cargo de la investigación, sin abogado penalista que oriente las investigaciones y con sólo 37 integrantes en la CICPC es muy poco lo que se podrá adelantar.

Muertos y Heridos: ¿sin justicia y sin dolientes?
 
CRÓNICA DE UNAS MUERTES NO ESCLARECIDAS
Mario Peralta

En los últimos años se han producido varios asesinatos de bolivarianos en el Estado Mérida. Cinco cooperativistas y Giandomenico Pulitti, el candidato a alcalde de Tovar por el MVR, fueron eliminados; además, otros dirigentes han sufrido heridas de distinta gravedad. Ninguno de estos crímenes ha sido esclarecido, entre otras cosas porque no recibieron la debida atención por parte de quienes tienen responsabilidad, en la gobernación, en el MVR o en las Alcaldías, de designar especialistas en derecho penal que se hagan cargo de los casos y orienten las investigaciones. En algunas oportunidades los integrantes de la Fuerza Bolivariana de Abogados se ocuparon de promover las primeras experticias, pero como ni la Gobernación ni el MVR les dieron ninguna instrucción al respecto, ni recibieron un poder, no pudieron seguir. El resultado es que los delincuentes van quedando impunes.

Las comentadas declaraciones de Yván Pulitti
 
Luego de conocerse los resultados electorales, cuando se festejaba el triunfo -con pollo y frijoles en Carabobo- un rumor, que circuló como reguero de pólvora, puso a parir a las redacciones de los informativos de los medios. Se decía que Yván Pulitti, electo Alcalde de Tovar luego de sustituir en esa postulación a su hermano asesinado, había acusado al Gobernador del Estado Mérida y a ocho miembros de su tren ejecutivo como presuntos autores intelectuales del crimen que le costó la vida a Giandomenico Pulitti, uno de los pocos merideños del tren ejecutivo de la Gobernación y que, en una medición entre dirigentes bolivarianos, había sido el preferido por la mayoría.

Además de falsa, la versión de que Iván había acusado al Gobernador de tal autoría es incompresible por cuanto son de todos conocidos los lazos de afecto que lo unían a Giandomenico, de quien decía que era como su hermano. Pero es indudable que Yván, su mamá, y el resto de la familia Pulitti han padecido un verdadero calvario desde el asesinato de Giandomenico; y también es cierto que se han quejado, reiteradamente, de que el gobierno regional no ha hecho las diligencias necesarias para lograr el esclarecimiento del crimen. Me parece que fue ése, y no las versiones que le adjudicaron, el sentido de las expresiones de Yván.

Vi por última vez a Giandomenico en el acto con que la Fuerza Bolivariana Universitaria dio inició a su campaña para las elecciones rectorales, en la sede de APULA. En esa oportunidad la FBU presentó el libro “La Universidad en Entredicho”, que es una compilación de artículos efectuada por José Sant Roz y cuya financiación fue posible gracias a las gestiones de Giandomenico, quien se desempeñaba como Presidente del Instituto Merideño de Cultura. El Gobernador participó del acto e hizo uso de la palabra. Luego, durante el brindis, Giandomenico charló conmigo. Comenzó comentando que en el último número del periódico “Las Verdades de Miguel” aparecía una denuncia de los legisladores que habían saltado la talanquera el 12-A. Luego se centró en uno de los representantes de Mérida. Afirmaba, en forma obsesiva, que “lo único que le interesa es el dinero”. Hacia el final de la charla se nos unió José Sant Roz. Nos retiramos cerca de la media noche, y horas después me llamaron para avisarme que lo habían asesinado.

Soy también testigo de que durante la última visita a Mérida del Comandante William Izarra, Iván le solicitó que le consiguiera a su mamá una entrevista con el Presidente Chávez, para tratar el tema del asesinato de Giandomenico. En esa misma oportunidad, Iván me pidió detalles de la conversación que había mantenido con su hermano, pocas horas antes del crimen.

Pero volviendo al rumor que mencionamos anteriormente, es importante señalar que las palabras de Yván luego de su designación como Alcalde no implican ninguna acusación al Gobernador. Lo que dijo Iván es que eran “cinco los sicarios” involucrados en el asesinato de su hermano y que los autores intelectuales pertenecían a una “mafia política enquistada”; descartó categóricamente que se tratara de una intervención del narcotráfico o de un crimen pasional. Insistió en que se trata de un hecho político, y en algún momento mencionó a dirigentes bolivarianos de Mérida: Rubén Ávila, Luis Quiñónez, Luis Velázquez Alvaray y Luis Martín, entre otros. Pero su queja se refería al silencio que dichos dirigentes han observado en relación con el asesinato de su hermano; nunca los señaló como autores intelectuales del crimen.

Por otra parte, en sus declaraciones al periódico “Frontera” del martes de esta semana, Yván aclara más aún el sentido de sus palabras que tanto revuelo causaron. Dijo que “por lo que a Florencio respecta, nadie puede esperar de mí ninguna posición distinta a la camaradería y la amistad que nos debemos como revolucionarios y luchadores comprometidos con este proceso”. Y, asimismo, agrega: “Les hice un reclamo a los hombres que mi hermano acompañó durante estos años, para que sus voces, como la mía, se alzaran airadas, por encima de este muro de silencio y exigieran justicia. Florencio es uno de ellos y, sinceramente, de él esperaba otras respuestas. Esperaba su solidaridad y un apoyo que trascendiera el simple cumplido de las palabras... Las respuestas de Florencio me han dejado en la misma situación en que me encontraba la noche en que asesinaron a mi hermano: desconcertado, asombrado. El gobernador... no observó en el fondo de mis palabras la enorme preocupación y la expresión de dolor familiar que no es gratuito... Se trata de una herida que no hemos podido cerrar... Ya van seis meses de duelo y queremos ver a este amigo de mi hermano y de mi familia a nuestro lado, acompañándonos, cerrando filas al lado de quienes gritamos que se esclarezca el crimen de Giandomenico y que aparezcan los responsables”.

Los campesinos asesinados

Se dice que el número de campesinos asesinados con motivo de la adjudicación de tierras en los últimos años supera el centenar. En todo caso, como cinco de ellos vivían y trabajaban en la Zona de la Panamericana del Estado Mérida, entendemos que era tarea de la Gobernación del Estado designar un abogado penalista que se ocupara de tales crímenes. Aunque la Fuerza Bolivariana de Abogados ofreció sus servicios, la Gobernación, que debería haber encargado formalmente a estos compatriotas abogados de esos cinco casos, no concretó su acción. De hecho, no se han ocupado de los respectivos juicios, y cuatro de esos crímenes han quedado impunes.

Luego del último asesinato, ocurrido el año pasado en el Municipio Obispo Ramos de Lora (en las proximidades de su ciudad capital, Santa Elena de Arenales), la unidad del INTI de protección del campesino contra el sicariato designó como abogado al penalista Ernesto García, quien logró la detención de la presunta asesina, Sioly Torres, también imputada por agresiones contra otros chavistas (el abogado Ernesto García es especialista en este tipo de casos, está atendiendo dos asesinatos ocurridos en Caja Seca del Estado Zulia, y se está ocupando de la acusación contra un sicario al cual se le han imputado dieciséis asesinatos de bolivarianos en ese estado).

La Gobernación de Mérida, cuyos abogados no tienen experiencia en derecho penal, debió haber contratado algún especialista en esa área, pero no lo hizo. Posiblemente ésa es una de las causas que han retrasado un avance significativo en las investigaciones de los crímenes, tanto de los cooperativistas, como de Giandomenico Pulitti.

Los heridos
 
Hasta el momento no se ha designado abogado para atender el caso de los heridos en el ataque que protagonizara Gerardo Gollo Regardiz, y que narramos en el Nº 155 de “Despertar Universitario”. Dos de ellos tienen un brazo quebrado, uno fue alcanzado por una bala y un cuarto recibió un patadón; estos cuatro casos fueron verificados por el médico forense. Otros dos compatriotas sufrieron lesiones menores: la patrullera a quien la policía trató de arrancarle el espejo retrovisor que ella había recogido como prueba de la agresión de Gollo, y otro patrullero que recibió un golpe en la frente. Cabe destacar el esfuerzo que realizó un grupo de funcionarios del CICPC, que trabajó hasta altas horas de la noche para que todas las víctimas pudieran rendir sus declaraciones. Por su parte, Gollo también denunció ante el CICPC a sus agredidos, y luego contrató a dos de los mejores penalistas de Mérida para que lo defendieran. En cambio, los compatriotas bolivarianos siguen desprotegidos ya que ni la gobernación, ni el MVR, ni el actual alcalde (que era a quien le estaban haciendo propaganda los agredidos) se han ocupado de designar  penalistas que se ocupen de defenderlos y de acusar al agresor.

Nos viene a la memoria otro caso lamentable. Ocurrió en El Vigía, durante el paro petrolero. Un chavista que estaba controlando la distribución de gasolina notó que los empleados de la gasolinera favorecían a algunos coleados. Les llamó la atención, y como ellos respondieron que lo hacían por orden de la dueña, le reclamó a la señora. Pero ella dijo que ésa era su gasolinera y que ahí se hacía lo que ella disponía. Un rato después el compatriota bolivariano fue agredido con una bate por un individuo contratado por la dueña de la gasolinera quien, al mismo tiempo, lo denunció como su agresor. Nadie designó un abogado que se ocupara del caso y el chavista terminó preso. Esperemos que los patrulleros agredidos por Gollo no terminen también entre rejas.

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