Consejo Ejecutivo
Salvador de Bahía, Brasil
25 y 26 de septiembre de 2003

Resolución  Venezuela

El Consejo Ejecutivo de la CIOSL/ORIT, reunido en Salvador de Bahía, Brasil, el 26 de septiembre de 2003, al recibir información de los hechos acaecidos en los campos residenciales de Petróleos de Venezuela (PDVSA), particularmente en el Campo Los Semerucos, en la Península de Paraguaná en el Estado Falcón, Venezuela, en donde han sido gravemente violentados los derechos humanos de los/as trabajadores/as de PDVSA, en nombre de sus 45 millones de afiliados/as en el continente americano:

Condena con toda energía los atropellos perpetrados en contra de los/as trabajadores/as y de sus indefensas familias, incluyendo mujeres, niños y niñas de muy corta edad;

Señala      al gobierno de Hugo Chávez Frías como responsable de las graves violaciones a los derechos humanos, habida cuenta de la campaña de violencia verbal que el Presidente de la República ha desarrollado durante meses en contra de los/as trabajadores/as de PDVSA;

Anuncia que elevará denuncias en contra del gobierno de Venezuela ante la OIT y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, por los atropellos que la fuerza armada de Venezuela, siguiendo instrucciones del gobierno nacional, han perpetrado en contra de indefensos trabajadores/as y la población civil en los campamentos residenciales de PDVSA;

Demanda que el gobierno venezolano cese el inhumano acoso, persecución y represión en contra de los/as trabajadores/as de PDVSA y sus familias, y proceda a permitirles acceso a sus ahorros, que han sido ilegalmente incautados por la empresa y el gobierno;

Advierte sobre la posibilidad de que hechos de violencia similar contra las familias petroleras, se puedan estar presentando en el futuro inmediato, en las zonas residenciales de PDVSA en la Costa Oriental del Lago, del Estado Zulia y en la zona petrolera de los Estados Monagas y Anzoategui, en el oriente del país;

Responsabiliza al gobierno venezolano por el bienestar e integridad física de los/as trabajadores/as de PDVSA y sus familiares y hace un llamado a la OIT y a la OEA para que tomen medidas cautelares que impidan que dichos trabajadores/as y sus familias continúen siendo víctimas de la violencia organizada del gobierno nacional.

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