Ataques a los medios de comunicación y demás violaciones a los DD.HH. de los venezolanos

EL NACIONAL
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20040304
Política

21 periodistas y camarógrafos víctimas de la represión
Hernán Lugo

 

     21 periodistas y camarógrafos víctimas de la represión
     El lunes fueron arrestados tres comunicadores de los cuales dos fueron liberados, mientras que otros 18 resultaron lesionados cuando cumplían con su misión de informar sobre la arremetida de los cuerpos de seguridad del Estado contra las personas que adversan al presidente Chávez
     HERNÁN LUGO GALICIA
     Los trabajadores de la prensa vuelven a sufrir
agresiones por un solo hecho: cubrir las protestas e informar sobre la violación de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. El reporte indica que, hasta el mediodía del martes, había tres periodistas detenidos (dos ya fueron liberados), y 18 reporteros y camarógrafos víctimas de agresiones. Ante el recrudecimiento de la violencia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas expresaron su preocupación y designaron un Comité de Emergencia Gremial que, junto con otras ONG, levantará la información sobre las violaciones a la libertad de expresión y/o a los derechos humanos. Los interesados pueden llamar a los siguientes teléfonos y direcciones: SNTP 7932883 / 7931996 / 0414 - 2364660 sntp@reacciun.ve; fip@eldish.net . Foro www.sntp.org.ve. Y CNP, 7817601. "Hacemos un vehemente llamado al Gobierno, al Ministro de la Defensa y los factores políticos de Gobierno y oposición para que recobren la sindéresis y declaren un urgente alto a la violencia y a los desbordamientos represivos, mientras se buscan rápidas salidas a la profunda crisis política que vive el país", según el comunicado. Exhortaron a los reporteros a utilizar sus implementos de seguridad, y a no exponerse innecesariamente. La periodista Acianela Montes de Oca, cuyo número celular es 0416-6055083, fungirá de enlace con las organizaciones de derechos humanos que operan en el país.
     Balance del gremio
     Periodistas detenidos: 1-03-04 Alirio Rodríguez y Dainu Acosta, profesores de periodismo en la Universidad Cecilio Acosta, Maracaibo, Estado Zulia. Acompañaban a alumnos durante una
manifestación de protesta en la Circunvalación II. Fueron llevados al comando regional de la Guardia Nacional y liberados en la mañana del miércoles. Roberto Rasquin, redactor de la revista Producto, está recluido en la sede de la Policaracas, en La Cota 905, según confirmó el director de ese cuerpo, Antonio Pujol.
     Heridos: 27-02-04 -Carlos Montenegro, camarógrafo de Globovisión, herido de bala en la pierna izquierda por un uniformado, durante la marcha de la oposición en la avenida Andrés Bello.
     -Vladimir Gallardo, reportero gráfico de El Impulso. Víctima de disparo de perdigones a quemarropa en pleno rostro y sufrió síntomas de asfixia.
     -Berenice Gómez, reportera de Ultimas Noticias. Sujetos identificados con el oficialismo le quitaron sus pertenencias y la amenazaron de muerte cerca del mercado de Guaicaipuro.
     28-02-04 -Felipe Izquierdo, camarógrafo de Univisión. Herido de bala en una pierna. Dijo a la agencia IPS que le dispararon desde la marcha opositora.
     -Juan Barreto, fotógrafo de la agencia francesa AFP, fue impactado en una mano y en el tórax. Responsabilizó a un jovencito de la marcha opositora. Lo salvó el chaleco antibalas, según relató a IPS.
     01-03-04 -Johnny Figarella, reportero de Globovisión, sufrió el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho, cuando trabajaba en Caurimare, en Caracas, pero gracias al chaleco antibalas no resultó herido de gravedad.
     -Henry Delgado y Edgar López, reporteros de El Nacional. Delgado fue despojado de su cámara fotográfica por un soldado de la GN, perseguido y atacado por grupos oficialistas, en Terrazas del Ávila. López registró lesiones en la cabeza.
     -Janeth Carrasquilla, reportera de Globovisión, en Valencia, Carabobo. Golpeada en la cabeza con un objeto contundente.
     -Billy Castro, reportero de El Impacto, Estado Anzoátegui, fue vapuleado por oficialistas cuando cubría la toma de la Cámara de Comercio de Anaco.
     -Bernabé Ruiz, reportero gráfico de El Tiempo. Una bomba lacrimógena lanzada por la GN le lesionó el rostro.
     -Willimar Rodríguez, corresponsal de El Impacto en El Tigre, Estado Anzoátegui, agredido por supuestos oficialistas.
     -Reyna Díaz, corresponsal de El Tiempo, en El Tigre, afectada en disturbios.
     -María Gabriela Gómez, reportera de Telecaribe, atacada en el elevado de Lecherías, Anzoátegui.
     -Omar González Moreno, conductor de Mar de Fondo, en Telecaribe, Puerto La Cruz, denunció que fue perseguido y atacado.
     -Paula Andrea Jiménez, reportera de Televen, fue interceptada junto con el camarógrafo Franklin Sánchez, en la avenida Sanz, en El Marqués. Encapuchados los amenazaron y obligaron a entregar el equipo.
     02-03-04
     -Juan Carlos Aguirre, de CMT. Fue golpeado por la GN con la culata de un fusil y obligado a quitarse la máscara antigas. Su único delito: grabar el momento cuando los efectivos disparaban contra los manifestantes apostados en Altamira. Pedro Luis Flores: el periodista de Globovisión y su equipo fue atacado con armas de fuego luego de que sortearan una barricada en la avenida Andrés Bello, a la altura de Las Palmas.
     03-03-04 Carlos Colmenares: mientras cubría las protestas vespertinas en Altamira, el camarógrafo de RCTV recibió un tiro en la parte frontal del tobillo izquierdo por parte de supuestos francotiradores apostados en edificios de la parte sur de la plaza Francia.
    
     Leyenda Organizaciones internacionales exigen investigar las
agresiones contra los trabajadores de la prensa

 

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20040306
Política

Human Rights Watch exige investigar denuncias de atropellos
Ramón Navarro

 

     Human Rights Watch exige investigar denuncias de atropellos
     El director ejecutivo de la organización internacional que vela por los derechos civiles, José Miguel Vivancos, recalcó que el Gobierno debía asegurarse de que las fuerzas públicas no abusen de su poder. Hasta el momento hay siete personas desaparecidas, de acuerdo con la Coordinadora Democrática
     RAMÓN NAVARRO
     El director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivancos, fijó posición a través de un comunicado sobre las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela e insistió en que el Gobierno está en la obligación de emprender una investigación exhaustiva de las denuncias sobre excesos policiales y militares durante las manifestaciones de los últimos días. Vivancos destacó que dad
a la volatilidad política en el país, "es fundamental que las fuerzas de seguridad actúen dentro del marco legal y ejerzan la debida moderación en su respuesta a las protestas. El Gobierno debe investigar de inmediato las denuncias de brutalidad y asegurarse de que los miembros de la policía y de la Guardia Nacional no abusen de su poder". En el comunicado de prensa, fechado en Washington, se habla de los muertos y los periodistas heridos, los cuales han sido una consecuencia directa de las manifestaciones que han sido reprimidas por la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad. "De acuerdo con las normas internacionales, el uso intencional de la fuerza letal por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley sólo es permisible cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida", subrayó. Igualmente, el organismo internacional precisó en el texto que ha habido numerosas denuncias de allanamientos indebidos, que rompen con el cerco legal, así como detenciones y maltratos a civiles y la destitución de tres jueces que pusieron en libertad a varios procesados. En relación con las agresiones físicas, la ONG destacó el caso del estado Zulia, donde la GN detuvo a 23 estudiantes y 2 profesores, quienes estaban participando en una marcha de protesta el 1° de marzo.
     Siete desaparecidos
     La Comisión Jurídica de la Coordinadora Democrática aseguró que no saben el paradero de siete opositores detenidos, pues sus nombres no aparecen ni en los centros de reclusión ni en los hospitales y mucho menos en la lista de procesados por los tribunales. D'Elsa Solórzano, quien dirige la mencionada comisión, explicó que han movido cielo y tierra para dar con el paradero de los desaparecidos y aún no hallan evidencias de dónde puedan estar. De acuerdo con los comentarios de los vecinos de la plaza Francia de Altamira, durante las manifestaciones de los días posteriores al 27 de febrero, las person
as fueron arrestadas por un grupo comando integrado por guardias nacionales y disip. Los siete desaparecidos son Omar Arturo Morales, de 28 años de edad; Juan José Pérez, de 27 años; Juan Ernesto Sánchez, de 37 años; Andrés Bastidas Guédez, de 32 años; José Luis Rodríguez, de 33 años; Eduardo José Miranda, de 30 años, y Julio César Gómez, de 34 años. "Los hemos buscado en todas los centros de reclusiones. Cuando detienen a alguien en Caracas los llevan a la Disip, a la Guardia Nacional en El Paraíso o Altamira, Policaracas, Polisucre, Polichacao, y allí hemos buscado. No están en las listas de ninguna parte ni en la lista de presentados a tribunales. Se los tragó la tierra", apuntó la asesora jurídica de la alianza opositora. Destacó que aún continuaban las detenciones y que hasta ayer en la tarde la cifra superaba las 400 personas aprehendidas. Esta cantidad corresponde al total de arrestados, de los cuales unos han sido liberados y otros pasados a la orden de los tribunales. Solórzano apuntó que para el próximo lunes está previsto activar la etapa de apelaciones, proceso en el que se busca lograr la libertad de más de 100 procesados en distintos tribunales. Asimismo, denunció el caso de Eric Naranjo, de 17 años de edad, quien ha sido vejado salvajemente y trajinado entre adultos.
    
     Fotoleyenda: La Coordinadora Democrática expresó preocupación por la desaparición de siete manifestantes

 

EL NACIONAL
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20040401
Política

Acusan a Chávez en La Haya por crímenes de lesa humanidad
Hernan Lugo

 

    
     Acusan a Chávez en La Haya por crímenes de lesa humanidad
     La querella es por la muerte de 40 personas, 20 casos de torturas y 50 de violencia física, ocurridas desde abril de 2002 hasta marzo del 2004, supuestamente por motivaciones políticas
     Una nueva acusación se ejerce contra Hugo Chávez en el exterior. Esta vez un grupo de abogados viajó a la Corte Penal Internacional de la ONU, con sede en La Haya, Holanda, donde solicitó que se investigue al Presidente por presuntos crímenes contra la humanidad, ocurridos desde abril de 2002 hasta marzo del 2004. La asociación de víctimas solicitó al tribunal internacional que investigue en total 20 casos de torturas, 40 muertes, 50 de violencia física, 40 encarcelamiento arbitrarios y cuatro casos de abuso sexual, por presuntos móviles políticos, según los abogados, pero la Corte Internacional no confirmó si recibió la solicitud formal, informó la cadena CNN en español. Se trata de los mismos profesionales que intentaron una querella en España, por la desaparición de un europeo en los hechos de abril de 2002, cuya petición fue negada por los tribunales españoles. Alfredo Romero, abogado de 52 víctimas agrupadas en la asociación Víctimas de la Violencia Política, informó a la cadena de noticias estadounidense que entregaron los expedientes a fiscales de la Corte Penal Internacional, a quienes les expusieron la tragedia de 19 ciudadanos que murieron como consecuencia de heridas por armas de fuego, luego que se presentara un enfrentamiento durante una marcha convocada contra Chávez el 11 de abril del 2002, en las inmediaciones de Miraflores. En esa época, un grupo de oficiales de alto rango responsabilizó al mandatario de las bajas y lo derrocó por un corto período: 48 horas. Fue el golpe de Estado más breve de la historia democrática. Chávez retomó el poder con ayuda de tropas leales y seguidores y, de inmediato, responsabilizó a sus enemigos políticos de haber provocado las muertes y los heridos. El jefe de la asociación civil Víctimas Venezolanas de Violencia Política (Vive), Mohamad Merhi, espera que con esta acción se logre la justicia que le ha sido negada en Venezuela por los tribunales ordinarios, según declaró a la agencia AP. En un comunicado, la asociación Vive explica que "el grupo de víctimas venezolanas se vio forzado a acudir a la Corte Penal Internacional, ante la absoluta negligencia y parcialidad de la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y los tribunales para llevar adelante las denuncias de violaciones de derechos humanos". Los denunciantes demandaron a la Corte medidas inmediatas de protección, bajo el argumento de que están en presencia de "actos repetitivos y planificados por parte del gobierno de Chávez de presuntas violaciones de derechos humanos". Gustavo Tovar, otro de los apoderados de Vive, precisó que la organización pidió la averiguación sobre los recientes sucesos registrados en Venezuela, en los cuales se observó un uso excesivo de la fuerza para controlar las
manifestaciones que exigían la convocatoria a un referéndum revocatorio presidencial y en las cuales hubo uso de armas de fuego, palizas y torturas, según las denuncias. En su programa Aló, Presidente, Chávez negó los atropellos e instó a sus adversarios a consignar pruebas de las torturas y muertes. Se comprometió a juzgar a los responsables si se comprobaban las agresiones, calificó a los protestantes de subversivos armados, y enalteció las acciones de las fuerzas de seguridad. CNN precisó que la Corte Penal Internacional -fundada en 2002 para juzgar casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad- sólo puede actuar si los tribunales nacionales no pueden, o no lo hacen. Su jurisdicción se ciñe a los crímenes cometidos por ciudadanos de los países firmantes del tratado, dentro y fuera de esos países. Venezuela es uno de los más de 90 países que han ratificado el Estatuto de Roma. Sin embargo, decenas de países, especialmente Estados Unidos, han rechazado los dictámenes de la Corte que ayer, por ejemplo, ordenó a la administración de George Bush a resarcir a los familiares de un grupo de mexicanos que intentó ingresar a tierras norteamericanas, y fueron lesionados y torturados. La acción de Vive, informó AP, ocurre tres meses después que los abogados de las víctimas hicieran una primera presentación en La Haya, y lograron en esa oportunidad la apertura de una investigación preliminar y la puesta en observación del caso venezolano.
    
     Leyenda Foto TOM GRILLO El 11 de abril de 2002 murieron 20 personas por heridas de bala
    

 

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20040310
Política

"¡No le disparen al pueblo!"
Ramón Navarro

 

     ¡No le disparen al pueblo!
     A Carlos Caballero le dispararon a mansalva, recuerda. De frente y a corta distancia. Le vio los ojos a su verdugo. Le descargaron un cartucho de perdigones. Muestra Carlos su abdomen. Se sube la camisa, quita la gasa, y hace pública la herida de aproximadamente cinco centímetros. El episodio lo contó Carlos ayer, en la sede de la Coordinadora Democrática. Desde temprano se andaba por el lugar, y si no es porque se desabrocha la camisa y enfatiza su desgracia, hubiera pasado por un hombre sin heridas, ni cuentos de represión que contar. "Hago esto para que se sepa la verdad verdadera de las cosas. El viernes
27 de febrero, cuando marchaba pacíficamente por la vía de Maripérez, varios motorizados de la Guardia Nacional lanzaban bombas. Yo corrí por una transversal hacia la avenida Andrés Bello". El camino de huida se le hizo imposible. Quedó amurallado.
     Cuenta Carlos que paró de pronto su trote y advirtió en tono pacífico a los militares: "Tengan cuidado que allí hay un preescolar. No disparen. No le disparen al pueblo". Mientras más civilizada era la víctima, más deseosos estaban los militares de ocasionar daños evitables, dice. No hubo compasión. "Me dispararon a los pies, a pesar de que le insistía en que no dispararan". Carlos pensó que la ceremonia de represión había terminado. Cuando intentó replegarse, aún faltaba un detalle por definir. Uno de los militares tomó una pequeña distancia y ¡pum!, lanzó todo el cargamento sobre el cuerpo. De nada valió la paz, de nada valió el pequeño sermón, producto de las lecturas de la Biblia por la que ha pasado Carlos. "Me llevaron al Clínico. Allí hay muchos cuentos de todo lo que ocurrió ese
27 de febrero. Quisiera alertar a la población sobre esa arremetida desmedida del Gobierno. Hace tiempo que yo abandoné la mentira. Yo me hice evangélico hace 30 años y tengo casi 60 años. No quiero la mentira para mi país". El nombre de Jesús no sirvió de carta de presentación para Carlos, a pesar de su militancia religiosa. Hace un llamado a los evangélicos para que no se dejen embaucar por el Gobierno. "Hago un llamado a los miembros de la fe para que huyan despavoridos si tienen relación con este Gobierno. Este es un gobierno autoritario. En el nombre de Jesús, a todos mis hermanos de la fe, les digo, abandonen este proyecto totalitario lleno de maldad".
     RAMÓN NAVARRO
     Leyenda Foto JOSE GRILLO Caballero vio el rostro de su verdugo

 

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20040310
Política

Envían a cárcel de Santa Ana a 8 de los 27 aprehendidos
en Táchira
Eleonora Delgado

 

     Envían a cárcel de Santa Ana a 8 de los 27 aprehendidos en Táchira
     Eleonora Delgado/ San Cristóbal
     Familiares de Gilberto Rangel, estudiante del núcleo Táchira de la Universidad de los Andes, denunciaron que la jueza 3° de Control, Luzdary Moreno, negó la práctica de un examen médico forense al muchacho que fue detenido el pasado 29 de
febrero mientras manifestaba en la noche, en la intersección de las avenidas 19 de Abril y Pirineos, a la altura del Centro Comercial El Tamá de esta ciudad. Gilberto Rangel es una de las ocho personas, de las 27 detenidas durante las jornadas de protestas, que fueron trasladadas al Centro Penitenciario de Occidente o cárcel de Santa Ana del Táchira, al sur de la entidad, el mismo internado donde permanecen los procesados por el delito de rebelión civil, a raíz de los hechos ocurridos en la residencia oficial de gobernadores, el 12 de abril de 2002. Con él fueron enviados al centro penal David Rubio, miembro de la Coordinadora Democrática; Wilmer Becerra; Oscar Cárdenas, Emiliano Rubio, y otros tres estudiantes universitarios. Ana María Escalante, esposa del también secretario juvenil del partido Copei, narró que Rangel recibió peinillazos y golpes de parte de la comisión policial de la Dirección de Seguridad y Orden Público que llegó al sitio para disolver la protesta. "En la Dirsop pidió que lo llevaran al Hospital Central donde le hicieron los exámenes necesarios y lo volvieron a trasladar a la policía. Al día siguiente lo presentaron en tribunales, donde le pedimos a la jueza que diera la orden para que lo viera un médico forense, cosa que no permitió". La esposa del estudiante de la ULA-Táchira contó que durante el tiempo que permaneció en la policía del estado, le impidieron ver a su esposo y sólo pudo tener contacto con él después de cuatro días, cuando fue trasladado a la cárcel de Santa Ana del Táchira. "Los golpes de la cara ya no los tiene. En una pierna tiene un hematoma bien grande. Tenía bastantes golpes, incluso cuando lo sacaron del Hospital Central, alguien que logró verlo observó betún de los zapatos de los policías en la piel de la cara y en el estómago de Gilberto", dijo Escalante cuando se preparaba para llevarle a su esposo algunas cosas para el recinto carcelario. Uno de los abogados defensores del estudiante universitario, Fidel Sánchez, al ser consultado sobre esta situación, recordó que al momento de celebrarse la audiencia ante la jueza 3° de Control, Luzdary Moreno, ésta quiso dejar claro que Rangel se encontraba en buen estado físico y mental. A esto se opusieron los representantes legales e le insistieron a Moreno la necesidad de practicarle una prueba médico forense, a la cual accedió, pero nunca se realizó porque no consta en el expediente la solicitud de este examen, dijo Sánchez. Al ser consultado sobre el establecimiento de responsabilidades por la negación de esta prueba médica al detenido, ante posibles secuelas durante el proceso, el abogado explicó que tanto el cuerpo de seguridad que practicó la aprehensión como la juez de control tenían responsabilidad. Informó además que apelaron la decisión del tribunal de control, en relación con la medida de privación de libertad de Rangel, y solicitaron que sean citados los testigos que presenciaron su detención.

 

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20040415
Política

Solórzano: La decisión evidencia la situación de los derechos humanos
Ramon Navarro

 

     Solórzano: La decisión evidencia la situación de los derechos humanos
     La asesora jurídica de la Coordinadora Democrática mantuvo una reunión con Carlos Patricio Carbacho, representante de la Organización de Estados Americanos en Venezuela, y destacó que éste ya recibió la solicitud del Senado colombiano para que se aplique a Venezuela la Carta Democrática Interamericana
     RAMÓN NAVARRO
     La propuesta del presidente de la Cámara del Senado de Colombia, Enrique Gómez Hurtado, de aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, en virtud de las denuncias de violación de derechos humanos, es vista por D'Elsa Solózarno, asesora jurídica de la Coordinadora Democrática, como "una evidencia más de que la situación de los derechos humanos en el país es muy delicada". La vocera de la alianza opositora, que ayer se reunió con Carlos Patricio Carbacho, representante de la Organización de Estados Americanos, destacó que el organismo interamericano había recibido la solicitud del Senado colombiano para que se active el mencionado instrumento. Explicó que Carbacho confirmó la inusual propuesta de Parlamento neogranadino y enfatizó que la oposición organizada aguarda por la aplicación de la carta, por lo que una consecuencia directa de su activación sería el desconocimiento del Gobierno en el contexto internacional.
     Más de 500 denuncias Solórzano entregó a Carbacho más de 400 casos sobre violación de derechos humanos en el país en los que se describen los maltratos físicos y psicológicos de personas que protestaron entre el
27 de febrero y el 3 de marzo. "El documento contiene la formalización de las denuncias ante los organismos internacionales de los hechos que comenzaron el 27 de febrero de este año. Incluimos a las personas que fueron detenidas, hayan ido o no a los tribunales, así como de torturados y lesionados, cuyo número sobrepasa las 400 personas", precisó la abogada al salir de la reunión con el diplomático. La coordinadora de la Comisión Jurídica de la coalición opositora indicó que en el material entregado a la OEA se destacan igualmente casos de perseguidos y presos políticos, así como el tema laboral, específicamente las amenazas y despidos contra personas que firmaron el revocatorio presidencial, aun cuando la Carta Magna consagra el derecho al trabajo. Solórzano estuvo aproximadamente dos horas con Carbacho. Expresó que la recepción del documento por parte del representante del organismo hemisférico significa a su vez que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también lo recibió. "La reunión fue muy productiva y expusimos los detalles de todos los aspectos que han debilitado el Estado de Derecho. Es bueno destacar que a partir de este momento la CIDH ya tiene en su poder los casos de violación de los derechos humanos. Eso me lo ratificó el propio Carbacho", explicó. Sobre la relación entre la OEA y el CIDH es conveniente precisar que el segundo es un órgano principal y autónomo del primer organismo y su mandato surge de la Carta de la OEA y la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cual actúa en representación de todos los Estados miembros. Manifestó que el próximo paso consiste en aguardar por el trámite de la OEA y dijo que además se espera conocer la posición definitiva de la CIDH sobre los hechos de febrero y marzo. "También podríamos seguir enriqueciendo las denuncias que introdujimos con más pruebas, claro está, en la medida en que se vayan produciendo".
     Exigen presencia de la CIDH
     Rafael Narváez, quien dirige la comisión de los Derechos Humanos de la alianza opositora, señaló que la instancia elaboró un documento en el cual hace énfasis en la necesidad de la presencia en Venezuela de la CIDH. El texto fue redactado por Marco Tulio Bruni Celli, ex presidente del organismo interamericano, y goza del respaldo de aproximadamente 150 firmas de personalidades nacionales e internacionales. "Le exigimos al organismo internacional presencia en Venezuela para que continúe con las investigaciones. Hace dos años, Juan Méndez, quien era titular en esa ocasión, elaboró un informe preliminar en el que se alertaba sobre la situación de la libertad sindical y de expresión y la falta de equilibrio en los poderes públicos". Narváez enfatizó que una vez que tenga las firmas recogidas, el documento será enviado a la sede de la comisión en Washington. Recordó que el Gobierno nacional desacredita públicamente al organismo porque tiene autoridad para investigar y definir responsabilidades.
Manifestó que en la mañana de ayer salió para Montevideo, Uruguay, Adolfo Taylhardat, miembro del Parlamento Andino, con un cargamento de denuncias que serán expuestas en la asamblea que se efectuará en los próximo días. "Taylhardat preside la comisión de denuncia del Parlatino. Él se llevó suficiente material sobre violaciones de los derecho humanos en Venezuela, suficientes testimonios en videos como el de Juan Carlos Zambrano, quien falleció en el estado Zulia", manifestó. Narváez no descarta que se desate otra ola de agresiones contra los ciudadanos, por lo que ayer iniciaron el primer taller de formación de activistas de derechos humanos en el área metropolitana de Caracas: "Lo ideal es ayudar a pasar a las personas de víctimas potenciales a defensores. La agenda va desde cómo abordar las denuncias en las instancias nacionales e internacionales hasta cómo registrar los testimonios"
     Fotoleyenda: D'Elsa Solórzano llevó a la OEA los casos de torturas
    

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20040304
Política

Llueven casos de vejaciones
Ramón Navarro

 

     Llueven casos de vejaciones
    
     RAMÓN
NAVARRO
     Dicen que los síntomas de una sociedad enferma comienzan con el despliegue de la represión. Las manifestaciones contra el gobierno de Hugo Chávez Frías tienen una espoleta conflictiva bien definida: el referéndum revocatorio presidencial. Y es que desde el pasado viernes 27 de febrero son varias las víctimas de la forma como el Gobierno enfrenta la opinión disidente. En todo el país la Guardia Nacional, así como la Policía Militar y la Disip, entre otros cuerpos policiales, han dejado señas de un flagrante ejercicio violatorio de los derechos humanos. Músico torturado El reconocido director de orquesta Felipe Izcaray denunció la tortura a la que fue sometido su hijo, Carlos Eduardo Izcaray, quien es licenciado y master en música, también director de orquesta y cellista de la Sinfónica Venezuela. El lunes fue secuestrado por la Guardia Nacional. De nada valió que le dijera a la GN que él no estaba manifestando. Apenas estaba viendo lo que ocurría en Altamira. Fue colocado en el interior de una tanqueta, donde fu golpeado. Y además, le lanzaron una bomba lacrimógena. Luego fue trasladado al destacamento 51 de la GN, en El Paraíso. "Fue torturado salvajemente con golpes en la cabeza, el cuello y la espalda, y se le aplicó electricidad en diversas partes del cuerpo", relató el maestro Izcaray. Carlos Eduardo Izcaray les comunicó a sus agresores que durante ese semana era el director invitado "y ni siquiera por eso entraron en razón". Si los familiares no se hubiesen movilizado, en estos momentos estuviera internado en el Retén de la Planta, en El Paraíso. Está hospitalizado en una clínica y fue amenazado de muerte en caso de que hiciera pública la brutal agresión. ¿Delito? Marchar El viernes 27 de febrero la marcha que debía llegar a la Plaza Morelos llegó a la avenida Libertador, a la altura de Maripérez. Cuenta Edén Valera, padre de Pedro Alejandro Valera, que su hijo estuvo protestado como lo hacía todo el mundo aquel día en que Hugo Chávez estaba reunido con el G-15 en el Teresa Carreño. Pedro, de rodillas, alzó sus manos como tratando de tocar al cielo, y fue agredido por la Guardia Nacional. Le quitaron la máscara antigás, le propinaron dos peinillazos, y a quemarropa, le vaciaron un cartucho de perdigones. La herida en la espalda trajo como consecuencia la eliminación de unos terminales nervioso. Pedro no siente dolor en esa zona. Lo arrastraron a una jaula. Estuvo allí durante cuatro horas. Los signos de un desmayo obligaron a los funcionario de la GN a llamar una ambulacia. Fue trasladado a una clínica. Allí lo estabilizaron, le aplicaron una antitetánica y suero y le sacaron algunos perdigones. Los médicos de Salud Chacao lograron mejorar su condición. Sin embargo, necesita de una cirugía resconstructiva en vista de que le quedó en la espalda una gran herida. Sus familiares poseen pruebas fidedignas del abuso militar.
     Antebrazos quemados Félix Farías es dirigente nacional de Bandera Roja. El martes estaba cerca de su casa, en Los Chaguaramos, y fue apresado por varias personas que lo introdujeron en una camioneta. Le colocaron un pasamontañas, al revés, y comenzó la tortura. "Yo sólo escuchaba el sonido de un yésquero. De pronto empecé a sentir que me estaban quemando con algo. Me dieron golpes, cachazos y no se cansaron de insultarme". A Farías lo detuvieron a las 10:00 pm y lo soltaron alrededor de las 11:30 pm, cerca del terminal de pasajeros de La Bandera. Comentó que le preguntaron si los dirigentes de Bandera Roja oseían armas. No habló. Le quemaron los antebrazos y le dejaron la marca de una especie de tenedor. Once de tres rayas cada una. "Me revisaron todas las llamadas de mi celular, pero no me robaron. No te puedo decir qué cuerpo era, porque no tenían ningún uniforme policial o militar"
     Fotoleyenda: Al dirigente de Bandera Roja lo quemaron con una especie de tenedor en los antebrazos.
     Foto: Yanny Montilla

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20040304
Política

Denuncian violación a los derechos humanos y torturas a los detenidos
Ramón Navarro

 

     Denuncian violación a los derechos humanos y torturas a los detenidos
     La Coordinadora Democrática, a través de la Comisión de los Derechos Humanos, ajusta su informe para presentarlo a la Comisión Interamericana en las próximas horas. Los aprehendidos sobrepasan los 350, aunque la cifra de liberados supera a los más de 40 que ya están siendo procesados judicialmente
     RAMÓN
NAVARRO
     Las detenciones aumentan en todo el territorio nacional en la medida en que se profundizan las protestas. Ayer, Rafael Narváez, quien coordina la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinadora Democrática, denunció la grave situación de violación a los derechos humanos que han sufrido los detenidos -varios de ellos torturados- a la vez que aumentaba a más de 350 el número de personas aprehendidas en las manifestaciones que comenzaron el 27 de febrero. Narvaéz reiteró que se habían registrado violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno, a través de las acciones que han emprendido funcionarios de organismos de seguridad, entre ellos la Guardia Nacional, Policía Militar y Disip, sobre quienes han mostrado disidencia contra el mandatario nacional, y en especial, sobre los ciudadanos que exigen el revocatorio presidencial. De las personas detenidas -algunas ya liberadas y otras, más de 40, procesadas en tribunales- más de 100 fueron aprehendidos en el área metropolitana, 35 en Miranda, 40 en Falcón, 22 en Yaracuy y 20 en Táchira. Poner al día estas cifras no es tarea fácil para la Coordinadora Democrática, en vista de que mientras los funcionarios de los cuerpos policiales capturan a los manifestantes, algunos detenidos son puestos en libertad. Hasta la tarde de ayer habían fallecido nueve personas y seis manifestaron haber sido registrado torturadas: Rodrigo Allegret, José Ramón Merlo, Daniel Amundarain, José Rafael Peralta, Herber Gustavo Prado y Ariel Keint. "Los detienen sin razón. Algunos han sufrido descargas eléctricas, golpes a la cabeza, en la espalda, tratos inhumanos y baños de agua fría", explicó Narváez, quien es el encargado de sustanciar todas las pruebas de los excesos policiales, con la finalidad de notificar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la situación. El representante de la oposición explicó que ya se estaba recabando toda la información sobre la manera como han sido reprimidas las manifestaciones. De esta manera se obtienen datos acerca de la cantidad de personas torturadas, qué maltratos han sufrido, el tipo de bombas utilizadas durante los enfrentamientos con los manifestantes, tipo de cartuchos de perdigones y casquillos de balas. Apuntó que el informe será entregado a Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. "También hemos estado recibiendo a algunas víctimas y a sus familiares para que ofrezcan sus testimonios y nos están consignado videos y otras pruebas que son fundamentales para la elaboración del informe". Según D'elsa Solórzano, asesora jurídica y coordinadora del equipo de abogados de la Coordinadora Democrática, la situación es más grave de lo que muchos se imaginan. "El asunto es grave, muy grave. A los procesados se les está imputando el delito de porte ilícito de armas, cuando sólo tienen cacerolas. Por lo pronto hay más de 40 procesados en los tribunales". El trajín en los pasillos de la quinta La Unidad, sede de la Coordinadora Democrática, orienta las energías entre lo estrictamente político y en lo judicial, a causa de las detenciones. Solórzano no vacila en declarar la emergencia y aunque hay más de 30 abogados a su disposición, no pocos profesionales del derecho han ofrecido sus servicios. "Despúes de toda la labor que hemos hechos en los últimos días el balance es positivo. Son más los detenidos puestos en libertad que quienes se han quedado detenidos. Pero no nos damos abasto". Entretanto, Narváez destacó que las responsabilidades penales son individuales y que los crímenes no prescriben, haciendo alusión a las órdenes que obedecen los cuerpos militares y policiales, en este caso los soldados de bajo, mediano y alto rango, a la hora de combatir las protestas con la utilización de armas, incluyendo las de guerra. También se refirió a uno de los casos más alarmantes de todo el escenario de violencia: un menor de edad, 14 años, que fue "humillado y vejado por efectivos militares".
     Fotoleyenda: En las próximas horas la Comisión Interamericana conocerá los casos de violación a los derechos humanos. 
     

El NACIONAL
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20040310
Política

Coordinadora Democrática contabiliza ocho desaparecidos
Ramón Navarro

 

     Coordinadora Democrática contabiliza ocho desaparecidos
     La comisión jurídica de la CD denunció que Miguel Pacheco fue detenido en Cumaná, el jueves 4 de marzo. El dirigente estudiantil y jefe de la fracción de AD en la UDO hizo dos llamadas, en las que señalaba que estaba secuestrado. Para hoy a las 4:30 pm está prevista una marcha en el municipio Sucre
     RAMÓN
NAVARRO
     El tema de los desaparecidos aparece de manera contundente. La Comisión Jurídica de la Coordinadora Democrática, que dirige D´Elsa Solórzano, aseguró que son ocho los desaparecidos y que el último había sido Miguel Pacheco, dirigente estudiantil y representante de Acción Democrática en la Universidad de Oriente. Explicó la asesora jurídica de la CD que Pacheco fue detenido el jueves 4 de marzo en Cumaná y, en pleno proceso de aprehensión, fue capaz de realizar dos llamadas telefónicas, en las que informaba, tanto a su novia como al secretario general de la Federación de Centros Universitarios de la UDO, que estaba secuestrado. "Miguel manifestó a esas dos personas que había sido secuestrado. Con armas de guerra no permisadas detuvieron a los siete desaparecidos, y todos ellos detenidos por la Policía Militar, Guardia Nacional y Disip", apunta Solórzano, quien en no pocas ocasiones ha reiterado que la búsqueda de los desaparecidos no ha dado el resultado esperado, a pesar de haber chequeado desde hospitales hasta centros de reclusión. Los otros siete desaparecidos son: Juan José Pérez, de 27 años; Juan Ernesto Sánchez, de 37 años; Andrés Bastidas Guédez, de 32 años; José Luis Rodríguez, de 33 años; Eduardo José Miranda, de 30 años; y Julio César Gómez, de 34 años. Este grupo de siete personas, según la representante legal de la CD, fue detenido por la GN y Policía Militar, a finales de febrero y, de acuerdo con comentarios de algunos testigos de la zona de la Plaza Francia, de Altamira, habría sido ajusticiado, mientras que otros testimonios dan fe de que sólo los aprehendieron y se los llevaron.
     Contra Rincón y Chávez
     Solórzano también se refirió a las declaraciones de Marcos Chávez, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y a las del ministro de Interior y Justicia, Lucas Rincón, quien aseguró que los fallecidos y heridos durante las jornadas de protestas, que comenzaron el 27 de febrero y culminaron el 3 de marzo, fueron producto de una supuesta campaña terrorista desatada por la oposición y los medios. "Le digo al ministro trisoleado, quien dice que en Venezuela no existe violación de los derechos humanos, y que todo esto es una conspiración de los medios, que usted lo que pretende es engañar al pueblo, que lo que vimos en las calles no es un montaje de los medios, que no es una confabulación de la oposición, y además, que sí hay presos políticos en Venezuela. Lo invito a que revise la lista de detenidos", apuntó la abogada. En relación con el director del Cicpc, destacó que violaba flagrantemente la denominada "reserva de investigación" que está establecida en el Código Orgánico Procesal Penal. "Usted determinó que la GN no tiene responsabilidad penal en los 12 fallecidos, se convirtió en fiscal del Ministerio Público y se atrevió a señalar que la GN sólo portaba sus armamentos". Cifras en la intemperie
     Entretanto, Jesús Torrealba, vocero de la CD, señaló que la cifra de fallecidos había aumentado a 12, la de presos políticos remarcaba 410, los heridos estaban en mil 750, y una nueva figura se añadía de manera oficial a la lista: los desaparecidos. Aprovechó para señalar que no era fortuito el fallecimiento de José Luis Ricaurte, quien fue masacrado por un grupo de encapuchados en el 23 de Enero. "Fue un ajusticiamiento, un fusilamiento y con apoyo de la policía política. En relación con los desaparecidos, se trata de una nueva categoría, por lo cual el régimen se hermana con los gorilas del Cono Sur, al mejor estilo de las dictaduras del Cono Sur", precisó Torrealba.
     Marcha en Sucre
     Los representantes de Gente de Sucre, Oswaldo Díaz y Oscar Pérez, detallaron las rutas y motivaciones de la marcha que se efectúa hoy, a partir de las 4:30 pm, en el Municipio Sucre, y que tiene como punto de partida la avenida principal de los Cortijos. Pérez recalcó que la manifestación en todo el municipio tiene como propósito exigirle al Gobierno el respeto de los derechos humanos, denunciar al alcalde José Vicente Rangel Ávalos por autorizar el uso indebido de armas de guerra por parte de Polisucre, y protestar contra las manifestaciones que se efectuaron recientemente. "Hemos venido denunciado ese lote de armas de guerra, ya que, de acuerdo con un comunicado confidencial del Ministerio de la Defensa, se autorizó a la alcaldía de Sucre para comprar ese tipo de armamento y municiones para la policía. Estamos hablando de 10 mil cartuchos, de 15 fusiles de asalto y cuatro con mira telescópica. Recordemos que algunos heridos y fallecidos presentaron tiros de precisión", acotó Pérez.
    
     Fotoleyenda: Foto JOSE GRILLO Jesús Torrealba actualizó las cifras
    

El NACIONAL
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A

 

20040312
Política

Crean 24 comités para la defensa de derechos humanos de las víctimas/Contra el terrorismo
Ramón Navarro


     Crean 24 comités para la defensa de derechos humanos de las víctimas
     El anuncio fue hecho por Rafael Narváez, de la Coordinadora Democrática, quien recalcó que uno de los objetivos es levantar todos los testimonios de los casos de agresión. Por su parte, Jesús Torrealba enfatizó que "hay resistencia para formular las denuncias en la fiscalía".
     RAMÓN
NAVARRO
     Las 24 entidades regionales que integran el mapa de Venezuela contarán con sus respectivos comités de defensa de derechos humanos de las víctimas de los sucesos del 27 de febrero al 3 de marzo pasado, las cuales harán seguimiento de todos los actos de las fuerzas públicas del Estado, de acuerdo con las informaciones suministradas por Rafael Narváez, quien dirige la comisión sobre el tema en la Coordinadora Democrática. Apuntó el dirigente opositor que las células se constituyeron con abogados que prestan sus servicios a la CD y que uno de los objetivos principales es recabar información testimonial en todo el país sobre los casos de los heridos, torturados y fallecidos, como consecuencia de la actuación de los órganos militares y policiales del Estado que enfrentaron las recientes manifestaciones. "Los responsables de esos comités serán los jefes de las CD regionales. Esos estarán integrados por abogados, estudiantes universitarios y activistas por los derechos humanos. A ellos se les entregó un instructivo de funcionamiento, para que se conformen un equipo de seguimiento a todo lo que ocurra en cada estado, en relación con la actuación de los cuerpos policiales y militares". Narváez también se refirió a los comités de solidaridad de los presos políticos, que se están estructurando "por intermedio de las asambleas de ciudadanos". "Es como un enlace de la comisión de los derechos humanos que yo dirijo. Sobre los comités, ellos estarán muy vigilantes en las manifestaciones que haga la disidencia y deberán levantar experticias y estar en contactos con las ONG de cada estado, y también orientar a las víctimas". Narváez destacó su inquietud sobre el tema de la impunidad, en virtud de los sucesos del 11-A, del que ayer se cumplió un año y 11 meses. "Tengo la preocupación de que los casos que surgieron a partir del 27 de febrero vayan por el mismo camino, es decir, que ni se constituyó la comisión de la verdad ni se establecieron responsabilidades".
     Resistencia a la denuncia
     El tema de los desaparecidos se torna preocupante. Delicado porque hasta ahora, no sólo no han aparecido las siete personas que fueron detenidas por un grupo comando en las inmediaciones de la plaza Francia de Altamira, sino que los testigos no se atreven a acudir a la Fiscalía, en especial porque no se encuentran motivados por el método del registro de la agresión, según Jesús Torrealba, vocero de la Coordinadora Democrática. "La no denuncia fortalece la impunidad", reitera Torrealba. "Es el impacto del terror. Hay resistencia y reticencia a formalizar las denuncias ante la Fiscalía", admite el dirigente de la oposición, quien aclaró que en materia de derechos humanos es también conveniente que las víctimas tengan relación con otros actores que no estén vinculados con la materia política. "Nosotros damos apoyo en la primera sustanciación, que consiste en ubicar los recaudos porque es gente que está bajo el impacto del vejamen y el dolor. Consideramos importante dar un apoyo para que el tema se 'normalice' en la conciencia pública, de allí la importancia de los testimonios". Torrealba, quien ofreció las cifras de 13 fallecidos, nueve torturados, 410 presos políticos y 1758 heridos, y en la que sólo bajo el renglón de los desaparecidos, de ocho se redujo a siete (apareció Miguel Ángel Pacheco, desaparecido desde el jueves 4 de marzo), reiteró que en algunos casos cuando las víctimas van a la Fiscalía, "allí le dicen que tomen conciencia de la denuncia, que no se metan en política".
    
     Foto AP La Coordinadora dará apoyo a las víctimas de los atropellos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado
     Contra el terrorismo
     La Coordinadora Democrática, organización que agrupa a todos las fuerzas políticas que hacen oposición al Gobierno nacional, manifestó su repudió a través de un comunicado, ante el atentado terrorista que se perpetró ayer en Madrid. Jesús Torrealba, vocero de la corriente opositora, fue el encargado de leer el documento que hace mención a la penosa situación que vive el pueblo español. "En esta dolorosa hora manifestamos nuestra indeclinable solidaridad con el pueblo español y con su vigorosa democracia, y estamos absolutamente seguros de que la sociedad española sabrá responder al chantaje terrorista y a la violencia homicida con la determinación y la fuerza incontenibles de un pueblo decidido a vivir en democracia y libertad". En la manifestación de apoyo al Estado español, la carta ruega al rey Juan Carlos, al presidente español, José María Aznar, a toda la dirigencia política y gremial, así como a los ciudadanos españoles, para que no confundan "la voz siempre democrática del pueblo venezolano con la episódica vocería de un gobierno que, como el actual régimen de Hugo Chávez, es intolerante y ejerce terrorismo de Estado contra sus propios ciudadanos cuando pedimos elecciones..." La alianza opositora convocó para 4:00 pm de hoy a una movilización de respaldo al pueblo español, que partirá desde la plaza Candelaria y llegará a la Embajada de ese país en La Castellana.

Caracas, martes 11 de mayo, 2004

Noriega acusa a Chávez de ejercer presión sobre los medios

ASDRUBAL AGUIAR
EVERETT BAUMAN

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

El subsecretario de Estado para Asuntos Occidentales de Estados Unidos, Roger Noriega, señaló ayer que Venezuela "es un país en donde el Gobierno ejerce presión sobre los medios de comunicación, pudiendo constatarse que, en el curso de 1999-2003 han sufrido agresiones 708 periodistas".

Recordó que Chávez, en enero de 2003, declaró dicho año como "el año de la guerra contra los medios de comunicación", y apuntó que ello, a juicio de Noriega, contribuyó a la polarización del clima político del país y al abuso, por el Gobierno, de los derechos humanos durante los últimos meses de febrero y de marzo.

Durante su intervención en la Cumbre Hemisférica sobre libertad de expresión organizada por la SIP en Washington, a la que asistió también el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Gutiérrez, el funcionario norteamericano afirmó que "las críticas virulentas del señor Chávez contra EEUU sólo pretenden distraer la atención sobre esta realidad", indicó.

Venezuela, continuó el subsecretario, fue una de las democracias que llevaba más tiempo y que era de las ejemplares del Continente; para así prevenir, a renglón seguido, sobre el drama actual de "las democracias electorales". Chávez y sus programas sociales, a pesar de las promesas que hiciera desde los inicios de su mandato, de nada han servido. "Dice que apoya a los pobres, tanto que los ha hecho crecer durante su gobierno". Lo único que sí puede reconocérsele, ajustó Noriega antes de pasar a explicarle a los parlamentarios presentes y con lujo de detalles la burla hecha a la población en su reclamo por una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral a la crisis venezolana, es que Chávez "no oculta ni disfraza su animadversión por la libertad de expresión y de prensa".

Noriega hizo chistes sobre la hipótesis de que el jefe de la NASA hubiese firmado una solicitud de referendo revocatorio del mandato de Bush, para referirse a las presiones indebidas que ejerce el presidente Chávez sobre sus funcionarios, llamándolos traidores y despidiéndolos de sus cargos, a fin de obligarlos a retirar las firmas que otorgaron en solicitud de la revocatoria de su mandato. Y señaló, al respecto, que la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter fueron contundentes al pronunciarse sobre la transparencia del proceso de recolección de firmas válidas realizado por la oposición, con vistas a la solución electoral establecida por la Resolución 833 del Consejo Permanente de la OEA.

"La OEA y el Centro Carter serán claves para la credibilidad", aseveró , y añadió que por ello, junto a Brasil, que tiene la responsabilidad de coordinar a los Países Amigos, "exigiremos que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales".

 

Caracas, miércoles 12 de mayo, 2004

ALLANAMIENTOS / Tres trabajadores de El Universal amenazados por la DIM

"Amenazaron con echarnos a los tupamaros"

Ni Félix Carmona ni Jorge Santos (periodista y reportero gráfico, respectivamente, de larga experiencia) son hombres de asustarse fácilmente.

PEDRO GARCIA OTERO

EL UNIVERSAL

Una amenaza de la Dirección de Inteligencia Militar no es para tomarla a broma, menos aun si la amenaza es "los voy a quebrar a ustedes junto con sus familias, los vamos a borrar. Además, les vamos a echar a los tupamaros".

Y justamente esa amenaza fue la que el "comandante Manuitt" realizó a Félix Carmona, reportero de este periódico; Jorge Santos, fotógrafo, y Andrés Pérez Cova, chofer de la unidad en la que todos se desplazaban, cuando intentaban cubrir el allanamiento a la casa del diputado (AD) Rafael Marín, el lunes en la noche en la urbanización Oripoto.

Ni Carmona ni Santos (periodista y reportero gráfico, respectivamente, de larga experiencia) son hombres de asustarse fácilmente.

Pero la violencia con la que fueron abordados, el uso abundante de insultos y el encañonamiento con armas de fuego, los amedrentaron, como reconocían ayer, pasado el miedo y en ocasión de presentar la denuncia por la situación vivida, ante el Ministerio Público.

Además de la intimidación y de las amenazas personales y a familiares, a Carmona le quitaron su grabador, y a Santos su cámara fotográfica; a la unidad de El Universal en la que se desplazaban le destrozaron y robaron el sistema de radio.

Todas estas denuncias fueron consignadas ante la fiscal 125 Haifa Aissami, y el fiscal auxiliar Daniel Blindo Nicotra, y pasan a engrosar el expediente negro de la "revolución" en lo que a agresiones a los medios atañe.

Inteligencia perdida
Lo que más extrañó a Carmona, Santos y Pérez Cova es que los mismos miembros de la DIM que los acosaron de semejante manera les habían permitido hacer su trabajo sin problemas en el allanamiento a la quinta La Ahumada, donde residió Carlos Andrés Pérez y actualmente lo hace su ex esposa, Blanca Rodríguez.

En busca de la casa de Rafael Marín, los reporteros se encontraron con la caravana de la DIM. Cuando ésta se detuvo, también lo hizo el automóvil de El Universal, pensando que habían llegado a la residencia. Lo cierto, afirma Carmona luego de meditar sobre los hechos, los de la DIM andaban perdidos.

"Si tiras una foto te meto un tiro en la cara", fueron las primeras palabras del "comandante Manuitt" a Jorge Santos. "Acto seguido, fui golpeado con armas cortas y largas, me pegaron una ametralladora en la nuca, que me dejó una fuerte marca. Me vejaron, maltrataron y me despojaron de cédula de identidad, credencial del diario y cámara. Además, me dieron varias bofetadas con la mano abierta".

Y aun peor lo pasó Pérez Cova, el chofer, a quien le colocaron una pistola 9 mm en la sien, y hasta le echaron para atrás el gatillo (la montaron), mientras le daban golpes.

Carmona, en ese momento, enumeraba a quienes los agredían. Contó hasta 20 funcionarios. Le señalaron que "ni una letra, ni una denuncia, porque te voy a quebrar a ti y a ustedes junto a sus familias".

Todo el incidente, refiere el reportero, duró unos 10 minutos. "Un trance largo". Luego, la DIM los dejó en libertad sin explicación, aclara Carmona.

Mientras, a Santos le queda el resquemor, y una duda: "Me dijeron que nos iban a echar a los tupamaros. Entonces, uno se pregunta si es que ellos trabajan para los tupamaros, o los tupamaros para ellos".

 

Caracas, miércoles 12 de mayo, 2004

Juez militar aplazó audiencia de periodista Patricia Poleo

El juez de Control aplazó para el próximo 28 de mayo la audiencia de la periodista Patricia Poleo en vista que su tribunal estaba avocado a otras diligencias, informó la editora del diario El Nuevo País.

A la reportera se le imputó el delito de instigación a la rebelión militar y ofensa a la Fuerza Armada Nacional, por haber comparecido ante un canal de televisión donde presentó un video que según su opinión demuestra la presencia de cubanos en la sede del Comando Regional 6 de Apure. "El Gobierno no ha descalificado el video, lo ha reconocido, pero el delito es mío porque difundí la información y cumplí con mi deber".

A pesar de la insistencia de los representantes legales para que se le tome la declaración, el tribunal insistió en diferir la audiencia en la cual el fiscal militar Tte (Gn) Esaúl Olivar Linares había solicitado privación de libertad en contra de Poleo.

"Vine a enfrentarme al juez y sobre todo a hablar, porque se supone que me va a escuchar", dijo Poleo antes de ingresar al recinto, acompañada por una nutrida comisión de periodistas.

Su abogado Winston Oraa dijo que esta medida se toma para acallar a Poleo, que posee todas las pruebas y agregó que debería ser juzgada por el juez natural.

Oraa indicó que la norma que se está alegando para solicitar la medida privativa de libertad contra Patricia Poleo no puede aplicarse porque es una norma que debe concatenarse con otras disposiciones y no tiene vida propia.

Poleo comentó que es posible que a ella la sindiquen en el caso de los presuntos paramilitares puesto que en su expediente está señalado el capitán Francisco Nieto, a quien reconoce como amigo de la infancia. "La primera acusación que se hizo en contra de (Francisco) Javier Nieto, alférez mayor de su promoción, fue precisamente porque lo vieron en Maracaibo saludándome y en el expediente le pusieron que "estaba conversando con Patricia Poleo, una periodista que es enemiga de la FAN".

Su abogado, Winston Oraa, indicó que el delito imputado no ha sido probado sino por el contrario Poleo hizo uso legítimo de un derecho que es el de informar implícito en su profesión._ALRM

Caracas, miércoles 12 de mayo, 2004

Leyes de Contenido violan convenio americano

ASDRUBAL AGUIAR / ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

Washington. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) convocará foros nacionales en los distintos países, concertando con el mundo parlamentario, para debatir sobre el acceso a la información pública y la necesidad de ofrecer garantías al respecto y en beneficio de todos los ciudadanos.

Fue esta la conclusión más importante a la que llegó la Cumbre Hemisférica de Congresos Nacionales sobre Libertad de Expresión, que concluyó sus deliberaciones en Washington en el marco de un encuentro realizado en el Capitolio, sede del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Parlamentarios y editores del hemisferio lograron abrir un espacio de diálogo inédito, un "puente de oro" como lo calificaría Sergio Muñoz de Los Angeles Times.

Los temas neurálgicos de la conferencia fueron suscitados por la intervención de Jorge Santistevan, ex candidato presidencial peruano y primer Defensor del Pueblo en dicho país, al observar que las legislaciones sobre regulación de los contenidos a la información eran contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos.

En respuesta el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Ricardo Gutiérrez, que la Ley de Responsabilidad Social sobre Radio y Televisión todavía no había sido aprobada y que, apenas, se tramitaba para su segunda discusión pero con ánimo conciliador. Pero apuntó que la misma tuvo su origen en la desinstitucionalización provocada por los medios del comunicación social. "Ellos asumieron el rol de partidos políticos" aseveró.

La mesa sobre libertad de expresión, presidida por Asdrúbal Aguiar, consultor de la SIP y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contó con la presencia de Claudio Grossman, decano de Derecho de American University y recién electo vicepresidente del Centro contra la Tortura de Naciones Unidas; Eduardo Bertoni, relator de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión; y de Danilo Arbilla, editor uruguayo y ex presidente de la SIP.

Gutiérrez agradeció a la SIP la invitación a la cita y la juzgó de nivel extraordinario, esperando que "se comprenda la importancia de asegurarle también a los ciudadanos el acceso a los medios", incluso admitiendo que "quizá hemos puesto mucho énfasis, dada nuestra preocupación social, en el tema de las responsabilidades".

"La Ley de Responsabilidad Social insiste, ciertamente, en una visión social", concluyó Gutiérrez antes de afirmar que compartía plenamente los postulados de la Declaración de Chapultepec, "pero hacen falta dos más en los cuales los medios se comprometan también a cumplirlos".

"Es falso el antagonismo entre la libertad de expresión y el derecho al honor", dijo por su parte Aguiar, para observar que es a los jueces a quienes corresponde, con vista a los hechos y a la salvaguarda preferente de los activos de la democracia, decir lo que corresponda.

"Los límites a la crítica son más generosos y amplios tratándose de la crítica a quienes ejercen vida pública y política o se involucran con temas de interés nacional legítimo, en tanto que son estrechos, según la jurisprudencia internacional, en los casos de los particulares", declaró.

 

Caracas, jueves 13 de mayo, 2004

SIP denuncia acoso a periodistas y editores

 

Miami. "Las políticas de Estado van restringiendo, progresivamente, la libertad de expresión y de prensa" en Venezuela, dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Rafael Molina.

La SIP calificó de "hechos contrarios a la libertad de expresión" los allanamientos a una propiedad de un empresario de medios y la orden a la periodista Patricia Poleo para que se presente ante un tribunal militar por presunta ofensa a la Fuerza Armada por la difusión de un video.

Indicó que el martes fue allanada en Venezuela una hacienda del empresario Gustavo Cisneros, dueño de la cadena Univisión y de Venevisión.

Molina, del diario dominicano El Nacional, dijo que las medidas aparentan ser "acciones de represalia política contra medios y periodistas".

Recordó que durante su reunión semestral en marzo pasado la SIP destacó ya "que en Venezuela, por acción de los poderes públicos, se ha agravado el cuadro de intolerancia política y de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos".

ASESINADOS

 

Alberto Aumaitre

Bruno Biella

Pedro José Guevara

Nelsy Rodríguez M.

William J. Alvarez M.

Yurmi Suárez

Miranda

José Manuel Vilas

Carabobo

Jose Sanchez Roble

Zulia

Eva Angelina Carrizo

 

PRISIONEROS

LISTA DE DETENIDOS

Caracas

Roberto Ruso

Angel Cacique

Rubén Bastidas

Alejandro Colmenares

Ricardo Sanabria

Andrés Machado

Onocio Aguese

Italo Ferrara

Rafael Pulido

Santiago Monteverde

(vicepresidente de la Bolsa de

Valores de Caracas)

Carlos Melo

María Gabriela

Ventochila

José Deguido

Daniel Blanco

La Rosa Angola

Jorge Esposito

Carlos Barrios

José Bautistas

Oliver Márquez

Rodrigo Allegrett

José Merlo

David Amundaraín

José Peralta

Angel Keint

Alejandro Helmeyer

Leonardo Romai

Víctor Perdigos

Wilmmer González

Adolfo Alejos

Iván Mendoza

Juan Francisco Conde

Marcel Carballo

Domingo Bottome

Luis Cáceres

Richard Barrios

Lorenzo Carrieri

Omar Márquez

Orlando Batista

Carlos Barrios

Klein Ramírez

Edgardo Pineda

Héctor Aponte

Olguín Delgado

Daniel Zerpa

(preso en el Rodeo I)

Jhonny Zerpa

(preso en el Rodeo I)

Luis Camacho

Alejandro Fernández

Roberto Rasquin

(periodista y hermano de Edgar

Rasquin, ex gerente del Centro

de Refinación Paraguana)

Carlos Izquierdo

Eugenio López

Nauda Batista

Roberto Ruso

José Quintero

Edgar Silva

Táchira

(dirigentes juveniles de

partidos políticos)

Ramón López

David Rubio

César Peñaloza

 

Falcón

Carelis Chirinos

Douglas Vargas

Edgar Rodríguez

Edgar Castro

Julio Graterol

Ronny Díaz

Reny González

Leonardo Nelo

Alexis Sánchez

Abraham Moreno

David Mosquera

Jesús Barón

Jaime González

Wilfredo Prieto

David Mosquera

 

Lara

Nelson La Rosa

Fernando La Rosa

Francisco La Rosa

José Caraballo

 

Carabobo

Ronny Flores

herido de bala)

 

Guárico

Juvenal Mendoza

José Díaz

Jhonny Seguak

Jony Shebua

(militante de Bandera Roja)

Juan Perdomo

(militante de Bandera Roja)

 

Nueva Esparta

José Da Silva

 

Trujillo

Hermes Valera

Fernando Lama

Oswald Torres

José Ribas

Damián Ribas

Frank Milla (está recluido en

el hospital de Boconó, por estar

gravemente herido de bala)

 

Mérida

Jesús Mercado

Tulio Febres

Ronald Molina

Jesús Vera

 

Vargas

Nelson Estrada

Hyan Molina

Deisy Martínez

Otto Villalta

Eduardo Paiva

Ilso Carrero

Paco González

Bruno Gallo (secretario

general de Solidaridad en el

estado Vargas)

Estela Romero (secretaria

general de Democracia

Renovadora en Vargas)

Marcos Vargas

Liseth Gutiérrez

Miguel Gutiérrez

 

Monagas

Oscar García

Luis Rincones

Rony Rincones

Oscar Gamboa

Enrique Narváez

Yuber Espinosa

Luis García

 

Apure

José Quintero

Edgar Silva

 

Aragua

Freddy Briceño

 

Miranda

David García Méndez

Juan Urbina

Guillermo Barrere

Orlando Moreno

Elvi Tovar

Kerder Cordero

Rita Vilacha

Yelitzabé Borges

Víctor Martínez

Henry Blanco

Gonzalo Ayala Páez Pumar

 

·         DESAPARECIDOS

Omar Arturo Morales

Juan José Pérez

Juan Ernesto Sánchez

Andrés Bastida Guedes

José Luis Rodríguez

Eduardo José Miranda

Julio César Gómez

 

  ASESINADO YORMI SUÁREZ

CONTACTO: KIRVIN SUÁREZ 04142930619/ 471 82 34

ASESINADO WILLIAM JOSÉ  ÁLVAREZ
CONTACTO: CARLA GUEVARA 0416 630 88 73
KISSI MARTINEZ  0412 950 44 25

ASESINADO JOSÉ VILAS

CONTACTO: CAROLINA DE VILAS  0416 710 53 25

ÁNGEL FRAILE 0414 274 84 20

 

TORTURADO FÉLIX DARÍAS

CONTACTO: EL MISMO 0416 817 67 31/ 0414 317 67 13

HERIDOS PERDIGÓN VERÓNICA KOWALSKI
CONTACTO: LUIS KOWALSKI  0416 627 62 00

HERIDO PERDIGÓN PEDRO MARTÍN
CONTACTO: ALFREDO ROMERO

 TORTURADO DAVID MENESES

CONTACTO: 04142344672

 

 HERIDO PERDIGÓN TITO DÍAZ (REPORTERO GRÁFICO DIARIO AVANCE)

CONTACTO: 04143 22 88 31

 

CARLA HIJA DE CARLOS MELO

CONTACTO: CARLENE MELO 0414 282 03 78

 

HERIDO DE BALA CARLOS COLMENARES (CAMARÓGRAFO RCTV)

CONTACTO: 0412 9906413

 

 FOTÓGRAFO LESIONADO Y QUE LE QUITARON LA CÁMARA HENRY DELGADO

CONTACTO: 4083218

HERIDO DE BALA CARLOS MONTENEGRO (CAMARÓGRAFO TELEVEN)
CONTACTO:  EL MISMO 04142561805/ 04142961805

LESIONADO CON CULETAZO DE FAL  JUAN CARLOS  AGUIRRE (REPORTERO CMT)
CONTACTO: EL MISMO 04168271941

PRESO POLÍTICO ROBERTO RASQUIN (PERIODISTA REVISTA PRODUCTO)
CONTACTO: MIGUEL RASQUIN (HERMANO) 04167196486/ 5714495/04167089579

HERIDO POR BOMBA LACRIMÓGENA  JHONNY FICARELLA (REPORTERO GLOBOVISIÓN)
CONTACTO: EL MISMO: 04143069440

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