DERECHOS HUMANOS / Gobierno aumenta presiones contra quienes se oponen a su control
31 presos y 234 perseguidos políticos
Los premios y castigos en el Poder Judicial están a la orden del día. Son castigados aquellos jueces que emiten un juicio que no le es favorable al Gobierno y se premian a aquellos que toman decisiones que son cónsonas con los intereses del régimen.
PILAR DIAZ
EL UNIVERSAL
31 presos políticos y 234 perseguidos entre militares, periodistas, alcaldes, trabajadores petroleros y dirigentes educativos, todos tienen un futuro común por haber expresado su oposición al gobierno de Hugo Chávez: la cárcel.
Esto no es un cuento ni una calumnia, los ejemplos los tenemos con Henrique Capriles Radonski, el general Carlos Alfonzo Martínez, los policías metropolitanos que esperan todavía juicio desde hace un año, Patricia Poleo y Leonardo Carvajal, entre otros.
Personeros del actual gobierno se rasgan las vestiduras denunciando que "represión era la que existía en la Cuarta República", pero la pregunta que se hacen todos los que han tenido que asistir a la Fiscalía Civil o Militar es: ¿cuál es la diferencia entre uno y otro régimen?, ¿acaso no hay una similitud entre la persecución, juicios amañados, sometimiento a civiles a la justicia militar?
Pruebas sin peso
A Leopoldo López lo acusan de
conspiración e instigación a delinquir, en calidad de cómplice, por los sucesos
de la plaza Francia. "Pero no se sabe quién es el imputado, no hay un autor
principal del hecho", aclara el alcalde de Chacao.
Para este dirigente de Primero Justicia es una manera que tiene el Ejecutivo de darle un mensaje a todo el país.
"Este es un gobierno que utiliza la intimidación, acotó López, el miedo para quebrar la voluntad de continuar trabajando y no creo que vaya a tener los resultados que espera, no son los primeros ni los únicos que utilizan esas herramientas, lo han hecho otros tanto en Venezuela como en otros países".
Las periodistas Ibéyise Pacheco, Patricia Poleo y Alicia La Rotta enfrentan demandas por difamación, lo cual no se puede deslindar de la polarización política que afecta al país.
De ellas es Ibéyise Pacheco la primera que recibió una decisión condenatoria de 9 meses de prisión por un caso que data del año 2001.
María Corina Machado y Alejandro Plaz, directivos de Súmate _apoyo técnico de la Coordinadora Democrática_ fueron imputados de traición a la patria por recibir un supuesto financiamiento de la fundación National Endowment for Democracy de Estados Unidos (NED).
Igual acusación tiene Leonardo Carvajal, Asamblea de Educación _el delito tiene una pena de entre 8 y 16 años_ al recibir también financiamiento de la NED.
"Ese mismo organismo internacional está financiando a organizaciones residentes en Cuba, por un monto de 734 mil dólares, con el visto bueno del propio Fidel Castro", acotó Carvajal, "y el Gobierno de ese país es bien celoso de lo que es su soberanía".
Sin retaliación
Para Armando Díaz, secretario general
de Bandera Roja, "este gobierno bolivariano está usando los juicios como una
retaliación política contra sus oponentes y tiene que ver con aspectos
electorales".
La diferencia que se puede apreciar entre este régimen y los anteriores es la utilización de la justicia para obtener resultados inmediatos.
Para Díaz, "esos juicios son un bumerán y esa práctica tiene que volverse contra el Gobierno porque la gente se da cuenta cuando es retaliación política con la complicidad de jueces, con la complicidad de magistrados por un caudillo que se siente débil, acorralado y que está atemorizado ante la lucha democrática que se está desarrollando".
"En definitiva esa práctica no va a dar resultado porque va a llegar el momento en que la gente se encuentre con su conciencia, con una papeleta electoral en la mano y donde va a decir abrumadoramente Sí, queremos salir de todo este sistema de exclusión y venganza que desarrolla el gobierno de Hugo Chávez".
Sin duda que de aquí al 15 de agosto _fecha del referendo revocatorio_ se va a agudizar la persecución y puede ser otro alcalde, gobernador o cualquier dirigente político, incluso de los que están en los partidos que apoyan al Gobierno y que hacen denuncias en contra de las prácticas corruptas de los funcionarios.
Pero la duda y el temor que tiene la gente es en torno a ¿qué va a pasar a partir de la noche del 15 de agosto? Si gana la oposición, ¿cómo se comportarán con las personas que fueron afectas al gobierno de Chávez?, ¿cómo reaccionarán los seguidores del oficialismo ante la derrota de su líder? Igualmente se plantea la incógnita en caso de ocurrir lo contrario, si gana el sector oficial.
"Viene un proceso con elementos bien contradictorios", planteó el secretario general de BR, "pues se tiene que mezclar reconciliación con castigo a los que han hecho daño a este país. Porque la reconciliación no puede ser impunidad y no puede ser olvidar".
¿Qué va a pasar con los responsables de esos crímenes contra el pueblo? Tendrán que ser juzgados; el problema es cómo administrar justicia.
"En Bandera Roja siempre nos hemos opuesto a la retaliación política y a que se utilicen los mecanismos de la justicia como instrumentos para la venganza. Estaremos alerta y denunciaremos la intención de cualquier grupo o individuo que pretenda utilizar los mecanismos de la justicia para la venganza de los contrarios", finalizó Díaz.
Casos inolvidables
Ocho policías metropolitanos
Se puede considerar que son los primeros
presos políticos del régimen, tienen dos años y tres meses que están acusados
por la violencia y muertes que ocurrieron a la altura del puente Llaguno, a
pesar de que las imágenes de los videos que se pudieron hacer ese día muestran a
un grupo de civiles, todos del bando oficialista. La única prueba en su contra
es una experticia balística de la cual no se deduce su culpabilidad. No se les
ha abierto expediente a los guardias nacionales que fueron identificados a
través de medios fotográficos y audiovisuales y el bando oficialista quedó
catalogado como "los héroes de la revolución".
Los presos del Táchira
En la cárcel de Santa Ana se encuentran
recluidos siete hombres y una mujer acusados por el gobernador del Estado
Táchira, Ronald Blanco La Cruz, de agresión en los sucesos del 12 de abril de
2002. Aparentemente ni la policía del estado ni los funcionarios de la Guardia
Nacional estaban presentes custodiando la Gobernación. Los detenidos han
manifestado hasta el cansancio su inocencia.
Los acosados de Mérida
En este estado andino el gobernador,
capitán Florencio Porras, tiene una lista de 25 personas acusadas de haberlo
agredido el 12 de abril de 2002 que esperan juicio. Entre los perseguidos se
encuentran profesores, dirigentes gremiales, estudiantes y hasta abogados que
trabajan en la Universidad de Los Andes.
General Alfonzo
Martínez
Es el caso más emblemático del ensañamiento
contra oficiales que se han opuesto a las políticas de Hugo Chávez. Durante los
sucesos del 11 de abril se pronunció ante la actuación del Presidente contra los
manifestantes opositores. Formó parte del grupo de oficiales que se rebelaron en
octubre de 2002 en la plaza Francia de Altamira hasta que el 30 de diciembre fue
detenido por la Disip. Fue recluido en su residencia y posteriormente, el 30 de
abril de 2003, conducido al recinto militar de Ramo Verde a la espera de que se
inicie su juicio.