Caracas, 24 de noviembre de 2004
 
Señores
COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS
CIUDAD.-
 
Atención: Dr. Santiago Cantón, Director
 
Muy estimado Dr.:
  
      Nosotros, simples y sencillos ciudadanos venezolanos, indefensos frente a la inocultable parcialización  que los Poderes Públicos manifiestan en favor del proyecto político del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hemos decidido acudir a usted como máximo representante de la principal instancia a nivel continental, en cuanto a la defensa de los derechos humanos se refiere, para denunciar ante el mundo nuestra preocupación por el destino incierto que puede deparar a los venezolanos, luego de la inminente aprobación de la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión, conocida popularmente con el nombre de Ley Mordaza.
 
       Como es del dominio público, el mencionado proyecto jurídico contiene en su articulado una serie de restricciones a la programación de los medios radioeléctricos; las cuales, sin necesidad de ser especialistas en la materia, nos revelan la intención del gobierno nacional de someter a su voluntad exclusiva cuanto tenga que ver con la libertad de información, opinión y pensamiento.
 
        De acuerdo con lo establecido en esa Ley, los propietarios de los medios, los comunicadores sociales, los patrocinantes e incluso los usuarios quedarían expuestos a severas sanciones pecuniarias si en cualquier espacio de opinión, se expresa algún concepto que la Comisión de Radio y Televisión considere -de acuerdo a su real saber y entender- inconveniente. soez, inadecuado o lesivo a "la dignidad humana". Las penalizaciones incluyen hasta el cierre definitivo del medio de comunicación en caso de "reincidir" en alguna de las innumerables violaciones establecidas en la Ley.
 
        Desde luego que la reacción inmediata de los propietarios de los medios, frente al peligro de perder su concesión, sería la autocensura. Medida cuyas consecuencias las sufrirían los usuarios, quienes se convertirán en víctimas de la desinformación, de la imposibilidad de expresar sus ideas y de estar sujetos a una línea ideológica impuesta por el gobierno.
 
        Al propiciar semejante escenario, el gobierno nacional estaría violando -una vez más- su propia Constitución; ya que en ella se consagra el derecho a la libre expresión del pensamiento, en los artículos 57 y 58. Pero, además incurriría en la violación del artículo Nro. 4 de la Carta Democrática Interamericana, en el cual se establece que la libertad de expresión es un componente fundamental del ejercicio democrático.
 
         Por otra parte, la presencia en este polémico código de la implantación de un horario infantil supervisado, que se extiende a lo largo de unas 16 horas diarias, coloca a discreción del Ejecutivo la posibilidad o no de enterarse de cualquier evento noticioso que suceda durante el mencionado horario. Esta situación, que deriva del hecho de que la ley contiene una clasificación -bastante confusa, por cierto- de lo que se consideran actos de "violencia" o "sexo", los cuales podrían ser objeto de censura, de acuerdo con el criterio caprichoso y subjetivo de las autoridades. Semejante situación lesiona seriamente el derecho ciudadano al acceso oportuno y veraz a la información.
 
           Además, por si todo lo anterior fuera poco, la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión, no sólo es un atentado contra la libertad de expresión, sino que también representa un riesgo para otros derechos ciudadanos esenciales tales como:
 
          1) La Propiedad Privada: al cambiar el status de los propietarios de los medios por el de simples prestadores de servicio, la ley podría propiciar una extensión de figuras semejantes en otros ámbitos de la vida social.
 
          2) La Tutela de los hijos: un objetivo secundario de la ley parece ser el de ejercer un tutelaje mediático sobre los niños y adolescentes, pudiendo convertirse semejante pretensión en el primer paso hacia el desplazamiento de la familia como el escenario fundamental para la adquisición de los principios éticos y los hábitos de vida.   
 
          3) El derecho a acceder a una pluralidad cultural: la Ley obliga a los medios radioeléctricos a transmitir un porcentaje excesivo de producción "independiente", cuyo contenido primordial son temas relacionados con la "cultura patria", semejante situación podría conllevar a un cerco cultural que le impida al ciudadano conocer las realidades de otros pueblos, excluyéndole de esta forma del fenómeno contemporáneo de la globalización.
 
          4) El derecho a la libre recreación: el horario supervisado y la manipulada programación "cultural" crearán un patrón de uniformidad en las transmisiones radioeléctricas, lo cual se traducirá en la conversión de los espacios audiovisuales en sesiones cargadas de monotonía y aburrimiento, que terminarán por arrebatarle a los más pobres la única posibilidad de entretenimiento y diversión, en un país en el cual salir con la familia representa un gasto prohibitivo para gran parte de la población.
 
         5) El Derecho a la Privacidad:  al permitirle al señor Presidente de la República hacer uso indefinido de todas las señales radioeléctricas,  y hacer obligatoria la concesión de 70 minutos semanales al gobierno para sus mensajes "institucionales", la Ley convierte al Estado en un invasor de la privacidad del ciudadano, introduciéndose a la fuerza en su entorno y en su vida.
 
   Por éstas y muchas otras razones, los ciudadanos abajo firmantes respaldamos el presente documento, impulsado por la Asociación Civil O.I.R. (Oyentes Interactivos de la Radio), para que usted, Dr. Cantón, haga saber al mundo - a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- que en Venezuela estamos en manos de un gobierno que poco a poco ha ido construyendo un andamiaje totalitario, y para el cual hacer callar las voces disidentes (tomando el control de los medios radioeléctricos a través de la aprobación de una ley a todas luces antidemocrática), representa una pieza fundamental hacia el logro de sus objetivos.
 
     No obstante, una gran porción del pueblo de Venezuela agotará todos los recursos legales para impedir la aplicación de dicho código, a sabiendas de que nuestros esfuerzos serán inútiles, debido a la entrega incondicional de todos los poderes públicos a la voluntad de hierro de nuestro caudillo-presidente.
 
      Por tales razones, no consideramos esta comunicación como un salto institucional; más bien, Dr. Cantón, es una medida de emergencia emanada de un pueblo que no tiene claro hasta cuando tendrá la libertad de expresarse.
 
      Por todo lo antes expuesto le enviamos esta señal de alerta para que usted se convierta en el transmisor de estas inquietudes ante nuestros vecinos de América; ya que, de aprobarse la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión, habría razones más que suficientes para aplicar al gobierno venezolano las sanciones establecidas en la Carta Democrática Interamericana.
 
     Confiamos en los buenos oficios de la Organización que usted dirige; por lo cual dejamos en sus manos este mensaje de alerta.
 
      Sin más, los respetuosos de la pluralidad, quienes somos capaces de dar la vida por la libertad, quienes no venderemos nuestra dignidad. Reciba, pues, un abrazo de los demócratas de Venezuela.
 
       Firmamos por O.I.R.:
 
Renán Acosta                                   Juan Carlos Ortega
(Directivo Fundador)                         (Directivo Fundador)
 
Magalí Gedler                                      José González
(Directivo Fundador)                           (Directivo Fundador)

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