DERECHOS HUMANOS / Revisión de informes publicados por Provea desde 1999
Detenciones políticas pasaron de 1 a 54
El alcalde de Baruta, Henrique Capriles, fue reseñado como uno de los detenidos
por razones políticas
El número de aprehensiones, legales e ilegales, que guardan relación con lo
político y la existencia de presos políticos, es un indicador de la polarización
que vive el país, según estudio efectuado por la ONG
IRMA ALVAREZ
EL UNIVERSAL
El número de detenciones, legales e ilegales, relacionadas con lo político, son
un indicador de la polarización que vive el país, según el informe anual del
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Tan sólo entre octubre de año 2003 y septiembre de 2004 se registraron 54 nuevas
denuncias que, vinculadas con lo político, afectaron el derecho a la libertad
personal.
Estos datos revelan un incremento de 13,7% con respecto al lapso anterior,
cuando tuvieron lugar 46 detenciones que fueron referidas por Provea en el
informe octubre de 2002 a septiembre de 2003.
La revisión de los informes de Provea, desde septiembre de 1999 (www.derechos.org.ve),
permite afirmar que las denuncias sobre detenciones políticas aumentaron de 1 a
54.
Entre los analizados por la organización no gubernamental (ONG) están los casos
del alcalde de Baruta, Henrique Capriles; ex presidente de Fedecámaras, Carlos
Fernández; general (GN) Carlos Alfonzo Martínez; detenidos por hechos de abril
de 2002 en Táchira; aprehendidos por "plan guarimba"; capitán (GN) Luis García
Morales y coronel (AV) Silvino Bustillos.
Motivo de preocupación
"El hecho de que crezca la cantidad de reportes sobre detenciones políticas
es motivo de preocupación", advierte el coordinador general de Provea, Carlos
Correa.
Porque ese "es un fenómeno que estamos evaluando en el contexto del incremento
de la confrontación y viendo que hay una característica novedosa. En Venezuela
hubo presos políticos en los años 60, pero digo "novedosa" desde que hacemos el
informe (1989) y porque ese no ha sido un tema recurrente o excesivamente
desarrollado, ni alcanzó los niveles actuales".
"Además, preocupa en la medida en que pueden ocurrir violaciones a varios
derechos. Por ejemplo, se puede estar afectando también el ámbito de la
justicia, cuando la aplican de modo discriminatorio, lo cual ocasiona que los
ciudadanos recurran al uso de mecanismos no institucionalizados para resolver
las diferencias, como los linchamientos".
En este sentido, explica que "cuando se reduce la autonomía del Poder Judicial y
lo usan como herramienta contra personas por sus ideas políticas, evidentemente
se genera violación de derechos".
Respuesta: institucionalidad
"Estamos ante una situación que amerita respuesta, la cual pasa por el
fortalecimiento de la institucionalidad", destaca Correa. Para lograr dicho
fortalecimiento haría falta: "garantizar la independencia del Poder Judicial y
despolitizar las instituciones. Es necesaria la reinstitucionalización".
Esto pasaría, por ejemplo, "por conseguir que las policías que están orientadas
al control del espacio público y la garantía de la seguridad de todos, cumplan
con esa función". Este sería uno de los pasos "para evitar detenciones de
personas por el hecho de que tengan ideas a favor de la oposición o del
Gobierno. Porque las personas tienen derecho a expresarse y sus opiniones
merecen consideración".
Discriminación como riesgo
Pero la condición de preso político, enfatiza Correa, "va más allá de que la
persona esté o no implicada en la comisión del delito por el cual le investigan
y también pueden darse elementos de discriminación".
En este contexto analiza Provea el caso del alcalde Henrique Capriles (PJ), a
quien la Fiscalía investiga por los hechos ocurridos en la Embajada de Cuba el
12 de abril de 2002.
En este caso, la ONG indica que "si bien la detención se hizo ajustada a
Derecho, preocupa que Capriles sea el único imputado en el caso, habida cuenta
de que en los referidos sucesos participaron otras personas que pueden ser
plenamente identificadas, pero sobre las cuales no pesa acusación. (...) Tal
singularidad introduce un elemento que hace pensar que las consideraciones
políticas están siendo privilegiadas por encima de los argumentos jurídicos.
Igualmente, las demoras en las actuaciones judiciales supusieron una violación
del derecho a la libertad personal de Capriles, quien pasó cuatro meses en
prisión desde el 11-05-04".
Otros casos
El último informe de Provea hace mención especial al caso de "la guarimba".
Así llamaron a las protestas del 27-02-04 al 05-03-04, que culminaron con la
detención por razones políticas de 54 personas que luego fueron liberadas.
En ese lapso se efectuaron en Caracas y varias ciudades del interior del país
una serie de protestas, de carácter pacífico unas y violento otras,
protagonizadas por sectores de oposición que cerraban el tránsito y orientadas a
reclamar la activación del revocatorio del Presidente.
En los casos de Carlos Fernández y el general (GN) Carlos Alfonzo Martínez,
referidos en el informe octubre 2002septiembre 2003, Provea no cuestiona "la
apertura de procesos judiciales que establezcan responsabilidades penales por el
paro de diciembre 2002febrero 2003, o el golpe de Estado de abril de 2002".
Lo que destacan sobre ambas detenciones es que hubo "violaciones al debido
proceso que afectaron, por momentos, el derecho a la libertad".
A juicio de Provea, en los casos del Táchira, así como en el del general Alfonzo,
"también se trata de presos políticos, en la medida en que se les imputan
delitos políticos o comunes conexos con lo político".
"Ello no significa necesariamente una violación a la libertad personal o al
debido proceso, pues en el golpe de abril de 2002 o el paro de diciembre
2002-febrero de 2003, se pudieron cometer delitos que deben ser sancionados".
Entre octubre de 1999 y septiembre de 2000, Provea presenta otros 2 casos de
detenciones arbitrarias por razones políticas. Se trata de los uniformados Luis
García Morales (GN) y Silvino Bustillos (AV).
De acuerdo con el informe, "en junio de 2000 se produjo la detención arbitraria
del capitán (GN) Luis García Morales, quien se presentó como vocero de la
llamada Junta Patriótica Venezolana. Este fue aprehendido luego de declarar en
una entrevista televisiva que "la Guardia Nacional se constituyó en un escollo
para la consecución del proyecto liderado por Chávez" y que "la pretensión de la
Junta Patriótica es buscar la renuncia del Presidente por vías pacíficas".
El coronel Bustillos fue detenido después de solicitar que el Presidente fuera
despojado de su condición de comandante en jefe de la FAN y luego de entregar al
CNE un documento en el cual denunció a Chávez por violar la Constitución al
hacer campaña "como presidente y comandante en jefe".
http://www.eluniversal.com/2005/01/03/pol_art_03104A.shtml