En el banquillo

248 personas sufren procesos judiciales en su contra por delitos de carácter político. La lista no se detendrá allí y alcanzará a unas 800 personas en los próximos meses.

FRANCISCO OLIVARES
EL UNIVERSAL

El Gobierno no baja la guardia en su propósito de reducir la disidencia política. En la actualidad cerca de 248 personas están siendo imputadas, solicitadas o investigadas por delitos de carácter político por la Fiscalía General de la Repúplica. La larga lista alcanza a militares, periodistas, banqueros, gente de la sociedad civil, sindicalistas, dirigentes políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales.

A juicio del abogado penalista Carlos Bastidas, quien se ha destacado como defensor en muchos de estos casos, la lista de imputados alcanzará a unas 800 personas en los próximos meses. Para el penalista estos hechos no tienen precedente en los años de democracia que ha vivido el país; sostiene que si se suman todos los procesos políticos reales que se abrieron desde 1958 hasta 1999, la sumatoria de todo eso no llega ni a la mitad de las personas que están actualmente imputadas o procesadas por motivos políticos y los procesos que están por abrirse.

Sólo en el caso de los firmantes del decreto de Pedro Carmona estamos hablando de 359 personas. En el caso de la sentencia del TSJ, que revocó la decisión del 14 de agosto de 2002 sobre los sucesos del 11 de abril, que sobreseyó la causa contra 4 altos oficiales por rebelión, allí no sólo serán nuevamente imputados los cuatro altos oficiales, sino que la intención del Gobierno es de llevar al banquillo a unos 200 militares que se pronunciaron sobre los mencionados sucesos.
Con la reactivación del caso de los presos políticos del Táchira, los acusados pueden llegar a 50 personas más. A eso se le agrega la Gente del Petróleo, el caso de los paramilitares con 106 imputados, Súmate, las personas detenidas por las llamadas guarimbas, en general estamos hablando de más de 800 personas que están siendo procesadas, imputadas, condenadas o en camino a ser juzgadas.
Entre esos casos, que el penalista llama de conciencia, recuerda el del general Francisco Usón, que es la única persona, después de Galileo Galilei, que es condenada por opinar acerca de cómo funciona algo.
En el caso del Táchira hay una condena contra 8 personas, pero paralelamente el Ministerio Público está reactivando otra investigación contra personas que ellos consideran que son corresponsables de esos sucesos, entre los cuales están militares, tanto activos como retirados. Es decir que estamos viendo que las listas se están incrementando, incluyendo personas que ya fueron procesadas, como el general Carlos Alfonso Martínez, que van a ser nuevamente investigadas. Leopoldo López está imputado por los hechos de la Plaza Altamira y su padre, Leopoldo López, por el decreto de Carmona.

Sin reconciliación
Para Bastidas, lejos de lo que ha sido la costumbre en la historia democrática de Venezuela, cuando el escenario político ya está en términos de moderación, lo que viene normalmente es una política de distensión y de perdón. Si en Venezuela se hubiese aplicado en el año 1993 la justicia con el rigor que la aplica hoy el Gobierno actual, Chávez no sería presidente, habría salido para el 2021, pero de Yare. Siendo que eran personas que estaban presas por motivos políticos pero que utilizaron un medio equivocado para acceder al poder que no era el que las circustancias aconsejaban, hubo muertos, hubo hechos violentos, hubo tropas que fueron engañadas literalmente, pero en el fondo había un matiz político, lo que se llama delitos de conciencia. Las circustancias en ese momento aconsejaban borrón y cuenta nueva y de perdón como en efecto ocurrió. Hoy en día estamos muy distantes de eso.
Como ejemplo de tal ensañamiento, Bastidas expone el caso del general Felipe Rodríguez, el cual no se diferencia en nada de los presos de Pérez Jiménez o los presos de Juan Vicente Gómez, quien en la DIM permanecía con una luz encendida día y noche, cosa que a la Defensoría del Pueblo le pareció normal. Por ello cuando se intenta normalizar las relaciones con Estados Unidos se le exigen tres condiciones: libertad de expresión, autonomía del poder judicial y respeto por los derechos humanos.

La sentencia del TSJ
Uno de los instrumentos que ha utilizado el Gobierno para reabrir los casos del 11 de abril ha sido la sentencia que dictó la Sala Constitucional, que revocó la dictada por la Sala Plena el 14 de agosto de 2002, cuando acordó sobreseer la causa contra 4 altos oficiales. Para Carlos Bastidas no es una sentencia basada en argumentos jurídicos sino que obedece a un capricho político del Presidente; es decir, el 11 de abril del año 2002 hubo una serie de oficiales, una gran parte del generalato y el almirantazgo, de cerca de 80% de la alta oficialidad que desconocieron la autoridad del presidente Hugo Chávez ante los sucesos del centro de Caracas, a los que posteriormente el máximo jerarca de la institución militar, el general Lucas Rincón, hizo referencia cuando dijo que los lamentables y deplorables hechos del día anterior no se podían pasar por alto. Antes que Rincón hiciera esa declaración y anunciara la renuncia del Presidente, la alta oficialidad ya había mostrado su malestar por lo que ocurrió en las inmediaciones del Palacio de Miraflores y con el intento del Presidente de ordenar que los tanques del Batallón Ayala se desplazaran a las inmediaciones de Miraflores y repelieran la manifestación que se dirigía hacia allí.
A raíz de eso se inició una purga gigantesca en la FAN, la cual comenzó por tratar de enjuiciar por rebelión al VA Héctor Ramírez Pérez, al general Efraín Vásquez Velasco, al general Pedro Pereira y al contralmirante Danielle Comisso.
En ese entonces, el Fiscal General, Isaías Rodríguez, introdujo una acusación, la cual fue desestimada por el TSJ, no porque considerara que en Venezuela hubo o no hubo un golpe de Estado, sino porque estimó que no había elementos que comprobaran el supuesto delito de rebelión militar. Esa decisión fue adoptada por una mayoría de 11 magistrados contra 8 que votaron en contra de la ponencia del magistrado Nelson Arriechi. Tres años después, el Gobierno ya tenía su ajedrez compuesto en el TSJ, es decir cuando se produjo el reacomodo necesario, porque con los magistrados que estaban anteriormente la aritmética no les daba para que revisaran la sentencia. El momento oportuno llegó cuando entraron en función los siete nuevos magistrados de la Sala Constitucional, quienes revisaron una decisión lo que, de conformidad con nuestro sistema judicial, era absolutamente irrealizable.

Politización de la justicia
El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre la politización de la justicia en Venezuela y entre los aspectos que más destaca está el referido al control de fiscales y jueces dada su condición de provisionalidad, lo cual `perjudica seriamente el derecho de la ciudadanía a una adecuada administración de justicia. Asimismo incide en forma negativa sobre los derechos de los magistrados y fiscales a la estabilidad en los cargos y en concecuencia la garantía de su independencia y autonomía´.
El informe de Provea de 2004 refiere que, durante ese año, 111 personas civiles fueron llevadas a juicio ante los tribunales militares. Esa práctica, basada en un decreto, es contraria a lo establecido tanto en la Constitución bolivariana como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

http://www.eluniversal.com/expe_index.shtml

Son muchos pero todavía hay cupo
La lista del fiscal

El pronunciamiento militar del 11 de abril, la desobediencia en la plaza de Altamira, la opinión y expresión, las actuaciones públicas de dirigentes políticos, la asistencia a Miraflores, luego de la anunciada renuncia presidencial, y la protesta pública han conducido a una serie de imputaciones de diversos delitos.

La rebelión del 11A
Los generales Efraín Vásquez Velazco y Pedro Pereira Olivares, el contralmirante Daniel Comisso Urdaneta, y el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez fueron acusados de rebelión militar por los eventos del 11 de abril.
A pesar de haber sido absueltos por la Sala Plena del TSJ, que declaró en sentencia del 14 de agosto del 2002 que no existían méritos para el enjuiciamiento de los militares, el pasado 11 de marzo la Sala Constitucional Accidental anuló la sentencia y ahora es posible que los militares sean procesados nuevamente por el delito de rebelión o por cualquier otro delito.

Se proyecta que con la reapertura del caso sean imputadas otras 200 personas más, entre militares y civiles. Entre los militares que serían imputados estarían: los generales de división (GN) Edgar Bolívar, Rafael Damiani Bustillos, Carlos Alfonzo Martínez, (Ej.) Romel Fuenmayor, Néstor González González, y Enrique Medina Gómez.

Otros que se encuentran involucrados en el caso son el capitán Henry Parra, que se encuentra ahora en libertad después del sobreseimiento de la causa, y el subteniente Claudio Vitoria, también sobreseído pero detenido por otras razones en Ramo Verde.

Crímenes de abril
En diciembre del 2003, fueron imputados 8 oficiales de la PM: Marcos Hurtado, Rafael Neazoa, Julio Rodríguez, Erasmo Bolívar, Luis Enrique Molina, Ramón Zapata, Héctor Rovaín y Arube Pérez. Se les acusó, entre otros, de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, lesiones gravísimas, graves y menos graves, y uso indebido de armas de guerra en los alrededores de Puente Llaguno el 11 de abril de 2002. Un año más tarde, se añadieron al expediente cuatro nombres: Alfredo Peña, Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, acusados ellos de ser los `autores intelectuales´. Peña permanece en clandestinidad y los demás están siendo juzgados con medida privativa de libertad.
A Peña también lo acusaron, junto a Baldomero Vásquez y Luis Daniel Falkenhagen, por malversación de fondos en relación a un contrato otorgado al Colegio de Médicos durante su gestión como alcalde.
Por otro lado, están imputados Leopoldo López y Henrique Capriles por la detención del entonces Ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín.
Enrique Mendoza fue imputado por rebelión civil y agavillamiento, entre otros, por haber interrumpido la señal de VTV en abril de 2002.

Son más de cien
El caso de los paramilitares de El Hatillo continúa envuelto en una espesa nube de intriga y misterio. A pesar de las investigaciones, imputaciones y declaraciones que se han hecho en relación al caso, todavía no se entiende cómo llegaron los presuntos paramilitares a la finca Daktari, ni cuál era la `misión´ que supuestamente venían a cumplir.
Son más de una centena de supuestos `paras´ que están siendo investigados por la Fiscalía. Juntos a ellos, se ha acusado a una serie de oficiales de la Fuerza Armada por el delito de rebelión militar y conspiración. Los más destacados son el general Ovidio Pogiolli, el coronel Jesús Farías, el capitán Javier Quintero, el coronel Jesús Castro Yelles, el capitán Rafael Farías Villasmil y el capitán Javier Nieto. Se ha solicitado que se les castigue con 27 años de prisión, con excepción del capitán Nieto, que recibiría 12 años por no haber denunciado a sus superiores. Ambos `paras´ y oficiales acusados tienen orden de privación de libertad.
De acuerdo a como se desarrolle la investigación, se puede alargar la lista. Entre los investigados están el general Oscar Márquez, el capitán Douglas Pérez Pérez, el Tcnel. Miguel Prieto Montes y el coronel Orlando Castro Yesgra.

Los créditos
La lista de banqueros imputados por la presunta comisión de los delitos de estafa y usura, en el momento de otorgar los llamados créditos indexados y cuotas balón, sigue ensanchándose; hasta ahora son 16 los banqueros acusados.
En la lista tenemos a Ignacio Salvatierra, Gustavo Marturet, Juan Carlos Escotet, Andrés Azpurua, Francisco Debera, José Carlos Pla Aroyo, Michel Goguikian, María Elena Fumero, Diego Luis Castellanos e Irving Ochoa. A los imputados se les ha acordado medida de prohibición de salida del país.
Este caso se viene investigando desde julio de 2003, al formularse varias denuncias por numerosos deudores. Estos reclamaban los pagos excesivos al cobrárseles intereses sobre intereses.
A pesar que el TSJ emitió una sentencia a favor de los deudores hipotecarios de créditos indexados y cuotas balón de vehículos, los banqueros insisten en que obraron acordes con la ley vigente en el momento que fueron concedidos dichos créditos y su registro contable se ha establecido de acuerdo con la normativa especial dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, evidenciado en los balances bancarios publicados cada mes.

Táchira y Mérida
Son siete las personas que han sido sentenciadas a prisión a raíz de los eventos del 12 de abril del 2002 en el estado Táchira. José Meira Félix, Orlando Pantaleón, Omar Guillén, Elsi de Peña, Jacobo Superlano, William Forero, Danni Ramírez y Saúl Lozano, no pudieron compartir el alivio de su compañero Wilfrido Tovar, el único absuelto en este caso de rebelión civil.
Sin embargo, a partir de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de revocar la sentencia de los militares acusados por el 11 de abril, se estima la reapertura del caso y la posible imputación de hasta 50 personas más.
En Mérida, fueron imputados por los delitos de conspiración, rebelión, impedimento del ejercicio de derechos políticos, privación ilegítima de libertad y ofensa sobre funcionario de gobierno, en perjuicio del gobernador de Mérida Florencio Porras Echezuría, unas 25 personas que demandaron la renuncia del gobernador el 12 de abril del 2002.
Entre estos se encuentran Fortunato González, Marco Abilio Trejo, Jesús Rondón Nucete, Nixon Moreno, Carlos Chirinos, Crispulo González, Lisandro Estupiñan, Tarek Aboassi, Clara Peña, Pausides Reyes, Rómulo Canelón y Máximo Briceño.

El paro petrolero
Los funcionarios de la petrolera estatal que se sumaron al paro de diciembre de 2002 no sólo perdieron sus empleos como resultado del fracaso del paro, también fueron imputados por la Fiscalía General por diversos delitos, incluyendo rebelión civil, instigación a delinquir, agavillamiento, interrupción indebida del suministro de gas y revelación indebida de datos electrónicos.
Entre los imputados se encuentran altos gerentes de Pdvsa y dirigentes de la asociación Gente del Petróleo, como Juan Fernández, Horacio Medina y Mireya Ripanti. Recibieron orden de aprehensión Gonzalo Feijoo, Edgar Quijano, José Luis Santana, Edgar Paredes y Juan Lino Carrillo.
Por otro lado, se ha imputado al líder sindicalista Carlos Ortega, atrapado el pasado 28 de febrero en Caracas, por los delitos de rebelión civil, traición a la patria, instigación a delinquir, agavillamiento y devastación, todos en relación a su actuación durante el paro.
El Tribunal Supremo de Justicia rechazó una solicitud de extradición para Carlos Fernández, antiguo presidente de Fedecámaras y actualmente residenciado en Miami. Sin embargo, se mantiene en pie una orden de aprehensión contra el empresario.

Desobediencia legítima
El general Carlos Alfonso Martínez, acusado y sentenciado a 5 años de prisión por violación de zonas de seguridad, quedó en libertad después de 22 meses detenido. Sin embargo, siguen las investigaciones e imputaciones a otros 57 militares que se declararon en desobediencia legítima el 22 de octubre de 2002 en Altamira.
Entre ellos están acusados por los supuestos delitos de sublevación, subordinación y delitos contra la FAN, los generales Enrique Medina, Isidro Pérez Villalobos, el contralmirante Oscar Betancourt y el alcalde Leopoldo López.
Tienen orden de aprehensión los coroneles Antonio Ortega, Carlos Hernández, Carlos González Caraballo, Ivan Trujillo Contreras, Gerardo Pérez Pernalete, Antonio Semprum Valecillos, Héctor Ortiz Zambrano, Otilio Martínez, Alexander Raffo Navarro y Domingo Santana, entre otros.
El general Felipe Rodríguez, alías `el Cuervo´, quien también participó en la toma de la plaza Francia, está siendo juzgado por su supuesta participación en los atentados contra las embajadas de España y de Colombia en 2003. A la vez, los tenientes José Antonio Colina y Germán Rodolfo Valera, acusados por el mismo caso, permanecen en Miami bajo solicitud de asilo político.

El caso Anderson
Las investigaciones alrededor del asesinato del fiscal Danilo Anderson han arrojado, hasta ahora, resultados controversiales. Entre los imputados por la autoría material del siniestro se encuentran los hermanos Otoniel y Rolando Guevara y su primo Juan Bautista Guevara, acusados de homicidio calificado y agavillamiento. A los tres se les ha dictado medida de privación de libertad, y se encuentran detenidos en la sede de la Disip. Se ha vinculado a los hermanos Guevara con el atentado terrorista de los `collares bomba´, sucedidos en marzo del 2004.
Asimismo, se encuentran bajo investigación por el caso Johan Peña y Pedro Lander.
Antonio López, abogado que también estaba siendo investigado por el caso Anderson, murió en un altercado con la policía científica (Cicpc). Sus padres sexagenarios, Haydée Castillo y Antonio López, han sido acusados por la presunta comisión de los delitos de ocultamiento de armas de fuego y explosivos.
Todavía no se han hecho acusaciones entorno a los autores intelectuales del fatal atentado, aunque se ha vinculado el caso a una red de extorsión que supuestamente involucraba al fiscal Anderson y algunos de los firmantes del decreto Carmona.

El carmonazo
A pesar de su fallecimiento sorpresivo, el plan de ataque del fiscal Danilo Anderson, con respecto a los firmantes del decreto Carmona, sigue viento en popa. De acuerdo con la estrategia de Anderson, primero se imputaría al efímero gabinete interino, luego a los abogados que supuestamente redactaron el polémico documento, y después atacaría la lista de personas que firmaron (incluyendo a aquellas que firmaron un papel en blanco). De último, se imputaría a las personas que aparecen en los videos grabados ese día. De esta manera se pretende imputar por el delito de rebelión a más de 400 personas.
Hasta ahora han recibido acusaciones más de una treintena de personas, incluyendo a los abogados Allan Brewer Carías, Federico Carmona y Gisela Parra, el banquero Ignacio Salvatierra, los dirigentes Sergio Omar Calderón, Alberto Quirós Corradi, Américo Martín y Rafael Huizi Clavier, los empresarios Leopoldo López Gil, Felipe Brazón, y Albis Muñoz, Guaicaipuro Lameda, María Corina Machado, Enrique Yéspica, Carmen Elena Núñez, y el sindicalista Jaime Manzo.
Los últimos individuos en haber sido acusados por la Fiscalía General son Cecilia Sosa, Ana Karina González y José Gregorio Vásquez.

Conspiración y opinión
Los dirigentes de la asociación civil Súmate Alejandro Plaz, María Corina Machado, Luis Enrique Palacios y Ricardo Estévez fueron acusados de conspiración por haber aceptado la contribución monetaria de la organización National Endowment for Democracy (NED, en inglés).
A la periodista Patricia Poleo la acusaron de difamar por la transmisión de un video controversial, caso que ha sido archivado, y por el manejo ilícito de información relacionada con el caso Anderson. Su colega Ibéyise Pacheco está imputada por una información publicada en su columna, donde mencionaba a José Vicente Rangel y otros funcionarios. También fue imputado el periodista Napoleón Bravo por afirmaciones hechas en su programa televisivo 24 Horas.
El abogado Tulio Alvarez fue acusado de difamación por William Lara y recibió sentencia de 2 años y 3 meses.
Por su parte, el general Francisco Usón fue condenado a 5 años de prisión por las declaraciones que dio en torno al incidente fatal de Fuente Mara.
El general Manuel Rosendo, actualmente en clandestinidad, es acusado de ultraje a El Centinela, a la Bandera y a la FAN por opiniones dadas frente a medios de comunicación.

http://www.eluniversal.com/2005/04/03/pol_art_03162A.shtml

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