Sucesos de Abril de 2002
Los hechos
Relato de COFAVIC
El jueves 11 de abril de 2002 se desarrolló en Caracas una marcha pacífica de la
oposición que debía salir originalmente de Parque del Este hasta la sede de
Petróleos de Venezuela en Chuao (ambas zonas ubicadas en el este de la ciudad de
Caracas). Sin embargo, los manifestantes decidieron, al calor de la protesta,
dirigirse al Palacio de Miraflores (ubicado en el Casco Central de la ciudad)
donde empezaron a concentrarse a su vez los seguidores del gobierno.
A pocos metros de que ambas concentraciones se cruzarán, muy cerca del Palacio
Presidencial, varias personas cayeron heridas por armas de fuego. Más tarde se
comprobó el número de muertos y, según el testimonio de los asistentes, que
existían francotiradores apostados en los alrededores de la zona. Los
representantes de los medios de comunicación social fueron especialmente
afectados y muestra de ello fue el asesinato de un fotógrafo del Diario 2001,
Jorge Tortoza; las gravísimas heridas que sufrió un efectivo de la Dirección de
Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), adscrita al Ministerio de
Interior y Justicia, que estaba infiltrado en la marcha que utilizaba prendas
similares a las usadas por los reporteros gráficos (cámara de fotografía y
chaleco de tela) y el caso del fotógrafo Jorge Recio, quien quedó impedido de
caminar luego de recibir un impacto de bala. Además una cantidad importante de
trabajadores fotográficos resultaron heridos este día.
Un video tomado por un canal privado de televisión apostado en una de las
azoteas cercanas al lugar de los hechos, demuestra como personas identificadas
con franelas o boinas como seguidores del oficialismo disparaban armas cortas
desde el puente El Llaguno (ubicado justo encima de la avenida Baralt). Además,
otras tomas televisivas muestran a algunos representantes de la Guardia Nacional
y policías accionando armas de fuego. Según un listado oficial del Instituto de
Medicina Legal, durante los acontecimientos que se desarrollaron el 11 de abril
alrededor del Palacio Presidencial de Miraflores, 17 personas fueron asesinadas.
Una buena parte de ellas con heridas por arma de fuego en el cráneo.
Un día después que se produjera la quiebra temporal de la legalidad
constitucional en el país, es decir, el viernes 12 de abril, tuvieron lugar en
Caracas algunas visitas domiciliarias y detenciones irregulares. El 12 de abril
la DISIP detuvo al diputado del Movimiento Quinta República (partido
oficialista), Tarek Wiliam Saab sin orden judicial cuando el parlamentario
estaba siendo rescatado por la Policía Municipal del Hatillo, luego que un grupo
de personas presuntamente de la oposición- rodeara su residencia y le hicieran
temer por su seguridad personal.. Asimismo, los gobernadores de los estados
Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón, Lara, Barinas, Guárico, Nueva Esparta,
Portuguesa, Vargas y Bolívar fueron conminados todos a dejar los Palacios
Regionales de Gobierno y obligados algunos.
Paralelamente, durante los días 12, 13 y 14 se produjeron disturbios y saqueos
en diferentes zonas de la ciudad capital generándose cuantiosas pérdidas de
bienes materiales. Casi la totalidad de los fallecidos y lesionados en estas
jornadas fueron heridos por armas de fuego y una minoría a causa de armas
blancas. Las alteraciones del orden público tuvieron lugar, en su mayoría, en
sectores ubicados al oeste, suroeste y casco central de la ciudad. Catia y
Antímano fueron las zonas más convulsas y afectadas. El paso vehicular en las
autopistas Caracas La Guaira, Regional del Centro y Caracas-Guarenas fue
obstaculizado la tarde y noche del viernes 12 de abril.
Los disturbios iniciados el día 13 de abril, en Catia, Antímano, la Avenida
Baralt y otras zonas de Caracas continuaron hasta horas de la noche del domingo
14, día en el cual la Policía Militar se sumó a la Policía Metropolitana, como
cuerpo de seguridad, para tratar de recuperar el orden público. Los disturbios
sociales incluyeron los saqueos de establecimientos comerciales, el incendio de
algunos centros comerciales, el ataque a algunas instituciones religiosas,
gubernamentales y medios de comunicación En algunas ciudades del interior del
país como Valencia, San Cristóbal, Puerto La Cruz y San Juan de los Morros
tuvieron lugar alteraciones del orden público en menor proporción.
A pesar de que no existen cifras oficiales sobre las personas caídas durante
estos días, los hechos que se sucedieron durante el 12, 13 y 14 de abril,
dejaron un saldo de más de 10 personas muertas..
Cofavic: A
tres años del 11-A persiste la impunidad
La Voz
Orlando Ascanio H.
Gobierno politizó derechos humanos
Liliana Ortega, directora ejecutiva de la ONG insistió que una averiguación
sobre la materia no debe ser parcializada por tendencias políticas, se debe
realizar de manera desprejuiciada para poder hablar de justicia
A tres años de la crisis política que generaron los sucesos del 11 de abril de
2002, en la cual el régimen definió esa jornada como un golpe de Estado, todavía
hay testimonios que están incrustados a los recuerdos de los venezolanos
sacudidos por esos trágicos hechos que hoy en día no podemos olvidar, sino
invocar los derechos humanos.
De esta manera se expresó la directora ejecutiva del Comité de Familiares
Víctimas de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 (Cofavic), Liliana
Ortega, quien asomó en aquel entonces la idea, junto con otras organizaciones no
gubernamentales, de crear una Comisión "Por la Verdad" para que se investigara
los asesinatos perpetrados a partir del 11-A, a objeto de prevenir la impunidad
y promover la reconciliación nacional.
Recordó que mostró su desacuerdo de la que la comisión pudiera estar conformada
por parlamentarios, representantes de los partidos o funcionarios públicos,
porque eso significaría que sería una comisión de Estado o de instituciones
venezolanas. Ortega relató que las experiencias en países de América Latina
refieren que este tipo de organismo debe ser "absolutamente independiente" del
Estado, que si bien es cierto que en la realidad venezolana la Asamblea Nacional
la debe designar, la comisión tiene que atender a las características señaladas.
Sobre esas inquietudes, el tiempo le dio la razón a Liliana Ortega, debido a que
nunca más se supo en el parlamento de esa comisión "Por la Verdad".
Es parte de los obstáculos
Ante esas dificultades para llevar adelante una investigación transparente,
confiable y que culminara con el castigo a los culpables, destacó que "eso es
parte de los obstáculos que nos encontramos, como pasó con el "Caracazo" y por
eso se ha consagrado la impunidad. Un gobierno con sensibilidad y justicia y con
preeminencia en los derechos humanos tiene que hacer valer una averiguación
independiente". A renglón seguido, la directora ejecutiva de Cofavic insistió
que como creyente de los derechos humanos una averiguación sobre la materia no
debe ser parcializada por tendencias políticas. La investigación se debe
realizar de manera desprejuiciada para poder hablar de justicia.
-Mi experiencia me indica que en cualquiera de los casos no se deben emitir
opiniones arbitrarias y, muy por el contrario, deben hacerse con tenacidad,
independencia y con vocación de buscar la justicia, acotó.
Estado politiza tema de DD HH
Ortega reiteró que cada vez están más desamparados los venezolanos, "la agenda
política pareciera que quiere copar los temas pero, los hechos en materia de
derechos humanos no pueden ser postergados porque si lo hacemos postergamos la
democracia".
Añadió que la política de impunidad en el país permite que la justicia esté
sometida al poder político y que no sea independiente, "no puede haber
elecciones ni economía sana, empleo ni justicia social si no hay un Poder
judicial fuerte que nos proteja de la muerte impune".
-El estado politizando el tema de los derechos humanos ha tratado de desvirtuar
la protección internacional y crear una nebulosa de la responsabilidad
internacional en esta materia y eso ha colocado a las víctimas en mayor
desamparo porque desacata al sistema interamericano e intenta debilitar los
procedimientos internacionales de primera línea como son las medidas cautelares
y provisionales que pueden servir para salvar la vida.
Caso de Ayala Corao
También Ortega aprovechó para hacer mención sobre el caso de Carlos Ayala Corao,
ex-presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien se le
acusa, al parecer, de haber participado en el decreto de Carmona, "se le quiere
juzgar como una retaliación contra un jurista vinculado desde mucho tiempo atrás
a la lucha por los derechos humanos y por la preservación del orden jurídico en
el hemisferio. Como dice Human Rights Watch, es uno de los abogados de derechos
humanos más renombrados de América Latina".
Según la representante de Cofavic "no parece vislumbrarse en el horizonte el fin
del proceso abierto por los sucesos del mes de abril de 2002. Por el contrario,
parecería que el país está condenado a cargar con aquellos episodios como una
pesadilla que se prolonga. Sistemáticamente se van sacando de la manga causas
del pasado para mantener en vilo a los ciudadanos. Es un caso de persecución
política dirigida contra alguien que ha sido un crítico eficaz del gobierno de
Chávez en materia de derechos humanos".
-En otras épocas, fueren cuales hayan sido los conflictos, hubo siempre un
momento en que a los venezolanos se les abrían otras perspectivas. Se cancelaban
los duelos y las querellas para superar sus efectos y darle paso a nuevas
oportunidades. Sin embargo, ahora no sucede así. El caso de los imputados o
"presuntos imputados" por aquellos sucesos no sólo se extiende en el tiempo,
sino que se le van agregando nombres, y se van creando mayores incertidumbres.
Precedente negativo
Ortega dijo que las amenazas constituyen un precedente negativo para la acción
de los defensores de los derechos humanos, "hemos trabajado desde hace 16 años,
con temas muy visibles, como lo es el caso del "Caracazo", con las muertes
ocurridas en 1992 en el retén de Catia. En todo ese tiempo hemos tenido
presiones que podemos calificar como desalentadoras pero, jamás habíamos
recibido una amenaza directa a la integridad personal, como este tipo de
hostigamiento, vía e-mail y telefónico, desde el pasado 13 de abril de 2002".