urru.org

Los sucesos ocurridos durante los días comprendidos del 11 al 14 de abril de 2002, marcarán para siempre la historia de Venezuela. Fueron hechos lamentables y penosos para el pueblo. Corresponde a la Asamblea Nacional, como órgano fundamental en el ejercicio del Poder Público, determinar las responsabilidades en que hayan incurrido algún o algunos funcionarios públicos, sean militares o civiles, a que haya lugar, pero dentro de la esfera de su competencia.

En este sentido, es claro que la responsabilidad de los funcionarios públicos está circunscrita a cuatro tipos, a saber: La responsabilidad penal, cuya competencia corresponde a los tribunales penales; la responsabilidad administrativa, que corresponde dictarla a la contraloría correspondiente; la responsabilidad disciplinaria, que corresponde dictarla al superior jerárquico, y finalmente la responsabilidad política, cuya competencia corresponde a la Asamblea Nacional, en conformidad con lo dispuesto en el Texto Fundamental, que al efecto dispone:

Artículo 222.- La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad

En virtud de ello, se hace imprescindible para esta Comisión, antes de entrar en la materia, analizar el marco histórico y conceptual de la Responsabilidad Política, como competencia en la función de control del parlamento.

A. Antecedentes

1. Breve Relación Histórica

La Responsabilidad Política es un mecanismo de control parlamentario que tiene sus orígenes en el régimen político británico, el cual nace como producto del empirismo arraigado en esa nación, en donde surge por primera vez un conjunto de prácticas parlamentarias de las que se derivaron una estrechísima vinculación entre el Parlamento y el Gabinete.

Su antecedente no es de tipo normativo, sino práctico. En la Carta de 1830 aceptada por el Rey Luis Felipe de Orleáns el 9 de agosto de ese año, no se formaliza de manera expresa este mecanismo típico del régimen parlamentario. Sin embargo, la práctica nacida en 1833, cuando el Gobierno del Duque de Broglie, tras serle denegada por las Cámaras la autorización para hacer frente a los compromisos contraídos por el Rey en virtud de la firma de un Tratado, se vio forzado a presentar la dimisión.

Pero es solo con la llegada de la Tercera República francesa, en donde aparece el nacimiento normativo de esta figura típica de los regímenes parlamentarios. Allí en la Ley Constitucional de 25 de febrero de 1875 el principio de la responsabilidad política encontró eco en el artículo 6° de dicho Texto:

Los ministros son solidariamente responsables ante las Cámaras de la política general del Gobierno, e individualmente de los actos personales.

Sin embargo, las deformaciones de este régimen condujeron a su fracaso por la precariedad de las funciones ministeriales que dieron como consecuencia la existencia de una multiplicidad de focos potenciales de amenaza para el Gobierno, lo cual se vio reflejado en los 96 Gabinetes que se sucedieron entre febrero de 1875 y febrero de 1934, allá en Francia.

2. La Influencia de los Partidos Políticos

El nacimiento de este mecanismo de control como lo vimos, tuvo como escenario el siglo XIX, en donde la vida política estaba circunscrita básicamente para la burguesía, lo cual va a cambiar sustancialmente con la aparición de un nuevo sujeto en la vida pública: las masas.

El sufragio universal, como reivindicación política de las clases inferiores de la sociedad, comportará la teórica entrada de las clases obreras a los Parlamentos, de la mano de los partidos políticos. De manera que el juego partidista conferirá entonces al Parlamento una estructura diferente, debido a que serán ahora los órganos internos de los partidos los que elaborarán la política y quienes asumirán la representación de la población.

De manera que el sistema parlamentario se ve profundamente afectado por la entrada de los partidos en el escenario político. Y uno de los aspectos más impactados será precisamente los mecanismos de control parlamentario de la acción de gobierno, y por lo tanto la propia conformación de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

De tal forma que las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno son un reflejo dependiente bien del estado de los partidos, bien de la toma de actitudes de muchos otros factores sociales. En cualquier caso el Parlamento será la caja de resonancia de los partidos, que como consecuencia de los cambios estructurales que ofrece la realidad política, se arriba a una situación en la que la persona del diputado, que en un momento precedente decidía por su cuenta y obraba por iniciativa propia creyendo representar a todo el pueblo, ha sido sustituida por el partido y la fracción política que decide la actividad del diputado, sus discursos y votaciones, por lo menos en los temas de relevancia. Todo ello ha incidido de modo decisivo sobre el control parlamentario, que se ha convertido con el devenir del tiempo en un derecho de control de las fracciones parlamentarios y con ello, de los propios partidos de la oposición sobre el Gobierno y aún sobre el partido mayoritario en que aquél se apoya.

Sin embargo la evolución ha incidido sobre la responsabilidad política gubernamental, tanto en lo que hace a su procedimiento como a su significación. Hoy en muchos países la responsabilidad política del Gabinete ante el Parlamento ha cedido su lugar en gran medida a la responsabilidad electoral del partido que ha asumido el ejercicio de las funciones de gobierno, lo cual no es sino el corolario obligado de la desaparición, de facto, de la vía parlamentaria de exigencia o sanción de la responsabilidad política gubernamental.

3. La racionalización de la sanción de Responsabilidad Política

El procedimiento de sanción de la responsabilidad política ha permanecido tradicionalmente ignorado por los textos constitucionales del pasado siglo, pese a que la deducción de la responsabilidad política adquirió categoría de símbolo como instrumento de control y de gobierno.

De ahí que en el esquema clásico del parlamentarismo no racionalizado, un gobierno venía obligado a presentar la dimisión cuando quedaba en minoría en la Cámara con ocasión de una votación considerada trascendente, si bien, en algunas ocasiones ni siquiera se atendiera a si existía o no tal trascendencia.

Ahora bien, esto era válido para el régimen británico por su modelo bipartidista, pero su viabilidad era dudosa para los sistemas políticos continentales. Es por ello que la sucesión ininterrumpida de crisis de gobierno puso de relieve la conveniencia de buscar alternativas frente a ese modelo de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que no estaba sujeta a ningún tipo de traba procedimental.

La reacción frente a tal estado de cosas se produciría en el período de entreguerras. Las Constituciones europeas que siguen al final del conflicto armado, tal como ocurrió en la Constitución del Reich alemán de 11 de agosto de 1919, con la Constitución federal de la República austriaca de 1 de octubre de 1920 y la Constitución de la República de Polonia de 1 de marzo de 1921, cuyos textos intentan racionalizar el régimen parlamentario.

A tal efecto, los miembros de las diversas Asambleas constituyentes que se reúnen al término de la Primera Gran Guerra, se esforzarán en reglamentar la moción de censura y el voto de confianza, incorporando a los ordenamientos constitucionales unos concretos procedimientos de exigencias de la responsabilidad política, con los que se trata de otorgar al Gobierno unas garantías frente a hipotéticos votos de desconfianza prematuros o irreflexivos.

En última instancia, esta racionalización implica el encauzamiento formal de los procedimientos de exigencia de la responsabilidad política, o la tecnificación de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, con la consecuente transformación de las prácticas del parlamentarismo decimonónico que estaban asentadas en costumbres y reglas empíricas.

Ahora bien, la racionalización del parlamentarismo introdujo en la práctica un conjunto de notables disfunciones en el funcionamiento del sistema. Los mecanismos correctores q que antes aludíamos, en efecto, han venido a propiciar de modo un tanto artificial, la aparición de elementos de divergencia y de distorsión de las estructuras políticas. Por lo demás, vale advertir que tales artilugios han carecido de eficacia. No es el número de firmas, ni el quórum de votantes lo que da aliento o seguridad a un Gabinete; no es tampoco la corrección del juego, materia propicia a formaciones; la sensibilidad y la dignidad del Gobierno y el sentido de responsabilidad de los parlamentarios son lo decisivo, y no cabe ni mecanizar la conciencia, reemplazándola con automatismos, ni graduar a priori el ambiente parlamentario que un Gobierno necesita para vivir con decoro.

Posteriormente, las Constituciones posteriores a 1945 adicionarán a las técnicas ya incorporadas, nuevos mecanismos de racionalización que propenderán a proteger la estabilidad gubernamental.

La Ley Fundamental de Bonn, de 23 de mayo de 1949, ha llevado el principio racionalizador a sus consecuencias más extremas, generando una deformación del régimen parlamentario.

El mecanismo causante de ello es el que contempla el mencionado Texto en su artículo 67, con la llamada moción de censura constructiva, quizá la disposición más original de ese Texto. Ahora, con esta denominación lo que se quiere significar es que la moción de censura está unida a la elección de una nueva personalidad en el lugar del que ha sido censurado. So opone tal moción a la de censura destructiva, pues ésta se caracteriza por liquidar simplemente al que ha sido jefe del gobierno hasta el momento de la sanción de su responsabilidad política, sin colocar de modo simultáneo a una nueva personalidad en su lugar.

Ahora, la razón de la introducción de este mecanismo nace de la aplicación del artículo 54 del texto de la Constitución de Weimar, según la cual El Canciller del Reich y los ministros del mismo deben gozar de la confianza del Reichstag. Si el Reichstag retira su confianza a uno de ellos, por voto expreso, debe dimitir. Se situaba más allá del puro esquema formal, tratando de determinar el alcance del voto de desconfianza y de la obligación que el mismo entrañaba. Tal alcance vendrá dado en función de la naturaleza de la mayoría que expresa la censura. Como diría Carl Schmitt, Los motivos que empujan a los diferentes partidos a votar a favor o en contra de la confianza son a menudo diferentes. Pero cuando esas motivaciones se contradicen manifiestamente, cuando, por ejemplo, los nacionalistas alemanes y los comunistas se unen para apoyar una moción de censura, la diversidad de los motivos excluye de manera evidente la consecuencia necesaria y razonable de la moción de censura, esto es, la posibilidad de una confianza a un nuevo Gobierno, con la subsiguiente formación de éste. La moción de censura en tal supuesto, no es sino un acto de mera obstrucción, y en tal caso el deber de cese del Gobierno no debe existir.

Estos razonamientos calaron en el ánimo de los constituyentes germanos federales, quienes adoptaban como norte el asegurar al Gobierno y a su Canciller la autoridad necesaria para poder realizar una labor eficaz, así como el logro de la estabilidad, tratando para ello de garantizarle la mayor duración posible, esto es, adoptando como meta última la consecución de gobiernos de legislatura, a semejanza de lo que suele acontecer en Gran Bretaña.

A tal fin, se esforzaron en introducir un notorio obstáculo jurídico a la pura obstrucción parlamentaria. De ahí que para derribar al Canciller Federal se exija una oposición lo suficientemente numerosa y coherente como para encargarse ella misma de levantar el pesado fardo del poder. En definitiva, se ha querido proteger al Canciller y a su Gobierno frente la las mayorías inauténticas, meramente numéricas, cuya unión se ve propiciada por circunstancias puramente fortuitas o coyunturales, asentándose no en el deseo de construir, sino tan sólo en el de destruir, combatir o derribar.

B. El Diseño del Control Parlamentario den la Constitución de 1999.

1. Principios de Interpretación Constitucional

a) Análisis De La Metodología De Interpretación Constitucional

El contenido de nuestra Norma Fundamental es, por una parte, la organización de los poderes públicos, sus relaciones recíprocas y sus limitaciones de unos frente a otros, es lo que se denomina la parte orgánica, por la otra, las relaciones del Estado con el individuo, los derechos de éste frente a aquél, que es la llamada parte dogmática. Es sabido, y actualmente nadie duda de ello, que el conjunto de reglas de la Constitución son superiores a otras normas, sean ordinarias u orgánicas, pero de rango subprimario, y por lo tanto ninguna de estas pueden violarlas o contradecirlas, es por ello que se le conoce igualmente como Norma Fundamental, Carta Magna, Ley Primordial, etc.

Para garantizar esta supremacía, se ha dotado de suficiente poder a la rama judicial del Estado, para controlar los actos dictados por los cuerpos representativos, que sean contrarios al texto de la Constitución, en el sentido de que cuando existiese o exista una irreconciliable diversidad entre la norma subprimaria y la Constitución, es evidente que la que constituye la vinculación superior y tiene mayor validez debe ser naturalmente la preferida, dado que la Norma Fundamental es la voluntad, por emanación, del pueblo, y por lo tanto debe ser preferida a la de sus representantes.

La idea de atribuir a los órganos jurisdiccionales la función de ser guardianes de la Constitución tiene sus raíces en Europa, concretamente en la batalla de lord Edward Coke por la supremacía del Common Law. Coke esgrimiría su doctrina sobre la autoridad del juez en cuanto árbitro entre el Rey y la nación con ocasión de su enfrentamiento con Jacobo I, en los primeros años del siglo XVII. Frente al Monarca, que pretendía que los jueces eran meros delegados suyos, lo que según su juicio, le legitimaba para ejercer personalmente la función judicial, Coke respondería atribuyendo en exclusiva a lo jueces tal función. Y frente al Parlamento, Coke subrayaría la tradicional supremacía del common law sobre la autoridad parlamentaria, en el Bonhem´s case en 1610:

Aparece en nuestros libros que en muchos casos, el common law controlará los actos del Parlamento, y algunas veces declararlos como totalmente nulos: porque cuando un acto del parlamento va en contra del derecho común y la razón, o es repugnante, o es imposible de ser ejecutado, el common law lo controlaría y declararía tal acto como invalido.[1]

Esta importante doctrina del juez Coke estaba llamada al olvido tras el triunfo de la Glorious Revolution inglesa, pues en 1688 se proclamaba precisamente la doctrina contrapuesta a la soberanía del Parlamento.

Antes de su nacimiento material en Estados Unidos de América, con la sentencia que luego citaremos, es importante acotar, que aún cuando no aparece esta doctrina expresamente en la Constitución de ese país, en la Convención de 1787 se abordó el principio de la revisión judicial, y para muestra de ello basten los escritos de Hamilton, Madison y Jay, en lo que posteriormente se publicara como una obra unitaria bajo el rótulo de El Federalista. En el artículo LXXVIII de esa obra, Hamilton argumentaría lo siguiente:

La interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de los tribunales. Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado así como el de cualquier otra ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, debe preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez superiores; en otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios.[2]

Luego, con el nacimiento concreto de la revisión judicial, nace la doctrina de interpretación constitucional, en dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Los Estados Unidos, una recaída sobre el asunto de William Marbury v. Madison, de 1803, y la otra en el caso de James McCulloch v. el Estado de Maryland de 1819. En la primera de ellas se anula en forma primigenia una ley dictada por el Congreso de esa República, así como en la segunda, pero con una metodología distinta, puesto que era por un recurso de apelación. En la primera, la corte esgrimió el siguiente razonamiento:

La cuestión de si una ley repugnante a la Constitución puede llegar a ser ley de la nación, es una cuestión profundamente interesante para los Estados Unidos; pero, felizmente, no es de una dificultad proporcionada a su interés. Sólo parece necesario reconocer ciertos principios, que se supone han sido ampliamente y bien establecidos, para decidirlo.

Que el pueblo tiene un derecho original para establecer, para su futuro gobierno, principios tales que, según su opinión, conducirán a su propia felicidad, es la base sobre la cual ha sido erigida toda la constitución norteamericana. El ejercicio de este derecho original representa un gran esfuerzo; no debe repetirse frecuentemente. Los principios así establecidos se suponen fundamentales. Y como la autoridad de la que preceden es suprema, y puede actuar raras veces, están llamados a ser permanentes.

Esta original y suprema voluntad organiza el gobierno y asigna a los diferentes departamentos sus respectivos poderes. Puede detenerse aquí o establecer ciertos límites para que no sean trascendidos por aquellos departamentos.

El gobierno de los Estados Unidos corresponde a la última descripción. Los poderes de la legislatura están definidos y limitados <y para que esos límites no puedan ser equivocados u olvidados, la Constitución es escrita. ¿Con qué propósito son limitados los poderes y con qué propósito está esa limitación escrita, si estos límites pueden, en cualquier momento, ser salvados por aquellos ante quienes se oponían? La distinción entre gobiernos con poderes limitados o ilimitados está abolida, si esos límites no limitan a las personas sobre quienes están impuestos, y si los actos prohibidos y los actos permitidos son igualmente obligatorios. Es una proposición muy sencilla para ser contestada, que la Constitución controla cualquier actos legislativos repugnante a ella, o que la legislatura puede alterar la Constitución por una ley ordinaria.

Entre estas alternativas no hay término medio. O la Constitución es la ley suprema, inmutable por medios ordinarios, o está en el nivel de las leyes ordinarias, y como otras, puede ser alterada cuando la legislatura se proponga hacerlo.

Si la primera parte de la alternativa es cierta, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no es una ley; si la última parte es exacta, entonces las constituciones escritas son absurdos proyectos, por parte del pueblo, para limitar un poder ilimitable por su propia naturaleza.

Ciertamente, todos los que han forjado constituciones escritas las consideraban como formando la ley fundamental y suprema de la nación, y, por consiguiente, la teoría de cada uno de esos gobiernos debe ser que una ley de la legislatura, que repugna a la Constitución, es nula.

Esta teoría está esencialmente relacionada a la Constitución escrita, y debe por consiguiente ser considerada por esta Corte, como uno de los principios fundamentales de nuestra sociedad. No debe perderse este punto de vista en las posteriores consideraciones de este tema.

Si una ley de la legislatura, repugnante a la Constitución, es nula, ¿obliga a las cortes a pesar de su invalidez y las obliga a darle efecto? O, en otras palabras, aunque no sea una ley, ¿constituye una regla tan aplicable como si fuera una ley? Esto sería destruir en los hechos lo que era establecido en teoría; y parecería, a primera vista, algo tan groseramente absurdo como para no insistir sobre ello. Sin embargo recibirá una consideración muy detenida.

La competencia y obligación del departamento judicial debe decir enérgicamente lo que la ley es. Los que aplican la regla a casos particulares, deben, por necesidad, exponer e interpretar esa regla. Si dos leyes están en conflicto mutuamente, las cortes deben decidir la aplicación de cada una.

Así, si una ley está en oposición con la Constitución, si ambas, la ley y la Constitución, se aplican a un caso particular, por lo que la Corte debe decidir ese caso de conformidad a la ley, sin tener en cuenta la Constitución, o de acuerdo a la Constitución, sin tener en cuenta la ley, la Corte debe determinar cual de estas formas en conflicto gobierna el caso. Esto es de la verdadera esencia de la obligación judicial.

Si, entonces, los tribunales tienen que observar la Constitución, y esta es superior a cualquier ley ordinaria de la legislatura, la Constitución y no la ley ordinaria, debe gobernar el caso al cual ambas se aplican.

Entonces, aquellos que están en contra del principio de que la Constitución debe ser considerada en las cortes como una ley suprema, están reducidos a la necesidad de que esas cortes mantengan los ojos cerrados ante la Constitución y vean solamente la ley.

Esta doctrina subvertiría el fundamento mismo de todas las constituciones escritas. Declararía que una ley, que de acuerdo con los principios y teoría de nuestro gobierno, es completamente nula, sería todavía, completamente obligatoria en la práctica. Declararía que si la legislatura hiciera lo que está expresamente prohibido, tal ley, no obstante la prohibición expresa, sería en realidad efectiva. Daría a la legislatura una omnipotencia práctica y real, con el mismo intento con que se pretende restringir sus poderes dentro de estrechos límites. Es prescribir límites y declarar que esos límites pueden ser salvados a capricho.

Por eso, la fraseología particular de la constitución de los Estados Unidos confirma y vigoriza el principio que se supone esencial a todas las constituciones escritas, de que una ley repugnante a la Constitución es nula; y que las cortes, tanto como otros departamentos del gobierno, están obligados por ese instrumento.[3]

La disciplina de la interpretación constitucional es tan reciente como la citada sentencia. Sin embargo, es distinta a cualquier otra que recaiga sobre otros instrumentos normativos, y ese principio parte de la otra sentencia enunciada la cual prescribió lo siguiente:

Entre los poderes taxativos, no encontramos aquél que se refiera a constituir un banco o a crear una corporación. Sin embargo, no hay una frase en el instrumento según la cual, como ocurre con los artículos de confederación, se excluyan poderes adicionales o implícitos; lo cual requiere que todo lo que sea concedido debiera ser expresa y minuciosamente descrito. [Los Artículos de Confederación han previsto que cada estado “retiene” cada poder no “expresamente delegado] Incluso, la 10ª enmienda, que había sido elaborada con el propósito de disipar los excesivos celos que el instrumento había provocado. Omite la palabra “expresamente”, y declaró solamente que los poderes “no delegados a los Estados Unidos, ni prohibidos a los estados, son reservados a los Estados o al pueblo”; consiguientemente dejando la cuestión, sobre si un poder en particular, que ha sido objeto de impugnación, ha sido delegado a un gobierno, o prohibido al otro, depende una justa interpretación de todo el instrumento. Los hombres que establecieron y adoptaron esta enmienda han experimentado el compromiso resultante de la inserción de esta palabra en los artículos de confederación, y probablemente omitida para prevenir estos compromisos. Una constitución, para contener un detalle preciso de todas las subdivisiones que puedan derivarse de sus grandes poderes, y de todos los medios a través de los cuales se puedan ejecutar, debería contener la prolijidad de un código, y escasamente podría ser adoptada por alguna mente humana. Seguramente nunca sería entendido por el público. Su naturaleza, por consiguiente, requiere, que solo grandes reseñas sean distinguidas, que sus objetivos importantes sean designados y que los ingredientes menores que componen esos objetivos sean deducidos de la naturaleza de los propios objetivos. Que esta idea fue considerada por los artífices de la constitución Americana, no solo debe ser inferida de la naturaleza del instrumento, sino del lenguaje. ¿Por cual otro motivo se encuentran algunas de las limitaciones introducidas en el 1° artículo de la novena sección? Está también, en algún grado, garantizado por el hecho de haber omitido usar un término restrictivo que hubiese impedido que se hiciera una justa e imparcial interpretación. Entonces para considerar estas cuestiones, no debemos olvidar nunca que es una constitución lo que estamos exponiendo[4].

Esta afirmación con que cierra el citado párrafo, deja entrever que ya en aquella época se pensaba que la interpretación constitucional es distinta a la interpretación general.

En este orden de ideas, considero necesario dejar claro que la Constitución es un conjunto normativo que sustenta y fundamenta todo el resto del ordenamiento jurídico del Estado, es como decía Herman Heller, la norma de normas. Por esta razón es que la misma constituye el conjunto normativo más general, no hace referencia a otro sino a sí mismo, y al mismo tiempo es la norma de un ente jurídico, que es el Estado, pero a su vez es su acto fundacional, por lo que como decía Marshall en su sentencia, debe tener un sentido de permanencia y perpetuidad, y por tanto seguir la vida misma de la entidad, dándole coherencia y seguridad

Pero para tener una aproximación más clara de lo que es una Constitución, me permito citar in extenso parte de la obra de Rudolph Smend, aparecida en su libro Constitución y Derecho Constitucional, del año de 1928:

La Constitución es la ordenación jurídica del Estado, mejor dicho, de la dinámica vital en la que se desarrolla la vida del Estado, es decir, de su proceso de integración. La finalidad de este proceso es la perpetua reimplantación de la realidad total del Estado; y la Constitución es la plasmación legal o normativa de aspectos determinados de este proceso.

Lógicamente el Estado no limita su “vida” sólo a aquellos momentos de la realidad contemplados por la Constitución; para tener una vigencia efectiva en la vida política, la Constitución ha de tener en cuenta toda la enorme gama de impulsos y de motivaciones sociales de la dinámica política, integrándolos progresivamente. Pero la Constitución no puede abarcar siquiera en su totalidad aquellas funciones vitales del Estado que le compete regular, pues también estas, como ocurre con toda dinámica política, resultan de la totalidad que todo elemento individual posee, y actúan al mismo tiempo dialécticamente, manifestando la totalidad supra-individual del Estado. Este gran dinamismo de la vida política no puede ser aprehendido y normado plenamente por unos cuantos artículos recogidos en la Constitución, la más de las veces de corte esquemático y que, en ocasiones, son el producto de una recepción jurídica de tercera o cuarta mano; en todo caso, los artículos de la Constitución inspiran la dinámica política, que por lo que se refiere a su capacidad integradora, puede resultar estimulada; bien entendido que la finalidad integradora que se pretende tengan las normas constitucionales depende de la acción conjunta de todos los impulsos y motivaciones políticas de la comunidad, y que, en ocasiones, esta función integradora se realiza fuera de los canales constitucionales. En estos casos, la función integradora, característica tanto de la naturaleza esencialmente valorativa del espíritu, como de las propias normas constitucionales, se realiza, a pesar de estas aparentes divergencias, de un modo más pleno, amen de ser así más fiel el genuino sentido de la Constitución que a través de una regulación exhaustiva y pegada al texto constitucional, pero que a la postre no es sino muestra de una escasa vida constitucional.

Por su propia naturaleza la Constitución no tiende, así pues, a regular supuestos concretos, sino a abarcar la totalidad del Estado y la totalidad del proceso integrador. Y es esta misma finalidad la que no sólo permite, sino que inclusive exige del intérprete constitucional una interpretación extensiva flexible, que difiere en gran medida de cualquier otra forma de interpretación jurídica.

Lo propio y característico de las fórmulas constitucionales es justamente su elasticidad y su enorme capacidad autotransformadora y supletoria de sus propias lagunas.

Una comprensión global de la regulación y de los fines constitucionales, de su sistema integrador, pero también de su intencionalidad objetiva, solamente es posible si se atiende a esta capacidad transformadora y supletoria, y a sus consecuencias en orden a la transformación efectiva y a la interpretación extensiva de las normas que componen el propio sistema que la Constitución instaura.[5]

Ahora bien, existen diversos métodos interpretativos de las normas subprimarias, tales como el gramatical; histórico; lógico, sistemático; teleológico; comparativo y sintáctico-gramatical, todos impuestos por las distintas escuelas de hermenéutica jurídica. Pero, para el caso de la interpretación de una Constitución, deben aprovecharse todos, sin preferencia de uno sobre otro, a fin de captar y desentrañar su verdadero y profundo sentido normativo, como parte de un todo.

Finalmente, la metodología de interpretación de los textos constitucionales requiere el hacer una referencia al libro del profesor norteamericano Craig R. Ducat, Modes of Constitutional Interpretation, donde habla de tres modos de interpretación constitucional aplicados por la Corte Suprema de ese país, a saber: El modo del absolutismo; el del balance o equilibrio de intereses y el de los derechos preferidos. El primero se corresponde con lo que en filosofía del derecho inglés otros denominan positivismo analítico, que es el equivalente a la dogmática jurídica y la jurisprudencia de conceptos. El segundo equivale a lo que algunos denominan, jurisprudencia sociológica, y el tercero, el de los derechos preferidos, es el modo en el que se utilizan algunos de los derechos consagrados en la Constitución como piedra angular de la interpretación misma. Estos han sido los modos reales e intelectuales de decisión de la Corte Suprema norteamericana, ratificados en la última capital sentencia recaída en el asunto de Estados Unidos v. Alfonso López, de 26 de abril de 1995, y que la Corte dependiendo del caso por decidir aplica uno u otro. En los casos claros o fáciles, donde el asunto cae evidentemente dentro de una norma, aplicará el absolutismo, mientras que en los casos difíciles, donde el asunto se encuentra en la zona gris entre varias normas o dentro de una legislativa, y que requiera por tanto de una verdadera determinación y especificación jurisprudencial, se ha inclinado por los otros métodos, es decir, por el del balance o equilibrio de intereses y por el de los derechos preferidos.

b) Análisis jurídico teórico de la Constitución de 1999

El sistema introducido en nuestras últimas constituciones, y la actual no solo no es una excepción, sino que acentúa lo que en el análisis suscita en un primer momento una serie de críticas, entre las cuales se destaca el hecho de que el sistema establecido en nuestra Constitución crea un desequilibrio grave en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, sin posibilidad prácticamente alguna de que ese equilibrio pueda ser recompuesto.

El régimen previsto en el Texto es evidentemente presidencialista, basado en un esquema federal descentralizado, como así lo dispone el artículo 4° de la Carta. Este sistema se caracteriza por lo siguiente:

1) La existencia de un poder ejecutivo fuerte, en donde el Presidente asume a su ve la jefatura del Gobierno y del Estado.

2) El principio de control parlamentario se ejerce únicamente sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, tal y como así lo dispone el numeral 3° del artículo 187, lo que se traduce en que el Presidente es responsable políticamente frente a la Asamblea Nacional.

3) Principio de confianza parlamentaria sobre el Vicepresidente y los Ministros, lo cual se materializa a través del mecanismo previsto para el voto de censura.

4) Posibilidad constitucional de disolver a la Asamblea Nacional, correspondiendo esta facultad disolutoria al Presidente de la República.

A los fines del presente informe, nos vamos a circunscribir únicamente al principio de la responsabilidad política del Gobierno, y a los mecanismos a través de los cuales se puede sancionar tal responsabilidad.

En este sentido se establece un principio indiscutible y es que el Presidente de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, y como consecuencia de ello, está obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, el cual esta recogido en el artículo 232 de la Constitución, que dispone:

Artículo 232.- El Presidente o Presidenta de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo.

Está obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República. La declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, ni la de los Ministros o Ministras, de conformidad con esta Constitución y con la ley.

Este principio incluye también a los Ministros, pero su normativa jurídica está contenida en un artículo distinto, como lo es el 244 de la Constitución, que dispone:

Artículo 244.- Para ser Ministro o Ministra se requiere poseer la nacionalidad venezolana y ser mayor de veinticinco años, con las excepciones establecidas en esta Constitución.

Los Ministros o Ministras son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y con la ley, y presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley.

En cuanto al Vicepresidente, nuestro Texto Fundamental, debido a una mala redacción, bien sea por el apuro en que fue aprobado por la Asamblea Constituyente, o por las razones que sean, no se establece expresamente la responsabilidad política de este funcionario. Sin embargo, esta se deriva indirectamente de la posibilidad de la aprobación de una moción de censura por parte de la Asamblea Nacional, que en el caso de que la misma sea aprobada por las tres quintas partes de sus integrantes, implica su remoción, todo lo cual está contenido en el artículo 240 de la Constitución.

Un segundo principio se encuentra recogido en el ordinal 10 del artículo 187, según el cual el Vicepresidente y los Ministros son Responsables Políticamente, y el voto de censura aprobado por las tres quintas partes de los diputados de la Asamblea Nacional, implica la destitución de los mismos.

Un último principio es el de la función de control que ejerce la Asamblea Nacional sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, recogido en el ordinal 3° de ese artículo 187.

Por tanto, en Venezuela nos encontramos que desde el punto de vista constitucional, tenemos en forma atenuada el mecanismo nuclear del régimen parlamentario del principio de responsabilidad política como derivado de la obra maestra de la estructura del edificio constitucional.

En este sentido podemos decir que la responsabilidad política entraña que lo que se pone en tela de juicio no es la conculcación de una norma jurídica o la realización de un acto punible, sino la conveniencia u oportunidad de una determinada acción política y de determinados actos y acciones del Presidente y de los Ministros, como ya se indicó anteriormente, y es por ello mismo que la responsabilidad es tanto por la gestión política de los mismos, es decir, por la oportunidad y eficacia de las medidas que dicte el Presidente o los Ministros, o por sus actos, acciones y omisiones en el ejercicio de sus cargos. Esta responsabilidad política se puede materializar con la simple declaratoria de responsabilidad a cualquiera de esos funcionarios o a todos, pero la misma no tiene ninguna consecuencia jurídica, sino más bien una especie de sanción moral. Pero también, en los casos del Vicepresidente o de los Ministros, esta responsabilidad política se puede materializar en un voto de censura, que de ser aprobado por las tres quintas partes de los miembros de la Asamblea Nacional, el mismo implica la destitución automática del Vicepresidente o del Ministro o Ministros de que se trate, pero en todo caso si el voto de censura se aprueba por un número menor de parlamentarios al señalado, entonces en voto no tiene ninguna consecuencia jurídica, salvo el de una especie de sanción moral.

Desde esta perspectiva, parece claro que responsabilidad y control son conceptos relacionados aunque no equiparables. El control es un término más amplio que el de responsabilidad, pues resulta obvio que la exigencia de responsabilidad implica siempre un control, pero también es evidente que no todo control conduce a la deducción de una responsabilidad. Aún así, los institutos del control político de la Asamblea Nacional sobre el Gobierno, de la responsabilidad política gubernamental y aún de la misma relación fiduciaria existente entre la Asamblea Nacional y Gobierno están estrechamente interrelacionados.

En su conformación esencial, la responsabilidad política encuentra su última razón en el principio de soberanía popular, incardinándose en el deber que de tal principio deriva para cada órgano constitucional, de enlazar la propia actividad con el más amplio respaldo popular. La ausencia de ese apoyo, traducida en la falta de respaldo parlamentario a un determinado Gobierno, ha de conducir necesariamente a la sanción de la responsabilidad política gubernamental, que implica la quiebra radical de la relación de confianza que en todo régimen ha de mediar entre el Legislativo y el Gobierno. Sin embargo, este razonamiento teórico se ve diezmado por la influencia del partido político dentro de las decisiones parlamentarias, lo cual se traduce en que aún con la existencia de una gestión política absolutamente reprobable o de actos, acciones y omisiones del Presidente, del Vicepresidente o de Ministros, abominables, no proceda la responsabilidad política por el seguimiento de la mayoría gubernamental enquistada en el parlamento, a lineamientos partidistas, lo que muchas veces en Venezuela ha conllevado a un divorcio entre una mayoría parlamentaria y el sentimiento de la sociedad venezolana.

Ahora bien, en todo caso de declaratoria de responsabilidad política contra cualquier funcionario del Gobierno o de la Administración Pública Nacional, o de voto de censura en contra del Vicepresidente o de algún o algunos Ministros, debe ser presentado en forma motivada, esto es debe precisarse en él el objeto de la censura o de la responsabilidad política, según se trate, y deben hacerse públicos los aspectos en los que se produce la discrepancia respecto a la actuación gubernamental o de algún funcionario en especial, que se juzga tan gravemente errónea o inoportuna que se estima necesaria la respuesta parlamentaria bajo la forma de sanción de la responsabilidad gubernamental.

Esta motivación debe precisar los términos de la confrontación entre la Asamblea Nacional, o más bien entre la oposición parlamentaria y el Gobierno. Sin embargo, el Texto Fundamental hace silencio con respecto a esta motivación, lo cual constituye una verdadera laguna e incongruencia constitucional, que debe ser resuelta por la práctica y por la racionalidad.

II. Antecedentes de los Acontecimientos del Día 11

A. Conflicto de PDVSA

1. Régimen de la Meritocracia

Las organizaciones, como sistemas compuestos por varios elementos interrelacionados entre sí y sumergidos en un entorno, están en constante cambio para poder adaptarse a las nuevas condiciones que le ofrecen los distintos ambientes y así conseguir evolucionar. Cuando las organizaciones deciden aplicar una nueva estrategia para alcanzar sus metas y maximizar los beneficios, esta nueva forma de hacer las cosas les plantean en muchos casos la necesidad de generar cambios en los otros aspectos que la componen: personal, sistemas y procesos, cultura y estructura organizacional.

En los años sesenta, el investigador norteamericano Alfred Chandler, luego de llevar a cabo un estudio sobre la expansión de las industrias más grandes de los Estados Unidos, determinó que la estrategia que tomaba una organización determinaba su estructura. Esta afirmación se reafirma en la historia y experiencia de Petróleos de Venezuela, a lo largo de las diferentes estrategias que ha adoptado la empresa desde su creación en 1976 hasta el presente, verificando la incidencia de estas estrategias en su estructura organizacional, en donde se reafirma el sistema meritocrático que está contenido dentro de la propia estructura organizativa de PDVSA.

Es sabido que la meritocracia es un sistema un método de recurso humano según el cual los ascensos o el régimen de escalafón dentro de la organización de una empresa, responde fundamentalmente a los méritos de los trabajadores y empleados de la empresa. Pero en PDVSA, este no es solamente eso, no es un concepto vacío, sino que el mismo forma parte de la empresa misma, puesto que se ha desarrollado y ha crecido en toda la historia de la empresa, como formando parte de ella misma, y el mismo no podría ser eliminado sin que se conforme un sismo dentro de la estructura orgánica de la empresa. Es por esto que para entender el sistema meritocrático de la industria no basta una simple definición conceptual, ni tampoco una explicación del régimen de escalafones, sino que se requiere conocer los antecedentes históricos que involucran las distintas estrategias que ha llevado a cabo la empresa para conseguir sus objetivos, ya que en todos los cambios estratégicos que ha tenido la industria, el régimen meritocrático, no es que haya sido respetado, sino que se considera que formaba parte de cada una de las estrategias, porque el sistema de méritos es para PDVSA lo mismo que el hidrocarburo, no se concibe a la empresa sin la existencia de ninguno de los dos.

La meritocracia es un sistema de administración de recursos humanos que tiene al mérito como el patrón de comparación para toda la decisión que en la empresa se toma relacionada con el personal. Eso quiere decir, que el mérito es lo que priva en el momento de tomar la decisión e una contratación, en el momento de desarrollar una persona, en el momento de enviarlo a tomar un curso, en el momento de darle una promoción. Acompaña al personal a lo largo de toda su carrera.

Dentro de PDVSA esto siempre ha estado claro. Aquellas personas que lo hacen excelente, reciben más aumento que otro que lo hace bien; si lo hacen bien, recibirán más que el que lo hace regular, y las personas que lo hagan mal, están fuera de la empresa.

Dentro de la Industria petrolera venezolana, existen supervisores que evalúan a las personas que están bajo su jurisdicción. Estos supervisores realizan la evaluación con base en dos aspectos, en cuanto al desempeño de su trabajo y en cuanto al potencial que este empleado tenga. Todo el mundo es importante pero nadie es imprescindible.

Cada una de las personas que conforman la empresa tiene lo que se llama reemplazo para cada una de las posiciones que existen en la industria. Alrededor de 20 mil personas, dentro de la empresa son llenadas por personal gerencial profesional y técnico. Esas 20 mil personas tienen dos reemplazos para cada posición, designadas con nombre y apellido y cédula de identidad. Eso va desde ingeniero recién graduado hasta el presidente de Petróleos de Venezuela.

Como indica la Ley, el Presidente de la República escoge a los directivos de Petróleos de Venezuela, de los diversos sectores de la sociedad. Pero PDVSA le presenta al Jefe de Estado, listas de petroleros que tienen méritos y potencial para ser directores y el presidente selecciona de esa lista de candidatos.

El sistema dentro de la industria contempla 42 grupos, y para pasar de un grupo a otro, se requiere de determinados méritos. Los ejecutivos pertenecen a los grupos que van del 30 al 41. Si alguien que no pertenece ese grupo de ejecutivos, por ejemplo que este en el grupo 27, pasa a ser Director de Petróleos de Venezuela, ello dentro de ese sistema un hecho muy grave, ya que dejaría a aproximadamente 250 personas, que pasarían a ser lo que dentro de la propia industria denominan como cadáveres en el camino, ya que teniendo más credenciales de mérito para ocupar esa posición, fueron saltados por personas pertenecientes a grupos inferiores.

Es por ello que resulta importante el conocimiento sistémico de la meritocracia dentro de PDVSA, para poder entender las razones y fundamentos de la crisis que se suscitó con el nombramiento de algunos Directores Internos dentro de la Junta Directiva de la empresa, saltándose las bases de este sistema, por ello es que pasamos de seguida a explicar algunos antecedentes de la empresa.

a) Orígenes

Petróleos de Venezuela, S.A. (P.D.V.S.A.) es hoy en día la empresa sobre la cual pesa el manejo de la principal industria del país. Sus orígenes se remontan a un largo proceso histórico en el cual factores como la creciente importancia que había venido adquiriendo el petróleo en el mundo y la existencia en Venezuela de grandes depósitos de hidrocarburos (petróleo, gas natural y asfalto), aunados a la vasta experiencia que había ganado el país durante casi cincuenta años de ejercer todas las fases que caracterizan la industria (obtención de concesiones, exploración, producción, almacenamiento, transporte, refinación y suministro tanto al mercado interno como externo), permitieron que el Estado venezolano tomara la decisión de nacionalizar el petróleo y gerencia él mismo la industria[6].

PDVSA fue creada el 30 de agosto de 1975 por Decreto Presidencial N° 1.123, con el objeto de planificar, coordinar y supervisar la industria petrolera nacional al concluir el proceso de reversión al Estado venezolano de las concesiones de hidrocarburos que éste había otorgado. Es así como el primero de enero de 1976, día en que la industria de los hidrocarburos pasó a manos del Estado, PDVSA comenzó a desempeñarse como casa matriz del conjunto de empresas que iban a constituir de ahora en adelante la industria petrolera nacional.

Esta nacionalización se llevó a cabo a través de un proceso de entendimiento con las empresas concesionarias y respetando de manera estricta las normas constitucionales y legales correspondientes al caso; con esto se buscaba evitar cualquier clase de enfrentamiento o controversia que afectara de antemano las relaciones que tendrían que seguir dándose entre empresas que una vez concluido el proceso seguirían trabajando juntas[7].

Esta empresa nació con un capital social de Dos Mil Quinientos Millones de Bolívares, suscrito y pagado en su totalidad por la República de Venezuela, y se le asignó “la trascendental tarea de gestionar, de acuerdo con los intereses de la colectividad venezolana, la industria petrolera nacionalizada”.[8]

Explica Vitoria que el capital de la empresa estaba representado por cien acciones nominativas a nombre de la República de Venezuela que no pueden ser enajenadas ni gravadas, lo que la caracteriza como una sociedad a participación única del Estado. PDVSA tendría una duración del giro de su negocio de cincuenta años, los cuales serían contados a partir del día de la inscripción de su documento constitutivo en el Registro Mercantil y su domicilio estaría fijado en la ciudad de Caracas, aún cuando puede establecer sucursales o agencias, tanto en el interior como en el exterior del país.

Rodríguez Eraso[9], en la obra citada que había sido editada con motivo del décimo aniversario de PDVSA, describe que el esquema corporativo que se escogió para la nueva empresa, trató de preservar las estructuras administrativas existentes en cada una de las nuevas filiales (exconcesionarias) con el fin de generar el mínimo posible de trastornos. “De esta forma, se constituyeron catorce sociedades anónimas, trece de ellas sucesoras de igual número de empresas concesionarias extranjeras y la empresa estatal petrolera, la C.V.P., la cual pasó de instituto autónomo a sociedad anónima.”[10] Todo de acuerdo con el siguiente gráfico:

El mismo día de la creación de PDVSA, también vio luz el Decreto 1.124, a través del cual fueron designados los miembros, principales y suplentes del primer directorio de la empresa, el cual quedó constituido por: Rafael Alfonso Ravard (Presidente), Julio César Arreaza (Vicepresidente), José Domingo Casanova, Julio Sosa Rodríguez, Carlos Guillermo Rancel, Alirio Parra, Benito Raúl Losada y Manuel Peñalver, y a quienes correspondió echar las bases de la organización de la casa matriz de la industria petrolera nacional.

El desarrollar e implementar la visión nacional e internacional del negocio le exigió a PDVSA esfuerzos, perseverancia y continuidad en las acciones. Había recibido una industria madura, ya iniciada, conducida, desarrollada y dirigida durante décadas por empresas concesionarias extranjeras y sus respectivas casas matrices. Sin embargo, era una industria que se había venido a menos en muchas actividades, tales como exploración, refinación, mantenimiento, transporte marítimo, investigación y capacitación de personal en varios aspectos del negocio.[11]

Ahora bien, este proceso de nacionalización no fue un producto de una decisión aislada o apriorística, sino que el mismo se derivó de una serie de actos y situaciones que se inician en el año de 1943 con la promulgación de la Ley de Hidrocarburos, y que culmina el 1° de enero de 1976 cuando quedan extinguidas totalmente las concesiones petroleras operantes en el país para ese momento y entra en vigencia la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Este proceso se puede resumir y mostrar mucho mejor en el siguiente cuadro ilustrativo:

Claro que este proceso no fue nada fácil, ya que en vista a la inminencia existente de la nacionalización de la Industria Petrolera, las compañías concesionarias, en resguardo de sus propios intereses, ante el anuncio de que no recibirían nuevas concesiones, resolvieron reducir todas sus actividades en los años previos a 1976, lo cual determinó que al momento de la nacionalización, la industria petrolera en Venezuela se encontraba en una situación de estancamiento y en algunos casos en plena contracción.

a) Época de la Racionalización

En los primeros años de sus orígenes, la casa matriz y las filiales comenzaron los estudios y acciones de racionalización de la industria para imprimirle mayor eficiencia al desenvolvimiento de las actividades y consolidar los recursos existentes en cada filial, y tal y como lo explica Rodríguez Eraso[12], la estructura organizativa con la que arrancó sus funciones PDVSA y que consistía, como vimos en el punto anterior, en una casa matriz, catorce sociedades anónimas operativas y una fundación para la investigación y tecnología, le restaba eficiencia a las actividades de la empresa. Esto hacía muy difícil el manejo del negocio, tomando en cuenta que éstas actuaban en las mismas áreas geográficas y con los mismos procedimientos que tenían antes de la nacionalización, y que eran de muy diferentes tamaños y con diversos grados de integración administrativa. Todo este panorama le plateaba a la casa matriz grandes problemas para la implantación progresiva de políticas y procedimientos homogéneos.

En este sentido se estableció como estrategia la racionalización de la industria, con dos objetivos definidos:

Ø Continuar la búsqueda de beneficio económico – social que vinculara más a la industria con su entorno y realidad nacional.

Ø Adoptar mejoras organizativas con el fin de flexibilizar la gestión y generar una mayor integración de las empresas dentro de una estrategia común.

Para ello se creó en la empresa un Comité de Racionalización, que tenía como misión recomendar y supervisar las acciones a tomar para acometer el proceso, y en este sentido se llegó a la siguiente estrategia:

Ø Reducir el número y heterogeneidad de las filiales operadoras a fin de simplificar las funciones administrativas de coordinación de PDVSA

Ø Utilizar Los recursos humanos, gerenciales y técnicos de la industria, de una manera óptima, al eliminar obvias duplicaciones de esfuerzos y permitir una mayor interacción entre empresas afiliadas, a fin de estimular la adopción de sistemas administrativos más uniformes y coherentes y de incrementar el intercambio de experiencias técnicas y tecnológicas entre los trabajadores de las diversas organizaciones.

Ø Redistribuir, de manera más lógica y eficiente, los activos físicos y los yacimientos de la industria, en unidades organizativas mejor definidas, más compactas desde el punto de vista geográfico y más cónsonas con las experiencias técnicas previas de cada organización.

Es aquí cuando empieza a gestarse un sistema de desarrollo profesional de los trabajadores de la empresa que permitía una carrera de ascensos con base al adiestramiento, experiencia, capacidades gerenciales, etc., que luego vino a llamarse el sistema de meritocracia.

Esta parte de la racionalización de la empresa se hizo por etapas. En una primera fase, la estructura que entró en vigencia en enero de 1977, desde el punto de vista de organización llevó a la reducción progresiva del número de operadoras petroleras, de tal manera que se produjo el primer avance del proceso de racionalización organizativa, mediante el cual siete empresas sustituyeron a las catorce anteriores. Estas siete empresas eran: Lagoven, Maraven, Meneven, Llanoven, CVP, Deltaven y Palmaven.

Luego vino una segunda fase de integración que consistió en la reducción del número de filiales operadoras mediante la absorción de las empresas de menor tamaño o mediante la fusión de empresa de similar tamaño, para formar una empresa de mayor tamaño.

A mediados de 1978 se consolidó este proceso con la unión de CVP, Llanoven, Palmaven, Deltven, Bariven y Boscanven en la empresa Corcoven, dando como resultado la conformación de cuatro grandes operadoras: Lagoven, Maraven, Meneven y Corcoven, a las cuales se les unen Pequiven e Intevep.

Finalmente en 1986 se tomaron algunas medidas de reorganización dirigidas a profundizar aún más el proceso de racionalización. Entre las medidas adoptadas se encuentran la integración de algunas filiales. En primer lugar se integraron las operaciones y el personal de Corcoven y Meneven. En segundo lugar se integraron todas las actividades y operaciones de Maraven en el país y las actividades de producción y refinación de Corcoven localizadas al occidente y al norte de Los Andes, conformando una nueva empresa que conservó el mismo nombre de Maraven. De esta forma, el esquema organizativo se traducía en la actividad de tres filiales operadoras, totalmente integradas, a saber: Corcoven, Lagoven y Maraven.

Este proceso fue necesario e imprescindible para la consecución de los objetivos de la empresa como proceso de consolidación de ésta como casa matriz al mando de un número de filiales cuya gestión resultara manejable.

b) Época de Internacionalización

Mientras se producía el proceso de racionalización de las operaciones de la industria, ocurrían otros hechos que contribuyeron a conformar la organización de PDVSA. Basándose en el aprovechamiento de las economías de escala, característica de eficiencia de una organización holding, y actuando como empresa integrada, PDVSA centralizó las finanzas, la investigación tecnológica, las compras mayores en el exterior y el adestramiento corporativo.

Por otra parte desde el año 1979 se estaba experimentando una baja en la demanda de petróleo aunada a un incremento en la producción de los países que no pertenecían a la OPEP, lo que se traducía en una apreciable disminución del suministro proveniente de los países miembros de la OPEP al mercado. Como respuesta a esta situación, Venezuela redujo su producción atendiendo a la estrategia de la OPEP de preservar los precios del petróleo.

Frente a este panorama planteado y con el objeto de asegurar su permanencia y vigencia como una empresa sólida en el mundo petrolero, PDVSA inició a principios de la década de los ochenta su proceso de internacionalización, mediante la realización de inversiones fuera del país que asegurasen una integración física y orgánica con los mercados. La adopción de esta estrategia permitiría la colocación segura de los crudos, la maximización de ingresos y la minimización de riesgos. Así PDVSA dio inicio a las acciones que posteriormente le permitirían suscribir el convenio con la Veba Oel en 1983 y la adquisición de instalaciones en Europa y en los Estados Unidos.

Toda esta estrategia le permitía a la organización aumentar el tamaño de su mercado, obtener mayores rendimientos sobre las principales inversiones de capital o las de nuevos productos, lograr mayores economías de escala, compartir recursos y conocimientos entre las distintas unidades, y al ubicar sus instalaciones en otros países, se consiguió una ventaja competitiva como el abaratar aún más los costos.

De las estrategias internacionales a nivel corporativo que más se aplica al caso de PDVSA, es la estrategia trasnacional, aquella que trata de lograr tanto la eficiencia global como una respuesta local, como producto de la presión de las empresas mundiales por la integración de un mercado más global.[13].

En materia de adiestramiento y formación de capital humano, se constituyó la Asociación Civil Centro de Formación y Adiestramiento Petrolero y Petroquímico, el CEPET (hoy en día CIED), el cual tenía a su cargo la ejecución de programas corporativos, gerenciales, técnicos y artesanales de adiestramiento, así como los programas de becas y de cooperación.

Dentro de esta estrategia, se crearon dos filiales en el exterior: PDV Europa, con sede en Londres, y PDV USA, con sede en Nueva Cork. Igualmente se ampliaron las responsabilidades de la filial Interven para que administrara y optimizara todas las inversiones realizadas por la industria en el extranjero.

Por decisión del ejecutivo nacional, la empresa tomó en arrendamiento las instalaciones de la refinería y el terminal de embarque de Curazao, constituyendo la filial Refinería Isla para su administración.

Como estas PDVSA hizo otros negocios en el extranjero, de tal forma que para finales de la década de los ochenta, se proyectaba al mundo como una corporación sólida, con empresas propias, asociaciones e instalaciones a lo largo de Europa, Estados Unidos y el Caribe. La estrategia de internacionalización aplicada por la empresa trajo consigo una estructura que mostraría ahora, además de la casa matriz y las filiales, participaciones y adquisiciones importantes en lugares geográficos distantes y ubicados en países compradores de petróleo venezolano, lo que le ofrecía a PDVSA una ventaja competitiva de refinar en las propias regiones a las cuales exportaba su crudo.

c) Época de Transformación en una sola empresa

A partir de 1990 nos encontramos con una nueva fase marcada por el desarrollo de la capacidad productiva del sector petrolero en asociación con inversionistas privados

Para esta época, los cambios y reajustes de las organizaciones trajeron consigo la desaparición de empresas, fusiones, adquisiciones, reorganizaciones, distribución de actividades, mayor utilización y contratación de recursos y servicios científicos, técnicos y personal externos.

La década de los 90 fue testigo de la oleada de fusiones más grande de todos los tiempos. British Petroleum se fusionó con las norteamericanas Amoco y Arco; Exxon se fusionó con Mobil, y las francesas Total Fina y Elf se unieron en una única empresa nacional. Las famosas siete hermanas que dominaron la industria petrolera por décadas (Exxon, Shell, Texaco, Mobil, Chevron, Gula y BP) se han convertido en sólo tres matrimonios. Adicionalmente se produjeron numerosas fusiones parciales mediante la combinación de los negocios de refinación y venta minorista de diferentes compañías como fue el caso de Shell y Texaco en los Estados Unidos.

La orden era que cada empresa tenía que ser más dinámica, más eficiente y estar más atenta al entorno internacional que directa o indirectamente influye en el desenvolvimiento de sus actividades. La directriz era conducir con máxima eficiencia los negocios de la empresa para sobrevivir el siglo XXI.

El esfuerzo de esta etapa se centró en la necesidad de que PDVSA adquiriera la máxima eficiencia, un mayor fortalecimiento de su capacidad competitiva y eliminara la capacidad ociosa de recursos para obtener más ingresos.

Los cambios y la realidad del mundo empresarial de la época eran acontecimientos a los que Venezuela ni PDVSA podían ser indiferentes, ya que correrían grandes riesgos. La industria petrolera venezolana tenía como reto mantenerse competitiva y rentable en el complejo mundo energético. Las tendencias de éste sector en el mediano y largo plazo indican que Venezuela tenía una ventana de oportunidades para fortalecer su posición en el negocio petrolero internacional.

En 1993, mediante una reforma de la Ley, se aprobó la eliminación gradual del Valor Fiscal de Exportación, el cual frenaba la expansión de PDVSA, comprometía sus flujos financieros y ahuyentaba las inversiones de este negocio.

Aunque PDVSA a lo largo de los años había incrementado gradualmente las exportaciones, con esta nueva medida inicia los programas de apertura que le permitirían continuar con los planes de crecimiento y llevar a cabo las inversiones necesarias para adecuar el parque refinador a las exigencias, cada vez más severas, de los mercados mundiales debidas fundamentalmente al factor ambiental.

De esta forma, la principal estrategia planteada por la Corporación para el decenio de los noventa fue el crecimiento gradual y sostenido en todas las áreas del negocio y el aprovechamiento óptimo de sus ventajas comparativas y competitivas ante la globalización de la economía y el crecimiento de la demanda mundial de hidrocarburos.

Sin embargo, la estrategia de internacionalización iniciada se siguió adelantando a comienzo de los noventa, con el propósito de asegurar una salida estable para crecientes volúmenes de crudos y productos venezolanos y establecer un acceso directo a consumidores finales. Como resultado, se consolidó la posición de PDVSA en los principales mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos y Europa, con una moderna infraestructura de refinación y producción.

Como complemento natural de esa estrategia, se inicia en el país el proceso de apertura del negocio petrolero al capital privado nacional e internacional. Esta apertura originó convenios operativos para la reactivación de campos petroleros y de producción, asociaciones estratégicas para el desarrollo de crudos pesados en la Faja del Orinoco y la explotación del gas natural costa afuera, sociedades o empresas mixtas para el desarrollo de Orimulsión, a los cuales se suman otros esfuerzos que se venían adelantando en las áreas de petroquímica, carbón y suministro de servicios industriales.

La estrategia se planteó considerando las limitaciones de PDVSA y lo insensato que sería pretender que la casa matriz y sus filiales crecieran a la par del progreso del sector petrolero. La propuesta de los convenios operativos se basó en el hecho de que Venezuela tenía expectativas de descubrimientos del orden de los 40.000 millones de barriles en sus áreas de exploración, pero al ritmo que se estaba explorando, hubiese tomado unos 35 años definir si dichos recursos existían.

De igual forma se desarrollaron convenios operativos con el sector privado nacional e internacional para el manejo autónomo de actividades no medulares, constituyéndose alianzas estratégicas, las cuales tuvieron un impacto significativo en la estructura de la organización.

Dentro de este marco teórico encontramos que las estrategias de este período están fundamentalmente enfocadas a los negocios y a entrar en la dinámica competitiva. PDVSA quiso aprovechar sus aptitudes centrales para ofrecer valor a los clientes y lograr una ventaja competitiva en mercados de productos específicos, ya que solo de esta forma lograría responder competitivamente con las empresas del mercado internacional.

Ahora bien, a fin de fortalecer a la empresa, a objeto de que continuase compitiendo nacional e internacionalmente en igualdad de condiciones tecnológicas y gerenciales, de cara al gran desafío que significaba asegurar su permanencia en el nuevo milenio, evidentemente la empresa tenía que hacer modificaciones en su estructura. A tal efecto, en el I Congreso Ejecutivo de PDVSA y sus empresas filiales, realizado durante los días 10, 11 y 12 de julio de 1997, el directorio de la empresa y las juntas directivas de las filiales asumieron el compromiso de la transformación.

Esta transformación se inicia justamente cuando la Corporación presentaba por cuatro años consecutivos una gestión de excelentes resultados, y la misma comprendió una reestructuración organizacional con impacto en la gerencia de los procesos del negocio, así como en la gente, sus actitudes y comportamientos.

Además del cambio organizacional, también se concretó en el proceso de transformación la creación del Centro de Refinación Paraguaná, fruto de la integración de las refinerías de Amuay y Cardón. Esto originó reducción de costos, aumento de la rentabilidad con sinergias operacionales y de negocios, flexibilidad para el procesamiento de diferentes tipos de crudo, respuesta a mayores exigencias en calidad de productos y capacidad para la adaptación a regulaciones ambientales internacionales.

Como consecuencia de la profundización de la estrategia de concentración en actividades medulares, durante 1997 los servicios de Tecnología de Información comenzaron a ser prestados por la empresa Mixta Informática, Negocios y Tecnología, S.A. (INTESA).

Para consolidar el posicionamiento y fortalecer su cadena de comercialización de hidrocarburos en el mercado internacional, PDVSA, realizó diversas adquisiciones y alianzas estratégicas a través de la subsidiarias PDV América y PDV Europa.

d) Época de la Globalización

En 1998 el negocio petrolero se vio profundamente afectado por la crisis asiática que llevó los precios del barril a sus niveles más bajos desde 930, entre 8 y 10 dólares por barril.

La crisis global, que irrumpió en julio de 1997 con el ataque especulativo sobre la divisa tailandesa, sorprendió a todo el mundo. Esta crisis sobrevino después de más de tres decenios ininterrumpidos de progreso económico en la zona. A comienzos de la década de los 90 se daba casi como un hecho que Japón se convertiría en líder de la economía mundial y la región de Asia Pacífico en su locomotora. El crecimiento del PIB en Indonesia, Filipinas, Singapur y Tailandia durante los últimos diez años anteriores a la crisis, había alcanzado un promedio del 8% anual.

La recesión en estos países se extendió al resto del mundo y en materia petrolera provocó un descenso en la demanda y la deflación en los precios de los hidrocarburos.

Esta situación obligó a reducir el ritmo de crecimiento de la industria y a suscribirse a los convenios internacionales de recorte de producción, que siempre han perjudicado a Venezuela en sus mercados naturales. Paralelamente a esto continuaban las diversas fusiones de grandes conglomerados empresariales, como la de Chevron con Texaco, y reestructuraciones como la de Conoco en Estados Unidos, todas ellas a objeto de reducir costos y mantener la competitividad.

Hasta esa fecha, la política petrolera se había concentrado en el acceso al mercado internacional y el crecimiento del volumen, lo que le permitió a PDVSA garantizar la colocación de sus crudos y la integración del negocio desde el pozo hasta el cliente final. Ante la crisis, la Corporación se propuso en adelante profundizar la transformación a través de acciones que ya había iniciado, para lograr un mayor aprovechamiento de las oportunidades del mercado, una efectiva utilización de los activos, una reducción de los costos y el establecimiento de planes de negocio, en concordancia con las políticas de desarrollo nacional, traducidas en lineamientos del accionista.

Ante esta nueva realidad del mercado, la empresa decidió enfocarse en las actividades propias del negocio, el desarrollo del gas y la petroquímica, así como el incremento de la competitividad fundamentada en los Centros de Excelencia y confirmó su compromiso de alcanzar la máxima efectividad en seguridad industrial y conservación ambiental.

Sobre esta base, PDVSA se planteó como misión consolidarse a nivel global como “una corporación energética sólida, moderna, flexible, dinámica, dotada de un alto nivel de pericia en todas sus actividades, con un acentuado espíritu de cuerpo, basada en ser modelo de meritocracia y motivación al logro, siempre dispuesta al cambio y preparada para enfrentar cualquier tipo de reto”.[14] (subrayado y resaltado son del presente informe)

En base a todo esto, la empresa estructuró un plan de trabajo cuya estrategia inicial buscó manejar la difícil coyuntura del corto plazo a través de un profundo proceso de transformación. En este marco se adelantaron acciones de reducción de los desembolsos, aplanamiento de la estructura organizativa, optimización de la infraestructura existente, y la aplicación de las mejores prácticas para garantizar la máxima eficiencia al menor costo.

Ø Fortalecimiento de las políticas y prácticas en seguridad industrial, higiene y ambiente.

Ø Crecimiento de volúmenes de producción de acuerdo con la dinámica de los mercados y la capacidad de la corporación para desarrollarlos.

Ø Desarrollo integral del negocio del Gas, desde su explotación hasta su industrialización.

Ø Impulso al desarrollo químico nacional, como pilar fundamental para la reactivación económica del aparato productivo.

Ø Promoción de la participación privada nacional, así como la formación de capital venezolano y la democratización del capital.

Ø Profundización de la transformación orientada hacia el apalancamiento del negocio para maximizar la creación de valor con base en los conceptos gerenciales de Recursos Compartidos y Centros de Excelencia.

En el campo internacional, se analizó el proceso retransformación adelantado por CITGO y se acordó continuar en la búsqueda y propuesta de opciones comerciales tendientes a profundizar la presencia de la empresa en el mercado al detal de Estados Unidos, Centro América y el Caribe.

El proceso de apertura iniciado en 1997, aceleró la integración de la industria petrolera a la sociedad venezolana, promoviendo el desarrollo del aparato productivo nacional en un marco de competitividad. Esto se materializó en la adquisición de bienes, equipos, servicios y mano de obra nacional. Desde 1998 hasta la actualidad, se ha fortalecido esta política de abrirle espacio al empresariado nacional para que tenga oportunidades de desarrollar una industria privada competitiva en las áreas de suministro de bienes y servicios y la formación de empresas de capital nacional en el sector.

Por otra parte, con el objeto de convertirse en paradigma internacional de una empresa global, la Corporación estimuló el desarrollo de las ventajas competitivas que ofrecían conceptos gerenciales de avanzada y que sentaron las bases para la solidez e impulso renovado del proceso de transformación, sobresaliendo la definición de los Centros de Excelencia y Recursos Compartidos, que reafirman la meritocracia que ha caracterizado el sistema de recursos humanos de la empresa.

Los Centros de Excelencia fueron desarrollados haciendo uso del potencial de organizaciones como Intevep, Bariven, la recreada unidad de Cibernética, la unidad de Ingeniería y Proyectos y la gerencia corporativa de Análisis de Procesos. Se crearon los Centros de Conocimiento como unidades que servirían de redes para unir lo mejor del talento técnico, permitiendo identificar y asegurar la implantación de las mejores prácticas, con un impacto estratégico sobre la corporación.

Estos Centros de Excelencia tenían como misión permitir a PDVSA aprender de sus actividades diarias, retener, difundir y aplicar ese conocimiento para incrementar su productividad, pues recopilaban y validaban las mejores prácticas. Eran una red de comunidades que promovían el encuentro entre personas y unidades relacionadas, derribando las barreras de estructura organizativa y dispersión geográfica.

En 1999 PDVSA inició un proceso de Reestructuración, con el fin de consolidar su competitividad internacional. El proyecto que se adelantó persiguió realizar mejoras al modelo empresarial adoptado en 1998 y su alcance incluyó nuevos ajustes en la organización y el sistema de gobernabilidad de la compañía e implicó el fortalecimiento de una cultura y sentido de pertenencia del personal basados en el concepto de PDVSA como una sola empresa donde todos sus trabajadores y organizaciones efectuarían actividades claves para el éxito del negocio.[15]

Este Proyecto de Reestructuración fue manejado bajo el criterio rector de la Gerencia del Cambio, centrado en la necesidad de involucrar y comprometer a cada uno de los trabajadores en su planificación e implantación.

En este sentido se inició una etapa de difusión y se efectuó un proceso de consulta a toda la empresa acerca de los conceptos fundamentales del Proyecto.

Se puede decir, que desde el punto de vista de la planificación global de la empresa hacia fuera, la estrategia que más ha marcado la historia de Petróleos de Venezuela es la de la internacionalización, la cual ha llevado a aplicar constantemente la estrategia de enfoque en los negocios y de dinámica competitiva, y desde el punto de vista de la planificación hacia adentro, con todos los cambios en la estructura organizativa que ha sufrido la empresa a lo largo de todos sus años de existencia, la estrategia que más ha marcado a la empresa en su búsqueda de la excelencia, es la del nacimiento del sistema de meritocracia que se ha venido desarrollando desde la creación de la empresa hasta nuestros días.

2. Desarrollo del Conflicto

Desde que el Presidente Chávez asumió la presidencia de Venezuela, PDVSA, la empresa más grande de América Latina, ha tenido o ha estado dirigida por cinco personas en un período de cuatro años y seis meses. Esto comenzó con la presidencia de la empresa en manos de Roberto Manzini, luego vino Héctor Chavaldini, seguido por el General Guaicaipuro Lameda, Gastón Parra Luzardo y finalmente, Alí Rodríguez Araque.

Ahora bien, los estatutos de PDVSA que a su vez tienen la forma de Decreto Presidencial que se debe publicar en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela fueron modificados el año 2001 y establecen de manera clara que la Junta Directiva de PDVSA permanecerá dos años en el ejercicio de sus funciones, de manera tal que para remover a la Junta Directiva, antes de cumplirse ese período de dos años, se requiere o la renuncia de los miembros que integran esa Junta Directiva, porque los estatutos no establecen la remoción de quienes integran su directorio durante el período para el cual están designados, o la modificación de esos Estatutos por la Asamblea de la empresa.

La Junta Directiva que presidía el General Guaicaipuro Lameda no había llegado a los dos años en el ejercicio de sus funciones y tampoco renunció, y no es posible por un acto unilateral del Presidente el remover a la Junta Directiva, sin que cumpla su período para el cual fue designada o sin que se modifiquen sus Estatutos. Por lo tanto la remoción de la Junta Directiva que se produjo en febrero no estaba ajustada a derecho, y por lo tanto, el nombramiento de la nueva Junta Directiva encabezada por el Dr. Parra Luzardo, era irrito y contrario a Derecho, ya que el período de la primera de las mencionadas vencía en marzo del 2003.

La designación del señor Parra Luzardo y de la nueva directiva, a principios de este año, generó un inmenso descontento entre los empleados de la nómina mayor de la empresa petrolera, el cual se manifestó por primera vez en forma pública el 22 de febrero a través de una protesta de esos empleados, quienes salieron de la sede de PDVSA en Chuao con cacerolas y esgrimiendo la consigna meritocracia sí, politización no, en clara alusión a ese nombramiento de la junta directiva, por considerar que existían personas más capacitadas para desempeñar esos cargos. A este acto de manifestación pública, se sumó la protesta expresada a través de un boletín firmado por la gerencia mayor de la empresa petrolera, el cual se hace público bajo el título Salvaguardemos a PDVSA, en dicho documento estos altos directivos solicitan que se mantengan los valores de meritocracia dentro de la industria. Este documento tuvo inmediata respuesta por parte del Gobierno, representado por el ministro de energía Álvaro Silva Calderón, quien dijo que el gobierno estaba muy claro de la complejidad de la actividad petrolera, pero que estaban concientes de que esa empresa era del Estado y que era necesario que se adecuase al marco de la política económica venezolana de una forma coherente.

Esta junta directiva designada por el Presidente estaba compuesta de la siguiente forma:

Ahora bien, como rasgo definitorio de la estructura organizativa de PDVSA, la meritocracia es una escala de valor que constituye precisamente en el sistema o patrón de ascenso, entendido como el desarrollo de la carrera profesional de un individuo hasta alcanzar los máximos niveles dentro de la organización. Este rasgo ha distinguido por su excelencia, durante años a la estatal petrolera de otros entes públicos del Estado venezolano, a pesar de las necesarias reestructuraciones que como todo organismo ha tenido que sufrir. Este valor del mérito, es decir, del tratar de merecer o de conseguir algo realizando ciertas acciones, fue lo que salieron a defender los altos ejecutivos, a quienes vimos marchando en faldas y corbatas, con su elegancia característica con pancartas y cacerolas en mano, con la única finalidad de exigir el respeto a la dinámica interna de acuerdo con la cual cada trabajador de PDVSA tiene la expectativa legítima de aspirar un buen día a ocupar un asiento importante dentro de esa empresa.

El 20 de febrero, en la sede de PDVSA La Campiña, a la entrada del Presidente designado, los trabajadores de la corporación lo recibieron con un tenedorazo a su entrada al comedor, como obsequio de bienvenida, las cuales eran un presagio de las protestas venideras.

A pesar de ello, el sector oficialista argumentaba que eso de la meritocracia ya había sido violentado anteriormente, a lo que algún gerente de la plana mayor de la empresa respondía diciendo que en aquellos casos siempre existió el mérito, el conocimiento, el liderazgo y la ascendencia que tuvieron esas personas a que hacía referencia el sector oficialista.

La designación de la junta directiva en cuestión, se realizó en una forma atropellada e improvisada. Los directores internos seleccionados, habían dado un salto desproporcionado, sin pasar por etapas o escalafones que le dieran suficiencia en conocimientos, méritos, formas de desarrollo. La razón de la crítica recaía en que con el respeto al esquema meritocrático la empresa había llegado a tener una referencia mundial.

En un principio, el Gobierno, a través del Presidente de la República, expresó su respeto por el sistema de meritocracia, pero siempre dejó la salvedad de que no consideraba este sistema como una Ley, y cerró ab initio las puertas a la posibilidad de sustituir a Gastón Parra Luzardo y su directiva, alegando que los trabajadores, independientemente de su nivel dentro de la corporación debían adaptarse a los cambios que se estaban adelantando, ya que según su parecer, no les quedaba otra opción que sumarse a los cambios, o irse a trabajar a una empresa privada. Esto era ratificado por el Ministro de Energía, Álvaro Silva Calderón quien desde el inicio del conflicto ratificó que la directiva juramentada por el Jefe del Estado era inamovible, puesto que la misma respondía al marco de la política petrolera y económica venezolana, asegurando por otra parte el hecho de que se mantendría el sistema meritocrático, pero sin dejar de lado el hecho de que PDVSA era una empresa pública, con una función social supeditada a la política del Estado.

Paralelamente a la postura asumida desde un principio por el Gobierno a través del Presidente de la República y el Ministro de Energía, la Procuradora General de la República, Dra. Marisol Plaza, hizo un pronunciamiento en torno a las manifestaciones de rechazo a la directiva de la Estatal Petrolera, asegurando que las mismas no tenían asidero legal y advirtiendo que podrían realizarse despidos en caso de que se incurriese en una violación de la Ley del Trabajo, argumentando que tales nombramientos eran potestad del Presidente de la República y que por lo tanto, no había fundamento legal para que se pudiese presionar y exigir la salida de esas personas.

Pero no solo el Gobierno Nacional hizo pronunciamientos al respecto, sino que el Presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, hizo unas declaraciones donde calificó de chantaje las acciones de los trabajadores de PDVSA, y que el Ejecutivo tenía todo el derecho de nombrar la junta directiva. En igual sentido, el Diputado Nicolás Maduro, dirigente nacional del MVR, esbozó que las protestas formaban parte de un plan de la “derecha privatizadora que ha levantado su cara está conspirando para intentar privatizar a Petróleos de Venezuela y otras empresas importantes propiedad del Estado.”

Por su parte los trabajadores de la empresa alegaban que la única opción visible para la salida de la crisis era la renuncia de los cinco directores internos. De allí nació la posibilidad de la consolidación de un movimiento gremial dispuesto a defender la meritocracia, con la creación de un posible sindicato de gerentes, lo que en otras épocas era imposible de siquiera imaginar.

Todo ello generó en una serie de protestas y manifestaciones que eran exacerbadas y promovidas por la polarización de las argumentaciones expresadas por cada una de las partes en conflicto a través de los distintos medios de comunicación del país.

El ministro Silva Calderón, mantuvo en todo momento una línea dura, aduciendo cada vez que podía que el que no se sintiera satisfecho con la junta directiva y no cumpliese con su trabajo, habría que relevarlo, puesto que la empresa no se podía paralizar, y alegando igualmente, que el que protestaba abandonaba su cargo y que en consecuencia estaba incurso en causales de despido.

Por su parte los altos directivos de la empresa advertían las distintas amenazas que enfrentaba la empresa por la politización, ya que la nueva junta directiva designada en ese entonces tenía estrechos vínculos con los partidos políticos que apoyaban al Gobierno.

A pesar de la crisis que se avizoraba en el horizonte, el Presidente Chávez ratificó en ese momento su decisión con respecto a mantener a dicha junta directiva, y que las protestas no eran más que la resistencia al cambio, y que con relación a PDVSA, alertó que no podía existir un Estado dentro del Estado, afirmando que él era el primer mandatario nacional y que tenía toda la atribución para designar en la presidencia de la empresa a quien quisiera y lo mismo con todos los directivos de la empresa, expresando que eso era “…así de sencillo, y el que no esté de acuerdo con esto finalmente tendrá que irse”.

Luego el conflicto comenzó a agravarse, empezaron las amenazas de paro, que necesariamente se radicalizaron por el lenguaje explosivo del Gobierno, quien ripostaba por boca del propio Presidente que no iban a permitir que se paralizaran las actividades de la empresa petrolera, y “mucho menos por una tal meritocracia que ellos mismos inventaron”. Advirtiendo que si se iba al paro, debían atenerse a las consecuencias.

Este verbo agresivo fue creciendo, al principio se decía que la cuestión de la meritocracia en la industria era un invento de ellos, que eso no se trataba de la Fuerza Armada Nacional, y comenzó con los ataques a los altos ejecutivos, diciendo que el iba a acabar con “…los groseros privilegios de esta cúpula que cobra 15 millones de bolívares mensuales, aprueba bonos millonarios sin consultar al gobierno y realiza bacanales… tiene playas y yates como si fuera un estado dentro del estado.”

Luego, la Ministra del Trabajo maría Cristina Iglesias, sostuvo que en su oportunidad que no existía ningún conflicto en PDVSA, sino lo que había era una situación de abandono del trabajo por parte de los trabajadores de la nómina mayor, que en cualquier caso no eran necesarias las calificaciones de despido por cuanto se trataba de personal de libre nombramiento y remoción, ya que existían sobradas razones para tomar las decisiones que permitía la Ley Orgánica del Trabajo, entre las que señaló el despido por el abandono del trabajo., reduciendo el conflicto a un problema de gente de la nómina mayor que no aceptaba una junta directiva que había sido nombrada por el Ejecutivo Nacional, advirtiendo que en la empresa Estatal no podía permitirse la indisciplina.

En esta mismo sentido se pronunció igualmente quien para ese entonces era el Ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chapín, quien expreso que las calificaciones de despido correspondían a la junta directiva puesto que ellos deberían tomar una decisión que permitiese que hubiese orden en la principal industria del país.

A las protestas de los empleados de la nómina mayor, se sumaron los trabajadores de la empresa, y luego la sociedad civil organizada, bajo el lema PDVSA somos todos, lema que de acuerdo a la representante de Mujeres por la Libertad era sacado de una cita del propio Presidente Hugo Chávez, quien el 29 de abril de 1999 expresaba que “PDVSA somos todos (…) la meritocracia, debe mantenerse como un capital, hay que conservarla.”

Como si esto fuera poco, ante las amenazas de paro por parte de los empleados de PDVSA, y no contentos con las amenazas de despido a tales funcionarios, el Gobierno continuó arreciando su posición, esta vez con la amenaza de militarizar la empresa. Esta vez el vocero fue el propio vicepresidente ejecutivo, Diosdado Cabello, quien advirtió que la militarización de la empresa no era una amenaza por parte del primer mandatario, quien ya había asumido esta posición con anterioridad, sino que la misma correspondía a un plan de contingencia para evitar efectos negativos sobre la productividad en la empresa, aduciendo que se trataba de un plan de contingencia similar al del Metro de Caracas.

Por su parte, el Presidente Chávez aseguraba que tenía en sus manos un plan para ser activado en caso de que se paralizara la industria, y al efecto decía: “Si la paran la militarizo, tengo el plan listo”, afirmaba en su programa “Aló Presidente” número 100, indicando igualmente, que nada le costaba firmar un decreto de emergencia y ordenar la intervención de la empresa, cuya gerencia cumplía casi un mes de continuas protestas por la designación de la junta directiva.

Luego vinieron como mediadores algunos diputados de la Asamblea Nacional, quienes entregaron a los empleados en conflicto, un documento donde se presentaban las posibles salidas a la crisis que vivía la empresa. El diputado Luis Salas, del oficialismo, explicaba que las propuestas se fundamentaban en un proceso de reestructuración de la empresa, que se originaba en dos corrientes, una basada en la Ley de Hidrocarburos, donde existía un mandato de reorganización de la industria, y la segunda debía ser presentada por los trabajadores.

Por su parte los altos ejecutivos en conflicto alegaron que recibieron el documento, pero que no iban a aceptar discutir ni reunirse con ninguno de los directivos internos.

Por su parte el conflicto continuaba, las manifestaciones de los altos empleados eran el día a día, pero las protestas tendían a radicalizarse y la situación se agravaba con la presencia de los representantes de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores.

Mientras, el Gobierno ratificaba nuevamente el carácter ilegal de cualquier intento de paralización de la industria, y alertando otra vez que tenían un plan de contingencia para esa situación. En ese momento aumentan las tensiones del conflicto con el anuncio de la directiva de la orden de la jubilación del gerente de Asuntos Públicos Armando Izquierdo, y del Consultor Jurídico, Oscar Morillo, y anunciando igualmente, la sustitución en su cargo de Edgar Rasquin, gerente del Complejo Refinador de Paraguaná, comenzando así las primeras medidas adoptadas en contra de los miembros del grupo que rechaza a la nueva Junta Directiva de la empresa.

Paralelamente a estos despidos, la Ministro María Cristina Iglesias continuaba con la tesis de que la protesta de los trabajadores de la empresa constituía un abandono del trabajo y no un conflicto laboral, señalamiento ante el cual, el señor César Carvallo, ex viceministro de ese despacho, señalaba que si había un conflicto de tipo laboral en PDVSA, y al efecto explicaba su diferencia con la señora Iglesias en el sentido que: “Al decir eso ella está interpretando que la meritocracia no es una condición de trabajo y ahí está mi diferencia, es una diferencia técnica”. Alegaba igualmente que la calificación del conflicto era muy importante puesto que de declararse como laboral, todas las secuelas que traiga estarían protegidas por el ordenamiento jurídico y por la Constitución, de lo contrario no habría protección legal y todas las acciones que estaban tomando los empleados eran susceptibles de sanciones. Alegaba finalmente, que con la posición asumida por la Ministro Iglesias, ésta perdía una de sus funciones básicas cual era la de conciliar.

Por su parte, el Frente de Trabajadores Bolivarianos anunciaba un mal presagio para la situación de conflictividad, al anunciar que tenían un plan para enfrentar el paro de PDVSA. Igualmente, los trabajadores afectos al Gobierno insistían en afirmar que el conflicto liderado por los gerentes de la empresa tenía un tinte político: "Este sector de nómina mayor mantiene los planes de desnacionalización y destatización de PDVSA. Preparándola para hacerla ver como una empresa poco rentable y así poder privatizarla", dijo Álvaro Miquilena, presidente de la Fuerza Nacional de Profesionales Bolivarianos.

Finalmente, con la radicalización del conflicto, con las posiciones encontradas y las amenazas por parte del Gobierno de despedir a los empleados que protestaban, y la militarización de la industria en caso de paros, desembocó, como era de esperarse, en la paralización escalonada de la industria, comenzando por la planta de El Palito, que siguieron con nuevos anuncios de acciones disciplinarias por parte del Presidente de la industria, luego se sumó la paralización de la distribución del combustible, para llegar a la prohibición de entrada de algunos gerentes y empleados de esas refinerías, lo cual endureció el nivel de las protestas. Las medidas disciplinarias alcanzaron además a Edgar Paredes, director ejecutivo de refinación, suministro y conservación, Andrés Riera, director gerente de refinación, Rogelio Lozada, gerente de la refinería El Palito y Gabriel García, subgerente de área de Puerto La Cruz, todo lo cual provocó nuevos escollos adicionales en la búsqueda de una solución concertada y dialogada para provocar la solución a la crisis.

Las protestas crecían por toda Venezuela, a las ya existentes se sumaron las del Estado Zulia y Falcón, en donde está la refinería de Amuay, luego los trabajadores de la industria del Estado Carabobo, hechos éstos que, lejos de llevar al Gobierno a la reflexión en cuanto a la gravedad del conflicto, los llevó a aumentar su línea de endurecimiento, a la cual se sumó el Diputado Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, Francisco Ameliach, quien consideró que el Gobierno había sido demasiado condescendiente con el conflicto de la industria petrolera, y diciendo que la nómina mayor de Pdvsa estaba proponiendo algo en contra de la Ley, y que la situación tenía un sesgo político, que era parte de una estrategia para desestabilizar al país.

Ante la aguda crisis y los anuncios de paro, y con el peligro que significaba la intención del Gobierno de politizar la principal industria del país, la CTV convocó a un paro general de 24 horas, en respuesta a lo cual el propio Presidente Chávez, directamente despidió a siete gerentes de la industria, con el agravante que este acto lo hizo publico a través de una cadena nacional, en donde igualmente anunció la jubilación de 12 gerentes adicionales, y equiparó tal acto a una destitución del alto mando de la Fuerza Armada, y en la continuación de ese bochornoso acto afirmaba que: “Yo no tengo ningún problema si a toditos tuviera que rasparlos”, igualmente calificó a los empleados de la industrias como subversivos.

Ante este incalificable acto de bochorno, que convertía el conflicto en un enfrentamiento que conllevaba protestas y manifestaciones adicionales, Fedecámaras anunció que se sumaba al paro convocado por la CTV, para el día martes 9 de abril, aduciendo que el gobierno había mostrado una insólita incapacidad para dialogar y que se había mostrado autoritario en la resolución de la crisis, y alegando, ante el calificativo de subversivos que el Jefe de Estado les había endilgado a los trabajadores de Pdvsa, que “Subversivo es quien estimula la violencia y se identifica con ideologías foráneas que los venezolanos rechazamos en su gran mayoría, subversivo es quien confronta permanentemente a todos los factores de la sociedad y conduce al país hacia un gran caos, hacia la anarquía.”

Luego del Paro llevado a cabo ese martes 9 de abril, el mismo se extendió por 24 horas adicionales, que se convirtieron en indefinido, para luego provocar la marcha del 11 de Abril que todos conocemos.

3. Conclusiones y Responsabilidades

El Presidente de la República nunca tuvo la intención de solucionar el conflicto de PDVSA, de hecho, ni siquiera cuando las cosas ya habían llegado a su punto más crítico cuando comenzó la denominada Masacre de Miraflores el 11 de Abril, tuvo la intención de detener el conflicto, como así lo ha reconocido cuando ha declarado que ese mismo día 11 de Abril, la Junta Directiva de PDVSA, que era el motivo original de las manifestaciones, el Presidente de la misma Gastón Parra Luzardo le había llevado el documento contentivo de la renuncia colectiva de esa Junta Directiva. Nadie sabe si esa renuncia de verdad existió, o si ello forma parte de otra de las mentiras a las que nos tiene acostumbrados el Presidente, porque nadie ha visto ese documento, aun cuando esta Comisión lo solicito a PDVSA. Pero en todo caso, ya la Junta Directiva de conflicto no está en su cargo, y debemos aceptar como un hecho comunicacional esta renuncia, anunciada por el Presidente en la cadena televisiva del día 14 de abril, en la cual dice textualmente:

"...voy anunciar algo que no me dejaron anunciar, yo lo iba a anunciar ese día y no me dejaron, no hubo tiempo, la situación no lo permitió, pero es día. ¿qué día fue, 11? once. aquí vino el Presidente de Petróleos de Venezuela, Gastón Parra Luzardo y me dijo: "Presidente, para contribuir con la búsqueda de una solución definitiva al problema de PDVSA... que no dejamos de reconocerlo como un problema producto de esa transición, esos cambios y errores que se cometen de allá y de acá, y que nos tenía muy preocupados y que sí es un problema real, no es virtual... el doctor Gastón Parra me trajo, deben estar allí, yo no siquiera me llevé nada de papeles, se quedaron todos allí, me trajo la renuncia colectiva, una renuncia de toda la Junta Directiva de PDVSA, y yo le acepté la renuncia como se la acepto a todos, para abrir el camino a una recomposición de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela..." (subrayado y resaltado del autor del presente informe)

El día 11, en la cadena nacional que duró hasta aproximadamente las 5:15 p.m., conociendo de esta supuesta renuncia que nos anuncia el día 14 de abril, y conociendo que la base del conflicto de PDVSA había sido el detonante que logró la explosión final de un sector de la sociedad, a pesar de ello se mantuvo impertérrito hasta el último momento y no obstante tener la supuesta renuncia de la Junta Directiva de PDVSA en su escritorio, se dirigió al país haciendo una serie de anuncios como la instalación del Consejo Federal de Gobierno, y hablando de reuniones que había sostenido respecto a esa grave situación, incluso señaló que se había reunido con el Presidente de PDVSA Gastón Parra antes de la cadena, lo que pone en duda que haya tenido en sus manos la renuncia y no se lo anunció país, o por el contrario que tenía en sus manos esa renuncia, pero no le interesaba anunciarla por algunas oscuras intenciones que se desprenden de lo que luego ocurrió, sino que por el contrario dijo:

"...Entonces allí tenemos la situación de Petróleos de Venezuela por ejemplo, pues me reuní hace unos minutos con Gastón Parra hemos estado conversando todos estos días siguiendo la situación, y aprovecho pues para hacer un nuevo llamado desde la jefatura del estado a todos los trabajadores de Petróleos de Venezuela y a felicitarlos además, como igual felicito a los trabajadores de la Siderúrgica y del Aluminio y de todas las empresas básicas de Guayana y los del Metro y los del Transporte Público y los de la Educación y los de la Salud que todos han estado trabajando, el transporte aéreo, el transporte terrestre, transporte acuático que han resistido toda esta campaña a este llamado y ahí están, y también a hacer un reconocimiento a los líderes sindicales reconocidos, legitimados por esas bases en las elecciones del año pasado que se hicieron en el país sin precedentes, están legitimados y reconocidos, pues les hago un llamado ¿a qué?, un reconocimiento y un llamado a que sigamos conversando y buscando soluciones...debo decir que he designado una comisión para que revise la situación, una comisión más allá de la junta directiva integrada por algunos de los miembros de esa junta directiva, dirigida por el vicepresidente ahí se incorporó el General en jefe Lucas Rincón, ahí se incorporó y está dinámico y trabajando en esto, haciendo de enlace y de puente el doctor Hugo Hernández Raffali quien es el Presidente de la Cámara Petrolera venezolana, una comisión de trabajo de articulación para buscar soluciones para dialogar. Así que, este mensaje pues, de calma de llamado a la calma, llamado a la conciliación, llamado al trabajo y a las jornadas de trabajo estarán terminando en casi todo el país, pues mañana continuamos el país seguirá su marcha...la situación no es grave. La situación está controlada y estamos seguros que no va a evolucionar en otra dirección que no sea la recuperación de la calma plena...Hacemos un llamado a los que están llamando todavía de manera ilógica a un paro supuestamente indefinido, bueno a que depongan esa actitud, y si ellos no la depusiesen pues hacemos un llamado a los empresarios, vamos a trabajar por el país, vamos acordarnos por el país..."

Todos estos hechos y acontecimientos acaecidos, indudablemente que ocasionaron daños de todo tipo, tanto para la industria petrolera como para la nación, de tipo social, económico, político, etc. Estos daños, por lo menos en lo que se refiere a los de tipo político, tienen unos responsables, que tarde o temprano deben pagar por sus actos y por sus acciones políticas. En este sentido debemos señalar los funcionarios de la Administración Pública Nacional que consideramos responsables de los hechos ocurridos en la crisis de PDVSA.

B. Paro Nacional Indefinido

Se puede definir el Paro como el cese intempestivo de las actividades de trabajo.

Hay quienes sostienen que no existe un concepto homogéneo de huelga, pero admiten que pueden precisarse ideas generales para todas las realidades políticas y sociales.

Según el académico Eduardo Rojo, a través de la huelga los trabajadores defienden sus intereses y tratan de restablecer el equilibrio de las condiciones económicas con los empleadores, pero también pueden condicionar la acción del Estado en su actividad político-social.

Rojo define la huelga como "un cese colectivo y concertado del trabajo, total o parcial, realizado por una colectividad de trabajadores para presionar a una contraparte en defensa de sus reivindicaciones".

1. Notas definitorias

a) La huelga como paralización de la actividad laboral

Con independencia de su consideración constitucional y/o legal (como delito, libertad contractual o derecho), el ejercicio de la huelga implica la paralización total o parcial de la actividad laboral, es decir la suspensión del trabajo por una colectividad más o menos numerosa –a salvo que un ordenamiento jurídico permita incluir dentro del concepto de huelga otras formas de exteriorización del conflicto laboral (Ej.: boicots, manifestaciones, etc.) que no impliquen necesariamente la inactividad en la prestación de servicios–.

El paro puede afectar a todos los trabajadores de una empresa o centro de trabajo, o bien sólo a parte de los mismos.

b) Cese colectivo y concertado

La suspensión de la actividad ha sido planeada con anterioridad, a fin y efecto de presionar a la contraparte. De hecho en la mayor parte de regulaciones jurídicas del derecho de huelga en los distintos países se exige un trámite de preaviso como paso previo al inicio efectivo del conflicto. No obsta a esta afirmación la existencia de huelgas denominadas "espontáneas", ya sean dirigidas o no por las organizaciones sindicales, y que aparentemente se realizan al margen de cualquier concierto o planificación por parte de los trabajadores que participan en las mismas.

c) Presión contra el empresario o contra los poderes públicos

Eduardo Rojo señala que la finalidad de la huelga es la de presionar, generalmente a la parte empresarial, para la obtención de mejoras de índole económica y/o social, pero también puede ser en ocasiones el mantenimiento de las mejoras conseguidas en negociaciones anteriores y que la contraparte –gubernamental o empresarial– pretende alterar o suprimir.

La consideración de la huelga como una forma o instrumento de presión para mantener lo conquistado en épocas anteriores puede sorprender a quienes todavía crean que las relaciones laborales suponen un proceso de mejoras económicas y sociales permanentes para los trabajadores.

d) Intento de mejora de las condiciones económicas, sociales y políticas

De todo lo expuesto en los apartados anteriores, se puede deducir que la suspensión temporal de la actividad prestada por un asalariado no pretende en modo alguno dar por finalizada la relación laboral que le vincula con el empleador.

Por el contrario, pretende precisamente modificar su contenido en sentido favorable a sus intereses, o bien obtener mejoras de índole social o político arrancadas a los poderes públicos. Sólo si se presta atención estrictamente a la huelga profesional podemos estar de acuerdo, en términos generales, con la idea de que esta forma de exteriorización del conflicto tiene por fin presionar a la contraparte empresarial para que acceda a las reivindicaciones de los trabajadores en materia de salario, empleo, condiciones o métodos de trabajo.

El especialista en derecho laboral español Eduardo Rojo realiza la siguiente tipificación de las huelgas:

2. Huelgas clásicas

Designan un conflicto laboral que afecta a un colectivo más o menos numeroso de trabajadores, dirigido por las organizaciones sindicales legitimadas legalmente para convocarlo. Se trata de un conflicto institucionalizado, que se produce en gran medida en aquellas sociedades de democracia consolidada y con una influencia importante del movimiento sindical.

En él cada parte es consciente de sus posibilidades y sus objetivos, así como de los límites con los que va a encontrarse en su acción.

Esta modalidad conflictual suele desarrollarse en países con sindicalismo unitario, potentes direcciones confedérales (países nórdicos) o influyentes federaciones de industria (Alemania).

En numerosas ocasiones, este conflicto puede tener una virtualidad positiva no sólo para los trabajadores, sino también para la propia sociedad. Los movimientos reivindicativos "son uno de los medios utilizados para obtener cambios en nuestra sociedad y apaciguar las tensiones. Visto desde esta óptica, pueden significar una fuente de progreso social y, por paradójico que ello parezca, de estabilidad social".

3. Huelgas no clásicas

Destaca que se realizan en gran medida al margen de las organizaciones sindicales, más partidarias, como he dicho antes, de conflictos bien estructurados y que no escapen de su dirección. Algunas de estas modalidades son:

a) Huelgas turnantes o rotatorias, ya se realicen por establecimientos o secciones (rotación horizontal), ya por diversos grupos de categorías (rotación vertical).A través de esta modalidad conflictual se pretende dar una respuesta por parte sindical a las nuevas realidades organizativas empresariales, producto de una amplia reestructuración y renovación en la organización científica del trabajo.

b) Huelgas de rendimiento. El eje sobre el que gira esta modalidad conflictual es la permanencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo, si bien la disminución que de su actividad se opera hace extraordinariamente gravosa a la empresa esta forma de conflicto. Pues en la mayor parte de las ocasiones, obliga a tener en funcionamiento toda la maquinaria que se utiliza para la prestación normal u ordinaria del servicio.

c) Huelgas de celo o reglamento. Por paradójico que pueda parecer, el conflicto se produce cuando los trabajadores cumplen estrictamente la normativa reguladora de la actividad que desempeñan, lo que conlleva grandes retrasos en los servicios. Es una modalidad conflictual típica de sectores tales como ferrocarriles, controladores aéreos, aduanas, etc.

4. Huelgas generales y huelgas de solidaridad

Si prestamos atención a la extensión e intensidad de la huelga nos encontramos con el fenómeno de la "huelga de demostración" que puede coincidir con la huelga general de ámbito estatal o regional, y también con la "huelga de solidaridad".

a) De la huelga general, se puede afirmar que afecta a todo el territorio, o a parte del mismo, y a todos los trabajadores o sólo a los de un determinado sector o rama de actividad, o zona geográfica más restringida. La duración no supera casi nunca las 24 horas, y en muchas ocasiones los paros son de menor duración. Estos no son actos de carácter aislado, sino la culminación de toda una campaña de actuación previa, con lo que la mayor o menor duración del conflicto irá ligada al interés de las organizaciones sindicales por demostrar de forma más acusada su poderío e influencia entre los trabajadores.

b) Huelgas de solidaridad. Se producen en una situación conflictiva determinada que puede referirse bien a la propia empresa o centro de trabajo, bien a otras empresas del mismo o distinto sector o rama de actividad. Normalmente poseen una duración corta y prefijada de antemano para no desgastar esfuerzos. Pueden llegar a convertirse, según las circunstancias que estén en el origen del conflicto, en una huelga generalizada de todo un sector de producción o en un determinado ámbito territorial.

5. Huelgas ofensivas y defensivas, políticas y profesionales

En razón de la intencionalidad o fin perseguido por el conflicto, podemos distinguir aquellas huelgas que poseen un carácter ofensivo de las que sólo tratan de mantener logros anteriores. O también hemos de distinguir las que tienen una razón de ser estrictamente profesional, de las que tienen una razón política, o integran ambos planteamientos.

a) Las huelgas ofensivas suelen producirse en momentos de expansión económica y en sectores estratégicos de producción, a partir de la convocatoria por potentes organizaciones sindicales. Buscan no sólo obtener mayores derechos económicos y sociales para los trabajadores, sino también incrementar la influencia sindical en el seno de la sociedad.

b) Por contra, las huelgas "a la defensiva" suelen producirse en momentos de recesión o crisis económica o en entornos desfavorables para los intereses del trabajador, y pretenden garantizar o mantener los derechos ya adquiridos. En estos conflictos, la paralización de la actividad se produce en situaciones límite y tras haber agotado todas las posibilidades de negociación. La petición de mejoras cualitativas (Ej.: defensa y mantenimiento del mayor número posible de puestos de trabajo) prima sobre la de mejoras cuantitativas (Ej.: reivindicaciones salariales para compensar la escalada de los precios o para obtener un incremento de la capacidad adquisitiva).

c) Por huelga profesional podemos entender aquella que va dirigida directamente contra el empresario para obtener mejores condiciones laborales, salariales y/o sindicales. En tales supuestos, el Estado cumple la función de empleador con respecto a los funcionarios públicos así como para el restante personal empleado a su servicio.

6. Problemática de los Paros por manifestaciones públicas en Venezuela

No podemos analizar la problemática de los Paros convocados previos al día 11 de Abril, sin estudiar el contexto dentro del cual se dieron.

En este sentido tenemos que el clima de conflictividad que se vivía en Venezuela para ese momento, y que actualmente se mantiene intacto, no es una novedad exclusiva del año 2002, sino que el mismo lo venimos arrastrando, particularmente desde el año pasado. El Gobierno no ha sabido manejar la intensa crisis que se ha generado y la cual se ha expresado en un sinnúmeros de manifestaciones públicas, en donde la sociedad venezolana ha venido haciendo sus respectivas reivindicaciones, y muchas veces el Gobierno ha caído en la ligereza de mentir sistemáticamente para poder solucionar parcialmente los conflictos, lo cual ha generado un exacerbamiento en las posiciones, y la sociedad ha llegado a pensar que no existe una salida o una posible solución a los distintos casos que han generado esas manifestaciones, que ha llegado a tener el convencimiento interno que la única salida factible para solucionar la crisis que la afecta, es el salir de un Gobierno que evidentemente ha perdido la legitimidad en el ejercicio del Poder.

Tomando como ejemplo parte del año 2001, Venezuela ha sido una vez más, lugar de manifestaciones públicas. Según los datos de la Policía Metropolitana, entre enero y marzo hubo sesenta y siete manifestaciones en el país.

La mayoría de las huelgas han afectado diversos sectores de la sociedad (educación, salud, producción petrolera y siderúrgica). El deterioro de la infraestructura de los planteles, el cumplimiento de los contratos colectivos son algunos de los motivos de huelgas, marchas y protestas.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Educación	°	°	°	°	°
Producción Petrolera y Siderúrgica			°		°	°
Buhoneros	°
Inseguridad		°				°
Trabajadores de Sindicatos		°
Damnificados de Vargas		°
Trabajadores del Metro de Caracas		°
Trabajadores Plan Bolívar 2000		°
Otros: Amas de Casa, Motorizados, Jubilados, Vecinos, Bomberos, Taxistas	°	°	°	°	°	°
Protestas	°	°	°	°	°	°
Paros	°	°	°		°	°
Marchas		°		°		°

Así entramos en el año 2001, con un país encendido, con conflictos por todos lados, con un Gobierno con una posición cerrada al dialogo ante cualquier solicitud de reivindicaciones por parte de todos los sectores de la sociedad. Ante esa situación, el conflicto de PDVSA, que como vimos, fue manejado de una manera muy torpe por parte del Gobierno, llegó a su máximo de conflictividad con la destitución pública de algunos empleados de esa empresa. Esto provocó la solidaridad inmediata de Fedecámaras. A esto se unieron diversos sectores de la sociedad civil. Y, finalmente, la CTV, que había venido haciendo solicitudes de reivindicaciones laborales de distintos sectores, desde hacía ya tiempo, se sumó a la solidaridad de los trabajadores de PDVSA, y convocó a un paro de 24 horas, al que se le sumaron, PDVSA, Fedecámaras y los diversos sectores de la sociedad civil.

Ese paro tuvo lugar el martes 9 de abril, y el mismo se cumplió en un alto porcentaje en todo el país. La finalidad de ese paro, era lograr que el Gobierno se sentara a dialogar para solucionar los conflictos. Ante la posición del Gobierno de mantener su actitud hostil ante estas solicitudes, tanto la CTV, como Fedecámaras, como PDVSA y los distintos sectores de la sociedad civil, a la que se sumaron los partidos políticos de la oposición, convocaron para un Paro adicional de 24 horas más, el cual se cumplió en un altísimo porcentaje en todo el país, el día 10 de abril. Sin embargo, ante esta situación, el Gobierno, lejos de rectificar su posición, la radicalizó, y mantuvo al país en un estado de constante zozobra, al encadenar continuamente a los medios de comunicación social, a fin de evitar que la población conociera las noticias sobre el éxito del Paro. Ante esta situación, los medios de comunicación decidieron dividir las pantallas de televisión, con el objeto de pasar las cadenas del Gobierno, y mantener al pueblo informado. Esta fue una medida en legítima defensa del derecho a la información, ante el pertinaz abuso de poder que estaba siendo ejercido por el Gobierno.

En virtud de todo ello, estos mismos factores convocaron esta vez a un Paro Nacional Indefinido, y a su vez a una Marcha en señal de protesta.

C. Marcha de la Oposición

El día 11 de Abril, fecha fijada por todos los factores de la sociedad para realizar una marcha de protesta, que en principio estaba fijada para una ruta entre el Parque del Este y el Edificio PDVSA en Chuao. Esta marcha estaba pautada para las 10:00 de la mañana. Sin embargo, en el edificio de Chuao, la gente comenzó a concentrarse desde tempranas horas de la mañana, de manera tal de que cuando la marcha que provenía desde el Parque del Este se disponía a comenzar, ya había una sola masa uniforme que comunicaba los sitios del inicio de la marcha y el objetivo final en Chuao.

Esta concentración multitudinaria, jamás antes vista en el continente americano, sentía que era el momento de que la protesta y la manifestación se hicieran en otro lugar, en donde sus clamores y baladros fueran escuchados. Es en ese momento en donde en una forma espontánea y sin dirección ni control alguno, la gente comenzaba a corear que el destino de la marcha debía ser desviado a Miraflores. Ese era un hecho inevitable, incontrolable, ya que las manifestaciones en ese sentido eran de una alegría contagiosa y de una solidaridad incomparable.

Ante estos hechos, no les quedó más remedio a los distintos sectores organizadores de la marcha, que tratar de dirigirla en forma ordenada hacia Miraflores. Únicamente el Dr. Carmona sugirió que la marcha debería llegar a la avenida Bolívar. Sin embargo, la población venezolana que estaba mayoritariamente en esa marcha, ya estaba decidida a llegar a Miraflores.

Familias enteras decidieron entonces tomar rumbo a través de la autopista del Este con rumbo a la avenida Bolívar, mujeres, niños, ancianos, inválidos, toda la sociedad estaba presente en uno de los actos de alegría más significativos que ha tenido Venezuela en toda su historia. La multitud que avanzaba por la autopista del Este, tal y como aparecen en las distintas gráficas reseñadas en los medios de comunicación social, era impresionante, como dijimos anteriormente, nunca antes en nuestra historia habían confluidos a un evento de esta naturaleza, tal cantidad de personas ha hecho de este acontecimiento uno de las manifestaciones en pro de la libertad más acogedoras, emotivas e impresionantes de toda la humanidad.

Pues bien, esta marcha, con todo el jolgorio y la alegría que la embargaba se trasladó, como se ha visto en los medios de comunicación, a través de la autopista del Este, cruzó la avenida Bolívar, trayectos estos a través de los cuales la multitud a su vez era vituperada, por los ciudadanos que se asomaban desde los distintos edificios a corear y a animarla.

Cruzada la avenida Bolívar, la marcha se desvió hacia la avenida universidad y llegó finalmente a la Plaza O´Leary, a las escalinatas del Calvario, con la intención de tomar rumbo por la avenida Sucre hacia Miraflores.

Allí en esa avenida Sucre, había un cordón de la Guardia Nacional que impedía la continuación de la marcha. Algunas personas, como el General Guaicaipuro Lameda, intentaron dialogar con los efectivos de la Guardia, para que depusieran su actitud, y permitieran que la marcha continuara hacia Miraflores. A este intento de diálogo, respondió la Guardia con Gases Lacrimógenos, lo cual era una provocación y un hecho que atentaba contra la garantía contenida en el artículo 68 de la Constitución.

En vista de ello, la marcha trató de subir hacia el Palacio, a través de la calle que baja de la esquina de Bolero, por donde está ubicado el Liceo Fermín Toro. Pero allí igualmente había un cordón de la Guardia Nacional, quienes actuaron de igual forma y no permitieron la continuación de la marcha.

En este estado de cosas, ya la longitud de la marcha llegaba desde esa avenida Sucre, hasta más allá de la avenida Bolívar, y ante el estancamiento en la continuidad de la misma, la gente comenzó a desviarse hacia el norte de la avenida Baralt, en donde, justo en la esquina La Pedrera, fueron recibidos con una lluvia de piedras y botellas, lanzadas por partidarios del Gobierno.

En ese punto, la policía Metropolitana, intentó proteger a la marcha de los continuos ataques a que estaban siendo sometidos, colocando en dicha esquina, unos vehículos de ese cuerpo de seguridad, tales como los denominados ballena y rinoceronte, y a la vez intentaban reprimirlos a través por medio de escopetas cargadas de perdigones de seguridad.

Sin embargo, mientras esto sucedía una y otra vez, de repente, como a eso de las 4:30 de la tarde, comenzaron los disparos que en forma despiadada provenían del Puente Llaguno, ubicado a aproximadamente 300 metros de la esquina de La Pedrera, con las consecuencias que se analizarán posteriormente.

A las 3:45 de la tarde el Presidente de la República Hugo Chávez realizó una alocución presidencial a través del canal de televisión del Estado, mientras las señales de los canales privados del país salieron del aire, en la que manifestaba:

“...el objetivo de esa marcha no es parar al país no se engañen...” agregaba que algunas personas que venían en la marcha decían “...vamos a Miraflores porque Chávez está listo, engañando a mucha gente y ponen a correr un rumor de que Chávez ya está preso del Alto mando de que Chávez ya está renunciando que lo que falta es un empujoncito...”, adicionó que los canales estaban transmitiendo imágenes de violencia desde las calles, algunas “...incluso preparadas de antemano y con antelación y, escogidas y proyectadas y magnificadas...”

Hace un llamado a la cordura, la calma, alude que la situación no es grave y está controlada. Durante esa alocución vuelven las imágenes de los canales privados y parten la imagen en dos para transmitir conjuntamente los hechos que se están sucediendo en la ciudad y la alocución presidencial.

“...estamos seguros que no va a evolucionar en otra dirección que no sea la recuperación de la calma plena....”

“...he ordenado y la Fuerza Armada lo está cumpliendo, y la Guardia Militar, aquí tenemos un regimiento de la Guardia de Honor, aquí hay más de mil soldados, aquí en este palacio, soldados de la Guardia de Honor, de la Guardia Presidencial, y además hay más de mil entre guardias nacionales y policías y cuerpo de seguridad pues haciendo un colchón repito, no esto no es por mi ustedes saben quién soy yo y cómo he llegado aquí y de donde vengo pero es una obligación para evitar posibles bueno, para evitar imposibles males mayores...”

“...¿Qué puede pasar digo yo cuando son las 4:30 de la tarde, faltan 23 minutos para las 5 de la tarde ¿eso no va a ocurrir, por supuesto que no va a ocurrir?. ¿Pero qué podría ocurrir?, si nosotros permitimos que esa marcha con toda la carga que trae y la inyección que le han metido en estos días en vivo o mediáticamente llegar aquí al Palacio ¿a qué?, a ¿qué vienen aquí?. Sin duda que es una actitud provocadora bien irresponsable y los responsables de esto son los convocantes y los que salieron esta mañana a decir que la marcha era para Miraflores...”

“...Por otra parte pues debo también informarles que he estado con el Gobierno y muchos otros sectores del país evaluando la problemática real de fondo que ha servido como de plataforma para estos grupos desesperados para montarse en esta conspiración abierta y descarada y bueno, incluso llamando a través de los medios a una rebelión. Ayer dijo alguien ¿no, chico aquí estamos listos para la rebelión cívico militar, vamos no importa los muertos?, imagínense ustedes aquella irresponsabilidad, de manera y lo repiten luego y lo vuelven a repetir...” [16]

D. Plan Ávila

El Plan Ávila es una derivación para la Guarnición Militar de Caracas, del Plan de Operaciones Rector “Soberanía” 01-98, el cual se había originado el 25 de marzo de 1998 y puesto en vigencia por el entonces Ministro de la Defensa, Vicealmirante Tito Manlio Rincón Bravo y el Comandante del Comando Unificado N° 1 de las Fuerzas Armadas Nacionales (CUFAN), General de División (Ej.) Noel Enrique Martínez Ochoa.

Este Plan es para ejecutarlo en la jurisdicción de la Guarnición Militar de Caracas e igualmente los Estados Miranda y Vargas.

Este documento, como toda planificación militar, contiene normas para reglamentar la utilización de las tropas en el control del orden público, en casos de graves alteraciones que pongan en peligro la paz de la República. Sin embargo, en la actualidad, y de acuerdo a declaraciones hechas por algunos de los interpelados, este Plan debía adaptarse a los nuevos preceptos constitucionales, tal y como lo expresan algunos de los interpelados[17]. De igual forma, se hacen afirmaciones en las interpelaciones de que ese Plan violenta algunos artículos de la Constitución, a tal efecto citamos:

“En mi descripción de los hechos, señalé que el año pasado, finales del año pasado, cuando ordené una revisión de varios planes, entre ellos el Plan Soberanía, el Estado Mayor del CUFAN recomendó que debería someterse a un estudio en el cual se definiera la adaptación del Plan Soberanía, con relación al articulado de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela.

De esa manera pedimos la opinión al Coronel Jefe o el Consultor Jurídico de la Fuerza Armada, mi compañero de promoción y gran amigo, el Coronel Antonio José Paredes Matheus y ellos nos hicieron algunas observaciones y con los abogados, a raíz de esas observaciones, pues nosotros señalamos lo que hemos señalado acá.

La Fuerza Armada Nacional está constituida por 4 componentes, componente ejército, componente Armada, componente Aviación y componente de la Guardia Nacional, es decir, difícilmente nosotros podamos ver un Plan Avila que se ejecute por un componente militar distinto a la Guardia Nacional, toda vez que el artículo 328 y 329, aclara que el Ejército, la Armada y la Aviación, tienen la responsabilidad de la defensa nacional, y a la Guardia Nacional, además de la cooperación que ellos tienen con estos componentes, tienen además la misión del mantenimiento del orden interno, de manera que yo no veo eso, de todas maneras en el caso de que nos atañe, y me atrevo a decirlo de esa manera, para que esta posibilidad exista, tendremos que ceñirnos al Artículo 68.

El Artículo 68 dice que no podemos utilizar armas de fuego y nosotros tenemos armas de guerra.”[18]

Evidentemente, se hace necesaria una interpretación de ese articulado de la Constitución actual, a fin de que podamos determinar la conformidad con el Texto Fundamental de la ejecución de ese Plan Rector Soberanía para la Guarnición de Caracas, denominado Plan Ávila, todo de acuerdo a los modos de interpretación, que citáramos anteriormente. Es este sentido, transcribiremos literalmente los mencionados artículos.

Artículo 328.- La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.

Artículo 329.- El Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación. La Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley.

Del primero de los artículos se desprende que la Fuerza Armada Nacional es una institución esencial dentro de la organización del Estado, que es especializada, y que tiene como finalidad fundamental el garantizar la independencia y la soberanía de la nación, además de asegurar la integridad del espacio geográfico. Esta finalidad que tiene esta institución como parte de la organización del Estado, la ejerce de tres formas distintas:

Esta función la debe cumplir la Fuerza Armada Nacional dentro de una estructura organizativa que estará únicamente al servicio exclusivo de la Nación, y teniendo como principios esenciales la disciplina, la obediencia y la subordinación.

Esta Fuerza Armada Nacional como estructura organizativa dentro del Estado está compuesta por cuatro componentes, a saber: El Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, los cuales deben funcionar de manera integral dentro de la esfera de su competencia para garantizar el cumplimiento de su misión.

De esas tres formas que tiene la Fuerza Armada Nacional para cumplir con su finalidad, la primera de ellas corresponde los componentes del Ejército, de la Armada y la Aviación, quienes tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la Defensa Militar.

La Guardia Nacional por su parte tendrá como responsabilidad básica, la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno, pero además es un componente de la Fuerza que debe cooperar en el desarrollo de las operaciones relacionadas con la Defensa Militar.

De manera tal, que no existe ninguna duda de que dentro del marco de esta nueva Constitución, la Fuerza Armada Nacional tiene la responsabilidad básica de la conducción de las operaciones para el mantenimiento del orden interno del país, pero esta responsabilidad la ejerce a través de uno de sus componentes, cual es la Guardia Nacional, quedando excluidos los demás componentes de la posibilidad de participar en la conducción de esas operaciones, ya que esa función le es atribuida en forma exclusiva a la Guardia Nacional, todo lo cual hace evidente que el Plan Rector Soberanía debía adaptarse a la nueva estructura constitucional, tal y como hizo referencia el General Manuel Antonio Rosendo, y que su aplicación o ejecución, al utilizar componentes distintos de la Guardia Nacional, para el control del orden público, constituye un acto contrario y repugnante a la Constitución, debido a que el mismo está afectado de una inconstitucionalidad sobrevenida.

Las referencias legales que se tenían anteriormente para establecer todo el proceso de la planificación que origina el Plan, partía de la Constitución de la República de Venezuela, de 1961; la Ley Orgánica de la Administración Central de esa época, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, el Reglamento de Servicio en Guarnición, Reglamento de los Comandos Unificados y Específicos del MD número CB-J-1816 del 18 de Julio de 1989, el Plan de Empleo N° 3 (Hipótesis Amarilla) del año 1991, la Directiva MD-EMC-300-02-88 del 30 de mayo de 1988, todos estos documentos derogados, a raíz de la puesta en vigencia de la nueva Constitución, aprobada en referendo el 15 de diciembre de 1999, y publicada el 29 de diciembre de ese año, y luego el 24 de marzo del año 200, en Gaceta Oficial N° 5.453.

Ahora bien, desde el punto de vista técnico este Plan Ávila, como todo plan, presupone para su activación, suposiciones que en caso de materializarse activan inmediatamente el mismo. Las suposiciones previstas por el Plan de Operaciones Rector “Soberanía” que activan el Plan Ávila en la Guarnición Militar de Caracas y en las demás Guarniciones Militares del interior, son las siguientes:

1. Que grupos subversivos o desafectos al sistema democrático, ejecuten acciones violentas que atenten contra la estabilidad del sistema democrático y pongan en peligro la seguridad de las personas y sus propiedades.

En el presente caso, la marcha democrática y pacifica, originada desde Chuao no formaba parte de ningún tipo de acción violenta que atentara contra la estabilidad del sistema democrático, y en principio que pusieran en peligro la seguridad de las personas y sus propiedades. Menos aún, era organizada ni liderizada por grupos subversivos o desafectos al sistema democrático. Esto ha sido sostenido por voceros tanto del Gobierno como de la oposición.

2. Que las alternaciones del orden público sean de tal magnitud que el empleo de los organismos de seguridad del Estado sean insuficientes para su restablecimiento.

Esta Suposición tiene que ver la realidad de que la marcha adquiriese un carácter violento. La única manera de que una concentración haga insuficiente el empleo de los organismos de seguridad del estado, es su carácter violento y mayoritariamente a favor de la misma. Eso, en una Apreciación de Estado Mayor tan importante como la de Inteligencia, se llama el Poder Relativo de Combate, que se interpreta marcadamente a favor de la misma. La marcha de Chuao, no estaba por sí alterando el orden público, y según declaraciones de la Guardia Nacional, esa marcha nunca sobrepasó a ese organismo de seguridad del Estado, y según declaraciones del Jefe del Comando Regional N° 5 de la Guardia Nacional, General Eugenio Gutiérrez Ramos, los funcionarios utilizados fueron suficientes, y nunca fueron sobrepasados. En este sentido ese General expresó en la interpelación, ante una pregunta formulada por el Diputado Marquina:

¿Diga usted si en algún momento fue rebasada por los manifestantes la Guardia Nacional, de ser así informó usted a sus superiores y solicitó apoyo de otro organismo?

Doy gracias a Dios de que no fuimos rebasados y que logramos mantener la separación entre los dos grupos antagónicos. Es todo señor Presidente.[19]

El Jefe del comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional, General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo, señala en su interpelación que en ningún momento los organismos de seguridad fueron desbordados por la marcha pacifica, pero que la Guardia Nacional fue insuficiente.

No me corresponde a mí determinarlo. Que los organismos de seguridad del Estado sean insuficientes. En este caso muchos de esos organismos de seguridad iban acompañando a la marcha y la Guardia Nacional ya estaba en la calle en apoyo a ese control y la Guardia Nacional no fue empleada suficientemente cuando tenía el personal y los medios disponibles, los vehículos antimotines y el personal, es decir, que los organismos de seguridad del Estado no fueron rebasados y la Guardia Nacional, que le correspondería realizar las acciones para el mantenimiento de ese orden público, no empleo todo su personal a fondo.[20] (subrayado y resaltado son del autor del presente informa)

Hay que recordar que el Jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional es el responsable del monitoreo de la seguridad y el orden público en todo el país, y por razón del mismo plan, el encargado de ejecutarlo.

3. Que nacionales de otros países realicen actividades tendentes a perturbar el orden interno, en apoyo de acciones bélicas en contra de nuestro país.

4. Que la máxima autoridad civil de la entidad federal, al considerar que la situación escapa a su control, solicite la intervención de la Fuerza Armada Nacional.

La máxima autoridad civil en la jurisdicción de Caracas, con responsabilidad del orden público, es el Alcalde Metropolitano, el cual fue obviado por la autoridad militar del Comando de la Guarnición, en el proceso de planificación. En ningún momento el Alcalde Metropolitano solicitó la intervención de la Fuerza Armada, para controlar el orden público en su jurisdicción. Pero en todo caso, de haberlo solicitado, ya ha quedado claro que el único componente constitucionalmente autorizado para actuar, era la Guardia Nacional, la cual debía ajustar su actuación a lo previsto en los artículos 55 y 68 de la Constitución.

Por su parte el segundo punto del Plan establece expresamente que con la finalidad de contribuir con el Gobierno Nacional, en garantizar a la ciudadanía y a las instituciones la paz social, la moral y buenas costumbres del país, las Fuerzas Armadas Nacionales conducirán Operaciones Militares Conjuntas[21] a partir del día “D” a la hora “H” en el territorio nacional, con el objeto de restablecer, preservar y asegurar el orden público. Esta misión era válida y legal con la Constitución de 1961, en virtud de que la misma no regulaba cuáles eran las responsabilidades básicas de los componentes de las fuerzas, pero actualmente, como ya vimos, con el actual Texto esto es jurídica y constitucionalmente inaceptable.

Por otra parte, para la ejecución del Plan, se requiere el concepto operacional que implica las maniobras, que en el caso del Plan Soberanía, las Fuerzas Armadas Nacionales conducirán Operaciones Militares Conjuntas, para restablecer el orden público en el territorio nacional, empleando para ello los Comandos de Guarniciones Militares del país.

La ejecución de estas Operaciones Militares Conjuntas se dividen en tres (03) fases. Hay que tener en cuenta que estas operaciones militares son, por definición, operaciones de combate que se ejecutan en una guerra y, abarcan la ofensiva y la defensa en todas sus variantes.

Y, la guerra, igualmente es un acto de violencia encaminado a forzar al adversario a someterse a nuestra voluntad[22]. En ese sentido se hace inconcebible pensar o siquiera insinuar que los integrantes de la marcha del 11 de Abril pudiesen considerarse como adversarios militares.

El mismo Manual de Táctica General, que es la referencia académica, operacional y doctrinaria de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional, señala como propósito de la guerra “La destrucción del ejército enemigo es el fin principal; la ocupación o destrucción de lo que pueda servirle es secundaria.”[23]

La doctrina ofensiva está basada en el concepto de emplear fuerzas de armas combinadas para llevar el combate hacia el enemigo y destruirlo.[24]

b) Economizar fuerzas en un área para entonces aplicar una fuerza decisiva en otra.

Como se ve, las nociones de adversario, amenaza o enemigo, tal cual como se establece en las Apreciaciones de Estado Mayor, están orientadas hacia la destrucción, la neutralización, la limitación y hasta la desaparición física del mismo.

El diccionario militar, estratégico y político de Fernando de Bordeje Morencos señala que el “enemigo es un país o Fuerzas Armadas con las que se sostiene una guerra. En política suele aplicarse el término de adversario”.

La Guerra según el diccionario de Relaciones Internacionales de Jack Plano y Ray Olton es:

“Hostilidades entre Estados o dentro de un Estado o territorio, emprendidas con fuerzas armadas. En sentido legal, hay un estado de guerra, cuando dos o más Estados declaran oficialmente que hay una situación de hostilidades entre ellos. Más allá de esto, los juristas internacionales no están de acuerdo sobre las clases de condiciones, intenciones o acciones que constituyen la guerra por definición. Sin embargo, existe una guerra de facto, cuando un grupo organizado emplea la fuerza contra otro grupo”.

Para combatir una marcha democrática y pacífica, fue empleado un plan militar eminentemente represivo y con carácter marcadamente ofensivo, éste está diseñado para ejecutar operaciones militares conjuntas, los participantes en la marcha fueron considerados como enemigos y se les dio tratamiento de enemigos. En consecuencia no cabe otra conclusión lógica sino que el objetivo fundamental del empleo del componente militar (Guardia Nacional inicialmente y luego el Ejército) en la represión de la marcha, era la destrucción física de los participantes, si nos atenemos a la literatura del Plan y a la doctrina de la Fuerza Armada.

La democracia establece a la oposición como una fuerza capaz de aparejar el disenso político, el debate ideológico, la libre confrontación de las ideas por la vía de la artillería verbal o escrita; pero nunca el enfrentamiento físico, muy propio de regímenes decimonónicos y totalitarios.

Las operaciones militares conjuntas o por componente, son operaciones en donde la prioridad es la destrucción del enemigo.

El Plan Ávila establece, como dijimos anteriormente unas fases que establecen una prelación en la manera de instrumentarlo, a saber:

Apoyo a los Organismos de Seguridad y Orden Público por parte de las Fuerzas Armadas de Cooperación.

Esta primera fase del Plan se ejecutó completamente, habiéndose obviado el literal “a” (Instalar el Comando Unificado de Guarnición). Sin embargo, sería conveniente determinar si los jefes de los organismos de seguridad y orden público en la jurisdicción de la Guarnición de Caracas, fueron citados para inducir la aplicación del Plan o para la activación del Comando Unificado.

Patrullaje Militar, ocupación de puntos críticos y sectores de responsabilidad de la Guarnición.

Esta fase es completamente inconstitucional. El artículo 329 de la Constitución, en su parte inicial señala textualmente:

El Ejército, la armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación.

Como se observa, ningún efectivo del Ejército, la Armada y la Aviación tienen responsabilidad por el control del orden público interno, ni siquiera para actividades de persuasión o prevención. Esta responsabilidad era justificable en la Constitución de 1961, pero como ya vimos anteriormente, con la nueva Carta Magna, la responsabilidad del control del orden público interno corresponde única y exclusivamente, desde el punto de vista de la Fuerza Armada, al componente Guardia Nacional.

…La Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones (se refiere a las operaciones militares) y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país.

¿Qué significan las acciones militares? ¡Operaciones de combate ofensivas o defensivas! Operaciones para destruir a un enemigo claramente definido en una Apreciación de Inteligencia por el oficial responsable, donde previamente se ha determinado su dispositivo, la composición y la fuerza, las actividades reveladoras recientes y actuales, y sus peculiaridades y deficiencias. Todo ello con la intención de determinar donde el enemigo presenta deficiencias y vulnerabilidades para poder aplicar en ese sector el poder militar.

El patrullaje militar forma parte de las operaciones de combate, las patrullas se estructuran para combatir y para recoger información del enemigo, vale decir, tiene pertinencia la idea de destruir el enemigo.

Un Punto Crítico, es una característica del terreno, cuyo control y ocupación le facilita marcadas ventajas a quien lo posea. La ocupación de Puntos Críticos va aparejada con la realidad operacional de destruir un enemigo que lo está ocupando o controlarlo por vía de reconocimiento, patrullaje, etc. Pero ¿Cómo hacerlo sin obviar la idea de destruir al enemigo?

La actuación de la Guardia Nacional y los integrantes del Regimiento de la Guardia de Honor del señor Presidente de la República, está evidenciada en los videos hechos públicos, dispararon con armas PGP de 9 mm y FAL de 7,62 mm, en contravención a lo pautado en los artículos 68 y 55 de la Constitución. En consecuencia, con su actuación se violó sistemáticamente el Texto Fundamental aprobado por el pueblo en el año 1999.

Sería conveniente, exigirle a la Casa Militar, al Comando de la 3³ División de Infantería, 31 Brigada de Infantería, 311 Batallón de Infantería Bolívar, 312 Batallón de Tanques Ayala, 313 Grupo de Artillería Antiaérea Ribas, toda la planificación operacional prevista para la activación del Plan Ávila en su jurisdicción, e igualmente los informes levantados de la aplicación, tal cual como se expresa en las instrucciones finales una vez restablecido el orden público. Esto contribuiría al proceso de esclarecimiento de la verdad, en la actuación de cada una de las unidades operacionales directamente involucradas en la activación del Plan Ávila, antes, durante y después de restablecido el orden público.

¿En que momento se activó el Comando Unificado de la Guarnición? ¿Apoyaron las Fuerzas Armadas Nacionales realmente a los organismos de seguridad y orden público? Sí los apoyaron, ¿Qué misión asumieron? ¿A qué manifestación defendieron? Esto debe aparecer en los Informes finales de cada una de las unidades operacionales, responsables de la aplicación del Plan Ávila en la jurisdicción de la Guarnición Militar de Caracas.

1. La Decisión

Una decisión es un juicio o una elección entre dos o más opciones, y es algo que surge en innumerables situaciones, ya sea para solucionar un problema o para aplicar una medida. Una decisión consiste en elegir entre diversas posibilidades, y es el ejecutivo quien hace tal elección. Una decisión puede tomarse de manera inmediata, pero suele suponer un proceso de identificación, análisis, evaluación, elección y planificación. Para llegar a una decisión, debe definirse el objetivo, enumerar las opciones disponibles, elegir entre ellas y luego aplicar dicha opción. Las decisiones y el proceso de tomarlas son fundamentales en la gestión.

Determinemos si el ciudadano Presidente de la República tuvo un estilo lógico o creativo y si su método fue racional y sencillo, cuando decidió ejecutar el Plan Ávila para controlar la manifestación pacífica del día 11 de abril de 2002.

El Presidente de la República ordena la ejecución del Plan Ávila, desde la mañana, cuando aún la marcha no había sido desviada hacia Miraflores, no se sabe con que intenciones, esto se desprende de su declaración en Turismo:

Tal orden de aplicación del Plan se evidencia, aparte de su confesión, de la conversación sostenida con un Capitán en Turiamo, transmitida a través de los medios de comunicación social:

"…yo ordené en la mañana aplicar el Plan Avila, yo tengo potestad para hacerlo, cuando me enteré por órganos inteligencia de las mismas Fuerzas Armadas y la DISIP, de la Fuerza Armada, de que el plan insurreccional estaba en marcha y que el General Medina Gómez, el agregado de Venezuela en Washington estaba aquí y trajo armas…de toda esa vaina me entere yo…y ordené, ante tantas evidencias, ¡Plan Avila General Rosendo!, pero el General Rosendo no quiso…se me desapareció…¡Lucas, Plan Avila!…"Presidente no se que, vamos a pensarlo"… ¿qué vamos a estar pensando?, Plan Avila"…"bueno voy al Fuerte Tiuna"…"bueno está bien vete al Fuerte Tiuna pues" …entonces allá…"no que, no es conveniente"…entonces agarré un radio que yo tenía y empiezo a buscar la red y agarro a García Carneiro comandante de la brigada…le digo "García Carneiro qué está pasando?"…"coño mi comandante no se, a mi me están buscando para meterme preso"…"¿quién chico""…" los Generales"..."¿cómo que preso, qué pasa?"…"bueno que hay una insurrección militar"…entonces le digo, "bueno mira, entonces yo estoy al mando, mándame los tanques para acá, vamos a hacer Plan Avila"… trancaron la autopista, los Próceres, trataron de evitar, sin embargo los tanque salieron."…"Si ellos hubieran cumplido…mire la historia señalará responsables…si el alto mando militar hubiera cumplido con la orden que yo di de aplicar el Plan Avila en la mañana de ese día, que ya yo tenía todo y ellos también, de que veía ese plan insurreccional…lo que pasa es que algunos de ellos estaban comprometidos con el General Vásquez Velasco ¡traidor!..."

Con Posterioridad a esa orden dada en la mañana, el Presidente de la República dispone por la red de Comando y Control “Tiburón”, la ejecución del Plan Ávila:

"-Entonces, mira, te ordeno la aplicación del Plan Ávila. El primer movimiento que vamos a hacer es la columna del Batallón Ayala, que ocupe posiciones. ¿Dónde está previsto que ellos ocupen posiciones? Cambio.–Ellos son reserva y pueden enviarse para donde usted ordene.–Entonces mándalos aquí a Palacio, a las inmediaciones a tomar posición y el comandante que pase aquí a la orden mía. Cambio.–Muy bien, recibido. En estos momentos sale el Batallón Ayala. Vamos a utilizar… Hasta ahorita lo más conveniente es utilizar los túneles para caer en la avenida Sucre y poder caer allá. ¿Oyó?–Correcto, copiado… Bueno, coordina con Vietri, que está por aquí, para la coordinación de posiciones de un grupo en disuasión; otro grupo puede estar en reserva en el patio, ¿eh? Bloqueando la vía de aproximación, etc. ¿copiaste? Cambio.–Afirmativo. Lo importante es que como también, si logra Vietri localizarme por este medio es mejor, porque me quiero comunicar con él por teléfono y no he podido.–Aquí lo tengo… Aquí tengo a Vietri. Cambio.–Muy bien. Entonces, mire, en este momento va saliendo la columna de tanques del Ayala, vía los túneles; va hacia la avenida Sucre y se incorpora allá al Palacio.–O.K. copiado. (segunda voz)–Adelante Tiburón 6. Cambio.(Segunda voz)–Debo informarle al Tiburón 2 para informarle las instrucciones que estoy recibiendo suyas, para proceder y ya está saliendo la columna.–Es que estoy llamando a Tiburón 2 y a Tiburón 4 y no me copian. Cambio. Interrogativo tu mensaje. No te copié bien. Cambio.–Mire, era para informarle que por instrucciones suyas iba a enviar la columna para el Palacio.–Ok., Ok.–Tengo a mi General Lucas en el teléfono…Ya le informé al General Lucas.–Ok, pero proceda de inmediato. Cambio, porque yo estuve llamándolo por aquí, voy a seguirlo llamando, pero mientras tanto, proceda de inmediato. Cambio.–Para allá va saliendo el General Quiroz con la columna.–Ok, entonces dile que cuando llegue se comunique conmigo. Cambio.–Copiado, copiado, Tiburón 1, copiado. Segundo fragmento: –Ok, Tiburón 5, interrogativo, su ubicación y la situación allá en el exterior. Cambio.–Estoy en la parte posterior del Palacio, está la gente controlada, ya fueron desplazados más allá de la plaza O’Leary. Tenemos hasta la Asamblea y prácticamente todo controlado, y la gente está ubicada únicamente… Está por el sector de la avenida Bolívar.–Correcto…Y cuál es la…Dime, dime… ¿cuál es la evolución que tú evalúas, ¿cómo está esa gente? Los que están gritando, los que están disparando. ¿Qué ha pasado con eso? Cambio…"-Bueno, han salido varios heridos, porque hay un enfrentamiento…Y…Entonces, se han tenido que ir a proteger hacia los sectores de atrás y…Pero ya la gente, pues, se ha ido desplazando y unos francotiradores que estaban montados en unos edificios…Que estaban disparando de esos edificios…También fueron ubicados y entonces ya fueron controlados…"

En este caso, el Presidente no cumplió los procedimientos doctrinarios de un Oficial de Estado Mayor, para arribar a una decisión, después de haber abordado una Apreciación de la Situación de Conducción, tal cual lo plantea el Manual de Notas Marginales del Oficial de Comando y Estado Mayor (MC-101-01)

Los factores de la decisión más convencionales son Misión, Enemigo, Terreno y Medios Disponibles; sin embargo se puede justificar o argumentar una decisión por la vía de los principios de la guerra, cuales son objetivo, ofensiva, masa, economía de fuerzas, maniobra, simplicidad, sorpresa, seguridad y unidad de mando.

Ninguno de los factores clásicos de la decisión es aplicable a esta situación de orden público, por una razón fundamental, no se estaba ejecutando una operación de combate, el fin que se perseguía no era la destrucción del enemigo, se buscaba el control del orden público.

Otra manera de razonar una decisión táctica durante la conducción de una operación es por la vía de considerar el tiempo disponible al tiempo meteorológico (condiciones de tiempo).

En todo caso, para que el Presidente de la República pueda explicar la decisión del 11 de abril de 2002 y justificarla, debe atenerse en primer lugar a las normas que regulan el empleo de las tropas en condiciones de contingencia en época de paz, y sin haber decretado un estado de excepción, y en este caso, estas se inician desde el texto inserto en la Carta Magna, que señala en todo su cuerpo, las reglas por las cuales se establecerá la operación en tiempo de paz a ejecutar el cuerpo armado.

Las normas a tomar en consideración fundamentalmente proceden de la Constitución en los artículos 55, 68, 236 ordinales 5° y 6°, 328, 329, 332, 333 y 350.

Ninguna de esas normas fue considerada por el señor Presidente de la República en su proceso de apreciación de la situación del Comandante, para arribar a la decisión de activar y ejecutar el Plan Ávila.

El desconocimiento del Presidente de la República de la inconstitucionalidad del Plan Ávila, del cual ya tenía conocimiento, es factible que sea una responsabilidad del encargado directo de su estructuración, el Jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional, el General de División del Ejército Manuel Antonio Rosendo. Los más cercanos e inmediatos asesores del Presidente, dentro del medio militar para esta coyuntura, el General Rosendo como Jefe del CUFAN y el Jefe de la Casa Militar de ese entonces, General de Brigada (Ej.) José Aquiles Viettry Viettry, manifestaron una ignorancia supina o deliberada sobre la activación del mencionada Plan Ávila, cuando fueron inquiridos durante la interpelación ante la Comisión Parlamentaria de la Asamblea Nacional.

No se puede obviar que el desconocimiento de la ley, no implica su incumplimiento o lo que es peor su impunidad.

La otra circunstancia es la de que el Presidente de la República comande directamente las unidades operacionales, hasta el nivel de unidad táctica o fracción, según sea el caso, como ocurrió durante la movilización de los 12 tanques Dragón, para las inmediaciones del Palacio de Miraflores (artículo 236, ordinales 5 y 6 de la Constitución) ¡Según la interpretación libre y arbitraria del señor Presidente del texto constitucional!

La cadena de mando o línea de mando, es el eslabón jerárquico castrense que fija tanto la sucesión en el mando de una unidad, zona o teatro de guerra, como las preeminencias en la decisión y ejecución de las operaciones, así como las adecuadas interdependencias con y entre los subordinados. Su amplitud depende de la naturaleza de los cometidos asignados y de las fuerzas que tiene el mando a su disposición.

Este concepto define exactamente como deben fluir las disposiciones a través de la línea de mando; cuando se refiere a las “adecuadas interdependencias con y entre los subordinados”, precisa la expresión de las disposiciones y órdenes y como debe integrarse a todos los involucrados en las mismas.

El comando es una responsabilidad inherente al ejercicio de una serie de compromisos organizacionales, que van desde la instrucción, la organización, el abastecimiento, el equipamiento de sus comandos y se induce a través de la continua supervisión. Pero ello demanda de compromisos en cada uno de los niveles incluidos.

El Presidente de la República dirige la Fuerza Armada Nacional, en su carácter de Comandante en Jefe, ejerce la suprema autoridad jerárquica y fija su contingente. Igualmente, ejerce el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional.

¿Qué significa dirigir la Fuerza Armada Nacional: Ejercer su suprema autoridad jerárquica o ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional? ¿Debe el Presidente de la República en su carácter de suprema autoridad jerárquica invadir ámbitos de los cuadros y niveles intermedios? ¿Cuál es la autonomía funcional y jerárquica de los Comandantes de Grandes Unidades de Combate, Unidades Superiores, Unidades Tácticas, Navíos, Sistemas Aéreos, Unidades Fundamentales, Unidades Básicas y Unidades Elementales, reparticiones militares, dependencias administrativas para el proceso de toma de decisiones?

El afán de protagonismo pudiera ser una de las respuestas a cada una de estas grandes inquietudes que están surgiendo cuando el Presidente de la República decide comandar personalmente la ejecución del Plan Ávila, el temor a enfrentarse en la soledad de sus decisiones como Comandante en Jefe es otra de las alternativas, la desconfianza de las lealtades de sus cuadros de mando más inmediatos como el Inspector General de la Fuerza Armada Nacional, el Comandante del Comando Unificado N° 1 de la Fuerza Armada, los Comandantes de los componentes, es otra interpretación válida y la que tiene mayor pertinencia a la luz de los testimonios que han surgido posteriormente.

Eso no puede interpretarse como que el Presidente va a tripular los sistemas de F-16, Mirage o Tucano en la Aviación Militar, o a comandar las fragatas en la Armada, o a comandar directamente hasta los niveles jerárquicos de compañías o pelotón las unidades de la Guardia Nacional o del Ejército. ¿Para que están sus cuadros orgánicos? ¿De que sirve la línea de mando natural y orgánica a través de la cual fluyen las órdenes administrativas y operacionales?

La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales señala que la responsabilidad de los Comandos de Componente es la de “Organizar, Equipar y Adiestrar a sus integrantes” de acuerdo con lo que al efecto disponen los artículos 7°, 8°, 9°, 10 y 11. Ningún Comandante de Componente tiene responsabilidad legal de ejecutar operaciones, en consecuencia el flujo de las decisiones operacionales debe canalizarse a través de los Comandantes Operacionales. Toda orden canalizada por la vía del Presidente de la República, a través de los Comandantes de Fuerza es ilegal y no tiene asidero conceptual y teórico en lo que se conoce como ejecución de la doctrina operacional de la Fuerza Armada Nacional.

Igualmente, el artículo 55 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales vigente, indica:

“La acción de mando la ejercerá el Presidente de la República por medio de órdenes, instrucciones, resoluciones y reglamentos que serán dictados previa su disposición, por el Ministerio de la Defensa, y también por Decretos conforme a la Constitución”.

La misma Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas nacionales señala en su artículo 52, lo siguiente:

“Los militares en servicio activo estarán subordinados al Presidente de la República, cuyas disposiciones deben obedecer y cumplir sin retardo ni excusa de ningún género”.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República dará sus órdenes a las Fuerzas Armadas Nacionales por órgano del Ministro de la Defensa”.

Esto se refiere a las órdenes administrativas; las órdenes operacionales las orientará a través de los Comandantes de los respectivos teatros, y como vimos, esto nunca se cumplió el día 11 de Abril.

En consecuencia, la coyuntura desarrollada el 11 de abril de 2002, a partir de las primeras horas de la mañana, que se inicia con la decisión adoptada por el Presidente de la República de activar el Plan Ávila y posteriormente la realidad de haber comandado directamente las operaciones, fue una medida inconstitucional, inicialmente, infame desde el punto de vista de las argumentaciones doctrinarias y conceptuales para su aplicación, incompatibles con la formación académica de un Oficial de Estado Mayor, difícilmente susceptible de aprobar una PII (Prueba Integral Individual) en cualesquiera de nuestras Escuelas de Estado Mayor.

2. Disuasión o Represión

Se planteó a lo largo de las interpelaciones, la interrogante sobre el carácter disuasivo o represivo en la ejecución del Plan Ávila. En este sentido debemos tener en cuenta que la disuasión es una acción psicológica, política, moral o militar, capaz de obligar al adversario a renunciar a una agresión o ataque, por el peligro que ello puede suponerle. La disuasión es inducir a uno con razones a mudar de dictamen o propósito. Según André Beaufre, la estrategia es

“…el arte de emplear la fuerza o la violencia para obtener los objetivos fijados por la política” o “el arte de la dialéctica de las voluntades opuestas respaldadas por la fuerza para la solución del conflicto”.

El mismo autor reconoce fundamentalmente los siguientes modelos estratégicos o, parámetros o posibilidades de acción dentro de los cuales la estrategia encauza los procedimientos, considerando los medios de que dispone, la importancia del objetivo y el grado de libertad de acción disponible, ellos son la amenaza directa, la presión indirecta, las acciones sucesivas, la lucha total prolongada, la lucha frontal.

Sobre la base de esto, se adoptan los modos estratégicos, los cuales son formas de acción que adopta la estrategia sobre la base de los modelos establecidos, teniendo en cuenta ciertos tipos de medios. De acuerdo a ello, la estrategia adopta dos formas:

2. La estrategia de la Acción, que se basa en un modo directo (medios militares) y un Modo Indirecto (medios no militares)

La estrategia de la disuasión es la forma de acción tomada por un actor con la finalidad de coartar al adversario para que tome acciones cuya réplica puede ocasionar daños inaceptables a otros, si éste último procede con el curso de acción.

¿Entraña, la aplicación del Plan Ávila una actitud de reducir la capacidad de reacción de una muchedumbre o una manifestación que ha rebasado tres niveles de contención? De allí que lógicamente se deba deducir que el este Plan en particular no tiene un carácter disuasivo, sin que es eminentemente represivo.

Ahora, siendo el Plan Ávila una estrategia estructurada para ejecutar operaciones militares, lo que equivale a decir, ejecutar realizaciones de combate de naturaleza ofensivas o defensivas, con el criterio doctrinario de destruir a un enemigo previamente definido en el Plan, desplegando los medios disponibles en un área de operaciones, se plantea entonces la interrogante sobre si esto es para atemorizar o para eliminar al enemigo.

Cuando se ejecuta un Plan en el cual se han sobrepasado los siguientes niveles de contención como son:

2. Posteriormente los niveles de contención de la Policía Metropolitana o Municipal, y,

Necesariamente cuando estas tres situaciones se cumplen, la reacción para enfrentar esa muchedumbre debe ser violenta.

Cuando se activa el Plan Ávila, tal y como está establecido éste, tomando como referencia la Constitución de 1961 (El Plan Rector Soberanía está basado en la Constitución de 1961), los integrantes de los componentes militares armados activan sus dispositivos para reprimir, para contener, para frenar la violencia y la represión, la contención y el freno de la violencia desarrollada por los marchantes genera más violencia, que es lo que está en franca oposición con los contenidos de la nueva Constitución.

En consecuencia, este es un Plan eminentemente represivo, está basado en la Constitución de 1961, cuando se activa y se ejecuta de acuerdo con los supuestos previstos en el mismo, lo que equivale a decir que existía el previo concierto de que su aplicación iba a generar una agresión injustificable para el pueblo.

De tal forma, la decisión de activar el Plan Ávila y su ejecución, que fue una responsabilidad enteramente del Presidente de la República, fue eminentemente inconstitucional; el Plan en sí, igualmente es inconstitucional, y su ejecución debe entrañar las responsabilidades correspondientes del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.

En este mismo sentido sobre el carácter represivo se pronunciaron la mayoría de los interpelados, quienes también declararon en torno a la inconveniencia de la ejecución de dicho Plan. Así tenemos las siguientes declaraciones:

En el desarrollo de estos acontecimientos, recibo una llamada del Vicealmirante Bernarbé Carrero Cubero, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional, quien me recriminó la actuación de la Guardia Nacional y si yo estaba de acuerdo que la institución fuera utilizada para agredir a una marcha pacífica, que el ciudadano Presidente de la República había ordenado la implementación del Plan Avila, con las posibles consecuencias catastróficas de lo que esto pudiera traer en pérdidas de vidas inocentes, que él le había puesto el cargo a la orden en horas de la mañana y que el General de División Manuel Rosendo, Jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional, también le había puesto el cargo a la orden y que en consecuencia, accionara en función de mi discernimiento.[25]

¿Les comunicó por alguna vía que había recibido instrucciones para activar el Plan Avila?

No, nosotros nos enteramos, la Guardia Nacional, fíjense que yo he escuchado aquí en interpelaciones que este problema.. cuando a mí me llama el Almirante Bernabé Cuberos en la tarde, que me dice que él puso su cargo a la orden, que el General Rosendo había puesto su cargo a la orden, oye, qué mayor sorpresa para mí que yo digo, bueno, pero por qué será que Rosendo puso el cargo a la orden, porque si Rosendo es un General que es el del CUFAN, que es un General solidario con los planteamientos del señor Presidente de la República, ah, pero en esa llamada en la tarde que me hace el Almirante Bernabé Cuberos que me dice, mira Alfonso, yo puse mi cargo a la orden y el General Rosendo también, en ese momento es que yo me estoy enterando de que implementaron el Plan Avila, ese movimiento de tanques que había por ahí, esa información de que los tanques habían salido, de que en la mañana se montó toda la implementación, bueno, me estoy enterando después, porque a nivel de la Guardia Nacional nosotros no sabíamos que se había ordenado desde la mañana implementar el Plan Avila, desde la mañana, yo vengo a enterarme con la llamada del Almirante y aquí lo señalo en mi escrito, aquí lo señalo, me entero de la aplicación del Plan Avila. O sea, que de mi Comando natural, mi jefe inmediato, ante esta situación, el General Francisco Belisario Landis, Comandante de la Fuerza, no llamó a su Inspector, bueno, no tenía por qué llamarme a mí, porque yo soy el segundo y yo soy administrativo.[26]

¿Actuó la Guardia Nacional en el cumplimiento del Plan Avila? No, en el Plan Avila la Guardia Nacional tiene una misión específica que cumplir y tiene un área ya determinada, nosotros no participamos en el cumplimiento del Plan Avila, nunca recibimos la orden.[27]

¿Las actuaciones del General Gutiérrez están marcadas dentro del Plan Avila? No, porque ese sitio donde operó el General Gutiérrez, no corresponde al área de trabajo que nosotros tenemos asignada en el Plan Avila, nosotros tenemos otras áreas, esas áreas las cubren unidades del Ejército.[28]

El diputado Tarek William Saab, manifestó ante esta Comisión que el Plan Avila aplicado en 1989 sufrió un proceso de reingeniería para transformarlo de represivo a preventivo o disuasivo. De ser así, ¿cuáles son los cambios fundamentales que le confiere ese carácter disuasivo?

El General Manuel Rosendo, brillante General del Ejército venezolano, uno de los hombres que más horas de vuelo y de clase tienen en esta materia, él vino y dio una explicación aquí magistral de lo que es el Plan Avila, y yo si mal no me recuerdo, él señaló que él estaba en el proceso de hacerle consulta jurídica a la Consultoría Jurídica del Ministerio de la Defensa, porque el Plan Avila en los supuestos planteados, programados y previstos dentro del Plan, no estaba inmerso la filosofía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para mí, General Alfonso Martínez, con 29 años de vuelo en esto y pasando por la óptica y el cristal de lo que señaló el General Rosendo, a quien lo considero un teórico versado de este asunto, el Plan Avila es un Plan represivo, podrán decirme todo lo que quieran decirme, pero ése es un Plan represivo y es tan represivo que para que el Plan Avila pueda entrar en funcionamiento, ya la policía uniformada preventiva se agotó, ya el empleo de la Guardia Nacional en combinación con la policía se agotó, ya van dos escalones, ya el empleo de la Guardia Nacional sola, masivamente, se agotó y después de cubiertos todos estos escalones sale la Fuerza Armada a restablecer el orden público después de cumplir todas estas fases.

Ahora, después de cumplir todas estas fases que la policía no pudo, que la Guardia Nacional más la policía no pudieron, que la Guardia sola empleándose a fondo no pudo, y entonces va a salir el Plan Avila Fuerza Armada Nacional a restablecer el orden público ¿ ellos van a salir a dar una chupetica? Ellos salen a restablecer el orden público empleándose a fondo. Empleándose a fondo en qué sentido, ellos tienen armas, tienen armas de guerra, se van a enfrentar con un grupo de personas que están probadas en los diferentes escalones que no quieren restablecer el orden público y éstos van a salir el Plan Avila a hablar, esa fase del diálogo y de hablar ya pasaron cuando el Plan Avila se implementa, incluso en el Plan Avila dice: empleo de las armas de fuego pasando por el procedimiento previsto en el Reglamento de Servicio en Guarnición.

Entonces se enfrentan con un grupo que no quiere someterse al orden público y hacen armas contra la Fuerza Armada, se comienza con el procedimiento del Reglamento de Servicio en Guarnición, un pito o una sirena, primer aviso, vamos a hacer uso de las armas contundentemente, dos pitos nuevo aviso, tercer aviso y después el mismo Reglamento señala, señores, fuego a discreción, ése es el Plan Avila, ése es el Plan Avila que la Fuerza Armada se pronunció para impedir que se materializara ese día, ése es el Plan Avila que el señor Rosendo, el señor General de División del Ejército Manuel Rosendo, se negó a implementar y yo comparto con él ese criterio, pienso que él razonó bien, razonó como un patriota, se comportó como un patriota, porque evitó. Quién nos dice a nosotros que eso no iba a escalada mayor, después que usted está metido dentro un tanque o está comandando una escuadra de soldados y que el soldado ve que el Teniente cae herido, uno de sus soldados cae herido, cuando esos soldados lo primero que arman es el fusil y ya llevan sus cargas y sus proyectiles en la recámara, quién los controlas, la Guardia Nacional, el mejor ejemplo es eso, la Guardia Nacional.

Si la Guardia Nacional tiene hombres veteranos, tiene 64 años formado en esta materia y todavía a esas tropas que son profesionales que tienen 20 y 30 años de servicio, tienen que tener un supervisor, un controlador chequeando que la gente no haga uso de las armas de fuego y le pasan revista antes de salir, vamos a ver quién lleva proyectiles, vamos a ver, por qué usted lleva FALN, por qué usted lleva pistola, usted si lleva pistola usted lo único que puede hacer es manejar el vehículo y usted tiene que proteger su vehículo, pero esta arma.. y todavía con todo y eso, pasa lo que pasa, qué será con los soldados y tengo entendido que el entrenamiento de los soldados que iban a salir en esa fecha, era de muy reciente data. ¿Qué evitó el General Rosendo? Yo me siento orgulloso de ser amigo y que Dios me dio la oportunidad de conocer al General Manuel Rosendo, con quien he compartido cualquier cantidad de interrelaciones que nos lo da la interrelación de comando.[29]

¿Explique ante esta Comisión si usted estaba de acuerdo con la aplicación del Plan Avila?, ¿Si no es así que ordenes impartió usted a todos sus comandos subordinados para que no cumplieran dichas instrucciones, o no conoció usted la orden para su implementación?

Yo conozco la orden de implementación o el intento de implementación del Plan Avila, en cuando el Vicealmirante Bernabé Cubero Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional para aquel entonces, me llama por teléfono y me informa que habían instrucciones del Presidente de la República para poner en movimiento o en ejecución el Plan Avila, ahí es cuando yo me entero, y me entero porque el Almirante me llama, pero el Comandante de m Fuerza no me lo indicó, no me enteré de todo lo que estaba aconteciendo en el Fuerte Tiuna relacionado con el Plan Avila, y no di ordenes para que las unidades de la Guardia se involucraran en la ejecución del Plan Avila.

Porque yo al igual que el General Rosendo aunque no tengo esa autoridad, no consideraba que estaban materializados los supuestos para que el Plan Avila entrara en ejecución.[30]

Cuarta pregunta. ¿Conoce usted en qué consistía el Plan Avila? Ya ha dicho que sí. Entonces de ser afirmativa su respuesta, responda la siguiente pregunta, General. ¿Ha sido adaptado ese Plan Avila a las disposiciones de la nueva Constitución Nacional?

El General Rosendo aquí nos explicó que lo único que él conocía de adaptación, era una solicitud que él le hizo a la Consultoría Jurídica del Ministerio de la Defensa para ver si el Plan Avila, tal cual está, se adaptaba o no al nuevo texto constitucional, es la única persona que nos ha explicado, que ha tratado de hacer algo para adaptarlo a la nueva Constitución. No voy a repetir aquí algo que usted debe haber visto ya en las interpelaciones pasadas del 238 y 239 de la Constitución y el 68 del derecho a manifestar de forma pacífica.[31]

¿Conoce usted en qué consiste el Plan Avila? De ser afirmativa su respuesta, responda: ¿Ha sido adaptado este Plan a las disposiciones de la nueva Constitución Nacional? No ha sido adaptado a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque en la Constitución hay una serie de artículos que dicen y que prohiben el uso de armas de fuego y agentes químicos para contrarrestar las marchas pacíficas. Ese Plan de lo que yo sepa y confirmo lo señalado por el General Rosendo, de lo que nosotros sabemos que se está haciendo el intento para readaptar ese plan al nuevo marco de la Constitución Nacional, lo que se ha adelantado es lo que hizo el General Manuel Rosendo responsablemente, él dijo, bueno señores, aquí tenemos algo que no cuadra, el Plan dice una cosa, fue hecho con la Constitución del 61, ahora la Constitución del 99 señala otra cosa, cómo vamos a integrar esto con lo de la Constitución. Bueno, él solicita a la Consultoría Jurídica del Ministerio de la Defensa que le aclare eso y le escuché al General Rosendo que es un maestro en estas cuestiones de planes y de esta cuestión, si hay alguien capaz de lograr que eso se adapte en base a la Constitución pasando por los criterios jurídicos, ése es el General Rosendo, ése tiene todas las credenciales para eso y veo que él manifestó que estaba en esa dirección, pero para el momento eso no se ha logrado.[32]

Ustedes se negaron a aplicar el Plan Avila por estar persuadidos que este Plan persigue objetivos militares, como son defensa y ataque, y además sabían que esa orden presidencial era inconstitucional, porque el Plan Avila busca un enemigo que en este caso no era la marcha pacífica de la sociedad civil. Estos son sus considerando y como usted me dijo que hacía la pregunta y usted mismo la concluía.

Ustedes se negaron a aplicar el Plan, es que a nosotros ni siquiera nos invitaron a la cuestión del Plan Avila, nosotros nos enteramos del Plan Avila cuando recibimos en la tarde la llamada del Almirante Bernabé Cubero y es donde nos dice que el Presidente de la República había ordenado la implementación del Plan Avila y que esto podía traer resultados catastróficos, eso está en el escrito. Y la explicación del contenido del Plan Avila para superar lo expuesto aquí por el General Rosendo es bien difícil, porque es un experto en esta materia.

Yo señalé en otra respuesta que nosotros consideramos que el Plan Avila no es disuasivo y di una explicación por qué.[33]

¿Quién es el responsable de coordinar con la Guardia Nacional la implementación del Plan Avila. De implementarse el Plan Avila, eso nos tiene que llegar a nosotros por la vía del Comandante General de la Fuerza, en este caso, del General Francisco Belisario Landis, y llega a la Fuerza, le llega al General Bolívar por la vía del Comandante General de la Fuerza. El primer responsable operacional de la Institución es el Comandante de la Fuerza y el segundo el General Bolívar Ramírez.

¿Quién es el responsable de coordinar con la Guardia Nacional, la implementación del Plan? Si se va a implementar el plan debe de venirnos esas órdenes por nuestro Comando natural que en este caso es el General Belisario. El General Camacho Kairuz era el Viceministro de Seguridad Ciudadana, su principal tarea era coordinar junto con la Policía Metropolitana y las policías municipales las operaciones de control de orden público, sumado a esto encontramos la actitud del General Jefe del CUFAN, Manuel Rosendo, encargado de ejecutar el Plan Avila, cuya primera fase es disuasiva. Si ambos generales estaban conspirando, como lo demuestran sus actuaciones, ¿no cree usted que fue éste un factor determinante en la confusión reinante durante los tristes episodios del jueves 11 de abril?[34]

A las 16 y 30 de la tarde del día 11 de abril del 2002 encontrándome en mi residencia recibí repetidas llamadas del General de División Vázquez Velasco para que me reuniera con él en el Comando General del Ejército, me uniformé y en la ruta le informé que me dirigía al Comando de las Escuelas del Ejército. El General de División García Carneiro activa el Plan Avila con instrucciones de defender al Presidente a todo trance, el General de Brigada González Cárdenas se entera de la situación y va a hablar con el General de División García Carneiro quien no acepta sus recomendaciones de la inconveniencia del cumplimiento de tan irracional orden, entre paréntesis es necesario aclararle a la Nación que esta orden significaba unir la acción de nuestros soldados con la gente de los círculos bolivarianos que estaban apostados en las cercanías de Miraflores o en algunos lugares a lo largo de la ruta para reprimir al pueblo.[35]

El Segundo Comandante Inspector General del Ejército, General de División José Félix Ruiz Guzmán recibe una llamada del General en Jefe Lucas Rincón Romero quien le notifica que tome el mando del Ejército por cuanto el General de División Vázquez se había pronunciado en contra del Presidente, lo cual hasta el momento es completamente falso, por cuanto el General de División Vázquez Velazco se encontraba en el sector. El General de División Ruiz Guzmán le notifica a los comandantes, le notifica al mismo tiempo al General Lucas Rincón Romero que los comandantes de unidades se niegan a cumplir el Plan Avila, salen algunos tanques y el Presidente Chávez continúa dando órdenes directas por radio bajo las órdenes en la Red Tiburón.

El General de División, Segundo Comandante hace contacto con el Teniente Coronel Cepeda, Comandante del Batallón Ayala, y conjuntamente con otros oficiales que ya se encontraban en Miraflores y le ordena regresar al Fuerte Tiuna, lo cual lo hace al poco tiempo. Es de hacer notar, de cuerdo a mi experiencia lo contradictorio, arriesgado y letal el intento del uso total y uso parcial de la Fuerza Armada Nacional, contra el pueblo, al tratar de activar el Plan Avila, experiencia ésta basada en mi conocimiento del Plan Avila como Comandante de la Unidad de Tarea conjunta Bolívar, cuando me desempeñaba como Segundo Comandante en Jefe del Estado Mayor de la 31 Brigada de la Tercera División de Infantería, consecuencias de la activación del Plan Bolívar el 27 de febrero del año 1989, del Plan Avila, perdón. Mi experiencia como Segundo Comandante del Regimiento de la Guardia de Honor en noviembre del año 1992, sobre el control de fuego por parte de unidades militares de combate o servicio, empleadas directamente en el control de orden público sin el equipamiento adecuado. Conocimiento de la doctrina militar para el empleo de las unidades, conocimiento de los procedimientos operativos vigentes en este sentido.

Luego de neutralizar la activación del Plan Avila, la solución final, supongo, del señor Presidente Hugo Chávez Frías se concentran los comandantes de unidades tácticas de la Tercera División de Infantería, a orden del General de División, Efraín Vázquez Velazco, quien inmediatamente inicia sus preparativos para hacer saber al Presidente, en compañía de un grupo de generales, sobre su pronunciamiento de desconocimiento de la autoridad del mismo, por la violación de los derechos humanos, debido a la decena de muertos ocasionados, presuntamente por los grupos bolivarianos durante la marcha de la oposición, tal como lo había hecho espontáneamente la Guardia Nacional, me refiero al pronunciamiento que había hecho la Guardia Nacional antes que el Ejército.[36]

El Plan Avila. Aquí se habló de la reingeniería del mismo, ¿qué es esto? Señores, el Plan Avila para mí es un plan represivo e inconstitucional. El objetivo final del Plan Avila en el último caso es que un soldado tome su armamento y defienda su posición a todo trance y a todo trance significa pasar de acuerdo a los procedimientos por decir estoy armado, decir tengo un pito, estoy armado, hacer tres disparos al aire, y en última instancia atacar a todo lo que se le acerque, poner a las tropas en contacto con personal civil y más en una situación de estas, indudablemente es un peligro, no importa la reingeniería que haga, pero un soldado, por ser soldado y no guardia nacional, por supuesto tiene que tener un equipamiento individual y ese equipamiento individual del soldado implica un fusil, un fal, un FAP, una ametralladora, pero es un arma de guerra y no es para combatir ni para ser utilizado en ese sentido.

De tal manera que esa reingeniería, por supuesto respeto al que lo está tratando de hacer, hay que hacerla. Yo pienso que deben tomarse, diríamos medidas, con el objeto de garantizar en función de nuestra Constitución esa reingeniería debe hacerse a corto plazo o mejor dicho, mantenerla vigente en caso de que se presente cualquier situación de orden público en la cual estén desbordadas la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, que es la última instancia para activar ese plan.[37]

¿Qué cuota de responsabilidad asume usted en esta honorable Comisión Especial y ante el país de su comportamiento, participación en el derrocamiento del Presidente Hugo Chávez Frías?

No asumo ninguna responsabilidad en ese sentido, la única responsabilidad que yo asumo señores con toda responsabilidad, valga la redundancia, es que yo en el Comando de las Escuelas no permití que las tropas saliesen a la calle a masacrar al pueblo, eso yo lo hice señor diputado y asumo toda la responsabilidad, porque conozco el Plan Avila, conozco sus consecuencias, conozco al pueblo, sé lo que estaba pasando y conozco muy bien al señor Presidente de la República y la situación que estaba en ese momento.[38]

¿Cuál fue la orden que le dio a un subalterno del Ejército y que fue ratificado por el General Efraín Vásquez Velazco en contra del General Jorge García Carneiro?

Yo le voy a decir lo siguiente. Yo llegué, como le dije en mi relato, a Fuerte Tiuna a eso de las 4 y media, un cuarto para las 5, algo así y ya estaban activando el Plan Avila.

Una de las instrucciones, o mejor dicho el acuerdo que tuvimos allí al consenso era detener el Plan Avila, definitivamente había que detenerlo el General González cárdenas fue a hablar con el General García Carmeiro y el General García Carneiro no quiso oír la posición del General González Cárdenas, la decisión del consenso fue: hay que traer al General González Cárdenas para acá y lo fue a buscar el Almirante Carrero cubero.

Hay comentarios y se los digo aquí con toda sinceridad de que el General González le dio una orden de que le pusieran esto, la situación es que si usted tiene un comandante dando órdenes para causar daño o causar muerte o a quien sea, tiene que tomar las medidas para evitar que eso pase y una de las medidas era dialogar con ellos, mire, por favor, no saque los tanques. Lo que haya pasado con él en el carro, ahí está el Almirante Carrero Cubero, no sé qué pasó.[39]

¿Ha sido modificado el Plan Avila para cambiarle su naturaleza represiva y darle un carácter disuasivo? En primer lugar, aquí se habló de una reingeniería, yo tengo aproximadamente 4 años que vi el último Plan Avila, pero la cuestión es que la misión sigue siendo la misma, si se cumplen las suposiciones de que habló aquí el General Rosendo, cualquiera de ellas, cuando lo activen, el objetivo final va a ser un soldado con un fusil enfrente de alguien que no tiene la misma proporcionalidad en términos del armamento que porte. Excepto que sea otro tipo de actividad, a lo mejor guerrilla urbana o algo así, pero la situación es que el Plan, como objetivo final definitivamente es el enfrentamiento de un elemento, de un soldado preparado para combatir en una guerra convencional o una guerra regular, con personal civil.

¿Las armas de guerra de nuestras Fuerzas Armadas y los tanques pueden ser considerados medios disuasivos ante alteraciones del orden público?

En absoluto. Yo pienso que excepto que, no yo no pienso, disuasivo puede ser un tanque y un batallón si yo lo coloco en la frontera en un determinado lugar, eso si es disuasión abierta en cuanto a un elemento igual allí, pero si usted coloca la Policía, la Guardia Nacional con su equipamiento dividido enfrente de, o en un lugar donde exista desorden público o cualquiera de estos características en una actividad pública, libre, como en este caso, eso sí puede ser considerado un elemento de disuasión. El elemento equipado, el hombre equipado con los instrumentos adecuados para efectuar el control con personal civil, desarmado o en menos condiciones de defensa que las que él pueda tener.

Por último. En la última pregunta, en cuanto al uso de las armas, el Artículo 55, Segundo Aparte de la Constitución, prevé “que los cuerpos de seguridad respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte de funcionarios policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad conveniencia oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.” Este último puntico de aquí abajo, esta característica cuando dice, “estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad” es donde entra a jugar el papel fundamental de decir, el ejército y los soldados no son para control de orden público. Señor Presidente es todo.[40]

General Néstor González González: Primera pregunta. ¿En alguna parte del Plan Avila, parte del Plan Soberanía, está prevista la orden de disparar contra la población? ¿Sí o no?

Indudablemente en ese plan no estaba o pudieran estar algunas indicaciones en instrucciones de coordinación de ese Plan, pero hay un procedimiento establecido por reglamento, en el cual las tropas, una vez que están en contacto o están fuera o están independientemente actuando, deben seguir reglas antes de disparar un arma de fuego, o sea, que no se puede afirmar que hay un patrón normal o un patrón uniforme para decir utilice el arma en este caso o en el caso o en un determinado caso.

Existen normas, como dije anteriormente en términos de pasos que deben cumplirse antes de utilizar el arma de fuego, particularmente cuando se encuentran en contacto con personal civil e inclusive cuando esas tropas tienen armamento y están cumpliendo funciones de centinela.

Entonces, no se le puede decir taxativamente en una orden de operación, usted disparar al ver esta situación porque, Diputado, definitivamente cada situación tiene su posición y cada hombre, individualmente para eso lo forman dentro del período de entrenamiento, de hacerlo saber, entender cuándo él debe utilizar un arma de fuego y cuándo no.

La condición sine qua non es que su vida, su propia vida está en peligro, en ese momento él debe utilizar el arma de fuego, de lo contrario sería por diferentes pasos.

Al contestar una pregunta en relación al acto criminal o matanza premeditada que se realizó a los alrededores del Palacio de Miraflores en la Avenida Urdaneta y Baralt, se refirió a la participación de agentes externos, nos puede ampliar esta opinión o hipótesis de dichos agentes.

Yo pienso que pudiese ser, no sé, digo yo, alguien que no estuviese bajo el control de un determinado grupo o independientemente y sea un fanático de cualquiera de los grupos que por su ideología o por su pasión por el grupo que sigue, pudiese haber provocado una tragedia y eso sirviese de detonante.

El problema en este caso es que fueron demasiados, por lo que he visto en la televisión, fueron no un agente, eso lo deberíamos aplicar en un agente esporádico sino fueron muchos y no he visto las experticias en cuanto a las posiciones de tiro, etc., etc., vi los videos, sé dónde había un grupo y eso obliga a uno a pensar que había un lado, por lo menos uno, identificado que tenía una actitud de esa naturaleza.

Con los soldados pasa exactamente igual o parecido, cuando están armados. Si alguien dispara, hiere a un soldado o lo mata por X razón en una multitud de esas, el resto de los soldados automáticamente empiezan a disparar, imagínense lo que hubiese causado el Plan Avila en ese caso, no es una pregunta, pero quiero relacionarlo con esto.[41]

General Néstor González González: El Plan Avila ha sido acusado por usted de represivo. Aquí mismo el General Rosendo admitió que no se trata de un plan represivo, ¿miente el General Rosendo? Yo no tengo por qué desmentir al General Rosendo. Yo dije que aquí el elemento final del Plan Avila es represivo, porque el objetivo final es un soldado parado con un fusil, con un arma de guerra enfrente de una persona desarmada, esa es la parte represiva.[42]

¿Mencione los Comandantes que se niegan a cumplir el Plan Avila que usted indicó al inicio de la interpelación?

Todos los Comandantes que estaban en Fuerte Tiuna pasaron a la orden Segundo Comandante de Ejército, hay que preguntarle es a Luis Guzmán, pero son todos los comandantes.[43]

Muchos han hablado del Plan Avila y lo han explicado a su manera o conveniencia, pero hasta el momento nadie ha hablado de la condición sine qua non de un plan.

La diferencia fundamental y eso lo sabemos nosotros los miembros de la Fuerza Armada, entre un plan y una orden, es el párrafo 1D, suposiciones. Si no se dan una o varias de ellas, entonces no se ordena su ejecución.

Podemos discutir posteriormente en detalle lo relacionado a las suposiciones que podrían dar origen al Plan Soberanía, que la Guarnición de Caracas se denomina “Plan Soberanía Avila”.

Como Comandante, no solamente puedo considerar estos factores sino que en mi apreciación, tomé en cuenta otros factores que detallaré a medida que haga la descripción, con especial referencia a que el derecho a la vida es un derecho natural e inviolable.

Según el párrafo 3, ejecución y su párrafo A, inciso 1, maniobra. El plan se ejecutará, empleando para ello los comandos de guarniciones militares del país y a ellos se les asigna las zonas de operaciones, motivo por el cual hice la introducción, refiriendo los niveles estratégicos, correspondiéndole a la guarnición de Caracas, comandada por el Inspector General de la Fuerza Armada, cuyo titular para el momento de los hechos era el General en Jefe Lucas Rincón Romero, según decreto 1.360 del 4 de julio del 2001, quien dicta sus instrucciones para la ejecución del Plan Soberanía Avila, en la situación de Caracas y de la Zona de Operaciones Número 1, a través de su jefe de Estado Mayor de la guarnición y Comandante de la Fuerza de Tarea conjunta Avila, que comanda el General de División Jorge García Carneiro.

En ese mismo párrafo de ejecución, subpárrafo, instrucciones de coordinación, establece que la ejecución del Plan Soberanía será ordenada por el Inspector General de la Fuerza Armada o por el Comandante del Comando Unificado de la Fuerza Armada Número 1.

En el momento más crítico, el ciudadano Presidente de la República se encontraba en cadena nacional. Ante la indecisión del Alto Mando Militar, que describiré posteriormente, y después de hacer mi apreciación como Comandante del Plan rector Soberanía, tomé la decisión y asumo mi responsabilidad de no ordenar la ejecución del Plan Avila en la guarnición de Caracas, atendiendo al artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prohíbe el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones.

Insisto, la Fuerza Armada Nacional no solamente tiene armas de fuego sino que tiene armas de guerra.

Muchas personas exigen que se averigüe si la Fuerza Armada tiene un plan para masacrar a los ciudadanos. Ya obtuvieron su respuesta, el propio día 11 de abril de 2002.

La Fuerza Armada Nacional, de la cual me siento orgulloso en pertenecer, ya se la dio y el pueblo lo entendió.

Otras personas dicen que yo estaba conspirando y por eso no ordené el Plan Soberanía.

Les puedo decir con toda responsabilidad que entre el deber de ordenar un plan y el deber de preservar lo más preciado que tiene una persona, que es su vida, opté por respetarle la vida. No solamente y como se ha dejado ver, la de las personas que iban en la marcha de Chuao a Miraflores sino también de las personas que se encontraban en las adyacencias de Miraflores, además de preservar la vida de mis soldados y profesionales, porque nadie puede decir que allí no iba a pasar nada.

En todo caso, opté por el menos malo del daño que se pudiera causar y hoy en día la Fuerza Armada Nacional no carga sobre sus hombros y tiene bajo su conciencia esas muertes, producto de tan lamentable hecho y como Comandante tuve en consideración además, el artículo 34 de los deberes de los militares, que dice:

“Antes de dar una orden es preciso reflexionar para que no sea contraria a las leyes o reglamentos vigentes y así, de que esté bien concebida y sea ejecutable con el menor número de tropiezos o roces, evitándose así incluplimiento por parte de los superiores”, y lo que es más perturbador, tener que dar contraorden.

En el Artículo 35 de los Deberes de los Militares se establece: “que el ejercicio del mando debe llevar en germen el firmen propósito de cumplir la misión o tarea recibidas sin tratar de eludir responsabilidades, traspasándola a los subordinados”. En mi caso no traspasé mi responsabilidad a los subordinados, sino que asumí mi responsabilidad de no ordenar el Plan Soberanía.

En el mes de octubre del año pasado ordené a mi Estado Mayor la revisión de algunos planes y entre ellos el Plan Rector Soberanía y los planes que de él se derivan. Luego de estudiarlos me recomendaron que se hacía necesario su adaptación a los preceptos constitucionales que definen nuestra participación en orden pública. Solicité al Consultor Jurídico del Ministerio de la Defensa, quien acusó recibo el 18 de febrero del 2002 con una serie de observaciones de forma, y en la discusión el Coronel Antonio Paredes Matheus, Jefe del Departamento me manifestó que en el anteproyecto de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional se define mucho de esos aspectos y existían disposiciones transitorias en la Constitución que eran de obligatorio cumplimiento por parte de la Asamblea Nacional. Con el equipo de abogados se estudió esa normativa legal y podemos citar aspectos que sugiero sean consideradas por esta Comisión que estudia la verdad de los hechos que mencionamos, por cuanto que esa omisión de la Asamblea Nacional pudiera haber creado los elementos necesarios para evitar hechos lamentables, como los que hemos vivido y pudiera ser significativo en lo sucesivo.

En la Disposición 4, Numeral 9 de las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional, cito “Dentro del primer año contado a partir de su instalación la Asamblea Nacional aprobará la Ley de Cuerpo de Policía Nacional en perfecta concordancia del Artículo 332 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, de los órganos de seguridad ciudadana. Cito: “El Ejecutivo Nacional para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familia, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará un cuerpo uniformado de policía nacional”.

Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos sin discriminación alguna. Con lo cual se le daría respuesta al artículo 68 de la Constitución, que expresa: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otro requisito de lo que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Es decir, de acuerdo con nuestra Constitución, los órganos de seguridad tienen esta responsabilidad y esta honorable Asamblea Nacional debería tomar cartas en el asunto, porque considero que está en mora en un hecho bastante fundamental para nosotros, los ciudadanos venezolanos.

¿Qué ocurrió el 11 de abril del 2002? Una gran pena nos embarga, hay que decir la verdad, pero para ello debemos remontarnos a los antecedentes que nos trajeron hasta aquí, para que de esa manera se formen una mejor idea y en consecuencia arriben a las conclusiones íntimas que a cada uno de ustedes le merezca mi descripción de los hechos.

Comienzo por decir que cuatro cartas le escribí al Presidente de la República en distintos momentos, y hay una quinta que no llegó.

Cuando se presenta y arrecia la situación del paro petrolero, se nos ordenó diseñar un plan para la contingencia. En la medida de nuestras limitaciones se seleccionó al personal militar que estuviese mejor calificado, por tener además de la profesión militar otra profesión, procurando que en lo posible hubiesen hecho algún postgrado, todo ello con la idea de coadyuvar con la industria petrolera en lo que pudiese, ya que la situación para nosotros en ese campo era bastante difícil. Mas sin embargo, nos dispusimos a colaborar.

El día 7 de abril del 2002 fui invitado para acompañar al Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional a la exposición del plan en referencia que se le haría al ciudadano Presidente de la República, varios de los ministros y al exPresidente de PDVSA, doctor Gastón Parra Luzardo, exposición que hizo por la Fuerza Armada Nacional el Vicealmirante Bernabé Carrero Cubero, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la institución, recibiendo su aprobación.

Luego, entró otro grupo de personas, entre las cuales logré identificar al diputado Nicolás Maduro, a la ciudadana diputada Cilia Flores, al Gobernador del estado Táchira, Ronald Blanco La Cruz, al Gobernador del estado Sucre, doctor Ramón Martínez, y al diputado Ismael García, quien hizo una exposición en nombre del grupo antes mencionado, y en la cual se determinó, entre los siete puntos que presentaron, la forma de cómo contrarrestar las acciones de las personas de las personas de la industria petrolera y las que participarían en el paro anunciado el día sábado 6 de abril, por el ciudadano Carlos Ortega en representación de la CTV.

Allí se expusieron varios puntos, entre los cuales se destacó la utilización de los círculos bolivarianos en forma contundente, tanto en las instalaciones y dependencias petroleras, así como en las áreas donde se efectuarían las concentraciones.

Fíjense ustedes, ante esta situación, y un planteamiento que hizo un ciudadano diputado, el señor Presidente tuvo una gran preocupación y este grupo tuvo que salir rápido de esa reunión por la magnitud de la decisión que habían tomado, decisión que prefiero no decirlo porque en este momento para Venezuela traería unas consecuencias bastante lamentables.

Fíjense ustedes la diferencia de las exposiciones. La Fuerza Armada Nacional ofrecía su apoyo con personal muy calificado académicamente, con deseos de aprender, obtener nuevas experiencias y dar un aporte al país. Mientras que ese grupo, antes identificado, presentaba un plan de acciones agresivas para contrarrestar a otros venezolanos.

Y mayor preocupación sentí cuando el ciudadano Fiscal General de la República, doctor Julián Isaías Rodríguez, presente en esa reunión, convalidó a ese planteamiento con su silencio, no alertó, no hizo oposición alguna contra tamaño atropello que se pretendía cometer sobre un grupo de venezolanos manifestantes, obligándose de su obligación de prevenir y sancionar los hechos que colidan con la ley, así como poner en práctica una de sus principalísimas atribuciones, que es la de garantizar y ser respetuoso de los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos, por demás derechos también establecidos en tratados, convenios, pactos y acuerdos firmados y ratificados por nuestro país.

Este plan de acción comienza a evidenciarse cuando el día lunes, 8 de abril del 2002, unos ciudadanos pertenecientes a los ya referidos círculos bolivarianos, fueron expulsados por las personas que se concentraron frente a las instalaciones de PDVSA-Chuao, hecho este observado a través de las distintas pantallas de televisión.

El día 10 de abril de 2002, en horas de la mañana, fui llamado a una reunión en el despacho del General en Jefe Lucas Rincón Romero, y entre otros temas sobre el desarrollo del paro, el General Francisco Belisario Landis, Comandante General de la Guardia Nacional, comentó sobre las acciones que realizaría el día 11 de abril en horas de la madrugada, sobre las instalaciones de PDVSA Chuao, área sobre la cual, según sus palabras, el Comandante del CORE 5, General Eugenio Gutiérrez Ramos, tenía todo un estudio realizado sobre dichas instalaciones, con el propósito de no permitir e impedir a toda costa la concentración prevista.

Es de hacer notar que en ese momento, aun no se conocía de la convocatoria de la marcha del Parque del Este a la Plaza PDVSA Chuao.

El General en Jefe, Lucas Rincón, pidió opinión al respecto y le dije, que no estaba de acuerdo por cuanto yo, que era el responsable de coordinar las acciones de seguridad, no estaba en cuenta de ello, y no se me había consultado nada de eso.

Además, le referí, que el derecho a manifestar estaba vigente, es así que ante ello pregunté al General Jorge García Carneiro, Comandante de la Tercera División de Infantería y Jefe del Estado Mayor de la Guarnición de Caracas y al General Wilfredo Ramón Silva, Comandante de la 31 Brigada de Infantería, presentes en esa reunión, si sabían algo de lo expresado por el Comandante General de la Guardia Nacional y éstos manifestaron que no tenían información al respecto.

En ese instante, el General Belisario me dijo, “entonces no le cumplo la orden al ciudadano Presidente de la República”. A lo que le contesté, yo no puedo prohibirle eso a usted, pero por lo menos coordine, de manera tal que si la Guardia Nacional es sobrepasada, nosotros estemos en cuenta de lo ocurrido, porque en ese sector, si no han cambiado los planes, esa área está bajo responsabilidad de otra unidad y si el Comandante no conoce esa situación, entonces cómo actúa con eficiencia.

Posteriormente el General Belisario Landis, se reunió con el Alto Mando de la Guardia Nacional, quienes le informaron sobre el posible escenario que se podría presentar durante esa marcha y la forma como la Guardia Nacional podría contribuir en el control de la misma.

De esa reunión se conoció de un fuerte impasse entre los generales de división de ese componente, quienes manifestaron su desacuerdo con la acción propuesta por el General Belisario Landis, en relación a la toma de PDVSA Chuao, por cuanto comprometía al componente Guardia Nacional y la dejaría muy mal parada frente al pueblo venezolano, generándose otras opiniones, el hecho comunicacional notorio del pronunciamiento de un oficial general de esa fuerza, alertando sobre la inconveniencia de esa situación.[44]

Me comuniqué telefónicamente con el ciudadano Presidente de la República y me preguntó acerca del Plan Avila, y le alerté que según la apreciación de la situación, en mi criterio resultaba inconveniente la activación del mismo. Al respecto le pregunté, si había recibido y leído la carta que le envié en la mañana, él me respondió afirmativamente y me indicó que entraría en breves instantes en una cadena nacional y que en ella haría referencia a lo que le había escrito en ella. Además, no dejé pasar la oportunidad en referencia al Plan Avila, para insistirle que las tropas portaban armas de guerra y en gran parte eran tropas nuevas que apenas habían finalizado el período individual del soldado y por lo tanto no estaban entrenadas para el control de disturbios y manifestaciones, no contaban con escudos protectores y bombas lacrimógenas suficientes, y lo más importante era que la marcha aún continuaba en forma pacífica.

En mi apreciación, resultaba relevante que la Guardia Nacional estaba bajo su comando natural y debería accionar hasta tanto no se dieren una o varias de las suposiciones establecidas para la activación del Plan Avila, razón por la cual no consideré prudente en ese momento sugerir la implementación del referido plan.[45]

En mi apreciación de conducción me pregunté: ¿Por qué entonces aplicar el Plan Avila, si la marcha pacífica fue saboteada, y por tanto dejó de ser pacífica? ¿Pero por quién fue saboteada? No me corresponde a mí determinarlo. Y en todo casi, si se ordenase el Plan Avila ¿contra quién iría a aplicarlo? Y pensé: esta es una situación sui géneris, que creo sólo ocurre en Venezuela y no sé si habrá pasado en otro lugar del mundo, ya que normalmente en estas acciones son los órganos de seguridad del Estado los que están de un lado, y del otro los manifestantes. Pero esta vez estaríamos en el medio de los dos grupos, agregándole un nuevo elemento que podría ocasionar consecuencias impredecibles. Entonces, ¿contra quién actuar? ¿a quién reprimir?

Entendí, y era extremadamente claro para mí, que todos somos venezolanos. De allí mi firme resolución de no ordenar la ejecución del Plan Soberanía, que en la ciudad de Caracas se denomina Avila.

En un tiempo después me informaron que el ciudadano Presidente de la República deseaba hablar conmigo por teléfono. No atendí ese llamado, por cuanto no entendía cómo el ciudadano Presidente de la República me llamaba si lo estaba viendo en su mensaje por cadena. Luego, en mi comando recibí una llamada del general García Carneiro y me dijo: el Presidente me ordenó el Plan Avila y saqué los tanques. Y le dije: bueno general, asuma su responsabilidad.[46]

¿Es el Plan Avila un plan disuasivo o represivo? El Plan Avila es un plan de operaciones conjuntas, operaciones militares conjuntas, que tiene como misión restablecer el orden público, el Plan Avila, lógicamente dentro del espíritu de la Fuerza Armada es un plan disuasivo y el Plan Avila una vez que se ejecuta debe estar basado en una de las suposiciones que establece el Plan Soberanía, sobre todo, cuando las manifestaciones son violentas y han sobrepasado a los organismos de seguridad del Estado. Yo podría explicar completamente el Plan, en lo que se refiere a las suposiciones, en caso de que lo requieran, pero sí es un Plan disuasivo, más, sin embargo, es bueno señalar que el Plan Avila hoy en día y ya lo narré en mi exposición está siendo sometido a su adaptación, a la constitucionalidad de acuerdo a los preceptos establecidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela.[47]

General Manuel Rosendo: Muchas gracias Diputado Tablante. A qué hora le ordenó el Presidente de la República aplicar el Plan Avila?, qué razones le dio el Presidente para su aplicación? ¿por qué se negó a cumplir la orden del Presidente de la República Hugo Chávez Frías y aplicar el Plan Avila?. El ciudadano Presidente de la República en ningún momento me ordenó la aplicación del Plan Avila. Cuando se desarrolló la marcha ya yo informé que yo no formaba parte de la Red Tiburón, por tanto no tenía conocimiento ni tenía radio y todas mis comunicaciones con el señor Presidente fueron por teléfono, en todas le indiqué que no había, no se daban las suposiciones y las condiciones no estaban para que se aplicara el Plan Avila, es decir, el señor Presidente no me ordenó a mi el Plan Avila, sino que de acuerdo al Plan Soberanía, las únicas personas o las personas que tienen la responsabilidad de ordenar el Plan Soberanía es el Inspector General de la Fuerza Armada o el Comandante del CUFAN. Yo hablé con el señor Presidente antes minutos antes de que él entrara a la cadena, es decir, en ese instante yo tuve comunicación permanente con el señor Presidente, pero quiero decirles con toda honestidad y responsabilidad que el señor Presidente a mi no me ordenó el Plan Avila, fui yo quien tomó la determinación de no ordenar la aplicación del Plan Avila, porque estaba, dentro de acuerdo al Plan Soberanía, dentro de mi potestad ordenarla.

El Presidente dijo que el día 11 usted no quiso aplicar el Plan Avila y que se le había desaparecido ¿dónde estaba usted y por qué abandonó al Presidente?

En verdad yo expliqué que no se me ordenó el Plan Avila en ningún momento, las conversaciones con el señor Presidente de la República siempre fueron para manifestarle que de acuerdo a mi apreciación no estaban dadas las condiciones para la aplicación del Plan Avila, primero no estaban las suposiciones, que es la condición, sine qua non para que un plan se convierta en un orden y las comunicaciones siempre fueron por teléfono y una vez que él entra en cadena lógicamente no pudimos tener comunicación, es decir, de acuerdo al Plan Avila, perdón, el Plan Soberanía, el Comando del Plan Soberanía está determinado en la Oficina, aquí lo dice, el puesto de comando principal funcionará en la sede del Comando Unificado de la Fuerza Armada, yo me mantuve en mi Comando y la mayor parte del tiempo me mantuve junto con el Alto Mando Militar, es decir, mal podría yo habérmele desaparecido al señor Presidente cuando instantes o momentos antes de que él entrara a la cadena tuve la última conversación telefónica con él.[48]

Quiero aclarar que el Plan Soberanía lo comanda el Comandante del CUFAN, el Plan Avila corresponde a la zona de operaciones N° 1 que es la Guarnición de Caracas, es decir, cuando yo me refiero a que el Comandante del Comando Unificado de la Fuerza Armada comanda el Plan Soberanía me refiero a todo el país, las 26 guarniciones.

Como Comandante del CUFAN dirijo verdad las acciones que se desarrollan en las 26 guarniciones militares, es decir, no me concentro únicamente a la ciudad de Caracas, por eso es que la ciudad de Caracas tiene un plan que, cuya responsabilidad como Comandante de la Guarnición corresponde por decreto durante esos días al ciudadano Inspector General de las Fuerzas Armadas, no me corresponde a mí, a mí me corresponde el Plan Soberanía que abarca todo el territorio nacional.

En lo que se refiere a Caracas pues tiene la particularidad que el Inspector General de las Fuerzas Armadas es el Comandante de la Guarnición de Caracas y por lo tanto cuando referimos los niveles estratégicos que yo expliqué inicialmente pues lo hago en ese sentido, de allí fue que di mi explicación para que todos tuviéramos una referencia.

No podemos explicar un plan si no nos basamos en lo que es la doctrina, no podemos explicar un plan si nosotros no tomamos en consideraciones las suposiciones, difícilmente yo puedo crear una matriz de opinión, preguntarle a una personas en la calle qué si estuvo bien o no la aplicación del Plan Avila.

Es decir, tenemos que, nosotros los militares y mis oficiales, y todos los oficiales de las Fuerzas Armadas sabemos eso que nuestro plan es producto de una apreciación y de toda una secuencia de comando y estado mayor, donde cada uno tiene que hacer su análisis, misión, su guía de planeamiento, hacer sus apreciaciones, sus recomendación, su decisión, el concepto de la operación y de allí se deriva un plan, es decir, un plan no sale de la noche a la mañana no, es un estudio completo de estado mayor o de plana mayor dependiendo pues el nivel donde se este realizando el plan.

No podemos estar explicando el plan alegremente y a conveniencia de cada quien lo he explicado, es decir, el Plan Avila qué si se aplicó o no se aplicó bien, y personas que no tienen conocimiento de lo que es un plan están haciendo explicaciones y refiriendo que sí se aplicó bien o no se aplicó bien.

No señores hay que tomar en cuenta, como Comandante yo tengo que hacer una apreciación de situación de conducción, por eso me lo enseñan a los estados mayores, entonces un plan no se pueden referir en la forma alegre como se están refiriendo acerca del Plan Avila. El Plan Avila si lo vamos a estudiar tenemos que partir por el principio de las suposiciones, párrafo 1D.

Si no se dan unas de esas suposiciones no importan misión, no importa lo demás, no importa misión, no importa alzarse, no importa nada, tiene que darse como condición sine qua non una o varias de esas suposiciones para que un plan pueda ejecutarse.

De allí que un plan como diferencia de una orden, habla cuando el párrafo misión en la contesta del cuando habla del día d, a la hora h verdad, sé va aplicar ese plan cuando una o varias de las suposiciones se den, entonces yo he visto como alegremente por televisión cada quien expresa opiniones sobre el plan cuando no se ha ido al factor fundamental de lo que es el plan.

Y nosotros como miembros de las Fuerzas Armadas sabemos que existen unos niveles estratégicos, donde le corresponde al Comando Unificado de la Fuerza Armada la responsabilidad del tercer nivel estratégico de estado, que es el nivel operacional que establece la relación entre la estrategia militar que se realiza a través de la Junta Superior y el Jefe de Estado Mayor conjunto, basado en el concepto estratégico nacional que produce el Consejo de Defensa Nacional, de allí el Comando Unificado dirige lo que es el tercer nivel de la conducción del estado, que es el nivel estratégico operacional.

El Comandante del CUFAN dirige los teatros de operaciones y la conducción de las operaciones se hace a través de los teatros de operaciones, en lo que se refiere al Plan Soberanía se determinan ya que no hay las condiciones como para designar un teatro de operaciones, que es un espacio geográfico donde se van a conducir las operaciones, el Plan Soberanía tiene la legalidad de la designación de las zonas de operaciones que se conducen bajo la responsabilidad de los comandos de guarnición militar que en nuestro caso son 26, cada comandante tiene una jurisdicción es decir, tiene un espacio geográfico donde él tiene sus responsabilidad.[49]

Diga usted si recibió órdenes del entonces Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, referente a la marcha del 11 de abril y referente a la activación del Plan Avila o cualquier otra orden relacionada con dicha marcha. De acuerdo al Decreto 1360 de julio del 2001, la parte administrativa y política del Ministerio corresponde o correspondía al Ministro de la Defensa José Vicente Rangel, la parte operativa está bajo la responsabilidad del Inspector General de la Fuerza Armada, es decir, el Dr. José Vicente Rangel no podía darme órdenes a mi, en el sentido del empleo operacional de la Fuerza.[50]

Dentro de los factores que usted ponderó para tomar la decisión de no activar el Plan Soberanía, Plan Avila en el caso de Caracas, existió la posibilidad de una confrontación armada entre los factores militares y las brigadas civiles armadas de los círculos bolivarianos?. Mire, no, en ningún momento se planteó toda vez que para nosotros la marcha fue pacífica. La marcha lo que no se tornó violenta sino que en el momento que comenzaron a dispararle a los que iban en la marcha, no se por quien, no me corresponde a mi determinarlo, los que iban en la marcha entraron en pánico, es diferente a que la marcha haya sido desbordada y se convirtiera en violenta. Para mi los que iban en la marcha pacífica, cuando comenzaron a ver los muertos y los heridos y la desesperación que se produce a quienes llevaban hijos, hermanos o esposas, simplemente pues fue lo que hicieron fue entrar en pánico y todos sabemos lo que significa el pánico en una masa poblada y cohesionada como esa que hay quienes dicen que eran 600, 700, un millón de personas, no se decirlo, pero un pánico en un grupo de personas de esa cantidad, yo creo que es bastante significativa.[51]

Si el Plan Avila es un plan de aplicación progresivo, considera usted correcta la utilización de la reserva de los tanques antes de agotar las etapas precedentes al Plan?.

Yo en mi intervención dije que El Plan Avila, y ya lo había hecho yo y coincide con la información de la Consultoría Jurídica del Ministerio y de un grupo de abogados, el Plan Avila tiene que someterse a la adaptación de lo que prevé la Constitución Bolivariana de Venezuela. Cuando yo digo, que el Diputado Maduro dice que yo no apliqué el Plan porque ya yo estaba en retirada, yo quiero decirle al Diputado Maduro que yo nunca abandoné mi Comando y no abandoné a nadie, y cuando dije que no aplicaba el Plan Avila, no lo hice en función de la información que ellos tenían, que yo estaba conspirando y que no iba a hacer nada.

El Artículo 68, creo que en Diputado debe saber bastante bien eso, el Artículo 68 establece que no se pueden utilizar armas de fuego contra los manifestantes y las Fuerzas Armadas no solamente tienen armas de fuego, lo que es peor, tienen armas de guerra que de acuerdo a los tratados de los derechos humanos no permite por el principio de la proporcionalidad, no permiten que se pueda utilizar ese tipo de armas contra manifestantes. Si en otro país existen, bueno, allá ellos, pero nosotros tenemos una Constitución Bolivariana de Venezuela, y un aspecto fundamental que lo dije con toda responsabilidad, y que creo que debe tomar en cuenta esta Comisión de la Verdad sobre estos hechos es que la Constitución es clara, la situación transitoria, la Constitución dice que esta honorable Asamblea ya debe haber sancionado el cuerpo de policías y dice que los órganos de seguridad del Estado, para el restablecimiento del orden público, para la seguridad y protección de las personas, hogares y familias, tiene que ser un cuerpo civil.

Entonces mal podría, con el respeto del señor Diputado Nicolás Maduro, decir que yo no apliqué el plan porque estaba conspirando. No. Yo lo hice por un principio fundamental, quiere decir que lo prevé la misma Constitución, eso es un principio natural de toda personal, que es la preservación de su vida y la vida es inviolable, que mal podría estar diciendo que nosotros estábamos en tirada o que yo no conspiré para hacer eso. No.

Además, nosotros como militares no tomamos decisiones por tomar una decisión, nuestras decisiones tienen que estar sujetas a una verdadera apreciación. Si nosotros los militares no cumplimos una orden simplemente por levantar una mano y decir que esa es mi posición. No. Nosotros los militares apreciamos y les decimos a nuestros jefes si conviene o no conviene una u otra determinada operación.

Si el plan de aplicación progresiva considera usted correcta la utilización de la reserva, los tanques, antes de agotar las etapas precedentes del plan.

Bueno mire, el reglamento de servicio de guarnición prohíbe el uso del armamento colectivo y los tanques, además del cañón de 90 milímetros que tiene, tienen ametralladoras y el sirviente de ese tanque está provisto de un armamento también.

Entonces no podemos detenernos aquí a decir que no se aplicó el Plan Avila porque estábamos conspirando. No. Ustedes mismos, yo creo que aquí hay muchos constituyentistas que presentaron una propuesta que el pueblo venezolano aprobó como Constitución y el artículo 68 dice que se prohíbe taxativamente, que no se puede utilizar armas de fuego contra los manifestantes y las Fuerzas Armadas no solamente tienen armas de fuego, tenemos armas de guerra y la proporcionalidad tiene que existir.

¿Voy a utilizar yo un tanque para eliminar un francotirador? No puedo hacerlo, porque si utilizo un tanque para eliminar un francotirador, puedo eliminar el francotirador, pero estoy tumbando el edificio. Entonces no se puede estar hablando tan alegre como se habla, de decir que no se aplicó plan, simple y llanamente porque estábamos conspirando.

Yo soy un oficial constitucionalista y puedo decirle al pueblo venezolano que no conspiré, no participé en los hechos contra la Constitución. No negocié y lo demostré, ninguna salida del señor Presidente, porque cuando actué, actúe a solicitud del propio Presidente de la República y no traicioné al amigo y lo digo con toda responsabilidad.

Entonces yo creo que nosotros podemos y lo dije inicialmente, no podemos estar alegremente hablando de un Plan Avila, sin siquiera saber de qué se trata el Plan Avila y yo no fui más lejos, yo no fui hasta los niveles estratégicos que existen. Nosotros somos licenciados o somos profesionales de la ciencia y artes militares y nos enseñan eso.

Entonces pienso yo que deberíamos estar cuidando ese tipo de concepto y en lo que a mí refiere, quiero decir que yo no he sido citado para nada. Ante la Fiscalía ni ningún organismo judicial, yo he sido citado para nada. Entonces mal podrían estarme diciendo a mí que yo soy un conspirador. A estas alturas, un mes después, a mí nadie me ha señalado de nada judicialmente, porque tengo entendido que esto es político.

La Asamblea Legislativa es política. Entonces para mí decirme que soy un conspirador, tiene que decírmelo un juez y yo creo que nosotros debemos comenzar por aquí.[52]

¿Está facultado... para ejecutar el Plan Avila sin la anuencia del Jefe del CUFAN?

¿El Inspector General no lo autorizó? De acuerdo al Plan Soberanía, se puede ordenar el Plan Soberanía es el Inspector General de la Fuerza Armada con el Comandante del CUFAN.

El Plan Avila corresponde a Caracas, corresponde a la guarnición de Caracas y el Comandante de la Guarnición de Caracas es el Inspector General de la Fuerza Armada, el Ministro de la Defensa. Creo que al asumir nuevamente el Ministro de la Defensa un oficial, creo que el decreto debe haber sido derogado, por cuanto sigue la vigencia en ese aspecto de nuestra Ley Orgánica, es decir, si vamos a la línea de mando, hay un artículo donde al Presidente le establece que él dará sus órdenes por órgano del Ministerio de la Defensa, eso aparece en nuestra Ley Orgánica.[53]

General Manuel Rosendo: Por favor, describa cómo se ejecuta el Plan Avila. Con relación a ello, yo le he explicado bastante que la condición sine qua non para que un plan se convierta en orden, lo constituyen la suposición. Permítame hacer el análisis de las suposiciones del Plan Soberanía.

El Plan Soberanía y con esto no estoy revelando ninguna información secreta, por cuanto los que me han antecedido ya leyeron todo lo que es el plan, o sea, que ya es un plan develado completamente, se basa en suposiciones, condición sine qua non. Tanto, repito, la misma misión comienza en la pregunta del cuánto es el día D a la hora H, se llama indefinición de la hora, que no sabemos cuándo va a ocurrir, son suposiciones que tenemos para la aplicación del plan, una vez que se dan una o varias suposiciones y un análisis que debe hacer todo comandante, se convierte el plan en una orden para ser ejecutada de acuerdo con concepto de la operación y las misiones a cada una de las unidades.

El Plan Soberanía tiene 4 suposiciones. 1. Que grupos subversivos o desafectos al sistema democrático ejecuten acciones violentas, que atenten contra la estabilidad del sistema democrático y pongan en peligro la seguridad de las personas y su propiedades, antes que esto quiero decirles que la Fuerza Armada, antes de aplicar el plan como está, repito, yo solicité información de la adaptación de los planes nuestros con relación a los preceptos constitucionales de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, no podemos utilizar armas de fuego contra la población, es una condición supra en el sentido de que la Constitución así nos lo establece.

En la Fuerza Armada de guerra, tendríamos que hacer una adquisición bastante grande como para dotar a toda la Fuerza Armada de armas contra motines y creo que no debe ser subjetivo y el objetivo sí debe ser lo que establece la Constitución de que para las órdenes de seguridad de la seguridad ciudadana tiene que ser órdenes de índole civil, como lo establece la Constitución, es decir, es un mandato constitucional, no es la interpretación que le queramos dar.

¿Qué análisis le hago yo a esta suposición? Porque tengo que hacerla como Estado Mayor.

Los grupos subversivos en la marcha, ¿qué identificación manifiesta tenían? En ese millón de personas podemos decir que eran grupos subversivos, que sean desafectos al sistema democrático ¿cuáles?

¿El gran número de personas que iban en la marcha podíamos consideramos desafectos al sistema democrático? Puede que no estén de acuerdo con situación, pero no podemos considerarlos desafectos al sistema democrático.

Que ejecuten acciones violentas. Repito, la marcha era pacífica y en todo su recorrido había demostrado civismo.

Segunda suposición. Que las alteraciones del orden público sean de tal magnitud que el empleo de los organismos de seguridad del Estado sean insuficientes para su restablecimiento.

La marcha era pacífica, no había alteración del orden público. La alteración se produce como producto del pánico cuando se le comienza a disparar a los que iban en la marcha. No fue violenta sino que las personas entraron en pánico cuando comenzaron a dispararle y a caer los muertos y heridos.

Que nacionales de otros países realicen actividades tendentes a perturbar el orden interno en apoyo de acciones bélicas contra nuestro país.

Nacionales de otros países desconozco que hayan propiciado esa marcha que repito, fue pacífica.

Que la máxima autoridad civil de la entidad federal, al considerar que la situación escapa a su control, solicita la intervención de la Fuerza Armada Nacional, al respecto digo que de acuerdo con la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, sobre el Capítulo II, Artículo 8 del Alcalde Metropolitano de Caracas, dice que el Alcalde Metropolitano es la primera autoridad civil, política ya administrativa del Distrito Metropolitano de Caracas y tendrá además las siguientes atribuciones, preservar el orden público y la seguridad de las personas y propietarios.

Hasta yo tengo entendido que el Alcalde Mayor no solicitó la intervención de la Fuerza Armada.

Para nosotros estas cuatro suposiciones son fundamentales para la aplicación del Plan Avila. Si no se dan estas suposiciones, el Plan no puede convertirse en orden y aun cuando se den estas suposiciones, el comandante tiene que hacer una apreciación de otros factores para considerar la utilización de ese personal.

En el caso nuestro, la consideración fundamental es la Constitución Bolivariana de Venezuela. Primero no podemos utilizar armas de fuego contra manifestantes, nos obliga la Constitución Bolivariana a cumplir eso y la Fuerza Armada, repito, tienen armas de guerra y pretender en este momento que a las Fuerzas Armadas con las necesidades que pudiéramos tener, se le dé prioridad para que en su presupuesto se considere la adquisición armas contra motines yo creo que no es posible, porque deberíamos mas bien emplear eso para la defensa nacional y solucionar los problemas que tenemos.

Lo que sí es cierto y que la misma Constitución así lo manda, es que para el control de las manifestaciones tiene que ser órganos de carácter civil y así lo dice la Constitución, y en esa basamos.

Es decir, para nosotros la Constitución tiene el valor que tiene para todos los venezolanos y por lo tanto en función de esa Constitución nosotros tenemos que adaptar nuestros planes.

¿Cómo se despliegan? Bueno ya lo dije, el plan tiene una misión, tiene un concepto de la operación, tiene un despliegue operativo, misiones cada una de las unidades, pero eso está allí porque obedece a una planificación, pero eso hasta tanto no se den esas suposiciones no tienen aplicación, es decir, el plan no se convierte en orden.

¿De acuerdo a los escenarios planteados por dónde iban a pasar los tanques? Bueno eso corresponde repito, corresponde el Plan Avila, corresponde a la fuerza de tarea conjunta Avila que dirige el Comandante de la Tercera División de Infantería y Jefe del Estado Mayor de la Guarnición, a él es que le corresponde determinar por dónde iban a pasar esos tanques, yo tengo que ver con el Plan Soberanía que es la aplicación del plan a nivel nacional y de hecho es el plan rector de todo y esta bajo la responsabilidad del CUFAN. La responsabilidad de su aplicación en la zona de operaciones corresponde a los comandantes de guarnición.

Sí, CUFAN elabora el plan rector y cada comandante de guarnición en la jurisdicción que se le asigna conduce las operaciones, planifica las operaciones para esa jurisdicción, por eso es que el Plan Soberanía no es igual en todos los estados ¿por qué?, porque hay otras consideraciones de terreno, características y otras cuestiones que debe tomar en cuenta el Comandante.

¿Qué paso previo al Plan Avila pueden cumplirse para controlar el orden público? Bueno lo que establece nuestra Constitución, tienen que ser órganos de carácter civil ahí lo dice la Constitución, y la Asamblea de acuerdo a la Constitución tenía un año para haber sancionado la Ley de Policía Nacional. ¿Por qué? Porque el artículo 332 creo no sé, habla de los órganos de seguridad y dice que tiene que ser un cuerpo uniformado, de carácter civil de policía.

¿Por qué lo sacan a usted de la estrategia de los tiburones a pesar de su rango militar como Comandante del CUFAN, qué piensa usted? Bueno yo en la narración, en la descripción de los hechos planteo pues que hasta los momentos insisto pues, no sé los motivos por el cual pues yo no estaba incluido en esa red, mal podría estarme imaginando en este momento a qué obedece verdad.[54]

General Manuel Rosendo: Es que el señor Presidente en ningún momento me ordenó el Plan Avila eso si tengo que estar claro, él me pidió su opinión y yo le dije en diferentes oportunidades que no era conveniente verdad, porque en mí apreciación no estaban dadas las condiciones como para que se ejecutara el Plan Avila, es decir, el señor Presidente en ningún momento me ordenó a mí el Plan Avila, es decir, en la última comunicación me preguntó y yo le dije señor Presidente le di mis razones y él me contestó bueno yo voy a entrar a ahorita en cadena, o sea, antes de que él entrara en cadena yo tuve una comunicación y el me informó por teléfono que él iba a entrar a la cadena.

Es decir, ponerme a decir en este momento que la cadena no era grabada me parece temerario y yo creo que hasta irresponsable, porque yo confío en lo que me dice el señor Presidente de que él iba a entrar la a cadena, de allí en adelante no tuve ninguna comunicación con el señor Presidente de la República hasta que con el Alto Mando Militar en helicóptero fuimos al Palacio de Miraflores.[55]

Usted como jefe del CUFAN es responsable de las comunicaciones con las unidades subordinadas y en ningún momento dio ni la red de comunicaciones, ni estableció la señal de llamada, ni activó ningún plan. ¿Qué hizo el oficial de comunicaciones que no elaboraba el plan respectivo y a qué obedeció esa conducta?

Bueno mire, simple y llanamente el Plan Avila no se activó. Además, en el plan aparece el anexo que me voy a permitir leer. Aquí aparece como anexo “d” al Plan Soberanía, el anexo de comunicaciones. Es decir, yo no tengo que implementar nada, todo aparece dentro del plan, y si el plan no se activó ¿qué instrucciones voy a dar al respecto? Además, fíjese, el párrafo 5, comando y comunicaciones, en su aparte “b” comunicaciones, refiere al plan de operaciones rector soberanía 0198. Es decir, para su conocimiento, si un plan se activa nosotros no tenemos que sacar ninguna red, ni formar ninguna red, eso ya aparece como un anexo al plan, y aparece tanto como un anexo al plan que cada quien tiene que establecer su propia red, y eso obedece a IOC y al IPC. El IOC son instrucciones operativas de comunicación, el IPC se refiere a los sistemas y forma parte de las instrucciones permanentes de comunicaciones.

Quiere decir que, cómo me va a preguntar... Bueno, sí entiendo la pregunta, pero mi respuesta es esa. Es decir, yo no tengo que decirle a la gente en el momento que se aplica un plan cuál es la red que nosotros vamos a realizar, o que vamos a ejecutar, ya eso aparece en los planes, y se los señalé aquí. El Plan Soberanía, el anexo “d” es comunicaciones, y en el párrafo 5-b, comunicaciones, refiere a ver el anexo “d” de comunicaciones. ¿Para qué yo voy a ordenar algo si está expresado en un plan?

En un plan, y lo decía anteriormente, para realizar un plan hay que realizar una serie de acciones. Primero tenemos que saber cuál es la misión del comando superior, de esa misión del comando superior nosotros tenemos que hacer es un análisis de misión, el enunciado, la finalidad, las tareas, las órdenes de las tareas, las condiciones de ejecución sobre las cuales nosotros vamos a realizar esa apreciación. Y terminamos en una conclusión que es el nuevo enunciado de la misión. Ese nuevo enunciado de la misión sirve de base, por un lado, para la guía de planeamiento del comandante y se constituye en el párrafo 2-misión de la orden, o el plan de operaciones.

Con esa guía de planeamiento del Comandante, su Estado mayor comienza a hacer sus apreciaciones y esas apreciaciones terminan en una recomendación que se le hace al Comandante para que él tome la decisión. El Comandante toma su decisión y amplía su decisión a través del concepto de la operación, y es lo que sirve de base para el plan de operaciones.

Aparte de eso, una vez que se da la decisión y el concepto de la operación, vamos a la elaboración de los planes y después que se elaboran esos planes pasamos a la difusión de esos planes, y el comandante y su cabo mayor se convierten en supervisores de manera que ese plan se realice. Pero para llegar a una decisión, el oficial de personal tiene que hacer una apreciación de situación de personal, el oficial de inteligencia que trabaja antes ha hecho una apreciación de situación de inteligencia que sirve de base para todos los miembros de ese Estado mayor.

El oficial de operaciones hace la apreciación de situación de operaciones y formula formas de acción, que es lo que van a analizar el resto de los miembros de la plana mayor para su análisis. Es decir, ellos van a hacer es, cómo adapto mi misión o mi función, a la forma-acción establecida por el jefe de operaciones, que es el oficial, el G3, S3, E3, dependiendo el nivel del comando. Y así pues, yo pudiera explicarle a ustedes lo que es un plan y dar una clase de un plan.

Repito, que mi tesis de grado en la Escuela Superior, en mi curso de Comando y Estado Mayor, fue el manual de planes y órdenes. No pretendo yo pues aburrirlos a ustedes con lo que puede ser un plan. Y por eso con propiedad les digo que ese plan bien estudiado tiene unos anexos y una vez que la misión, ese párrafo misión, el día “d” a la hora “h” se dan unas suposiciones, se ejecuta. Pero el Comandante no tiene que esperar a ver qué es lo que va a hacer él. No, nosotros tenemos una planificación anterior.[56]

General Manuel Rosendo: Muchas gracias señor Diputado. ¿Conforme al Artículo 329 de la Constitución, puede existir en la Fuerza Armada Nacional el Plan Avila a ejecutarse por un componente militar distinto a la Guardia Nacional?

En mi descripción de los hechos, señalé que el año pasado, finales del año pasado, cuando ordené una revisión de varios planes, entre ellos el Plan Soberanía, el Estado Mayor del CUFAN recomendó que debería someterse a un estudio en el cual se definiera la adaptación del Plan Soberanía, con relación al articulado de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela.

El Artículo 68 dice que no podemos utilizar armas de fuego y nosotros tenemos armas de guerra.

En la situación que tenemos hoy en el país, la situación que tenemos en la Fuerza Armada, difícilmente nosotros deseamos que esos recursos sean orientados a prepararnos para la adquisición de armas o de instrumentos sean utilizados en disturbios internos, recursos recursos, lógicamente y creo que debe ser el pensamiento de todos los oficiales, preferimos que a nosotros se nos asigne para mejorar el apreso operacional que nos dé a nosotros los elementos para realizar una verdadera defensa nacional y prepararnos en ese sentido.

Es decir, que en lo particular, y una opinión muy propia, no creo que esto exista, por cuanto sería un desperdicio de un presupuesto que bastante falta nos hace a nosotros para la defensa nacional, que tengamos que emplearlo en aspectos relacionados con el orden público.

Toda vez que sería bastante oneroso, por cuanto que el Plan Soberanía, que dirige el Jefe del CUFAN como el que lleva adelante lo que es el nivel estratégico operacional, corresponde a todo el país, o sea, sería dotar a toda la Fuerza Armada en el país de elementos e instrumentos para el control y orden interno, obedeciendo a lo que dice la Constitución, que no podemos utilizar armas de fuego, tendríamos que utilizar armas contra motines, perdigones y esas cuestiones que están claramente definidas.

De manera que en lo particular considero que no debe haber y además que sería un desperdicio ante la problemática que tenemos nosotros en la Fuerza Armada, de estarnos preparando para un orden interno, cuando verdaderamente, como lo dice la Constitución, debe ser para la defensa nacional.

Hay aspectos muy claros, definidos por usted, lo que es la defensa nacional, el mantenimiento de lo interno y un tercer aspecto de la participación activa en el desarrollo nacional, que es la misión que tiene las Fuerzas Armadas, pero que en el Artículo siguiente lo aclara muy bien.

El Ejército, la Armada y la Aviación tendrán la responsabilidad de la defensa nacional y la Guardia Nacional, además de la colaboración que tiene con los demás componentes, tiene que realizar las actividades para el mantenimiento del orden interno.

Las cuatro suposiciones explicadas por usted, que presupone los requisitos mínimos indispensables para activar el Plan Avila, deben cumplirse de manera conjunta o basta con que sólo uno de ellos para poder ordenar su activación.

En el concepto de plan que nosotros tenemos, decimos que de darse una o varias de las suposiciones, además de la apreciación que debe realizarse, pues ese plan puede convertirse en una orden, o sea, que no necesariamente tiene que darse todas las suposiciones sino con el solo hecho que se dé una, es tan así que en algunos de los casos, para cada suposición, pudiera estarse planificando la actuación de la Fuerza Armada, es decir, pudieran estarse derivando tantos planes como suposiciones existan porque cambia el escenario, cambia el adversario, cambian muchas cuestiones que debemos tomar nosotros en cuenta por aquello de la misión, enemigo, terreno, tiempo disponible y condiciones meteorológicas que debemos tomar en cuenta en el momento de hacer cualquier planificación.[57]

Sexto. Diga usted, de acuerdo a su cargo y experiencia y las unidades de policía militar son parte del Plan Avila, si es así, estos utilizarán equipos antimotines, si así entonces la utilización de estas unidades estarían siendo correctamente utilizadas como una de las fases de la aplicación del Plan Avila.

Bueno mire, para las Fuerzas Armadas, entre aplicar el Plan Avila en las condiciones que estamos, que no se cumple con lo que dice el Artículo 68 de la Constitución Nacional, que no podemos utilizar armas de fuego contra los manifestantes, las Fuerzas Armadas no solamente tienen armas de fuego, tienen armas de guerra y esos soldados no van a salir únicamente con escudos, porque hasta en derecho la defensa propia está contemplada.

Un soldado al que se le dispare por instinto natural de preservación de vida tiene que reaccionar y constitucionalmente nosotros no podemos utilizar ni siquiera armas de fuego y tendremos que utilizar armas de guerra.

Las Fuerzas Armadas no van a utilizar ni armas de fuego ni armas de guerra contra la población. ¿Por qué insistir tanto? ¿Por qué no salieron las cosas?

Señores, los planes se dan en función a una suposición y aquí yo establecí la suposición, hice un análisis de las suposiciones, aparte de otros factores. Vamos a seguir preguntando que por qué no se utilizó tal cosa u otra cuestión.

Para las Fuerzas Armadas lo más importantes es el cumplimiento de la Constitución. La Constitución dice que no podemos utilizar armas de fuego y mi análisis está claro cuando yo le pido al Coronel Consultor Jurídico de la Fuerza Armada que me haga un análisis del plan desde el punto de vista de su actuación a la Constitución, que es diferente a que me puedan decir a mí que la Asamblea Nacional está en mora por no haber cumplido un mandato constitucional que debió haber cumplido en el primer año de funcionamiento.[58]

La Constitución dice policía nacional, ¿por qué involucrar a las Fuerzas Armadas en esto? ¿Por qué seguir insistiendo de por qué no se aplicó el Plan Avila, por qué querer seguir diciendo que el Plan Avila se hizo porque el General Rosendo estaba conspirando?

No señor. Yo entre el deber de cumplir una orden y el deber que tengo de preservarle la vida a los ciudadanos venezolanos, opté por preservarle la vida a los venezolanos en función de una Constitución. Quien da una orden tienen que hacerlo de manera que no vaya en contra de la Ley y el Reglamento y mucho menos contra la Constitución.

Ahora, yo nunca recibí una orden para la aplicación del Plan Avila, tengo la potestad por el Plan Rector soberanía de ordenar el Plan Avila, las condiciones no estaban dadas, por qué seguir insistiendo con el Plan Avila, si ya he explicado lo suficiente como para decirles que el Artículo 68 de la Constitución, prohíbe el uso de armas de fuego contra los manifestantes. Nosotros, las Fuerzas Armadas tenemos armas de guerra.[59]

¿Cómo sabía tal como lo admitió que los círculos están armados y no sabía que se desarrollaba una conspiración desde hace un año y un golpe de Estado desde el 11 al mediodía, que la marcha no contaba con permiso?

Mire, en el momento de aplicar el Plan Avila donde están en juego las vidas de los ciudadanos que participan en esa marcha, usted cree que las Fuerzas Armadas van a estar preguntando que si están permisadas o no?, para nosotros lo que vale es la vida, entiendan eso de una vez por todas, para nosotros, Fuerzas Armadas lo que vale es la vida de las personas no es, qué valor puede tener que si la marcha estaba permisada o no estaba permisada?, ante la vida de las personas y el cumplimiento de un precepto constitucional, que repito, Artículo 68 “No se pueden utilizar armas de fuego contra los manifestantes” y las Fuerzas Armadas no tienen armas de fuego, tienen armas de guerra.[60]

También recibí una llamada telefónica del señor Guillermo Garrós, informándome que aproximadamente a las 6 de la tarde el señor Guillermo Garrós, señores, es el Director General de Protección Civil del Ministerio del Interior y Justicia, él me informa que a las 6 de la tarde el operador de radio de esa Dirección General de Protección Civil, el ciudadano Juan Valdivieso, captó con un escáner en la frecuencia de HF 140.42 megahers, la voz del Presidente de la República, ordenando movilizar tanques de guerra desde Fuerte Tiuna hacia Miraflores, óigase bien, él no me dijo activación del Plan Avila ni nada por el estilo, me dijo me sorprende que haya ordenado el señor Presidente de la República movilizar tanques de guerra, esto es algo muy preocupante.[61]

Séptimo. Las instrucciones que se dieron fue sólo de sacar tanques de guerra, lo cual no es normal, porque en caso de aplicarse los planes militares de restablecimiento del orden público, uno de ellos, el Plan Avila, se debería recurrir gradualmente a los recursos disponibles y además, algo que no se hizo, se toma el control de puntos críticos como hospitales, estaciones de energía eléctrica, de bombeo de agua, de comunicaciones, hospitales, Metro, terminales de pasajeros, otros edificios del Gobierno, industrias básicas y estratégicas, controles que nunca se ordenaron[62]

Cuarta pregunta. ¿Cuál es su responsabilidad en la aplicación de los planes Volcán y Avila? Ninguna, la aplicación de los planes Volcán y Avila le corresponden al Ministerio de la Defensa, yo era un funcionario del Ministerio del Interior y Justicia, no tenía ninguna responsabilidad con la aplicación de estos planes. Era el Ministerio de la Defensa, el Comando Unificado a quien le correspondía tomar la decisión y ejecutarlo. La única responsabilidad que yo pude haber tenido, que debería haber tenido, es que cuando se aplican estos planes se alerta al Ministerio del Interior para que las policías se retiren y le de paso a la Fuerza Armada, sin embargo a mi, nunca me notificaron de la aplicación de ninguno de estos dos planes, yo me enteré que los tanques salieron a las calles, no como Plan Avila, la información que recibo, la recibo de Protección Civil y me dicen que sacaron unos tanques a la calle, a mi no me dijeron que el Plan Avila, entiendo que fue el Plan Avila después que salió la grabación que el pueblo venezolano conoce, pero mientras, hasta ese momento, la única información que yo tenía era que habían sacado unos tanques a la calle no que habían puesto en práctica ningún Plan Avila, porque si lo hubiesen puesto realmente en práctica le han debido avisar al Ministerio del Interior y Justicia, si ustedes revisan el Plan Avila, ustedes van a encontrar un párrafo allí o en la lista de distribución, que el Ministerio del Interior y Justicia también debe recibir una copia de ese Plan, porque tiene responsabilidades con sus organismos: bomberos, protección civil , policías uniformadas.[63]

En ningún momento fui notificado que se iba a poner en práctica el Plan Avila, en ningún momento. Antes del Plan Avila existe lo que se llama el Plan Volcán, el Plan Volcán es una actividad de seguridad que se realiza en conjunto Policía Metropolitana, Guardia Nacional y esa es una etapa antes del Plan Avila donde nosotros nos dividimos las responsabilidad que tiene tanto la Policía Metropolitana como la Guardia Nacional, pero eso nunca me fue notificado.

Cuando se pone en práctica el Plan Avila los efectivos policiales pasan a sus comandos, pasan a su sede y solamente quedamos allí bajo las órdenes del Comando y Estado Mayor del Grupo de Tarea Miranda, eso nunca ocurrió. No se si fue respondida su pregunta.[64]

¿Si el General García Carneiro movilizó los tanques a las 10, día 3, resulta obvio que existían unas órdenes que no las conocían el resto de los componentes, ya que el Presidente ordena la aplicación del Plan Avila el día después?

Perdón para hacer ese tipo de operación no basta una sola reunión, ahí tuvieron que haberse efectuado varias reuniones porque no es bien fácil sacar un hombre con arma así, tengo entendido que también el día 9 hubo reuniones, y esto es fácil averiguarlo esto no es tan difícil, esto es llamar a todos los oficiales del Regimiento Ayala, todos los oficiales del Regimiento Guardia de Honor, porque tengo entendido que hubo oficiales cuando el General García Carneiro sacar los doce tanques que eran los únicos que tenía la alcabala tres, oficiales y sargentos se bajaron de los tanques y dijeron que no lo acompañaban, y tuvo que mover sus tanques con soldados.[65]

Comenzaré por la última. En ningún momento y bajo ninguna instancia ni a ningún nivel se me ordenó aplicar o participar en ningún Plan Avila. El Presidente sí el día 10 me mostró su preocupación por lo que estaba pasando allí con la concentración PDVSA-Chuao, y me dijo que adoptara todas las medidas de seguridad posibles para que no ocurriera allí ninguna desgracia. En virtud de ello, propuse lo que propuse al señor General Rincón, pero mi propuesta no fue aceptada por los argumentos que ya esbocé aquí, por parte del General Rincón, que consideró que podría generar una matriz de opinión negativa.[66]

¿En qué consiste el Plan Avila? El Plan Avila es un plan concebido para garantizar la paz y la tranquilidad ciudadana, y que implica restablecer, preservar y asegurar el orden público. Así de simple, ese es el Plan Avila. Hubo una anterior pregunta, yo la contesté, nunca recibí instrucciones de participar en ese Plan Avila.[67]

En el Comando de las escuelas permanecía un numeroso grupo de oficiales que exigían castigo para los responsables de los asesinatos y violación de los derechos humanos, me preocupé y junto con los generales del ejército vimos que la situación era de mucho cuidado, es en ese momento cuando recibo la información que material de guerra, tanques del grupo Ayala han salido del Fuerte Tiuna por orden del General de División Jorge García Carneiro, con instrucción de la ejecución del Plan Avila.[68]

En los días subsiguientes a los acontecimientos del 11 de abril se ha especulado sobre el carácter disuasivo del Plan Avila, material de guerra pesado contra civiles indefensos y desarmados es la disuasión del terror. El Ejército no existe para aterrorizar a sus ciudadanos sino para protegerlos.

Plan Avila: Su origen. Como es del dominio público del denominado Plan Avila tiene sus orígenes en los sucesos de febrero del 89, cuando se estima conveniente a la hora de un plan de la naturaleza militar ajustado a la ley, para sofocar situaciones de orden interno que ameritaban la intervención organizada de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Este aspecto tiene que ser discutido, analizado y entendido con claridad y a luz de las Constituciones del año 61 y del 99, revisemos algunos aspectos de la Constitución del 61 relacionados con la misión y actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales y su rol en asuntos de orden público.

El artículo 132 definía a las Fuerzas Armadas Nacionales como una institución a política, obediente y no deliberante asignada a las Fuerzas Armadas la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las leyes. Declaraba a las Fuerzas Armadas Nacionales al servicio de la República y ni un caso el de una persona o parcialidad política.

El artículo 133 establecía que sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra.

El en Titulo Noveno de la Emergencia se establecían las condiciones legales para declarar el estado de emergencia en caso de conflicto interior o exterior o cuando existieran fundados motivos de que uno u otro ocurra.

En otras palabras el campo de actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales era muy amplio y se desarrollaba a través de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales e iba desde conflictos externos hasta situaciones de orden público, el Plan Avila también se es conocido como Plan Soberanía.

Señores diputados, la Constitución del año 61 fue derogada en el año 99, cuando un referéndum al pueblo venezolano aprobó su nueva Constitución y estoy seguro que todos ustedes la conocen al detalle.

Sin embargo, deseo referirme al contenido del artículo 332. Capítulo Cuarto de los Organos de Seguridad Ciudadana, el cual leo y comento a continuación:

Artículo 332. El Ejecutivo Nacional para mantener y restablecer el orden público, proteger a ciudadanos o ciudadanas, hogares y familia, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales de conformidad con la Ley, organizará un cuerpo uniformado de policía nacional.[69]

El General Manuel Antonio Rosendo, Jefe del CUFAN, actúo correctamente al oponerse a la activación del Plan Avila ya que no existió un enemigo, solo se tenía la presencia de civiles indefensos y desarmados que marchaban pacíficamente. Señores diputados, alguien dio órdenes violatorias a la Constitución Nacional, justicia pide la Nación.

Yo ordené que los tanques que ilegalmente y en violación del artículo 332 de la Constitución, salieron del Fuerte Tiuna bajo la responsabilidad del General Jorge García Carneiro regresaran, este General del Ejército quien cuenta con mi aprecio me juró lealtad ese día y le indiqué que continuara en su cargo, me pidió no ser relevado del Comando de la División y allí permanece.

Desde el punto de vista constitucional el Plan Avila no existe para ser aplicado y desarrollado en situaciones de orden pública, la Constitución es clara y no deja lugar a dudas, los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y le asigna la responsabilidad del mantenimiento y el restablecimiento del orden público al Ejecutivo Nacionales, quien debe hacerlo con los medios que la misma Constitución establece, las policías.[70]

No se puede tolerar el asesinato de civiles indefensos y la violación de los derechos humanos y después de tratar de ocultar a los asesinos y violadores de los derechos humanos detrás de la ejecución de un Plan Avila.[71]

Lo que conseguimos y vemos hoy es una Fuerza Armada fracturada, fragmentada y eso es peligroso y triste. La Fuerza Armada quedó herida, al igual que el país, después del 11 de abril”.

El 11 de abril de nuevo se violentó la cadena de mando, al impartirse órdenes para la activación ilegal del Plan Avila, y el movimiento no autorizado de tropas contra un enemigo inexistente.[72]

¿Qué papel jugó el Almirante Carrero Cubero cuando junto a usted cuando se presentaba en el Batallón Bolívar cuando se aprestaba a preparar el Plan Avila?

Mira, Carrero Cubero es de la Marina ¿qué tiene él que hacer en el Ejército? Esa es la pregunta. Carrero Cubero como Jefe del Estado Mayor Conjunto y mi persona, íbamos a ir a Miraflores, a solicitar la transferencia al ciudadano Presidente de la República como a las 4 de la tarde, vista la impotencia y vista la necesidad de que ya lo que hiciéramos, lo que nosotros dos hiciéramos, no era respuesta hacia los subalternos por lo que había pasado, a lo mejor no era la mejor actitud, porque fíjese que yo hablo aquí, yo me quedo en mi cargo, abandono la tropa, yo siempre estuve aquí, pero esa fue mi actitud en ese momento con Carrero Cubero, como le digo, sin saber lo que el destino venía después, y no lo hicimos por los eventos que pasaron después, en el Batallón Bolívar tropas concentradas, batallones, tanques, infantería, ¿qué es esto, será que otra persona es el que va a ser Comandante General de Ejército? no lo hice por eso ciudadana diputada.[1]

¿Cómo cree usted que el pronunciamiento fallido de coroneles a favor de Chávez en febrero, es parte de un plan autogolpe y que se hacía necesario unos hechos como los del 11 de abril que le fue abortado por la conducta de los oficiales al impedir la aplicación del Plan Avila?.

Viéndolo desde el punto de vista de los tenientes coroneles, esos oficiales estoy seguro que no están metidos en nada, ni apoyarían que ellos se les utilizara para nada, viendo desde el punto de vista de ellos. Viéndolo desde el punto de vista de que ellos hubiesen querido ser utilizados para otra cosa ya sería un juicio a valor a mío expresarlo espero que no haya sido, pero lo que yo estoy seguro de afirmar es que esos tenientes coroneles no querían hacer ese pronunciamiento y no lo hicieron gracias a Dios.[2]

Tres. ¿Cuál era la línea de mando que debía seguirse para activar el Plan Avila al que usted calificó como Plan de Disuasión del Terror y por qué cree usted que no se respetó la cadena de mando?

En la cadena de mando del Plan Avila no está incluido el Comandante General del Ejército, en la cadena de mando del Plan Avila va a través del CUFAN y el CUFAN a través de una unidad operativa que lleva a cargo la misión.

Sin embargo, en ese plan las unidades son del Ejército y para que las unidades del Ejército pasen a la orden el plan, tienen que consultar con el Comandante General del Ejército y en ningún momento nadie me dijo tengo unos tanques a la orden del Plan Avila. Entonces a mí no se me consultó eso, a mí se me irrespetó, a mí me pasaron por encima y a la larga esa omisión que se hizo conmigo, no hacía justificar cuando se hubiese producido cualquier hecho delictivo.[3]

Nos encontramos con el General de Brigada Pedro Pereira Olivares, Jefe del Estado mayor del CUFAN quien nos informa que había recibido una llamada telefónica del General de Brigada Vidal Rigoberto Martínez Comandante Logístico del Ejército, en la cual le preguntaba si el CUFAN había habilitado el Plan Avila o había dado instrucciones para movimientos de tropas y tanques en el Fuerte Tiuna, con intenciones de sacar una columna de tanques hacia Miraflores, también nos dijo que estaba preocupado porque no tenía conocimiento que desde el CUFAN se hubieran dado esas ordenes.

Ante tal situación el General Pedro Pereira, el General Clinio Rodríguez y mi persona conscientes de la escalada crítica de los eventos que venían sucediendo, entendíamos que la salida de tanques y tropas a la calle para interceptar la marcha, además de ser violatoria de la Constitución por inadecuada y desproporcionada podría desencadenar en situación de violencia extrema.[4]

Contralmirante Comisso Urdaneta: Primera pregunta: El General Eugenio Gutiérrez, Comandante del CORE 5 de la Guardia Nacional afirmó en está Cámara, cito: La Guardia Nacional nunca fue rebasada por los manifestantes, no solicité nunca apoyo a mi superioridad ni a otras fuerzas para controlar las marchas del 11 de abril, - fin de la cita- de ser así. ¿por qué cree usted que el señor Chávez, ordenó activar el Plan Avila?.

Estoy convencido de que además de que había toda la intención de parar esa marcha a como diera lugar, o sea, de que no podía llegar a Miraflores, el Presidente Chávez, estaba seguro de que venía un Golpe Militar, tal vez porque sus organismos de inteligencia lo asesoraron mal y le aseguraron que eso iba a ser así, por supuesto, ese Golpe Militar no estaba previsto y nunca estuvo previsto y por lo tanto eso explica, la contundencia con la que actuaron contra la marcha puesto que, tal vez pensaron de que luego se iba a disimular todo eso, una vez que se produjera ese Golpe Militar que ellos siempre estuvieron esperando, pero que no estaba previsto.

Segunda pregunta: De haberse activado el Plan Avila, ¿qué cree usted habría ocurrido? Evidentemente que la actuación de la tropa en la calle, como la vimos en alguno de los vídeos que han pasado aquí cuando tomaron Miraflores, al regreso del Presidente, así se comportan los soldados, aprovisionan, cargan y aprovisionan y están listos para disparar, ante cualquier situación como la que vimos que se presentó allí, hubiera habido un combate, allí hubiera habido un combate se hubieran enfrentado, porque cuando comienzan los disparos, ya nadie va a poder controlar esa situación.

Tercera pregunta: Sí esos noveles soldados con armas de guerras y tanques de guerra hubieran enfrentado a la marcha pacífica, ¿qué cree usted que, cree usted que hoy se hubiera responsabilizado de los muertos de ese día a las FAN? Evidentemente, evidentemente por eso –repito- por eso es que yo creo que se actuó de esa forma tan contundente, pensaban que luego de la marcha venía otra cosa, y que aplicando el Plan Avila disimulaban todo y se le podían responsabilizar a los que organizaron la marcha y a los que actuaron en el Plan Avila de los muertos que ocurrieron ese día, esa es mi opinión, no se si..., esto es todo señor Presidente.[5]

Pero la causa mayor se presenta el día 11 de abril, cuando se realizaba una marcha pacífica en apoyo para solucionar la crisis de PDVSA, convocada por una parte de la sociedad civil caraqueña, a esta marcha se le anexaron la CTV y Fedecámaras. Como Jefe del Estado Mayor del CUFAN se me informaba que todo marchaba en paz y en orden, sin embargo, en horas del medio día me pregunta vía telefónica el General Gilberto Martínez Vidal, Comandante Logístico del Ejército, si estaba en conocimiento de algún movimiento de personal y tanques que se efectuaba en Fuerte Tiuna, o activación del Plan Avila. Le respondí que el General Rosendo no se encontraba en ese momento en su oficina, pero que yo desconocía tales acciones. Como en ese momento me encontraba en el comedor, me dirigí a mi oficina y comprobé que se desconocía tal acción, haciéndoseme posteriormente imposible comunicarle con el General Rosendo.

Me dirigí a la planta baja y encontré al General Clinio Rodríguez y al Contralmirante Daniel Comisso, les informé de la situación antes planteada y ellos me confirmaron que habían visto dicho movimiento, deduciendo entre los tres la posibilidad de que se ordenara la activación del Plan Avila.

Conociendo de antemano que mi señora, mi hija, familiares y amigos se encontraban en dicha marcha, procedí a llamarlos telefónicamente sin poder establecer comunicación. Seguimos conversando de la inconveniencia de la posible aplicación del plan Avila, recordamos los sucesos del 27 de febrero de 1989, de la falta de preparación de nuestro personal de tropa para el control del orden público, de la inconsciencia del personal que recibiría la orden, en fin, de una posible masacre de dimensiones incalculables, teníamos que hacer algo para detener esas intenciones, decidiendo en ese momento luego de una llamada del Contralmirante Comisso al Vicealmirante Rodríguez Pérez, hacer un pronunciamiento en conjunto, oponiéndonos a toda esa política militar incoherente, desproporcionada, vil y complaciente de los miembros del Alto Mando Militar y del Presidente de la República.[6]

Yo creo que aquí hay mucha responsabilidad del Presidente de la República, lo digo con toda sinceridad, mucha responsabilidad y creo que es más o menos la respuesta del Diputado Tablante, que es el Diputado Tablante. Nosotros en se momento definidamente estamos en una situación muy difícil. A nosotros la activación del Plan Avila, porque yo modifiqué el Plan Avila en su oportunidad por una orden del General Rosendo en su oportunidad, o sea, quiero decir, hice una revisión del Plan Avila, y en tal sentido yo en esa reunión que tuvimos con el General Rosendo, yo le dije que el Plan Avila era inconstitucional y que había que hacerle una modificación y habíamos que llevarlo a las instancias legales de manera tal de que se buscara implementar un plan que se adecuara a la nueva Constitución. Eso nosotros lo hicimos.

Creo que la utilización del Plan Avila tiene que hacerse como muy bien lo explicó el General Rosendo, cuando se cumplen unos supuestos, pero más allá de eso, después de haberse cumplido por lo menos un supuesto, tiene que ser aplicada la fase del plan y tiene tres fases.

En la primera fase es la conformación del Comando Unificado, que incluye al comandante de la guarnición con los diferentes policías de la Guarnición y además de eso la DISIP y la PTJ, ese es el comando unificado que se conforma y posteriormente se planifica para alguna operación en el orden público.

Las Fuerzas Armadas se mantienen en sus cuarteles, la policía tiene la función inicial de aplicación del Plan Avila, la de mantener el orden público las policías y posteriormente si son rebasadas las policías, claro yo puedo decir ahorita si yo tengo 5 mil policías acá, y entonces yo dejo los policías en este recinto o le quito los medio o los pongo presos a los policías y saco 5 afuera únicamente, entonces definitivamente 20 personas me van a rebasar, quiere decir esto del caso del helicóptero.

Se supone que todos los medios están disponibles, para que la policía pueda hacer su función definitivamente y eso el Comando Unificado hace eso, o sea, el General, el comandante del Comando Unificado para esa operación de orden público es el General Lucas Rincón Romero, como Comandante de la Guarnición de Caracas y el General García Carneiro, es el Jefe de Estado Mayor de ese Comando Unificado, o sea, que eso debiera funcionar así, el Presidente da la orden al Comandante de Guarnición porque en el caso de Caracas es un caso muy especial y lo explicó Rosendo, el General en Jefe es más antiguo que Rosendo, y entonces eso no pasaba por ahí.

Y además de eso, posterior, entonces cuando la policía es rebasada, entre la Guardia Nacional con todos sus medios y equipos, para el orden público, para mantener y reguardar el orden público y posterior a eso, entonces puede usarse la Fuerza Armada ¿y qué unidades serían? La Policía Militar, porque la Policía Militar tiene cierto entrenamiento en orden público y tiene ciertos equipos de orden público, pero lo que yo no entiendo por qué sacar los tanques, que es la reserva.

Yo no entiendo verdaderamente por qué sacar los tanques, porque cuando usted dice disuasivo, un tanque no es disuasivo, lo vimos en Tien-An-Men, donde la gente eufórica se ponía frente a los tanques y no los hacía caminar y le pasaban por encima, eso lo hemos visto en el mundo.

Además, para disuadir hay que cumplir con tres premisas. Tener el arma con que se va a disuadir, el entrenamiento y la voluntad de usarla, porque si alguien va a disuadir y la persona que va a disuadir sabe que no la va a usar, se le revierte, porque le van a quitar la pistola y le van a dar un tiro a él.

Entonces esas tres premisas tienen que cumplirse. Entonces eso es lo que yo no entiendo y esas es unas cuestiones que tienen que averiguar, indudablemente no me toca a mí, Diputada, culpar al Presidente de la República, como lo dijo acá la Diputada, eso es una cuestión... esto tiene que investigarse a fondo y caiga quien caiga, la verdad tiene que salir a flote y la verdad tiene que salir.

Yo en mi caso particular y las Fuerzas Armadas en una forma general no nos bañamos las manos de sangre. Nuestra posición fue una posición institucional para evitar derramamiento de sangre, amparados en el artículo 350 de la Constitución, violación de los derechos humanos. Es todo señor Presidente.[7]

considera que era necesario que el día 11 de abril el Presidente de la República activará el Plan Avila para disolver la manifestación pacífica que se dirigía a Miraflores. En la forma que se hizo yo no estoy de acuerdo, quiero decir, que aquí a debido haber una planificación y haberse cumplido las faces que establece el Plan Avila, primero, si se daba el supuesto, porque el supuesto no se dio nunca, porque esa era una marcha pacífica y entonces en ese sentido no se debería aplicar el Plan Avila, pero mucho menos, menos de acuerdo estoy en mandar los tanques, cuando es la reserva del plan Avila, ni los soldados, para eso está la policía, la guardia Nacional posteriormente y en todo caso, en caso de un extremo la policía Militar que tiene el equipamiento y el entrenamiento para eso, pero no sacar un batallón blindado, por favor, entonces no estoy de acuerdo con la aplicación del Plan Avila, y creo que el General Rosendo la respondió como todo un profesional y un conocedor y experto en esa materia.[8]

Diga usted qué explicación pueda darse a que por una parte el Presidente de la República este impartiendo instrucciones para que se active el Plan Avila y que por otra parte el Comandante en Jefe Lucas Rincón está anunciando al país que todo está sin novedad. Como puede haberse apreciado está situación con los miembros del Alto Mando y todo lo de la Fuerza Armada en general.

Nosotros nos contentamos cuando vemos al Alto Mando de la Fuerza Armada, antes de salir en vivo, porque eso fue antes, y nosotros creíamos que él iba a decir algo para parar aquello, iba a decir: los tanques se devuelven y la cuestión cualquier cosa; y la Fuerza Armada se mantiene fuera de esta cuestión y vamos a darle todas las posibilidades para que la policía pueda cumplir con su función y la cuestión y la Fuerza Armada apoya al pueblo, y le pedimos que no haya enfrentamiento y a las personas que están en Miraflores que todos tenemos oportunidad de llegar a donde queramos, - yo lo haría- por favor, “porque la violencia es el armada de los que no tienen la razón”, y eso sí era disuasivo, pero todo lo contrario, quisieron engañar al país, manipular al país, porque esa cadena fue la manipulación del país, no la cadena, no solamente la cadena sino la cadena posterior, para que no se viese lo que estaba sucediendo: violación de la Constitución Nacional. Bueno, nos calló muy mal en ese momento cuando se dijo que todo estaba normal, nos indignamos mucho más, y el sentimiento que por lo menos yo sentí es que uno cree ciegamente en sus superiores, y en ese momento yo me sentí defraudado.

Como puede ser apreciado está situación lo miembros de los Altos Mando y todos lo de la Fuerza Armada en general, no cree todas estas evidencias nos conduce a pensar en una emboscada. Probablemente, hay que investigarlo.[9]

3. Utilización de Tanques de Guerra en Manifestaciones

Para hablar de la utilización de los Tanques de Guerra en el control del orden público, necesariamente se debe hacer referencia al Reglamento de Servicio en Guarnición, que es la norma jurídica que regulaba esta materia. En este sentido hemos considerado citar in extenso las normas contenidas en dicha disposición legal, a fin de que se aprecie con mayor precisión la realidad de las afirmaciones por nosotros hechas:

Artículo 29.- Las Fuerzas Armadas Nacionales en caso de grave alteración del Orden Público, a solicitud de la autoridad civil competente, cooperaran para el restablecimiento del mismo, así como la protección de las personas y sus propiedades. (Subrayado y Resaltado son del autor del presente informe)

Artículo 30.- El Comandante de la Guarnición esta en la obligación de prestar su apoyo para el restablecimiento del orden publico a solicitud de la autoridad civil competente, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. (Subrayado y Resaltado son del autor del presente informe)

Artículo 31.- En previsión de graves alteraciones del orden publico, el Comandante de la Guarnición dirigirá el Comando Unificado de la Guarnición, que a tal efecto se constituya conforme a la normativa legal vigente.

Artículo 32.- El Comando Unificado de la Guarnición, estará integrado por las máximas autoridades civiles y militares de la Guarnición. (Subrayado y Resaltado son del autor del presente informe)

Artículo 33.- Como integrante del Comando Unificado de la Guarnición y jefe del sector militar en el mismo, el Comandante de la Guarnición elaborara y mantendrá actualizados los planes para ser ejecutados cuando la situación lo requiera.

Artículo 34.- La intervención de las tropas para el restablecimiento del orden público, podrá ser autorizado por:

Artículo 35.- Para la intervención de las tropas en el restablecimiento del orden publico, el Comandante de la Guarnición procederá de conformidad con las siguientes normas:

a) Hacer una apreciación de la situación, a fin de adoptar la más correcta y lógica decisión;

b) Determinar el armamento, municiones, equipo y transporte que usarán las tropas, así como el material especial que sea necesario, de acuerdo a la situación;

c) Emplear el número de efectivos adecuados, a fin de mantener una reserva de apoyo.

d) Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la libertad de acción y evitar bajas inútiles; y

Artículo 36.- Los Comandantes de las tropas designadas para el control de disturbios civiles actuaran de acuerdo a los acontecimientos imperantes en el lugar de los hechos, pero en todo caso en primer termino harán uso de la palabra, ejecutaran acciones que no generen violencia o daños irreparables a la población civil y luego procederán con acciones de otro tipo, si las primeras no inducen a los manifestantes a deponer su actitud.

Artículo 37.- Cuando todos los medios de persuasión se hayan agotado, se usara un objeto contundente, el agua con manguera de alta presión, los gases lacrimógenos y nauseabundos, finalmente las armas individuales disparadas al aire, y posteriormente en forma rasante.

Artículo 38.- El armamento colectivo solo se usara para oponerse a medios de igual naturaleza que pudieren usar los amotinados, en tales casos, los Comandantes de Guarnición serán los únicos que podrán ordenar el empleo de dichos recursos. (Subrayado y Resaltado son del autor del presente informe)

Los tanques de guerra son parte del armamento colectivo, se hace interesante saber a qué medios de igual naturaleza se iban a usar esos tanques contra los supuestos amotinados. Ahora, para tener muy bien claro de qué estamos hablando, debemos saber las características de este tipo de tanque. En este sentido las denominadas “tanquetas”, como peyorativamente llaman algunos medios a los Dragoon-300, son irónicamente, los mismos vehículos blindados que los venezolanos vimos el 4 de febrero de 1992, trepar con furia inusitada las escaleras del Palacio Blanco, imágenes estas, que entre otras, catapultaron a Chávez al poder, precisamente sobre los hombros del mismo pueblo que estaba siendo masacrado el 11 de Abril.

En aquella oportunidad, las unidades blindadas fueron protagonistas por acción. El 11 de Abril, gracias a la sensatez de los profesionales militares que se pronunciaron a través de los medios de comunicación social, fueron protagonistas por omisión.

El Dragoon-300 está clasificado como un vehículo blindado de combate (Fighting Armored Vehicle) y cuyo concepto ingresa en la panoplia de los ejércitos, después de la II Guerra Mundial, a la luz de las experiencias de la Guerra de Corea, como un arma de gran movilidad y versatilidad.

Es la respuesta a la necesidad táctica de reconocimiento y exploración sobre líneas enemigas, blindado y dotado al mismo tiempo de capacidad de fuego, unos con orugas y otros con ruedas. Los de oruga se traducen en Venezuela en los tanques livianos Scorpion, adquiridos a la firma británica Alvis.

El vocablo “Dragón” no tiene nada que ver con los legendarios reptiles asiáticos; en realidad, se trata de un homenaje a los soldados ingleses a caballo del siglo XVII, que con armadura o coraza penetraban las líneas enemigas, para luego descender y convertirse en avanzadas de infantería.

La tripulación de un Dragoon-300 está compuesta por un Comandante, un Artillero, un Conductor y 11 Soldados de Infantería. Tiene una longitud de 5.59 m; ancho de 2.44 m; altura de 2.13 m; peso en combate de 11.83 toneladas; combustible: 341 litros; desempeño a máxima velocidad en carretera, 122 km/h; autonomía: 1.045 km; potencia: un motor que suple la firma Detroit Diesel Corporation, de 6 cilindros que desarrolla 223.81 Kw. (300 HP) a 2.800 revoluciones por minuto. El sistema eléctrico es a prueba de agua (anfibio) con baterías de 12 voltios. La caja de velocidades la suple la División de Transmisiones Allison de la General Motors Corporation, un MT-653 automática con 5 velocidades hacia delante y una de reverso. Armamento: una ametralladora M60 de 7,62 mm que carga 2.000 proyectiles.

La configuración del vehículo permite un cañón entre 20 y 90 mm de calibre que carga 50 proyectiles. Descarga también 4 granadas de humo en cada lado. El control de tiro es una versión de Combat 90, fijado con un modelo LWMS de visión periscópica fabricada por Texas Instruments.

Lamentablemente son muchos los ejemplos a nivel internacional en donde Gobiernos han utilizado Tanques de Guerra para disuadir manifestaciones civiles. Estos Gobiernos generalmente han estado asociados a dictaduras o regímenes autoritarios, como la de Alemania Oriental que los usó el 16 y 17 de junio de 1953, para enfrentar las protestas civiles en el sector oriental de Berlín, que había tenido su origen en una huelga de obreros de la construcción. La ex Unión Soviética los desplegó para reprimir los levantamientos populares de Budapest en 1956. En Praga, 600 mil efectivos rusos y de otros cuatro países del Pacto de Varsovia, ocuparon Checoslovaquia, en pocas horas los centros neurálgicos del país quedaron en poder de las tropas invasoras, que secuestraron a sus autoridades y las enviaron a Moscú, esto ante la perplejidad de la población que pocas horas antes había sido tranquilizada de que los "aliados" rusos respetarían el camino que en los meses previos había emprendido el Partido Comunista checoslovaco bajo la dirección del ‘reformista’ Dubcek, el del "socialismo con rostro humano", este día pasó a la historia como la "Primavera de Praga". En Polonia igualmente se utilizaron durante la ley marcial en 1968. En China, más recientemente, fueron utilizados el 4 de junio de 1989, en la inmensa Plaza de Tiananmen de Beijing, para disolver la rebelión estudiantil que había logrado congregar un millón de civiles desarmados cuya protesta se llevaba a cabo en forma pacífica, y la cual fue reprimida brutalmente por el Ejército, con un saldo que va de 3.000 a 6.000 muertos, en donde toda la humanidad vio a estudiantes individualmente retando a esos tanques, ver gráficas, quienes en forma inclemente les pasaron por encima, nadie que haya visto esto puede olvidarse de semejante barbaridad, estos sucesos dejaron para la posteridad el gráfico de un estudiante enfrentando una columna de tanques y siendo posteriormente aplastado por éstos. Ferdinand Marcos, de Filipinas, los enfrentó contra monjas, sacerdotes y niños en 1986. Los talibanes se sirvieron de tanques en Afganistán para destruir las antiguas esculturas budistas o para empujar los muros sobre civiles acusados de homosexualidad. En América Latina se asocian con la brutal liberación del Palacio de Justicia de Colombia, el 6 de noviembre de 1985, donde murieron 12 magistrados. En 1973, Pinochet lanzó sus tanques contra partidarios de la Unión Popular.

4. Conclusiones y Responsabilidades

No existe duda de que el Presidente de la República ordenó activar un dispositivo estratégico, que a todas luces es contrario al Texto Fundamental, situación de la cual tuvo conocimiento por parte del General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo, quien en varias oportunidades se lo comunicó, todo lo cual se agrava con la contrariedad de varias normas del Reglamento de Servicio en Guarnición, que se aplicaba al activar tal Plan, con el mismo Texto Fundamental. Por otra parte, el Presidente obvió igualmente las disposiciones normativas contenidas en el propio Plan Rector Soberanía, al cual se debe el Plan de Operaciones para la Guarnición de Caracas, denominado Plan Ávila, que dispone las suposiciones fácticas que deben ocurrir a fin de que se active o se pueda activar el mencionado Plan, que como vimos estaba constituida por cuatro suposiciones, ninguna de las cuales se cumplía en ninguno de los momentos en que el Presidente ordenó la activación del mencionado Plan. Por otra parte, el Presidente, aún siendo el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, violentando todas las líneas de mando previstas, tanto en el Plan, como en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, como en el Reglamento de Servicio en Guarnición. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 232 de la Constitución, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 31 y 35 del Reglamento de Servicio en Guarnición, se debe declarar la Responsabilidad Política del Presidente de la República al ordenar la activación del Plan Ávila.

E. Concentración Oficialista en Miraflores

Poco es lo que se puede decir acerca del acto de concentración de adeptos al Gobierno en los alrededores del Palacio de Miraflores. Lo cierto del caso es que ha sido una constante tradición el ejercicio de actividades de sombra por parte de los partidarios del Gobierno, para todas las actividades que realiza la sociedad venezolana, conocida como la oposición. De esta forma, cada vez que la oposición realiza una concentración, una marcha, o cualquier acto de manifestación, pues los partidarios del Gobierno realizan un acto paralelo, como si esto se tratase de una especie de guerra.

Pues bien, se ha dicho a lo largo de las interpelaciones, que la marcha de la oposición era ilegal, puesto que no estaba permisaza. Quienes así se expresan, manifiestan una crasa ignorancia sobre el régimen jurídico de las autorizaciones, y concretamente sobre el sistema relacionado con el ejercicio del derecho a manifestar o a marchar. En este sentido es bueno traer a colación o dar a conocer que para realizar una marcha, no se requiere ningún tipo de permiso, ni ningún tipo de actividades de permisería, y la razón de esto es la garantía del libre tránsito. Sin embargo, por razones de seguridad y orden público, la Ley exige que aquellos grupos que deseen manifestar o marchar, pueden hacerlo, pero deben participarle a la primera autoridad civil, de tal hecho e indicarle la ruta a través de la cual se va a dirigir la marcha, a fin de que las autoridades puedan ordenar el tránsito terrestre, etc.

En este sentido, la marcha de la oposición no hizo ninguna participación sobre la marcha hacia Miraflores. La razón de esto radica en que la marcha estaba dirigida hacia Chuao, desde el Parque del Este. Sin embargo, debido a la descomunal magnitud de la concentración de la sociedad venezolana en esa marcha que empató el trayecto entre el Parque del Este y el edificio de PDVSA en Chuao, lo que hizo que se creara un ambiente de festividad y alegría incontenible que desbocó y desenfrenó en un clamor popular de dirigir esa multitud hacia Miraflores, en virtud de que todos los presentes tenían un deseo incontenible de solicitare la renuncia al Presidente de la República, y así marcharon con ese mismo animo hacia el destino final.

En cuanto a la concentración oficialista en los alrededores del Palacio de Miraflores, ya es un hecho aceptado que tampoco el oficialismo había participado a la primera autoridad civil sobre esa concentración, de hecho en la mayoría de los actos pro gobierno, se omite este requisito de la participación.

Sin embargo, cosa muy diferente es no hacer la participación, lo que no hace ni vicia al acto de ilegal, es hacer la manifestación en una forma contraria al mandato constitucional.

Efectivamente, el Texto Fundamental regula y protege el derecho a manifestar, el mismo tiene su regulación en la siguiente norma constitucional:

Artículo 68.- Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público

Entonces que derecho a manifestar que se encuentra garantizado en la Constitución, requiere que se cumplan dos presupuestos de hecho a fin de que el ejercicio de ese derecho pueda adaptarse y reconocerse por el Texto Fundamental, en lo atinente a la protección del derecho a manifestar, particularmente.

En este sentido, se requiere que el ejercicio del derecho a manifestar se haga en una forma pacífica, y que el mismo se haga sin la posesión de armas.

Evidentemente, y esto ha sido demostrado a través de todos los videos, la manifestación pro gubernamental u oficialista que se concentró ese día 11de Abril en los alrededores del Palacio de Miraflores, era inconstitucional, dado que la misma no era una concentración pacífica, lo cual se demostró cuando llegó la marcha de la oposición, la cual fue recibida a piedras y bombas lacrimógenas. Pero no solo ello, sino que la misma fue convocada expresamente a manifestar con armas, tal y como se desprende de la orden que le diere el Lic. José Vicente Rangel Vale al Alcalde Freddy Bernal, cuya demostración se hará in extenso ut ultra, era para que se hiciera con armas de todo tipo “piedras, palos y botellas…”. Pero no fue esto suficiente, no solo se presentó o se realizó esta concentración en contravención del precepto constitucional anteriormente citado, sino que, lo que es peor, esa concentración, ese grupo de gente que allí manifestaban a favor del Presidente, hizo uso de forma indiscriminada de esas armas que portaban en contra de la manifestación de la oposición.

De manera tal, que esa concentración no ha debido ser permitida por las autoridades competentes, el Gobierno actuó irracionalmente al aceptar una concentración en donde la inmensa mayoría de los manifestantes portaban armas de todo tipo, bien sean blancas, de fuego y de guerra, todo lo cual implica una acción política reprobable, tanto a nivel nacional como internacional, ya que el número de personas que se encontraban portando armas de fuego, era aproximadamente de 150 personas, lo cual es considerado un número desproporcionado y demasiado grande para que pasase desapercibido a las autoridades de la Guardia Nacional. Pero además, estos manifestantes, siguiendo la orden del entonces Ministro de la Defensa, trasmitida a través del Alcalde Freddy Bernal, estaban también armados con palos, piedras y botellas, de las cueles hicieron uso a plenitud, convirtiendo un acto de manifestación en una concentración de bandolerismo que fue apoyada por el Gobierno.

Esta situación que se presentó ese día, por el solo hecho de haber aparecido en una forma flagrante a través de los medios de comunicación social, han debido haber producido una activación del órgano de la Fiscalía General de la República, en este caso, por la manifestación inconstitucional o contraria a los preceptos constitucionales. Esto no se hizo, y a la sociedad venezolana le queda un sabor amargo a impunidad.

Es por estas razones aquí esbozadas, que la Asamblea Nacional, no solo debe declarar la Responsabilidad Política del Presidente de la República y del Vicepresidente Ejecutivo, sino que debe solicitar al ciudadano Fiscal General de la República, que se avoque a realizar los trámites necesarios a fin de que pida al Tribunal Supremo de Justicia, el Antejuicio de Mérito en contra de estos dos altos funcionarios.

F. Masacre del 11 de Abril

La marcha pacífica convocada por gran parte de la sociedad venezolana, que en la actualidad se conoce como la oposición, como vimos se dirigió al Palacio de Miraflores, con el propósito de ejercer determinados derechos constitucionales, como lo era el de manifestar pacíficamente, contenido en el artículo 68 de la Constitución, con la finalidad de solicitarle, de conformidad al ejercicio de otro derecho constitucional contenido en el artículo 51 del Texto Fundamental, la renuncia al Presidente de la República. La marcha llegó a la Plaza O´Leary, procedente de Chuao y el Parque del Este, por la avenida Universidad, luego de transitar gran parte de la autopista del este y la avenida Bolívar. Debido al descomunal tamaño de la marcha, que a saber de los entendidos es la más grande concentración humana que se haya visto en Venezuela y América Latina y del Norte, llegó un momento en que la marcha no podía continuar su curso hacia las inmediaciones de Miraflores por la Avenida Universidad hasta la Plaza O´Leary, ya que se encontraba atapuzada de gente, porque el trayecto hacia Miraflores por la Avenida Sucre estaba bloqueado por un cordón de la Guardia Nacional, igual sucedía con la calle paralela a la Avenida Baralt que sube hacia Miraflores por el Liceo Fermín Toro, que también estaba acordonada por la Guardia Nacional. Este bloqueo obligó a que la marcha buscara su curso a través de la Avenida Baralt. Sin embargo, en ese trayecto, la marcha fue detenida en la esquina La Pedrera, debido a que los facinerosos que apoyaban al Gobierno, les estaban lanzando piedras y bombas lacrimógenas, que para evitar males mayores, la Policía Metropolitana, trató de evitar que estos facinerosos penetraran más debajo de la esquina La Pedrera, con la colocación de los vehículos conocidos como la Ballena y el Rinoceronte. En todo caso, la presión de la marcha hacia el norte de la Avenida Baralt, se hacia cada vez más insostenible, y cada vez ganaba más terreno a quienes les lanzaban piedras y bombas lacrimógenas, y es en esos momentos, cuando una lluvia de disparos provenientes del Puente de Llaguno, y de algunos edificios no determinados de los alrededores, comenzaron a hacer blanco sobre algunas personas de la marcha.

Estos pistoleros se encontraban apostados en Puente Llaguno, otros estaban resguardados en los edificios ubicados a los lados, otros ubicados en la parte baja del Puente y otros en diversas esquinas de las Avenida Baralt, emprendieron en una forma inclemente y en la mayoría de los sitios, a mansalva, fuego hacía la parte de Avenida Baralt, donde la marcha intentaba continuar su paso hacia Miraflores, hechos estos públicos, notorios y comunicacionales, que constituyen la única prueba de los disparos realizados por los pistoleros del Gobierno pertenecientes a la Guardia Civil Armada, que se ha escudado detrás de los denominados Círculos Bolivarianos. Todo ello indica o pareciera indicar, que existía previamente un Plan para obligar a la marcha a caer en una macabra emboscada, ya que no se explica el por qué no existía un cordón de la Guardia Nacional en esa Avenida Baralt, ni tampoco por qué no existía ese cordón en la Avenida Urdaneta, justo donde está el Puente de Llaguno.

Las muertes ocurridas ese tenebroso día, de los ciudadanos Nelson Eliecer Zambrano, Jesús Orlando Arellano, Cesar Matías Ochoa, Jhonny Palencia, Williams Antonio Rojas, Víctor Emilio Reinoso, Pedro José Linares, Josefina Rengifo, Juan David Querales, Jorge Ibrain Tortoza, Alexis Bordones, Ruddy Alfonso Urbano Duque, Erasmo Enrique, Jesús Mohamed Espinoza, Ángel Luis Figueroa, José Alexis González, pudieran derivarse de esa emboscada y de la acción de los pistoleros apostados en el Puente de Llaguno, que el mundo entero ha visto por la televisión como disparaban en forma inclemente y a mansalva hacia la marcha, con una impunidad jamás vista en algún país democrático, y lo peor del caso y de lo que nadie encuentra alguna explicación lógica, es que todo esto ocurría a menos de 150 metros de la oficina del Presidente de la República, del lugar de donde éste estaba transmitiendo la odiosa encubridora de ese día 11.

La mayoría de los muertos presentaron heridas por arma de fuego en la cabeza y tórax, esta afirmación se desprende del croquis publicado en el diario El Nacional en fecha 19/05/02 en el cual se observa el sitio de deceso de las personas y de las declaraciones dadas por los familiares de los fallecidos.

Ahora bien, para determinar las responsabilidades correspondientes a este macabro acontecimiento, es importante traer a colación, las posiciones asumidas por algunos de los interpelados responsables de la seguridad del Palacio de Miraflores y del perímetro externo del mismo con respecto al tema de los francotiradores y sujetos ubicados en el Puente Llaguno, así como de las medidas que tomaron para evitar que tales hechos fueran mayores.

En este sentido tenemos en primer lugar, al General de División (GN) Francisco Belisario Landis, quien para ese entonces fungía como Comandante de la Guardia Nacional, quien al respecto expresó:

"Nos enteramos de la presencia de francotiradores, cuando el señor General Eugenio Gutiérrez, que estaba comandando las operaciones, nos transmite esa noticia por vía radio, allí es que nos enteramos. Si hubiera tenido conocimiento de la presencia de esos francotiradores, no le quepa la menor duda que tomamos las medidas correspondientes.”[73]

¿Supo usted si fueron apresados algunos francotiradores el día 11 cuando la marcha llegó a las cercanías de Miraflores o en momentos anteriores o posteriores al citado? No tengo conocimiento de esas detenciones.[74]

¿Cuántos efectivos de la Guardia Nacional dispararon sus armas en los acontecimientos de Miraflores el jueves 11 de abril y qué cantidad de municiones? Le repito señor diputado que las instrucciones que se impartieron fue de que el personal que concurriera a contra restar las manifestaciones lo hiciera con equipo antimotín, si algún Guardia Nacional o algunos efectivos cumpliendo sus labores como elementos de seguridad de los vehículos de transporte y de las unidades que estaban operando, dispararon sus armas de fuego eso se esta investigando y estamos colaborando con esa investigación.[75]

¿Por qué la Guardia Nacional no detuvo a los civiles que dispararon desde el Puente de Llaguno a escasos metros del Palacio de Miraflores? Le pedí una explicación de esto al Comandante del Regional 5, el Comandante del Regional 5 me expresó que ese punto de bloque no le correspondía a la Guardia Nacional, recuerden que allí actúo la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional desde ese punto de bloque no estaba presente la Guardia Nacional.[76]

Por su parte, el Alcalde del Municipio Libertador, Freddy Bernal, a quien en la mañana de ese día, el actual Vicepresidente José Vicente Rancel, para ese día Ministro de la Defensa, había llamado por teléfono y le había dado la orden de convocar a los Círculos Bolivarianos armados para evitar que la marcha llegase a Miraflores, expresó en el interrogatorio, lo siguiente:

"…Entre las dos y media y tres de la tarde se comienzan a oír disparos en la Av. Baralt, intercambio de disparos, producto de dos vertientes. Primero los francotiradores que ya habían sido colocados con acción manifiesto de causar un caos, una conmoción social y por la acción de algunos grupos, …Algunos grupos de la Policía Metropolitana comienzan a disparar…Ese que está ahí es un policía de Chacao con una pistola Glott,…dentro del edificio La Nacional, del Municipio Libertador…La Policía Metropolitana, la Policía de Chacao y la Policía de Baruta, irrumpieron ilegalmente en las instalaciones del edificio La Nacional, subieron hasta el piso 4 y 5 y comenzaron a disparar desde el piso 4 y 5 del edificio La Nacional a los manifestantes…esos mencionados francotiradores, no estuvieron en el edificio La Nacional, pero sí hay la prueba de los disparos de tres cuerpos de policía municipal, del piso 4 y del piso 5…"

En este orden de ideas, el General de División (Ej.) José Aquiles Vietri Viteri, Jefe de la Casa Militar, afirmaba en lo que comenzó con lo que se conoce como la contradicción de los francotiradores a decir:

¿Cuántos de los que dispararon, a escasos metros del Palacio de Miraflores, especialmente desde Puente Llaguno, fueron detenidos por la Guardia de Honor o por otros organismos de seguridad y cuáles son sus nombres, apellidos y datos de identificación?

Respondo por la Guardia de Honor, que es parte de la Casa Militar, ningún francotirador, ningún individuo que disparó desde el Puente Llaguno, fue detenido por la Guardia de Honor.

Otros organismos de seguridad, no es mi competencia, realmente no sé si fueron detenidos por otros organismos de seguridad[77].

¿Cuántos civiles armados fueron detenidos por los organismos de seguridad y especialmente por la Guardia de Honor o la Casa Militar en las inmediaciones de Miraflores el día jueves 11 de Abril y cuáles son sus nombres, apellidos y demás datos de su identificación?

Nosotros no detuvimos a ningún civil armado por parte de la Guardia de Honor. La misión que tiene la Casa Militar es la de proporcionar seguridad integral y sistemática al señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No es función de nosotros meternos o inmiscuirnos en los deberes y funciones que tienen los organismos de seguridad del Estado.

Cuarta pregunta. ¿Los efectivos de la Guardia de Honor dispararon durante los sucesos del día jueves 11 de abril, en las inmediaciones del Palacio de Miraflores?

En ningún momento y les digo a este honorable cuerpo de diputados y diputadas, que me siento orgulloso de haber sido Jefe de la Casa Militar en ese momento y donde le manifesté al señor Presidente de la República y a todos mis hombres que estaban bajo mi comando, el orgullo, la satisfacción que teníamos de que la Guardia de Honor, con la presión que había en ese momento, tanto de la parte externa y de la gran cantidad de gente que había y sabíamos que estaban disparando de un lado y de otro, porque lógicamente se oían los disparos, el Regimiento Guardia de Honor y doy fe y eso que lo investigue quien lo investigue, no hubo un disparo, un solo tiro por un efectivo de la Guardia de Honor, ni el día 11 ni el día 12 ni el día 13, que fue el sábado, donde también se restituyó el hilo constitucional. De eso yo me siento orgulloso y todos mis efectivos, me siento orgulloso de que no hubo un solo disparo por efectivos de la Guardia de Honor. Esta es la respuesta a la cuarta pregunta.

Quiero también decir en la parte inicial que el señor Diputado habló acerca del Plan de Defensa. La Guardia de Honor, efectivamente y cualquier unidad del Ejército y de la Fuerza Armada, cuando ve algo anormal en sus inmediaciones, inmediatamente activa el Plan de Defensa inmediato, eso es algo normal y es algo que está estipulado en todos los reglamentos internos de la guarnición, eso ocurre en toda dependencia militar, allí en ese momento estaba ocurriendo algo anormal, que eran pues, las marchas que venían, venía la cantidad de gente que estaba frente al Palacio, los acontecimientos que estaban ocurriendo, etc., etc., y por tal motivo el Plan de Defensa se activó como debe ser.

Ahora bien, aquí la misión de la Casa Militar, que nosotros claramente ya la sabemos, de ahí se desprende unos planes operativos vigentes, que esos planes operativos vigentes se aplican de acuerdo al sitio donde el señor Presidente de la República o los familiares inmediatos, como también lo dice, asisten al plan operativo vigente en los estadios.

Vamos a aplicarlo aquí en Caracas, en el Teatro Teresa Carreño, en Parque Central, en los estadios, que son sitios normales que el Presidente y consecuentemente el Presidente va y otros sitios preestablecidos, y que también hay la activación de estos planes operativos vigentes de acuerdo a la circunstancia.

Entonces bien, como dicen que la misión de la Casa Militar es proporcionar la seguridad integral y sistemática al señor Presidente de la República y su entorno familiar, en el Palacio de Miraflores hay también la activación de un POD, que es el Plan Operativo Vigente, ¿cuándo se aplica ese POV en el Palacio de Miraflores? Cuando el Presidente de la República, entra o sale del Palacio de Miraflores, cuando entra o sale, cuando se sabe que el Presidente de la República se desplaza hacia el Palacio de Miraflores automáticamente el Comandante del Regimiento de Guardia de Honor, que es el brazo ejecutor de este plan activa el Plan de Defensa, activa el POV. En este POV se contempla la toma de los edificios adyacentes al Palacio de Miraflores.

También cuando el señor Presidente de la República sale del Palacio de Miraflores, el comandante del regimiento activa el POV y toma los edificios adyacentes al Palacio de Miraflores. Que yo me acuerde, el señor Presidente de la República en ningún momento entró ni salió del Palacio de Miraflores. Por lo tanto, en ningún momento se tomaron los edificios adyacentes al Palacio de Miraflores porque no está estipulado en el POV, no está estipulado.

Ahora, si habían francotiradores en esos edificios ese no es mi problema, porque el problema mío era resguardar la integridad física del señor Presidente de la República, quien se encontraba en las instalaciones del Palacio de Miraflores en ese momento. Entonces, yo quiero pues... Y los organismos de seguridad del Estado, no sé, llámese Relaciones Interiores, llámese la DISIP, etc., etc., tienen también sus funciones específicas y yo no me puedo meter en sus funciones, la misión mía era resguardar la integridad física del señor Presidente de la República y la cumplí en un 100% con todos mis hombres, de acuerdo a como lo estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.[78]

¿Qué medidas tomó la Casa Militar para evitar la presencia de francotiradores en las cercanías del Palacio?. Usted mencionó que se sabía desde tempranas horas la existencia de francotiradores. Yo realmente en ningún momento supe de la presencia de francotiradores en horas de la mañana, en ningún momento. Entonces, ¿qué medidas tomó la Casa Militar para evitar la presencia de francotiradores, realmente pues no tomé ninguna medida, porque no tenía conocimiento y yo pues, como lo hemos hablado de la misión del POB(¿?) etc. etc., y que una marcha pacífica viene a Miraflores, yo no creo pues que vamos a creer, vamos a decir, valga la redundancia, de que va a haber francotiradores que van a atentar contra una marcha pacífica que viene. Entonces, medidas no tomé ninguna porque no sabía de la existencia de francotiradores.[79]

¿No salió la Guardia de Honor a la Avenida Urdaneta, hasta Puente Llaguno, por ser de que allí se estaban disparando?

Bueno, usted hizo unas observaciones en el preámbulo de las preguntas, donde decía que yo había dicho, de que habíamos oído y nos habían enterado que estaban disparando de bando y bando.

Una cosa es que yo haya dicho, de que me enteré, y que había oído que estaban disparando de bando y bando, y otra cosa es que yo con la Guardia de Honor, con mis soldados, iba a intervenir en esos disparos, porque no era mi problema, ese es un problema de seguridad pública y la Casa Militar no tiene dentro de sus misiones la seguridad pública.

No sé si le respondo las preguntas al señor diputado. Yo estaba seguro que no era con el Presidente.

El perímetro de seguridad lo hablamos, eso geográficamente yo no lo puedo describir en este momento, de repente no me acuerdo de algunas cosas, de la avenida, de tal cosa, etc., etc. Bueno, el perímetro es, por decirle, la parte que está posterior a la Plaza Bicentenario, eso se cubre, se cubren las azoteas del Palacio de Miraflores, se cubre la azotea del regimiento Guardias de Honor, se cubre la azotea del palacio Blanco, la prevención, se cubren las garitas que están alrededor de los palacios que le estoy mencionando, etc. Ese es el perímetro, pero tendríamos que ir allá al sitio y verlo.[80]

Los altos funcionarios del Gobierno se culpaban unos a otros, titubeaban ante la evidente falta de coordinación entre los órganos de seguridad del ciudadana, y se contradecían continuamente en cuanto a asumir las responsabilidades en la ejecución de las acciones que tenían que ver con el resguardo del orden público, en este sentido, Carlos Aguilera. Jefe de las DISIP afirmaba:

¿Qué acciones tomó la DISIP bajo su mando, o de otro comisario, contra los francotiradores apostados a los alrededores de Miraflores?

La información que nos llegó a nosotros de unos francotiradores, exactamente fue cuando un funcionario nuestro que estaba adscrito a la Vicepresidencia recibió un disparo.

¿Acciones? La información la tenía el Ministro Rodríguez Chacín, en ese momento nosotros no recibimos órdenes de evaluar la situación. Se tomó una decisión interna que fue retirar a todo el personal de la DISIP que estuviese dentro de las marchas en la búsqueda de información, motivado a que en ese momento consideramos que ya no había inteligencia que hacer, había una situación de conflicto, para eso estaba la Guardia y la Policía Metropolitana en las calles.

A las cinco de la tarde aproximadamente, recibimos una llamada del Comandante de Regimiento de Guardia de Honor, informando sobre la situación de los francotiradores, yo procedí a dar la orden y armar dos equipos de contra francotiradores, y se montaron en dos helicópteros nuestros, se dirigieron al sitio bajo una orden específica mía, que era tratar de ubicar y disuadir a los francotiradores, y si la vida de terceras personas se veía en peligro había que tomar una decisión drástica, en ese momento era neutralizar al objetivo, que es una de las funciones de los contra francotiradores…

Los helicópteros regresaron a las instalaciones de la DISIP sin observar ningún francotirador.”[81]

“Un grupo de funcionarios de la DISIP denunció el día de ayer en la Fiscalía General, que en la DISIP se empezó a recibir información a temprana hora de la existencia de los francotiradores, incluso de la investigación de algunos de ellos, por cierto los identificados, están relacionados con cuerpos de seguridad de Estado, pero no son policías municipales. Ellos señalaron que usted se negó a dar instrucciones.

En ningún momento me negué a suministrar instrucciones. Y yo quisiese, viendo la investigación, que se evaluase a cada uno de estos funcionarios que están haciendo esta denuncia y se podrán dar cuenta o percatar que no tenían acceso a esa información. La información que obtuvimos nosotros, de inteligencia, donde se iba a utilizar francotiradores, era una información de inteligencia, señores, información en proceso. Recuerden que a nosotros nos llega la información, hasta que no están ellos ahí no podemos saber si es cierto o es falso”.[82]

Por su parte, de los agentes del Gobierno que cayó más en contradicciones fue el Coronel Jesús Morao Gardona, Jefe de la Guardia de Honor. A este militar parece que le hubiesen asignado una labor cuesta arriba para sostener la tesis de la existencia de francotiradores puestos por la oposición. Esta inverosimilitud a cambiado tanto desde que fue asomada por primera vez por la Diputada Iris Varela y sostenida por el propio José Vicente Rancel Vale, que actualmente, no se sabe cual era la intención de asomar esta tesis, ya que son tantas las contradicciones que muchas veces no queda más remedio que llegar a la conclusión de que se trataba de un ardid destinado a ocultar o desviar la atención para que no se enfocase en la realidad de la emboscada. En este sentido, este Coronel comienza sus contradicciones así:

“¿Por qué la Casa militar no tomó las alturas periféricas a Miraflores los días, 9, 10, y 11 de abril cuando existían importantes movilizaciones humanas en torno al Palacio de Gobierno?

Con respecto a esta pregunta, yo creo que ya en diferentes ocasiones se ha tratado lo siguiente. Para que el Regimiento de la Guardia de Honor tome las alturas adyacentes a Palacio, tiene que estar condicionado por la presencia del señor Presidente de la República, su llegada o su retirada, en todo caso.

¿Cuál fue el plan de defensa perimétrica que ustedes en la Casa Militar diseñaron para garantizar la seguridad del Palacio de Miraflores?

La defensa perimétrica como tal, otra voz, cuál fue el plan de defensa perimétrica que ustedes en la Casa Militar diseñaron para garantizar la seguridad del Palacio de Miraflores?

Nosotros realizamos un plan de defensa inmediato, un plan de defensa local, que son justamente para asegurar lo correspondiente a las áreas del Palacio Blanco, Palacio de Miraflores y el Regimiento de la Guardia de Honor, es sencillamente el Plan de Defensa Inmediato o Plan de Defensa Local. Fuera de las instalaciones, la competencia no es del Regimiento, sencillamente porque es justamente lo que estamos en ese momento custodiando las instalaciones, las calles por supuesto, evidentemente pasar una calle a la otra, pero son las instalaciones, las que custodiamos, o las que aseguramos en todo caso.

Usted nos narró su conocimiento de los muertos cerca del Palacio, ¿por qué no ordenó una comisión a las afueras del Palacio para detener a los ciudadanos armados en Puente Llaguno, como lo hizo con la comisión que envió a RCT?

Fíjese, es evidente de que lo que muere alrededor de Palacio son venezolanos, y debemos sentir eso en el alma, porque no muere otra cosa, sino seres humanos y es por ello que cuando a las 0.4:00 horas de la tarde me informan de que están asesinando gente en los alrededores de Palacio, de inmediato corrí para mi Comando y a través de un teléfono interministerial me comuniqué con el Capitán Aguilera Borges y le pedí que por favor, fueron mis palabras, por favor Carlos están matando las personas frente a Palacio, envíate un equipo de francotiradores y por favor envíale el helicóptero para contrarrestar los contrafrancos para contrarrestar a los francotiradores, y eso no es nada más las inmediaciones de Palacio, eso eran todos los alrededores donde se estaba suscitando todo este hecho. Entonces esa fue la condición son seres humanos, son venezolanos, y no voy a decir que mi función llega hasta ahí, hasta las inmediaciones del Palacio Blanco, o hasta las inmediaciones del Palacio de Miraflores, no, yo no vi eso, yo vi ciudadanos venezolanos muriendo, producto de unos francotiradores, es evidente que no fueron localizados, sin embargo... me disculpan un minuto por favor.”[83]

“Señor Presidente, señores diputados, permítanme decirle lo siguiente porque tengo una idea muy clara. El Coronel Jefe de la Casa Militar, el Coronel Almidian Moreno Acosta, esa misma noche del 11, cuando capturan a unos venezolanos del pueblo que casi los masacra la misma muchedumbre que estaba allí, que como mencionó la licenciada Iris Varela, que recuerdo en sus interpelaciones que siempre hace mención a estos tres señores. Bueno... estos señores evidentemente que los llevaron a Palacio, los llevaron allí a Casa Militar, lo que es Palacio.

En esos momentos que estamos en ínterin de que venían unidades o no venían y había mucha confusión, yo veo que hay 3 personas, uno que se está muriendo, señores, de inmediato ordeno al médico, atiendan a ese hombre que se está muriendo, golpeado, masacrado por el pueblo y habían otros dos que estaban también golpeados, “supuestamente eran presuntos francotiradores”. Entonces ante esta situación ordené de inmediato que recluyeran dos en la Sala Disciplinaria del Regimiento y el otro fuera llevado al Hospital Vargas.

Estas personas, por supuesto el otro me informaron se le siguió la pista y se salvó. Los otros dos se investigaron y era un perrocalientero y otra persona que andaba por allí, X, pero aquí viene lo otro señores. No es una carta debajo de la manga, una investigación que ordenó el Jefe de la Casa Militar en el momento que se están dando las muertes, una investigación no, una acción inmediata, porque el pueblo lo exigía, veían que estaba cayendo la gente, entonces qué ordena el Jefe de la Casa Militar, ordenó de inmediato con un equipo conformado por contrafrancos de la DISIP y unos profesionales de Casa Militar al mando del Mayor Chourio, se metieron al Hotel Ausone, y capturaron 7 personas, que tenían armas, dos señores colombianos, 5 venezolanos y voy a consignar el informe del Coronel Almidian Moreno Acosta para que ustedes a través de los organismos competentes se encarguen de hacer estas investigaciones y determinar si estas 7 personas son los presuntos francotiradores del que todos hacemos mención, porque realmente las evidencias de los muertos que le leí, de las 39 personas, nos dicen que sí habían francotiradores. Mucha gracias señor Presidente.”[84]

“¿Usted dejó en libertad a los tres presuntos francotiradores que se detuvieron el jueves 11 de abril? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus identidades, por qué no los entregó a la Fiscalía o a la policía criminal?

Ya le dije que estas personas son presuntos francotiradores, se determinó que no eran tales y procedí a soltarlos, una vez que quedaron libres, pues evidentemente el único que queda en el Hospital Vargas es el que está herido, pero el señor General de Brigada José Aquiles Vietri Vietri, consignó los nombres y en todo caso, yo tengo los nombres con exactitud e inclusive dirección de todos y cada uno de ellos y si tengo que volverlas a consignar, las consigno y aquí están, para que los organismos competentes realicen las investigaciones que corresponda.”[85]

“¿Por qué los efectivos de la Guardia de Honor desalojaron de una azotea vecina a Miraflores a los periodistas de Venevisión que filmaban los graves sucesos ocurridos en el Puente de Llaguno el jueves 11 de abril? ¿Por qué los efectivos de la Guardia de Honor estaban acompañados de civiles partidarios del gobierno? ¿A qué se debe esa irregularidad?

Sólo usted está afirmando este tipo de situación, que hay partidarios, que no habían partidarios del gobierno, debemos reconocer de que la gente que está aglomerada allí son todos venezolanos, definir si son partidarios o no del gobierno, no lo defino. Ahora, en cuanto a los periodistas señor diputado que estaban en el edificio, eso lo llaman Restaurant Mirapollo, usted lo conoce también porque evidentemente de que estuvo mucho tiempo su señor padre allí en el Palacio. Resulta señor diputado que los francotiradores estaban haciendo estragos en el pueblo y entonces este profesional del Regimiento de la Guardia de Honor, se traslada al edificio, ese es un sargento, con la finalidad de desalojarlos para cuidar de la integridad física de esas personas que estaban allí. Usted acaba de señalar de que había inclusive partidarios del señor Presidente de la República, como se pudo ver en el video 4-F, pero no importa, 4-F, periodistas, etc., venezolanos, protegiéndole la integridad a todos ellos y es por ello que se mandó a bajar a todas esas personas que estaban allí, porque probablemente, señor diputado, es posible de que alguno de ellos pudieran haber sido víctimas de los francotiradores, ya que en esa azotea evidentemente de que corrían peligro, es por ello que se desalojan.”[86]

Luego el diputado Caldera le hace una pregunta ante una aseveración hecha por ese Coronel sobre la captura de siete (7) francotiradores, la cual es del siguiente tenor:

“Señor Coronel, la verdad es que me ha tenido muy confundido esta información que usted nos ha traído hoy, de la que no teníamos conocimiento acerca de supuestos 7 francotiradores que fueron detenidos por la Casa Militar y la DISIP el jueves 11 de abril, porque el General Vietri que era Jefe de la Casa Militar para ese momento nos informó aquí que se enteró de la existencia de francotiradores por usted, cuando usted le informó que estaba haciendo coordinaciones con la DISIP para enfrentar a unos francotiradores. Entonces le pregunto. ¿Usted no le informó al General Vietri que habían detenido 7 francotiradores en Hotel Ausonia? ¿por qué no lo hizo? ¿por qué el General Vietri Vietri dijo ante esta Comisión, que no habían detenido ninguno?, ¿será que tampoco se trataba de francotiradores?.

Yo inquieto con este asunto, solicité de la Presidencia con todo derecho, como Parlamentario, los documentos que usted consignó y sobre esta materia hay un informe que presenta el actual Jefe de la Casa Militar, que era Subjefe de la Casa Militar para el 11 de abril, al Fiscal correspondiente del Ministerio Público, por cierto que en los informes que usted consignó uno de los otros tres supuestos francotiradores, que no eran francotiradores, está hospitalizado en el Vargas, no solamente fue como consecuencia de unos golpes que recibió, sino esos documentos dicen, que también como consecuencia de un disparo y de una herida de arma blanca. Es curioso que se le haya escapado mencionarlo.

Pero con relación a los 7 francotiradores de los que usted nos habla hoy, yo entiendo por qué no los quiso mencionar, porque seguramente no se trataba de francotiradores. Voy a leer el informe del actual Jefe de la Casa Militar en lo que a este respecto se refiere, y me parece muy pertinente:

Dice, cito: “Las otras siete personas fueron detenidas por funcionarios de esta Casa Militar y de la DISIP atendiendo el llamado de una multitud de personas que se encontraban en las cercanías del Palacio de Miraflores, las cuales señalaban que del interior del Hotel Eusonia, creo que está de Bolero hacia arriba, el Hotel Eusonia, a mi me parece que lo he visto, en la Esquina de Bolero hacia arriba, frente al Palacio Blanco, verdad?, o sea, muy cerca de Llaguno y curiosamente sí fueron al Hotel Eusonia, pero no fueron a Llaguno.

Pero bueno dice lo siguiente: “Las cuales señalaban que del interior del Hotel Eusonia se encontraban sujetos armados por lo que se procedió de manera urgente a hacer una requisa, ya que las personas que se encontraban manifestando en la calle pretendían irrumpir en el lugar y linchar a los sujetos desconocidos que allí se encontraban. A estos sujetos, a los 7 se les incautó un arma de fuego, una para 7, tipo revólver, calibre 38, marca Arminio HW Serial 1527323, 5 cartuchos calibre 30 milímetros sin percutar, de manera que a los 7 le consiguieron un revólver con 5 cartuchos sin percutar, y sin embargo, fueron pasados como francotiradores a la Fiscalía del Ministerio Público, y al final dice el General, este informe tiene fecha 15 de mayo, “en la actualidad no tengo conocimiento del destino, situación ni ubicación de los ciudadanos antes mencionados”, es posible que estén en libertad, precisamente porque no son francotiradores, bastaba con hacerle una experticia al arma para saber si había sido disparada.

De manera que quizás por eso, usted no le informó al General Vietri y quizás por eso el General Vietri dijo aquí que no había sido detenido ningún francotirador, pero de todas maneras le hago la pregunta señor Coronel.”[87]

Ante esa pregunta y algunas otras adicionales estas fueron las respuestas del Coronel que evidencian su contradicción:

“El General Vietri Vietri, jefe de la Casa Militar, para el día jueves 11 de abril dijo ante esta Comisión Parlamentaria, que se había enterado de la existencia de francotiradores por usted, cuando usted le informó que realizaba coordinaciones con el director de la DISIP para enfrentarlos. ¿Usted no le informó al General Vietri que habían detenido a 7 francotiradores en el Hotel Ausonia? ¿Por qué no lo hizo? No lo hice señor diputado, porque el General Vietri Vietri, lo vuelvo a reafirmar, él estaba con el señor Presidente de la República, es por ello de que yo no le informé al General Vietri Vietri, la información la tenía el Coronel Almidien Moreno Acosta.

¿Por qué el General Vietri dijo ante esta Comisión que no había detenido ninguno, será que tampoco se trataba de francotiradores? Es que no había detenidos, porque realmente estas personas que se detuvieron, que fueron los tres, no eran francotiradores, no lo eran, pero de que existían, de que mataban y de que estaban muriendo ahí, sí lo estaban haciendo francotiradores señor diputado y están las evidencias. Ahora, estos tres señores que salvamos de que el pueblo los matara, sí, no eran francotiradores, pero sí habían francotiradores. Es que él consignó los nombres, que sean los organismos que se encarguen de investigarlo, se presume que no lo eran, ahí están los nombres, que los averigüen los organismos competentes.

Si usted estaba preocupado por los que estaban heridos y muertos bajo las balas de los francotiradores ¿qué le impedía a usted ordenar de inmediato a sus hombres, que tomaran las azoteas de los edificios para enfrentar los francotiradores? Yo también lo dije ahorita, señor diputado, así como estaban matando a la gente que presumo que eran los objetivos de esta situación, se puede evidenciar de que mandar a un pelotón de hombres o un equipo de hombres a asumir el control de la azotea, podría también haber generado situaciones en función de muertos, y yo no lo puedo explicar a usted en este momento por qué de tantas veces que yo me acerqué afuera me eliminaron a mí, porque ellos sabían que yo era el comandante del Regimiento, pero también puede ser evidente de que me podían haber matado un soldado. Entonces, ¿tendrían que matar un soldado para decir que entonces sencillamente el Presidente no es el responsable de la masacre? No, es que ni lo es, porque están completamente claro las 39 personas cómo murieron.

¿Por qué sí les ordenó entonces que obligaran a los periodistas de Venevisión a desalojar la azotea en la que estaban para salvaguardar su seguridad, por qué subieron con otros civiles si había peligro? No señor diputado, no se subió con civiles, fue un solo profesional que subió a bajarlos y él obligó a todos los periodistas, civiles, etc., que habían allí para que bajaran, porque estaba evidenciado lo que hemos visto nosotros en los videos y en todo lo que yo estoy exponiendo acá, estaban matando al pueblo. Entonces, por eso es que se le ordenó bajar a todo el mundo.

Si usted estaba preocupado por los compatriotas que caían heridos y muertos, ¿qué le impedía ordenar de inmediato a sus hombres que sometieran a los civiles que disparaban desde el puente Llaguno a escasos metros del Palacio de Miraflores? Señor diputado, yo no tenía el conocimiento de que estaban matando gente en el puente Llaguno, yo estaba claro de lo que estaba ocurriendo en los alrededores del Palacio, no tenía información de lo que estaba ocurriendo en el puente Llaguno, en función de la gente que estaban matando allí o de los heridos, no sabía que estos hechos se estaban suscitando allí en el puente Llaguno. Todo esto me estoy enterando, porque hasta ahorita ustedes me han brindado la información, pero yo no sabía que estaban matando gente allí. Posterior al día 13 que se vieron todos los videos, fue donde se obtuvo la información de las muertes ocurridas en el Llaguno, que de hecho uno pasa por el puente y ve las fotos de gente, de personas, de ciudadanos venezolanos que murieron allí.

¿Qué le impedía solicitar la presencia de la Guardia Nacional que conformaba el primer anillo de seguridad en torno a Miraflores? La Guardia Nacional no conforma anillos de seguridad en torno a Miraflores, señor diputado.

¿Por qué cree usted que el presidente Chávez no dio ninguna orden a la Guardia de Honor de salir a combatir a los francotiradores que estaban masacrando al pueblo, porque no estaba en peligro su seguridad personal? El señor Presidente no tiene por qué dar órdenes de ir a combatir contra francotiradores, el señor Presidente de la República pone su seguridad física, la de sus familiares, en mis manos. Entonces, ante la situación que se está presentando ya yo he sido repetitivo, sencillamente no teníamos que tomar la azotea, porque estaba también en peligro la vida de muchos hombres, de los profesionales, no es por ello que voy a decir de que tomarla iba a salvar a pueblo, yo tomé mis acciones con la DISIP, yo tomé mis acciones como tenía que tomarlas y no fue que no hice nada, lo hice, entonces a pesar de que la misión nosotros la tenemos muy bien definida, pero se tomaron acciones en función de lo que estaba sucediendo. ¿Que no sea mi misión? No, no importa, pero vamos a hacer algo y lo hicimos, señor diputado, y a usted le consta porque se lo estoy diciendo acá, yo no vengo aquí a mentirle a ustedes, yo vengo a decir lo que pasó, verdades.”[88]

En cuanto a las respuestas que sobre este particular esgrimiera el General de División (GN) Eugenio Antonio Gutiérrez Ramos, Comandante del Comando Regional N° 5, también un abanderado y líder en cuanto a las contradicciones se refiere, y en cuanto a desviar su propia responsabilidad en terceras personas, tenemos las siguientes:

"¿Por qué la Guardia Nacional no detuvo a los civiles que dispararon desde el Puente Llaguno a escasos metros del Palacio de Miraflores?

Señor Diputado, me extraña que usted al final diga por qué la Guardia Nacional y la Guardia de Honor no detuvieron a los que estaban disparando.

Quiero recordarle respetuosamente y lo hemos visto aquí en las interpelaciones anteriores que ese sector estaba bajo responsabilidad de la Policía Metropolitana de Caracas. Es todo, señor Presidente.”[89]

“¿Por qué la Guardia Nacional no ejerció el control de los cuatro puntos cardinales en torno al Palacio de Miraflores? Dejó abierto el flanco este-sur, Puente Llaguno pero sí cubrió el suroeste, el Calvario con lo cual los círculos bolivarianos del Alcalde Bernal actuaron impunemente en Puente Llaguno.

Señor Diputado, quiero expresarle que no fue únicamente la parte suroeste del Calvario que la Guardia Nacional estuvo ahí, a esta Honorable Asamblea, la Guardia Nacional le brindó ese día la protección necesaria, se instaló un punto en el Puente Nueva República otro punto en –Bicentenario, otro punto acá en la Asamblea Nacional y otro punto en la parte más externa de la Avenida Urdaneta en la Esquina de Ibarras. Le repito, Puente Llaguno, ese sector lo tenían el control, la Policía Metropolitana de Caracas”[90].

“Los grupos civiles armados que estaban en Puente Llaguno se encontraban fuera del perímetro operacional de la Guardia Nacional? ¿Cree usted que es fortuito o ya ellos tenían esa información?

Bueno de que se encontraban fuera del perímetro operacional de la Guardia Nacional, ya se lo manifesté anteriormente, que efectivamente es así. El de fortuito? No creo, porque la coordinación que nosotros hicimos fue con la Policía Metropolitana, con ellos fue que se coordinó. Ahora, todos vieron por los videos que inclusive las ballenas estaban allí en la Avenida Baralt, cercana al Puente Llaguno, todos hemos visto esos videos. Ahora no creo que sea fortuito, de todas maneras no soy quien para emitir un juicio en este caso.”[91]

Luego sigue en su inmenso cúmulo de contradicciones ante una pregunta de la Diputada Liliana Hernández, la cual se formuló y fue respondida de la siguiente manera:

“¿Siendo la Guardia Nacional la responsable del orden público al tener conocimiento de lo que ocurría en Puente Llaguno por qué no ordenó que actuaran para desalojar a las personas que disparaban?

Señora diputada creo que el vídeo que mostró el diputado Tascón creo que fue, Tascón. ¿Tascón fuiste tú? Esta allá entretenido sí, creo que fue Tascón que explicó claramente ahí cuál fue la intención en Puente Llaguno. No obstante ten la seguridad de que sí nosotros en ese momento, o sea, si yo me entero en ese momento de lo que estaba sucediendo ahí hubiese coordinado con la Policía Metropolitana y hubiésemos colaborado en la detención de esas personas. Les digo con toda sinceridad señora diputada que me enteré de los acontecimientos de Puente Llaguno ya bastante avanzada la noche. Es todo señor Presidente.”[92]

En la interpelación del General de Brigada (GN) Luis Camacho Kairuz, se deja bien claro cual era el cuerpo de seguridad a quien le correspondía el orden público en los alrededores del Palacio de Miraflores, y concretamente el Puente Llaguno, que está ubicado a escasos 100 metros en dirección Este por la Avenida Urdaneta, tanto del Palacio de Miraflores, como del Palacio Blanco. En este sentido el mencionado General dice lo siguiente:

“¿Por qué la Guardia Nacional no detuvo a los civiles que dispararon desde el Puente Llaguno a escasos metros del Palacio de Miraflores?

Esa misma pregunta me la hago yo, hay un vídeo en dónde dos motorizados de la Guardia Nacional pasan por el Puente Llaguno y están las personas que están disparando allí, además la Guardia Nacional tenía la responsabilidad de la seguridad y el orden público alrededor de Miraflores y Puente Llaguno está aproximadamente a doscientos metros de la esquina de Bolero, qué es donde comienza el Palacio de Miraflores.

Así que realmente la única explicación que yo le puedo dar es que allí hubo una complicidad vamos a llamarla así, a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, una complicidad, no de la Guardia Nacional como institución, ni de los efectivos, sino de los mandos de la Guardia Nacional que estaban en el sitio con una parcialidad política, porque estaban allí para no para defender un partido, ellos estaban allí para defender una parte de las manifestaciones que se estaban sucediendo, ellos estaban allí para garantizar la seguridad y el orden pública, y de la misma manera que reprimieron a la marcha de la oposición han podido reprimir a la concentración del gobierno que disparando y con más razón.

Así que señores realmente la única explicación que yo le doy a la no actuación de la Guardia Nacional contra estos civiles que estaban allí en Llaguno disparando es complicidad. Es todo señor presidente.” [93]

Este mismo General, ante una pregunta formulada por el Diputado Tarek William Saab, respondió lo siguiente:

“Cual, la pregunta es ahora: ¿Cuál es su intención de ocultar la verdad sobre este tema específico? ¿Por qué lo encubre o hace consciente o inconscientemente?

Señor diputado Tarek William Saab yo no he ocultado la verdad sobre este tema, he manifestado que vi a funcionarios públicos disparando desde el Puente Llaguno hacia personas que formaban parte de la marcha que estaban en la avenida Baralt, eso es algo que está puesto de manifiesto en múltiples vídeos. El hecho de que la marcha no llegara físicamente hasta Puente Llaguno no necesariamente significa que los disparos no pudieran llegar a la marcha.

Recuerde usted señor diputado que el alcance de un arma de fuego es considerable, dependiendo del tipo de arma de fuego puede ser de estas armas cortas, doscientos o trescientos metros es un alcance efectivo. Así que no necesariamente la marcha tenía que llegar debajo del Puente Llaguno, el Puente Llaguno está aproximadamente a diez metros sobre la avenida Baralt, desde pudieran disparar fácilmente contra cualquier objetivo que esté ubicado a doscientos metros.

Así que yo no veo ninguna contradicción con lo que dijo el Comisario Henry Vivas, es más creo que si él lo dijo esto es verdad, lo que es innegable es que desde Puente Llaguno estaban disparando contra grupo de personas que algunos ni estaban manifestando, he visto a muchas madres de familia que informaron que sus hijos lo estaban era trabajando o casualmente iban pasando por el lugar.

Pero aquí no se trata de que si mataron a miembros de oposición, o a miembros del gobierno no, fueron seres humanos que fueron asesinados independientemente de lo que ellos pensaran, independientemente de su ideología y de eso se trató mi posición. Los vídeos están allí para que cualquiera los pueda ver.”[94]

“¿A qué hora tuvo conocimiento de la existencia de los presuntos francotiradores que dispararan indistintamente contra los manifestantes pro-gobierno y pro-oposición? Bueno, el Director de la Policía Metropolitana me reportó que habían algunos francotiradores, no recuerdo a qué hora fue exactamente, el Director de la Policía Metropolitana que habían francotiradores en el área, Henry Vivas, que estuvo en contacto conmigo y él alejó a los policías a sus funcionarios que tomaran previsiones porque estaban disparando desde las azoteas y los alertó para evitar que cayeran los mismos policías, víctimas de estos francotiradores que estaban en algún sitio, y se tomaron las previsiones, por supuesto, las actuaciones para impedir, perdón, ¿a qué hora tuve conocimiento?, fue tal vez, 2, 3 de la tarde, señora Diputada.”[95]

Luego tenemos también el testimonio del Comisario Henry Vivas, Director de la Policía Metropolitana, quien en su interpelación dejó claro y firme la complicidad del Gobierno con respecto a los sucesos del 11 de Abril, tanto en lo que respecta a la prestación de la seguridad ciudadana, como en lo que se refiere al entorpecimiento intencional de las medidas de seguridad que se pretendieron emprender por algunos cuerpos de seguridad. En este sentido, el mencionado Comisario, hace las siguientes afirmaciones, que respaldan lo antes dicho:

“Diputado Marquina muy buenas tardes. La Policía Metropolitana el año pasado actuamos en más de 1.500 manifestaciones, más de la mitad fueron violentas y allí no hubo muertos, y manifestaciones fuertes, hablo de 1.500 manifestaciones fuertes, sin contar otras que no las tomamos en cuenta, porque si sumáramos pasarían de dos mil y tantas y allí no hubo muertos, en lo que va de año pasamos de 300 y manifestaciones fuertes, yo digo para mi o para nosotros en la vida policial yo creo que ha sido la etapa más fuerte porque a veces son varias marchas simultáneas, cuestiones que nunca habíamos vivido antes, yo estoy hablando como policía, muy fuertes para nosotros controlar una marcha y otra marcha y a veces marchas con diferentes propósitos, no quiero aquí hablar de una cuestión y lo otro porque yo no soy político, yo soy un profesional en policía y han sido muy fuertes, y en la penúltima los que resultaron heridos fueron efectivos policiales, en Altamira, mujeres de la Brigada Femenina, heridas, en el centro, efectivos nuestros y mujeres heridas, es decir que nosotros hemos llevado la peor parte y lamentablemente algo que yo no quiero vivir más nunca y espero que nosotros los venezolanos no vivamos más nunca ese fatídico 11, porque he visto marchas, pero nunca pueblo contra pueblo enfrentado. Yo le pido a Dios que en verdad eso no vuelva a ocurrir.

Si nosotros hubiéramos tenido el helicóptero, el helicóptero para la Policía Metropolitana es una herramienta de trabajo, el helicóptero para nosotros son nuestros ojos, quizás si ese helicóptero hubiera estado en la parte de arriba, nosotros nos damos cuenta de inmediato que personas iban por diferentes sitios de Caracas, que las estaciones del Metro estaba saliendo gente como ustedes no se imaginan, nos hubiéramos dado cuenta de los francotiradores o de los que estaban disparando en la Universidad Central, porque allí fue donde comenzó todo, no comenzó en el centro de Caracas, fue en la Universidad Central donde comenzaron los enfrentamientos, si hubiéramos tenido el helicóptero, quizás nosotros hubiéramos detectado estas personas que indican por allí que estaban en la parte de los edificios, y quizás el helicóptero hubiera servido como un medio de disuasión”.[96]

“Seguidamente dejé apostado en la Avenida Urdaneta un numero de efectivos policiales para que formaran una barrera, que evitaran que el grupo de manifestantes que venía por al Avenida Andrés Bello y otras vías adyacentes llegaran hasta Miraflores, así mismo me informan sobre un grupo de manifestantes que se desplazaban por la Avenida Bolívar a la altura de Parque Central en dirección de Plaza O’Leary, por lo cual me dirigí personalmente al lugar con un grupo de efectivos policiales para tratar de persuadirlos de su acción y evitar su paso, esto fue imposible puesto que fuimos superados por el multitudinario numero de manifestantes.

Muchos de los cuales optaron por dispersarse hacia el canal oeste-este de la Avenida Bolívar y otros continuaron su marcha apoyados por motos y vehículos, frente a esta situación ordené a un grupo de efectivos de la Brigada Especial que se desplazaran en moto para que trataran de interceptar a los manifestantes mas adelante al final de la Avenida Bolívar, lo cual por las mismas razones antes expuestas, también fue imposible de lograr.

Seguidamente me dirigí a la Plaza O’Leary donde estaba un multitudinario cúmulo de manifestantes quienes esperaban que se les anexara el resto de la muchedumbre, ante lo cual instalé entre la esquina de Escalinata y Puente República al final de la de la Avenida Sucre, un cordón policial utilizando también motos policiales como barrera, esto resultó insuficiente pues fuimos rebasados y las motos policiales que servían de barrera fueron derribada por la multitud incontrolable de los manifestantes.

Continuando esto hacia Puente República lugar donde se encontraba un cordón de la brigada, de la Guardia Nacional quienes utilizaron agentes químicos para dispersar a los manifestantes.

Posteriormente se apersonaron al lugar de los acontecimientos mas efectivos policiales y logramos establecer dos cordones mas, uno de ellos con mujeres de la Policía Metropolitana sin armas y otro cordón de efectivos policiales, ubicados entre el cordón de la Guardia Nacional y de los policías, estaban nuestras valientes mujeres.

Entre tanto me entrevisté nuevamente con el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Nacional, adscrito al Regional 5 Coronel Rojas, a la altura del Puente República final de la Avenida Sucre y le puse al tanto de los cordones policiales que había instalado y de las medidas de seguridad que se habían adoptado en ese lugar.”[97]

Todas estas evidencias tomadas de los distintos actores que estuvieron en las interpelaciones realizadas por esta Comisión, nos llevan en una forma clara y diáfana, a la evidencia de que distintas autoridades del Gobierno actuaron en complicidad con los actores de la denominada Masacre de Miraflores, de eso no cabe ninguna duda. Pero además, los hechos han dejado al descubierto la negligencia y palmaria desidia con que actuaron algunos cuerpos de seguridad del Estado. La acción de la Guardia Nacional estuvo signada por la incapacidad e ineficacia, tanto en el número de efectivos de los mismos, como en la coordinación de ésta con otros cuerpos de seguridad, como en la planificación de los acordonamientos de los accesos a Miraflores. Resulta inexplicable, salvo que haya sido con intención y malicia, el hecho de que los cordones de seguridad de la Guardia Nacional no hayan sido apostados, ni en la Avenida Urdaneta, a nivel de Puente Llaguno, ni en la Avenida Baralt. Todo indica que lo que sucedió pudiese ser una planificación para una emboscada, todo lo cual debe ser investigado por la Fiscalía General de la República.

1. Capítulo aparte sobre los Francotiradores

En Gobierno, a fin de evadir su responsabilidad sobre los sucesos acontecidos el día 11 de Abril, trajo a colación una tesis sobre Francotiradores apostados en los edificios, puestos allí por los sectores de oposición, para crear un estado de zozobra. Esta tesis planteada a tenido tantas contradicciones por parte de los personeros del Gobierno, incluido el propio Presidente, que pensamos que debe ser descartada, hasta tanto los organismos competentes puedan hacer una investigación más a fondo, no sin antes advertir la responsabilidad en que pueden incurrir quienes cometieron estos desatinos.

Iris Varela Diputada (MVR) 01/05/02 “Uno de los Francotiradores que detuvo la Guardia de Honor portaba una identificación de una Empresa de Seguridad de Isaac Pérez Recao”

Guillermo García Ponce: Jefe del Comando Político de la Revolución (MVR) “Los francotiradores apostados en las adyacencias de Miraflores eran mercenarios, Estadounidenses o Salvadoreños”

Juan Barreto Diputado (MVR)15/04/02 “La Casa Militar detuvo a la 1:00 p.m. del día 11 de Abril a tus francotiradores que estaban apostados en edificios de la avenida Baralt y otros cercanos a Miraflores. Los tres eran de la Policía de Chacao, estaban identificados por carné de la Policía Municipal”

José Vicente Rangel Ministro de la Defensa: 03/05/702 “Los Francotiradores fueron enviados a la DISIP, pero luego el General Ovidio Poggioli, tomo la institución, no se supo mas nada de ellos”

General José Aquiles Vietri Vietri: “Yo no se de la presencia de francotiradores lo único que se, que no los vi., por información del Coronel Morao, que las únicas tres personas que habían ingresado al regimiento Guardia de Honor era un Señor que estaba en estado de ebriedad, un Señor que vendía perros calientes y un transeúnte que por la cantidad de gente que había ahí, a lo mejor los confundieron, etc. y lo golpearon” [98]

Coronel Jesús Morao:“… una investigación que ordenó el Jefe de la Casa Militar en el momento que se están dando las muertes, una investigación no, una acción inmediata, porque el pueblo lo exigía,... entonces qué ordena el Jefe de la Casa Militar, ordenó de inmediato con un equipo conformado por contrafrancos de la DISIP y unos profesionales de Casa Militar al mando del Mayor Chourio, se metieron al Hotel Ausone, y capturaron 7 personas, que tenían armas, dos señores colombianos, 5 venezolanos y voy a consignar el informe del Coronel Almidian Moreno Acosta para que ustedes a través de los organismos competentes se encarguen de hacer estas investigaciones y determinar si estas 7 personas son los presuntos francotiradores del que todos hacemos mención, porque realmente las evidencias de los muertos que le leí, de las 39 personas, nos dicen que sí habían francotiradores…”[99]

Con respecto al tema de los francotiradores, el Presidente Hugo Chávez Frías señaló que su Gobierno si actuó en contra de los francotiradores y como prueba de ello, esgrimió la actuación de algunos militares que realizaron una operación en el Hotel Ausonia para neutralizar a unos presuntos francotiradores:

“…Una de las informaciones que ha proporcionado a la comisión un grupo de militares es que aquí, muy cerca del palacio dimos ordenes diputado Caldera, cuando tuvimos la información de que habían francotiradores dimos ordenes de tratar de ubicarlos…”

“…No me corresponde a mi pues ordenar esos detalles, que si tomas un edificio, una azotea, mandar un helicóptero, eso tiene, repito diversos niveles de responsabilidad, de coordinación y de acción…”

“…Esto lo respondió el Coronel en una interpelación que se le hizo ante esta Comisión, y esa información ha sido corroborada por varias vías, se le incautó un arma de fuego calibre 38 marca Arminius HW Serial, tal y tal y tal y fueron puestos a la orden de la DISIP y de la Fiscalía 40 del área metropolitana, Expediente DISIP No.00749. Y aquí está la lista de los ciudadanos que fueron detenidos. El informe firmado por el Coronel Moreno Acosta, quien actualmente es el Jefe de la Casa Militar, era ese tiempo, en esos días el Subjefe de la Casa Militar...”[100]

“…Se conformo un equipo de acción inmediata conformado por el contrario-francos de la D.I.S.I.P. y unos profesionales de la casa militar al mando del mayor Chourio, se metieron al Hotel Ausonia y captaron siete personas que tenían armas, dos señores colombianos y cinco venezolanos y voy a consignar el informe del coronel Almidian Moreno Acosta para que usted a través de los organismos competentes se encarguen de hacer la investigación…” Se anexa copia informe de la D.I.S.I.P. N°. 00749

Las siete personas detenidas solo tenían un arma de fuego calibre 38 y según investigaciones hechas y declaraciones del Sr. Carlos Zafra encargado del Hotel al periodista Jonathan Pérez el individuo armado que fue detenido entrego el revolver al funcionario junto al documento que lo acredita para portarla, además el efectivo de la Guardia Nacional pudo constatar que el tambor del arma estaba lleno, tal y como se desprende del reportaje periodístico diario Tal Cual Fecha 20/05/02.

De igual forma, uno de los supuestos francotiradores detenidos, según el informe del Coronel Morao es Roger de Jesús Lugo Miquelena quien en el día 11 de abril se encontraba en el estado Falcón laborando para la empresa Vamenca en un horario de labores entre las 7 a.m. a 4 p.m. y luego trabajo hasta las 10 p.m. en Protección Civil Paraguaná, según se evidencia recorte de prensa semanario Quinto Día.

Es notable las informaciones erráticas que se han manejado y las contradicciones en que se han caído los encargados de velar por la seguridad del Presidente, quienes al parecer han demostrado una conducta irresponsable y omisiva de sus funciones, ¿es que acaso en acaso los hecho que se suscitaron durante los días 11, 12, 13 y 14 de abril no eran lo suficientemente graves para pensar que el Presidente tuviera que salir en algún momento del Palacio de Miraflores, o que su vida pudiera correr peligro?

2. Conclusiones y Responsabilidades

De acuerdo con la investigación realizada, con las declaraciones de los distintos interpelados, de los numerosos videos que han aparecido en los diversos medios de comunicación social, de los innumerables artículos y noticias de la prensa escrita, periódicos, revistas, etc., lo ocurrido el 11 de Abril en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, conocido como la Masacre de Miraflores, constituye uno de los hechos más abominables y criminales que haya conocido la historia de este país, la humanidad no puede permitir que estos horrendos crímenes queden impune, las generaciones futuras no lo permitirían. Evidentemente, para nadie debe caber alguna duda razonable sobre las responsabilidades que recaen sobre el Gobierno, por las acciones políticas, por los actos de las distintas autoridades y por las odiosas omisiones en que se incurrió, como quedó suficientemente demostrado. En este sentido, esta Comisión recomienda que se declare la responsabilidad política sobre las siguientes personas:

a) Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 232 de la Constitución, el Presidente tiene la obligación de procurar garantizar los derechos y libertades de los venezolanos. Evidentemente, que los actos y omisiones del Jefe de Estado no tuvieron como norte esa procura a que estaba obligado según la Constitución, todo lo contrario, no hubo ninguna acción eficaz por parte de este máximo funcionario que evitara la masacre que se perpetraba al lado de su lugar de trabajo, no fue capaz el Presidente de procurar garantizar el derecho mas preciado que puede tener un ser humano, como lo es el derecho a la vida, por lo que el pueblo venezolano jamás entendería que la Asamblea Nacional no declarase la Responsabilidad Política del Presidente de la República por esta horrible masacre, no solo por sus irregulares actos en este sentido, sino por el incumplimiento de esta vital obligación contenida en el citado artículo, por lo tanto se recomienda declarar en este sentido. Igualmente, se recomienda que la Asamblea Nacional solicite al Fiscal General de la República el Antejuicio de Mérito del Presidente de la República, porque los hechos aquí descritos podrían contener o revestir conductas delictuales por parte del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías.

b) José Vicente Rangel Vale, Vicepresidente Ejecutivo de la República: El actual Vicepresidente era para el momento en que ocurrieron los hechos, Ministro de la Defensa, y este hosco personaje, lejos de tener una actuación tendiente a evitar los hechos ocurridos, promovió los mismos, al ordenar al Alcalde Freddy Bernal, que llamase a los Círculos Bolivarianos para que armados evitaran que la denominada marcha de la oposición llegase a Miraflores, esta responsabilidad debe perseguir a este personaje hasta cualquier cargo ministerial que detente, por tratarse del mismo Gobierno, por lo tanto, de conformidad con los artículos 240 y 241, se recomienda el voto de censura y la declaratoria de responsabilidad política. Igualmente, se recomienda que la Asamblea Nacional solicite al Fiscal General de la República, el Antejuicio de Mérito del Vicepresidente Ejecutivo, porque de los hechos aquí descritos se pueden desprender conductas delictuales o autorías de carácter intelectual para la comisión de delitos de parte del ciudadano José Vicente Rancel Vale.

c) Igualmente, se recomienda enviar todos los recaudos que reposan en esta Comisión a la Fiscalía General de la República, a fin de que este alto funcionario investigue la posibilidad de solicitar un antejuicio de mérito en contra de los Generales Francisco Belisario Landis, Comandante de la Guardia Nacional y Eugenio Gutiérrez Ramos, Jefe del Comando Regional N° 5.

G. Puente Llaguno

Los hechos ocurridos en día 11 de abril, en donde el mundo entero vio a través de los distintos medios de comunicación social, como en una forma implacable, a mansalva, actuando sobreseguros, una masa de pistoleros, masacraban impunemente a una población civil, cuyo único deseo era el ejercer sus derechos reconocidos por nuestra Constitución, concretamente, los derechos a manifestar pacíficamente y el derecho a dirigir peticiones y obtener oportuna respuesta.

Estos hechos, como vimos anteriormente en el punto relacionado con la Masacre del 11 de Abril, se debieron u obedecieron a una errada acción política por parte del Presidente de la República y algunos de sus ministros. No puede existir excusa alguna para evadir la responsabilidad que significa el haber permitido que un grupo de entre 50 a 80 personas, aproximadamente, hayan estado disparando salvajemente en contra de una población civil, sin ningún tipo de control o represión por parte de las autoridades competentes. Una excusa de esta magnitud no sería aceptable en ningún país civilizado. Nadie puede entender semejante estado de impunidad. La sociedad venezolana en general, así como la comunidad internacional no entienden por qué en un país con una tradición democrática como la venezolana, se permiten actos como estos, nunca nos imaginamos que tal número de personas pudieran estar juntas y armadas al mismo tiempo en una concentración, con el propósito de cometer esa masacre. La razón de la legítima defensa, lejos de justificar un hecho abominable, lo hace más execrable aún, y despierta sospechas razonables en la sociedad, ya que lo ocurrido desde el Puente Llaguno, es calificado como un crimen de Lesa Humanidad.

En este sentido, no cabe la menor duda razonable para ningún venezolano, que la actitud asumida por el ciudadano José Vicente Rangel Vale, constituye uno de los hechos sobre los cuales recae la mayor responsabilidad sobre lo ocurrido, al haber sido supuestamente el autor intelectual de los hechos, o por lo menos haberlos promovido, tal y como se desprende de la orden por él dada al ciudadano Freddy Bernal, tal y como se desprende de la declaración hecha por el Capitán Michael Edward O´Brien Fossi, la cual fue consignada, en original, por el General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo.

En este sentido, creemos necesario transcribir algunas de las interpelaciones, en donde se toca o se menciona este hecho.

“En ese mismo orden de ideas, minutos antes de la cadena nacional desde el Ministerio de la Defensa, el Capitán O´Bryan Fossi oyó cuando el Dr. José Vicente Rangel impartía instrucciones al Alcalde Freddy Bernal para que armase a los círculos bolivarianos y detuviese la marcha a como diese lugar. El mencionado Capitán O´Bryan notificó de inmediato la situación al General de División Rosendo y luego, en reunión de Generales al General en Jefe, Lucas Rincón Romero, quien no tomó las medidas del caso”.[101]

“Es de hacer notar que en esta misma audiencia al hacerse una pregunta sobre el caso al General en Jefe Lucas Rincón Romero, manifestó, “si el oficial tiene alguna novedad, entonces que la pase a los organismos respectivos, DIM, DISIP, etc., que vaya a la DIM, si usted tiene algo al respecto o esto lo incomoda, entonces pase un informe”, página 59 de la copia de la interpretación al General en Jefe Lucas Rincón Romero del día 4 de mayo del 2002. Por lo que el General Rincón trata de ignorar un planteamiento efectuado en el momento y hora crítica, 11:15,00 abril del 2002 y no tomó las medidas al respecto y ahora intenta hacer creer en esta honorable audiencia en el momento de la interpretación, cuando por primera vez conoce la novedad, pareciera entonces señores, que el General en Jefe Lucas Rincón Romero mintió ante esta audiencia”.[102]

“Segunda pregunta: ¿Qué opina de las declaraciones del General Manuel Antonio Rosendo sobre el testimonio del Capitán O’Bryan Fossi, referentes a las instrucciones dadas por José Vicente Rangel al Alcalde Bernal?.

Con respeto a esto señores diputados les quiero decir lo siguiente, si el General Manuel Antonio Rosendo no hubiera notificado a esta sala esa novedad lo hubiera hecho yo, y automáticamente el General Manuel Antonio Rosendo se hubiera convertido en cómplice también de esta situación. Porque yo supe de esa novedad transmitida directamente por el señor capitán en el momento, el Capitán O’Bryan en el momento, o mejor dicho muy cercano al momento en que sucedía tal situación.

Igualmente el Capitán O’Bryan estaba presente cuando el General Rojas Pérez le pasó la novedad a las cuatro de la tarde del día 11 al señor Comandante General del Ejército y le dijo, mi General, mi General Vásquez oiga al General Rojas Pérez porque lo que él está diciendo corrobora lo que yo le dije a usted sobre las instrucciones que ha dado el ciudadano Dr. José Vicente Rangel al Alcalde Bernal, o sea, que eran realmente dos personas manifestando una misma novedad de la misma naturaleza y por supuesto, con las mismas posibles consecuencias.

Yo considero pues y probablemente haga énfasis un poquito mas adelante que también el doctor José Vicente Rangel a quien atendí muchas veces con mucha armonía y mucha fraternidad en el Teatro de Operaciones N° 2, al menos conmigo y a lo mejor esa es mi posición con respecto a este régimen, es la perdida de credibilidad, mentiras, cuando se le presenta una situación, cuando la tiene que afrontar o cuando tiene que tomar decisiones en las cuales están en peligro o están en juego vidas humanas, o cuando las decisiones envuelven la seguridad y defensa del país”.[103]

“¿Cree usted que se está ocultando partes importantes de los hechos por parte del Presidente, del Vicepresidente y del Ministerio de la Defensa? Para muestra basta un botón. Aquí estuvo el General Lucas Rincón y sabía de la novedad que le pasó el Capitán Fossi, O´Bryan, perdón, y no dijo nada en el momento que tenía que decirlo. Aquí estuvo el doctor José Vicente Rangel y él no dijo nada que le había dado una orden o que había dicho algo de los círculos bolivarianos. Aquí hay muchas verdades que no se han dicho y muchas mentiras que se han mantenido, sintiéndolo mucho es así. Ojalá lleguemos a la verdad de todo esto, pero pienso que hay mucho todavía que descubrir”.[104]

“Doce y penúltima pregunta: ¿Usted hizo referencia en esta sala que el General Rojas Pérez escuchó al Dr. José Vicente Rangel conversar con el Alcalde Bernal y darle instrucciones, según información que he recibido el General Rojas Pérez no estaba esa reunión, en esa reunión estaba el doctor José Vicente Rangel, el General en Jefe Lucas Rincón, el General de División Vázquez, el Vicealmirante Sierralta, el General de División Anselmi, el General de División Belisario, el Vicealmirante Carrero, el Capitán de Corbeta Landa, el Mayor de la Aviación Duque y el Capitán Camargo?.

Esas versiones son refutadas todo lo que se ha dicho del Capitán O’Bryan Fossi que nos ha mencionado a varios de nosotros aquí, a varios diputados, esas versiones son refutadas al igual que la narración de los hechos que hace el Capitán del Ejército Fossi O’Bryan, ha sido refutada la versión que él da, por el Mayor de la Aviación José Manuel Duque y el Capitán de Corbeta Jesús Landa, consigno ante esta Comisión los informes que refutan la versión que Fossi le da a Rosendo sobre esos temas, lo consigno acá a la Comisión”.[105]

“Usted hizo referencia en esta sala que el General Rojas Pérez escuchó al Dr. José Vicente Rangel conversar con el Alcalde Bernal y darle instrucciones.

Yo pienso que o yo me expresé mal o usted me oyó mal, señor Diputado, pero vea lo siguiente. Yo lo que dije fue que el General Rojas Pérez tiene información de gente de la calle que le estaba informando sobre la situación de los Círculos Bolivarianos y de lo que se presentaba allí, esa es una fuente aparte.

Cuando se reunió con el General Vásquez Velazco, él le estaba diciendo esto, el General Rojas Pérez le estaba diciendo hay información en la calle de que hay elementos armados en la ruta de la marcha, hay que parar eso, y en ese momento estaba el Capitán O’Bryan con su otra información de lo que él había oído, él lo que hizo fue decir está viendo mi General Velásquez, que lo que yo le estoy diciendo se compagina con lo que está diciendo el General Rojas Pérez, o sea, dos fuentes de información por diferentes vías señalando un mismo objetivo”.[106]

“Cómo explica usted la presencia del Capitán O’Bryan en la Comandancia General del Ejército el día 11 de abril a las órdenes del General Vásquez Velasco a la misma hora en que este Capitán dice escuchó una conversación entre José Vicente Rangel y el Alcalde Bernal, sobre eso hay pruebas, testimonios y hemos entregado evidencias a esta Comisión.”[107]

“Cómo explica usted la presencia del Capitán O’Bryan en la Comandancia General del Ejército el día 11 a las órdenes del General Vásquez Velasco a la misma hora en que dice que escuchó la conversación de José Vicente Rangel y el Alcalde.

Este problema es de ustedes, este problema es del Capitán O’Bryan, quele pasó una novedad a José Vicente Rangel cuando estaba hablando con el Alcalde Bernal. Este problema no es mío, yo no lo sé, el Capitán solamente me pasó la novedad a mí de lo que había sucedido, eso tendrán que resolverlo ustedes legalmente, como quieran entre el Capitán O’Bryan, el General Rosendo, que presentó la renuncia formalmente.”[108]

“Continuando mi relato en horas en que se anuncia la continuación de la marcha hacia Miraflores, fui al quinto piso del antiguo Ministerio de la Defensa donde funciona la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional y allí, ya el Ministro de la Defensa, Ciudadano José Vicente Rangel Vale, estaba coordinando vía telefónica la convocatoria de los círculos bolivarianos para que se trasladaran hacia Miraflores. Tuvimos una reunión e insistí que era de la opinión y coincidía con el Vicealmirante Bernabé Carrero Cubero, que la solución consistía en planteare el retiro de los círculos bolivarianos en sus acciones para contrarrestar la marcha pacífica en el área de Miraflores, o en el mejor de los casos que no hubiese oposición alguna a su desarrollo, por cuanto hasta ese momento la marcha continuaba pacífica y había demostrado un gran civismo.”[109]

“El General en Jefe Lucas Rincón y el Alto Mando estaban saliendo a Miraflores y me invitaron a que los acompañara. Abordamos un helicóptero y abordamos en el Palacio de Miraflores. Ya la situación se había calmado y prácticamente disipado. En uno de los pasillos del Palacio se me acercó el Mayor Duque, ayudante del señor Ministro de la Defensa, quien me dijo, sin que yo lo hubiera requerido al respecto, que pensaba que el capitán O’Bryan había oído mal lo expresado por el señor Ministro por teléfono. A lo que contesté que se lo haría saber al capitán.

Como información adicional a este hecho, proporcionada por el capitán O’Bryan Fosi, el día primero de mayo el General en Jefe Lucas Rincón, acompañado del Ministro de la Defensa, el General Belisario, el Mayor Duque, ayudante del señor Ministro de la Defensa y el ciudadano diputado a la Asamblea Nacional y gran defensor de los derechos humanos, Vicepresidente de la Comisión que investiga los acontecimientos ocurridos, Tarek William Saab, llamó al capitán O’Bryan, para hacerle un llamado de atención en referencia a supuestas murmuraciones con respecto a la comunicación entre el Ministro de la Defensa y el alcalde Freddy Bernal durante los sucesos del día 11 de abril. A lo que el capitán reafirmó lo que había escuchado y que estaba dispuesto a declarar eso mismo, siempre y cuando fuese en un tribunal y públicamente.”[110]

“El Alto Mando, el ciudadano General de División, Hurtado Sucre, Ministro de Infraestructura, el ciudadano General Arévalo Méndez Romero, Vicecanciller de la República y mi persona, nos reunimos con el ciudadano Presidente de la República para intercambiar opiniones sobre lo sucedido. Entre otros aspectos tratados, el Vicealmirante Bernabé Carrero Cubero, solicitó ser relevado del cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto, haciendo alusión a la conversación e instrucciones que escuchó impartir al señor Ministro de la Defensa, en su convocatoria a las personas que asistirían a Miraflores. En esta oportunidad él oyó que bajen con palos y garrotes.

En ese instante se me vino a la mente que lo dicho por el Vicealmirante Carrero Cubero, confirmaba y ratificaba lo dicho por mi ayudante el capitán O’Bryan Fosi. El ciudadano Presidente de la República dijo no tener conocimiento de esa orden impartida por el doctor José Vicente Rangel, quien se molestó por lo dicho por el Vicealmirante Carrero. Tengo entendido que luego el Ministro de la Defensa pidió disculpas al Vicealmirante Carrero Cubero. solicitó ser relevado del cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto, haciendo alusión a la conversación e instrucciones que escuchó impartiera el señor Ministro de la Defensa en su convocatoria a las personas que asistirían a Miraflores.

En esta oportunidad, él oyó “que bajen con palos y garrotes”. En ese instante se me vino a la mente que lo dicho por el Vicealmirante Carrero Cubero, confirmaba y ratificaba lo dicho por mi ayudante el Capitán O’Bryan Fosi.

El ciudadano Presidente de la República dijo no tener conocimiento de esa orden impartida por el Dr. José Vicente Rangel, quien se molestó por lo dicho por el Vicealmirante Carrero. Tengo entendido que luego el Ministro de la Defensa pidió disculpas al Vicealmirante Carrero Cubero.

En mi participación en esa reunión, solicité al ciudadano Presidente de la República, que me relevara del cargo de Comandante del CUFAN, debido a la vergüenza que sentía por haber dejado que las cosas llegaran a los extremos conocidos, a pesar de mis esfuerzos y que no podía trabajar con un Alto Mando tan lento, que no tomaba decisiones oportunas y que le diera más importancia a atender a unos señores diputados, que a la situación tan grave que se estaba viviendo en aquel momento en el país.

El General Hurtado tomó la palabra y manifestó que mi relevo del cargo, así como el del Vicealmirante Bernabé Carrero, constituiría una baja muy importante en estos momentos y pensaba que debería reflexionar.

Seguidamente el Vicealmirante Carrero Cubero meditó y rectificó su decisión, solicitando fuese relevado una vez que controlara la situación.

El ciudadano Presidente de la República me preguntó si rectificaba y le dije que mantenía mi solicitud.”[111]

“Séptimo: En su exposición usted explicó que el entonces Ministro de la Defensa, Dr. José Vicente Rangel estaba llamando a los círculos bolivarianos. Diga usted si es verdad que el Vicealmirante Bernabé Carrero Cuberos, le solicitó al Ministro Rangel, reconsiderar el llamado a esos círculos bolivarianos?De ser cierto, por favor explique, qué respuesta le dio el Dr. Rangel al Almirante Carrero Cuberos?.”[112]

“En su exposición usted explicó que el Ministro de la Defensa José Vicente Rangel estaba llamando a los círculos bolivarianos. ¿Diga usted si es verdad que el Vicealmirante Bernabé Carrero Cubero le solicitó al Ministro Rangel reconsiderar el llamado a los círculos bolivarianos.

Yo decir, no se si el Almirante Bernabé Carrero Cubero en forma personal se lo hizo saber al Ministro Rangel, pero sí puedo hablar de la preocupación del Almirante Bernabé Carrero con relación a lo que estaba ocurriendo, una de las cuestiones que él expuso para ser relevado del cargo era que las instrucciones y la comunicación que él había oído del señor Ministro de la Defensa, que lo haya hecho en forma personal no lo se, pero sí puedo dar fe del esfuerzo que hizo el Almirante Bernabé Carrero Cubero para evitar que la marcha tuviera el resultado que tuvo. “[113]

“Diputada Liliana Hernández: Buenas tardes General. Yo aspiro que de la Vicepresidencia de la República no me manden en este momento el derecho a réplica. La comparecencia suya hoy nos ha aclarado muchas cosas a los venezolanos, aquí el Ministro José Vicente Rangel ante la pregunta que le hicimos por una información publicada en el Semanario Quinto Día del día viernes de la semana pasada, en el cual se señalaba que existían unas grabaciones en las cuales él le daba instrucciones al Alcalde Bernal para que activara los círculos bolivarianos, además decía la nota del semanario, “que el Fiscal estaba por ahí y el Fiscal dijo, con prudencia, con cuidado, cuidado”. Y el Ministro nos dijo que eso era absolutamente falso, a mi me encanta lo que usted ha dicho hoy para demostrarle al país que en esa materia el Ministro Rangel de la Defensa para la época, gracias a Dios, para el bien de las Fuerzas Armadas ya no lo es, hoy Vicepresidente de la República le mintió. Pero además como yo oigo su versión, de los hechos, y yo no voy a decir que usted me agrada mucho a mi de antes ni de ahora, hemos tenido diferencias todos aquí y las mantenemos todos. Pero aquí hay que mantener el respeto, lo que fueron las diferencias de antes y ahora.”[114]

“Manuel Rosendo: Muchas gracias diputado Marquina. Primera pregunta. La orden de José Vicente Rangel dada al alcalde Freddy Bernal, de que trajera los círculos bolivarianos con todo, ¿puede entenderse que esa frase incluye también armas de fuego?

Bueno mira, lo que yo referí, lo referí a lo que oyó el capitán O’Bryan Fossi y lo que posteriormente planteó el Vicealmirante Carrero Cubero, es decir yo no oí que el ciudadano José Vicente Rangel le dijera eso al alcalde Freddy Bernal, pero el capitán O’Bryan y el Vicealmirante Carrero sí dijeron eso. La presunción de que incluyera armas de fuego pues no la puedo hacer. Si no oí al doctor José Vicente Rangel hablar con el alcalde Freddy Bernal mal puedo suponer que eso incluía armas de fuego. En las dos versiones que dan los dos oficiales en ningún momento aparecen armas de fuego, en las dos versiones que ellos dan.”[115]

“General Manuel Rosendo: Con relación al Capitán Mickael O’Bryan Fossi, quiero decir que es un digno oficial del Ejército venezolano, del arma de Infantería, y que con relación a lo expresado por mí en mi narración me limito a señalarlo en función de este informe que él presenta. El Capitán O’Bryan Fossi señala la presencia del diputado Tarek William en el momento que fue llamado por el General en Jefe Lucas Rincón para hacerle las observaciones que aparecen acá. De todas maneras, señor diputado, el Capitán O’Bryan refiere que él mantiene su versión y se puede consignar en cualquier juzgado, si así lo cree conveniente. El no refiere acá que él se reunió con usted, él lo que refiere es que usted estaba en esa reunión donde se le hizo esas observaciones. No sé si creen prudente que yo pueda leer lo que dice el Capitán O’Bryan, es un documento que él mismo me consigna en función de lo que él dice.

Por ejemplo, el Capitán O’Bryan dice lo siguiente: “Yo, Michael Edward O’Bryan Fossi, (es criollito) venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.330.307, casado, de profesión militar en servicio activo con el grado de capitán del Ejército, por medio del presente documento hago constar, que el primero de mayo del 2002, encontrándome en mi lugar de trabajo, siendo aproximadamente las 13:45 horas, recibí una llamada en mi teléfono móvil celular N° 0414-9167791, del ciudadano Mayor/Aviación Guillén, ayudante personal del General en Jefe Lucas Enrique Rincón Romero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional, quien me manifestó que cumpliendo instrucciones del General en Jefe Lucas Rincón, debería presentarme en su Despacho para sostener una conversación personal conmigo. Le respondí que enseguida cumpliría la orden y me presentaría inmediatamente en el Despacho.

Inmediatamente me trasladé a la oficina ya referida, siendo atendido por el cabo primero Fragachán, quien se encontraba en la oficina de la ayudantía de la Inspectoría de la Fuerza Armada, indicándome que pasara a un salón aledaño denominado Salón Bolívar, a los fines de esperar ser llamado por mi General en Jefe. Pasados aproximadamente diez minutos de estar en el referido salón, se presentó nuevamente ante mi persona el cabo Fragachán, indicándome que por instrucciones del General en Jefe pasara a su Despacho.

Una vez en el Despacho le presenté el saludo a mi superior y le solicité permiso para continuar en el mismo, a lo cual mi General Rincón respondió al saludo y me invitó a tomar asiento frente a su escritorio. Debo manifestar a través de este relato, que una vez que ingresé al referido Despacho, pude constatar que mi General Lucas Rincón se encontraba acompañado de las siguientes personas: El Ministro de la Defensa, recién nombrado Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano doctor José Vicente Rangel Vale; el ciudadano General de División/Guardia Nacional Francisco Belisario Landis, Comandante General de la Guardia Nacional; el ciudadano diputado a la Asamblea Nacional y Vicepresidente de la Comisión Política que investiga los acontecimientos ocurridos los días 11, 12, 13 y 14 de abril del 2002, Tarek William Saab, y el Mayor/Aviación Duque Marín, ayudante personal del doctor José Vicente Rangel Vale.

Ante este escenario tomó la palabra el General en Jefe Lucas Enrique Rincón Romero, Inspector General de las Fuerzas Armadas, quien me indicó: lo cito ante mi Despacho para que me aclare una información que tengo según la cual usted está murmurando en los pasillos del Ministerio de la Defensa, sobre calumnias y mentiras que dice que usted y yo sabemos, atribuidas al recién nombrado Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano doctor José Vicente Rangel, -entre paréntesis, haciendo en ese instante una señal con su mano derecha hacia el referido ciudadano- donde usted dice que el Ministro Rangel había dado instrucciones para armar a los círculos bolivarianos.

Yo le respondí, en ese preciso momento el doctor José Vicente Rangel empezó a desplazarse de un lado a otro de la oficina: Yo no me encuentro murmurando, lo único que yo he hecho es haber pasado la novedad a mis superiores jerárquicos directos y que en horas de la noche del día 11 de abril del 2002, cuando fui llamado al salón Bolívar de la Inspectoría General de la Fuerza Armada, usted personalmente me preguntó qué era lo que yo había escuchado, y yo le notifiqué delante de un grupo mayor de 15 generales y almirantes, y otros oficiales, la novedad de la cual yo me había percatado, y que yo estaba dispuesto a declarar eso mismo, siempre y cuando fuese en un tribunal y públicamente. A lo cual mi General Lucas Rincón me respondió: En vista de los hechos, usted, Capitán O’Bryan, va a ser citado ante la Dirección de Inteligencia Militar. A lo que yo le respondí: Entendido, mi General en Jefe. Y seguidamente, mi General Lucas Rincón tomó nota en un papel de algo que no llegué a percatarme qué era.

Posteriormente me preguntó que en dónde me encontraba yo trabajando en estos momentos, y le indiqué: en el CUFAN, y que allí me habían dado quince días de vacaciones y que posterior a mis vacaciones me presentaría en la Dirección General del Ministerio de la Defensa, a fin de pasar a orden de la Dirección de Operaciones de la Jefatura de Estado Mayor Conjunto, hasta el mes de julio que me corresponde realizar el Curso Avanzado de Infantería.

Ante mi respuesta, el General Lucas Rincón tomó nota de todo lo que yo le indicaba y me ordenó retirarme del Despacho. Lo saludé militarmente, me retiré del Despacho, y en las afueras del mismo se encontraba esperándome el Mayor/Aviación José Duque Marín, el cual con cara de mucha preocupación me pidió que lo acompañara a la terraza de la Inspectoría General para hablar a solas conmigo. Una vez allí él me indicó: Desde hace mucho tiempo quería hablar contigo para explicarte que lo único que yo había escuchado era, cuando el Ministro Rangel le daba instrucciones al alcalde Freddy Bernal, para que anunciase por las televisoras del Estado, que los cerros estaban bajando armados, porque eso asustaría a las personas de la marcha. Por favor, entiende mi posición, no me juzgues por algo que yo no he escuchado! Yo le indiqué que mantuviese su posición en cuanto a lo que había escuchado, que yo mantendría la mía. Me dio la mano y se despidió de mi. De inmediato me retiré de las instalaciones de la Inspectoría General de la Fuerza Armada.

El presente documento lo he elaborado porque, primero que nada soy un oficial que no ha tenido ningún tipo de problema en su carrera hasta la presente fecha, soy padre de familia, por lo tanto tengo una responsabilidad con mi esposa e hijo, y quiero dejar a través del mismo expresa constancia de lo que escuché en esos momentos.

Tengo el temor de que, debido a lo que acabo de expresar se tomen represalias en contra de mi persona y la de mi familia, y responsabilizo a cualquier hecho que pueda ocurrirnos, a los organismos de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, y a cualquier particular que dependa administrativamente y operacionalmente de esos entes.

Juro que no procedo ni falsa ni maliciosamente. Este documento contiene tres folios, el primer folio consta de 53 líneas, el segundo folio consta de 53 líneas y el tercer folio consta de 25 líneas, a un espacio. En la ciudad de Caracas, el primer día del mes de mayo de 2002, siendo las 19:30 horas. Michael O’Bryan Fossi, Capitán del Ejército, cédula de identidad V-10.332...”. Y estas son sus huellas digitales.

De manera pues que, este es el relato, señor diputado, que hace el Capitán O’Bryan, donde lo que refiere en relación a su persona, es que usted se encontraba en esa reunión. No lo acusa de más nada, solamente hace referencia a que usted se encuentra en esa reunión ese día primero de mayo. Usted dirá pues si se encontraba o no allí, de todas maneras esa es la versión que tiene el capitán, debidamente con sus huellas digitales y expresa que está dispuesto a mantener esa versión en cualquier tribunal si así lo requiere.”[116]

“Primera Pregunta. ¿Tiene usted información de las presiones que está siendo sometido el Capitán Michael O´Bryan Fossi para que no testifique ante los órganos competentes, el conocimiento que tiene de los hechos del jueves 11-04-02 o para cambiar su versión? La información que yo tengo al respecto es la que ya les leí y que está firmada por el Capitán O´Bryan inclusive con la colocación de sus huellas digitales, donde él hace una narración de los hechos y de todo lo que ha ocurrido con él al respecto, tanto que asevera y es enfático en decir que su testimonio puede presentarlo ante cualquier juzgado y públicamente, o sea, ¿cómo?, bueno, sobre nuevas presiones, solamente tengo la versión que él me entregó en el relato que yo les hice sobre lo que confirma el Capitán O´Bryan.”[117]

“Diputado Luis Tascón: Presidente, colegas diputados, General Rosendo, buenas noches. Usted hace un momento, por solicitud del Diputado Pérez Vivas y anteriormente lo había hecho, calificó a su ayudante personal el Capitán O´Bryan Fossi, como un excelente oficial, este oficial que acusó al Diputado Tarek de estar reunido con el Vicepresidente Rangel y con el Ministro de la Defensa como si esto representara algún delito, aparte de eso el Capitán aparece sindicado el Diario La Razón, de haber informado que tenía conocimiento de círculos bolivarianos armados. Yo le pido que veamos el video que le voy a presentar, ya que el Diputado Pérez Vivas tiene necesidad de conocer sobre las razones del capitán Fossi. Esto fue el día 11 de abril, cuando el Presidente estaba en cadena y vemos al Capitán Fossi con el General Vásquez.. En ese momento ya estaban .. el golpe de Estado y el Capitán Fossi, por supuesto, coordinando con Vásquez, que ya estaba metido en el golpe y con Rojas Pérez.. de la Guardia General del Ejército. Vamos a verlo un momento.

Video.. En ese momento, ya consumado el golpe se ve públicamente de que el Capitán Fossi está con los señores que encabezaron el golpe de Estado que depuso al Presidente Chávez, ya cuando estaban tomadas las alcabalas, ya cuando las Fuerzas Armadas se estaba pronunciando, como ya de hecho lo había hecho algunos de los oficiales de la Marina, de la Armada, perdón, y una cantidad de militares ya habían tomado posiciones para derrocar al Presidente Chávez. Yo quiero también presentarle General Rosendo un video, el otro video. Esta fue la interpelación que nos dio en la que tuvimos presentes el General Guaicaipuro Lameda, él hace un relato sobre el momento en que cayó preso el Presidente, las negociaciones, yo quiero que usted vea ese video.

Video..”un rol fundamental pero sí tiene una amplia vocación de colaboración en la sociedad venezolana”. El General Lucas se fue a dormir. Mire, por lo que yo he logrado comprender, el Presidente Chávez renunció y fue lo que declaró el General Rincón, él no está mintiendo, él no está falseando la verdad ni está ocultando los acontecimientos como ocurrieron. Según tengo entendido hubo un grupo de militares que intentaron llegar al Palacio de Miraflores para que el Presidente firmara su renuncia, sin embargo, no pudieron tener acceso a Miraflores, iban en un vehículo y había gente alrededor de Miraflores que no permitió que ese vehículo llegara, es lo que tengo conocimiento, no se si es cierto, versiones que me han dado.

Estas personas tuvieron que regresarse al Fuerte Tiuna sin la renuncia firmada por el Presidente, y entonces comenzó una negociación vía fax y teléfono, el Presidente accede a firmar la renuncia que le han pasado vía fax, pero el original estaba en el Fuerte Tiuna, y el acuerdo fue, el Presidente se dirige a Fuerte Tiuna, firma la renuncia, se va a Maiquetía y sale al exterior, eso explica como el Presidente se retira de Miraflores acompañado solo por personas de su confianza, o sea, se dice que fue secuestrado, habría que ver quiénes fueron los secuestradores que lo sacaron de Miraflores, porque él sale de alguna manera de Miraflores en un vehículo, según me han comentado en el vehículo iban el chofer, el Mayor Chourio, el Presidente Chávez, el General Hurtado Sucre y el General Rosendo, y todos iban armados y todos llegan armados a Fuerte Tiuna.

Según me han comentado al llegar a Fuerte Tiuna hubo un cambio que se generó, de alguna manera, yo no lo sé, y es que las condiciones que se habían ofrecido para la renuncia del Presidente fueron alteradas y es allí donde el Presidente dice, “si no se respetan las condiciones acordadas, entonces yo no firmo la renuncia”. Entonces sí hubo una primera oportunidad en la cual nuestro Presidente renunció y aceptó la renuncia imponiendo condiciones. Escuché un comentario, “es que los derrotados no ponen condiciones” y pareciera que ese comentario fue lo que hizo variar el contenido de una negociación que se había hecho. Si eso es cierto, hubo gente que por variar las condiciones de una negociación, le arrancó a una porción de la sociedad civil el objetivo que se proponía, que era conseguir la renuncia del Presidente. Y si no se hubieran cambiado los términos de la negociación, esa sociedad civil, esa porción de la sociedad civil hoy estuviera satisfecho por haber conseguido la respuesta que pedía.

Así que cuando el General Lucas Rincón Romero anuncia que el Presidente renunció es porque él se retira del Palacio de Miraflores bajo ese entendido y llega al Fuerte Tiuna bajo ese entendido y da las declaraciones bajo ese entendido y es posible que después que el General Rincón dio sus declaraciones fue que se produjo el cambio de los términos de la negociación. Entonces el General Rincón no está mintiendo, está diciendo la verdad, la verdad que él conoce, porque él no fue al sitio donde se cambiaron los términos de la negociación, él estaba en otro edificio, dando las declaraciones mientras en otro edificio se estaba llevando adelante el proceso para que el Presidente Chávez se fuera al exterior. Eso es lo que yo he escuchado y es lo que he tratado de ir hilvanando después de todas las declaraciones. Allí lo único que queda es hacerse una pregunta frente a un grupo de militares, porque lamentablemente todo lo que tiene protagonistas en algún momento, fueron militares activos y hoy son militares retirados, pero en el fondo somos militares. Los militares somos personas de honor, no nos basamos en tecnicismos y sostenemos la palabra empeñada.

¿Quién deshonró su palabra? ¿cómo unos militares deshonraron su palabra? Y cómo eso se convirtió en una nueva tragedia?, porque viene la tragedia del golpe. Después de eso, ahí sí se produce la ruptura del hilo constitucional, porque hasta ahí todo está bien, el Presidente renunció, eso está absolutamente apegado a la Constitución Nacional, el Presidente puede renunciar.

Ahora, cuando se cambian los términos y el Presidente dice “no renuncio”.”[118]

“¿Estaba usted presente cuando el doctor José Vicente se comunicó con todos los jefes de los medios de comunicación para que éstos ejercieran presión a los líderes de la marcha de la oposición y evitar que la misma llega al centro de Caracas con el objeto de que no hubiese una confrontación entre venezolanos? Al estar usted presente, cómo en efecto lo estuvo? ¿Por qué entonces utilizó el falso testimonio de un testigo referencial?

Yo no estuve presente, a pesar que usted afirma eso, yo no estuve presente cuando el señor José Vicente hizo eso, tampoco voy a decir que lo niego, pero sí les digo que no estuve presente, me consta, para ser honesto, que en otras oportunidades anteriores el ciudadano José Vicente ha tratado de mediar cuando ha habido ese tipo de problema, pero ese día yo no estuve presente cuando él llamó por teléfono a los medios.”[119]

“En dicho salón tuve la oportunidad de conversar con el Capitán del Ejército O’Brian Fossi, quien me manifestó su indignación por cuanto había escuchado la conversación telefónica entre el doctor José Vicente Rangel Ministro de la Defensa y el señor Alcalde Freddy Bernal, la cual ya ha sido presentada ante está Asamblea por el General de División Ejercito Manuel Rosendo. Luego de escuchar al citado Capitán, le pregunté; sí estaba dispuesto a declarar eso ante un juez, respondiéndome; Que sí, de eso hay otros oficiales testigos. “[120]

“¿Tiene usted conocimiento directo o referencial de las instrucciones impartidas por el ex Ministro de la Defensa, doctor José Vicente Rangel al Alcalde de Caracas, señor Freddy Bernal para ordenarle movilizar los Círculos Bolivarianos contra la marcha pacífica del pueblo de Caracas del pasado jueves 11 de abril?

Sí, yo lo dije en mi intervención, el Capitán O’Brian me lo dijo. Yo le pregunté, ¿usted está dispuesto a atestiguar delante de un juez? Y me dijo que sí y ahí habían 2, 3 coroneles de testigos.

A mí me lo llevó un coronel para que el capitán me dijera lo que me dijo. Yo no lo llamé en realidad al capitán. Un coronel me dijo este capitán tiene una versión muy interesante, una preocupación. Yo lo oí y le pregunté, ¿usted está dispuesto a atestiguar esto ante un juez? Me dijo sí. Esa es la versión que yo tengo y coincide con la versión que dio aquí el General Rosendo, exactamente la misma.

Yo inclusive, después que me detuvieron, cuando me visitaron los fiscales militares les di el nombre del capitán y les dije a este capitán hay que protegerlo, el capitán tendrá que hacer su versión.”[121]

“Diputado Saúl Ortega: Buenas noches contralmirante, con la venia del Presidente voy a leer aquí una carta, que ya la leímos en la anterior interpelación, pero tiene que ver porque usted ha citado al Capitán Obrayan, creo que es una fuente de alta credibilidad, ese mismo día yo, me llamó mucho la atención lo del General Rosendo, porque este mismo Brayan también le había dicho que Tarek lo había llamado no, cuando vio que Tarek iba a replicar que: ni lo conocía, no, no fue que me llamo. Cambio la versión, pero también involucra a otras personas, le voy a leer la del Mayor Duque, que él lo cita mucho no, y esta es la versión del Mayor Duque de hecho está firmada y él la envió no. Inmediatamente después de llegar a Miraflores recibí una llamada telefónica del Capitán O’Braian donde de manera irrespetuosa me manifestó: Usted es un oficial indigno por escuchar que el Ministro de la Defensa en conversación telefónica con el Alcalde Freddy Vernal, ordenará que bajaran los cerros armados para enfrentar la marcha que se aproximaba al palacio y no pasar la novedad, le respondí: primero cálmate y recuerda que estas hablando con un superior, estas confundido el ministro no dijo eso, su intensión era precisamente todo lo contrario, el capitán intento condenar con sus insultos y le corte la llamada. Seguidamente me le presenté al General de División Manuel Rosendo, quien también se encontraba en Miraflores y le pase la novedad de lo ocurrido con su ayudante, expresando textualmente en lo narrado en el párrafo anterior, su respuesta fue: que no me preocupará, que él hablaría con el Capitán, de igual manera me le presente al General de División Regulo Anselmi, Comandante General de la Aviación para pasarle la novedad y me manifestó: No te preocupes duque, que todos los que estabamos presente sabemos que eso no ocurrió.”[122]

“Bueno entonces eso empezó señor diputado en el año 95, eso cayó muy mal en la Fuerza Aérea porque falsear la verdad y más, engañar a una opinión pública es un hecho verdaderamente denigrante, pero más malo o imperdonable es cuando un líder de un país miente descaradamente. Y yo les voy a decir, yo voy hacer una analogía de este vídeo con las declaraciones del Capitán Michael O’Brian. Y les digo con toda seguridad, yo conozco al Capitán Michael O’Brian, él fue el ayudante de Rosendo y yo era Jefe de Estado Mayor un excelente oficial con principios, valores y que muchas veces se quiere tapar el sol con un dedo y desprestigiar a un oficial para tapar la verdad.

Yo no estuve presente no puedo decir que, pero sin embargo el que miente una vez miente dos veces y el que está acostumbrado a mentir y a engañar, y a manipular lo hace constantemente con el mayor desparpajo.

El doctor José Vicente Rangel Vicepresidente de la República mintió en esta Comisión, cuando fue interpelado en esta Comisión porque dijo que él no había hablado el día 11 con el señor Bernal, pero después buscó una coartada porque el Mayor Duque no podía aguantar en su conciencia el hecho de que el Mayor Duque de la Fuerza Aérea había hecho la llamada, y él entonces buscó una coartada para decir que sí, posteriormente que él había hablado pero que no había hablado nada de lo que decía O’Brian. Entonces esto no es creíble, esto no lo creo yo, no le cree ninguno de ustedes independiente de su pensamiento, ideología, no lo creen ninguno, no lo puede creer ninguno de ustedes, y no lo cree el pueblo venezolano.

Nosotros los líderes de este país tenemos que actuar con la verdad, no podemos manipular porque eso nos desune, este país es de todos los venezolanos, no es mío, no es del diputado, no es el diputado, es de todos los venezolanos y nosotros tenemos que construir un país con la verdad no con la mentira, la manipulación, porque eso nos lleva al desastre.”[123]

“¿Conocía usted esta realidad? Y si la conocía, General, no será que usted se suma a la campaña de diabolización de los Círculos Bolivarianos al decir esto? Que es bien grave por cierto.

Y para terminar. Yo quería brevemente, porque se ha hablado mucho de lo que dijo el Capitán O’Brian, se menciona como un comodín cada vez que alguno de los oficiales, presuntamente comprometidos en el golpe de Estado viene acá, él sale como un comodín, pero no se dice de quienes lo han desmentido. Usted nombró, si no me equivoco a José Manuel Duque Marín, usted lo mencionó también.

Yo con la venia del ciudadano Presidente, si me permite, quisiera leer por favor, la respuesta que el tan vilipendiado oficial Duque Marín le ha dado a la narración que el Capitán O’Brian publicitariamente ha tenido en todos lados.

Si me lo permite, ciudadano Presidente. Narración de los hechos relacionados con el Capitán Ejército O’Brian Fossi, ayudante personal del General de División Ejército, Manuel Antonio Rosendo, por parte del Mayor de la Aviación José Manuel Duque, el día 11 de abril del año 2002 en las instalaciones del Palacio de Miraflores.

Inmediatamente después de llegar a Miraflores, recibí una llamada telefónica del Capitán O’Brian, donde de manera irrespetuosa me manifestó “usted es un oficial indigno, por escuchar que el Ministro de la Defensa, en conversación telefónica con el Alcalde Freddy Bernal, ordenara que bajaran los cerros armados para enfrentar la marcha que se aproximaba al Palacio y no pasara esa novedad”. A lo que el oficial Duque Marín respondió “primero cálmate y recuerda que estás hablando con un superior, estás confundido. El Ministro no dijo eso. Su intención fue precisamente todo lo contrario”. El Capitán intentó continuar con sus insultos y le corté la llamada.

Seguidamente me le presenté el General de División Ejército Manuel Rosendo, quien también se encontraba en Miraflores y le pasé la novedad de lo ocurrido con su ayudante personal, expresándole textualmente lo narrado en el párrafo anterior. Su respuesta fue que no me preocupara, que él hablaría con el Capitán.

De igual manera me le presenté el General de División Aviación Régulo Anselmi, Comandante General de la Aviación para pasarle la novedad y éste me manifestó “no te preocupes, Duque, que todos los que estábamos presentes sabemos que eso no es cierto”. General, eso se lo leo a usted y creo que el país también tiene que conocer al menos, en base al derecho a la defensa, este testimonio de alguien que ha sido suficientemente difamado por las razones anteriormente expuestas. Es todo ciudadano Presidente, ciudadano General.”[124]

Por su parte, tenemos la propia declaración contradictoria del Lic. José Vicente Rangel Vale:

El vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, rechazó nuevamente la veracidad de las declaraciones ofrecidas por el ex jefe del Cufan, general de división Manuel Rosendo, durante su interpelación en la Asamblea Nacional y dijo que no quiere entablar una polémica con el alto oficial, del cual asegura ha recibido informaciones que lo desacreditan. Cabe recordar que el general Rosendo acusó al ex ministro de la Defensa de coordinar con el alcalde de Caracas, Freddy Bernal, el uso de los Círculos Bolivarianos para proteger el Palacio de Miraflores de la marcha de la oposición el 11 de abril. No obstante, Rangel reconoció que es verdadera la grabación de una conversación telefónica con el alcalde Bernal, pero no en los términos en que la planteó el general Rosendo en su interpelación del pasado viernes en la Asamblea Nacional.

"A mi me han dicho muchas cosas del general Rosendo pero como yo no soy testigo ni tengo pruebas no las pongo a circular", manifestó Rangel a su salida de una reunión de la comisión presidencial para el diálogo en el Palacio de Miraflores. Expresó que no existe ninguna grabación o prueba que soporte la denuncia y lo atribuyó al simple interés de desprestigiar al Gobierno. "En mi caso es una manera de disparar contra el vocero y el portavoz del diálogo", señaló.

Agregó que ese tipo de información tiene un público y resalta que están fundadas en la irresponsabilidad. Por otra parte, recomendó que las interpelaciones deben recabar más informaciones y mejorar el proceso, de manera que permita obtener mejores resultados. Con relación al proceso de diálogo que promueve el Gobierno dijo tener confianza en que cumplirá con sus objetivos.

En relación al comunicado que emitió la Vicepresidencia que afirma que Rangel no habló con Bernal, el vicepresidente de la República señaló que “en los términos en que se planteó en la interpelación, porque en la interpelación se me preguntó a mí si yo había conversado con Bernal sobre que bajaran los cerros con palos y tal y que sé yo, en esos términos nunca”. Según Rangel, la comunicación telefónica con Bernal fue “preguntándole la situación cómo estaba. Me informó lo que aparece precisamente en la conversación, que había gente agrupada en Miraflores, gente partidaria del Gobierno”.

José Vicente Rangel opinó que “aquí parece que defender la Constitución es un delito. Y creo que defender la Constitución es lo que le corresponde a todo venezolano. Los que cometieron un delito fueron los que atentaron contra la Constitución y depusieron al jefe de Estado legítimamente constituido”. En relación a la supuesta renuncia del Presidente Chávez, Rangel dijo que “eso ya está liquidado, eso es un cuento de camino”. Al ser consultado acerca del deseo de Chávez de irse a Cuba, el vicepresidente comentó que eso es “otra mentira más”.

Rangel afirmó que ha visto la interpelación del general Néstor González González “a ratos porque yo soy un hombre muy ocupado”. Acerca de la presencia de guerrilla colombiana en territorio venezolano, Rangel consideró que “ese es un cuento chino”. Según Rangel, en la reunión que sostuvo con representantes del sector bancario “me fueron a plantear algunos temas del sistema financiero(...) Yo los atendí fueron, entre otros, Salvatierra, Marturet, Mezerhane, Escotet. Fue una reunión sumamente cordial que indica que hay diálogo también con el sector bancario en el país”. Para Rangel, la reunión con el sector bancario “está en una situación positiva para arrancar nuevamente”. A su juicio, “hubo problemas con motivos del golpe”.

Como dijimos al comienzo del desarrollo de este punto en particular, los hechos sucedidos desde el Puente de Llaguno, constituyen un crimen de Lesa Humanidad. Este horrendo delito está así considerado internacionalmente, y así lo demuestra el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, define al Crimen de Lesa Humanidad, concretamente en su artículo 7°, como:

Se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: )

1. Asesinato; (Omissis)

Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política;[125]

En este sentido cabe entrar a considerar los elementos que componen este horrendo crimen de lesa humanidad, y concatenar ese artículo 7 con el artículo 22 del derecho penal internacional, de tal manera que se puede llegar a los siguientes componentes con sus elementos de los crímenes contenidos en ese Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:

1. Por cuanto el artículo 7 corresponde al derecho penal internacional, sus disposiciones, de conformidad con el artículo 22, deben interpretarse en forma estricta, teniendo en cuenta que los crímenes de lesa humanidad, definidos en el artículo 7, se hallan entre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, justifican y entrañan la responsabilidad penal individual y requieren una conducta impermisible con arreglo al derecho internacional generalmente aplicable, como se reconoce en los principales sistemas jurídicos del mundo.

2. Los dos últimos elementos de cada crimen de lesa humanidad describen el contexto en que debe tener lugar la conducta. Esos elementos aclaran la participación requerida en un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y el conocimiento de dicho ataque. No obstante, el último elemento no debe interpretarse en el sentido de que requiera prueba de que el autor tuviera conocimiento de todas las características del ataque ni de los detalles precisos del plan o la política del Estado o la organización. En el caso de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil que esté comenzando, la cláusula de intencionalidad del último elemento indica que ese elemento existe si el autor tenía la intención de promover un ataque de esa índole.

3. Por "ataque contra una población civil" en el contexto de esos elementos se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos indicados en el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto contra una población civil a fin de cumplir o promover la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos. No es necesario que los actos constituyan un ataque militar. Se entiende que la "política ... de cometer esos actos" requiere que el Estado o la organización promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra una población civil .

2. Que la conducta haya tenido lugar como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.

3. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.

1. Conclusiones y Responsabilidades

No creo que para nadie exista alguna duda sobre la responsabilidad política del ciudadano José Vicente Rangel Vale, actualmente Vicepresidente Ejecutivo de la República, pero lo más grave es que su actuación, sus actos pueden constituir una conducta de tipo delictual, y es por ello que se recomienda solicitar al Fiscal General de la República, para que de conformidad con lo dispuesto con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, solicite al Tribunal Supremo de Justicia el Antejuicio de Mérito de este personaje.

III. Antecedentes de los Acontecimientos del Día 12

A. Pronunciamiento del Alto Mando Militar

La renuncia constituye un acto de manifestación de la voluntad de una persona de cesar en el ejercicio de una determinada actividad. No necesariamente es un acto que debe cumplir con la formalidad de la escritura, debido a que el mismo se prueba con la confesión hecha por ante las personas que luego fungen como testigos del hecho. La figura de la presidencia de la república, es de mayor importancia que cualquier otra, sobre todo en un régimen presidencialista como el nuestro. Pero cuando se trata de un Presidente que continuamente nos ha venido amenazando a todos los venezolanos, sobre el tiempo de su permanencia en el poder, ratificando una y otra vez, su intención de permanecer hasta el año de 2021, hace que el acto de renuncia de una persona como esta, pueda causar traumas dentro de toda la estructura orgánica del Estado.

En el presente caso, efectivamente la manifestación dada por el Presidente Chávez de renunciar, ante la impotencia de los hechos acaecidos el día 11 de abril, causaron un enorme cisma dentro del Gobierno, en virtud de que con la ausencia y manifestación del líder al expresarle a un grupo de militares y varios de sus ministros de su intención de renunciar, provocó una estampida general de todos los funcionarios del Ejecutivo Nacional y de algunos de sus adeptos en los demás poderes, al punto de que la sustitución del Presidente por otra persona distinta a las establecidas en la línea de sucesión dispuestas en nuestra Constitución, se debió a que este abandono generalizado de los puestos o cargos, hiciera pensar que la situación era de un evidente e incontestable vacío de poder.

Efectivamente, en la madrugada del día 12 de abril, ante los distintos medios de comunicación social, tanto nacionales como internacionales, el General en Jefe Lucas Rincón Romero, Inspector General de la Fuerza Armada, quien compartía además funciones de Ministro de la Defensa con el licenciado José Vicente Rancel Vale, quien llevaba la parte administrativa de ese Ministerio, anunció la renuncia del Presidente de la República, lo cual lo convierte en un hecho comunicacional internacional, en este sentido citaremos textualmente el texto de las palabras que oyó el mundo entero, pronunciadas por el militar de mayor rango en el país, y de más confianza y ascendencia en el entonces Presidente de la República, Hugo Chávez Frías:

"Pueblo venezolano, muy buenos días. Los miembros del alto mando militar de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela. Deplora los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos se le solicitó al señor Presidente de la República, la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los miembros del alto mando militar ponemos, a partir de este momento, nuestros cargos a la orden, los cuales entregaremos a los oficiales que sean designados por las nuevas autoridades. Finalmente, quiero hacer un llamado al glorioso pueblo de Venezuela, a mantener la calma y al ejercicio de un ejemplar civismo, rechazando toda incitación a la violencia y al desorden. Tengan fe en sus fuerzas armadas. Muchísimas gracias.

De esta declaración que le dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos, se desprenden varias cosas de suma importancia. En primer lugar, esta declaración no la hace el General Lucas Rincón Romero, a nombre propio, sino que la hace a nombre de los miembros del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional, varios de los cuales estaban presentes en ese acto. Por lo tanto, debe considerarse como un acto del alto mando militar. En segundo lugar, se desprende claramente que el alto mando militar lamentaba y reprochaba los sucesos acaecidos el día inmediatamente anterior. En tercer lugar, y lo que es más importante, es que el alto mando militar responsabilizó en ese momento al Presidente Hugo Chávez Frías por esos deplorables sucesos que habían ocurrido, y es esa la razón por la cual le solicitaron la renuncia al Presidente. En cuarto lugar, tenemos el sentido de culpa y de responsabilidad de Chávez, al aceptar una renuncia basada en hechos deplorables, cuya responsabilidad se le imputaba, y éste asume esa responsabilidad al aceptar esa renuncia. En quinto lugar, el alto mando militar reconoce anticipadamente al nuevo Presidente a designarse, ya que pusieron sus cargos a la orden y afirmaron que los entregarían a los oficiales que sean designados por la persona que tenga facultades para hacerlo, cual no es otra que el Presidente de la República que tiempo después fue designado. En sexto y último lugar, el General Rincón Romero, hace un llamado a la calma y le pide al pueblo venezolana que tuviesen fe en sus fuerza armada, es decir que creyeran en lo que estaba diciendo, en que esta institución tenía la situación controlada y que sabían lo que estaban haciendo.

Esta declaración pública no ha sido desvirtuada por ninguna de las personas interpeladas, ni en su forma ni en su intencionalidad.

Sin embargo, en la declaración emitida ante esta Comisión el General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, Lucas Rincón Romero, señala que el Presidente de la República no aceptó la solicitud de renuncia que se le formulara porque no se cumplieron las condiciones impuestas por el Primer Mandatario; en la rueda de prensa transmitida la madrugada del día 12 de abril de 2002, el mismo funcionario afirmó que el Presidente de la República aceptó la renuncia, sin hacer referencia a condición alguna impuesta por el Presidente de la República para aceptar dicha solicitud de renuncia.

Sobre el particular debe señalarse que el General en Jefe Lucas Rincón Romero estaba obligado a informar en su rueda de prensa si el Presidente había o no puesto condiciones para aceptar la solicitud de renuncia que se le había formulado. Al no hacerlo, el General en Jefe Lucas Rincón Romero, omitió información relevante a la población sobre la situación que estaba viviendo el Alto Gobierno, todo lo cual contribuyó no positivamente en el clima de inestabilidad y tensión que se vivieron los días 12, 13 y 14 de abril, violando además el principio de transparencia establecido en el artículo 141 de la Constitución.

En todo caso, si el Presidente de la República impuso condiciones para aceptar su renuncia el General en Jefe Lucas Rincón Romero, mal podía dar declaraciones al país la madrugada del 12 de abril de 2002, afirmando que el Presidente de la República aceptó la renuncia solicitada por el Alto Mando Militar, por cuanto, al no haberse cumplido para ese momento tales condiciones, la renuncia era un hecho que todavía no podía darse como verificado, pues, debía esperar al cumplimiento de las referidas condiciones para poder ser considerada válida.

Con respecto a la renuncia los interpelados hicieron las siguientes consideraciones:

Lucas Rincón:" Le hice entonces un planteamiento al señor Presidente, como dije anteriormente, para calmar la atención y evitar un derramamiento de sangre, el cual consistía en hablar de la renuncia que le estaban solicitando los oficiales que estaban alzados en ese momento y ese planteamiento se lo hice para ver si se tranquilizaba la situación.

El señor Presidente me manifestó: "que estudiaría esa situación, siempre y cuando estuviese apegado a la Constitución y se cumplieran ciertas garantías que él iba a exigir".[126]

Manuel Rosendo: Bueno con relación a la renuncia del señor Presidente, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada yo quiero decirles lo siguiente, por fax el General Hurtado recibió la propuesta de la renuncia y en forma personal se le entregó al señor Presidente, posteriormente el General Damiani, el General Camacho Kairuz y el General Vargas Herrera le llevaron el original del documento que había recibido el General Hurtado por fax.[127]

“Belisario Landis: ¿Conocía usted de la renuncia del Presidente, puede relatarnos los hechos? Esa es una cuestión que explicó aquí con lujo de detalles el señor General en Jefe Lucas Rincón Romero, no conozco los detalles de ese proceso de renuncia o no renuncia.”[128]

“En la noche del 11 de abril o en la madrugada del 12 de abril el General Lucas Rincón informó al país que el Alto Mando había puesto sus cargos a la orden de las nuevas autoridades, el Alto Mando, usted no estaba en el vídeo pero él habló en nombre del Alto Mando y usted nos dice que no estaba ahí porque lo había amenazado de muerte, pero me imagino que estaba al tanto de lo que el General Lucas Rincón iba a informar al país.”[129]

“Yo le cumplí a cabalidad las instrucciones al General Rincón y al otro día esa misma madrugada redacté mi renuncia, después del golpe de Estado recibí el día 12 en el Ministerio de la Defensa…”[130]

José Vicente Rangel: “…La única comunicación que hubo entre el Presidente de la República y el General en Jefe, fue estando ya el General en Jefe en Fuerte Tiuna, el Presidente le expresó que si se garantizaba la vida de todas las personas que estaban en Miraflores, si se le permitía dirigirse en una alocución al país y si se le garantizaba poder abandonar el país en condiciones de seguridad, él podía considerar la renuncia.

En base a esta afirmación es que se produce la declaración del General Rincón, quien no habló exactamente de que se había presentado la renuncia del Jefe del Estado, sino que existía esa posibilidad.”[131]

Efraín Vasquez Velazco: “…General Manuel Rosendo, quien me informó que el Presidente había decidido renunciar si le daban un avión para irse al exterior.

Al segundo el Ministro de la Defensa José Vicente Rangel, quien me dio el mismo mensaje y que enviara dos generales al canal 8, que el Presidente iba a ratificar su renuncia allí.

A las 3 de la mañana el General en Jefe Lucas Rincón Romero, participó al país que el Presidente había renunciado y minutos más tarde, el Presidente llegó a la Comandancia del Ejército con su Jefe de Casa Militar, escolta, los generales Hurtado y Rosendo, de ahí en adelante, la historia es ampliamente conocida.”[132]

“…el ciudadano Ministro de la Defensa me llamó y me dijo, que el Presidente había decidido renunciar y que se iba para Cuba, y que le enviara a los generales para el Canal 8, se le enviaron a los generales para el Canal 8, no es que, a obligar al Presidente a que renunciara, ni a que dijeran otra cosa, sino que fuera allá a esperar la renuncia. Estos oficiales se devolvieron al Fuerte, porque el Presidente nunca fue allí.[133]

“…el General Lucas nunca me dijo a mi que el él tenía una renuncia escrita del Presidente, sí me dijo que el Presidente había renunciado, pero no que él tenía una renuncia escrita”.[134]

Pedro Pereira Olivares: “la Inspectoría General se encontraban reunidos varios generales y almirantes comentando la situación, esperábamos la llegada del General en Jefe Lucas Rincón, cuando éste llegó acompañado de varios miembros del Alto Mando, el General en Jefe nos invitó a su oficina informándonos que el Presidente había renunciado y que él se preparada para realizar este anuncio acompañado del Alto Mando Militar y que el Alto Mando iba a poner sus cargos a la orden.”[135]

Cuando estos oficiales, altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional anuncian la renuncia de un Presidente y es un hecho, ese hecho conmueve al país y crea una incertidumbre en las Fuerzas Armadas, por favor, o a menos que haya estado planificado así, a menos que haya estado planificado así, repito, por qué más del 25%, porque a mi me dice el General en Jefe, General en Jefe de 3 soles, le dice al país que el Presidente renunció, aceptó la renuncia, y el país tiene que creerle a su General en Jefe que es uno solo, por favor Diputado, usted le creería? ¿por qué más del 95% de los militares activos entendieron que el Presidente había renunciado, generando tranquilidad en las 36 guarniciones?.”[136]

Camacho Kairuz: “…el General Lucas Rincón anunció la renuncia del Presidente y la renuncia del Alto Mando, yo llegué a Fuerte Tiuna y salió una comisión de generales y yo fui con ellos, yo dije, bueno, mira vamos allá a llevarle la renuncia al Presidente.”

“…llegaron a Fuerte Tiuna, yo no le solicité la renuncia, ya el Presidente había acordado renunciar, él no firmó efectivamente la renuncia, sí estaba en el salón en donde nuevamente le presentaron la misma renuncia, el mismo documento, que yo le llevé inicialmente, se lo volvieron a presentar y él se negó a firmarlo y eso fue todo, pero ya él había aceptado que había abandonado el cargo, que iba a renunciar, lo que no hubo fue el acuerdo de bajo qué condiciones, él quería irse a Cuba y hubo una decisión de los altos mandos militares que no se iba a Cuba, sino que se quedaba en Venezuela, así que eso es todo lo que sucedió. Así que yo no le he solicitado la renuncia al Presidente, ya el General Lucas Rincón había anunciado que el Presidente había renunciado, y por eso hice mi señalamiento al principio.”[137]

Daniel Comisso Urdaneta: " Luego al enterarme de que el Presidente se trasladaría a la Sede del Comando General del Ejercito me dirigí hacía allí, y estuve presente junto a más o menos 30 o 40 generales, Monseñor Baltazar Porra, el señor Azuaje, en la reunión en la cual el Presidente manifiesta las condiciones bajo las cuales había renunciado, recordando que eran las salida del país con garantía de seguridad física para él y para su familia, y garantía de integridad física para sus ministros.[138]

Cuando el Presidente, fíjese usted. El Presidente negoció su renuncia en Miraflores y él llega a la Comandancia General del Ejército diciendo, “yo renuncié bajo estos términos”, después que sale el video, de Turiamo, La Orchila y la cuestión, que él dice, “yo no he renunciado”, bueno allí él cambió la versión y no había la renuncia firmada, pero de hecho en mi concepto y así lo entendimos todos, que el Presidente había renunciado, de hecho el Presidente había renunciado, si nosotros de alguna manera interpretamos que el Gobierno del Dr. Carmona existió, existió de hecho, porque de derecho no existió, por lo tanto la renuncia del Presidente de hecho existió.[139]

Carlos Alfonso Martínez: Estando en esto observo en la televisión al General en Jefe Lucas Enrique Rincón Romero, Inspector General de la Fuerza Armada Nacional, anunciando al país la renuncia del ciudadano Presidente y del Alto Mando, quedando ellos a órdenes de las nuevas autoridades a ser nombradas, para proceder de inmediato a la entrega de sus cargos, hecho público y notorio.

Posteriormente llegó el ciudadano Presidente de la República, acompañado de los Generales de División Manuel Rosendo, Eliécer Hurtado Soucre y Monseñor Baltazar Porras, entre otros y es conducido a una sala, donde se le presenta al ciudadano Presidente el documento de la renuncia. El Presidente tomó la palabra y explicó que él estaba de acuerdo en firmar el documento si se le daban las garantías de cumplirse con sus exigencias, de lo contrario él no firmaba la renuncia.”[140]

La evidencia es dilapidaria, demasiados testimonios en donde aparece que el Presidente de la República estuvo en todo momento dispuesto a renunciar. Pero luego que le dijeron que debía ser juzgado por los crímenes del día anterior, comenzó a exigir irse para Cuba, a cambio de firmar la renuncia. La renuncia de hecho se formalizó con la declaración pública del General en Jefe, hablando en nombre del Alto Mando Militar que estaba con él, lo que luego ocurrió fue un juego de negociación del propio ciudadano Hugo Chávez Frías, para poder eludir el hecho de ser juzgado en el país, y es por ello que plantea la ida para Cuba, a cambio de la firma de la renuncia como una especie de salvoconducto, fue tan evidente el acto de la renuncia, que diversos países y organizaciones internacionales realizaron declaraciones en torno a la renuncia.

B. Detención del Presidente Hugo Chávez y Designación de Carmona por un Grupo de Militares

Luego de la renuncia que el Presidente comunicara al General en Jefe, Lucas Rincón Romero, se trasladó para el Fuerte Tiuna, acompañado del General Eliécer Hurtado Soucre, quien para ese entonces, y todavía actualmente es Ministro de Infraestructura, del General Manuel Antonio Rosendo, del Mayor Suarez Chourio, del General Vietry, etc. Llegados al Fuerte Tiuna, comenzaron a negociar la salida del ciudadano Hugo Chávez Frías del país, con destino a Cuba, a lo cual un grupo de oficiales de alta jerarquía se opusieron, aduciendo que ellos no iban a correr con la responsabilidad de ser cómplices con la masacre ocurrida el día anterior.

Ante esta situación, el señor Chávez Frías alegó que si no lo dejaban ir para Cuba, entonces el no firmaría el papel que en ese momento le estaban presentando contentivo de su renuncia, que antes había expresado verbalmente. En virtud de ello, estos altos oficiales decidieron que ante lo delicado de la situación había que dejar ciudadano Chávez Frías bajo custodia de la Fuerza Armada Nacional.

Posteriormente, este grupo de militares, ante el vacío de poder que se había presentado, decidió designar al señor Pedro Carmona Estanca, como Presidente de la República para el período de transición.

El ciudadano Pedro Carmona Estanga en las declaraciones ofrecidas en su acto de interpelación señaló en torno a su designación como Presidente de la República, lo siguiente:

“Sobre la designación como tal, debo decir que fue una solicitud, no una designación que en ese momento se formulaba y que fue hecho por un colectivo, por un cuerpo importante y representativo de la Fuerza Armada Nacional que allí estaba congregado y que tenía en sus manos, desde luego, una situación importante de ayuda a la definición de cómo cubrir el vacío que se había generado, allí había un grupo importante que será fácil determinar en el momento de las investigaciones, que allí estaba todo el generalato representativo de las 4 fuerzas del estamento castrense”.

Debe señalarse que conforme a las declaraciones del ciudadano Pedro Carmona Estanga citadas, un grupo de militares de diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional y de diferentes rangos, le habría solicitado ocupar la Presidencia de la República en forma transitoria.

Conforme a la información recabada por esta Comisión (interpelaciones y videos consignados a la fecha), entre los militares que le habrían solicitado al ciudadano Pedro Carmona Estanga asumir la Presidencia de la República, estaban el Gral. (Ej.) Efraín Vázquez Velasco y el Gral. (Av) Pedro Antonio Pereira Olivares.

En su interpelación el Gral. Pedro Antonio Pereira Olivares señaló que entre las personas que se encontraban la madrugada del día 12 de abril de 2002 en Fuerte Tiuna, hubo consenso en designar al ciudadano Pedro Carmona como Presidente Provisional para un Gobierno de Transición en virtud de la supuesta renuncia del Presidente de la República, Hugo Chávez.

“La situación que se presentaba en ese momento era que el Presidente había renunciado y el Vicepresidente había sido destituido, ante un país acéfalo, hubo consenso general para nombrar un representante de la sociedad civil como Presidente Provisional para un Gobierno de transición.

Por consenso, se decide nombrar al doctor Pedro Carmona Estanga, quien se encontraba presente y reunía por demás las condiciones necesarias para que asumiera la dirección de un Gobierno de transición ante el vacío de poder que los hechos anteriores habían producido”.[141]

El artículo 250 de la constitución de 1961 disponía que ella no perdería su vigencia “si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. Luego agregaba que “en tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Como se señala en la exposición de motivos de dicha Constitución esa norma “contiene una disposición sin precedentes en nuestra legislación constitucional, pero que responde a un requerimiento de la realidad histórica y política de nuestro país”. Ese artículo 250 de la Constitución de 1961 afirmaba su vigencia y proveía su restablecimiento “aun cuando se interrumpiere su observancia por un hecho de fuerza y se llegare a su derogación formal por medios distintos de los que ella misma dispone” [142]. Esta disposición constitucional fue reproducida parcialmente en el artículo 333 de la actual Constitución.

La finalidad del citado artículo 250 de la Constitución de 1961 fue, en primer lugar, condenar la derogación de la Constitución por hechos de fuerza, o por cualquier otro método distinto a los que en ella estaban previsto, debido a que los hechos violentos han sido un acontecimiento histórico y político muy frecuente en la historia de Venezuela y de Latinoamérica y, en segundo lugar, prever un procedimiento para alcanzar su restablecimiento en el caso de producirse su derogación por medios distintos a los previstos en ella.

Durante los cuarenta años de vigencia de la Constitución de 1961 hubo varios intentos de derogarla por la violencia de las armas, pero esos intentos fracasaron estrepitosamente, no sin antes dejar unas secuelas de daños en la sociedad que todavía padecemos.

Aun cuando la derogación de esa Constitución la hizo la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 mediante un procedimiento no previsto en ella, sin embargo la consulta popular primero y luego el referendo aprobatorio del texto discutido por la Asamblea Nacional Constituyente le dan a la Constitución bolivariana un fundamento popular no exento de controversias.

No obstante que la Constitución vigente reprodujo en el artículo 333 la condena contra golpismo contenida en la Constitución de 1961, sin embargo introdujo en el artículo 350 una disposición que, en cierta forma vino a justificar el hecho de fuerza del 4 de febrero de 1992. Dice esa disposición lo siguiente:

El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a la lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Estos principios, además de los contenidos en el hecho mismo de que seamos una República Federal descentralizada, están establecidos principalmente en el artículo 2° de la Constitución, que reza:

Artículo 2°.- Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Los principios del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la justicia han sido recogidos como los pilares que conforman el contenido de la legitimidad del ejercicio del poder público. Así lo recoge una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 5 de abril de 2001, en el asunto recaído sobre el comienzo del período presidencial. Esta sentencia, con respecto a ese contenido dispone lo siguiente:

“…al Estado de Derecho le corresponde cumplir un cometido de enorme relevancia, cual es la función de garantizar la seguridad, que, junto con la función de mantener y realizar la igualdad y de preservar la libertad, forman la tríada constitutiva del contenido esencial de la legitimidad del ejercicio del poder. Esa función de seguridad es decisiva para identificar al Estado de Derecho, esto es, garantía de certeza, de saber a qué atenerse.”

Pues bien, estos principios deben ser garantizados por el Estado de Derecho, por el régimen, por la legislación y por las autoridades. Cuando estos principios son desnaturalizados, se desdibujan los fundamentos esenciales de la legitimidad del ejercicio del poder, y es entonces cuando se activa y entra a funcionar el artículo 350 de la Constitución, ya citado.

Este artículo consagra dos supuestos de hecho. El primero de ellos tiene que ver con que el régimen por y para sí contraríe los valores, principios y garantías democráticas. Y, cuando la norma constitucional citada se refiere al régimen, estamos hablando del Gobierno del la República de Venezuela, que igualmente por el hecho de ser tal República, debe igualmente respetar los principios en que se fundamenta, cuales son la separación o distribución de poderes, fundamento éste que debe existir entre los distintos órganos entre los que se distribuye el Poder Público, a fin de que exista un criterio para mantener el péndulo del poder dentro de un equilibrio necesario, con la finalidad de mantener y garantizar la unidad nacional y la existencia de un republicanismo. Es por esto, que para que coexista un balance de intereses entre las distintas ramas que conforman el poder dentro de la organización política de nuestro estado federal, debe existir y cumplirse el sistema de frenos y contrapesos, de forma tal de que exista un equilibrio entre los poderes que reafirme sus respectivas autonomías y sea garante de la Democracia. Ahora, si el régimen contraría estos principios fundamentales del republicanismos y aquellos contenidos en el artículo 2° constitucional, la única consecuencia posible constituye a su vez un deber y una obligación del pueblo de Venezuela, cual no es otra que desconocer ese régimen.

Por otra parte, el referido artículo se refiere a una legislación que contraríe estos valores, principios y garantías democráticos. Ejemplo de esto lo tendríamos en el caso del principio democrático contenido en nuestra Constitución, referente a la participación de los ciudadanos en el proceso de elaboración de las leyes. Pues bien, cuando este principio es contrariado, como ocurrió con las leyes de la habilitante, el pueblo venezolano tiene el deber y la obligación de desconocer esa legislación que se dicte en tales condiciones contrarias a esos valores, principios y garantías democráticos.

Finalmente, tenemos el caso que se refiere concretamente a la autoridad o autoridades que contraríe o contraríen esos valores, principios y garantías, antes citados. En este caso podríamos poner de entre muchos, un ejemplo que constituye un principio fundamental de nuestra democracia, es el de haberse constituido como un Estado Federal descentralizado, de manera que uno de los valores fundamentales es el cumplimiento con los procesos que garantizan el sistema de descentralización, como lo son la distribución equitativa del presupuesto nacional entre las distintas entidades que conforman el Estado venezolano, de acuerdo con las leyes que rigen la materia. En este sentido, la autoridad que contraríe esto, debe ser desconocida por el pueblo venezolano.

El segundo supuesto de hecho tiene que ver con que ese régimen, legislación o autoridad menoscabe los derechos humanos. En tal sentido, si por medio del una autoridad, o del propio régimen, o a través de una legislación, se violentan derechos garantizados por nuestra Constitución, tales como el de la vida, la libertad o la igualdad, tal régimen, legislación o autoridad debe necesaria y obligatoriamente ser desconocido por el pueblo venezolano.

En este sentido, debemos resaltar el principio del republicanismo como fundamento de nuestra democracia, relacionado con el sistema de frenos y contrapesos, esencial para la existencia de un sistema como el nuestro, debido a que el mismo está diseñado para que se garantice un equilibrio entre los distintos órganos que ejercen el poder público. Este principio del sistema de frenos y contrapesos ha sido sistemática y reiterativamente contrariado por este régimen, a tal punto que no es posible hacer una diferenciación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Ciudadano; entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; entre el Poder Ejecutivo y el Poder Electoral; entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es sabido que todos estos Poderes han sido sometidos de alguna u otra manera por el Poder Ejecutivo, quien los ha subordinado a sus designios en diversas oportunidades, lo cual se agrava más aún cuando tenemos que varios de los titulares de estos Poderes Públicos, fueron designados a través de actos repugnantes a la Constitución.

Pero, por otro lado, como lo hemos visto a lo largo de este informe, diversas autoridades del presente régimen, tales como el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo, el Fiscal General de la República, han violentado impunemente derechos humanos que están garantizados por nuestra Constitución, tales como el derecho a la vida, que como vimos, el día 11 de Abril fue brutalmente violentado por el presente régimen. En igual sentido ocurre con el derecho a la igualdad. Este régimen, a través de su Presidente ha fracturado la sociedad en dos polos, diferenciándolos y discriminándolos en una forma odiosa que la sociedad considera insoportable, tal es el caso de la fractura entre escuálidos y revolucionarios. De igual forma ocurre con el derecho a la libertad. Algunos venezolanos son absolutamente libres de manifestar en frente del Palacio de Miraflores, mientras que otros tienen coartado y cercenado ese derecho.

Estas violaciones a los valores, principios y garantías democráticas, y el menoscabo de los derechos humanos al que ha incurrido sistemática y reiterativamente el presente régimen y algunas de sus autoridades, así como la legislación contenida en las leyes de la habilitante, obligaron al pueblo venezolano a desconocerlos, mediante actos como el de desobediencia civil, el de resistencia civil o el de rebelión.

Esto fue lo que ocurrió esa madrugada del día 12 de abril, esos oficiales de alta jerarquía desconocieron el régimen, y para hacer nuevamente la inserción dentro de un sistema democrático real, se procedió a definir un período de transición que permitiera crear las bases para ir a unos procesos electorales que le devolvieran la democracia al pueblo venezolano.

Por su parte, el derecho a la resistencia tiene antecedentes en el derecho medieval donde los teólogos católicos llegaron incluso a justificar el tiranicidio. Sin embargo, la constitucionalización de este derecho colectivo se inicia con la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, de 12 de junio de 1776, en la que se establece que si el gobierno no procura el común provecho del pueblo “una mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, innegable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, de la manera que se juzgue más conveniente al bien público”. Ese mismo derecho está reconocido en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, de 4 de julio de 1776, en la parte donde afirma que cuando “una forma de gobierno se haga destructora de estos principios (se refiere al derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad), el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios”. Y luego agrega que “cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, tiene el derecho, tiene el deber, de derrocar ese gobierno y establecer nuevas garantías para su futura seguridad”. Y, por último, el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de fecha 26 de agosto de 1789, dice que “la finalidad de toda asociación es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. De esta manera el derecho de resistencia no solamente se constitucionaliza sino que se le reconoce como uno de los derechos de los pueblos a la desobediencia o a la resistencia pasiva y activa cuando el poder se convierte en ilegal o ilegítimo y, por tanto, pierde el consentimiento popular (la llamada legitimación de ejercicio).

La protesta popular del 11 de abril estaba dirigida a promover la renuncia del Presidente de la República por un medio legítimo de protesta, como es la manifestación pacífica y sin armas. Esa protesta estaba dirigida contra una autoridad muy concreta, como era el Presidente de la República, y contra actos emanados de él como fue la promulgación de leyes dictadas en ejercicio de poderes habilitantes que le confirió la Asamblea Nacional, decretos leyes que violaban principios constituciones y los derechos humanos. Se protestaba también por la forma inconsulta como había designado a la Junta Directiva de PDVSA y despedido a algunos de sus empleados, por las agresiones que el Presidente de la República hace a sus opositores políticos y medios de comunicación, por la división que ha creado entre los venezolanos y por otros motivos de similar importancia. Este propósito se hizo más intenso cuando se produjo el ataque armado contra la manifestación pacífica y sin armas, se activó el plan Ávila y la Guardia Nacional, en vez de proteger a la manifestación pacífica, prefirió amparar la conducta de los contramanifestantes. Estos hechos produjeron, en primer lugar, una desobediencia militar cuando integrantes del alto mando militar se negaron a cumplir la orden presidencial de activar el plan Avila. En segundo lugar, la renuncia del Presidente de la República anunciada por el General en Jefe e Inspector General de la Fuerza Armada Lucas Rincón. Y, en tercer lugar, la designación por los militares de Pedro Carmona como Presidente de la República.

El régimen basado en la Constitución determina que si la renuncia del Presidente de la República, se produjo tal y como lo anunció el General en Jefe Lucas Rincón, debió entonces encargarse el Vicepresidente Ejecutivo, como lo dispone el tercer aparte del artículo 233 de la Constitución bolivariana, mientras se eligiera al nuevo Presidente que debía completar el periodo constitucional. La Constitución bolivariana no prevé una solución constitucional para el caso de que el Vicepresidente Ejecutivo no acepte ejercer la presidencia o no esté en condiciones de asumirla durante ese interinato. En el presente caso, se procedió a designar a Pedro Carmona Estanga como Presidente de la República, porque se desconoció un régimen que contrarió en forma reiterada y sistemática los valores, principios y garantías democráticos reconocidos en el propio artículo 2° de la Constitución, y además menoscabó derechos humanos consagrados en ese mismo Texto Fundamental, como lo fueron los derechos a la vida, la libertad y la igualdad, además de otros valores, principios y garantías democráticos y derechos humanos que fueron menoscabados y contrariados a lo largo de estos tres años y medio de Gobierno, todo lo cual hacía para ese momento que el régimen hubiese perdido la legitimidad en su ejercicio del poder, todo lo cual obligaba a su desconocimiento.

Y es por ello, que la designación realizada tenía como única finalidad el cumplir con un régimen de transición, que permitiese al pueblo de Venezuela insertarse nuevamente en un régimen democrático, a través de unas elecciones transparentes que permitieran la vuelta a la democracia.

C. Persecuciones y Allanamientos a Dirigentes Políticos y Ciudadanos

Como consecuencia de la designación del ciudadano Pedro Carmona como Presidente de la República se produjeron persecuciones, detenciones y allanamientos de dirigentes políticos. Hay que advertir que la vigencia de los derechos humanos no depende de que estén o no reconocidos en una constitución o de que ésta esté o no vigente. Los derechos humanos existen aún en ausencia de textos legales nacionales o internacionales porque ellos forman parte del ser y de la dignidad de la persona humana. Sin embargo, si se mantiene la posición del positivismo jurídico, también en este caso el reconocimiento de esos derechos está consagrado en los pactos internacionales que Venezuela ha suscrito.

Uno de los derechos humanos fundamentales es la libertad o seguridad personales que consiste en el derecho que tiene toda persona a no ser arrestado o detenido o a no ser sometida a cualquier otra medida de limitación de esa libertad sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti, como dice el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución. Nuestro Código Penal sanciona con penas de prisión o presidio a quien haya privado ilegítimamente de la libertad (ver los artículos 175 y siguientes).

Asimismo, el hogar doméstico y todo recinto privado son inviolables, como lo dispone el artículo 47 de la Constitución bolivariana. Esa inviolabilidad está garantizada con la orden judicial que se requiere para ordenar el allanamiento de esos lugares privados. La violación de este derecho está sancionada por los artículos 184 y 185 del Código Penal.

La Comisión especial de la Asamblea Nacional debe determinar si las detenciones que se practicaron y los allanamientos que se realizaron estuvieron ajustados a las normas constitucionales y a los pactos internacionales sobre derechos humanos. Si se llegare a comprobar violaciones a esos derechos humanos, la Comisión especial deberá remitir al Fiscal General de la República las actuaciones correspondientes con la solicitud de que inicie las acciones penales si fueren procedentes.

D. Masacre del 12 de Abril

No encontró esta Comisión elementos probatorios que pudiesen sustentar la existencia u ocurrencia de una Masacre perpetrada el día 12 de Abril, como tampoco pudo constatarse de ninguna de las interpelaciones realizadas a lo largo de este procedimiento.

E. Juramentación de Carmona y Decreto

El acto de juramentación del ciudadano Pedro Carmona Estanca, por más odioso que aparezca, es producto y consecuencia de una situación en la cual al pueblo venezolano no le quedó más camino que desconocer al régimen que estaba instaurad, razón por la cual éste procedió a juramentarse por él mismo, ya que su autoridad no era por emanación, del pueblo, sino que la misma obedecía a un proceso transitorio que tenía como finalidad el permitir que dentro de un lapso definido, el pueblo eligiese sus autoridades y de esa manera volver a la democracia.

Estas actuaciones no estuvieron exentas de errores, pero además, no contaron con el consenso que toda la sociedad estaba esperando, y es por esta razón que el mismo pueblo no aceptó ese régimen transitorio.

El Decreto de Carmona no se puede analizar únicamente desde el contexto jurídico Constitucional, debe verse también desde un punto de vista político Constitucional, debido a que el mismo es una emanación de un momento de incertidumbre, propio del vacío que se produce cuando se desconoce a un régimen, que como dijimos, al no gozar del consenso deseado, estaba condenado al fracaso. La razón de esto es que por supuesto si se analiza el Decreto únicamente desde el punto de vista jurídico Constitucional, no cabe duda de que el mismo es una aberración y que constituye un acto repugnante al Texto Fundamental. Pero si lo vemos desde el punto de vista político Constitucional, es cierto que al producirse un vacío producto de un desconocimiento basado en la propia Constitución, en el citado artículo 350, los mecanismos para llenar ese vacío no están ni podrían estar regulados en ningún texto jurídico, sino que los mismos son derivados de la improvisación y de la espontaneidad con que se actúa en ese momento determinado, y en consecuencia, si tal Decreto tiene como propósito constituir un régimen para un período de transición que tenga como objeto insertar al pueblo venezolano, nuevamente dentro de un régimen democrático, entonces el espíritu de ese Decreto estaría conforma al Texto Fundamental. Si por el contrario, ocurrido el desconocimiento, el Decreto tuviese como propósito un Gobierno autoritario o una perpetuación en el poder, el mismo fuese contrario y repugnante al espíritu de la Constitución.

De manera tal que en el presente caso, si analizamos el Decreto en la forma descrita anteriormente, vemos que el mismo tiene unos fundamentos que se insertan todos en la idea del desconocimiento del régimen, y que además tiene como finalidad una transición que permita insertar al pueblo, nuevamente dentro de un régimen democrático. En este sentido, creo que vale la pena citar textualmente el Decreto en toda su extensión, ya que sus considerandos por sí mismo confirman la razón que se previó para proceder al desconocimiento del régimen y para entrar en un período de transición.

Acta de constitución del gobierno de transición democrática y unidad nacional

“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por su independencia, la paz y la libertad, representados por los diversos sectores organizados de la sociedad democrática nacional.

Con el respaldo de la Fuerza Armada, unido en un acto patriótico de reafirmación y recuperación de la institucionalidad democrática para reestablecer el hilo constitucional y haciendo uso de su legítimo derecho a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe valores, principios y garantías democráticas consagrado en el artículo 350 de la Constitución del 30 de diciembre de 1999, en concordancia con las bases y principios establecidos en la carta interamericana de fecha 11 de septiembre de 2001, debidamente suscrita por los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, incluyendo Venezuela.

Considerando que el día de ayer 11 de abril de 2002, fecha que será recordada con profunda indignación y tristeza nacional, ocurrieron hechos violentos en la ciudad de Caracas que se debieron a órdenes del gobierno de Hugo Chávez Frías de atacar, reprimir y asesinar a mansalva a inocentes venezolanos que manifestaban pacíficamente en los alrededores del Palacio de Miraflores, cometiéndose con ellos graves delitos comunes y de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela.

Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno ha contrariado los valores, principios y garantías democráticas en particular los de la democracia representativa, al haber pretendido que eran exclusivos de un solo partido político, cuya presidencia ha ejercido en violación de lo establecido del artículo 145 de la Constitución de 1999 que prohíbe a los funcionarios públicos estar al servicio de una parcialidad política, y los de la democracia participativa al haber propugnado la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Fiscal general de la República, del Defensor del pueblo, del Contralor general de la República, sin la debida postulación por sendos comité de postulaciones que debían estar integrado exclusivamente por representantes de los diversos sectores de la sociedad en violación a lo establecido en los artículos 270, 279 y 295 de la Constitución de 1999, propugnando en esa forma el acceso al poder y su ejercicio en violación del estado de derecho.

Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno en flagrante violación del principio de la separación e independencia de los poderes públicos, consagrados en los artículos 136, 254, 273 y 294 de la Constitución de 1999, consumó un proceso de concentración y usurpación de poderes, el cual hace inexorable la necesidad del restablecimiento de la separación y autonomía de los poderes públicos, a fin de constituir autoridades y respeto a los derechos humanos y libertades públicas y a los valores e instituciones democráticas propias de un estado de derecho.

Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno en violación del artículo 328 de la Constitución de 1999 pretendieron vulnerar la institucionalidad y misión histórica de la Fuerzas Armadas Nacionales, su dignidad y papel en el desarrollo nacional, al imponerle funciones contrarias a su naturaleza, exigiéndole lealtad a una parcialidad política y a un proyecto político, ideológico y personal, lo cual no se corresponde a un marco institucional democrático.

Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno han menoscabado sistemáticamente los derechos humanos garantizados en la Constitución de 1999 y en los tratados, actas y convenciones internacionales relativas a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República, al punto de que nunca como en estos últimos tres años los organismos interamericanos de protección de derechos humanos han recibido tantas denuncias fundadas de violación de los mismos, en particular relativas al derecho de la vida, al debido proceso, a la libertad de expresión e información, y al derecho de la información.

Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno han propiciado desde sus altas posiciones una instigación a delinquir, al propiciar violaciones de toda índole, a la propiedad privada, así como obstaculizar la investigación y sanción de civiles y militares afectos al régimen que han incurrido en delitos contra la cosa pública en flagrante violación a los principios de estado de derecho y contrariando componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, como son la transparencia, las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública.

Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno promovieron irresponsablemente un clima de confrontación y violencia social, contrario a la unidad nacional, al pluralismo democrático y en general a los respetos a los principios y valores democráticos contra todas las instituciones y sectores de la sociedad venezolana.

Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno han trazado y ejecutado una política exterior contraria a los más altos intereses económicos, políticos y sociales de la nación, ocasionando un aislamiento de graves consecuencias, manteniendo un tratamiento ambiguo frente al flagelo del terrorismo internacional, y desarrollando vínculos irrefutables por la narcoguerrilla colombiana.

Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno mediatizando y controlando la autonomía del poder electoral en violación al artículo 294 de la Constitución de 1999 y a los convenios internacionales, ratificados en el marco de la OIT, pretendió desconocer las legítimas autoridades sindicales del país para imponer una falsa representación obrera, sumisa a sus intereses, en franca violación del ordenamiento jurídico nacional y de los acuerdos internacionales que regulan la materia.

Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno con base en la Ley Habilitante de 13 de noviembre de 2000, dictando 48 decretos con fuerza y valor de ley, contrarios a la Constitución de 1999 y a la propia Ley Habilitante, y además sin haber realizado el proceso de consulta pública y obligatoria que exigen los artículos 204 y 211 de dicha Constitución, que se aplican a los casos de delegación legislativa, lo que significa no sólo violación del texto fundamental, sino un quebrantamiento de la confianza de los sectores productivos del país, promoviendo el irrespeto a la propiedad privada y generando un clima de incertidumbre económica.

Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno pusieron a la administración pública al servicio de una parcialidad política, contrariando lo dispuesto en el artículo 141 de la Constitución, entre otros factores como la creación de los denominados círculos bolivarianos, a fin de promover acciones violentas y contrarias a la democracia y al estado de derecho, tendientes a intimidar a la mayoritaria oposición que se ha venido manifestando en todo el país, en violación a los derechos a la vida, a la libertad de expresión, y a manifestar públicamente garantizado en los artículos 43, 57 y 68 de la Constitución de 1999.

Considerando que el ejercicio pleno de la vida en democracia exige la convivencia pacífica y ajustada a derechos de mayorías y minorías en el proceso político, así como el respeto a todas las instituciones sean religiosas, profesionales, empresariales, políticas, gremiales, sociales, y/o comunitarias, sean o no partidaria del gobierno de turno, a efecto de promover la unidad y sosiego del pueblo en un marco de libertad, pluralismo y respeto a al democracia.

Considerando que Hugo Chávez Frías y su gobierno en el día de ayer presentó su renuncia al cargo del presidente de la República ante el alto mando militar, y el vicepresidente ejecutivo de la República abandonó su cargo, con lo cual se ha configurado un vacío constitucional de poder, con el objeto de restablecer la institucionalidad democrática y llenar el vacío constitucionalidad de poder para que el gobierno de la República pueda adaptarse a las exigencias y principios constitucionales y a los establecidos en la carta democrática interamericana, decretamos constituir un gobierno de transición democrática y de unidad nacional”.

Constituir un gobierno de transición democrática y de unidad nacional. Se designa a Pedro Carmona Estanga presidente de la República de Venezuela.

Asume en este acto de forma inmediata la jefatura del Estado por el periodo establecido en este mismo decreto

Se suspenden de sus cargos a los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional y se convoca a elecciones legislativas nacionales a mas tardar el mes de diciembre del 2002, para elegir a los miembros del poder legislativo nacional el cual tendrá facultades constituyentes para la reforma general de la constitución de 1999.

Se crea un Consejo Consultivo que ejercerá las funciones de órgano de consulta del Presidente de la República. El Consejo de Estado quedará integrado por 35 miembros principales y sus respectivos suplentes, en representación de los diferentes sectores de la sociedad democrática venezolana. Los miembros principales podrán separarse temporalmente de sus cargos, sin perder su investidura, para ocupar cargos en el Ejecutivo nacional estadal o municipal y sus faltas temporales o absolutas serán cubiertas por sus suplentes. El Consejo Consultivo elegirá de su seno un presidente, dos vicepresidentes y un secretario y quedará integrado por los 35 ciudadanos que se identifiquen en el decreto ley que a tal efecto se dicte.

El Presidente de la República de Venezuela coordinará las políticas de transición democrática nacional y las demás decisiones adoptadas para garantizarlas con los poderes públicos estadales y municipales.

Se convocará a elecciones nacionales generales en un lapso que no excederá de los 365 días a partir de la presente fecha. El gobierno de transición democrática cesará en sus funciones una vez que el presidente electo democráticamente asuma su cargo. El Presidente de la República designado en este acto no podrá ser candidato a la presidencia de la República en dicho proceso electoral.

El Presidente de la República en consejo de ministros podrá remover y designar transitoriamente a los titulares de los órganos de los poderes públicos nacionales, estadales y municipales para asegurar la institucionalidad democrática y el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, así como a los representantes de Venezuela ante los parlamentos Andinos y Latinoamericanos.

Se decreta la reorganización de los poderes públicos a los efectos de recuperar su autonomía e independencia y asegurar una transición pacífica y democrática. A sus efectos se destituyen de sus cargos -ilegítimamente ocupados- al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Se suspende la vigencia de los 48 decretos de fuerza de ley, dictados de acuerdo con la ley Habilitante de fecha 13 de noviembre de 2000, el Presidente de la República instalará una comisión de revisión de dichos decretos, integrada por representantes de diversos sectores de la sociedad.

Se mantienen en plena vigencia el ordenamiento jurídico en cuanto no colinda con el presente decreto ni con las disposiciones generales que dicte el nuevo gobierno de transición democrática. Asimismo, se mantienen en vigencia todos los compromisos internacionales validamente asumidos por la República de Venezuela.

El gobierno de transición democrática y unidad nacional entregará sus poderes y rendirá cuentas de sus gestiones a los órganos del poder público que legítimamente se elijan de acuerdo con lo dispuesto en el decreto y demás disposiciones constitucionales y legales.

Dado en el Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas el día 12 del mes de abril año 2002.

F. Saqueos en Caracas

1. Introducción

Analizaremos en la introducción de este tema los antecedentes que se suscitaron en Venezuela en este tipo de hecho. Debemos reseñar que en el año de 1989, los días 27 y 28 de febrero, tuvieron lugar en la ciudad de Caracas, hechos de violencia callejera, tras el anuncio del Gobierno Nacional de la época, de aumentar el precio de la gasolina, hecho éste que incidiría en un aumento de las tarifas del transporte urbano.

Esta decisión de factores políticos, en materia económica desataron protestas callejeras y hechos de violencia que tuvieron su origen en las ciudades de Guatire y Guarenas, propagándose inmediatamente a diferentes puntos y sectores de la ciudad y del país en general.

Para controlar estos hechos de violencia, el Gobierno Nacional declaró un estado de sitio y ordenó a las Fuerzas Armadas salir a la calle a controlar estos hechos de violencia que se repetían constantemente en varios puntos de la ciudad y del país.

Esta decisión de sacar efectivos de las Fuerzas Armadas generaron más hechos de violencia que son imborrables en la memoria colectiva del país.

Decenas de muertos y pérdidas incalculables se produjeron en el comercio, la industria y en general en todos los sectores productivos del país. Trece años después, los órganos jurisdiccionales aún no han determinado los culpables, hoy el país vuelve a estremecerse por hechos similares pero de menor magnitud, pero con la misma carga de angustia e incertidumbre.

2. Los Hechos

Los días sábado 13 y domingo 14 se suscitaron hechos de violencia y saqueos en la ciudad de Caracas, específicamente en el Municipio Libertador, en los sectores de la Avenida Sucre, Calle Argentina, Calle Colombia, Centro Comercial el Lago en Los Magallanes de Catia y Boulevard España, ubicados en la Parroquia Sucre; así como también en, El Valle, Caricuao, Carapita, Maripérez y La Florida.

La ausencia de autoridades que tomaran el control de la situación, se hizo notoria. Quizás esta haya sido la principal razón para que tales actos de vandalismo contra la propiedad privada y la integridad física de las personas se produjeran bajo un manto de impunidad total. Si bien es cierto que la crisis derivada de la situación militar ameritaba una atención especial por parte del Gobierno, no es menos cierto que éste se mostró absolutamente ausente en la toma de decisiones apropiadas para el momento de los acontecimientos. Para un mejor entendimiento e ilustración del concepto, es importante definir la palabra saquear:

Diccionario de la Real Academia Española: “Dicho de los soldados, apoderarse violentamente de lo que haya en un lugar”. Entrar en un lugar, robando cuanto se halla. Apoderarse de todo o la mayor parte de aquello que se guarde en un sitio.”

Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales: “Apoderarse con violencia los soldados de lo que encuentran. Conquistar o estar robando en un lugar. Adueñarse sin derecho o por la fuerza de lo que se indica. Cobrar en exceso al forastero.”

Teniendo en claro el concepto, pasamos a analizar los hechos y a puntualizar los organismos responsables del mantenimiento del orden público según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Consideraciones en torno a los Artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 328- “La Fuerza Armada constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno, la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con esta Constitución y la Ley. En el cumplimiento de funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de personas o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia, para el cumplimiento de misión con régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.”

En este artículo se establece la cooperación de la Guardia Nacional con los otros componentes de la Fuerza Armada, que además tendrá como misión la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país.

En conclusión, la Guardia Nacional en vista de la conflictibilidad interna, y motivado a que la cadena de mando se rompió, no tomó medida alguna para evitar los hechos de violencia que se suscitaron en la ciudad.

Las autoridades civiles de la ciudad, el Alcalde Mayor y el Alcalde del Municipio Libertador y las policías a cargo de estas entidades se vieron rebasadas por los hechos, perdiendo el control de la situación lo cual generó una situación de anarquía en los puntos anteriormente nombrados.

Igualmente hacemos mención al Artículo 332 de la Constitución que establece lo siguiente:

“El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute delas garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley organizará:

4. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencia de carácter civil.

Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.

Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.

3. Comentarios a los artículos mencionados

La inseguridad de las personas, no solo en la calle si no hasta en su propia casa a dado lugar a la incorporación de este artículo con la esperanza de que mejore la protección al ciudadano y sus bienes.

El Estado Venezolano no garantizó este derecho a la ciudadanía en los hechos sucedidos 13 y 14 de abril, mostrando así su ineficacia para hacer cumplir la Constitución Nacional.

A continuación analizaremos las leyes militares con la finalidad de conocer lo dispuesto en su reglamentación en caso de emergencia y alteraciones del orden público.

En primer lugar nos remitimos al Reglamento de Servicio en Guarnición; en su Capítulo 6º, Sección Primera: .- Intervención de las tropas en Orden Público.

Artículo 29.- Las Fuerzas Armadas Nacionales en caso de grave alteración del orden público, a solicitud de la autoridad civil competente, cooperará para el restablecimiento del mismo así como en la protección de las personas y a sus propiedades.

Como lo dijimos en el punto anterior la comunicación necesaria entre la autoridad civil y la militar no existió o por lo menos no tenemos constancia de que se haya realizado y en vista de los resultados obtenidos, dudamos de su aplicación.

Artículo 34.- La intervención de las tropas para el restablecimiento del orden público, podrá ser autorizado por:

Ninguna de las autoridades nombradas en el último aparte del artículo anterior, dio órdenes de acuerdo con la información que manejamos, para que las tropas salieran a la calle, por los hechos que en esos días (13 y 14 de abril), se sucedieron en Caracas.

El Artículo 232 de la Constitución Nacional señala: “El Presidente o Presidenta de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo”.

Anteriormente el Presidente no respondía si no por ciertos delitos muy graves, hoy en día el Presidente responde como cualquier ciudadano por todo lo que haga, con la única salvedad de que si se trata de asuntos penales, solo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo y con la autorización de la Asamblea Nacional.[143]

Para la intervención de las tropas en el restablecimiento del orden público, el Comandante de la Guarnición procederá de conformidad con las siguientes normas:

1. Hacer una apreciación de la situación, a fin de adoptar la más correcta y lógica decisión;

2. Determinar el armamento, municiones, equipo y transporte que usaran las tropas, así como el material especial que sea necesario, de acuerdo a la situación;

3. Emplear el número de efectivos adecuados, a fin de mantener una reserva de apoyo.

4. Adoptar todas las medidas de seguridad necesaria, para garantizarla libertad de acción y evitar bajas inútiles; y

Los Comandantes de las tropas designadas para el control de disturbios civiles actuarán de acuerdo a los acontecimientos imperantes en el lugar de los hechos, pero en todo caso, en primer término harán uso de la palabra, ejecutarán acciones que no generan violencia o daños irreparables a la población civil, y luego procederán con acciones de otro tipo, si las primeras no inducen a los manifestantes de deponer su actitud.

Cuando todos los medios de persuación se hayan agotado, se usará un objeto contundente, el agua con manguera de alta presión, los gases lacrimógenos y nauseabundos, finalmente las armas individuales disparadas al aire, y posteriormente en forma rasante.

El armamento colectivo sólo se usará para oponerse a medios de igual naturaleza que pudieren usar los amotinados, en tales casos, los Comandantes de Guarnición serán los únicos que podrán ordenar el empleo de dichos recursos.

4. De la Responsabilidad Política

De la lectura del Artículo 55 de la Carta Magna se desprende la inobservancia y responsabilidad por omisión del Estado Venezolano en los hechos que se suscitaron los días 13 y 14 de abril.

De la misma forma destacamos que los organismos de seguridad encargados de dar cumplimiento a lo establecido en la norma citada no cumplieron ni activaron los mecanismos necesarios para evitar los hechos violentos.

Según el Artículo 236 sobre las atribuciones del Presidente de la República en su literal d, establece: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”. Es atribución y obligación del Presidente de la República como establece el Ordinal Primero velar por el cumplimiento de esta Constitución, por lo cual se le atribuye al Presidente de la República responsabilidad política por estos hechos.

En el Artículo 328 establece la función de la Guardia Nacional en el mantenimiento del orden público del país. Por considerar que los hechos de violencia suscitados en los distintos sectores de la ciudad de Caracas, la Guardia Nacional tuvo presencia en la calle mas no cumplió con el objetivo de evitar daños a mas de Doscientos Ochenta y Cinco locales comerciales que de acuerdo a la cifra de la Cámara de Aseguradores de Venezuela formalizaron reclamos en diferentes compañías aseguradoras.

La omisión de la Guardia Nacional en actuar como organismo de seguridad para salvaguardar la integridad física de las personas y de los locales comerciales que fueron objeto de estos hechos de violencia; podríamos determinar una responsabilidad política que recaería en las máximas autoridades de la institución a saber, el General de Brigada Francisco Belisario Landis y el Comandante del Comando Regional N° 5.

En cuanto a la Responsabilidad Política del Comandante de la Policía Metropolitana, Comisario Henry Vivas, se hace necesario una recopilación mas extensa de las actuaciones de este cuerpo policial durante los días 13 y 14 de abril, los testimonios personales y gráficos no son suficientes para determinar si este cuerpo policial fue rebasado por los acontecimientos o si no cumplieron cabalmente con su obligación. Cabe destacar que un funcionario de la PM ingresó al Hospital Vargas sin signos vitales y otros fueron heridos el día 14 de abril del año 2002

5. Conclusiones

Este informe sobre los saqueos, requiere de mayor información en cuanto a datos de exactitud de pérdidas humanas y pérdidas materiales, por no tener información disponible al respecto.

Debido a que los hechos de violencia y saqueos del día sábado 13 y domingo 14 fueron focalizados en determinadas zonas, no nos podemos explicar porqué los organismos de seguridad pública no dieron respuesta satisfactoria a los múltiples llamados de emergencia que se le hicieron.

Se violaron Artículos de la Constitución Nacional descritos anteriormente lo que acarrea responsabilidad política a funcionarios gubernamentales.

Nombramos a continuación los organismos o instituciones que tienen entre sus facultades velar por la seguridad ciudadana:

6. Recomendaciones

Exhortar a la dirigencia política a la utilización de un lenguaje de conciliación y tolerancia entre los distintos sectores del país para concienciar.

Es urgente la elaboración de planes mancomunados entre los distintos cuerpos de seguridad Nacionales, Estadales, y Municipales con la finalidad de controlar de forma sólida y eficaz cualquier alteración del orden público, ya sea generalizado o focalizado en algunos puntos o sectores específicos.

Realizar campañas de concientización en las zonas populares a fin de que sus habitantes no apoyen ni participen en ningún tipo de alteraciones del orden público (saqueos).

Un ejemplo ilustrativo de lo anteriormente expresado es la actitud asumida por los comerciantes de la Parroquia Macarao quienes en las fachadas de sus locales comerciales colocaron letreros que Alusivos a la función social que cumplen estos establecimientos en sus comunidades.

G. Desalojo de la Asamblea Nacional

No se pudo constatar a través de los distintos medios probatorios consignados, ni de las interpelaciones, ningún desalojo de la Asamblea Nacional. Solo existe una declaración del Presidente de ese órgano del Poder Público, William Lara, quien declaró que una columna de tanques se dirigía hacia la Asamblea Nacional para desalojarla, hecho este que no fue posible comprobar.

H. Posición de los Poderes Públicos

En cuanto a este punto, únicamente tenemos como medios probatorios el escrito de recusación que intentaran los abogados del General de División (Ej.) Efraín Vásquez Velasco por ante el Tribunal Supremo de Justicia, en donde éste afirma que el día 11 de abril, una vez que fue desconocido el régimen del Presidente Chávez, le ofreció al Dr. Iván Darío Rincón, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien le manifestó su intención de aceptar tal responsabilidad. Igualmente, tenemos una copia de la renuncia del mencionado ciudadano quien puso su cargo a la orden de todos los venezolanos, a fin de garantizar el proceso de transición.

I. Agresión a la Embajada de Cuba

De acuerdo a las distintas versiones que se tienen emanadas de los medios de comunicación social, se recomienda oficiar a la Fiscalía General de la República, a fin de que proceda ha abrir una investigación relacionada con estos hechos, y que en caso de existir algún hecho de tipo delictual, solicite la correspondiente acción por ante los órganos competentes.

IV. Antecedentes de los Acontecimientos del Día 13

A. Concentración en Maracay, Fuerte Tiuna y Miraflores

La reacción del General Baduel, como el mismo lo expresa en entrevista realizada en la publicación “Objetivo: Miraflores…” (Ob. Cit, p. 48-52), fue concretada en una reunión sostenida con el personal de los tres batallones de la Brigada de Paracaidistas, donde el General Baduel comunica a los oficiales que había decidido no reconocer al gobierno de Carmona, por considerarlo un “gobierno de ipso”. Expresa el General Baduel “no reconocíamos al comandante general del Ejército, ni a esos oficiales generales que a mi me hicieron pasar vergüenza de verlos caerse a codazos en actitud poco digna de un soldado que porta soles de general, para salir retratado detrás del señor Carmona.”

En los términos anteriores, el General Baduel activó el plan de contragolpe. Al respecto, dicho General señala: “La maniobra la planteamos de la manera siguiente: establecer una posición defensiva a ultranza sin idea de repliegue en cada una de las bases, cuarteles y reparticiones, con una restricción total para que las unidades salieran a trabar combate fuera de sus instalaciones porque eso podría generar situaciones de violencia que traería daños colaterales en la población. En tal sentido, expresa el general Baduel que se presentaron “varios oficiales generales, como el general de división Julio García Montoya … el general Pedro Torres Finol … y luego vino el general de división Luis Acevedo Quintero … mas tarde el Vicealmirante Fernando Camejo, comandante naval de logística, el contralmirante Maniglia, el general Verde Graterol, comandante de la Cuarta División en Maracay, y el general Alí Uzcátegui, se fueron reportando de todo el país … estimamos que un ochenta por ciento de todos los comandos operativos, los del Ejército, me dijeron ‘general, ya sabemos de su posición, las apoyamos irrestrictamente, y de ahora en adelante las órdenes que cumplamos serán las que emanen a través de su perona’… y aquí se conformó un equipo de comando de la Operación Restitución de la Dignidad Nacional. En el manifiesto que firmamos, pedíamos la restitución del orden constitucional, la renuncia del dictador Carmona, la restitución de los poderes públicos, y que se traslade el Presidente a Miraflores y pedimos también acceso a los medios masivos de información, ya que no estaban cumpliendo su función de máximos defensores del derecho a la libre información veraz (…). (Ver: Objetivo: Miraflores…, Ob. cit, p. 51)

Igualmente, expresa el general Baduel, en la entrevista referida, que en medio de la movilización militar existente en Maracay, Carmona dijo que “en el interior del país había unos oficiales con un foquito”. Ahora bien, el mismo general señala que el pueblo comenzó a concentrarse aquí desde el viernes, pero “nada de esto pasaba según Carmona y la televisión”.

En cuanto a la concentración en Miraflores antes referida, es necesario hacer referencia al ingreso del ciudadano Aristóbulo Isturiz al Palacio de Miraflores, lo cual implicó, al menos políticamente el control de la potestad de administrar el Estado por parte del gobierno del Presidente Chávez.

B. Saqueos y Masacre

En tal sentido, en la reciente publicación “Objetivo: Miraflores... (retratos de un país herido)”, dirigida por Eleazar Díaz Rangel, publicada por la Cadena Capriles, la cual reposa en los archivos de esta comisión especial se indica que, paralelo a las protestas de calle, por parte de todos aquellos que reclamaban la restitución de Chávez a la Presidencia, durante todo el sábado 13 de abril, se presenciaron saqueos, específicamente, en Antímano, Caricuao, El Paraíso y Catia. Al respecto, señala la publicación antes referida, que “los funcionarios de la Policía Metropolitana intentaban, sin lograrlo, controlar a las multitudes que, al principio, sólo tomaron por asalto panaderías, supermercados y otras ventas de víveres, pero posteriormente también arremetieron contra locales de ventas de electrodomésticos y línea blanca, varios de los cuales fueron quemados y destruidos”.

En tal sentido, en la interpelación realizada al General de División (GN) Carlos Rafael Alfonzo Martínez, el 22 de mayo de 2002, éste afirmó lo siguiente:

“Se quiere ahora desviar la atención del tema principal, que son los sucesos del día 11 de abril, donde hubo muertos y heridos, para tratar de inculparnos de los supuestos muertos ocurridos en los días siguientes. No nos consideramos responsables de esas muertes y saqueos, por cuanto para nadie es un secreto que estos actos vandálicos fueron organizados y dirigidos por personas que sólo querían el caos nacional. Fueron observados numerosos motorizados armados, disparando en muchas áreas de Caracas, especialmente en las inmediaciones de las sedes de los medios de comunicación social más conocidos del país”.

De todas maneras, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo, hay un artículo que el 332 si mal no me equivoco, dice que la responsabilidad para garantizar el orden público le corresponde a los organismos uniformados de policía preventiva, la Policía Metropolitana y la Policía de Caracas, si eso ocurrió en el oeste la Policía de Caracas y la Policía Metropolitana”. [144] (Subrayado nuestro).

“Seis días de estupor, anarquía y paralización son más que suficientes para provocar un balance rojo carmesí en los sectores productivos. Tan sólo en el área alimentaria, esta pérdida se ubica en, aproximadamente, 600 millones de dólares.

Las estimaciones de las pérdidas, aún preliminares, son las que calcula un representante de la cámara gremial que agrupa a la mayor parte de las empresas del sector, sobre la base de las cifras de ventas e inversiones que registra la industria durante los días comunes y corrientes.

De esta cifra, alrededor de 200 millones de dólares corresponden a pérdidas por saqueos y disturbios, y el resto a las consecuencias económicas que generaron los continuos paros convocados por Fedecámaras y por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, desde el martes 9 de abril y que concluyeron con una crisis nacional.

En lo que respecta a los saqueos, los comercios de alimentos perjudicados estaban ubicados en las zonas de Sabana Grande, Antímano, Propatria, casco central de Catia y los alrededores de La Florida. Una de las irrupciones más violentas tuvo como escenario la sucursal de un conocido hipermercado.

Adicionalmente, las plantas industriales de dos grandes empresas, una de ellas productora de derivados de cereales y otra de insumos cárnicos, ubicadas en la zona oeste de la capital, también fueron atacadas por pobladores enardecidos y fuera de control por parte de las autoridades competentes. La empresa de cereales experimentó el saqueo de una decena de camiones cargados de mercancía.

Las bodegas, abastos y supermercados que abrieron sus puertas durante los días de paralización de actividades obtendrán algunas compensaciones económicas a las pérdidas sufridas debido a los ingresos mermados; sin embargo, la balanza se inclinará hacia el lado negativo del balance.

En el lado contrario, el de las mayores pérdidas por estancamiento de operaciones productivas, se encuentra el sector de comidas rápidas. En este renglón no sólo se incluyen los restaurantes que, en su mayoría, operan bajo la modalidad de franquicias, sino también las empresas que les suministran los insumos alimenticios. Son pérdidas irrecuperables, debido a lo perecedero de estos productos que deben ser sustituidos por otros totalmente nuevos.”

Ahora bien, en relación con los saqueos que se llevaron a cabo el 13 y 14 de abril, el General Francisco Belisario Landis, en respuesta a la pregunta que le efectuó el diputado Carlos Tablante sobre “qué medidas tomó la Guardia Nacional para evitar los saqueos que se produjeron en la ciudad de Caracas los días 13 y 14 de abril”, respondió lo siguiente:

“Me contenta mucho, señor diputado, que usted me haga esa pregunta, porque veo mucho interés, y me alegro que sea así, de que se investiguen los hechos del 11. Pero es que el 12, y es que el día 13 ocurrieron aquí en Venezuela asesinatos, saqueos. Y le puedo decir señor diputado, que no son mi responsabilidad. Yo no tenía las riendas de la Guardia Nacional. Aquí tienen que responder por esas muertes y esos saqueos, los que comandaban la institución en ese momento.

El 14 de abril, cuando yo asumo nuevamente el comando de la Guardia Nacional, inmediatamente se pone en ejecución la operación Sosiego, y salimos a la calle, todos, el 80% del personal salió a la calle a contrarrestar los saqueos y a evitar más asesinatos en el área metropolitana[145]. (Subrayado de la Comisión).

Ahora bien, según lo señala la periodista Olga Maribel Navas, soportada por diversas fotografías, en la publicación “Objetivo: Miraflores...” (Ob cit, p. 72), dirigida por el ciudadano Eleazar Díaz Rangel, los saqueos continuaron al menos hasta el domingo 14 de abril.

“Las parroquias Sucre, Antímano, Caricuao, Macarao, La Vega y la avenida Andrés Bello fueron las zonas donde se concentraron las acciones de saqueo y vandalismo más críticas durante el fin de semana. Los vecinos de estos sectores señalan que los asaltos comenzaron el sábado cuando las calles estaban colmadas de personas que respaldaban el Gobierno de Chávez …Sólo los funcionarios de la Policía Metropolitana intentaron hacer frente a la situación, pero sus esfuerzos resultaron insuficientes. Vándalos y saqueadores fueron los dueños de las calles por 24 horas, tiempo suficiente para devastarlo todo”.

A la luz de lo expuesto, ¿dónde se encontraba la Guardia Nacional el 14 de abril cuando se realizaban los saqueos? Al respecto, se observa una foto (Ver Objetivo: Miraflores… Ob cit, p. 76) donde efectivos de la Guardia Nacional se encuentran impasibles ante la poblada observando como un grupo de delincuentes violan libremente el derecho de propiedad. Ni siquiera en dicha fotografía se observa la mínima preocupación por parte de los saqueadores al encontrarse frente a unos efectivos de la Guardia Nacional, totalmente complacientes. Dicha foto posee una reseña que indica “PASIVIDAD La Guardia Nacional, en ocasiones, se mantuvo impasible ante la poblada”. Siendo ello así, y en virtud de la afirmación hecha por el General Francisco Belisario Landis de que se encontraba al mando el 14 de abril, y en vista de que el mismo general señala que aquellos que comandaban la Guardia Nacional los días 12 y 12 de abril “tienen que responder por esas muertes y esos saqueos”, pues, evidentemente, cuando el propio general Belisario Landis confiesa que el 14 de abril “yo asumo nuevamente el comando de la Guardia Nacional” y que “el 80% del personal salió a la calle a contrarrestar los saqueos y a evitar más asesinatos en el área metropolitana”, al observar pruebas que demuestran la pasividad por parte de esos soldados, pues ciertamente debe establecerse la responsabilidad del general Belisario Landis, al menos en lo que respecto a todos los saqueos que se hayan producido desde el 14 de abril en adelante.

Así las cosas, en el diario El Universal del 27 de abril de 2002, se publicó la siguiente información: “Comercial Gordani, de Richard Dumián, está ubicada al lado del supermercado Madeirense, en el Centro Comercial Catia. Dumián cuenta que el domingo 14, a las 6 de la mañana, llegó al local porque le avisaron del saqueo. 'Aún estaban llevándose cosas. Tuve que pararme en la puerta y exigir respeto. Calculo las pérdidas en unos 40 millones de bolívares. Con este desastre pagamos los más pendejos, pequeños comerciantes. En estos locales se metieron con todo, hasta con un negocio naturista y expendio de certificados médicos. Debería haber alguna institución que se haga responsable. El 27 de noviembre de 1992 también me saquearon. Ahora fue peor: me destruyeron todo y de mí dependen 6 empleados'” (Subrayado de la Comisión).

Igualmente, un reportaje de Maruja Dagnino en El Universal del 15 de abril de 2002, señaló lo siguiente refiriéndose al 14 de abril:

“A las tres de la tarde la ciudad continuaba encendida. Sobre los escombros esparcidos a lo largo de las calles y avenidas de El Valle, Catia, Antímano y La Florida, la gente continuaba atacando los negocios que escaparon del saqueo que se inició en horas de la noche y se extendió por la ciudad hasta la mañana. En medio de la confusión, no se sabía exactamente dónde estaba el límite entre la política y la delincuencia.

Durante la noche, en la ciudad sólo se escuchaban los ¡Viva Chávez! del soberano, que se abalanzaba contra las santamarías, mientras otros trancaban la autopista Valle-Coche frente Fuerte Tiuna, y frente a Miraflores, para pedir que les devolvieran a su Presidente, reclamando 'la constitucionalidad' que el gobierno de transición se había encargado de mandar al infierno.

La situación se tornaba incontrolable. En las calles no había un solo policía, ni un solo guardia nacional; el acceso a la ciudad era imposible por Guarenas, Fuerte Tiuna y La Guaira, y la ciudad estaba totalmente congestionada por las protestas y los saqueos, mientras que el gobierno emeverrista sólo parecía preocuparse por su restitución.

Desde el Caracazo no se había visto en Venezuela cosa igual. De saquear en protesta contra el gobierno, algunos desadaptados hoy lo hacían en su nombre. Ironías de la vida.

En la avenida Sucre un grupo de unas doscientas personas violó la reja de Induato, al lado de la Corporación Europa, y tenían un carro Toyota azul placas ADS85N y un Lada sin placas, con las maleteras abiertas, presuntamente para llenarla con la mercancía.

En ese momento llegó una patrulla de la Policía de Caracas y los efectivos comenzaron a hacer disparos al aire mientras la gente se retiraba y luego regresaba. Uno de ellos estaba haciendo disparos desde el interior de la tienda.

Desde allí hasta la calle Colombia, todos los negocios habían sido saqueados durante la noche y sobre sus santamarías, reconstruidas durante la mañana, se leía: 'Ya fue saqueado. Este es el premio al esfuerzo', o 'Ya fue saqueado. Gracias. Viva la democracia'.

En medio de la confusión, una señora se encontraba pidiendo una colaboración 'para el entierro de la muchacha que golpearon anoche', mientras unos del soberano amenazaban al fotorreportero para golpearlo con el mástil de una valla publicitaria que había sido derribada, y con un arma de fuego, argumentando que 'le estaba echando paja al pueblo'.

En la avenida Andrés Bello los saqueos comenzaron en la madrugada. La estación de servicio PDV que se encuentra en Maripérez, fue asaltada mientras el Presidente Chávez llamaba a la reconciliación y le pedía a la sociedad civil que se integrara al debate político a través de Venezolana de Televisión, que había tomado también la señal de Radio Caracas.

Unos vecinos dijeron que comenzaron a escuchar unos golpes, se asomaron a la ventana y vieron cómo le entraron a golpes a la reja, y finalmente la abrieron a tiros. Allí mismo amaneció una camioneta estacionada, llena de mercancía, que le habían robado a un muchacho en la noche, 'pero era tanto lo que le metieron que se le vació un caucho y la tuvieron que dejar. La otra, una negra, sí se la llevaron. En La Florida, el banco Mercantil fue tenazmente saqueado, los cajeros automáticos destruidos, y a mediodía, todavía continuaban saqueando el CADA. De MacDonald's 'no se llevaron comida sino la caja fuerte y las computadoras'.

En Antímano, El Valle y la Avenida Andrés Bello los saqueos continuaron durante todo el día, y también en Guarenas y Guatire.”

Asimismo, el 16 de abril de 2002, apareció publicado en el diario El Universal, lo siguiente:

“Yerser Giovani Rodríguez Choes (19) trabajaba el sábado a las cuatro de la tarde en el frigorífico Full Carne frente al parque infantil de Antímano. Varios clientes compraban. De pronto un auto blanco en el que viajaban varios sujetos pasó por la puerta del local escupiendo balazos. Ocho personas cayeron heridas. Giovanni recibió un tiro en la espalda. Sus jefes lo llevaron al hospital Pérez Carreño y allí murió.

121 personas fueron asesinadas en el país entre las seis de la tarde del jueves 11 de abril y la misma hora de ayer. La Policía Científica ha confirmado que 22 de esas personas fueron asesinadas durante los disturbios y saqueos ocurridos en varias partes del país. 23 homicidios no tienen móvil conocido. Se estima que entre estos casos, la gran mayoría están vinculados a los desórdenes públicos.

El estudiante de bachillerato nocturno Miguel Oropeza (22) estaba con un primo en la puerta de su casa ubicada en la Laguna de Catia. De pronto una turba bajó por la calle disparando y una bala le dio al joven en el estómago.

57 de los 121 homicidios registrados se produjeron en Caracas. 53 ocurrieron en el Municipio Libertador, tres en Sucre y uno en Chacao. 5 personas, como Miguel, quedaron atrapadas en líneas de fuego.

David Seleno Vargas (33) era gruero y vivía en Mamera. Su hermano Nelson Vargas contó que el sábado pasado, aquél salió a montar un caucho a su grúa y fue detenido por una comisión mixta de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional. Los efectivos le pidieron los documentos y David les dijo que no los tenía, pero los podía buscar en su casa. Estos accedieron, pero cuando el hombre se dio la vuelta le dispararon. Murió en el hospital Pérez Carreño.

En Los Mangos de La Vega, Virgilio Ugas (30) participaba en un saqueo. Junto a otros prendió fuego a un depósito de pinturas. El local explotó y él falleció incinerado.

Ayer en la tarde aún grupos saqueaban en Caricuao, El Cementerio y El Junquito. CMD”

C. Pronunciamiento del Ejército

“1. El establecimiento de una transición con respeto a la Constitución y leyes de la República y derechos humanos.

4.Concertación con las fuerzas vivas de la nación para construir un gobierno transitorio garantizado por la pluralidad y la representatividad.

Exhortación a la paz y tranquilidad. Que toda acción de gobierno se efectue con el máximo respeto a los derechos humanos.

Ratifico como comandante general del Ejército en todos sus cargos a los integrantes del Alto Mando Militar del Ejército y sus comandos naturales. La gente que está conmigo seguirá conmigo y eso no lo transfiero.

Se ratifica el apoyo a las autoridades e instituciones así como el apego incondicional a la institucionalidad del componente hacia los valores y bases fundamentales de la organización como lo son la obediencia, la disciplina y la subordinación.

Continuidad de los beneficios sociales al pueblo venezolano cuyos programas están en ejecución.

Exigimos la construcción de una sociedad sin exclusiones donde toda demanda o inconformidad se manifieste de manera pacífica, sin armas, en el pleno ejercicio de la libertad dentro del estado de derecho que corresponde a una sociedad democrática.

Garantizamos la seguridad, trato y respeto al teniente coronel Hugo Chávez Frías y a su grupo familiar. Tramitamos la petición del teniente coronel Hugo Chávez Frías de salir del país en forma inmediata

La Fuerzas Armadas Nacionales garantizamos la seguridad de todo el pueblo venezolano.

Lo anterior, a pesar de que el ciudadano Pedro Carmona Estanga accedió a modificar el decreto dictado, para respetar las condiciones establecidas, ello no impidió el levantamiento militar con el objeto de reponer al Presidente, lo cual conllevó a la renuncia de Carmona Estanga.

Como consecuencia de lo anterior, el 14 de abril de 2002, a las 3:00 a.m. se pronunció el General Julio García Montoya como vocero del Ejército, desconociendo así al Comandante General de esa fuerza, Efraín Vásquez Velasco. En dicho pronunciamiento, dicho General expresó que varios oficiales del Ejército, reunidos en la sede del Comando de la Guarnición de Brigada de Paracaidistas, decidieron planificar y ejecutar una operación militar para “restablecer la dignidad nacional”. Es decir, que la comunicación dada a conocer por el General García Montoya es la expresión de la reacción militar liderizada originariamente por el General Raúl Isaías Baduel, de acuerdo con lo explanado anteriormente. En tal sentido, dicho oficial señaló: “no somos fieles a las personas sino a nuestros principios”, y al respecto, expresó que rechazaban a la “junta de facto que decidió usurpar el poder”. Asimismo, el General antes identificado, se refirió a que para la restitución del “hilo constitucional” que dicha fuerza planificó, se contó con el apoyo de “todo el pueblo venezolano” y “muy particularmente del pueblo de Aragua”.

Este pronunciamiento significó el punto final de momentos de incertidumbre militar y la inmediata reposición de Hugo Chávez Frías al poder. Así, en estos términos, el General García Montoya en su interpelación señala:

“La actividad del día 12 y la mañana del día 13 fue intensa, pues establecimos frecuentes contactos realizando reuniones entre los equipos constituidos y comunicándonos con otros oficiales y civiles quienes manifestaban su inconformidad con los hechos y me ratifican su lealtad incondicional. En la mañana del sábado 13 me dirigí al inmueble de mi propiedad, antes señalado para nuevamente entrevistarme con parte de mi equipo, pues ya veníamos manejando la posibilidad de dirigirnos a Maracay, pero la impredecibilidad del destino fijó la pauta, pues para mi sorpresa me encontré en el estacionamiento del edificio con el Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, quien tiene su residencia principal en ese lugar. En lo personal debo admitir que siempre le he respetado como oficial y como persona, con lo que aproveché para entablar una conversación con él. El me manifestó su enorme preocupación por el desencadenamiento de los eventos y me habló del potencial peligro que existía con la situación del ejército, particularmente con la Brigada 42 de Maracay.

En vista de que yo quería ir a Maracay me ofrecí y le argumenté que conocía al General Isaías Baduel, éste se mostró entusiasta y me hizo partícipe de su voluntad de evitar un derramamiento de sangre entre unidades militares.

Así pues, que después de girar instrucciones al equipo que me esperaba, me devolví a mi hogar para realizar algunas coordinaciones, saliendo luego hacia Maracay y llegando a la sede de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista aproximadamente a las 09,30 horas del 13 de abril. Fui recibido por el General de División Nelson Benito Verde Graterol, Comandante de la Cuarta División Blindada Militar de Maracay y por el General de Brigada Raúl Isaías Baduel, Comandante de la 42 Brigada Paracaidista, nos trasladamos al despacho de este último y en él se encontraban el General de División, Aviación Luis Acevedo Quintero , Inspector General de la Aviación y el General de Brigada de Aviación Pedro Torres Finol, Comandante de Operaciones Aéreas de la Aviación.

Ante los presentes expuse de una vez mis ideas, explicándoles que desde mi punto de vista el primer error que se había cometido era el hecho del golpe de Estado, el segundo era la instauración de un régimen de facto de extrema derecha seguido con la persecución de personas y la disolución de los poderes públicos, el tercero era que se hubiera secuestrado e incomunicado al señor Presidente de la República y el cuarto, era pretender que la Fuerza Armada Nacional, bajo un pretexto de institucionalidad avalara esa situación ilegítima, inconstitucional e inhumana. Automáticamente los presentes demostraron estar en sintonía con mis ideas y para enderezar los entuertos y evitar un derramamiento de sangre, decidimos diseñar una estrategia para llevar a cabo la operación.

Comenzamos a realizar un análisis de los hechos, concentrándonos fundamentalmente en dilucidar la situación actual del ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, señor Hugo Rafael Chávez Frías, teniendo como interrogante si efectivamente se encontraba con vida y de ser así, conocer dónde estaba recluido y quienes eran sus custodios. Así mismo se efectuó un análisis del impacto producido en el panorama nacional por el golpe de Estado y la álgida situación ocasionada por el decreto del Gobierno de facto instalado por el ciudadano Pedro Carmona Estanga, quien era respaldado por un grupo de generales de los diferentes componentes que fraguaron la instauración del nuevo Gobierno.

Mientras se realizaba el análisis hicieron acto de presencia el Vicealmirante Fernando Camejo, Comandante logístico de la Armada y el Contralmirante Orlando Maniglia Ferreira, Comandante de la Escuadra, así como el Teniente Coronel Guardia Nacional Fernando Carín Capacie, Fiscal Militar Superior ante el Consejo de Guerra Permanente de Maracay. Dada la gravedad de las conclusiones, junto con el importante apoyo del personal civil que colaboró con la operación se estableció un orden de prioridad sobre las acciones a seguir. Para ello, se redactó un manifiesto que simplificaba las intenciones de restaurar el orden constitucional que había sido violentado y se le denominó “Operación Restitución de la Dignidad Nacional” en donde se expresaba lo siguiente: Operación, restitución de la dignidad nacional. Manifiesto. Nosotros los soldados, ciudadanos de la Fuerza Armada Nacional, invocando el título 8º. De la Protección de la Constitución, Artículo 333, cuya ejecutoria se enmarca en el estricto apego a la carta fundamental y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, categóricamente desconocemos la junta de facto que usurpó el poder legal y legítimamente constituido en Venezuela.

Informamos a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional que somos respetuosos del texto y de los principios consagrados en todos los convenios y tratados internacionales suscritos por la Nación, y atendemos especialmente al Título 7º. De la Seguridad de la Nación y Leyes Vigentes. Actuamos en cumplimiento de nuestro deber, nuestra honra, nuestra conciencia, como ciudadanos militares, así pues, como militares venezolanos, nosotros juramos defender a la Constitución y las Leyes y en atención a esa palabra empeñada nunca respaldaremos a un gobierno dictatorial, de facto, puesto ilegal e ilegítimamente en función de unos intereses parciales, violando la voluntad popular. No somos fieles a personas sino a principios, y por esto es que asumimos esta posición.

En virtud de restaurar el orden, la integridad y la paz física y moral que tanto deseamos, tanto venezolanos como la comunidad internacional exigimos, 1) Que cese inmediatamente la matanza que efectúan especialmente las policías Metropolitana y de Chacao y demás grupos que están siendo cruel e ilegalmente utilizados. 2). Que la verdadera sociedad civil conserve toda la calma, la buena conducta cívica y se tranquilice, pues prontamente tendremos una salida honrosa para todos. 3). Que tengamos acceso a los medios masivos de información ya que en estos momentos estos no están cumpliendo su función de máximos defensores del derecho a la información veraz, y así salvar vidas de compatriotas que están siendo asesinados en las calles. Cumplan pues con el máximo interés de cualquier ser humano decente, ya que por su complacencia muere gente inocente y eso pesará sobre su conciencia.

4) Que se recupere el hilo constitucional que ofrece suficientes mecanismos para resolver esta situación. 5) que se convoque al referéndum consultivo, previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para medir la verdadera voluntad venezolana. 6) Que cese el terrorismo, actos vandálicos y humillaciones contra compatriotas que actualmente se les está violando sus derechos humanos en una siniestra lista negra. 7), que nuestros soldados no agredan al pueblo ni se cometa el terrible error de luchar entre hermanos militares. 8) Que renuncie el actual dictador que está provocando un baño de sangre en todo nuestro país, y se restituya al ciudadano Diosdado Cabello y al resto de los poderes, al Fiscal General de la República, etc. 9) Ya que es el deber de los ojos del mundo observarnos, exigimos su presencia, mediante los organismos de Derecho Internacional que aquí les vamos a honrar dándoles un elevado ejemplo de democracia y respeto a la Ley. 10) que se garantice la integridad física del señor Presidente Hugo Chávez Frías y se le traslade al Palacio de Miraflores y se le entregue al Coronel Jesús del Valle Morao para restituirlo a su sitio de trabajo.

Nosotros –y me refiero a todos- no tenemos otra alternativa que estar en paz con nuestra conciencia, así que espero con este llamado nacional, todos dejen sus intereses personales y piensen en el país, dando el ejemplo y atendiendo a su sagrado deber con Dios y con la Patria. Y firmaron todos los integrantes de ese Estado Mayor Conjunto que se constituyó en la sede de la Brigada 42 de Maracay.

Acto seguido se buscó por todos los medios posibles hacer público nuestro manifiesto, siendo nuestras intenciones frustradas reiteradamente, debido a que los medios de comunicación social se auto-censuraban y difundían programas de entretenimiento, distrayendo así la atención de la opinión pública nacional, sobre estos hechos que demostraban fehacientemente la inconformidad de miembros de la Fuerza Armada Nacional y sectores importantes de la población. Sin embargo, súbitamente obtuvimos el inconmensurable apoyo de la televisora regional, el Canal 5, TVS y de los canales internacionales de Francia, Argentina, México, Cuba y Colombia, entre otros medios de comunicación internacionales, tan sólo, CNN se comunicó con nosotros 5 veces.

Así fue que nuestras declaraciones lograron penetrar la barrera de la mayoría de los medios de comunicación y emerger de la oscuridad a la luz pública nacional e internacional. Como consecuencia de ese evento, comenzamos a recibir innumerables llamadas de apoyo de las unidades operativas acantonadas en todo el territorio nacional y del pueblo de Maracay que ya rodeaba la instalación militar. Esto nos generó mucha fuerza moral, potenciando nuestra energía para lograr el cumplimiento de nuestro deber. Simultáneamente fuimos estableciendo comunicación con cada una de las diferentes guarniciones del país, especialmente aquellas donde existían grandes comandos del ejército a cuyos comandantes fuimos persuadiendo de sumarse a nuestra posición.

“El General de Brigada Raúl Isaías Baduel recibió vía fax una carta escrita y firmada de puño y letra del ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Teniente Coronel, Hugo Rafael Chávez Frías que se consigna ante esta Comisión. Esa fue la primera señal de que el señor Presidente estaba vivo, pues la misma se escribió a las 02:45 horas de la tarde en Turiamo.

Posteriormente, el Teniente Coronel Guardia Nacional Fernando Capacie, Fiscal Militar Superior del Consejo de Guerra de Maracay logró establecer contacto con el Coronel Ejército Rafael Ricardo Reyes Rincón, Fiscal General Militar de la Fuerza Armada Nacional, quien a través de un fax nos remitió un acta levantada por la Fiscalía Militar de Caracas ubicada en el Fuerte Tiuna y que se consigna ante esta Comisión.

En el último punto se observaba que el ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela no había renunciado. Como se puede observar existían dos documentos que certificaban que el Presidente de la República no había renunciado al cargo y ninguno que diera fe de su renuncia, aunado a lo anterior, las declaraciones dadas por el Fiscal General de la República, Dr. Isaías Rodríguez, quien había indicado que se requería la formalidad legal a través de un documento escrito firmado por el señor Presidente de la República, donde expresara taxativamente su renuncia para poder materializar el requisito material de Ley establecido en la Constitución, nos acrecentó aún más nuestra percepción de que hacíamos lo correcto.

Desconocíamos que el segundo sitio de reclusión del Presidente era el apostadero naval de Turiamo, pero a través de contactos telefónicos descubrimos que ante la inminencia de su ubicación por parte de nosotros, el Cuerpo de Generales desafecto al orden constitucional lo trasladó fuera de nuestro alcance, presumiblemente había sido llevado al apostadero naval de la Orchila. Se coordinó con el Vicealmirante Fernando Camejo, Comandante Logístico de la Escuadra, para que enviaran unidades navales de ese componente en apoyo a la operación “Restitución de la Dignidad Nacional” ordenando la salida de 6 lanchas patrulleras de las cuales zarparon 5 y la Fragata Misilística Almirante García, desde la Base Naval de Puerto Cabello, hacia el apostadero naval de la Orchila, estimando para ese m omento su arribo entre las 00 horas hasta las 00,3 horas del día 14 de abril.

Aproximadamente a las 19 horas establecí contacto telefónico con el Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, con el fin de exigirle la inmediata entrega del señor Presidente de la República, éste no me respondió y le pasó el teléfono al General de División Ejército, Manuel Rosendo, repetí mi exigencia y éste también hizo silencio, pasándole a su vez el teléfono al General de División Ejército Efraín Vásquez Velasco, quien no atinó a darnos una respuestas coherente, debido a su actitud, de manera enérgica y rotunda le exigí que respetara la integridad física del señor Presidente y que no cometiera el grave error de sacarlo fuera del país, por lo que le advertí que me lo entregara o de lo contrario él correría con las consecuencias. Corté la comunicación luego de esa declaración.

Cada segundo era valioso, por lo que llamé al señor Embajador de los Estados Unidos Charles Shapiro, para pedirle sus buenos oficios para con nuestra causa, ya que teníamos conocimiento de que había una aeronave civil de siglas norteamericanas, Noviembre-165 Sierra Carlos, que presumiblemente iba a sacar al señor Presidente hacia el exterior. Este ofreció colaborar. Posteriormente me devolvió la llamada para decirme que posiblemente pertenecía a un ciudadano venezolano pero que no estaba en capacidad de establecer su identidad. Para ese momento, como no disponíamos de un apoyo aéreo para misionar las unidades necesarias con el fin de rescatar al Señor Presidente, el General de División Aviación, Luis Acevedo Quintero y el General de Brigada Aviación Pedro Torres Finol, lograron concientizar a los generales que habían tomado la Base Aérea Libertador y la Base Aérea Escuela Mariscal Sucre, para que prestaran el apoyo y fue así como a las 23:30 horas recibimos el apoyo de 3 helicópteros Super Puma.

Se comisionó al General de Brigada Ejército Alí de Jesús Uzcátegui Duque, Director de la Escuela Básica de la Fuerza Armada Nacional, al mando de 20 Comandos de la 42 Brigada de Infantería de Paracaidistas y se designó al Teniente Coronel Guardia Nacional, Fernando Capacie, Fiscal Militar Superior de Maracay, para que organizara un equipo legal que le diera carácter de una actuación judicial y constitucional sobre el rescate del Presidente, para ello se hizo acompañar del Capitán de Aviación Francisco Soto, Juez Militar Primero de Primera Instancia Permanente de Maracay, el doctor Rafael Tosta Ríos, Abogado que representaría los derechos constitucionales del Presidente de la República, y un profesional de la medicina, el Teniente Coronel de la Aviación Antonio Castro, médico militar para que efectuara un reconocimiento médico del Presidente, en virtud de que nos habían informado de que estaba mal herido.

La Comisión partió a las 23:55 horas, aproximadamente a las 02:00 horas de la mañana se comunicó conmigo el General Uzcátegui para informarme que ya había aterrizado en La Orchila y que se disponía a ubicar al señor Presidente para su traslado a la base de Maracay, donde teníamos listo un equipo médico en el Hospital Militar, 45 minutos más tarde recibimos la llamada del señor Presidente confirmándome que se encontraba en perfecto estado de salud y su decisión de trasladarse directamente al Palacio de Miraflores, misión, ese equipo procedió a levantar un Acta que se consigna ante esta Comisión.

Mientras tanto, en Maracay el equipo de generales y almirantes que dirigimos la operación, procedimos a emitir unas declaraciones que fueron grabadas en un video el cual se consigna ante esta Comisión. No se si habrá posibilidad de ver el video.

“Pueblo de Venezuela, les habla en General de División Ejército Luis José García Montoya, Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación.

En el día de ayer 13 de abril y desde la sede del Comando la 42 Brigada de Infantería de Paracaidistas nos reunimos un grupo de oficiales, almirantes, superiores, subalternos y suboficiales profesionales de carrera, tropas, y compatriotas venezolanos con el objeto de cuantificar, organizar y ejecutar una operación militar destinada a restablecer la dignidad nacional. Actuamos en cumplimiento de nuestro deber, nuestra honra y nuestra dignidad. Como ciudadanos soldados teníamos el compromiso de que se rescatase el hilo constitucional. No somos fieles a las personas sino a nuestros principios, y en ese sentido como fue el 14 de abril, podemos exhibir con orgullo el haber alcanzado el éxito en cumplimiento de la misión que nos impusimos para que restituido este hilo constitucional, pusiésemos fin a las intenciones perversas de una junta de facto que pretendió usurpar el poder y la autoridad legítimamente constituida.

Somos un pueblo de profunda vocación democrática, y que tenemos el deber de ser fiel a las huellas de nuestro Padre Libertador. Esta tarea no hubiera sido posible sin el concurso ni el apoyo decidido de todo el pueblo venezolano, particularmente, muy particularmente del pueblo .. Es así como podemos decir hoy el resultado exitoso de esta misión que nos impusimos y esperamos y aspiramos que de ahora en adelante nuestra Patria pueda orientarse definitivamente hacia la consolidación ..fines consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de esa manera poder construir el país que todos deseamos y necesitamos. Muy buenas noches.”

Ahora bien, tal como se expuso previamente, es el General Baduel, como comandante de la 42º Brigada de Paracaidistas, “el epicentro de la reacción militar” (Objetivo: Miraflores..., Ob cit, p. 48-49); es decir, es dicho oficial quien estructura la reposición del Presidente en el poder. Dicha reposición, expresa el mismo general, se justifica en la presunción de que el Presidente Chávez no había renunciado. Sin embargo, el 13 de abril de 2002, el General Baduel ratifica su presunción, al recibir ese día el fax....., firmado por Hugo Chávez Frías, documento que se encuentra fechado 13 de abril de 2002, y el cual expresaba lo siguiente:

Tal como lo expresa el propio General Baduel, él recibió el fax referido a las 7:00 p.m. del sábado 13 de abril. “Era una evidencia cierta de que no había renunciado y que estaba en Venezuela...”. Es precisamente este documento, recibido por el General Baduell a través de un cabo y su esposa que se lo hicieron llegar, el que constata que Chávez no había renunciado. En tal sentido, se aclara la falsa creencia de que el Presidente había renunciado desde que así lo declaró públicamente el General Lucas Rincón Romero, el viernes 12 de abril a las 3:40 a.m.

D. Renuncia de Carmona

E. Juramentación de Diosdado Cabello y Restitución del Presidente

F. CONCLUSIONES GLOBALES

A pesar de que el presente informe, se realiza en ejercicio del control parlamentario con el objeto de establecer responsabilidades políticas de los funcionarios públicos o funcionarias públicas, es necesario afirmar que a manera de determinar responsabilidades políticas en los hechos del 11, 12, 13 y 14 de abril, es necesario obtener un análisis de la base jurídica que soporta o rechaza tales hechos. Sin embargo, antes de determinar dicha base jurídica hay que definir sobre cuál situación fáctica se va a determinar. En tal sentido, la pregunta que es necesario hacerse, inicialmente, es qué sucedió políticamente, para luego definir la regulación jurídica de tal situación política y luego concluir estableciendo las responsabilidades políticas que procedan.

En estos términos, en principio, es esencial preguntarse qué pasó políticamente: 1.- ¿Un golpe de estado?; 2.- ¿Un desconocimiento del régimen, legislación y autoridad con base en el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?; o 3.- sencillamente debe considerarse que esos (3) días, que dieron origen y final a todo, es decir, el 12, 13 y 14 de abril, fue una corta aventura desligada radicalmente de la juridicidad, lo que implica una usurpación de poderes por parte de aquellas personas que así ejercieron ilegalmente el poder, o actuaciones ilegales por parte de aquellos que colaboraron directamente para que eso sucediera.

Por una parte, un golpe de Estado implica la utilización de la fuerza para destruir y reemplazar al gobierno por uno nuevo, lo que resulta en una disolución de los poderes públicos. En principio, tal como lo señala el autor Maurice Duverger, en la mayoría de los casos el golpe de Estado no tiene el objeto de romper el orden jurídico anterior, sino incrustarse en él (V. Maurice Duverger. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Ediciones Ariel, Caracas, 1962, p.127). Tal fue el caso del gobierno transitorio (Junta de Gobierno) constituido como consecuencia del golpe de Estado del 23 de enero de 1958. En esa oportunidad, el golpe de Estado no sólo fue aceptado jurídicamente en la práctica, sino que nuestra democracia, de más de 40 años, se inicia con los actos administrativos dictados por el gobierno transitorio, que comenzó con la disolución y control de todos los poderes del Estado por parte de la Junta de Gobierno, lo cual concluyó con la convocatoria a elecciones celebradas en 1958, manteniéndose así el ordenamiento jurídico vigente. En esos términos, la ilegalidad de un golpe de Estado para el gobierno derrocado pasa a no tener relevancia en virtud de que existe una legalidad impuesta, sostenible políticamente, por el gobierno golpista y, en tal sentido, lo político se impone sobre lo jurídico. En este sentido, en un golpe de Estado la situación política no sólo pasa a existir jurídicamente, sino que, en definitiva, es esa situación, a la fuerza, la que define el ordenamiento jurídico del futuro. Por ello es que pareciera que el golpe de Estado pasa a ser jurídicamente aceptado si acaso el mismo tiene éxito y subsistencia política. Ahora bien, en el momento que ese esquema de toma a la fuerza del poder político se ilegitima posteriormente, siendo rechazado, contraatacado y disuelto para reponer a las autoridades derrocadas, pues dicho golpe de Estado pasa al marco de la ilegalidad al no poder incrustarse dentro del Estado de Derecho, que, en definitiva, está en manos del pueblo o de la soberanía popular en los términos que lo establece la Constitución en su artículo 5: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.” Y en este sentido, es que el primer aparte de la norma citada, en forma contundente señala que “los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

Ahora bien, los militares que tomaron el poder, de conformidad con las declaraciones realizadas el 12 de abril de 2002, consideraron que tomaron el poder en virtud del derecho a rebelión establecido en el artículo 350 de la Constitución. En tal sentido, es necesario, primeramente, definir si efectivamente el gobierno de Chávez, legal y constitucionalmente constituido por voluntad popular, incurrió en las faltas extremas y eminentemente excepcionales, que permitían su desconocimiento en los términos de la norma constitucional. En este sentido, el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Es de notar que la norma constitucional transcrita excusa el desconocimiento de un gobierno, legislación o régimen, cuando se determine que dicho gobierno contrarió los valores, principios y garantías democráticas o violó los derechos humanos. Ahora bien, quién o qué decide cuando el gobierno contraría los valores y garantías democráticas o que violó los derechos humanos: ¿Un gran porcentaje de la población? ¿Los militares? ¿Los órganos de administración de justicia? En ese sentido, y en virtud de lo impredecible de tal determinación existe quien señala, como es el caso de Gonzalo Pérez Salazar, que el derecho de rebelión, utilizado como justificativo del desconocimiento de autoridades y actos dictados por instituciones, a las que por un momento se les consideró apartadas del hilo constitucional, sólo será reconocido a los vencedores. En este sentido, el autor se pregunta: “¿Y es que alguien duda que de haberse sostenido el Gobierno de Transición, las instituciones que pretendían elegir, no justificarían el derecho a rebelión? Por el contrario, ¿alguien dudó que luego que el Gobierno de Transición claudicara ante las anteriores autoridades, esas autoridades no invocarían y defenderían la supremacía de la Constitución por encima de este tipo de situaciones de facto, conforme lo dispone el artículo 333 del Texto Fundamental? No se trata con ello de hablar de vencedores o vencidos, ni de hacer un símil entre el dicho de que la historia la hacen los vencedores, sino de reconocer que el derecho de rebelión es una consecuencia jurídica de una situación fáctica, que como cuestión de hecho resulta impredecible” (Ver TalCualegal del 30/5/2002, suplemento del diario Tal Cual). En este mismo sentido, con relación al derecho a la revolución, que para el caso en análisis aplicaría igualmente, el autor José M. Delgado Ocando, señala que “el derecho a revolución está, según se ha visto, legitimado por la ética y sociológicamente por las condiciones de factibilidad del cambio social efectivo. Pero aun en el caso de que su legitimación sea cuestionable en el proceso prerrevolucionario, su legalidad y legitimidad están garantizadas, una vez que la revolución triunfa, por la fuerza justificadora del éxito” (Ver José M. Delgado Ocando. Revolución y Derecho en Estudios sobre la Constitución: Libro Homenaje a Rafael Caldera, Tomo IV, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1979, Pág. 2599).

Ahora bien, podría considerarse al pueblo como el factor determinante para definir el derecho a rebelión o desobediencia civil. En tal caso, ¿qué cantidad de la población debe tomar dicha radical decisión?: ¿la mayoría? ¿el 100%?. En caso de considerarse que es la cantidad de población la que decide ¿cómo se determina la voluntad de esa mayoría?: ¿Por referéndum? ¿A través de manifestaciones públicas? En definitiva si es una cantidad de población la que define la situación, será evidentemente necesario, en un sistema democrático, identificar ese número de personas, lo cual definitivamente, requiere la consulta formal y democrática de dicha población.

Podría considerarse, en otros términos, que el artículo 350 de la Constitución requiere de una determinación jurídica de la situación, es decir, una relación de causalidad entre los hechos y el derecho que haga aplicable la norma constitucional. Así las cosas, en nuestro derecho la forma jurídica de solucionar una controversia jurídica, es a través de los órganos de administración de justicia competentes (el Tribunal Supremo de Justicia). En tal sentido, el Supremo Tribunal es quien debiera definir la actuación o actuaciones incriminatorias de la persona del Presidente, y determinar que dichas actuaciones contrariaron de alguna forma los principios, valores y garantías democráticas, o que resultaron en la vulneración de derechos humanos fundamentales.

Ahora bien, si acaso se considera que existió un golpe de Estado el 12 de abril de 2002, al fracasar el mismo al día siguiente, dicho golpe, en los términos antes señalados, no logró incrustarse, así sea forzosamente, en el ordenamiento jurídico venezolano y por ello, el mismo, deja de ser un acto jurídico como tal y pasa a ser una usurpación de funciones ilegal e inconstitucional. Al respecto, los actos administrativos que se produjeron por el gobierno temporal de Pedro Carmona Estanga, es decir, el acto de constitución del gobierno provisional, así como el decreto de disolución de poderes públicos y desconocimiento de parte de la legislación (49 leyes), entre otras cosas, son nulos de nulidad absoluta, o más bien no existieron en el mundo jurídico. Asimismo, el acto dictado el 13 de abril de 2002, por Pedro Carmona Estanga, mediante el cual se reformó el decreto del gobierno provisional, así como la posterior renuncia de Pedro Carmona Estanga, como Presidente, tampoco existió jurídicamente. En ese sentido, en caso de considerarse que los actos dictados por Pedro Carmona Estanga fueron realizados en usurpación de funciones y, por ello, dichos actos deben considerase como no existentes, igualmente deberá considerarse como no existente el acto de nombramiento de Diosdado Cabello como Presidente encargado, por parte del Presidente de la Asamblea Nacional, e incluso la posterior entrega de la Presidencia, por parte de Diosdado Cabello al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Ahora bien, ciertamente, ninguno de los actos antes referidos fueron publicados en la Gaceta Oficial de la República. Es decir, que dichos actos existen como hechos para la historia política venezolana, pero no existieron jurídicamente.

De conformidad con lo anterior, esta Comisión, siguiendo la secuencia de los hechos ocurridos el 11 y 12 de abril, debe entonces analizar los hechos acaecidos el 13 de abril de 2002, desde un punto de vista político, y así determinar las causas que dieron origen a los mismos, así como su consecuencia final que fue la restitución a la Presidencia de la República de Hugo Chávez Frías.

G. Papel de los Medios de Comunicación

La Comisión Política designada por la Asamblea Nacional para investigar los hechos y circunstancias políticas e institucionales que dieron origen y desarrollo a los acontecimientos de los días 11, 12, 13 y 14 de abril, en lo que respecta al papel jugado por los medios de comunicación (impresos y audiovisuales) tenemos lo siguiente:

1. Medios impresos

a) Día 11

El jueves 11 los principales titulares de primera página y las noticias de mayor centimetraje tenían que ver con tres temas como son: Paro Laboral Indefinido, convocado por la CTV y Fedecámaras, luego de la convocatoria a paro por un día decretado el día 9 de abril que se prolongó por 24 horas más el día 10; el Paro laboral que mantenían los empleados de la nómina mayor de Pdvsa con las concentraciones que se efectuaban en la sede de la empresa petrolera en Chuao y, la marcha que desde el Parque del Este hasta la sede de Pdvsa en Chuao, convocada por la CTV, Fedecámaras y los empleados de Pdvsa, que luego fue dirigida hacia el Palacio de Miraflores.

b) Día 12

Ese día los titulares e informaciones de mayor relieve estaban relacionados con temas que los editores de esos medios consideraron de mayor importancia, los cuales fueron: La caída del gobierno del Presidente Chávez, las víctimas registradas por francotiradores en las inmediaciones del Palacio de Miraflores y la avenida Baralt principalmente, el desarrollo de la marcha desde su inicio en Parque del Este hasta la llegada a Chuao y posteriormente su desvío a Miraflores para solicitar la renuncia del Presidente Chávez y, el pronunciamiento de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional, desconociendo las decisiones y órdenes del Jefe del Estado.

La mayoría de los diarios contenían informaciones donde los reporteros narraban tanto la forma como se produjo el desvió de la marcha luego que llegara a Chuao hasta Miraflores, así como ocurrieron las muertes y lesiones de personas que estaban a sus lados así como la versión que obtenían de testigos presenciales de esos hechos quienes indicaban de donde provenían los disparos y ataques que estaban recibiendo, así como la actuación de las fuerzas del orden para evitar el encuentro de la marcha que se dirigía a Miraflores con los seguidores del Presidente Chávez que estaban frente al Palacio de Gobierno, una de las víctimas que tuvo mayor repercusión fue la del reportero gráfico Jorge Tortoza quien trabajaba para el Diario 2001.

Otra de las informaciones resaltantes tiene que ver con la cadena nacional de radio y televisión del Presidente Chávez, donde denunció como insurreccional, loco e irracional el paro indefinido que aupaban la CTV y Fedecámaras a quienes acuso de irresponsables, cadena que fue desobedecida por los canales comerciales al dividir la pantalla ofreciendo en una parte las palabras del Jefe del Estado y de la otra lo que estaba ocurriendo en las calles por la marcha que llegaba a las cercanías de Miraflores y era repelida por las fuerzas del orden así como atacada por francotiradores y seguidores del gobierno que se encontraban desde primeras horas de la tarde atendiendo el llamado de los dirigentes del MVR a congregarse en Miraflores para defender la revolución.

Todos canales de la televisión comercial fueron sancionados y paulatinamente comenzaron a ser sacados del aire por desobediencia, pero aquellas familias que tienen televisión por cable continuaron enterándose de lo que ocurría en el centro de la ciudad a las personas que se encontraban en la marcha que iba a Miraflores. También frente a Miraflores los seguidores del gobierno continuaban congregándose.

Igualmente se reseñó el pronunciamiento de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional, que comenzó con la Guardia Nacional, Ejército, Armada y Aviación, donde gran número de generales manifestaban desconocer la autoridad del Presidente Chávez, acusándolo de ser responsable de las muertes que se habían producido la tarde del día 11 de abril al ser atacada y causar muertes y lesiones a los participantes de la marcha que se dirigía desde Chuao a Miraflores.

Los diarios que cerraron sus ediciones en las primeras horas del viernes 12 reseñaban lo relativo a la información sobre una comisión militar de dos generales (Eliécer Hurtado y Manuel Rosendo) enviada por el comandante del Ejército, general de división (Ej.) Efraín Vásquez Velasco que negociaba la salida del Presidente y, otra que en cadena nacional dio el general en jefe (Ej.) Lucas Rincón, Inspector General de la FAN, anunciando primero, en horas de la tarde desmintiendo el rumor según el cual el Presidente Chávez se encontraba detenido en Fuerte Tiuna y otra, en horas de la madrugada indicando que se le había solicitado la renuncia al Presidente Chávez y que éste había aceptado la solicitud de los militares.

Asimismo está la nota, donde luego del pronunciamiento del Alto Mando Militar encabezado por el general Lucas Rincón donde ponían sus cargos a la orden, donde se anunciaba que Pedro Carmona Estanga, en ese momento presidente de Fedecámaras, sería el presidente de la Junta de Gobierno Transitorio.

A nivel internacional estaba la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Costa Rica, donde César Gaviria, secretario general de esa organización manifestaba preocupación por que ocurría en Venezuela, igual acción realizaba el Departamento de Estado del gobierno de George W. Bush

c) Día 13

El sábado 13 los encabezados de primera páginas y las informaciones de mayor extensión estaban relacionadas con cuatro temas: juramentación de Pedro Carmona Estanga como Presidente Transitorio y el decreto emitido donde se destituían todos los Poderes Públicos como la Asamblea Nacional, Poder Ciudadano, Poder Judicial, gobernadores y alcaldes; otro de los temas fueron los allanamientos y detenciones que se practicaron durante el día viernes 12; noticias sobre las reacciones internacionales ante lo ocurrido en los últimos días en el país y, el cuarto tema eran las reacciones de los ministros del Presidente Chávez.

Las informaciones señalan que a finales de la tarde del viernes 12 se produjo la proclamación de Pedro Carmona Estanga como Presidente Provisorio en el Palacio de Miraflores, donde en su discurso anunció el contenido del primer y único decreto que pudo elaborar, donde se quitaba el nombre de Bolivariana a la República de Venezuela, la disolución de la Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano, gobernadores y alcaldes.

Además anunció los nombres de siete de los nuevos ministros de su gobierno provisorio como eran: vicealmirante Héctor Ramírez Pérez (Defensa), general Rafael Damián Bustillos (Relaciones Interiores y Justicia), vicealmirante Jesús Enrique García (Ministro de la Secretaría), José Rodríguez Iturbe (Relaciones Exteriores), Raúl de Armas (Agricultura) Leopoldo Martínez (Finazas), César Augusto Carballo (Trabajo), Rafael Arreaza (Salud), mientras que como presidente de Pdvsa se designada al general Guaicaipuro Lameda y como procurador del gobierno interino a Daniel Romero.

Igualmente estaba lo concerniente a la huelga nacional indefinida que había concluido, pero la gran mayoría de los comercios estaban cerrados, poca gente transitaba por las calles y no muchos vehículos circulaban, el allanamiento a la casa del Movimiento V República en la parroquia La Pastora, de donde se llevaron unos cohetones, también hubo noticias de cómo estaban algunos puntos neurálgicos de la ciudad como el centro, este y oeste.

Además presentaban encuestas a residentes de la capital en torno a la designación de Pedro Carmona Estanga como Presidente Transitorio, donde unos decían que era lo correcto y otros opinaban lo contrario, asimismo existía gente que manifestaba que se trataba de un golpe de estado y otros que no.

Algunos diarios publicaron la nota de la manifestación que simpatizantes del Presidente Chávez provenientes de diferentes sectores de la capital realizaron a las puertas del Fuerte Tiuna solicitando que les entregaran a su Presidente, voceando que el nuevo gobierno de Carmona Estanga era ilegal al considerar que Chávez debió ser sustituido por el vicepresidente Diosdado Cabello, tal como .lo prevé la Constitución de 1999.

Ese día también apareció la información de lo ocurrido en la Embajada de Cuba, donde se presentaron manifestantes acudieron a esa sede diplomática debido a los rumores de asilo en ese lugar del vicepresidente de la República, Diosdado Cabello, del diputado Nicolás Maduro y de otros dirigentes del MVR. Los manifestantes causaron destrozos a varios vehículos con placas diplomáticas, cortaron el suministro de agua y energía eléctrica a la Embajada, además de vocear consignas en contra de los supuestos asilados así como contra los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez.

Ese sábado también aparecieron informaciones sobre las reacciones en el interior del país a raíz de lo ocurrido el día 11 en Caracas, donde la mayoría de los pronunciamientos de la sociedad civil de los estados Táchira, Mérida y Trujillo era de sacar del mando a los gobernantes regionales donde todos ellos eran partidarios del Presidente Hugo Chávez. También estaba la manifestación frente a la gobernación del estado Falcón exigiendo la renuncia de la máxima autoridad de esa región Jesús Montilla.

d) Día 14

Mientras que para el domingo 14 no hubo información debido a que los diarios de la llamada Gran Prensa no circularon el día domingo 14 y para el día lunes 15 al reanudar su circulación los principales titulares fueron el retorno a su cargo del Presidente Chávez.

e) Otros días

Antes del 11 de abril los diarios capitalinos venían informando sobre varios conflictos que se estaban produciendo en el país, especialmente el ocurrido dentro de la empresa petrolera del Estado (P.D.V.S.A), las marchas y contramarchas que realizaban por un lado la oposición y por el otro los seguidores del gobierno (23 de enero, 4 de febrero), informaciones que fueron generando entre la población la formación de dos bloques antagónicos donde los propietarios de los medios impresos de comunicación social tuvieron una alta parcialización que quizás se deba a los constantes ataques que recibían de parte del Presidente de la República en su programa dominical de “Aló Presidente”.

También están las informaciones sobre el paro laboral que fue convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela que contó con el inusual respaldo de los empresarios agrupados en Fedecámaras, noticias que desde los días 8, 9 y 10 de abril recibieron un amplio centimetraje en la prensa nacional.

Posteriormente pasados los sucesos del 11, 12, 13 y 14, los otros días del mes de abril los grandes diarios capitalinos volvieron a su rutina diaria, donde las principales informaciones tuvieron que ver con argumentos de la oposición y del gobierno en torno a esos hechos y el tema principal se basó en dos argumentos vacío de poder (oposición) golpe de estado (gobierno).

También están las versiones de voceros gubernamentales y de la oposición, otros sectores de la sociedad como la CTV, Fedecámaras, representantes de los partidos políticos, sociedad civil y ONG´s. También está la cobertura de la delegación de la OEA que visitó nuestro país que posteriormente manifestó que hubo violación de la carta democrática de la organización condenando el fallido golpe de estado contra el gobierno del Presidente Chávez

El día lunes 15 fue cuando aparecieron las primeras versiones de violencia debido a los incendios provocados, muertos y heridos a consecuencia de los saqueos a comercios registrados en las últimas horas del sábado 13 y domingo 14, donde la casi totalidad de esos hechos ocurrieron en la zona oeste de la ciudad (Catia, Antímano y Caricuao, así como en Guarenas.

De las noticias del interior del país se destacan las concentraciones de los simpatizantes y miembros del MVR en los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Lara, Portuguesa, Falcón, Barinas, Guárico, Nueva Esparta y Bolívar, retomaban el control en esas regiones ratificando su fiel y decidido apoyo al Presidente Hugo Rafael Chávez.

Florencio Porras Echezuría, gobernador del estado Mérida retomó nuevamente el control del gobierno regional luego de haber permanecido detenido en las instalaciones del batallón “Justo Briceño”, igual ocurrió con Ronald Blanco La Cruz, gobernador del estado Táchira quien también volvió a tomar las riendas del gobierno, contando para ello con el apoyo de seguidores del Presidente Chávez, luego de conocerse la medida de rectificación del decreto emanado por el Presidente Provisorio Carmona Estanga a ultimas horas de la tarde del sábado, donde posteriormente renunció a ese cargo.

El estado Trujillo tampoco escapó a ese festejo ya que desde el mismo momento que el gobernador Gilmer Viloria se presentó en su residencia oficial para recibir nuevamente el mando de manos del comandante de la guarnición militar de esa entidad comenzaron a celebrar la restitución de la constitucionalidad condenando el fallido golpe de estado.

Eduardo Manuitt, gobernador del estado Guárico quien nunca reconoció al gobierno de transición, celebró en la plaza Bolívar de San Juan de los Morros con canciones de Alí Primera y consignas a favor de la revolución el retorno del Presidente Chávez al Palacio de Miraflores.

Luis Reyes Reyes, gobernador del estado Lara, entidad que permaneció en completa calma, manifestó que el regreso del Presidente Chávez al poder se produjo gracias a la salida de la sociedad civil al comenzar a reclamar que les entregarán a su Presidente.

En el estado Nueva Esparta, el gobernador Alexis Navarro, quien se mantuvo oculto por temor a ser agredido salió en caravana por las calles de Porlamar manifestando su apoyo a Chávez. Mientras que en e estado Bolívar, a pesar de la confusión por la presunta renuncia del gobernador Antonio Rojas y del presidente de la CVG, general Francisco Rangel, quienes nunca reconocieron la transitoriedad de Carmona Estanga, también se reestableció la gobernabilidad.

1. Medios audiovisuales

I. Día 11

Para el jueves 11 la programación tanto de la televisora como de la radio del Estado, Venezolana de Televisión (Canal 8) y Radio Nacional, estuvieron circunscritas a los actos que se realizaban frente al Palacio de Miraflores por parte de los seguidores del gobierno.

Equipos de prensa de Venezolana de Televisión transmitieron el acto que se realizó a las puertas del Palacio de Miraflores por seguidores del Presidente Chávez, así como del llamado que efectuaron dirigentes del MVR para acudir al Palacio de Gobierno a defender la revolución.

También mediante cadena nacional informaron a través del Alto mando Militar, cuando el general en jefe (Ej.) Lucas Rincón desmentía los rumores según los cuales el Presidente Chávez se encontraba detenido en Fuerte Tiuna, manifestando que la situación era de completa normalidad en todas las guarniciones y establecimientos militares del país.

Mientras que las programaciones de las plantas televisoras privadas (RCTV, Venevisión, Globovisión, CMT y Televen) y las emisoras de radios comerciales estuvo relacionada desde horas de la mañana hasta pasadas las dos de la tarde con la marcha que desde el Parque del Este hasta Chuao y posteriormente al Palacio de Miraflores habían convocado la CTV, Fedecámaras y los trabajadores de la nómina mayor de P.D.V.S.A, destinando para esa misión a la casi totalidad de sus equipos de prensa.

Todos los canales privados realizaron la cobertura del desplazamiento de la marcha hacia Miraflores, así como los hechos que se registraron después debido a la acción de los francotiradores que dejaron saldo de muertos y heridos, igualmente presentaron imágenes del operativo efectuado tanto por efectivos de la guardia nacional como de los funcionarios de la Policía Metropolitana con miras a evitar que los grupos pudieran hacer contacto.

De la misma forma los programas de opinión matutinos en los canales privados se refirieron a la marcha pautada para ese día invitando a la colectividad a participar en la misma, donde los principales temas tratados fueron lo relativo al paro convocado por la CTV y Fedecámaras y el conflicto que mantenía la nómina mayor de P.D.V.S.A.

Tanto los conductores de esos programas como sus invitados mantenían una clara oposición a las directrices que el Gobierno dictaba realizando severas críticas a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en torno al conflicto de la empresa petrolera del país.

Posteriormente en horas de la tarde se produjo la cadena nacional por radio y televisión para transmitir el mensaje del Presidente Chávez, donde paulatinamente las televisoras comerciales fueron sacadas del aire al comenzar a partir la pantalla para en un lado continuar con la cadena del Primer Mandatario Nacional y por el otro lo que estaba ocurriendo en la calle por la marcha que se dirigía a Miraflores cuyo resultado fueron las víctimas que se registraron ese día.

Las familias que tienen televisión mediante el sistema de cable pudieron continuar observando lo que estaba ocurriendo en el centro de la ciudad ya que las plantas habían instalado equipos móviles en las azoteas de los edificios más altos en las cercanías de la avenida Urdaneta a la altura del Puente Llaguno, así como los equipos que venían en la marcha cuyas imágenes eran difundidas mediante ese sistema.

Más tarde en horas de la noche televisoras comerciales comenzaron a transmitir en una especie de cadena, los pronunciamientos que los cuatro componentes de la FAN (Guardia Nacional, Ejército, Armada y Aviación) realizaron para desconocer las instrucciones y ordenes del Jefe del Estado.

a) Día 12

En las primeras horas del viernes 12 como una continuación de los hechos registrados el día anterior a raíz de la marcha de la oposición que se dirigía a Miraflores que dejó saldo de unas 17 personas muertas y gran número de heridos de bala, pasada la medianoche casi todo el país estaba pegado a las pantallas de sus televisores pudiendo observar las informaciones que revelaban la renuncia del Presidente Chávez a solicitud del Alto mando Militar, así como su llegada a Fuerte Tiuna acompañado de los generales Manuel Rosendo y Eliécer Hurtado, quienes habían sido comisionados para dialogar con el Jefe del Estado para que renunciara al cargo.

Luego está la información del general en jefe (Ej.) Lucas Rincón anunciando que se le había solicitado al presidente Chávez la renuncia a su cargo como Presidente y que él había aceptado.

El viernes 12 se produce la toma de Venezolana de Televisión (Canal 8) que fue sacada del aire por instrucciones del gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza.

Mientras que la programación de las primeras horas matutinas de las televisoras comerciales (programas de opinión) estuvo relacionada con los acontecimientos que se registraron el jueves 11, los invitados a esos programas fueron personas que de alguna u otra manera estaban involucradas con los acontecimientos ocurridos el día anterior y, como el Presidente Chávez había “caído y dejado el poder” todas las opiniones y argumentos eran responsabilizando al Jefe del Estado de los muertos y heridos. Por su parte las emisoras de radio también estuvieron realizando comentarios sobre el mismo tema.

En avanzadas horas de la mañana y mediodía las informaciones tuvieron que ver con las detenciones y allanamientos que se estaban registrando en contra de funcionarios del gobierno del Presidente Chávez, parlamentarios y civiles, es así como todos los canales transmitieron en vivo lo ocurrido con la detenciones del ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín y la del diputado Tarek William Saab del MVR por el estado Anzoátegui, así como de los allanamientos de residencias y detenciones de personas que presuntamente eran los autores de los disparos realizados desde puente Llaguno, acusándolos de ser los autores de las muertes del jueves 11 de abril.

Los corresponsales de las principales plantas televisoras comerciales asentadas en Caracas enviaron informaciones que fueron difundidas durante el día sábado sobre lo que estaba ocurriendo en algunas gobernaciones a cargo de miembros del MVR, como el caso del gobernador del estado Táchira, Ronald Blanco La Cruz, quien fue sacado de la casa de gobierno de esa entidad y detenido por efectivos de la Guarnición militar de esa entidad.

Finalmente a finales de la tarde de ese día viernes 12 en cadena nacional se transmitió la juramentación de Pedro Carmona Estanga como Presidente Provisorio y la lectura del decreto donde se le quitaba el nombre de Bolivariana a la república de Venezuela, destituían todos los Poderes Públicos como la Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano, gobernadores y alcaldes.

b) Día 13

El sábado 13 los medios audiovisuales tuvieron poca programación ya que sus equipos de prensa no salieron a las calles a buscar información bajo el argumento que los reporteros de las televisoras y emisoras radiales tenían miedo de salir a la calle ante el temor de ser agredidos por los seguidores del Presidente Chávez que comenzaron a salir a las calles exigiendo el regreso del Presidente constitucional de la República.

A finales de la tarde se restituye la señal de Venezolana de Televisión (Canal 8) y los demás canales se adhieren a la programación de VTV, donde ya se anunciaba el retorno del Presidente Chávez a su cargo.

Luego de salir nuevamente al aire el Canal 8, ministros, diputados y dirigentes del MVR comienzan a emitir sus opiniones en torno al fallido golpe de estado, así como informaciones relacionadas con la liberación del Presidente Chávez y su pronto retorno al Palacio de Miraflores para retomar sus funciones de Jefe de Estado.

Otra de las informaciones que se transmitió ese día en cadena nacional fue la juramentación de Diosdado Cabello como Presidente de la República por parte del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Willian Lara, hasta el retorno del Primer Mandatario Nacional.

En todo ese día los venezolanos sólo pudieron conocer lo que estaba aconteciendo en el país a través de las informaciones que rebotaban los canales de televisión internacionales, como las cadenas CNN, Caracol, Telemundo, entre otras que habían enviado equipos reporteriles a nuestro país a raíz de los acontecimientos que se estaban presentando desde el día 9 de abril cuando se inicio el paro laboral convocado por la CTV y Fedecámaras.

c) Día 14

Finalmente para el domingo 14 todas las emisoras y canales de televisión se pegan a la programación del canal 8 en una especie de cadena nacional donde se transmitió todo lo relacionado con el retorno del Presidente Chávez, en horas de la madrugada.

d) Otros días

Antes del 11 abril, al igual que los medios impresos las televisoras y emisoras de radio estuvieron dedicando gran espacio a las informaciones que se producían gracias al enfrentamiento por una parte, de los grupos seguidores del gobierno y por la otra, los de la oposición, donde representantes de los medios de comunicación eran objetos de ataques al presentarse para la cobertura de algún acto del Presidente de la República.

Esas informaciones tenían que ver que con el conflicto iniciado por los trabajadores de la nómina mayor de P.D.V.S.A, las marchas y contra marchas del 23 de enero y 4 de febrero, el anuncio de paro laboral realizado por la CTV que contó con el respaldo de Fedecámaras.

Posterior a los días 11, 12, 13 y 14 de abril las informaciones tenían que ver, tanto de los noticieros como los de opinión de los canales comerciales con el llamado a dialogo de los diferentes sectores de la sociedad venezolana del Presidente de la República, así como los debates políticos de la Asamblea Nacional en torno a lo ocurrido esos días, las opiniones de los representantes de los partidos políticos.

[1] FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. El Sistema Constitucional Español. De. Dykinson. Madrid, 1992. Pág. 1.037.

[2] FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. Ob. Cit. Páginas 1.038 y 1.039.

[3] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de 1803. Bajada por el autor del presente Recurso a través de Internet, de la biblioteca de la Universidad de Harvard, y traducida por él mismo.

[4] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de 1819. Bajada por el autor del presente Recurso a través de Internet, de la biblioteca de la Universidad de Harvard, y traducida por él mismo.

[5] Cita tomada de la Separata del Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales N° 119-120, de Enero-Junio de 1990, sobre el trabajo del Dr. Gustavo Planchart Manrique. Reflexiones Sobre el Control de la Constitucionalidad y la Interpretación Constitucional.

[6] GIACOPINI, J. 1976 - 1985 Diez años de la Industria Petrolera nacional. Ediciones PDVSA. Caracas, 1986. Pág. 19.

[7] RODRÍGUEZ ERASO, Guillermo. 1976 – 1985 Diez Años de la Industria Petrolera Nacional. Caracas, Ediciones PDVSA. 1985, Pág. 71

[8] VILORIA V., Enrique. Componentes de la Organización. Caracas, Editorial Panapo, 1988. Pág. 97

[9] RODRÍGUEZ ERASO, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 71.

[10] BARBIERI, E. El Pozo Ilustrado. Primera Edición en CD-Rom. Caracas. Fondo Editorial del Centro Internacional de Educación y Desarrollo (FONCIED). 1998. Pág. 530.

[11] BARBIERI, E. Ob. Cit. Pág. 529.

[12] RODRÍGUEZ ERASO, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 83.

[13] HITT, M., IRELAND, R. y HOSKISSON R. Administración Estratégica. Competitividad y Conceptos de Globalización. Thompson Editores. México. Pág. 288.

[14] PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. Informe Anual 1998. Caracas. Pág. 9.

[15] Bajado por el autor del presente informe de Internet (http://www.intranet.pdvsa.com/reestructuracion/index.html)

[16] Cadena nacional de radio y televisión, transmitida el día 11.04.2002, mientras en la ciudad se efectuaba la marcha que iba rumbo a Miraflores. Durante esta cadena las emisoras de televisión privadas no tuvieron señal y la única transmisión era por el canal del estado venezolano.

[17] Véase al efecto la interpelación del General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo, páginas 28 y 29.

[18] Véase al efecto la interpelación del General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo, páginas 80 y 81.

[19] Interpelación del General Eugenio Gutiérrez Ramos, Jefe del Comando Regional N° 5. Pág. 54

[20] Interpelación del General Manuel Antonio Rosendo, Jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional. Pág. 39

[21] Las Operaciones Militares Conjuntas están establecidas en el Manual de Acción Conjunta vigente del año 1989

[22] TÁCTICA GENERAL, MC-101-1, Tomo I. Comité Permanente de Doctrina Fuerte Tiuna, Dirección de Operaciones, Abril de 2000, Pág. 1.

[23] Ibidem. Pág. 2.

[24] Ibidem. Pág. 59

[25] Carlos Alfonso Martínez. Pág. 11

[26] Carlos Alfonso Martínez. Pág. 35

[27] Carlos Alfonso Martínez. Pág. 35

[28] Carlos Alfonso Martínez. Pág. 35

[29] Carlos Alfonso Martínez. Pág. 38

[30] Carlos Alfonso Martínez. Págs. 67 y 68

[31] Carlos Alfonso Martínez. Pág. 73

[32] Carlos Alfonso Martínez. Pág. 76

[33] Carlos Alfonso Martínez. Pág. 78

[34] Carlos Alfonso Martínez. Pág. 85

[35] Néstor González. Pág. 9

[36] Néstor González. Pág. 10

[37] Néstor González. Pág. 22 y 23

[38] Néstor González. Pág. 38

[39] Néstor González. Pág. 64

[40] Néstor González. Pág. 69

[41] Néstor González. Pág. 82 y 83

[42] Néstor González. Pág. 102

[43] Néstor González. Pág. 115

[44] Manuel A. Rosendo. Pág. 6, 7 y 8.

[45] Manuel A. Rosendo. Pág. 11 y 12.

[46] Manuel A. Rosendo. Pág. 14

[47] Manuel A. Rosendo. Pág. 21

[48] Manuel A. Rosendo. Pág. 23 y 24

[49] Manuel A. Rosendo. Pág. 25

[50] Manuel A. Rosendo. Pág. 28

[51] Manuel A. Rosendo. Pág. 28 y 29

[52] Manuel A. Rosendo. Pág. 33 y 34.

[53] Manuel A. Rosendo. Pág. 34 y 35.

[54] Manuel A. Rosendo. Pág. 38 y 39

[55] Manuel A. Rosendo. Pág. 43

[56] Manuel A. Rosendo. Pág. 70

[57] Manuel A. Rosendo. Pág. 80 y 81

[58] Manuel A. Rosendo. Pág. 105 y 106

[59] Manuel A. Rosendo. Pág. 108

[60] Manuel A. Rosendo. Pág. 111

[61] Luis Camacho Kairuz. Pág. 11

[62] Luis Camacho Kairuz. Pág. 12

[63] Luis Camacho Kairuz. Pág. 53

[64] Comisario Henry Vivas. Pág. 6

[65] Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez. Pág. 130

[66] Gral. Francisco Belisario Lanids. Pág. 11

[67] Gral. Francisco Belisario Lanids. Pág. 56

[68] Gral. Efraín Vásquez Velasco. Pág. 10

[69] Gral. Efraín Vásquez Velasco. Pág. 11

[70] Gral. Efraín Vásquez Velasco. Pág. 12

[71] Gral. Efraín Vásquez Velasco. Pág. 15

[72] Gral. Efraín Vásquez Velasco. Pág. 16

[73] Interpelación del General de División (Ej.) José Aquiles viteri Viteri. Pág. 10

[74] Interpelación del General de División (Ej.) Francisco Belisario Landis. Pág. 14

[75] Interpelación del General de División (Ej.) Francisco Belisario Landis Pág. 17

[76] Interpelación del General de División (Ej.) Francisco Belisario Landis Pág. 17

[77] Interpelación del General de División (Ej.) José Aquiles Vietry Vietry. Pág. 8.

[78] Interpelación del General de División (Ej.) José Aquiles Vietry Vietry. Pág. 7 y 8.

[79] Interpelación del General de División (Ej.) José Aquiles Vietry Vietry. Pág. 25.

[80] Interpelación del General de División (Ej.) José Aquiles Vietry Vietry. Pág. 49.

[81] Interpelación del Capitán Carlos Aguilera. Pág. 7

[82] Interpelación del Coronel (Ej.) Jesús Morao Gardona. Pág. 24.

[83] Interpelación del Coronel (Ej.) Jesús Morao Gardona. Pág. 9

[84] Interpelación del Coronel (Ej.) Jesús Morao Gardona. Pág. 11

[85] Interpelación del Coronel (Ej.) Jesús Morao Gardona. Pág. 14

[86] Interpelación del Coronel (Ej.) Jesús Morao Gardona. Pág. 15

[87] Interpelación del Coronel (Ej.) Jesús Morao Gardona. Pág. 50

[88] Interpelación del Coronel (Ej.) Jesús Morao Gardona. Pág. 53

[89] Interpelación del General de División (GN) Eugenio Gutiérrez Ramos. Pág. 9

[90] Interpelación del General de División (GN) Eugenio Gutiérrez Ramos. Pág. 12

[91] Interpelación del General de División (GN) Eugenio Gutiérrez Ramos. Pág. 26

[92] Interpelación del General de División (GN) Eugenio Gutiérrez Ramos. Pág. 36

[93] Interpelación del General de División (GN) Luis Camacho Kairuz. Pág. 19

[94] Interpelación del General de División (GN) Luis Camacho Kairuz. Pág. 31

[95] Interpelación del General de División (GN) Luis Camacho Kairuz. Pág. 53

[96] Interpelación del Comisario Henry Vivas, Director de la Policía Metropolitana. Pág. 7

[97] Interpelación del Comisario Henry Vivas, Director de la Policía Metropolitana. Pág. 4

[98] Interpelación ante la Comisión Especial del General José Aquiles Viteri Viteri, de fecha 09/05/2002. Pág. 32

[99] Interpelación ante la Comisión Especial del Coronel Jesús Morao, de fecha 20/05/2002. pág. 12

[100] Reunión de trabajo de la Comisión Especial con el Presidente de la República Hugo Chávez Frías, el 31/05/2002. pág. 73.

[101] Interpelación del General de Brigada (Ej.) Néstor González González. Pág. 8

[102] Interpelación del General de Brigada (Ej.) Néstor González González. Pág. 8

[103] Interpelación del General de Brigada (Ej.) Néstor González González. Pág. 19

[104] Interpelación del General de Brigada (Ej.) Néstor González González. Pág. 30

[105] Interpelación del General de Brigada (Ej.) Néstor González González. Pág. 37

[106] Interpelación del General de Brigada (Ej.) Néstor González González. Pág. 38

[107] Interpelación del General de Brigada (Ej.) Néstor González González. Pág. 98

[108] Interpelación del General de Brigada (Ej.) Néstor González González. Pág. 101

[109] Interpelación del General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo. Pág. 11

[110] Interpelación del General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo. Pág. 14

[111] Interpelación del General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo. Pág. 15

[112] Interpelación del General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo. Pág. 27

[113] Interpelación del General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo. Pág. 29

[114] Interpelación del General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo. Pág. 31

[115] Interpelación del General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo. Pág. 44

[116] Interpelación del General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo. Págs. 72 a 75

[117] Interpelación del General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo. Pág. 83

[118] Interpelación del General de División (Ej.) Manuel Antonio Rosendo. Págs. 83 y 84

[119] Interpelación del General de División (Ej.) Efraín Vásquez Velazco. Pág. 25

[120] Interpelación del Contralmirante Daniel Comisso Urdaneta. Pág. 7

[121] Interpelación del Contralmirante Daniel Comisso Urdaneta. Pág. 55

[122] Interpelación del Contralmirante Daniel Comisso Urdaneta. Pág. 65

[123] Interpelación del General de Brigada (Av.) Pedro Pereira Olivares. Pág. 19

[124] Interpelación del General de Brigada (Av.) Pedro Pereira Olivares. Pág. 28

[125] La anterior definición corresponde al artículo 7° del Estatuto de Roma, el cual entrará en vigencia en fecha 01 de julio del presente año. Sin embargo, se trata de una definición doctrinaria plasmada en un texto de rango legal internacional.

[126] Interpelación del General en Jefe, Lucas Rincón Romero. Pág. 6

[127] Interpelación del General Manuel Antonio Rosendo. Pág. 41

[128] Interpelación del General Francisco Belisario Landis. Pág. 15

[129] Interpelación del General Francisco Belisario Landis. Pág. 19

[130] Interpelación del General Francisco Belisario Landis. Pág. 21

[131] Interpelación del Lic. José Vicente Rangel Vale, Ministro de la Defensa para ese entonces. Pág. 22

[132] Interpelación del General de División Efraín Vásquez Velazco. Pág. 17

[133] Interpelación del General de División Efraín Vásquez Velazco. Pág. 70

[134] Interpelación del General de División Efraín Vásquez Velazco. Pág. 71

[135] Interpelación del General (Av.) Pedro Antonio Pereira Olivares. Pág. 6

[136] Interpelación del General (Av.) Pedro Antonio Pereira Olivares. Pág. 76

[137] Interpelación del General (Gn) Luis Camacho Kairuz. Pág. 54

[138] Interpelación del Contralmirante Daniel Comisso Urdaneta. Pág. 7

[139] Interpelación del Contralmirante Daniel Comisso Urdaneta. Pág. 36

[140] Interpelación del General (Gn) Carlos Alfonso Martínez. Pág. 13

[141] Interpelación del General (Av.) Pedro Pereira Olivares. Pág. 7

[142] véase exposición de motivos en la edición de la Constitución de 1961 hecha en los talleres de la Imprenta del Congreso de la República el día 10 de julio de 1968, p. 278

[143] Constitución Nacional, comentarios del Artículo 232, Pág. 102, Ediciones Juan Garay

[144] Interpelación del General (Gn.) Carlos Alfonso Martínez. Pág. 14

[145] Interpelación del General (Gn.) Francisco Belisario Landis. Pág. 10

Filial	Exconcesionaria
Amoven, S.A.	Amoco
Bariven, S.A.	Sinclair
Boscanven, S.A.	Chevron
Corporación Venezolana de Petróleo, S.A.	----------
Deltaven, S.A.	Texas
Guariven, S.A.	Las Mercedes
Lagoven, S.A.	Creole
Llanoven, S.A.	Mobil
Maraven, S.A.	Shell
S.A. Meneven	Gula
Palmaven, S.A.	Sun
Roqueven, S.A.	Phillips
Taloven, S.A.	Talon
Vistaven, S.A.	Mito Juan

Año	Suceso
1943	Promulgación de la Ley de Hidrocarburos que consagra la reversión de las concesiones al término de cuarenta años y fija las regalías en una sexta parte del petróleo extraído.
1948	Modificación de la Ley de Impuesto sobre la Renta, estableciéndose un 50% / 50% en el reparto de beneficios entre empresas concesionarias y el Estado.
1958	Nueva modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta que eleva a un máximo de 47.5% el impuesto complementario. La distribución de utilidades cambió a un 65% - 35% a favor del Estado. Establecimiento de la política de no más concesiones.
1960	Se crea la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) para asegurar la participación del Estado en las distintas fases del proceso productivo de la industria del petróleo. Creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
1964	Promulgación del Decreto N° 187 por medio del cual se le asigna a la CVP el 33% del mercado interno de los hidrocarburos.
1966	Establecimiento de los precios de referencia para el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Empresas.
1970	Sanción de la Ley por medio de la cual el gobierno determina unilateralmente los valores de exportación del petróleo.
1971	Promulgación de la Ley que reserva al Estado la industria del gas natural. Se promulga la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos.
1973	El Congreso Nacional sanciona la Ley que Reserva al Estado el mercado interno de los Hidrocarburos.
1974	Mediante el Decreto N° 10 se crea la Comisión Presidencial de la Reversión Petrolera con el fin de estudiar las alternativas apropiadas para adelantar la reversión de las concesiones de Hidrocarburos.
1975	Promulgación de la Ley que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Se crea por Decreto N° 1.123, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima.
1976	El 1° de Enero entra en vigencia la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.

	Sector	Causa
Enero	- Educativo - Vendedores informales	-Universitarios de la UCV se niegan a la realización del Caracas Pop Festival. -Ubicación de buhoneros
Febrero	- Educativo - Sindicatos - Damnificados Vargas	-Empleados administrativos, estudiantes, y obreros de los diferentes planteles se quejan por corrupción, infraestructura, salarios. -Sindicatos solicitan aumentos salariales. -Damnificados Vargas exigen soluciones habitacionales.
Marzo	- Educativo - Producción Siderúrgica y Petrolera - Desempleados	-Profesores se quejan por el incumplimiento de la II convención colectiva del trabajo. -Trabajadores de Sidor exigen cumplimiento de contratos. -Desempleados piden ser contratados en obras de construcción.
Abril	- Educativo	- Maestros exigen revisión de contrato laboral. Estudiantes se quejan por infraestructura de planteles.
Mayo	- Educativo - Producción Siderúrgica	- Mejora de infraestructura - Trabajadores de Sidorpiden reestructuración de contrato colectivo.
Junio	- Petroquímico - Inseguridad	- Trabajadores de PEQUIVEN exigen aumento salarial - Marcha por la vida.