INTERPELACIÓN AL Militar Efraín Vásquez Velazco, primera parte (regreso)
ASAMBLEA NACIONAL DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMISION ESPECIAL POLÍTICA QUE INVESTIGA LOS HECHOS OCURRIDOS LOS DIAS 11,12,13
Y 14 DE ABRIL DE 2002
Interpelación: General Efraín Vásquez Velazco
Día: 17-05-2002
Hora: 10:45 am.
Presidente: Ciudadana Secretaria, sírvase informar si hay quórum.
Secretaria: Si hay quórum ciudadano Presidente.
Presidente: Orden del Día, ciudadana Secretaria.
Secretaria: Orden del Día: Sesión especial del día 17 de mayo del 2002. Unico.
Comparecencia de los ciudadanos: General Efraín Vásquez Velazco, General Ovidio
Poggioli y General García Carneiro, ante la Comisión Especial de la Asamblea
Nacional que investiga los acontecimientos ocurridos los días 11, 12, 13 y 14
de abril. Es todo.
Presidente: Artículo 222 del texto constitucional. La Asamblea Nacional podrá
ejercer su función de control, mediante los siguientes mecanismos.
Las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y
las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la Ley y
mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento, en
ejercicio del control parlamentario podrán declarar la responsabilidad política
de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder
Ciudadano que intente las sanciones a que haya lugar para hacer efectiva tal
responsabilidad.
Artículo 49. Numeral 2. Toda persona se presume inocente, mientras no se pruebe
lo contrario.
Artículo 19. Título III. De los derechos humanos y garantías y de los deberes.
Capítulo I. Disposiciones Generales. El Estado garantizará a toda persona,
conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y
ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos
humanos, su respeto y garantías son obligatorios para los órganos del Poder
Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos
humanos, suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los
desarrollen.
Reglamento interno de la Comisión.
Cumplimiento de solemnidades. Artículo 3: El Presidente y el Vicepresidente de
la Comisión Especial, tomarán las medidas necesarias para evitar las
interferencias o interrupciones durante el desarrollo de las reuniones, así
como cualquier conducta que atente contra el espíritu de cordialidad y respeto
que debe prevalecer.
Reglas especiales para comparecencias.
Artículo 8. En la comparencia de funcionarios públicos o particulares, la
Comisión Especial aplicará las siguientes reglas:
a) La Presidencia de la Comisión explicará la dinámica de la interpelación o
comparecencia al interpelado, la razón y motivo de la misma.
b) El invitado a comparecer hará una exposición inicial por un tiempo no mayor
de 10 minutos, el cual podrá prorrogarse por un período igual.
c) Los diputados y diputadas, miembros de la Comisión Especial, tendrán
preferencia a la hora de formular sus preguntas o hacer sus intervenciones.
d) La intervención de los diputados y diputadas que deseen formular preguntas,
no excederá de 3 minutos, las cuales deberán ser consignadas por escrito.
e) El interpelado procederá a dar respuesta en forma sucesiva a las preguntas
formuladas por los diputados y diputadas.
f) Para aclarar conceptos, repreguntar o solicitar informaciones
complementarias sobre la materia objeto de la comparecencia, los diputados y
diputadas, tendrán un tiempo adicional que no excederá de 3 minutos.
g) El interpelado tendrá un tiempo que no excederá de 5 minutos para responder
a cada una de las repreguntas que se le formulen en forma sucesiva, el cual
podrá prorrogarse si la plenaria de la Comisión Especial así lo decide.
Tiene la palabra el ciudadano Efraín Vásquez Velazco.
General Efraín Vásquez Velazco: Señor Presidente y señor Vicepresidente de la
Comisión Especial Política que investiga los hechos ocurridos los días 11, 12,
13 y 14 de abril del 2002. Señores diputados miembros de esta Comisión. Señoras
y señores, muy buenos días.
Ciudadano Presidente y demás miembros de la Comisión Especial de la Asamblea
Nacional, su Despacho.
Yo, General de División Efraín Vásquez Velazco, venezolano, mayor de edad, de
este domicilio y portador de la Cédula de Identidad 4023794, en ejercicio de mi
derecho al debido proceso que me concede el artículo 49 de la Constitución
Nacional en la interpelación fijada, solicito sean tomados en cuenta los
siguientes argumentos:
1) Derecho constitucional a un trato digno. El artículo 46, numerales 1, 2 y 4
de la Constitución Nacional, establece: “Toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, moral, en consecuencia ninguna persona puede ser
sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
víctima de tortura o trato cruel, inhumano, degradante, practicado o tolerado
por los agentes del Estado tienen derecho a la rehabilitación”.
2) Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.
3) Todo funcionario público o funcionaria pública que en razón de su cargo
infiera maltrato o sufrimiento físico o mentales a cualquier persona, o que
instigue o tolere este tipo de trato será sancionado o sancionada de acuerdo a
la ley. En consecuencia, solicito expresamente me sea respetado mi derecho a la
integridad física y moral, y que se me dé el trato digno que le corresponde a
todo ciudadano de la república, y por tanto los ciudadanos diputados se
abstengan de hacer menciones ofensivas, humillantes, inhumanas o denigrantes
contra mi persona, lo cual ocasionaría mi abandono inmediato del presente acto
de interpelación, por ser lesivo a mis derechos humanos.
Precepto constitucional. Derecho a no declarar contra sí mismo. El artículo 49,
numeral cinco de la Constitución Nacional establece lo siguiente: “Ninguna
persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su
cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión sólo será válida si fuera
hecha sin coacción de ninguna naturaleza”. En consecuencia, toda vez que hay
abierto una investigación y un proceso penal en mi contra, ante la Corte
Marcial de la República, en función de control por los presuntos delitos de
rebelión militar y motín, en el expediente 163-2, cuyos hechos investiga esta
Comisión Especial, y acogiéndome a mi derecho a la defensa solamente contestaré
preguntas que no impliquen una declaración en propia contra.
Prohibición a militares activos para declarar sobre temas políticos. El
artículo 328 de la Constitución Nacional, los artículos 5, 6 y 62 de la Ley
Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales y los artículos 116 y 117 del
Reglamento de Castigo y similares N° 6, establecen que no puedo emitir
opiniones de carácter o naturaleza política. En consecuencia, esta Comisión
Especial debe considerar esta restricción al momento de llevar adelante la
presente interpelación.
Asimismo, el artículo 284 en el Código Penal, establece el delito de
instigación a delinquir, en consecuencia ningún agente del Estado puede
instigar a un militar activo para que desconozca sus deberes militares sin
incurrir en responsabilidad penal.
4) El debido proceso. El artículo 49, numeral 1 de la Constitución Nacional
establece lo siguiente: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones
judiciales y administrativas, en consecuencia: primero: La defensa y la
asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la
investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los
cargos por los cuales se le investiga, y acceder a las pruebas y de disponer
del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las
pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada
culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas
en esta Constitución y la ley. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus
jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las
garantías establecidas en esta Constitución y en la Ley. Ninguna persona podrá
ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien lo juzgue, ni podrá ser
procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal
efecto”.
El artículo 223 de la Constitución Nacional establece: “La Asamblea o sus
comisiones podrán hacer las investigaciones que juzguen conveniente en la
materia de su competencia de conformidad con el reglamento. Todos los
funcionarios públicos o funcionarias públicas, están obligados u obligadas,
bajo las sanciones que establezcan las leyes a comparecer ante dichas
comisiones y a suministrarle las informaciones y documentos que requieran para
el cumplimiento de sus funciones. Esta obligación comprende también a los
particulares, a los que se les respetarán los derechos y garantías que esta
Constitución reconoce”.
En consecuencia, toda vez que por los hechos que se me imputan, de acuerdo con
el artículo 266, numeral 3 de la Constitución Nacional, el único Tribunal
Competente para juzgarme es el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena.
Solicito expresamente se me respete mi derecho al debido proceso a ser juzgado
por mis jueces naturales y a no ser juzgado por comisiones especiales creadas
para tal efecto, tal y como establece la Constitución expresamente, y por lo
tanto no contestaré ninguna pregunta relativa a los hechos por los que estoy
siendo sometido al proceso penal, instruido en el expediente 163-2 de la Corte
Marcial en función de control, que pudieran incriminarme, por cuanto el lugar
al cual me debo dirigir es mi juez tribunal, el cual es el Tribunal Supremo de
Justicia, en sala plena, en el proceso de antejuicio de mérito y no ante la
Asamblea Nacional.
En ejercicio de mi derecho a la defensa, ante la sala plena del Tribunal
Supremo de Justicia, en mi antejuicio de mérito es donde puedo hacer las
estimaciones de fondo y presentar ante mis jueces naturales y al país, los
alegatos, argumentos y pruebas a mi favor, sin incurrir en ningún tipo de
responsabilidad penal ni militar.
El artículo 222 de la Constitución establece lo siguiente: “La Asamblea
Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes
mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las
autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución
y en la ley, mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y sus
reglamentos. En el ejercicio del control parlamentario podrán declarar la
responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas,
y solicitar al poder ciudadano intente las acciones a que haya lugar para hacer
efectiva tal responsabilidad”.
La naturaleza de las interpelaciones ante comisiones especiales, como afirma
expresamente el artículo 222 de la Constitución Nacional es para establecer
responsabilidades políticas y como ya he demostrado, no soy político, soy un
militar activo y por lo tanto respetuoso del reglamento de castigo
disciplinario N° 6, y no puedo hacer ningún pronunciamiento de carácter
político.
Por lo tanto, por todo lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente se
me exonere de contestar preguntas de carácter y naturaleza política, se me
respete mi derecho a la integridad física y moral y mi derecho a no declarar en
mi contra, al debido proceso y al juez natural. Es justicia que pido en Caracas
la fecha de su presentación.
Preámbulo de la Constitución. Con el fin supremo de refundar la República,
asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la
justicia social y a la igualdad, sin discriminación ni subordinación alguna.
Artículo 2 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Venezuela se constituye
en un estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la
libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social
y general, la preminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político.
Concurro a esta honorable Asamblea Nacional después de casi 33 años de servicio
en el Ministerio de las Armas, siempre alejado de la política, pero respetuoso
de los políticos decentes, que son la mayoría, debidamente autorizado por el
Tribunal Supremo de Justicia y cumplidas las demás formalidades del caso.
El propósito de mi exposición es realizar una cronología detallada de los
eventos investigados por esta Comisión. Señores diputados, sólo diré la verdad,
por muy dura que ella sea, pero la nación, la comunidad internacional y mi muy
legítimo deber como ciudadano y General del Ejército me obliga a ello. La
mentira no forma parte de mis valores. Los hechos y actores que mencionaré son
reales y de fácil comprobación. Creo en la justicia.
Pido a la comunidad y organizaciones nacionales e internacionales que velen por
los derechos humanos, que me brinden protección y seguridad para mi persona y
mi familia.
Asumí la Comandancia General del Ejército en las circunstancias que todo el
país conoce, el 22 de diciembre del año 2001, luego de desempeñarme como
Inspector General del Componente por espacio de año y medio, por lo que puedo
dar fe de lo que ha sido la situación interna del ejército en los dos últimos
años y como miembro del Alto Mando de la Fuerza Armada.
Es cierto, tengo información de primera mano, como actor y participante en
reuniones y jornadas de trabajo, como receptor de las inquietudes de todo el
personal militar y civil de la fuerza. Conozco al detalle el ejército. En los
últimos dos años he recorrido innumerables veces el país. No soy un general de
escritorio, soy del arma de artillería, con experiencia como comandante de
grupo, brigada, división, con experiencia en operaciones fronterizas y contra
el narcotráfico. No he pasado mi vida militar en los escritorios, mi vida
militar ha sido de acción permanente.
He sido respetuoso de la reglamentación militar y asumo como práctica diaria el
reglamento profesional de servicio interno en las disposiciones generales
referidas al mando. Artículo primero, literal “e”, establece: “Aceptar la
responsabilidad es no eludir la que le corresponde, porque con ello comete uno
de los actos más reprochables, a la vez que pone de manifiesto la falta de
carácter”. En todo militar las faltas más reprochables son: la inacción, el
olvido a la misión recibida y el temor a la responsabilidad.
Señores diputados, en las aciagas horas del 11 de abril, y días posteriores, yo
siempre permanecí al frente de mis tropas, nunca las abandoné, renuncié, no me
escondí, no me fui a mi casa ni tampoco me acosté a dormir. Es un acto de
vileza la inacción y el temor a la responsabilidad. Yo muero con las botas
puestas al lado de mis soldados, y aún las cargo puestas.
El día 23 de diciembre del 2001 sostuve una reunión privada con el señor
Presidente, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, donde se trataron
asuntos relacionados con la seguridad interna del país. Salí muy preocupado de
esta reunión con los comentarios del jefe de Estado.
El 7 de febrero, ante la crisis desatada por el pronunciamiento del Coronel de
la Aviación, militar Pedro Soto, en reunión de emergencia convocada a altas
horas de la noche, asistí a la sede de la Vicepresidencia, con la participación
del Vicepresidente, el Ministro de la Defensa, Relaciones Interiores y de
Justicia, el Alto Mando Militar y miembros del partido político Movimiento V
República, algunos de los cuales se encuentran presente en esta interpelación
pública. Esa noche le recomendé de forma respetuosa pero sentida al General en
Jefe, que las reuniones del Alto Mando Militar deberían ser realizadas en el
Fuerte Tiuna.
¿Por qué sembrar dudas en el carácter apolítico de la Fuerza Armada? ¿Acaso no
es un mandato constitucional?
El 7 de abril del 2002, fui invitado como miembro del Alto Mando Militar, a una
reunión de trabajo en el Palacio de Miraflores, esta reunión fue atendida por
los Ministros del Despacho, el Alto Mando Militar, diputados y gobernadores del
Movimiento V República, y el Fiscal General de la República.
Ante el alto nivel de la reunión, y habiendo sí esto puesto en conocimiento por
parte del General en Jefe, de los temas a ser tratados, me preparé a conciencia
y tomé las previsiones del caso. A continuación transcribo algunos de los temas
tratados y tópicos que considero son de importancia para la investigación que
adelanta esta Comisión y opinión pública nacional, y organismos
internacionales, relacionados con acuerdos y designación de responsabilidades.
A un denominado Comité Político de la Revolución, se le asignaron las
siguientes responsabilidades: Los círculos bolivarianos y los sindicatos fueron
puestos bajo su control, los círculos bolivarianos con la misión de ocupar los
exteriores de las instalaciones de PDVSA y alrededores de Miraflores. Los
comités regionales serían los encargados de proveer transporte al pueblo y
adelantar acciones de guerra psicológica, como aceite en las calles y
tachuelas. Movilizar gran cantidad de carros entre las seis y nueve de la
mañana, gran movilización social.
Se ordenó elaborar tres planes, el plan de calle, el plan militar y el plan
mediático. Se ordenó conformar un estado mayor político, integrado por los
gobernadores de Vargas y Aragua, el Alcalde del Municipio Libertador y el
Vicepresidente para esa época, Diosdado Cabello Rondón.
Se habló de decretar un estado de emergencia selectivo hasta llegar a uno de
excepción.
Hubo una intervención del ciudadano Ministro de Educación, Cultura y Deportes,
Aristóbulo Istúriz, quien sugirió tomar todos los puntos críticos con círculos
bolivarianos, manifestó que si se pierde la calle se acabó todo.
También estaba presente cuando se presentó un caso con la asignación de
recursos de PDVSA. El diputado Nicolás Maduro informó que había negociado la
asignación de 10.000 millones de bolívares a los trabajadores de PDVSA para que
no fueran el paro, a razón de dos millones por persona.
Señores diputados, sentí dolor al ver que en vez de buscar los mecanismos de
disuasión para evitar la protesta de la sociedad civil, se planificaba la
confrontación, con el consentimiento de todos los presentes. Voy a dejar la
trascripción en este punto pero con un mensaje muy claro.
Muy equivocados están quienes piensan que los militares de este país no tenemos
ética, valores ni principios, y que es muy fácil pedirnos que sea la mentira la
que triunfe, es muy fácil pensar que los generales dejaremos de cumplir
nuestros deberes, cuando un Estado planifica la violencia y la confrontación
qué nombre puede recibir.
Señores diputados al igual que en oportunidades anteriores fue la inacción, la
carta del Alto Mando Militar, estudiar los hechos del 11, 12, 13 y 14 de abril
sin decir la verdad sólo conduce a que los responsables de El Silencio se
oculten y no sean castigados.
El 8 de abril del 2002 me dirigí a la Brigada de Paracaidistas por instrucción
del General en Jefe Lucas Rincón Romero, quien me dijo que conversara con los
oficiales y confirmara algunas informaciones, que él ya había conversado sobre
el tema con el Comandante de la Cuarta División de Infantería General de
División Benito Verde Graterol, me acompañan en esta visita él mismo General de
División Verde Graterol quien me informa que el General en Jefe Lucas Rincón
Romero lo había llamado con respecto a un oficial con el grado de mayor, plaza
de una de unidades, que aparentemente tenía algún tipo de descontento con el
gobierno.
El General de División Verde Graterol recomienda la transferencia de ese
oficial, yo le participé al General Verde Graterol que un equipo de la
Dirección de Inteligencia Militar del Ejército iba a realizar unas encuestas,
unas investigaciones, con el propósito de acabar con los rumores y así mismo
que era mi intención de darle un voto de confianza al General Raúl Baduel y sus
comandantes de unidades con el fin de estimularlos y reforzar el valor
institucional de la Brigada de Paracaidistas.
Se realizan las investigaciones y esa noche el Comandante de la Cuarta División
de Infantería General Verde, me informa que había un Comandante de Batallón que
quería hablar conmigo con respecto a las investigaciones y que a través de este
Comandante me iba a enviar una comunicación del Mayor que estaba siendo
señalado. Hablé con el Teniente Coronel y me expuso se le relacionaba con
reuniones extrañas y que eso no era verdad, yo le contesté que si no era verdad
la información no se preocupara y que iba a investigar la fuente de información
y le reafirmé mi confianza en él, invitándolo a seguir trabajando. Hice del
conocimiento de los resultados de la entrevista al General Verde, su Comandante
y Gran Unidad de Combate, todo lo relatado está en los archivos
correspondientes, en el ejército.
Otro antecedente importante es la reunión del 21 de febrero del 2002 efectuada
en Maracay con los Generales Verde Graterol e Isaías Baduel a petición del
propio General Verde Graterol, su superior inmediato, quien me mostró su
preocupación por el estado anímico del General de Brigada Raúl Seijas Baduel, a
raíz de publicaciones aparecidas en medios de comunicación, en las cuales se
mencionaba que iba hacer un pronunciamiento público de carácter político,
conversé con ambos generales quienes me manifestaron que en una oportunidad el
Presidente de la República los había llamado con la misma inquietud.
Como siempre les di mi voto de confianza y las mejores muestras de mi aprecio y
respaldo del Comando General del Ejército y siempre apoyando la
institucionalidad, así mismo el General en Jefe Lucas Rincón Romero me había
manifestado la preocupación del señor Presidente de la República por la
invitación cursada a los Tenientes Coroneles en situación de retiro Francisco
Arias Cárdenas y Jesús Urdaneta Hernández a la Brigada de Paracaidistas, según
versión del General en Jefe, el General Baduel negó que había cursado la
invitación.
El 10 de abril del 2002 realizaron una visita institucional al Comando General
del Ejército, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General
de la República y el Controlar General de la República, para tratar asuntos
institucionales. Esa noche dicté instrucciones al General Jorge García Carneiro
para que realizara inspecciones imprevistas en Fuerte Tiuna.
El 11 de abril del 2002 el Alto Mando Militar fue convocado para las 10 de la
mañana a la sala de reuniones de la Junta Superior, se contó con la presencia
del Ministro de la Defensa José Vicente Rangel, durante el día hubo la
presencia de unos diputados de esta honorable Asamblea, estas personas se han
venido convirtiendo en una especie de comisarios políticos en la Fuerza Armada,
yo como General no acepto esa condición.
En la reunión inicial el Vicealmirante Bernabé Carrero Cubero, Jefe del Estado
Mayor Conjunto, propuso al Ministro de la Defensa y General en Jefe retirar los
Círculos Bolivarianos de Miraflores, esta propuesta fue ratificada por mi
persona en calidad de Comandante del Ejército, con la recomendación de
solicitarle la renuncia urgente a la directiva de PDVSA, como una forma de
aliviar la presión de la marcha.
Lamentablemente las propuestas no fueron aceptadas, de inmediato recordé la
reunión preparatoria en Miraflores y no sé por qué tuve la imagen del aceite
quemado y las tachuelas mencionadas por los planificadores de ese evento. A
partir de ese momento y hasta las dos de la tarde se continuó observando la
marcha por televisión. No se tomaron decisiones en momentos tan críticos, una
masa crítica se empezaba a conformar, ahora y en entonces me pregunto ¿por qué
la inacción a pesar de nuestras recomendaciones?.
A eso de un cuarto para las dos el General en Jefe informó al Alto Mando que
por instrucciones del Presidente se debería dar una rueda de prensa las dos de
la tarde. Nosotros no fuimos informados sobre que hablaría el General en Jefe,
una coordinación entre él y el ciudadano Presidente de la República, ya había
información sobre algunos problemas en la calle, en esta rueda de prensa se
informó a la ciudadanía del completo estado de normalidad en la ciudad cuando
esa no era la realidad.
Me mantuve en compañía del General Rosendo tratando de localizar al señor
Carlos Ortega, con la intención de ir a conversar con él y detuviera la marcha,
fue el Comando General del Ejército a verificar el estado de las unidades,
cambié de vehículo a una Van de ocho puestos para salir a localizar al señor
Carlos Ortega, regresé al edificio de la Inspectoría General de las Fuerzas
Armadas, estos edificios están prácticamente uno al lado del otro.
Justo cuando me esperaba el General Rosendo Manuel se me acerca su ayudante
personal el Capitán O’Bryan para decirme que ya el General Manuel Rosendo no
iría a buscar al señor Carlos Ortega ya que las coordinaciones habían sido
infructuosas, y allí me informa en ese momento sobre la conversación e
instrucciones que el Ministro de la Defensa acaba de dar al Alcalde del
Municipio Libertador, Freddy Bernal, arma los Círculos Bolivarianos.
Habiendo asistido a las reuniones de gobierno, manejado información de
inteligencia y con conocimiento de la participación de oficiales en situación
de actividad en la formación de los Círculos Bolivarianos me preocupé por el
desarrollo de la situación, no estaba en condiciones de aceptar que se
promoviera la violencia de Estado, es decir, pueblo contra pueblo.
Pasó por mi mente la propuesta en una reunión de Junta Superior del Ministro de
la Defensa José Vicente Rangel, de autorizar la compra de armas de guerra de la
Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda, cuyo Alcalde es el ciudadano
José Vicente Rangel Avalos, según consta en actas que yo me opuse a tal
violación de la ley derivada de esa autorización.
En ese momento llega el Vicealmirante Bernabé Cubero, evento que sigue a
continuación de un vídeo presentado en esta sala, el pasado viernes en la
interpelación del General de División Manuel Rosendo y coincidimos de que la
situación era intolerable y acordamos dirigirnos al Palacio de Miraflores a
presentarle al señor Presidente de la República nuestra solicitud de relevo de
los cargos de Jefe de Estado Mayor Conjunto y Comandante General del Ejército.
Y así lo hicimos, pero en el trayecto me detengo en el Batallón Bolívar ya que
observo que hay una gran concentración de tropas no autorizadas y encuentro al
General de División Jorge Luis García Carneiro impartiendo instrucciones, el
General García Carneiro me informa sobre un problema en las alcabalas del
Fuerte Tiuna las cuales son responsabilidad de la Policía Militar, le pedí que
resolviera ese problema, llamé al General en Jefe para informarle la novedad y
las actividades que estaba realizando el General Jorge García Carneiro y el
problema de la alcabalas del fuerte.
Es en ese momento sería entre las 5 ó las 6 de la tarde, en el Comando de las
Escuelas del Ejército hay un grupo de oficiales muy preocupados por los actos
de violencia y asesinatos de civiles indefensos y desarmados que marchaban
pacíficamente. La situación era de total indignación.
Yo le comuniqué a estas personas que me encontraba camino a Miraflores para
solicitar mi relevo del cargo, dado que a pesar de los esfuerzos y novedades
que me tramitaban mis superiores nunca recibí las respuestas que pudieron haber
evitado esa terrible masacre, me sentí avergonzado por no tener respuesta a mis
subordinados, esa no es la carrera militar.
Todo el día lo perdimos en la sala de reuniones de la Junta Superior de la
Fuerza Armada acompañando al Ministro de la Defensa y al General en Jefe y
viendo los acontecimientos por televisión cuando nuestro deber era otros.
Se llegó a un nivel de masa crítica que a partir de la cual, cualquier acción
que se tomara sólo útil para elevar los niveles de violencia y el ejército no
es para reprimir al pueblo y menos cuando expresa pacíficamente su opinión.
Indignación, ira, impotencia, angustia invadían a al oficialidad, allá afuera
en El Silencio, en Miraflores, se asesinaban y violaban los derechos humanos a
la población que habíamos jurado en defender. Señores diputado colóquense la
mano en el corazón y ustedes también forman parte de una familia. ¿Por qué
matar para ahogar el derecho a expresar y a manifestar?.
La oficialidad me pidió que no los dejara solos que me mantuviera al frente del
ejército, eso hice hasta el día 15 de abril a las 10 de la mañana cuando
entregué el cargo. Dejo constancia que formalmente presenté mi solicitud de
relevo como Comandante General del Ejército al General en Jefe el día 14 de
abril cuando ya habían sido cumplidas las exigencias constituciones, y
solicitud formulada y aprobada por el ejército.
Lo dije ayer, lo digo hoy y lo repetiré por siempre, aquí no hubo un golpe de
Estado, mi solicitud de relevo del mando obedece a la indignación colectiva de
la Fuerza Armada contra quienes planificaron, organizaron y ejecutaron el
asesinato y violación de los derechos humanos de venezolanos que marchaban
desarmados, indefensos y pacíficamente hacia la sede del gobierno nacional.
Acepté la petición de mis subordinados de mantenerme al frente del ejército,
primero, porque es mi deber y segundo, porque nunca he sentido temor a las
responsabilidades, allá los que abandonaron sus tropas, los que ante el primer
empujón dejaron su despacho, aquellos que no pudieron mantener el control de su
componente, y fueron repudiados por sus subordinados.
Yo fui el único miembro del Alto Mando Militar que permaneció al frente de sus
responsabilidades hasta que la situación se resolvió y aquí estoy reafirmando
la legitima defensa de los derechos humanos, el respecto a la vida y
solicitando castigo para los responsables.
Del Comando de las escuelas regreso a mi despacho y me encuentro con la
información que el General en Jefe y miembros del Alto Mando se habían ido para
Miraflores en un helicóptero y no habían dejado instrucciones, le llamé
nuevamente y sin respuesta. La situación dentro del Fuerte Tiuna del malestar
de indignación por los muertos y heridos era de tal magnitud y ya estaba
alcanzando niveles críticos de perdida de control, decidí que personalmente
efectuaría una evaluación de la situación interna de las unidades.
En el Comando de las escuelas permanecía un numeroso grupo de oficiales que
exigían castigo para los responsables de los asesinatos y violación de los
derechos humanos, me preocupé y junto con los generales del ejército vimos que
la situación era de mucho cuidado, es en ese momento cuando recibo la
información que material de guerra, tanques del grupo Ayala han salido del
Fuerte Tiuna por orden del General de División Jorge García Carneiro, con
instrucción de la ejecución del Plan Avila.
De acuerdo al artículo 68 de la Constitución vigente, las armas de fuego no
pueden ser utilizadas en el control de manifestaciones pacíficas, estaba en
presencia de utilización de material de guerra pesado, tanques y cañones,
ametralladoras, granada y fusiles contra ciudadanos indefensos y desarmados.
Ante esta situación de violación a las previsiones constitucionales le ordené
al General de División del Ejército José Félix Ruiz Guzmán, Segundo Comandante
del Ejército, que detuviera la acción y ordenara el regreso de material de
guerra al Fuerte Tiuna.
En los días subsiguientes a los acontecimientos del 11 de abril se ha
especulado sobre el carácter disuasivo del Plan Avila, material de guerra
pesado contra civiles indefensos y desarmados es la disuasión del terror. El
Ejército no existe para aterrorizar a sus ciudadanos sino para protegerlos.
A continuación deseo explicar los fundamentos de mi decisión.
Plan Avila: Su origen. Como es del dominio público del denominado Plan Avila
tiene sus orígenes en los sucesos de febrero del 89, cuando se estima
conveniente a la hora de un plan de la naturaleza militar ajustado a la ley,
para sofocar situaciones de orden interno que ameritaban la intervención
organizada de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Este aspecto tiene que ser discutido, analizado y entendido con claridad y a
luz de las Constituciones del año 61 y del 99, revisemos algunos aspectos de la
Constitución del 61 relacionados con la misión y actuación de las Fuerzas
Armadas Nacionales y su rol en asuntos de orden público.
El artículo 132 definía a las Fuerzas Armadas Nacionales como una institución a
política, obediente y no deliberante asignada a las Fuerzas Armadas la defensa
nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la
Constitución y las leyes. Declaraba a las Fuerzas Armadas Nacionales al
servicio de la República y ni un caso el de una persona o parcialidad política.
El artículo 133 establecía que sólo el Estado puede poseer y usar armas de
guerra.
El en Titulo Noveno de la Emergencia se establecían las condiciones legales
para declarar el estado de emergencia en caso de conflicto interior o exterior
o cuando existieran fundados motivos de que uno u otro ocurra.
En otras palabras el campo de actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales era
muy amplio y se desarrollaba a través de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas
Nacionales e iba desde conflictos externos hasta situaciones de orden público,
el Plan Avila también se es conocido como Plan Soberanía.
Señores diputados, la Constitución del año 61 fue derogada en el año 99, cuando
un referéndum al pueblo venezolano aprobó su nueva Constitución y estoy seguro
que todos ustedes la conocen al detalle.
Sin embargo, deseo referirme al contenido del artículo 332. Capítulo Cuarto de
los Organos de Seguridad Ciudadana, el cual leo y comento a continuación:
Artículo 332. El Ejecutivo Nacional para mantener y restablecer el orden
público, proteger a ciudadanos o ciudadanas, hogares y familia, apoyar las
decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de
las garantías y derechos constitucionales de conformidad con la Ley, organizará
un cuerpo uniformado de policía nacional.
Señores diputados, vamos para el año 2002 y aún no se ha cumplido con este
mandato constitucional, ¿acaso no son los Círculos Bolivarianos el cuerpo
uniformado del cual habla la Constitución y que fueron llamados a Miraflores
para defender una revolución, que no se nombra en la Constitución?.
Debemos dignificar la labor que cumplen estos venezolanos designándoles tareas
en colaboración o en desarrollo nacional, este mismo artículo 332 da un mandato
muy claro y preciso, los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y
respetaran la dignidad y los derechos humanos sin discriminación alguna y
continúa, señalando la función de los órganos de seguridad ciudadana constituye
una competencia concurrente con los estados y los municipios en los términos
establecidos en esta Constitución y la Ley.
Como podrán observar no se menciona a la Fuerza Armada Nacional, estos son
mandatos muy claros, el orden público y la seguridad ciudadana son
responsabilidad de la autoridad civil y ya que todos hablamos de respetar la
Constitución del año 99, ¿por qué no se cumplió el 11 de abril del 2002 ante
una situación de orden público en el mandato constitucional? ¿por qué se ordenó
a las unidades militares con material de guerra salir del Fuerte Tiuna hacia
Miraflores? ¿cuál era el enemigo?.
El General Manuel Antonio Rosendo, Jefe del CUFAN, actúo correctamente al
oponerse a la activación del Plan Avila ya que no existió un enemigo, solo se
tenía la presencia de civiles indefensos y desarmados que marchaban
pacíficamente. Señores diputados, alguien dio órdenes violatorias a la
Constitución Nacional, justicia pide la Nación.
Yo ordené que los tanques que ilegalmente y en violación del artículo 332 de la
Constitución, salieron del Fuerte Tiuna bajo la responsabilidad del General
Jorge García Carneiro regresaran, este General del Ejército quien cuenta con mi
aprecio me juró lealtad ese día y le indiqué que continuara en su cargo, me
pidió no ser relevado del Comando de la División y allí permanece.
Desde el punto de vista constitucional el Plan Avila no existe para ser
aplicado y desarrollado en situaciones de orden pública, la Constitución es
clara y no deja lugar a dudas, los órganos de seguridad ciudadana son de
carácter civil y le asigna la responsabilidad del mantenimiento y el
restablecimiento del orden público al Ejecutivo Nacionales, quien debe hacerlo
con los medios que la misma Constitución establece, las policías.
La violación y los derechos humanos de la garantía del derecho a la vida. De la
protección por parte del Estado sin ningún tipo de discriminación en general,
de la Constitución de la República, se pretende ocultar una campaña de
desinformación tendiente a confundir a la población y opinión pública
internacional con la falsa afirmación de un supuesto golpe de Estado, de una
rebelión militar o de un motín, nada más falso.
El 11 de abril del 2002 en Venezuela ocurrió un crimen político, que no vacilo
en llamar violación de los derechos humanos. Los mandos del ejército ese día
impidieron que se ocultaran los asesinatos y la violación de los derechos
humanos.
Señores diputados, su mandato es legítimo, pero día a día debe ser legitimado
con sus acciones en defensa de sus electores, que somos todos los ciudadanos de
este país.
Les puedo también decir a los señores diputados, que los tanques movilizados
fueron adquiridos por el Gobierno de Venezuela para formar parte de las
unidades de caballerías en la frontera venezolana y será utilizado en la
neutralización de unidades blindadas o contra tropas enemigas, su ubicación y
utilización natural es la frontera patria.
Los tanques son armas ofensivas, no disuasivas y jamás para ser empleadas para
el control de disturbios civiles o manifestaciones públicas. Es como si para
proteger la casa del Comandante General del Ejército, en vez de usar la policía
militar, se utilizara un tanque para la protección contra los delincuentes
comunes, los malhechores, el hampa, o cualquier otro tipo de perturbación.
Algunos antecedentes servirán para ilustrar el uso de tanques en el control del
orden público. Hay muchos ejemplos, se usaron en Alemania Oriental, en el año
1953 para disolver protestas civiles.
En la Unión Soviética los desplegó para reprimir los levantamientos populares
de Budapest en el año 1956 y en Praga y Polonia en 1968.
China igualmente los utilizó en la Plaza de Tien-An-Men, de Beijing, con los
resultados que todo el mundo conoce.
En Chile en 1973, también hubo trágicas muertes por la utilización de material
blindado.
Como ustedes pueden observar, no es mera casualidad que haya sucedido en
gobiernos donde no existía democracia.
¿Somos o no somos un país democrático que usa sus Fuerzas Armadas para proteger
a la nación y su población?
En el Ejército lo tenemos claro, las armas de la nación no son para ser usadas
contra la población civil indefensa y desarmada.
Señores diputados, esos son hechos criminales que se ventilan en los tribunales
internacionales.
En la Venezuela contemporánea salieron los tanques de Fuerte Tiuna el 4 de
febrero y el 27 de noviembre del año 92, recuerden las imágenes del Palacio
Blanco, las muertes de civiles y militares y el Caracazo del 27 de febrero del
año 89, ¿se van a olvidar esos muertos? ¿Se va a mitigar el dolor de la familia
venezolana?
El 27 de febrero del presente año, el propio Jefe de Estado expresó “nunca
jamás se empuñarán las armas contra el pueblo venezolano” y entonces por qué se
ordenó la utilización de material de guerra contra la población.
Se cuenta con el agravante de que el ejército sufrió una reducción del 47% de
su presupuesto y casi un cuarto, un 25% en sus efectivos.
Señores diputados, ustedes comprenden las implicaciones que para la seguridad y
defensa del Estado venezolano estas medidas tienen, en su mayoría los
contingentes con más experiencia fueron dados de baja, lo que afectó la
institución, la operatividad y el número de efectivos para los diferentes
servicios, lo que nos ha colocado en una condición minusválida ante las
posibles amenazas que podía enfrentar Venezuela, eso lo sabe el Ministro de la
Defensa, nada se ha hecho para solucionar el problema.
¿Cómo se explica a los ciudadanos que hay dinero para los Círculos Bolivarianos
y no existe para mantener un ejército en condiciones de cumplir con su misión
constitucional?
¿Es que acaso nuestros oficiales y nuestros suboficiales no están viviendo en
situaciones precarias?
Hubiese sido un rimen genocida la utilización de este material de guerra para
controlar el orden público, hasta en operaciones contra países hostiles por
ética militar, el blindado no se utiliza contra la población civil.
¿No es acaso una violación constitucional el quebrantamiento del principio de
proporcionalidad del cual habla la Ley para el empleo de las armas?
¿Contra quién iban a ser empleados los tanques? ¿Contra civiles indefensos y
desarmados?
Yo tuve el honor de comandar el ejército venezolano y bajo mi mando no permití
que de su actuación pudieran acusar de violador de los derechos humanos,
indigna mancha.
Yo no puedo participar en el asesinato de la población y de encubrimiento del
mismo, mis subordinados tampoco y ellos me aceptaron como líder por mis
principios y valores.
No entiendo y sé que ustedes tampoco, la afirmación de un alto funcionario, que
en esta Asamblea manifestó que los motivos para las renuncias, las
negociaciones de renuncias o abandono de los cargos, la negligencia en la toma
de decisiones fueron realizados deliberadamente, para evitar derramamiento de
sangre y confrontaciones entre civiles y militares.
Yo no entiendo. Si los militares lo que hicimos fue no empuñar las armas, y
permanecer en nuestros cuarteles y en el Ejército el único autorizado para dar
órdenes a las unidades era su Comandante General.
Preferiría ser yo el juzgado, antes que permitir que uno de mis comandantes de
unidad, por ejemplo, el teniente coronel Cepeda Báez, Comandante del Batallón
de tanques para ese entonces y en quien toda responsabilidad iba a recaer,
tuviera que ser llevado a juicio.
¡Que vergüenza! ¡Qué dolor! Cuando existen jefes que no asumen su
responsabilidad, se protegen detrás de su escritorio y vacilan ante el deber.
A eso de las 8 de la noche llegué al regimiento Agustín Codazzi, sin otra
intención que llamar a la tranquilidad a la población y ofrecerle nuestra
disposición de protegerle sus vidas y resguardar sus bienes.
Asimismo informar que el ejército no saldría a reprimir al pueblo y que la
unidad de tanques que estaba fuera del Fuerte Tiuna había sido ordenado su
regreso, es aquí cuando me entero que ha habido más de 15 muertos y cerca de
200 heridos de balas.
La indignación era general e intolerable y lo continúa siendo. Allí decidimos
fijar una posición institucional ante los terribles sucesos de ese día 11 de
abril y para deslindar a la Fuerza Armada Nacional de los crímenes cometidos
por fanáticos y francotiradores.
No se puede tolerar el asesinato de civiles indefensos y la violación de los
derechos humanos y después de tratar de ocultar a los asesinos y violadores de
los derechos humanos detrás de la ejecución de un Plan Avila.
Siempre los muertos, siempre los problemas se le endosan a los militares,
¿hasta cuándo? Nuestra posición institucional militar tenía por objeto no un
golpe de Estado, muchísimo menos la usurpación del poder por el Ejército, de
allí que los hechos que culminan el 11 de abril, de ruptura total del orden
constitucional en su fundamento más delicado como son los derechos humanos.
Se hizo imperativo aplicar el artículo 350 de la Constitución, desconociendo
las órdenes de una autoridad que persistía en contrariar valores y garantías
democráticas y menoscabar los derechos humanos, pues la función del Ejército no
es controlar ni reprimir manifestaciones populares.
La función del Ejército es garantizar la independencia y soberanía de la
nación, mediante la defensa militar para lo cual debe también mantener el
control interno, pero nunca confrontar con las armas de guerra al pueblo de
Venezuela.
La posición institucional se hace porque entra en balance el mal mayor o el mal
menor o el despliegue del Ejército con toda su consecuencia y el costo social
de sangre inocente o la desobediencia y la decisión de la autoridad, ese era el
dilema.
Al señor Presidente le consta mi lealtad, ese día se lo dije. Como miembro del
Alto Mando Militar, en varias ocasiones de una manera respetuosa siempre
recomendé rectificaciones, acciones, le presenté pruebas de hechos que se
estaban sucediendo, le hablé de la conveniencia de mejorar la imagen del
Ejército, acepté callada muchas veces su discrepancia con mis recomendaciones.
Hubiese dado mi vida por evitar esas muertes ese día y por defender la figura
presidencial, que creo que es la figura más grande que tenemos en este país.
Señores diputados, los generales del componente Ejército, hicieron un llamado
que no se podía obviar, defender la población y hacer respetar los derechos
humanos.
Ese día yo tenía familias y amigos en ambos lados de las concentraciones, ¿es
justo tener a la sociedad dividida, al país con temor?
En todo momento y en cumplimiento de mis deberes militares como Comandante del
Ejército, informé, advertí con tiempo suficiente al Alto Mando Militar y digo
Alto Mando Militar sin ambigüedades, sobre la delicada situación del país.
Señores diputados, nada se hizo, el silencio siempre fue la respuesta, se
informó sobre la existencia de grupos armados llamados bolivarianos, nada se
hizo. Informé al General en Jefe Lucas Rincón Romero sobre la utilización de
oficiales de la Fuerza Armada con fines políticos dentro de los cuarteles, nada
se hizo.
En la revista de circulación nacional “Primicia”, No. 226, correspondiente al
mes de mayo del año en curso, el Gobernador del Estado Barinas, Antonio Rojas
Suárez, militar en situación de retiro, afirma “considero que se han cometido
muchos errores, hay que sacar a la Fuerza Armada de la confrontación política”,
esa no es su área natural de acción.
Lo que conseguimos y vemos hoy es una Fuerza Armada fracturada, fragmentada y
eso es peligroso y triste. La Fuerza Armada quedó herida, al igual que el país,
después del 11 de abril”.
El 11 de abril de nuevo se violentó la cadena de mando, al impartirse órdenes
para la activación ilegal del Plan Avila, y el movimiento no autorizado de
tropas contra un enemigo inexistente.
¿Por qué se trató de controlar una situación de orden público con material de
guerra?
Los antecedentes y sucesos de ese día, quedaron en un estado de necesidad, con
la sistemática violación de los derechos humanos, actuamos por y con libertad
de conciencia en legítima defensa del pueblo que hemos jurado defender y
proteger con lealtad.
Lo dije en ese momento y ahora lo reafirmo, los muertos del 11 de abril no se
pueden tolerar, no me puedo ser cómplice de asesinatos y violación de los
derechos humanos, mis generales tampoco, mi ejército jamás lo permitiría.
Lo digo y lo sostengo, yo soy responsable de mis actos y de las órdenes que
impartí para proteger a la población y para los asesinatos de civiles
indefensos y desarmados que marchaban pacíficamente.
La figura utilizada de golpe de Estado, las órdenes impartidas para realizar
juicios o presunta rebelión militar o motín, sólo tienen una finalidad, ocultar
la actuación de la Fuerza Armada Nacional en protección de los ciudadanos y
detener la violación de los derechos humanos.
El Ejército con su actuación, creó las condiciones para que los órganos de
justicia actúen, descubran y castiguen a los culpables de asesinato y violación
de los derechos humanos, de civiles indefensos y desarmados que marchaban
pacíficamente.
Nuestro objetivo pacífico fue crear las condiciones para que los órganos de
justicia actuaran. Es triste que la Comisión de la Verdad, todavía esté en
proceso de conformación.
A los comandantes de batallón los instruí para el cumplimiento de la
Constitución. Les decía que cuando tuvieran dudas de cumplimiento de una orden
consultaran la Constitución, les advertí la ilegalidad de la utilización del
Ejército para fines políticos, del peligro de repeticiones de golpe de Estado
en Venezuela, e inclusive de que si consideraban que el Comandante General del
Ejército emitiera una orden ilegal, no la cumplieran, todo esto se los dije
cara a cara en reuniones, en marchas.
La seguridad de haber ejercido un liderazgo basado en el ejemplo, me permitió
que los días 11 al 14 de abril de 2002, las unidades no saldrían de sus
cuarteles, por causas políticas que provocaran enfrentamientos entre militares
y civiles.
De esto doy fe, tengo pruebas y por eso me entristece que jóvenes comandantes
de batallón en un número considerable fueron removidos de sus cargos por
cumplir con su deber, por no sacar tropas a la calle, por no permitir
enfrentamientos.
Es triste ser castigado por ser honesto, por defender a la población, por
cumplir con los deberes militares.
Para entender la posición institucional del Ejército el 11 de abril, es
importante aclarar su legalidad, efectos, intención y proporcionalidad,
legalidad en cuanto atañe a si el acto es bueno y es legítimo, ambos extremos
se cumplen, es bueno por cuanto detiene la masacre de civiles indefensos y
desarmado.
Es legítimo por cuanto son prohibiciones constitucionales en los artículos 332
y 350 de la Carta Magna vigente y contenido de los tratados y convenios
válidamente suscritos por la República, referidos en los Convenios de Ginebra y
Protección de los derechos humanos.
Los efectos son moralmente aceptables, ya que detuvo la matanza de civiles
inocentes, existió buena intención, ya que los efectos buscados, parar la
matanza de civiles indefensos y desarmados se logró.
Finalmente, debo referirme a la proporcionalidad de la acción.
La Fuerza Armada ha podido enfrentarse con la población civil, esto hubiera
aumentado la masacre de civiles indefensos y desarmados que marchaban
pacíficamente y dificultado la labor de la justicia en la ubicación de los
responsables de los asesinatos y violación de los derechos humanos.
Ese día, cerca de las 11 de la noche, llegó a la sede del Comando General del
Ejército el General de División en situación de retiro, Ismael Hurtado Sucre,
actual Ministro de Infraestructura, con un mensaje del señor Presidente de la
República que me pareció muy extraño.
El General me informa que el Presidente me pedía le renunciara y que me fuera
para mi casa y nada había pasado. Extraña me pareció su propuesta, nada
escrito, si ese era su deseo, por qué no envía una resolución de cambio y la
designación del nuevo comandante.
El Ministro Hurtado Sucre habló con otros generales y se retiró. Más tarde
recibí dos llamadas. La primera del General Manuel Rosendo, quien me informó
que el Presidente había decidido renunciar si le daban un avión para irse al
exterior.
Al segundo el Ministro de la Defensa José Vicente Rangel, quien me dio el mismo
mensaje y que enviara dos generales al canal 8, que el Presidente iba a
ratificar su renuncia allí.
A las 3 de la mañana el General en Jefe Lucas Rincón Romero, participó al país
que el Presidente había renunciado y minutos más tarde, el Presidente llegó a
la Comandancia del Ejército con su Jefe de Casa Militar, escolta, los generales
Hurtado y Rosendo, de ahí en adelante, la historia es ampliamente conocida.
Particularmente ordené a un oficial superior cuidar con su vida la integridad
del señor Presidente de la República, mientras definían su petición de viajar
al exterior.
El 12 de abril, en horas de la tarde, asistí al Palacio de Miraflores a la
concentración de las fuerzas vivas convocada por el señor Pedro Carmona y
después me retiré a mi comando, preocupado por el contenido del decreto leído
en el acto, por lo que convoqué a una reunión de comandantes de unidades
tácticas en Fuerte Tiuna para el día 13 de abril, a fin de analizar el decreto.
Pasé por mi hogar, ya que tenía 4 días sin saber de ellos y velar por su
seguridad personal. Hemos sido amenazados varias veces, amenazas que aún
continúan.
Consulté a expertos constitucionalistas, entre ellos el doctor Hermann Escarrá
y al doctor Juan Bracamonte, quienes asesoraron sobre la inconstitucionalidad
del decreto.
El resultado de esas reuniones y consulta quedó materializado en una segunda
posición institucional, conocida como la exigencia del Ejército, cuyo único
propósito fue rescatar la vigencia de la Constitución.
Esta posición institucional fue apoyada por todos los comandantes de unidades
tácticas del Fuerte Tiuna, quienes me manifestaron que la única autoridad que
reconocían era la mía.
Asimismo ratifiqué públicamente a todos los mandos existentes en la
organización del Ejército. Esta posición institucional, solicitando la
restitución de los poderes públicos, al igual que el realizado por la Guardia
Nacional, abrió el camino al resto de los acontecimientos, eso es historia.
En ese período, resaltan las llamadas telefónicas del Gobernador del Estado
Táchira y el Embajador de Cuba, el primero de ellos, Ronald Blanco La Cruz,
alterado, amenazante y compulsivo; el Embajador cubano llamó en nombre del
Presidente Fidel Castro.
Señores diputados, en Venezuela el Ejército no dio un golpe de Estado, lo que
verdad es que hubo una conspiración contra las Fuerzas Armadas para acabar con
los mandos militares y el mérito y ahogar la protesta de la sociedad civil.
Lamentablemente caímos en una especie de trampa diabólica y aclaro por qué. Me
entero durante la interpelación del General en Jefe Lucas Rincón Romero, que la
renuncia del señor Presidente fue un acuerdo entre los dos y el reclamo que
surgió posteriormente es que el Presidente nunca firmó la renuncia.
¿A qué se debió la ausencia del General en Jefe Lucas Rincón Romero durante la
presencia del Presidente en la Comandancia General del Ejército?
Durante la exposición del General de División Manuel Rosendo, me entero que el
General del Ejército en Situación de Retiro, Ismael Hurtado Sucre, presentó al
señor Presidente una presunta propuesta de solicitud de renuncia del Ejército,
acompañada de una serie de compromisos.
Señores diputados, el Comandante General del Ejército para el día 11 de abril
era el General de División Efraín Vásquez Velazco y yo no solicité e impuse
condiciones para la renuncia del señor Presidente de la República. Yo nunca
firmé petición alguna de renuncia del señor Presidente.
Señores, yo no sé cómo llamar a esta situación, si un golpe de Estado o una
conspiración o un autogolpe.
Los eventos que se sucedieron, por ejemplo, oficial de las órdenes del
Comandante de la Tercera División buscando personas en los barrios adyacentes a
Fuerte Tiuna para que se ubicaran en la Alcabala Número 3, oficiales con
megáfonos arengando las masas, vicepresidentes escondidos, ministro impartiendo
instrucciones para armar los Círculos Bolivarianos organizados desde la
Vicepresidencia de la República.
Un alto militar restringido en su actuación, órdenes impartidas para utilizar
el material de guerra contra la población civil indefensa y desarmada que
marchaba pacíficamente.
Todos estos eventos ¿qué propósitos perseguían? Suficientemente hablado y
publicitado está el tema del binomio pueblo-Fuerzas Armadas, esto es algo que
inclusive yo mismo siempre promulgué y trabajé en los comandos de guarnición
donde tuve el honor de trabajar, pero hoy en día señores no sería la ejecución
del Plan Avila la materialización violenta de esa idea?.
El Ejército no salió a reprimir a la población, se mantuvo en sus cuarteles
creando las condiciones para que el Fiscal General de la República y Defensor
del Pueblo actuara legalmente contra los asesinos y violadores de los derechos
humanos. Nada se hizo, el silencio y la inacción fue la respuesta. Aquí no hubo
un golpe de Estado, hubo una complicidad generalizada previa a la puesta en
práctica de acciones dañinas que ahora esos mismos actores hacen todos los
esfuerzos para ocultarla. No se como llamar a la actividad final que vino
siendo forzada, golpe de Estado, conspiración o autogolpe. El Ejército, las
fuerzas armadas no podían y no puede participar en este tipo de actividades.
Para finalizar, deseo manifestarles que sueño con ser y sentirme feliz y
orgulloso cuando vea en nuestro país una sola marcha, una sola mano, un solo
horizonte en lugar de energías perdidas. Cuando juntos como venezolanos podamos
marchar sin diferencia de razas, estrato social o credo. Sueño que cada uno
como miembro activo de la sociedad puede expresar su ideología política y
reclamar sus derechos y haya respeto mutuo, nuestros hijos demandan ejemplos,
rectificación, tolerancia, diálogo y conciliación para labrar un futuro lleno
de esperanza.
Regalemos a nuestros hijos y nietos la dicha de dormir en paz, sólo así podemos
vivir en paz. Se que mis compañeros de la Fuerza Armada Nacional desean la
verdadera institucionalización y apolitismo, desean mantener un único norte,
representado en la misión constitucional: fortaleza a todos los militares
activos y retirados.
Señores diputados, hierran quien a sabiendas de nuestros valores
institucionales piensan que mentiremos para ocultar a los responsables de los
asesinatos y violación de los derechos humanos, hierra quien en ejercicio de su
responsabilidades violan la ley y asumen que la Fuerza Armada es un escudo
protector del cual se ocultarán, hierran quienes con sus acciones desean
someter a la población bajo sus fuerzas, contrariando su firme voluntad de ser
libres, hierran quienes piensan que el Ejército no es el Ejército y puede ser
utilizado con fines no previstos en la Constitución.
Señores diputados, el Ejército y solamente el Ejército logró garantizar la
Constitución. Muchas gracias.
Presidente: Tiene la palabra del Diputado Tarek William Saab.