INFORME DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA ESPECIAL PARA INVESTIGAR LOS SUCESOS DE ABRIL DE 2002
ANTECEDENTES
Como ha quedado demostrado, la puesta en práctica de planes desestabilizadores por parte de la mayoría de las organizaciones, gremios y partidos que hoy se identifican como sectores opositores, fue considerada seriamente incluso desde el mismo momento en que la candidatura de Hugo Chávez se perfilaba como una opción ganadora, al punto de planificar movimientos cívico-militares que desconocieran su triunfo, valiéndose para ello también de artimañas y arreglos, tales como el fraude electoral. Ya durante el período presidencial, estos planes se caracterizaron por el uso de un repertorio de confrontación directa, que incluía formas de presión y de protesta de signo desestabilizador, tales como paros ilegales, actos terroristas en refinerías, pronunciamientos militares ilegales, etc.
Debido a la gran legitimidad alcanzada por el gobierno nacional, tanto en las elecciones de 1998 como en los siguientes procesos electorales, y de manera de hacerle frente, los sectores conspiradores, en connivencia con buena parte de los medios de comunicación privados, pusieron en práctica un plan de condicionamiento psicológico dirigido al sector de la población que consideraron susceptible de movilizar a partir de la difusión de informaciones tendenciosas, de tergiversaciones o mentiras relacionadas con la acción de gobierno o con determinados actores o líderes claramente identificados con el proceso de cambios. Esta labor de desgaste político del régimen constitucional se vio facilitada por el apoyo de algunos elementos coparticipes de la gestión de gobierno, cuya misión era propiciar errores y colocar trabas en la administración publica, tal y como expuso el contralmirante Molina Tamayo en el programa "24 Horas", transmitido por Venevisión el día 12 de abril.
Al final del año 2000, la Asamblea Nacional aprobó por amplia mayoría una ley que habilitaba al Ejecutivo para legislar en varias materias de fundamental importancia para el desarrollo económico de la nación y la reorganización del Estado. Luego de que el Ejecutivo, en noviembre de 2001, dictó los 49 decretos con rango de Ley, la patronal Fedecámaras -sin que mediara ninguna crítica de fondo al contenido de algunos de los decretos con fuerza de ley, así como tampoco la formulación de propuestas alternativas- convocó a un paro nacional para el 10 de diciembre de 2001, con el apoyo de la CTV. Con esta acción se dio inicio a la etapa final de la conspiración, y se terminó de configurar la agenda golpista, que incluía lograr el control de la Asamblea Nacional y propiciar movilizaciones de calle que prepararan el terreno para la convocatoria, por parte de la CTV y Fedecámaras, de paros escalonados en sectores claves de la economía, y por último un paro general. Del contenido de esta agenda golpista da fe la conversación, hecha pública por diputados oficialistas, entre Carlos Ortega, presidente de la CTV y el ex presidente Carlos Andrés Pérez, a principios de enero del año 2002.
Posteriormente, durante el mes de febrero de 2002, se dio inicio a la serie de pronunciamientos militares por goteo: un pequeño grupo de militares de alto y mediano rango, sin conducción de tropa, aprovechando la amplia cobertura de los medios de comunicación privados, irrumpieron en eventos públicos, formulando críticas contra el gobierno nacional, lo que califica como insubordinación. Uno de los objetivos era crear la impresión de que un sector mayoritario de la FAN estaba dispuesto a retirar su apoyo al gobierno nacional. Pero el objetivo más importante era agitar al sector de la población previamente sometido a condicionamiento psicológico, fomentando la idea de un gobierno ilegítimo, debilitado y fácilmente removible.
También en el mes de febrero, fue nombrada una nueva junta directiva de Pdvsa, presidida por el Dr. Gastón Parra Luzardo, de amplia trayectoria académica. Esta medida generó un amplio rechazo por parte de un sector importante de la nómina mayor de la empresa, que organizó paros de actividades y saboteos de las operaciones técnicas y comerciales de la empresa, poniendo en peligro la estabilidad económica, política y social de la República, con el único argumento del supuesto irrespeto a la meritocracia, lo que no constituía más que una excusa para impedir que el Estado indagara en lo referente a los excesivos gastos operativos de la petrolera, a todas luces desproporcionados en comparación a otras empresas transnacionales del ramo.
Una vez agudizado el conflicto, el grupo conspirador encabezado por dirigentes de la CTV, Fedecámaras, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y dueños de medios de comunicación, aprovechó el conflicto petrolero para activar la fase final del plan golpista, y convocaron a un paro nacional para el día 9 de abril, el cual fue prorrogado para el día 10 y posteriormente fue declarado indefinido y activo.
A su vez, se convocó para el 11 de abril a una marcha desde Parque del Este hasta la sede de PDVSA en Chuao, que luego fue la desviada por sus organizadores hacia el Palacio de Miraflores, con las consecuencias por todos conocidas.
Este informe se encarga de demostrar que no hubo acción al azar. Desde el paro convocado por Fedecámaras para el 10 de diciembre de 2001, hasta los muertos en los alrededores de Miraflores, formaban parte de un plan previamente elaborado, que terminó de consumarse el 11 de abril, con el Golpe de Estado. Aventura golpista que fracasó estrepitosamente el 13 de abril, a raíz de la acción conjunta del pueblo en la calle y la Fuerza Armada Nacional leal a la constitución.