INFORME DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA ESPECIAL PARA INVESTIGAR LOS SUCESOS DE ABRIL DE 2002
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y LOS SUCESOS DE ABRIL EN VENEZUELA
6.1.- Evaluación general
Venezuela estuvo en el centro de la atención mundial con motivo de los sucesos desencadenados el 11 de abril a causa de un fallido Golpe de Estado, cuyo desenlace no hizo sino apuntalar su destino democrático y consolidar la respetabilidad y ascendencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el concierto de las naciones. Ante los embates sufridos por la democracia y la legalidad, la comunidad internacional reaccionó en forma rápida y enérgica para contribuir a la preservación de los instituciones democráticas en el país.
En aquellos momentos cruciales de la historia nacional estaba en juego no sólo la suerte de Venezuela, sino también la credibilidad y la capacidad de la propia comunidad internacional y regional para hacer valer fundamentales propósitos y principios vinculados con la democracia, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a las leyes, los cuales se fortalecen con el paso del tiempo y se tornan cada vez más necesarios para la convivencia armoniosa y civilizada entre los países. El momento venezolano fue también un desafío para que todas las naciones de vocación pacifista y democrática apoyaran a un pueblo que había visto conculcadas sus libertades y que luchaba por recobrar su dignidad.
Gobiernos de todas las latitudes, organizaciones y agrupaciones regionales e internacionales condenaron sin ambages la interrupción del estado de derecho y respaldaron enfáticamente el retorno a la normalidad constitucional en Venezuela.
La comunidad internacional se ponía así al lado de la democracia y la libertad, de un gobierno elegido inequívocamente por el pueblo venezolano; de un gobierno que en el plano interno impulsaba un histórico proceso de revolución pacífica y que llevaba adelante una activa política exterior comprometida con la democratización de las relaciones internacionales y con las mejores causas de la humanidad.
La nueva realidad venezolana, que empezó a configurarse a partir de 1999, suscitaba naturalmente el interés internacional. En círculos gubernamentales y académicos de países desarrollados y en desarrollo, se observaba con atención la determinación de afianzar un modelo democrático encaminado a rescatar valores humanos y espirituales; de un gran proyecto político, económico y social acorde con las realidades específicas del país y respaldado en forma abrumadora por los venezolanos en reiteradas consultas electorales. Propósito irrevocable era y es el de obrar en favor de los venezolanos con un claro sentido de plenas libertades, de justicia social y de democracia participativa, de combatir el atraso, la pobreza, la ineficiencia, la corrupción, de hacer una Venezuela más acorde con los valores bolivarianos y a la altura de las exigencias actuales.
Toda una concepción y un programa sustentados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como norma fundamental de la nación en su desenvolvimiento interno y su política exterior en tiempos de revolución pacífica y democrática. Venezuela se transformaba así en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la preeminencia de los derechos humanos. En el lapso de tres años, la Constitución Bolivariana pudo ampliar los espacios democráticos e iniciar nuevas formas de convivencia, propiciando la participación de los excluidos de siempre.
Al asumir la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías se propuso llevar adelante una intensa gestión en el avance tanto de los intereses nacionales como de los objetivos juzgados como esenciales por la comunidad internacional. Así ha procedido, al amparo de una política exterior integral y con perfil propio concebida como factor de desarrollo económico y social de la nación, y como factor coadyuvante en la conformación de un mundo multipolar, de mejores horizontes para todos los pueblos.
El hecho de ser un país inmerso en significativas transformaciones confería a nuestra política exterior una legitimidad y una sustentación democrática, nutrida con los mismos principios de justicia y equidad que sustentan la actuación del Gobierno Nacional para fomentar el desarrollo integral del país y su renovación política e institucional. Nuestra presencia internacional se reforzaba además con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 en el contexto del equilibrio básico titulado "Fortalecer la Soberanía Nacional y promover un Mundo Multipolar".
La nueva política exterior no ha podido ser más transparente y abierta, comprometida con la paz, la convivencia, la autodeterminación de los pueblos, y el respeto a la no-intervención en los asuntos internos de los Estados. De allí que en América Latina y el Caribe se propiciara, con hechos, el diálogo, la integración y la solidaridad con todos los países de la región sin distinciones de ningún género. De allí que se ensancharan nuestros vínculos con países de otras latitudes persuadidos de las oportunidades que ofrecen el diálogo universal y la más amplia cooperación. De allí los numerosos contactos a nivel presidencial respondiendo siempre al propósito de ampliar, soberanamente y con base en el pluralismo internacional, nuestras posibilidades y alternativas de acción en los más variados escenarios y con los más diversos actores, cultivando al propio tiempo las vinculaciones con nuestros amigos y socios tradicionales.
Como resultado de las giras presidenciales y de la multiplicación de contactos oficiales en el ámbito internacional, se abrieron nuevas oportunidades para atraer la inversión extranjera, para penetrar otros mercados y ensanchar las posibilidades de intercambio económico y comercial. Así lo demuestran más de 200 acuerdos bilaterales suscritos en los últimos años, sobresaliendo aquellos de cooperación económica y comercial.
Aspecto resaltante, desde el inicio mismo de la gestión del Gobierno, ha sido también la participación activa en la OPEP, cuya II Cumbre se realizó en Caracas, y en los foros del Sur como el Grupo de los 77 y el Grupo de los 15, presididos por Venezuela; contribuyendo de esa manera a fortalecer la actuación de los países en desarrollo frente a los grandes temas económicos mundiales. Además de la cooperación sur-sur, se ha impulsado con no menor determinación el diálogo norte-sur como vía para encontrar fórmulas de consenso en la solución de problemas económicos y sociales.
De modo que la política exterior de Venezuela adquiría un impulso y un dinamismo con pocos precedentes en su existencia. A través de una diplomacia directa y proactiva se proyectaba una nueva visión internacional, permitiendo la apertura de otros espacios para el país en función de nuevos valores políticos, sociales y éticos. Se lograba, en definitiva, una inserción protagónica de Venezuela en el mundo y un liderazgo indiscutible de su Jefe de Estado.
Y este gran proyecto bolivariano, en sus diferentes dimensiones, se abría paso frente a la resistencia y tal vez la ignorancia e incomprensión de sectores, de adentro y de afuera del país, que aferrados egoístamente a sus exclusivos intereses, a sus privilegios tradicionales, se empeñaban en distorsionar la imagen del proceso que vive la nación, y en tergiversar incluso la resuelta acción desplegada en la esfera internacional en aras de objetivos vitales para Venezuela.
Fuerzas adversas al sentir mayoritario del pueblo venezolano precipitaron los acontecimientos del mes de abril que trajeron consigo la alteración del hilo constitucional y la violación, en menos de dos días, de derechos inalienables de la persona humana, establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales. Al cabo de pocas horas, Venezuela salía airosa de una difícil prueba y también salía airosa la comunidad internacional al triunfar la legalidad y la convicción democrática.
6.2.- Reacciones y pronunciamientos
Sucinta evaluación de las principales reacciones y pronunciamientos con respecto a los sucesos iniciados el 11 de abril, en los ámbitos regional, hemisférico, de Europa y otros países y agrupaciones.
América Latina y El Caribe
Los acontecimientos del 11 de abril coinciden con la celebración de la reunión Cumbre del Grupo de Río en San José, Costa Rica. Tan pronto se tuvo conocimiento de la crisis que vivía Venezuela, se hizo patente, de manera inmediata y categórica, el rechazo a la alteración del orden constitucional en Venezuela y su apoyo a la voluntad de restablecer la legalidad democrática. Los presidentes abordaron en forma prioritaria la situación y emitieron, el mismo 12 de abril, la siguiente Declaración en nombre del Grupo de Río.
"Los Presidentes de los países miembros del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río, ante los hechos ocurridos en Venezuela, y ratificando su adhesión a los procedimientos democráticos y al Estado de Derecho, expresan lo siguiente:
Reafirman el Derecho de los pueblos a la democracia y la obligación de los gobiernos de promoverla y defenderla, y reconocen que la democracia representativa es indispensable para la paz y el desarrollo de la región dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana.
Lamentan los hechos de violencia que han provocado la pérdida de vidas humanas y acompañan al pueblo venezolano en su deseo de reconstruir una democracia plena, con garantías ciudadanas y de respeto a las libertades fundamentales.
Condenan la interrupción del orden constitucional en Venezuela, generada por un proceso de polarización creciente.
Insta a la normalización de la institucionalidad democrática en el marco de la Carta Democrática Interamericana y a dar los pasos necesarios para la realización de elecciones claras y transparentes, en consonancia con los mecanismos previstos por la Constitución venezolana.
Informa que el Grupo de Río ha solicitado al Secretario General de la OEA la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
Solicitamos al Secretario General de la OEA, se disponga a tomar contacto con la realidad política de Venezuela a través de los medios que considere más adecuados. "
A este pronunciamiento del Grupo de Río se añadieron declaraciones individuales formuladas por un buen número de Jefes de Estado y de Gobierno. Entre ellas resaltan la del Presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso: "este continente es democrático y no acepta gobiernos de fuerza"; Vicente Fox: "México se abstendrá de reconocer o no al nuevo Gobierno de Venezuela"; Eduardo Duhalde de Argentina: "Nadie puede considerarlo legitimo"; Luis González Macchi de Paraguay: "No hay duda de que es ilegitimo"; Hipólito Mejía de la República Dominicana: " Chávez fue electo por el pueblo, por lo que su renuncia obligada debe ser preocupante"; Said Wilbert Musa, Primer Ministro de Belice, en nombre de los 14 Estados miembros de CARICOM:" Lamentamos el uso de la fuerza y la violación del orden constitucional e institucional en Venezuela, además de la perdida de vidas y la violencia que acompaño los eventos en ese país hermano".
Las enfáticas reacciones por parte de los lideres latinoamericanos y caribeños no solamente condenaban al gobierno de facto, sino que anunciaban su inminente aislamiento regional e internacional. Tan sólo se produjo una voz disidente, la del Presidente de El Salvador, Francisco Flores, quien afirmó en Costa Rica que "nuestro Gobierno va a acercarse al Gobierno de transición" .
Una vez restituida la continuidad democrática en Venezuela, el Gobierno de Colombia decidió explicar su posición. El 15 de abril el presidente Andrés Pastrana emitió una declaración en la cual, además de recordar que en el Grupo de Río y en la OEA su Gobierno había condenado activamente la interrupción del orden constitucional, formulaba votos por la estabilidad de Venezuela, así como "su confianza en que ambos Presidentes puedan profundizar y ampliar la cooperación en materias tan fundamentales como la lucha contra el terrorismo y las drogas ilícitas".
Estados Unidos
Al ocurrir los acontecimientos del 11 de abril, funcionarios del gobierno norteamericano se apresuraron a dar declaraciones que de alguna manera parecían avalar al gobierno de facto. Por ejemplo, Phillip T. Reeker, portavoz del Departamento de Estado, señalaba el 12 de abril " aunque los detalles aún no están claros, las acciones no democráticas cometidas o propiciadas por la administración de Chávez, provocaron la crisis de ayer en Venezuela". Esta consideración también fue reflejada en términos más o menos similares por el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer.
Sin embargo, al dilucidarse la situación en Venezuela y restituirse el hilo constitucional, Washington se esmeró en precisar su posición en torno a los sucesos dando su pleno apoyo a la convocatoria de la reunión del Consejo Permanente de la OEA y a su resolución, la cual condenaba la alteración del orden constitucional en Venezuela.
Posteriormente, en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado el 18 de abril, para tratar el caso de Venezuela, el Secretario de Estado, Colin Powell, manifestó que los Estados Unidos condenaba la ruptura del orden constitucional que sufrió Venezuela y esperaba que las autoridades legales de Venezuela encontraran a los responsables de haber violado las leyes antes y durante la reciente crisis. Agregaba que "ésta es la era de la democracia en nuestro hemisferio, de constituciones, no de dictaduras, no de Golpes de Estado. Los golpes son cosa del pasado, no el camino hacia el futuro".
La actitud inicial asumida por la administración Bush sería objeto de severas criticas tanto por miembros del Congreso norteamericano como por analistas de los principales diarios de ese país. Christopher Dodd, influyente Senador demócrata, declaraba que " a diferencia de Estados Unidos, la vasta mayoría de los gobiernos del hemisferio denunciaron las gestiones inconstitucionales por derrocar un gobierno electo libremente. Estoy extremadamente disgustado de que, en lugar de encabezar el esfuerzo por reafirmar el compromiso de la región con los principios democráticos expresados en la Carta de la OEA, Estados Unidos sólo se sumo tardíamente a la respuesta".
En articulo del Washington Post del 21 de abril, titulado "la democracia en Venezuela, inestable como siempre", se leía: "El prematuro triunfalismo exhibido por los Estados Unidos en reacción al golpe en Venezuela, reveló una lectura errada de la situación en ese país....Pero los críticos de Chávez, incluyendo los Estados Unidos, desestimaron la intensidad y pasión de la dureza de su esencia, hecha sobre la base de la inmensidad de los venezolanos más pobres. Y ellos (los críticos) fallaron en anticipar las fisuras que rápidamente se desarrollaron dentro de la aglomeración de los grupos de oposición, así como la ineptitud de aquellos que eventualmente asumieron el control. Aun cuando la Casa Blanca, el día siguiente, endosó una resolución de la Organización de Estados Americanos que condenaba la violación del orden constitucional venezolano, el daño ya estaba hecho, La confianza latinoamericana en el compromiso democrático de Washington ha sido severamente sacudido" .
Consideraciones más o menos similares fueron hechas por otros prestigiosos diarios norteamericanos como el New York Times, el 21 de abril, en articulo sobre "Democracia y credibilidad estadounidense", y en el Los Angeles Times de la misma fecha, en trabajo titulado "Algunas veces campeón de la democracia". Asimismo, el analista Arturo Valenzuela, Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Diplomacia de Georgetown, escribía que con su actitud ante el episodio venezolano, Estados Unidos corría el riesgo de perder buena parte del considerable liderazgo moral y político que había ganado en los últimos años en América Latina.
Lo importante, por encima de las diferencias o malentendidos que hayan podido surgir, es que el gobierno de los Estados Unidos, desde el episodio de abril y a través de diferentes voceros, ha venido enfatizando la necesidad del diálogo y su categórico rechazo a una salida de fuerza con respecto a la situación venezolana.
A título de ejemplo, se destaca declaración efectuada el 13 de junio por el vocero del Departamento de Estado, Philip Reeker: "Los Estados Unidos no tolera ni tolerará ninguna interrupción inconstitucional del orden democrático en Venezuela. Como bien lo mencionó el Secretario de Estado Powell durante su intervención en la Asamblea General de la OEA celebrada el 3 de junio en Bridgetown, Barbados, "si el pueblo de Venezuela ha de tener éxito en mejorar su forma de vida y un futuro promisorio para sus hijos, sus lideres políticos deberán resolver sus problemas de una forma constitucional y democrática". "Nos sentimos complacidos por la reciente iniciativa del gobierno venezolano de buscar apoyo para iniciar el diálogo nacional como un primer paso hacia la reconciliación".
Organización de Estados Americanos (OEA)
Los sucesos de Venezuela ponían también a prueba la coherencia y los valores éticos y democráticos de quienes tienen particular responsabilidad en el fortalecimiento de la credibilidad de la OEA, como foro destinado, según su carta constitutiva, a "lograr un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia"
El Consejo Permanente de la OEA, convocado por el Grupo de Rió en su reunión Cumbre de Costa Rica, se efectuó en la sede de la Organización en Washington,D.C, el 13 de abril. Como resultado de sus deliberaciones se resolvió por consenso:
Condenar la alteración del orden constitucional en Venezuela.
Condenar los lamentables hechos de violencia que han provocado la pérdida de vidas humanas.
Expresar su solidaridad con el pueblo venezolano y apoyar su voluntad de restablecer una democracia plena, con garantías ciudadanas y de respeto a las libertades fundamentales, en el marco de la Carta Democrática Interamericana.
Instar a la normalización de la institucionalidad democrática en Venezuela en el marco de la Carta Democrática Interamericana.
Enviar a Venezuela, con la mayor urgencia, una Misión encabezada por el Secretario General de la OEA, con el objeto de investigar los hechos y emprender las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la más pronta normalización de la institucionalidad democrática.
Convocar, de conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, de la Carta Democrática Interamericana, a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General a celebrarse en la sede de la Organización el jueves 18 de abril de 2002 para recibir el informe del Secretario General y adoptar las decisiones que se estimen apropiadas."
De conformidad con lo dispuesto en esa Resolución, el Secretario General de la OEA, Cesar Gaviria, se trasladó a Venezuela el 15 de abril para cumplir con la misión que se le confiara.
La Asamblea General Extraordinaria de la OEA para estudiar el caso de Venezuela, que se llevó a cabo el 18 de abril, puso nuevamente de manifiesto el total respaldo de los países del sistema interamericano en su condena a la alteración del orden constitucional, así como su apoyo a la voluntad de restablecer una democracia plena, con garantías ciudadanas y de respeto a las libertades fundamentales.
En esa ocasión el Canciller Luis Alfonso Dávila expresaba, entre otras cosas, "los acelerados sucesos acaecidos en Venezuela no solo pusieron a prueba la convicción democrática de la sociedad venezolana, la cual y a pesar de la crisis, salió indemne, por cuanto debo reiterarlo una y otra vez el soberano, el pueblo venezolano incluso en los mas apartados rincones del país levantó su voz indignada contra los usurpadores. Puso a prueba también la convicción democrática de la sociedad hemisférica".
La Asamblea culminó con la adopción por consenso de la Resolución XXIX-E/902 "Apoyo a la democracia en Venezuela", de la cual se resaltan algunos de sus párrafos resolutivos:
Expresar satisfacción por el reestablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente elegido del presidente Hugo Chávez Frías en la República Bolivariana de Venezuela.
Manifestar la determinación de los Estados Miembros de seguir aplicando, con estricto apego a la letra y espíritu, y sin distinción, los mecanismos previstos por la Carta Democrática Interamericana para la preservación y defensa de la democracia representativa, reiterando el rechazo al uso de la violencia para sustituir a cualquier gobierno democrático en el Hemisferio.
Respaldar la iniciativa del Gobierno de Venezuela de convocar de inmediato a un diálogo nacional, sin exclusiones, y exhortar a todos los sectores de la sociedad venezolana para que participen en el mismo, con sus mejores y más decididos esfuerzos a fin de lograr el pleno ejercicio de la democracia en Venezuela, con pleno apego a la Constitución, y tomando en cuenta los elementos esenciales de la democracia representativa contenidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.
Alentar al Gobierno y a todos los sectores sociales e instituciones de Venezuela, a desarrollar sus actividades respetando el estado de derecho, así como a la búsqueda de la reconciliación nacional.
Europa, otros países y agrupaciones
La primera declaración surge del Gobierno de España el 12 de abril, para expresar "su pleno apoyo y solidaridad con el pueblo de Venezuela"; asimismo, manifiestaba "su convencimiento de que sólo la consolidación de un marco democrático estable puede ofrecer a los venezolanos un futuro de libertad y progreso".
La declaración de la Unión Europea, bajo la presidencia de España, formulada igualmente ese día señalaba, entre otros puntos: "La presidencia de la Unión Europea sigue con gran preocupación el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, en contacto con sus socios europeos". Igualmente manifestaron "su total apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela y hace un llamamiento para que se ponga fin a toda acción violenta".
Superado el rompimiento constitucional en el país, la Unión Europea y el Gobierno de España, en declaraciones más precisas y contundentes a favor del Gobierno del presidente Chávez, alentaron la unidad y la conciliación nacional, así como el respeto a los valores democráticos y a la Carta Democrática Interamericana.
Entre otras declaraciones de gobiernos europeos, se resaltan las siguientes: El Secretario de Estado de Gran Bretaña felicitó "el regreso de la democracia constitucional en Venezuela. El golpe de Estado ya pasó. Todo cambio de régimen en Venezuela como en cualquier lugar de América latina y el mundo, debería realizarse sólo por la vía democrática"; Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés: "Francia deplora la afronta al orden institucional de Venezuela"; Rusia, a través del portavoz de su Cancillería, pidió "la reinstalación urgente del orden constitucional sobre la base de los principios democráticos y de un estado de derecho" .
Como se sabe, la consolidación de los vínculos con la Unión Europea, Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, Italia y otros países, constituye parte primordial de la estrategia internacional de este Gobierno. Se recuerda, en este sentido, la gira que efectuara el presidente Chávez por el viejo continente a finales del 2001, la cual sentó las bases para desarrollar una mayor cooperación. Las relaciones con Rusia han sido igualmente objeto de atención prioritaria.
Por otra parte, conviene destacar la clara posición asumida por los países miembros de la OPEP a favor del orden constitucional en Venezuela. Mediante un comunicado del 14 de abril, el Gobierno de Irán manifestó "su satisfacción por el fracaso de la intentona golpista y por el retorno del Jefe de Estado, que se trató de un victoria muy importante para la democracia y la afirmación de la decisión del pueblo venezolano". El líder libio Muammar Gaddafi expresó: "nuestra felicidad se duplica hoy con la victoria del pueblo venezolano..."; Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar: "El Estado de Qatar recibió con sumo agrado el retorno del orden legal a la Republica de Venezuela representada por el presidente Hugo Chávez y asegura la consideración del Estado de Qatar sobre la estabilidad y la seguridad de este país amigo".
Es pertinente recordar que el Gobierno Nacional inyectó un nuevo dinamismo a las relaciones bilaterales con cada uno de los Estados miembros de la OPEP, trascendiendo del sector energético tradicional que las regía al ámbito económico, comercial y cultural, como lo demuestran los numerosos acuerdos bilaterales suscritos durante los viajes del Presidente Chávez al Medio Oriente, Indonesia y Nigeria, y en el curso de las visitas de mandatarios de esas naciones a Venezuela.
En el ámbito de las Naciones Unidas, el Grupo de los 77 y China, cuya presidencia es ejercida por Venezuela durante este año, emitieron una declaración el 15 de abril, en la cual sumaron su apoyo y solidaridad al pueblo y gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela y al presidente Hugo Chávez, acogiendo con beneplácito el retorno del orden constitucional así como su restitución como presidente de Venezuela y presidente del Grupo de los 77 a los que fue debidamente elegido"
6.3.- Conclusiones
Entre la ambigüedad de unos pocos y la determinante condena mayoritaria, se expresaron las primeras reacciones internacionales acerca del rompimiento del hilo constitucional durante los sucesos del 11 de abril.
La confusión que siguió a la intentona fue de inmediato revertida gracias a las evidencias de las acciones del gobierno de facto, plasmadas en el decreto mediante el cual se enterraba la institucionalidad democrática .Como nunca en la historia del país, se observaba con estupor como las columnas del edificio de la democracia eran derrumbadas una a una y como la esencia de la Constitución que legítimamente se habían dado los venezolanos era desconocida. Con ello se pretendía empujar hacia el abismo el Estado democrático social de derecho y de justicia conquistado a base de grandes esfuerzos por los venezolanos.
Afortunadamente, con inmenso coraje, dignidad y nobleza, el bravo pueblo, consciente de su destino y su responsabilidad, se encarga de restituir el poder legítimamente constituido. Este hecho de indudable trascendencia tiene honda repercusión en la escena internacional, convirtiéndose en el factor desencadenante del cambio de actitud de actores externos de notable significación a escala hemisférica y mundial.
De regreso a la normalidad democrática, todos los países del continente condenaron, actuando por primera vez de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana aprobada el año pasado, la alteración del orden constitucional en nuestro país. Simultáneamente, vino la reprobación de las naciones europeas así como la de los países asiáticos, africanos, del Medio Oriente, cuyos dirigentes se solidarizaron plenamente con el Presidente Chávez.
El repudio de la comunidad internacional pone de relieve que hechos como los acaecidos en Venezuela, reñidos con los principios democráticos y constitucionales y que atentan contra las libertades y los derechos humanos, son incompatibles a su vez con el derecho internacional y con el interés compartido por la gran mayoría de las naciones acerca de la preservación de la estabilidad democrática