INFORME DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA ESPECIAL PARA INVESTIGAR LOS SUCESOS DE ABRIL DE 2002
Primero:
El 11 de abril de 2002 se produjo un cruento golpe cívico militar que puso en vigencia por espacio de 48 horas un régimen autocrático revestido de todas las formas de un verdadero totalitarismo.
El Golpe de Estado surge en una trama de variables que como hemos analizado van desde la conflictividad mediática hasta el secuestro del Presidente, la imposición de un régimen de facto, la abolición de todos los poderes públicos y diversos hechos caracterizados por los siguientes elementos y que determinan responsabilidades de diferente grado:
1.- Los actores se apoyaron en la fuerza de las armas. Desde la mañana del día 11 de abril los conspiradores bajo las órdenes del General Martínez Vidal, Comandante de Logística del Ejército, se dirigieron a la salida de Caracas con el fin de tomar y controlar el peaje, con el apoyo de efectivos de la Policía Militar, todo ello con el fin de controlar el acceso y tomar posiciones militares estratégicas favorables al Golpe de Estado. En horas de la tarde, los Generales Rafael Damiani Bustillos y Luis Alberto Camacho Kairuz, de la Guardia Nacional, éste último en ejercicio del Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia, se dirigieron por todos los medios de Comunicación informando que con base a un plan pre-establecido un grupo de altos oficiales tenían el control de las Fuerzas Armadas y recomendaban a los comandantes de la Aviación, Ejército, Marina y particularmente al General Eugenio Gutiérrez de la Quinta Guarnición de la Guardia Nacional apostada en el Paraíso y al General Jorge García Carneiro y al General Raúl Baduel, entre otros, para que se abstuvieran de mover sus tropas porque estaban "plotados", que quiere decir bajo observación y capacidad para dominarlos, por lo que les exigieron mantenerse al margen para evitar un "baño de sangre entre hermanos". Constituye un hecho notorio que mientras los medios de comunicación procuraban mostrar un control total por parte de los golpistas, los militares leales fueron apareciendo para hacer la fuerza necesaria, mayoritaria y capaz de hacer ver a todos sus compañeros de armas la necesidad de respetar la Constitución. Sin embargo para reforzar el hecho militar debemos recordar que los primeros en plegarse fueron el General del Ejército Julio García Montoya, , los Generales de la Fuerza Aérea, Luis Acevedo y Pedro Torres Finol y el Teniente Coronel Retirado Wilmar Castro.
El movimiento militar constitucionalista pudo contar, entre otras, con la principal plaza militar del país, la IV División, con la Base Aerea Libertador donde se encuentran los F-16 y con el Fuerte Tiuna, principal plaza de Caracas que incluye los Batallones más grandes del país, el Ayala y el de Caracas, en definitiva, una fuerza calculada en más de 20.000 hombres, tanques AMX30 y aviones caza F-16, toda la cual fue usada para disuadir a los golpistas. En horas de la tarde del 13 de abril, Pedro Carmona fue detenido por el Coronel José Gregorio Montilla por orden del General García Carneiro, Comandante de la Tercera División de Infantería y Jefe de la Guarnición de Caracas.
A pesar de todo lo anterior, los justificadores del Golpe de Estado, tanto en los estrados donde se juzgan los delitos cometidos, como en el debate político en el seno de la Asamblea Nacional han pretendido negar el hecho de la participación militar, reduciendo el concepto de Golpe de Estado al "golpe de cuartel" o al "derrocamiento estrictamente militar". Nadie puede negar que la salida del presidente Chávez de la Presidencia se produjo por la presión de las Fuerzas Armadas y que la breve dictadura que siguió se mantuvo mientras tuvo el apoyo de la FAN.
La vana teoría del vacío de poder tiene su interés no sólo en la impunidad de la acción cometida sino en excluir de la tipicidad delictiva el conjunto de hechos y actos que se siguen cometiendo contra la constitucionalidad, dirigidos a derrocar al Presidente Hugo Chávez, disolver el Poder Judicial, la Asamblea Nacional y el Poder Moral. Siendo nuestra Constitución una de las normas fundamentales más garantistas del mundo y particularmente en cuanto al derecho de información y al debido proceso. La falsa teoría del vacío de poder deja prácticamente sin vigencia la democracia.
2.- Los conspiradores actuaron y actúan creyendo que la Constitución de 1.999 permite y justifica un supuesto de desobediencia civil que se equipara al supuesto de la rebelión militar. La rebelión militar es un delito que tiene por finalidad enfrentar y derrocar a la autoridad legítimamente constituida, a diferencia la desobediencia civil es un acto de la sociedad civil o parte de ella que conscientemente incumple u omite órdenes emanadas de la autoridad legítima, no pretende usurpar sus funciones, no las usurpa y su conducta se justifica en la ilicitud o inconstitucionalidad de la orden impartida.
En un pretendido ejercicio intelectual que afrenta la majestad de la constitución y la inteligencia humana, desconocen las evidencias del hecho cívico militar que se manifiesta en la declaración de representantes de FEDECAMARAS en septiembre de 2001 donde se plantea la necesidad de derrocar al Presidente Chávez antes de las elecciones de Brasil y evitar que Fidel Castro logre consagrar a Hugo Chávez como su heredero, en el pacto de Carlos Ortega con el Presidente de FEDECAMARAS en fecha 28 de noviembre de 2001, en la búsqueda de conflictividad a ultranza a partir del supuesto ejercicio de réplica por Elías Santana, en el marco del ejercicio de la libertad de expresión y no de la libertad de opinión como era en realidad, en la organización y realización de un paro por parte de CONSECOMERCIO el 10 de diciembre de 2001, paro que fracasó estrepitosamente, pero que fue utilizado para penetrar en la clase media residenciada en el este de Caracas valores fascistas, discriminadores, clasistas, de ultra derecha y relacionarla con miembros retirados de las Fuerzas Armadas y algunos militares activos de alta jerarquía que fraguaban un golpe militar.
El Golpe de Estado del 11 de abril ha sido desarticulado, sin embargo, sectores de extrema derecha, en actos desesperados manifiestan por los medios de comunicación que "Chávez debe salir ahora". En este sentido se observan declaraciones de ciudadanos que ocuparon cargos de importancia como Ramón Escobar Salom quien señala que hay que crear el caos, las condiciones políticas para obligar la renuncia del Presidente. Esta conducta además de estar subsumida en el supuesto de la instigación a delinquir es notoriamente peligrosa al derecho a la vida, la integridad física y la seguridad de los ciudadanos.
3.- En la pretensión de mantener el orden social y económico establecido se puede concluir que el régimen de facto no presentó en su acta constitutiva ninguna orientación, excepto la declaración de nulidad de los convenios petroleros con la república de Cuba, lo cual indica a la ausencia de una propuesta de transformación en la política económica, evidenciando un marcado anticomunismo y anticastrismo. Más allá de un proyecto de país se esbozó el carácter populista y fascista del Golpe de Estado al destacar entre las primeras disposiciones del acta constitutiva la restauración del nombre de la República eliminado el nombre de República Bolivariana de Venezuela.
La frágil gobernabilidad alcanzada por el régimen de facto dio inició a una escalada de represión por parte de funcionarios policiales y judiciales contra los Diputados a la Asamblea Nacional pertenecientes al MVR, los Ministros del Ejecutivo Nacional, Gobernadores y seguidores del equipo de Gobierno, imponiendo allanamientos y detenciones en violación al debido proceso, liberando presuntos francotiradores a pesar de las evidencias colectadas y las experticias realizadas. De acuerdo a una versión no oficial de los hechos recabada por nuestros informantes en las fechas posteriores al Golpe de Estado se cometieron tantas violaciones al derecho a la vida como durante el día 11 –A.
4.- Las libertades públicas son restringidas o abolidas. Como se pudo observar la persecución se hace sin marco legal. Mientras se justificó el Golpe de Estado en la supuesta restricción a la libertad de expresión sin que mediara la suspensión o eliminación de alguna concesión, el único canal televisivo del Estado fue cerrado y tomado por fuerzas policiales adscritas a la Gobernación del Estado Miranda por orden de Enrique Mendoza. El nuevo régimen se dirigió a perseguir a los diputados y Gobernadores pertenecientes al Movimiento Quinta República y demás grupos políticos del gobierno, con el apoyo de Fiscales del Ministerio Público que se manifestaron abiertamente por escrito y en video a favor del Golpe de Estado. En cuanto a la libertad de expresión, aunque los medios publicaron libremente se observó antes, durante y después del Golpe de Estado una sola línea editorial contra el Gobierno, tal como fue anunciado por el propio diario El Universal el día 10 de abril de 2002, página 10 del cuerpo 3 y en el silencio o autocensura que se cumplió severamente contra la verdad de los saqueos, homicidios, y demás delitos durante y posteriores al Golpe de Estado. La ausencia de libertad se manifiesta en una mentira dicha de muchas formas y repetidamente en algunos grandes medios y expresada por algunos periodistas, pretendiendo imponer la tesis que justifica el golpe: "El Presidente es un asesino".
5.- Con motivo del Golpe de Estado, el Ejecutivo de facto absorbió y controló a las demás ramas del poder público. Aunque las consignas previas al Golpe de Estado señalaban al Presidente Chávez como dictador, el acta constitutiva del gobierno de facto deja clara la concentración de poderes en Pedro Carmona Estanga. Se observa que se designa a Pedro Carmona como Presidente, pero no se dice de donde viene su autoridad. Se indica que se integrara una junta pero no se señalan sus nombres, lo que transforma el régimen en autocrático, se disuelven todos los poderes públicos y se concentra la reorganización del poder público en la figura de Pedro Carmona.
6.- Son de tendencia caudillista. Se supone que el pueblo venezolano debía seguir ciegamente a Pedro Carmona para salir de una crisis. Ello no obstante que es un hecho notorio como no se ponían de acuerdo quienes actuarían como nuevas autoridades. En la realidad Pedro Carmona como caudillo demostró que él no era propiamente el caudillo sino que había tantos y no se ponían de acuerdo que el primer acto de Carmona fue desconocido por el General Efraín Vázquez Velazco. En la tarde del 13 de abril Vázquez leyó un comunicado en el que manifestaba que la FAN apoyaba "el gobierno de transición" en tanto respetase la Constitución y se restituyesen los poderes públicos. Carmona desde Fuerte Tiuna anunció inmediatamente que restituía los poderes públicos, y anunció simultáneamente que el alzamiento de los militares leales al Presidente Chávez había sido superado. El acto de juramentación, la solemnidad con que fueron leídas aquellas líneas fueron tiradas a tierra con la simple declaración de prensa del General Vázquez Velazco, uno de los caudillos que había dejado en la sombra la ejecutividad de Rafael Damiani Bustillos y Luis Alberto Camacho, entre otros.
7.- El golpe manifestó otra tendencia propia de los regímenes de facto: La oposición al pluralismo político. Los representantes de AD, Causa R, Unión, y otras personalidades habían sido relegados. Estos dirigentes políticos que habían dado tanto para este golpe fueron retirados por un plumazo, según las versiones íntimas de los propios afectados por Daniel Romero, quien de locutor en el acto de juramentación era el próximo procurador General de la República.
8.- En el plano ideológico el Golpe de Estado se identificó con las ideas y métodos del fascismo. No se observa una ideología definida. De la lectura del Acta Constitutiva no se observa una doctrina, un programa, ni siquiera una crítica ordenada. No hay una justificación en el derecho positivo para el falso supuesto de vacío de poder. Todo ello es propio de la filosofía fascista donde la naturaleza de las cosas es movida por fuerzas obscuras, carentes de inteligencia y racionalidad. Se habla del Pueblo y en nombre del Pueblo pero las consignas nada tienen que ver con las necesidades de éste.
Ellas calan más en sectores influenciables por el individualismo, por una parte de la clase media de la capital que actúa en forma individualista y por ello termina atribuyéndole a individuos la capacidad de "reconstruir", de "convocar" cuando en realidad la unidad es falsa. Ello se verifica como en el acto de juramentación se observan manifestaciones de júbilo extralimitado y a las pocas horas ese pequeño grupo de personas huye cobardemente y sin capacidad de respuesta frente a una multitud pacífica pero firme, integrada por millones de personas que reclamaron respeto a la soberanía. Llegado a este punto el grupo de disuelve y sólo un grupo de extremistas se mantiene fanáticamente unido en torno a una idea que se va aislando de cualquier base social respetable en la medida que se radicaliza.
9.- A partir del Golpe de Estado, a falta de una ideología definida, el régimen de facto y quienes han asumido tan nefasto legado hacen del nacionalismo una bandera, buscando algún tipo de apoyo de la opinión pública y de las masas. Para ello explotan supuestas y falsas amenazas que contra la seguridad interna puedan existir, en este caso se observa como propagaron como ciertas, falsas alianzas con los frentes de la Guerrilla Colombiana, y ahora promueven organizaciones paramilitares donde destacan reuniones en el Este de Caracas donde se manipula con el miedo y la confusión, al tiempo que se promueve a delincuentes como Carlos Castaño con la apariencia de haberse convertido después de 20 años en la dirección política de las organizaciones paramilitares cometiendo toda clase de delitos contra las personas, el patrimonio y los derechos políticos de los ciudadanos Colombianos.
Segundo:
Uno de los elementos del Golpe de Estado que ha producido más consternación entre los ciudadanos ha sido la comisión de 17 homicidios y casi un centenar de heridos el día 11 de abril, más otro número aún no determinado de homicidios durante los días subsiguientes.
Se ha determinado a través de testimonios personales, videos, interpelaciones y los aportes hechos en la exposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela la certeza de los siguientes hechos:
1.- la marcha de PDVSA modificó su carácter reivindicativo y se dirigió al Palacio de Miraflores con el objetivo político de derrocar al Presidente por la vía de presionarlo y materializar una renuncia que adolecería del vicio de consentimiento, no tendría el apoyo ni la aceptación de la Asamblea Nacional a quien le correspondería conocerla de conformidad con la Constitución.
2.- La marcha estuvo militarmente dirigida por el Contra Almirante ® Carlos Molina Tamayo y el General Guaicaipuro Lameda con el fin de asaltar el Palacio de Miraflores con el apoyo de un Comando armado apostado en el Hotel Ausonia. En la agitación e instigación a la marcha a sabiendas lo que significaba el giro de la marcha hacia el Palacio de Miraflores aparecen como principales responsables Pedro Carmona, Carlos Ortega, Carlos Molina Tamayo y Guaicaipuro Lameda
3.- La estrategia militar contó con grupos de francotiradores colocados en varios edificios entre los cuales se encuentran el Hotel Edén y el Hotel Ausonia, desde donde se inició un ataque contra los seguidores del Presidente de la República con armas de fuego cortas y largas que produjeron víctimas fatales y graves heridos. La agresión fue respondida por parte de algunos militantes y activistas afectos al Gobierno, en su gran mayoría con palos, piedras y otros objetos, participando algunos ciudadanos con armas de fuego que fueron individualizados y por lo cual se siguen procesos penales.
4.- Cerca de 40 efectivos de la policía de la Alcaldía Mayor, adscritos a la Policía Metropolitana, apoyados y cubiertos por la "Ballena" y los "Rinocerontes", dispararon contra la concentración que se encontraba sobre el Puente Llaguno y en la Avenida Baralt, entre las esquinas de Pedrera, Muñoz, Piñango y Llaguno. Los funcionarios de la Policía Metropolitana cometieron la mayoría de los homicidios en una relación víctima-victimario horizontal. Estos funcionarios policiales comprometen la responsabilidad de Ivan Simonovis como Director de la Policía Metropolitana y al Alcalde Alfredo Peña, quien de acuerdo al Artículo 8 , ordinal 3 de la ley especial Sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas tiene la expresa atribución de "Preservar el orden público y la seguridad de las personas y propiedades". Es injustificable como el Alcalde Alfredo Peña pudo ser dirigente de una marcha, custodiada por su propia policía y que al final asumiría el uso indebido de armas de fuego para producir muertes y casi un centenar de heridos por armas de fuego todo como medio para lograr el derrocamiento del Presidente de la República.
5.- Los francotiradores han sido señalados siete ciudadanos: quienes fueron detenidos en 11 de abril y puestos en libertad durante el Gobierno de Facto sin restricción alguna por parte de la Juez de Control 14, Norma Ceiba Torres, no obstante haberse recabado experticias positivas detectando la presencia de iones oxidantes (nitratos y nitritos), además de un alto explosivo, armas, proyectiles y pasaportes falsos.
6.- Cabe destacar que la marcha de la oposición y la concentración de Llaguno estuvo separada por 370 metros, aproximadamente. En medio de ambos grupos de personas estuvieron los funcionarios de la Policía Metropolitana, y los policías del Estado Miranda y las Alcaldías de Baruta y Chacao. La manifestación de la oposición fue dirigida por el Silencio hacia Plaza Oleary y de allí hacia el Calvario.
7.- La masacre fue una acción premeditada dentro del plan de golpe de Estado para atraer la atención de los seguidores del Gobierno hacia Llaguno y la Avenida Baralt, dejando libre el portón No. 01 con el fin de facilitar el asalto al Palacio. Se ha creado una matriz de opinión por un video tomado desde Puente Llaguno a partidarios del Gobierno disparando con armas cortas de una efectividad o alcance no mayor entre 60 y 80 metros. Como lo dijeron todos los interpelados la marcha de la oposición nunca subió por la Avenida Baralt, no llegó a la esquina Pedrera. Los marchistas de la oposición y los afectos al Gobierno tuvieron unos mismos victimarios: 40 efectivos de la Policía Metropolitana con armas inorgánicas, armas cortas 9 militeros, armas largas ametralladoras, subametralladoras, y escopetas. La acción fue encubierta por el video de Venevisión que nunca mostró como al mismo tiempo quienes estaban en la Avenida Baralt eran los agresores vestidos con uniformes de policía y guantes para evitar la experticia de ATD.
Tercero:
Se ha debatido ampliamente la participación o no de los medios de comunicación social como elementos facilitadores del golpe de Estado mediante campañas difamatorias y desestabilizadoras. En este sentido es preciso concluir lo siguiente:
1.- La Asamblea Nacional cree que la libertad de expresión se ha ejercido ampliamente durante el presente gobierno. El Gobierno no ha detenido a ningún editor, dueño de medio, reportero, camarógrafo o trabajador de la prensa en cualquier especialidad.
2.- La mayoría de los medios de comunicación han cumplido con su rol de informar, expresar las ideas libremente y han podido matizar su línea informativa con una línea de oposición y de debate con el Ejecutivo Nacional. Esta forma de ejercicio de la labor de información no es subversiva del orden, sencillamente es de oposición frontal y por ello no ha podido establecer de ninguna acción de respuesta represiva. Los distintos medios de telecomunicaciones no han sido suspendidos y el Estado ha hecho uso de lo dispuesto en el Artículo 209 de la Ley de Telecomunicaciones, cuando lo ha exigido el orden público, la seguridad y los intereses de la Nación para impedir la incitación al odio y el enfrentamiento entre los habitantes.
3.- Ha sido un hecho notorio que antes de la acción golpista, los grandes medios de comunicación de masas se encadenaron con una sola línea informativa y de oposición. A estas emisoras se unieron diarios importantes como El Universal y El Nacional. Con esta acción estos medios violaron la Declaración Sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y al Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra, proclamada el 28 de noviembre de 1.978 en la vigésima reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París, que les obligaba una circulación libre y una difusión más equilibrada de la información, el acceso del público a la información mediante diversas fuentes, permitiendo verificar la exactitud de los hechos y fundar objetivamente su opinión. También es sabido como los periodistas no tuvieron la libertad de información porque estuvieron enfrentados al dilema entre defender su estabilidad laboral por una parte, y por la otra, su dignidad e imagen internacional como profesionales probos.
4.- La responsabilidad penal de los editores, propietarios por estos hechos debe ser resuelta por las autoridades competentes y verificar si de manera conexa se produjeron hechos constitutivos de una campaña dirigida a subvertir el orden o en favorecer un clima de ingobernabilidad como abuso de la libertad de expresión. Aunque la Asamblea Nacional no está de acuerdo con restringir la libertad de expresión debe dejar sentado que los hechos cometidos por los medios de comunicación antes señalados constituyeron incitación al odio, figura tipificada en el ordinal 5 del Artículo 13 de la Convención Americana única restricción a la libertad de expresión por la propia norma internacional. El Poder Judicial debe asumir su responsabilidad y establecer si tales hechos constituyen ilícitos penales.
Los sucesos acaecidos del 11 al 14 de abril, deben ser esclarecidos por las autoridades competentes con la finalidad de consolidar la propuesta de dialogo nacional y reconciliación que han presentado las autoridades del Gobierno Nacional. Encontrar la veracidad de los hechos y la sanción de los responsables constituye el éxito del presente informe, para lo cual se hace necesario que la búsqueda de la verdad sea el norte de las investigaciones realizadas.
La paz, la unidad y el diálogo son las vías idóneas para consolidar la estabilidad del país y para poder resolver la crisis social y política que vive la Nación, cuya máxima expresión fueron los trágicos hechos de abril.
En tal sentido, esta Comisión Parlamentaria Especial Para Investigar Los Sucesos de Abril de 2002, recomienda:
El seguimiento e investigación de los hechos acaecidos los días 11 al 14 de abril por parte de las autoridades competentes y de los órganos jurisdiccionales con la finalidad de establecer las sanciones a que haya lugar.
La investigación exhaustiva de las violaciones y transgresiones a los derechos humanos durante los sucesos del 11 al 15 de abril por parte de los organismos gubernamentales y no gubernamentales dedicados a la materia, con la finalidad de colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos.
Se exhorta a las autoridades competentes asegurar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, el principio del debido proceso frente a las persecuciones, detenciones, allanamientos y excarcelaciones realizados los días 12,13 y 14 no obstante las evidencias colectadas y las experticias que se realizaron.
Al Ministerio Público
Recomendamos la oportuna investigación de las presuntas responsabilidades penales y el consecuente ejercicio de las acciones que correspondan, contando para ello con apoyo de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas además de los expertos nacionales e internacionales que sean necesarios para tal fin.
Iniciar el respectivo procedimiento disciplinario a los funcionarios que durante los días 12 y 13 de abril realizaron los allanamientos sin la debida orden judicial previa y sin el debido cumplimiento de las circunstancias establecidas en la ley para actuar en ausencia de la respectiva orden.
Al Ministerio de Interior y Justicia
Sugerimos inicie las averiguaciones administrativas necesarias para precisar la eventual comisión de actos irregulares por parte de efectivos de los cuerpos de seguridad bajo su autoridad.
Incluir como materia obligatoria dentro del programa educativo para la formación de los cuerpos policiales nacionales, la cátedra de Derechos Humanos.
Actuar como ente rector en la coordinación de los organismos de seguridad para el resguardo de la ciudadanía en cualquier manifestación o actos de esta naturaleza.
A la Defensoría del Pueblo
Asesorar a las víctimas de los sucesos acaecidos los días 11 al 15 de abril, en la defensa y ejercicio de los derechos que constitucional y legalmente le corresponden.
A la Asamblea Nacional
Remitir el presente informe una vez aprobado, a los Organismos Internacionales a los cuales les competa el conocimiento de este análisis, y a las Embajadas Diplomáticas con sede en nuestro país, con la finalidad de confirmar el interés de la Asamblea Nacional en el esclarecimiento de los sucesos del 11 al 14 de abril.
A los Medios de Comunicación
Recomendamos la reflexión de los distintos actores involucrados, sobre la importancia del papel de los medios de comunicación en el sistema democrático, y la influencia que pueden tener sobre la sociedad. Proponemos la instalación de unas mesas de dialogo entre los representantes y dueños de los diversos medios de comunicación y el Gobierno Nacional para la discusión de este tema, con el objeto establecer el equilibrio necesario entre ambos sectores.
A la Sociedad Venezolana
La salida política es el dialogo, es el entendimiento, es el respeto por la democracia y la legalidad, el ordenamiento jurídico establece las reglas de juego y bajo esas reglas debemos actuar, irrespetar las disposiciones constitucionales y legales equivale a un desenlace fatal que la sociedad no debe permitir. Todos tenemos cabida en el sistema democrático y participar activamente en el ejercicio de nuestros derechos para poder alcanzar la unidad, la convivencia y la paz social es la manera idónea de solucionar las actuales diferencias.