Caracas, 13 de junio de 2003
Doctor
Carlos P. Carbacho
Director de la Oficina Permanente de la OEA en Venezuela
Su despacho.-
Excelentísimo Dr. Carbacho
Nos dirigimos a usted en la oportunidad de hacer de su formal conocimiento la grave situación que se presentó el día jueves 12 de junio de 2003 en la urbanización Los Semerucos, ubicada en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón, cuando la apoderada judicial de Petróleos de Venezuela en esta entidad, Yurima Falcón, desconociendo el estado de Derecho y los más elementales principios de convivencia ciudadana, procedió, acompañada de un contingente de la Guardia Nacional y numerosos funcionarios policiales de la Gobernación del estado, a intentar el desalojo violento de las residencias que ocupan 356 familias de trabajadores injustamente despedidos de la Industria Petrolera.
Esta acción, totalmente violatoria de normas constitucionales y de la Ley Orgánica del Trabajo, refleja el permanente hostigamiento, amedrentamiento y terrorismo psicológico que se ha venido aplicando en contra de los trabajadores de PDVSA que, en ejercicio de sus derechos como ciudadanos, se plegaron al paro cívico nacional convocado por la sociedad civil el pasado mes de diciembre.
Durante la acción violenta de la Guardia Nacional y la policía del estado Falcón siete niños, de entre 3 y 9 años de edad, resultaron asfixiados por el efecto de las bombas lacrimógenas, y diez adultos fueron heridos a peinillazos. Esto refleja que a las autoridades no les importaba en lo más mínimo el daño moral y físico que provoca este tipo de acción.
En virtud de estos atropellos, que se han venido presentando de manera continua en todos los campos petroleros del país, y de la ausencia en Venezuela de un Estado de Derecho confiable que garantice la convivencia democrática de los ciudadanos, acudimos a la Organización de Estados Americanos para solicitar su intermediación a los efectos de que constaten una vez más las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en detrimento del Acuerdo recientemente suscrito entre representantes del Gobierno Nacional y la Coordinadora Democrática, y de lo establecido en el ordenamiento jurídico internacional.
Atentamente
Juan Fernández
Presidente Asociación Civil Gente del Petróleo