22 April 2004
Artículo:
Declaración sobre derechos humanos y democracia en
Venezuela
(Funcionario de Estado declara en conferencia
legislativa) (1530)
El director de la Oficina para Promoción de
Derechos Humanos y Democracia del Negociado de
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del
Departamento de Estado de Estados Unidos informó
el 22 de abril a la Conferencia Legislativa sobre
Derechos Humanos acerca de la situación de los
derechos humanos en Venezuela, inclusive los
acontecimientos
que representan una amenaza al libre ejercicio de
la expresión política y la libertad de prensa.
A continuación una traducción extraoficial de la
declaración:
(comienza el artículo)
Declaración sobre los derechos humanos y la
democracia en Venezuela
Por Robert P. Jackson
Director de la Oficina para Promoción de
Derechos Humanos y Democracia
Negociado de Democracia, Derechos Humanos y
Trabajo
Conferencia Legislativa sobre Derechos Humanos
22 de abril de 2004
Señor(a) presidente, miembros de la conferencia
legislativa. Gracias por la oportunidad de
informar a la Conferencia Legislativa sobre
Derechos Humanos acerca de la situación en
Venezuela. Apreciamos su decisión de realizar esta
sesión informativa ahora, cuando los ciudadanos de
Venezuela continúan buscando una solución
constitucional, pacífica, democrática y electoral
al atolladero político que ocurre en ese país.
Quisiera hablar sobre nuestras inquietudes con
respecto a la situación de derechos humanos en
Venezuela, inclusive los acontecimientos que
representan una amenaza
al libre ejercicio de la expresión política y la
libertad de prensa.
Me gustaría también describir brevemente nuestros
esfuerzos para apoyar la resolución de conflictos
y los procesos democráticos en ese país, y
responder a las acusaciones erróneas realizadas
contra esos programas, y contra los valientes
hombres y mujeres que trabajan para promover los
derechos humanos y la democracia en Venezuela y en
todo el mundo.
Me reuní con funcionarios venezolanos y activistas
de derechos humanos cuando viajé a Caracas en
septiembre de 2002. Mi adjunto, Kent Brokenshire,
se reunió con muchos de los mismos individuos
cuando estuvo en Caracas el mes pasado.
Muchos de los problemas actuales de Venezuela son
el resultado de debilidades e inequidades
sistémicas de largo plazo y, en particular, un
sistema judicial débil y politizado que contribuye
a la impunidad, la corrupción y la violencia
extrajudicial generalizadas. Sin embargo, bajo la
administración del presidente Hugo Chávez, ha
habido un deterioro grave de la situación de los
derechos humanos en general.
Como se indicó en nuestro Informe por Países sobre
Prácticas de Derechos Humanos en 2003 en
Venezuela, el historial de derechos humanos del
gobierno ha sido y sigue siendo inadecuado. A las
fuerzas de seguridad de Venezuela se las ha
relacionado con el maltrato de presos,
desapariciones forzadas y escuadrones de la muerte
responsables de centenares de muertes
extrajudiciales en al menos 11 estados. Es también
de gran preocupación una militarización cada vez
mayor de la administración pública, inclusive el
uso de funcionarios militares leales en cargos
políticos claves y como candidatos políticos, y la
participación creciente e impropia de las fuerzas
de seguridad pública en procesos políticos
partidistas.
Las fuerzas de seguridad pública, en particular
los elementos de la Guardia Nacional Venezolana y
la Dirección de Servicios de Inteligencia y
Prevención (DISIP), utilizaron fuerza excesiva en
las manifestaciones de finales de febrero y
principios de marzo de 2004. La oposición informó
de 11 muertes, 417 arrestos por motivos políticos
y más de 1.700 heridos. Ha habido informes
fidedignos -- ampliamente documentados en la carta
del 9 de abril de la organización Human Rights
Watch al presidente Chávez -- de la detención y
tortura arbitrarias de detenidos políticos durante
este período.
Se ha informado de amenazas de represalias contra
testigos y víctimas de violaciones de los derechos
humanos.
La falta de imparcialidad e independencia en
instituciones protectoras claves, inclusive la
Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, contribuye a
la impunidad general y la falta de respeto al
estado de derecho. También contribuye a ello un
poder judicial débil en todos los niveles -- en el
que 80 por ciento de los jueces son interinos,
provisionales y están sujetos a presiones
políticas, inclusive el despido por decisiones que
van en contra del gobierno.
Causa también gran preocupación las crecientes
amenazas e intimidación dirigidas por
representantes y partidarios del gobierno contra
defensores no gubernamentales de los derechos
humanos. En varias declaraciones ásperas, el
presidente Chávez y miembros de su gobierno han
criticado -- entre otros -- a individuos
defensores de los derechos humanos, organizaciones
de derechos humanos, la OIT, grupos de
trabajadores, la Iglesia Católica y a
instituciones en pro de la democracia como la
Fundación Nacional pro Democracia (NED). Esa
retórica contribuye a la polarización social y
política en Venezuela, sirve para intimidar a
grupos legítimos de derechos humanos y de ayuda
humanitaria, y fomenta los ataques ilegales por
parte de partidarios del gobierno contra miembros
de la oposición, los medios de información y la
sociedad civil. Se cree que por lo menos 12
asesinatos ocurridos en 2003 tuvieron una
motivación política, inclusive el asesinato del
trabajador de derechos humanos Joe Luis Castillo.
Al mismo tiempo hubo un grave deterioro de las
libertades de prensa, inclusive un aumento en los
ataques físicos contra los periodistas y las
estaciones de televisión. El gobierno ha
intimidado a los medios de prensa por medio de
estrictas leyes contra la difamación (lo que
incluye posibles condenas de prisión para los
periodistas que muestren una "falta de respeto" a
los funcionarios del gobierno o que permitan la
publicación de materiales que muestran a los
funcionarios de manera "poco digna"); con
propuestas para nueva legislación que, de ser
aplicada, violaría las protecciones básicas para
la prensa y la libertad de expresión y también por
el mal uso, políticamente motivado, de las
autoridades legales contra los medios de
comunicación.
Nos preocupa el referéndum para la revocatoria.
Compartimos los puntos de vista de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter
relativos a la decisión arbitraria del Consejo
Nacional Electoral (CNE) sobre los numerosos
formularios para la firma, que ha impedido a más
de 800.000 ciudadanos venezolanos ejercitar sus
derechos constitucionales. Esa decisión plantea
dudas en la mente de algunos observadores sobre la
transparencia del proceso electoral en Venezuela.
También nos preocupa la dura retórica del gobierno
de Venezuela, inclusive las frecuentes
afirmaciones del presidente Chávez de que la
oposición ha cometido un "megafraude" y de otros
funcionarios venezolanos que califican a los
firmantes como "traidores". Esa retórica es un
intento preocupante de intimidar y controlar las
instituciones nacionales electorales y a la
ciudadanía venezolana. Hemos visto preocupantes
informes sobre la intimidación a los firmantes,
inclusive presiones para retractarse y el despido
documentado de empleados del sector público que
firmaron la petición de revocatoria. Nos preocupa
profundamente el impacto de esas medidas en los
derechos y libertades básicas en Venezuela.
Hemos visto que continúan las discusiones sobre el
proceso de revocatoria, con la atención en el
proceso de reparos. Ese proceso permitirá a los
ciudadanos venezolanos revalidar y reafirmar que
firmaron la petición de revocatoria. La comunidad
internacional espera que el CNE dirija un proceso
de reparos creíble y viable, que les permita a los
ciudadanos venezolanos expresar su voluntad
libremente y que produzca un resultado oportuno.
En diciembre de 2002 el consejo permanente de la
OEA aprobó la Resolución 833, que pide al gobierno
y a la oposición política de Venezuela hallar una
"solución constitucional, democrática, pacífica y
electoral" a la crisis. Esa resolución también
pide al gobierno garantizar el respeto al libre
ejercicio de los elementos básicos de la
democracia y de los principios de la Carta
Democrática Interamericana, entre ellos el respeto
a los derechos humanos, el estado de derecho y la
libertad de expresión y de prensa.
Estados Unidos apoya la Resolución 833 de la OEA.
Seguiremos trabajando con nuestros socios
hemisféricos e internacionales para lograr las
metas establecidas en esa resolución. Urgimos a
todos los ciudadanos de Venezuela a respetar el
orden y el proceso democrático y a trabajar por
medio de los conductos democráticos. Seguiremos
trabajando por medio de organizaciones no
partidistas en favor de la reconciliación y la
resolución de conflictos, para promover la
democratización, la rendición de cuentas y la
transparencia de todos los partidos políticos,
inclusive aquellos que apoyan al presidente
Chávez, y en favor y para la reforma de las
instituciones democráticas de Venezuela.
Algunas de estas tareas han sido caracterizadas
erróneamente como un ataque contra el gobierno de
Chávez. Pero no lo es. Esos programas, como muchos
otros programas de ayuda en todo el mundo,
inclusive aquellos que financia mi propia oficina
y que aplica la Fundación Nacional pro Democracia,
están diseñados para fortalecer el proceso
democrático y las instituciones democráticas,
favorecer la mediación de conflictos y ayudar al
pueblo venezolano a resolver sus problemas e
inquietudes sin violencia y dentro de los
conductos constitucionales. Los miembros del
partido MVR del presidente Chávez son
participantes bien recibidos en estos programas.
Me gustaría terminar, destacando que el fomento de
la democracia y la protección de los derechos
humanos fundamentales son el elemento básico que
define nuestra política exterior. Estados Unidos
seguirá usando todas las herramientas bilaterales
y multilaterales a su disposición para fortalecer
la democracia e institucionalizar las reformas
democráticas con la meta de una Venezuela estable,
próspera y pacífica, y de un Hemisferio Occidental
igualmente estable, próspero y pacífico.
http://usinfo.state.gov/cgi-bin/washfile/display.pl?p=/products/washfile/language/spanish&f=04042204.902&t=/products/washfile/noticiasitem.shtml