LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS URGE A LOS ESTADOS
MIEMBROS DE LA OEA A TOMAR ACCIONES INMEDIATAS PARA DETENER EL
PROGRESIVO DETERIORO DEL ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA
Desde el año 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
se ha pronunciado a través de diferentes mecanismos sobre el deterioro
progresivo del Estado de Derecho en Venezuela, que ha comprometido
seriamente la vigencia de los derechos humanos. En la actualidad, la
Comisión observa con extrema preocupación el agravamiento de la crisis
en Venezuela, caracterizada por la violencia, la intolerancia y por
una desconfianza generalizada en las instituciones del Estado.
Durante su visita a Venezuela en mayo del presente año, la CIDH
observó que la falta de independencia del Poder Judicial, las
limitaciones a la libertad de expresión, el estado deliberativo en que
se encuentran las Fuerzas Armadas, el grado extremo de polarización de
la sociedad, el accionar de grupos de exterminio, la poca credibilidad
de las instituciones de control debido a la incertidumbre sobre la
constitucionalidad de su designación y la parcialidad de sus
actuaciones, la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad,
representaban una clara debilidad de los pilares fundamentales para la
existencia del Estado de Derecho en un sistema democrático en los
términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la
Carta Democrática Interamericana.
La Comisión, oportunamente, condenó el golpe de Estado de abril de
2002, y criticó a los usurpadores del poder por las detenciones
arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos. Asimismo,
expresó su preocupación por ciertas actitudes de la oposición que
podían perjudicar la iniciación del diálogo y por las decisiones
editoriales adoptadas en los días del golpe por algunos responsables
de los medios de prensa y les hizo un llamado a la reflexión sobre su
rol en momentos en los que, precisamente, el acceso a una información
rápida es indispensable para la defensa de la democracia.
La Comisión nota que desde la visita hasta la actualidad la situación
ha empeorado progresivamente. En primer lugar, la Comisión desea
expresar su más profunda preocupación por el aumento significativo de
ataques sistemáticos contra los defensores de derechos humanos que,
directa o indirectamente, les impiden o dificultan sus tareas. La
Comisión reitera que en un Estado de Derecho, los defensores tienen un
papel crucial en la defensa de víctimas de violaciones de derechos
humanos, en la denuncia pública de las injusticias que afectan a
importantes sectores de la sociedad y en el necesario control que
ejercen sobre los funcionarios públicos y las instituciones
democráticas.
Asimismo, la Comisión ha registrado un aumento progresivo de ataques
contra medios de comunicación y periodistas, particularmente contra
aquellos que cubren eventos y concentraciones políticas. Los
periodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de la
prensa han sido blanco directo de agresiones y hostigamiento. Los
incidentes registrados abarcan, entre otros, el asesinato de un
periodista; ataques a la integridad física, incluidos heridos de bala;
amenazas; la toma, saqueos y destrozos de las instalaciones de medios
de comunicación, tales como los realizados el pasado 9 de diciembre
por grupos adeptos al Gobierno en Caracas e importantes ciudades del
interior. La Comisión advierte que dicha situación no sólo surte un
efecto amedrentador sobre los comunicadores sociales que temen
identificarse como periodistas debido a las represalias que pueden
sufrir, sino que afecta el derecho a la información de la sociedad
venezolana.
La Comisión condena enérgicamente el uso de la violencia contra
diferentes sectores de la sociedad mediante disparos indiscriminados
sobre manifestantes. La Comisión hace un llamado urgente al Estado
venezolano para que investigue de manera rigurosa, ágil e imparcial a
los autores responsables de los hechos de violencia que tuvieron lugar
el viernes 6 de diciembre en la plaza Francia, en Altamira, en donde
según las informaciones recibidas perecieron tres personas y dieciocho
resultaron heridas.
La Comisión expresa su preocupación por el surgimiento de grupos
civiles armados que ejercen la violencia política, así como por la
impunidad con la que operan. Inclusive, algunos de estos grupos
parecen gozar de protección por parte de ciertas autoridades. Este
recurso a la violencia se agrava con el continuo accionar de grupos
parapoliciales en varios Estados del interior, en aparentes
operaciones de limpieza social.
Preocupa a la CIDH la “intervención” por parte del Gobierno central de
la policía metropolitana de Caracas, que estaba bajo la autoridad de
un adversario político, sin dar razones apropiadas para una decisión
de dudosa legalidad. Tal medida ha contribuido a agravar la
inseguridad ciudadana en la ciudad, y a incrementar la intervención de
las Fuerzas Armadas en operaciones de control de la seguridad pública.
Específicamente esta intervención es preocupante debido al historial
de violaciones de derechos humanos que en el pasado ha generado la
actuación de las Fuerzas Armadas en operaciones de control social.
La Comisión reitera que frente a las violaciones contra los derechos
humanos el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a sus
responsables. Esta obligación internacional del Estado es
irrenunciable, por lo cual resultan contrarias a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos las situaciones de impunidad que dan
lugar, en este caso, a la violencia generalizada que pone en peligro a
toda la sociedad venezolana.
La Comisión resalta que en cumplimiento de sus funciones de protección
ha utilizado los diversos mecanismos contemplados en la Convención
Americana y su Reglamento. A través del sistema de casos, la adopción
de medidas cautelares, la solicitud de medidas provisionales a la
Corte, visitas in loco al país y comunicados de prensa, la CIDH ha
respondido a los requerimientos de protección de los ciudadanos
venezolanos que han acudido al sistema interamericano, y ha alertado a
la comunidad internacional sobre el progresivo agravamiento de la
situación de derechos humanos en Venezuela.
En particular, la CIDH ha otorgado durante el presente año 12 medidas
cautelares para proteger los derechos a la vida, integridad personal y
libertad de expresión, entre otros, de defensores de derechos humanos,
comunicadores sociales, diputados, víctimas de los sucesos del 11 de
abril, así como de testigos y familiares de las víctimas de grupos
parapoliciales. Debido a la falta del cumplimiento de las medidas por
parte del Estado, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos medidas provisionales en favor de miembros de la
organización no gubernamental de derechos humanos COFAVIC, del medio
de comunicación RCTV y de víctimas de los grupos parapoliciales que
operan en el Estado Falcon. Las tres medidas provisionales solicitadas
fueron concedidas por la Corte el día 2 de diciembre de 2002.
Con el propósito de colaborar con el Gobierno y la sociedad venezolana
en su conjunto y de cumplir con su mandato, la Comisión tenía previsto
llevar a cabo una serie de visitas de seguimiento; sin embargo, pese a
la invitación abierta recibida del Presidente Chávez y del
Vicepresidente Rangel, así como a las insistentes solicitudes de la
CIDH, el Gobierno de Venezuela se ha negado sistemáticamente a fijar
fechas para la realización de dichas visitas. La CIDH considera que
las visitas de seguimiento podrían haber contribuido
significativamente al fortalecimiento de la defensa y protección de
los derechos humanos en un contexto democrático y de legalidad
institucional.
Finalmente, dada la gravedad de la situación, la CIDH valora y apoya
los esfuerzos del Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria, con
el enérgico respaldo de todos los Estados del hemisferio. Asimismo, en
ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 41 de la
Convención Americana y fundada en la experiencia de más de cuatro
décadas de observar las trágicas consecuencias del debilitamiento del
Estado de Derecho sobre los derechos humanos, la Comisión urge a los
Estados miembros de la OEA que de manera inmediata, y dentro del marco
de los instrumentos interamericanos, utilicen todos los mecanismos
disponibles para colaborar con los venezolanos en la búsqueda de una
solución urgente que logre evitar más perdidas de vidas humanas y
permita asegurar a los venezolanos la plena vigencia del Estado de
Derecho.
Washington, DC, 12 de diciembre de 2002