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POSICIÓN OFICIAL DE VISION EMERGENTE SOBRE EL ACUERDO ENTRE EL
GOBIERNO Y LA CD
Bases principistas:
1. Hemos apoyado las gestiones de nuestros negociadores desde el
inicio de la Mesa de Negociación y Acuerdos y todo el tiempo estuvimos
ganados a la idea de alcanzar un acuerdo satisfactorio en el seno de
la misma. Reconocemos además los inmensos esfuerzos hechos por
nuestros representantes y la buena fe con la cual han actuado a lo
largo de estos meses.
2. Nuestra intención fundamental al hacer los comentarios que siguen
ha sido básicamente que se presente ante la Mesa una nueva propuesta
de acuerdo que recoja las observaciones que válida y legítimamente han
hecho diversos factores que forman parte de la Coordinadora
Democrática. Es importante resaltar que recientemente el Gobierno hizo
lo propio, llegando incluso a presentar un documento totalmente
distinto al preacuerdo anunciado por Gaviria desde Washington el 11 de
abril de este año.
3. Defendemos la unidad de la oposición y luchamos por mantenerla,
pero no aceptamos que se nos haya presentado un documento que
desconocíamos como “inmodificable”. Partimos de la base de que todo
acuerdo es modificable hasta que no haya sido firmado por las partes.
No obstante, reconocemos que el documento contiene puntos positivos y
algunos logros que tienen especial importancia en el ámbito
internacional, pero las fallas que le observamos tienen para nosotros
demasiada relevancia en lo interno.
Observaciones:
1. Sobre la cláusula “5”
En lo atinente al punto “5”, el comentario más relevante sobre este
particular es que se considera que el diseño institucional contenido
en la Constitución de 1999 es un sistema político pluralista, cuando
en realidad no lo es (a no ser que se trate de un pluralismo
limitado), pues el escaso control y fiscalización de las acciones del
poder ejecutivo que se establece en la misma Carta Magna lo
obstaculiza antes que afirmarlo. De igual modo, la excesiva
concentración de poder en manos del Presidente, así como el rol
protagónico que la Constitución le asigna a los militares en la
política, impide, ya desde el propio diseño institucional, el
ejercicio del pluralismo.
2. Sobre la cláusula “12”
El punto 12 del acuerdo prevé la posibilidad de realizar un
megarrevocatorio, al aceptar la posibilidad de realizar los referendos
“ya solicitados y los que se solicitaren en adelante”, todo esto sin
privilegiar el presidencial por encima de los demás y sin fecha tope
para la realización de todos ellos. En cuanto a este último punto, si
bien el compromiso de no modificar la actual ley del sufragio es muy
importante, lo cierto es que los lapsos contenidos en ella serán
incumplibles para el Consejo Nacional Electoral a la hora de tener que
tramitar simultáneamente cientos de solicitudes que equivaldrían a
validar varios millones de firmas.
Creemos que, al aceptar la redacción actual, estaríamos convalidando
de antemano la artimaña que usará el gobierno para obstaculizar el
referendo presidencial, como lo es aplicarle distintas tácticas
dilatorias entre las cuales estaría poner en marcha los revocatorios
de más de 200 alcaldes, 6 gobernadores y 79 diputados de oposición,
sin contar con que ya hay cerca de 50 solicitudes pendientes.
Creemos firmemente que, al aceptar que todos los revocatorios se
pueden realizar por igual, el gobierno logrará que no haya referendo
presidencial este año, con lo cual prácticamente habrá logrado
impedirlo, al hacer que en el 2004 coincida con la campaña regional y
municipal y se acerque el cuarto año de gobierno, momento en el cual
habrá perdido su eficacia como herramienta para sustituir al actual
régimen.
Tenemos claro que el gobierno puede igualmente activar todos los
revocatorios que quiera aunque no lo diga el acuerdo por ser esto un
derecho constitucional (artículo 72), pero el problema está en que, al
ser parte del texto, la oposición no podrá denunciarlo más adelante
como una táctica dilatoria y enfrentarla, ya que fueron aceptados en
igualdad de condiciones respecto al referendo presidencial. Además, en
realidad la dilación sería por parte del Consejo Nacional Electoral,
con lo que el gobierno sostendría que no tiene responsabilidad directa
alguna en el retardo del proceso.
Según nuestro criterio, la trascendencia de un acuerdo político está
en lograr cosas extraordinarias, lo cual, sin duda, no se alcanza con
este texto.
Adicionalmente, el punto 12 habla de que el CNE “aprueba” la
realización de los referendos, siendo que su única atribución es
verificar las firmas. A nuestra manera de ver, el CNE está obligado a
tramitar la consulta una vez que los ciudadanos, únicos y verdaderos
convocantes del proceso, expresen claramente su voluntad de realizar
un referendo revocatorio.
Los dos comentarios anteriores se unen peligrosamente a lo establecido
en la disposición número 16 del acuerdo, según la cual, la ayuda
técnica electoral de la comunidad internacional queda sujeta a una
solicitud por parte de “las autoridades competentes de la República
Bolivariana de Venezuela”. Con esta redacción, la oposición queda
tremendamente limitada para requerir este importante apoyo en un
momento que lo considere necesario.
3. Sobre la cláusula “15”
Sobre el punto “15”, debe llamarse la atención sobre la designación
del estamento militar como garante imparcial de los votos depositados
por los electores. La pregunta que surge inmediatamente es ¿no
intentará el poder político alterar los resultados, teniendo el
control de las instituciones públicas y de los principales cuadros de
la FAN?. ¿Cómo confiar en unos mandos que son abiertamente controlados
por el oficialismo? ¿Queda atada la sociedad democrática venezolana a
confiar en el General García Carneiro como garante de la voluntad
popular?
4.- Otras consideraciones
Compartimos los comentarios expresados por otras fuerzas políticas
sobre la cláusula 9 del acuerdo, referente a la tenencia de armas y
las policías regionales y municipales, e igualmente somos solidarios
con los miles de trabajadores petroleros despidos de PDVSA, quienes no
encontraron en este acuerdo ni una mención a la situación de la
industria y mucho menos a su delicada situación profesional, a pesar
de haber sido ofrecido como un punto indeclinable en el curso de las
negociaciones.
Visión Emergente deja en claro así ante el resto de la oposición y de
la opinión pública su postura frente al acuerdo que será firmado
mañana jueves 29 de mayo de 2003.
Caracas, 28 de mayo de 2003.
Por la Junta Directiva,
Cipriano Heredia
Cástor González
Presidente
Director