La representación de la Coordinadora Democrática en la Mesa de Negociación y Acuerdos se dirige al país y a la comunidad internacional para fijar su posición en relación a los graves hechos ocurridos en el curso de los últimos días.

1.- El pasado lunes 17 de febrero, ambas partes suscribimos la “Declaración contra la Violencia, por la Paz y la Democracia”, de cuyo cumplimiento no son simples testigos sino garantes los facilitadotes del Grupo Tripartito integrado por la O.E.A:, el Centro Carter y el P.N.U.D.

2.- A pocas horas de emitida tal Declaración, el sector oficial ha desatado una oleada represiva ya anunciada por el propio Presidente, la cual vulnera los términos de dicha Declaración. El tono hostil del discurso presidencial; las nuevas agresiones contra la Alcaldía Metropolitana de Caracas; y las vejaciones al personal médico del Hospital Domingo Luciani, contradicen flagrantemente dicha Declaración.

3.- Las órdenes de captura, agobiante persecución y acoso al Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, y a Juan Fernández, uno de los líderes de la Asociación Civil Gente del Petróleo, así como a un considerable número de venezolanos con relevante participación en la lucha democrática, han fomentado un clima de peligrosa conflictividad social y política, justo cuando entraba en vigencia la “Declaración contra la Violencia, la Paz y la Democracia”.

4.- La detención del Presidente de la Federación de Cámaras de Venezuela, FEDECAMARAS, Carlos Fernández, constituye un hecho de enorme gravedad y trascendencia, con un trasfondo de retaliación política evidente:

A) La detención se produjo a altas horas de la noche, y sin presencia de un Fiscal del Ministerio Público.
B) El juez 34 de Control de Caracas, Abog. Mikael Moreno, quien emitió la orden y fuera designado hace pocos meses para ocupar su cargo, venía de ejercer la defensa de uno de los denominados “pistoleros de Puente Llaguno” del 11 de Abril, día de la masacre que aún permanece en la impunidad. Tanto este juez como su cuestionado defendido, no por casualidad, son afectos al partido de gobierno.
C) El Presidente de FEDECAMARAS estuvo varias horas incomunicado en la sede de la policía política y, en abierto menoscabo de sus derechos humanos, fue además privado de todo contacto con sus abogados y familiares, negándose incluso el acceso de representantes del Ministerio Público durante un tiempo crítico.
D) La detención del Sr. Fernández se realiza bajo la inaceptable premisa de que el Paro Cívico Nacional por sí mismo constituye una especie de delito innominado, lo cual abre una puerta franca a la posible privación de libertad a cualquiera de los millones de venezolanos que se sumó a esta manifestación política, pacífica y democrática. La expedita orden de captura emitida contra el Presidente de FEDECAMARAAS, fabrica delitos casi a la medida del proyecto retaliativo oficial, muchos de los cuales incluso no tienen respaldo jurídico preciso en la legislación penal venezolana.

5.- Por todo lo anterior, invocamos los términos de la Síntesis Operativa que rige las actividades de la Mesa de Negociación y Acuerdos, la Resolución 833 dictada por el Consejo Permanente de la OEA; y el Comunicado del Grupo de Países Amigos, a los fines de requerir:

Primero: La presencia urgente del Secretario General de la OEA, César Gaviria, y de los representantes del Centro Carter y del PNUD, para que, frente a las abiertas violaciones, garanticen el cumplimiento de la “Declaración contra la Violencia, la Paz y la Democracia”.

Segundo: La presencia urgente de los Cancilleres del Grupo de Países Amigos a objeto de que corroboren lo aquí expuesto y contribuyan a que el gobierno nacional cumpla la prenombrada Declaración, tal y como se comprometió formalmente a hacerlo.

Tercero: Que la comunidad internacional inste al gobierno nacional a que defina de una vez por todas, y sin más retardos, su posición en relación a las propuestas de salida electoral presentadas por el Ex Presidente Jimmy Carter, por cuanto la obligación de encontrar una salida electoral urgente a la profunda crisis que vive Venezuela, es un mandato impuesto por los distintos instrumentos formales que rigen esta negociación.

Formulamos esta Declaración con toda la urgencia del caso,
en Caracas a los 20 días del mes de febrero de 2003.

Timoteo Zambrano
Rafael Alfonso
Alejandro Armas
Manuel Cova
Eduardo Lapi
Américo Martín

Juan Manuel Raffalli
(Asesor)

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