Presentado a los medios de comunicación por Fernando Jaramillo en Caracas el 11 de abril de 2003
Acuerdo entre la representación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los factores políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora Democrática
1. Los suscritos
miembros de la Mesa de Negociación y Acuerdos, representantes del
Gobierno Nacional y de las fuerzas políticas y sociales que lo apoyan,
así como de las organizaciones políticas y de la sociedad civil que
conforman la Coordinadora Democrática, suscribimos el presente acuerdo
con el espíritu de encontrar el camino de la concordia para el
desarrollo del país. Para ello reiteramos los principios que nos
trajeron a esta mesa entre los cuales queremos destacar la voluntad
que ambas partes tenemos para que los problemas de Venezuela puedan
ser resueltos por los Venezolanos, y nuestra convicción de la
necesidad de encontrar una solución constitucional, pacífica,
democrática y electoral.
2. Ambas partes expresamos nuestra total adhesión y respeto a la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su respeto,
y al régimen legal que la desarrolla, se basa la prevalencia del
Estado de Derecho. La Constitución contempla un conjunto de valores y
normas para expresar los principios fundamentales de convivencia
social y política, y establece los mecanismos de solución de
diferencias. Cualquier cambio para atender las experiencias del
proceso político que se ha vivido debe ser hecho dentro de sus normas
y de una manera preferentemente consensuada por los actores y
protagonistas políticos de la vida pública venezolana, respetando los
principios de pluralidad y proporcionalidad en la participación de las
fuerzas políticas.
3. Ambas partes somos conscientes de que en el momento histórico que
vivimos es necesario ponerse de acuerdo sobre lo fundamental para
garantizar una democracia pluralista y vigorosa donde continuemos
teniendo espacio para todos y donde la justicia social, la tolerancia,
la igualdad de oportunidades, el estado de derecho y la convivencia
democrática sean los valores esenciales. Tenemos conciencia de que hay
que colocar esos valores más allá de la controversia política y
partidista. Muy especialmente estimamos que tales valores deben
redefinirse y profundizarse en una serie de políticas públicas que se
dirijan a áreas concretas como salud, educación, seguridad ciudadana,
administración de justicia, seguridad social, desarrollo económico,
empleo y vivienda.
4. En la presente circunstancia queremos expresar que estamos
convencidos de que Venezuela y el pueblo venezolano continuarán
transitando el camino democrático con sentido de hermandad, respeto
por las convicciones de cada venezolano y voluntad de reconciliación.
5. Somos conscientes de que es necesario consolidar en nuestra
sociedad una modalidad de pluralismo en la que sea posible el
ejercicio de la política por todos los actores de la vida nacional.
Venezuela necesita el concurso de todos para continuar su camino en
paz y en democracia, de modo que cada quien exprese sus ideas, asuma
sus posiciones y tome decisión entre las distintas opciones que
políticamente se le ofrecen.
6. El Gobierno y las Fuerzas Políticas y sociales que lo apoyan, y las
organizaciones políticas y de la sociedad civil representadas por la
Coordinadora Democrática expresan su adhesión a los principios
consagrados en la Carta Democrática Interamericana, que declara el
derecho de los pueblos a vivir en democracia y la obligación de los
Gobiernos y todos los ciudadanos de promoverla y defenderla. Ambos
sectores comparten los valores allí consignados, como aquellos según
los cuales al poder no puede accederse sino con sujeción al estado de
derecho; la celebración de elecciones libres justas y transparentes; y
la separación e independencia de los poderes públicos; la democracia
representativa que se refuerza y enriquece con la participación
permanente, ética y responsable de la ciudadanía, en un marco de
legalidad; el estricto respeto a los derechos humanos, a los derechos
de los trabajadores, a la libertad de expresión, de información y de
prensa, a la eliminación de todas las formas de discriminación e
intolerancia. Ambas partes también reconocen las estrechas relaciones
entre la democracia y la lucha contra la pobreza, entre la democracia
y el desarrollo, y entre la democracia y la prevalencia de los
derechos humanos.
7. Ambas partes manifestamos nuestra adhesión a los principios de la
Carta de la OEA; al derecho internacional como norma de conducta de
los estados en sus relaciones reciprocas; al respeto a la soberanía y
a la no-intervención; a la autodeterminación de los pueblos; a la
igualdad jurídica de todos los estados; y a la solución pacífica de
las controversias.
8. Las partes signatarias de este Acuerdo ratificamos la vigencia y
nuestra plena adhesión y compromiso con la “Declaración contra la
Violencia por la Paz y la Democracia’’ suscrita el 18 de Febrero del
2003, la cual debe considerarse como parte integrante de este Acuerdo.
9. Ambas partes coincidimos plenamente en que el monopolio del uso de
la fuerza por parte de la Fuerza Armada Nacional, y policías
metropolitanas, estadales y municipales, es una prerrogativa
fundamental e indeclinable en la lucha contra la violencia y en la de
asegurar la esencia de un Estado democrático. La función de los
órganos policiales será dirigida por las autoridades civiles que
ejercen su mando conforme lo disponen la Constitución y la Ley, para
lo cual se deberá dar cabal cumplimiento a las disposiciones legales y
a las decisiones judiciales que regulan las labores de Coordinación de
Seguridad Ciudadana. En todo caso los cuerpos de policía y cualquier
otro organismo de seguridad con competencias nacionales, estadales o
municipales, no deberán utilizarse como instrumentos de represión
arbitraria o desproporcionada, así como tampoco para ejecutar acciones
que impliquen intolerancia política.
10. Las partes nos comprometemos a adelantar, con el apoyo de las
instituciones del Grupo Tripartito Internacional, una vigorosa campaña
de desarme efectivo de la población civil, basada en la ley aprobada
en la Asamblea Nacional, y con el apoyo y la observación de
instituciones internacionales, sin menoscabo de nuestra soberanía
nacional. Las partes seguiremos las conclusiones de la Mesa de Diálogo
realizada por la Asamblea Nacional para un diseño concertado sobre el
desarme de la Población Civil.
11. Exhortamos a las fracciones políticas representadas en la Asamblea
Nacional a concluir la Ley para la conformación de la Comisión de la
Verdad, a fin de que la misma coadyuve en el esclarecimiento de los
sucesos de Abril de 2002 y coopere con los órganos judiciales para que
se establezcan las debidas responsabilidades y se sancione a los
culpables.
12. En la búsqueda de una salida electoral a la situación política que
ha vivido el país y como lo señala la síntesis operativa, las partes
después de una discusión profunda sobre el tema, hemos avanzado en el
presente acuerdo en que, tal y como lo expresa la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, se prevé la eventual celebración
de un referendo revocatorio del mandato del Presidente de la
República, si así se solicita por el número exigido de electores y se
aprueba por el nuevo Consejo Nacional Electoral, una vez que se
establezca que se han cumplido los requerimientos constitucionales y
legales. Para este propósito, hemos estimado importante aclarar
algunos aspectos para que el mecanismo contenido en el Art. 72 de la
Constitución pueda ser aplicado de la manera más transparente y eficaz
posible, sin perturbaciones o interferencias de ningún sector, sea del
Gobierno o de la oposición.
13. Ambas partes asumimos que tal y como lo decidió el Tribunal
Supremo de Justicia, por medio de su Sala Constitucional en sentencia
del día 13 de febrero de 2003, la mitad del período presidencial se
cumple el 19 de agosto de 2003.
14. Las dos partes coincidimos en que resulta indispensable contar a
la brevedad posible con un árbitro electoral a ser designado en la
forma prevista en la Constitución, sin menoscabo de las decisiones
judiciales, que ofrezca garantías de imparcialidad y transparencia en
cualquier proceso electoral y referendario. En ese sentido, se
considera muy importante el trabajo que se está adelantando en la
Asamblea Nacional. Las dos Partes manifestamos nuestra disposición a
coadyuvar como factor de entendimiento en todo lo referente a la
conformación y operatividad del Árbitro Electoral, sin interferir en
el proceso normal que se está llevando a cabo por el poder legislativo
nacional. Se dispuso mantener una vinculación estrecha con el proceso
de designación de la nueva Directiva del CNE y prestar el apoyo y la
asistencia que se consideren necesarios, con el objeto de agilizar
todas las instancias operativas del órgano electoral.
15. Desde el comienzo de la Mesa de Negociación y Acuerdos las dos
Partes hemos manifestado, en reiteradas oportunidades, nuestra
inquietud por la necesidad de crear un clima político y electoral
apropiado. Las partes hemos decidido que en las presentes
circunstancias la manera más eficiente de contribuir a mejorar el
clima político y electoral es a través de acuerdos en la Mesa.
16. Las dos partes estamos comprometidas con la libertad de expresión,
tal como esta consagrada en nuestras normas constitucionales, legales
y en la Carta Democrática Interamericana. Las dos partes nos
proponemos trabajar con los medios de comunicación públicos y
privados, para promover su identificación con los propósitos
enunciados en este documento y en la Declaración contra la violencia y
por la paz y la democracia, particularmente en lo que hace relación a
la desactivación de la violencia y sobre su papel de informar a los
ciudadanos sobre las opciones políticas con un sentido de equidad e
imparcialidad.
17. En lo referente a la financiación por parte del Estado de los
referendos revocatorios, los representantes del Gobierno han
manifestado el compromiso de éste de disponer de todos los recursos
necesarios para que los mismos se lleven a cabo oportunamente, siempre
y cuando se cumpla con todos los requisitos legales que las normas
establecen. En lo referente al Plan República, igualmente se hace
énfasis en que si todo el procedimiento se ajusta al ordenamiento
legal, los órganos competentes del Estado estarán en disposición de
activar dicho plan ante la solicitud de las autoridades electorales,
en los mismos términos y condiciones en que habitualmente ha sido
ejecutado en procesos electorales anteriores. Los miembros de la Mesa
elaborarán una comunicación formal conjunta dirigida a las autoridades
que correspondiera, haciendo referencia a este punto de una manera
clara una vez el CNE haga las solicitudes correspondientes.
18. La OEA, el Centro Carter y las Naciones Unidas, han manifestado su
disposición para prestar la asistencia técnica que les sea requerida
por el Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela para
la realización de cualquier tipo de consulta electoral. Esta
asistencia técnica podría incluir desde las actividades preparatorias
o preelectorales hasta las actividades propias de observación
electoral. En lo referente al apoyo directo que se le puede prestar al
CNE, es importante resaltar la voluntad de colaboración, tanto con
recursos humanos como materiales, que estas tres organizaciones han
ofrecido.
19. Se acuerda entrar en relación inmediata con la Directiva del CNE
competente, dentro del propósito que asiste a esta Mesa, cual es
fortalecer el Sistema Electoral venezolano, coadyuvando en la
identificación de las áreas en las que se requeriría apoyo
internacional.
20. La fecha en la que debería realizarse el eventual referendo
revocatorio del mandato del Presidente de la República, una vez
cumplidos los requisitos legales y constitucionales pertinentes, la
determinará el CNE en los plazos correspondientes según las
previsiones del artículo 184 de la Ley del Sufragio y Participación
Política, sin ningún tipo de demora que afecte su realización. En tal
sentido ambas partes aceptamos que dicha ley regirá la realización del
mencionado referendo y la misma no será modificada en las normas que
regulan los procesos referendarios.
21. Las partes convienen en que la Mesa de Negociación y Acuerdos
seguirá tratando una serie de temas aun no resueltos, los cuales son
inherentes o conexos con los aquí tratados, así como también
continuará haciendo el seguimiento operativo y la instrumentación de
los puntos contenidos en este segundo acuerdo, a los fines de lograr
su concreción.
22. La OEA, el Centro Carter y el PNUD, conforme a sus respectivos
mandatos, y con base en lo estipulado en la síntesis operativa
desarrollarán un papel de garantes del presente acuerdo. El
facilitador estará a disposición de las partes para apoyarlas en el
desarrollo de los acuerdos o para dilucidar cualquier diferencia que
pueda surgir para su cabal cumplimiento.
http://www.oas.org/OASpage/eng/Venezuela/acurdo-041103.htm