Proyecto de Acuerdo presentado por la delegación oficial a César Gaviria

Los suscritos miembros de la Mesa de Negociación y Acuerdos, representantes del Gobierno Nacional y de las fuerzas políticas y sociales que lo apoyan, así como de las organizaciones políticas y de la sociedad civil que conforman la Coordinadora Democrática, suscribimos el presente acuerdo con espíritu de tolerancia para contribuir al fortalecimiento del clima de paz en el país. En ese sentido reiteramos los principios que nos trajeron a esta mesa , y que constan en la Síntesis Operativa acordada por las partes desde el momento de su instalación.

Expresamos nuestra total adhesión y respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su respeto, y en el régimen legal que la desarrolla, se basa la prevalencia del Estado de Derecho. La Constitución contempla un conjunto de valores y normas para expresar los principios fundamentales de convivencia social y política, y establece los mecanismos de solución de diferencias. Cualquier cambio para atender las experiencias del proceso político que se ha vivido debe ser hecho dentro de sus normas y de una manera preferentemente consensuada.

Somos conscientes de que en el momento histórico que vivimos es necesario ponerse de acuerdo sobre lo fundamental para garantizar una democracia participativa, pluralista, vigorosa y auténticamente representativa, donde continuemos teniendo espacio para todos y donde la justicia social, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, el estado de derecho y la convivencia democrática sean los valores esenciales. Tenemos conciencia de que hay que colocar esos valores más allá de la controversia política y partidista, y que los mismos continúen signando las políticas públicas especialmente en materias de preponderante interés social.

Queremos expresar que estamos convencidos de que Venezuela y el pueblo venezolano continuarán transitando el camino democrático con sentido de hermandad, respeto por las convicciones de cada venezolano y voluntad de reconciliación.

Somos conscientes de que es necesario consolidar en nuestra sociedad una modalidad de pluralismo en la que sea posible el ejercicio de la política por todos los actores de la vida nacional. Venezuela necesita el concurso de todos para continuar su camino en paz y en democracia, de modo que cada quien exprese sus ideas, asuma sus posiciones y tome decisión entre las distintas opciones que políticamente se le ofrecen.

El Gobierno y las fuerzas políticas y sociales que lo apoyan, y las organizaciones políticas y de la sociedad civil representadas por la Coordinadora Democrática expresan su adhesión a los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana, que declara el derecho de los pueblos a vivir en democracia y la obligación de los Gobiernos y todos los ciudadanos de promoverla y defenderla. Ambos sectores, dejando a salvo lo dispuesto por el artículo 6° de la Constitución de la República en relación con la "democracia participativa", comparten los valores allí consignados, como aquellos según los cuales " al poder no puede accederse sino con sujeción al estado de derecho"; "la celebración de elecciones libres justas y transparentes, y la separación e independencia de los poderes públicos"; "la democracia representativa que se refuerza y enriquece con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía, en un marco de legalidad"; "el estricto respeto a los derechos humanos, a los derechos de los trabajadores, a la libertad de expresión, de información y de prensa, a la eliminación de todas las formas de discriminación e intolerancia". Ambas partes también reconocen las estrechas relaciones entre la democracia y la lucha contra la pobreza, entre la democracia y el desarrollo, y entre la democracia y la prevalencia de los derechos humanos.

Invocamos los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA; el derecho internacional como norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas; el respeto a la soberanía y a la no-intervención; a la autodeterminación de los pueblos; a la igualdad jurídica de todos los estados; y a la solución pacífica de las controversias.

Ratificamos la vigencia y nuestra plena adhesión y compromiso con la "Declaración contra la Violencia por la Paz y la Democracia’’ suscrita el 18 de Febrero del 2003, la cual debe considerarse como parte integrante de este Acuerdo.

Coincidimos plenamente en que el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, a través de la Fuerza Armada Nacional, y policías metropolitanas, estadales y municipales, es una prerrogativa fundamental e indeclinable en la lucha contra la violencia y en la de asegurar la esencia de un Estado democrático. La función de los órganos policiales será dirigida por las autoridades civiles que ejercen su mando conforme lo disponen la Constitución y la Ley, para lo cual se deberá dar cabal cumplimiento a las disposiciones legales y a las decisiones judiciales que regulan las labores de Coordinación de Seguridad Ciudadana. En todo caso, con apoyo en la Ley, debe racionalizarse la tenencia de armas por parte de los cuerpos de policía, y cualquier otro organismo de seguridad con competencias nacionales, estadales o municipales. Ninguno de estos cuerpos deberá utilizarse como instrumento de represión arbitraria o desproporcionada, así como tampoco para ejecutar acciones que impliquen intolerancia política.

Nos comprometemos a adelantar una vigorosa campaña de desarme efectivo de la población civil, basada en la ley aprobada en la Asamblea Nacional, haciendo para ello uso de todos los mecanismos y recursos que en ella se prevén. Las partes seguiremos las conclusiones de la Mesa de Diálogo realizada por la Asamblea Nacional para un diseño concertado sobre el desarme de la Población Civil.

Exhortamos a los grupos parlamentarios de opinión representados en la Asamblea Nacional a concluir la Ley para la conformación de la Comisión de la Verdad, a fin de que la misma coadyuve en el esclarecimiento de los sucesos de Abril de 2002 y coopere con los órganos judiciales para que se establezcan las debidas responsabilidades y se sancione a los culpables.

Las partes después de una discusión suficiente sobre el tema político electoral, hemos avanzado en el presente acuerdo en que, tal y como lo expresa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se fija con toda claridad por el artículo 72 de ese texto, se prevé la eventual celebración de referendos revocatorios del mandato de todos los cargos y magistraturas de elección popular, especialmente de aquellos que han arribado a la mitad del período para el cual fueron elegidos (Gobernadores, Alcaldes, Legisladores Regionales y Diputados a la Asamblea Nacional), o arribarán a dicha mitad en el trascurso de este año , como es el caso del Presidente de la República. Tales referendos serán posibles si así se solicitan por el número exigido de electores y se aprueban por el nuevo Consejo Nacional Electoral, una vez que se establezca que se han cumplido los requerimientos constitucionales y legales. Debe tomarse en cuenta que ya han sido solicitados Referendos Revocatorios en relación con funcionarios o mandatarios que han cumplido la mitad de su período, y sólo se aguarda por la tramitación de los mismos por parte del Consejo Nacional Electoral.

Coincidimos en que resulta indispensable contar a la brevedad posible con un árbitro electoral confiable a ser designado en la forma prevista en la Constitución. En ese sentido, se considera muy importante el trabajo que se está adelantando en la Asamblea Nacional. Las dos Partes manifestamos nuestra disposición a coadyuvar como factor de entendimiento en todo lo referente a la conformación y operatividad del Árbitro Electoral, sin interferir en el proceso normal que se está llevando a cabo por el poder legislativo nacional. Se dispuso mantener una vinculación estrecha con el proceso de designación de la nueva Directiva del CNE y prestar el apoyo y la asistencia que se consideren necesarios, con el objeto de agilizar todas las instancias operativas del órgano electoral.

Estamos comprometidos con la libertad de expresión, tal como esta consagrada en nuestras normas constitucionales, legales y en la Carta Democrática Interamericana. Las dos partes nos proponemos trabajar con los medios de comunicación públicos y privados, para promover su identificación con los propósitos enunciados en este documento y en la Declaración contra la violencia y por la paz y la democracia, particularmente en lo que hace relación a la desactivación de la violencia y sobre su papel de informar a los ciudadanos sobre las opciones políticas con un sentido de equidad e imparcialidad. Consideramos las partes que este esfuerzo se inscribe dentro de los que son necesarios para crear el clima más apropiado para que se realicen los procesos referendarios previstos.

Asumimos que en la Constitución y en las leyes de la República se prevén los requisitos y mecanismos idóneos y necesarios para que proceda la financiación oportuna por parte del Estado, de los referendos revocatorios que deban efectuarse una vez autorizada su procedencia por el órgano público competente Igualmente en lo referente al Plan República, el cual, si todo el procedimiento se ajusta al ordenamiento legal, será activado ante la solicitud de las autoridades electorales, en los mismos términos y condiciones en que habitualmente ha sido ejecutado en procesos electorales anteriores.

La OEA, el Centro Carter y las Naciones Unidas, han manifestado su disposición a prestar la asistencia técnica que les sea requerida por el Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela para la realización de cualquier tipo de consulta electoral. Esta asistencia técnica podría incluir desde las actividades preparatorias o preelectorales hasta las actividades propias de observación electoral. En lo referente al apoyo directo que se le puede prestar al CNE, es importante resaltar la voluntad de colaboración, tanto con recursos humanos como materiales, que estas tres organizaciones han ofrecido.

La fecha en la que deberán realizarse los referendos revocatorios ya solicitados, así como aquellos que eventualmente se soliciten, una vez cumplidos los requisitos legales y constitucionales pertinentes, la determinará el CNE, en forma que resulte diligente, oportuna y conforme a la ley.

18.Ambas partes consideramos que los mecanismos previstos tanto por esta Mesa de Negociación y Acuerdos, en el punto 5) de su declaración conjunta del 13 de febrero de 2003, contra la Violencia, por la Paz y la Democracia, como por la Asamblea Nacional al crear la Comisión bipartita y paritaria entre los grupos de Opinión Parlamentaria que apoyan al Gobierno y los de la Oposición, para trabajar por la Paz y la Democracia, constituyen medios idóneos y suficientes para que se sigan realizando los esfuerzos que sean necesarios para el cumplimiento y profundización de los puntos que integran el presente Acuerdo. En tal sentido, exhortamos a los factores políticos y sociales representados en esta Mesa por las delegaciones del Gobierno y de la Oposición, para que en la forma más inmediata posible constituyan su espacio de diálogo y entendimiento; y a la Asamblea Nacional para que en su seno se reactive , en la fecha más inmediata posible, la mencionada Comisión por la Paz y la Democracia.

19.Las partes reconocemos el apoyo y la facilitación que han prestado a esta Mesa los representantes de la OEA, particularmente su Secretario General; el Centro Carter y el PNUD , todo lo cual se traduce en el arribo a Acuerdos como el presente. Estamos en la certeza de que su presencia no sólo ha sido útil para el hallazgo de importantes conclusiones de nuestra parte, sino como observación eficiente del cumplimiento de los Acuerdos obtenidos.

20.Las partes hacemos un llamado a todas las organizaciones políticas y sociales, a los sindicatos, a las Universidades y sectores Académicos, a los intelectuales y trabajadores de la cultura, a las organizaciones estudiantiles, de las mujeres, de los campesinos, a las comunidades Indígenas, a las Iglesias y representantes de todos los credos, a los gremios profesionales, a las organizaciones no gubernamentales en general, y a todos los venezolanos y venezolanas, a que con nuestra voluntad y empeño, asumiendo todos y cada uno de los puntos del presente Acuerdo, nos erijamos en fieles cumplidores del mismo. y al propio tiempo en garantes de su respeto.
 

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