Coordinadora Democrática
Un llamado de alerta a los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la III Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea
La Coordinadora Democrática de Venezuela, actor político reconocido y legitimado por la OEA en sus Resoluciones 821 y 833, se dirige a los gobiernos asistentes a la III Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea, para expresarles con todo respeto y responsabilidad lo siguiente:
1) Saludamos con beneplácito ese magno e importante encuentro que se inspira en valores y principios que compartimos plenamente: el respeto por los derechos humanos, la democracia, la justicia y la igualdad social; el impulso a la modernización, la integración, la liberalización comercial, y la distribución equitativa de los beneficios derivados de la globalización mundial y de las nuevas tecnologías.
2) En Venezuela, no obstante, todos esos principios se encuentran hoy en entredicho. Los venezolanos vivimos con angustia los signos cada vez más visibles de la voluntad gubernamental de destrucción de las instituciones fundamentales de la vida democrática, y de restricción de nuestras oportunidades de desarrollo social y económico. La aprobación de la ley del Tribunal Supremo de Justicia del país constituye uno de los signos más recientes y graves de la eliminación del estado de derecho en Venezuela al dejar la administración de justicia en manos del Ejecutivo. Otras leyes que limitarán las expresiones sociales de crítica e inconformidad, como la de responsabilidad de los medios, la de policía y el código penal, están camino a ser aprobadas, violentando también reglamentos legislativos y preceptos constitucionales.
3) Esto ocurre en el marco de una violación sistemática de los derechos humanos, de fuerte represión por parte del Gobierno Nacional en contra de la oposición democrática venezolana; violaciones que han sido recogidas en diversos informes internacionales, como en el más reciente de la Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA. La ola coercitiva se ha incrementado en los últimos dos meses. La acción gubernamental ha dejado un saldo de más de 15 muertos, decenas de heridos y centenares de denuncias sobre torturas a civiles, políticos y militares activos. En los últimos días, alegando un plan de invasión del país con apoyo internacional, y proclamando la fase antiimperialista de la revolución, el gobierno no sólo está realizando allanamientos, citaciones judiciales y detenciones ilegales de figuras prominentes de la oposición, sino que el propio presidente Hugo Chávez acaba de hacer un llamado público a la constitución de milicias populares para defender con las armas la llamada “revolución bolivariana”. Temible recurso por sí sólo, tanto más grave en ausencia de un sistema judicial independiente.
4) La vida democrática no sólo se ha visto afectada por el estímulo a la violencia y el ambiente de impunidad reinante. El deterioro que hoy constatamos en la calidad de vida de los venezolanos -con 50% más de pobres entre 1999 y el presente, con niveles de desempleo por encima de 20%, y una criminalidad galopante que se traduce en 10.000 asesinatos por año- contrasta con la expectativa de justicia social que levantó el Gobierno hace más de cinco años y con la afluencia de los mayores ingresos petroleros de la historia venezolana.
5) Es de destacar, asimismo, que en la medida que se aproximan momentos decisivos para la concreción de la salida pacífica, electoral, democrática y constitucional a nuestra crisis nacional, la mayoría oficialista del Consejo Nacional Electoral ha impuesto complejos e interminables obstáculos a objeto de impedir que se realicen las jornadas de reparos de firmas para el referéndum revocatorio presidencial. Sin embargo, la Coordinadora Democrática, ha dado muestras incontestables de voluntad democrática al haber adelantado, junto a grandes sectores de la sociedad civil, la iniciativa, de acuerdo al articulo 72 de la Constitución Nacional, de proceder a la recolección de 3.479.120 firmas, frente a 2.436.083 requeridas para proceder a la convocatoria de referendo revocatorio presidencial. A pesar de ello, utilizando pretextos, y modificando la normativa previamente aprobada, la autoridad electoral ha sometido a reparo a 1.192.914 de dichas firmas y ha rechazado, sin explicación alguna 375.241 de ellas, conculcando, de esa manera, derechos consagrados en la Carta Magna. Aun así, la Coordinadora Democrática ha venido trabajando arduamente para sobreponerse a esos obstáculos y hacer posible la ruta democrática auspiciada por la OEA. La oposición venezolana les garantiza que continuará luchando en esa senda democrática, antes, durante y después de concluido el proceso refrendario presidencial
6) Mucho apreciamos que ante estos y otros hechos violatorios de nuestra Constitución y de las Cartas de la OEA y de la ONU, que además afectan peligrosamente la seguridad hemisférica, la Comunidad Democrática Internacional haya reaccionado oportuna y afirmativamente para la preservación de nuestra democracia. Pero el momento crítico que debemos enfrentar en los próximos días y meses, amerita una mayor vigilancia. Una vez más, en nombre de los valores y compromisos internacionales que compartimos, hacemos un llamado a los gobiernos de Latinoamérica, el Caribe y Europa a apoyar con contundencia los esfuerzos que nos corresponde seguir adelantando a los venezolanos para recuperar la vida democrática, el estado de derecho y la plena e integral vigencia de los derechos humanos.
Enrique Mendoza Humberto Calderón Berti
Coordinador General Coordinador
Coordinadora Democrática Comisión Asuntos Exteriores