DISCURSO DEL DR. JUAN E.
MÉNDEZ,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
EN LA INAUGURACIÓN DEL 116º
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
7 de octubre de 2002
Washington, D.C.
Señor Presidente del
Consejo Permanente de la OEA, señor Secretario
General Adjunto, distinguidos Representantes de
los Estados miembros de la Organización y
Observadores. Estimados colegas, señoras y
señores:
Tengo el honor de
dirigirme a ustedes en mi carácter de Presidente
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en esta ceremonia inaugural de nuestro 116º
período ordinario de sesiones. Es un gusto contar
en esta oportunidad con la presencia de mis
colegas Marta Altolaguirre, Primera Vicepresidenta
de la CIDH; José Zalaquett, Segundo
Vicepresidente; los Comisionados Robert K. Goldman,
Julio Prado Vallejo, Clare K. Roberts, y Susana
Villarán. Nos acompañan igualmente el Dr.
Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, y
profesionales de la Secretaría Ejecutiva.
Nuestra apreciada
colega Susana Villarán está participando de su
primer período ordinario de sesiones. Por ello, y
aunque ya hemos tenido la oportunidad de trabajar
muy intensamente en los meses desde que asumió su
mandato, quisiera extenderle una muy cordial
bienvenida.
La CIDH
tiene previsto un intenso programa de actividades
para las sesiones ordinarias que se inician en la
fecha. Como es habitual, dedicaremos la mayor
parte de nuestro trabajo al estudio y
consideración de informes sobre peticiones y casos
individuales respecto a distintos países del
hemisferio que se hallan en las etapas de
admisibilidad, solución amistosa, fondo o decisión
de envío a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Durante la segunda de las tres semanas
de sesiones, la Comisión ha convocado a más de 60
audiencias sobre casos y peticiones en las etapas
mencionadas. Asimismo, recibiremos en audiencia a
distintas personas, organizaciones, y
representantes de los Estados miembros que
presentarán información sobre la situación de los
derechos humanos en el hemisferio, ya sea con
carácter general o sobre algún derecho o tema
específico de la competencia de la Comisión.
Este
período ordinario fue precedido por un período
extraordinario de sesiones durante la primera
semana de septiembre pasado en San José, Costa
Rica. En dicha ocasión se celebró una sesión
conjunta con la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Se trata de una práctica establecida
hace algunos años, que genera un importante
espacio de intercambio de información sobre temas
generales que hacen al trabajo de ambos órganos.
La más reciente sesión conjunta estuvo centrada en
el análisis de la entrada en vigencia de los
nuevos Reglamentos de la Comisión y de la Corte,
que tuvieron lugar el 1º de mayo y el 1º de junio
de 2001, respectivamente. Se abordó además la
situación presupuestaria que afecta seriamente a
ambos.
La CIDH estudió y debatió en Costa Rica el proyecto de informe sobre terrorismo y derechos humanos, que se halla en una versión bastante avanzada y será objeto de revisión durante estas sesiones ordinarias. Estamos dedicando el mayor esfuerzo a esta materia, para completar nuestro informe durante este período de sesiones y hacerlo público antes de fin de año.
Quisiera compartir con
ustedes algunas reflexiones y preocupaciones
acerca del fenómeno del terrorismo y su efecto
sobre los derechos fundamentales. Desde los
hechos del 11 de septiembre de 2001 en Estados
Unidos que conmocionaron a la humanidad, el tema
del terrorismo se ha instalado en el centro del
debate internacional, y ha suscitado la atención y
preocupación de habitantes de todos los rincones
del planeta.
Hemos sido testigos de una nueva clase de
terrorismo, cuyos medios, ejecución y resultados
son tan siniestros que superan la imaginación.
Uno de los derechos
fundamentales que el Estado debe garantizar a todo
ser humano es el de la seguridad personal. Ante
los sucesos de septiembre de 2001, algunos Estados
han respondido de manera inmediata con la sanción
de nuevas leyes y la adopción de medidas
administrativas. Sin embargo, en algunos casos
tal respuesta estatal ha incluido la adopción de
distintas medidas represivas,
restricciones irrazonables a la libertad de
expresión, limitaciones arbitrarias en materia
migratoria, detención indefinida sin juicio o la
propuesta de crear tribunales especiales
que apliquen procedimientos sumarios y admitan
pruebas secretas. Naturalmente, la Comisión
reconoce que el derecho internacional autoriza a
suspender ciertos derechos en situaciones de
emergencia, pero en uso de sus atribuciones se
mantiene interesada en preservar los principios
del debido proceso, aún en tales circunstancias.
Los sucesos de septiembre de 2001 han
generado un clima de sospecha y desconfianza que,
lamentablemente, ha llegado hasta el extremo de la
xenofobia en ciertas ocasiones.
La larga experiencia de la CIDH como órgano principal de protección de los derechos humanos en la región durante más de 40 años, demuestra que la única seguridad efectiva y duradera es la que se aplica con pleno respeto los derechos humanos, sin discriminación alguna.
Justamente uno de los mayores desafíos que ha enfrentado la Comisión Interamericana desde su creación ha sido la supervisión del respeto de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA que han sufrido la amenaza del terrorismo. La Comisión Interamericana se ha pronunciado de manera clara e invariable sobre la compatibilidad e interdependencia entre los derechos humanos y la lucha efectiva contra el terrorismo en el marco del Estado de Derecho. En efecto, el propósito de cualquier medida efectiva contra dicho flagelo debe contemplar la preservación de los derechos fundamentales y las instituciones democráticas que las acciones terroristas buscan debilitar y eventualmente destruir.
La CIDH confía que
su informe sobre terrorismo y derechos humanos,
una vez aprobado y publicado, asistirá a los
Estados miembros y otros actores interesados del
sistema interamericano en la preparación y
aplicación de iniciativas antiterroristas que
cumplan plenamente con los derechos y libertades
fundamentales. Indudablemente, tales elementos
resultan cruciales en una campaña efectiva contra
la violencia terrorista.
No cabe duda que el mundo ha
cambiado radicalmente desde el 11 de septiembre.
Sin embargo, muchas cosas permanecen inalteradas,
como la exclusión de grandes mayorías de la
población del hemisferio del disfrute efectivo de
los derechos económicos, sociales y culturales.
En este sentido, quisiera recordar lo que dispone
el Preámbulo de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos:
Sólo puede realizarse el ideal del
ser humano libre, exento del temor y de la
miseria, si se crean condiciones que permitan a
cada persona gozar de sus derechos económicos,
sociales y culturales, tanto como de sus derechos
civiles y políticos
Durante la Asamblea
General Extraordinaria de la OEA celebrada en
Lima, Perú, en septiembre de 2001, los Estados
miembros reafirmaron que la pobreza y el bajo
nivel de desarrollo humano afectan la
consolidación de la democracia. Los Estados
miembros incluyeron entre las consideraciones de
la Carta Democrática Interamericana “…la
importancia de mantener los equilibrios
macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la
cohesión social y la democracia”.
En la mayor parte de los
países que conforman la Organización de los
Estados Americanos, la exclusión de los beneficios
del progreso, así como la falta de acceso a las
necesidades básicas y a la educación, coloca a
grandes sectores sociales en una situación
de especial vulnerabilidad ante los ajustes
estructurales y los desajustes de la economía.
La Comisión
Interamericana nota en tal sentido que las crisis
económico-sociales arrasan con los niveles de vida
en muchos de nuestros países, en algunos casos con
preocupante impacto sobre el funcionamiento de las
instituciones del Estado y el imperio de la ley.
Al mismo tiempo, el deterioro
en las condiciones económico-sociales se refleja
en
una creciente inseguridad
ciudadana por las alzas en los índices de
criminalidad. Lamentablemente, la respuesta
institucional a la inseguridad ciudadana a menudo
consiste en represión y políticas de “mano dura”
sin la debida atención a
las propuestas de reconstrucción de la convivencia
y de control comunitario de la policía.
Esta situación lleva a retrocesos
lamentables que nos recuerdan un pasado no muy
lejano, cuando las autoridades respondían a la
protesta social y el aumento de la delincuencia
con violencia, represión y violaciones
sistemáticas de los derechos humanos.
La CIDH ha venido insistiendo
durante muchos años en la necesidad de adoptar
medidas tendientes a la ampliación del disfrute de
los beneficios del desarrollo,
la promoción de valores de
tolerancia y el fortalecimiento del tejido social,
en particular mediante la educación.
Estas medidas deben ir
acompañadas de un fortalecimiento de las
instituciones, particularmente
la estructuración de un
Ministerio Público con capacidad de investigar
debidamente y formular las correspondientes
acusaciones penales; de un poder judicial
independiente, imparcial y profesional, que dicte
decisiones y aplique sanciones con
apego al debido proceso y la legalidad; y de un
sistema penitenciario que sirva para recluir a los
delincuentes durante el tiempo de sus penas, pero
también para recuperarlos para la sociedad.
Las instituciones concebidas
conforme al
Estado de Derecho son
inseparables de la concepción de la democracia,
base fundamental para la vigencia y protección de
derechos humanos en nuestro hemisferio. Por ello,
la Comisión Interamericana insistirá siempre en
preservar la democracia, pero también en
profundizarla. Nuestras decisiones sobre casos
individuales e informes temáticos y por países
apuntan precisamente a acompañar a los Estados en
la tarea de mejorar la calidad de la democracia.
Aunque nuestro hemisferio sigue dando muestras de
vocación democrática y de rechazo a las aventuras
golpistas y autoritarias, tenemos que hacer mucho
más por la calidad de este sistema si aspiramos a
que todos los habitantes de América se sientan
representados y protegidos por el ideal
democrático.
En tal sentido,
observamos que sigue el deterioro de las
instituciones democráticas y la debilidad del
imperio de la ley en numerosos países de la
región. A pesar de los avances en materia de
celebración de elecciones libres en casi todos los
Estados miembros, el funcionamiento institucional
de una parte importante de los países del
Hemisferio continúa sufriendo debilidades que
impiden la vigencia plena del Estado de Derecho.
Se afecta de esta manera la vigencia de los
derechos fundamentales de los habitantes y a la
vez se genera un clima apto para las crisis
sociales. Asimismo, sigue postergándose la
estabilidad necesaria para un desarrollo social,
económico y cultural sostenido en la región.
La Comisión
Interamericana ha expresado en forma reiterada su
preocupación por la situación de progresivo
deterioro de los derechos humanos fundamentales en
Colombia, y por la falta de cumplimiento efectivo
con las recomendaciones formuladas en sus informes
generales. Graves violaciones a los derechos
humanos fundamentales y al derecho internacional
humanitario continúan afectando a la población
civil, en un clima de impunidad para los
responsables.
El 14 de agosto de 2002 el Gobierno de Colombia informó al Consejo Permanente sobre la declaratoria de un estado de conmoción interior conforme a las normas constitucionales vigentes en ese país. A juicio de dicho Gobierno, la medida se fundamenta en una serie de hechos y circunstancias que atentan contra la seguridad de la ciudadanía y las instituciones, y que no pueden ser conjurados mediante el uso de atribuciones ordinarias. Mediante la notificación de este acto de Gobierno por conducto del Secretario General de la OEA y su presentación ante el Consejo Permanente, el Estado ratificó su intención de dar cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 27 de la Convención Americana. La CIDH estima oportuno destacar que la vigencia del estado de conmoción en Colombia no debe traducirse en mayor desprotección para población civil, personas desplazadas, líderes sociales y sindicales, y defensores de derechos humanos, entre otros grupos vulnerables. Dicho estado tampoco debe interferir con el debido funcionamiento del poder judicial y el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, la CIDH ha
tomado nota del Decreto Legislativo 2002, hecho
público el 11 de septiembre de 2002, que establece
medidas para el control del orden público y define
zonas de rehabilitación y consolidación. La
Comisión Interamericana se mantendrá atenta a la
aplicación de esta medida, conforme a los
parámetros de la Convención Americana y los
principios del derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho internacional
humanitario en cuanto a necesidad,
proporcionalidad y no-discriminación.
En
ocasión de su más reciente visita in loco a Haití
en agosto de este año, la CIDH manifestó
nuevamente su profunda preocupación por la
debilidad del Estado de Derecho en dicho país, la
falta de independencia del Poder Judicial, la
impunidad, el clima de inseguridad de los
ciudadanos, la actuación impune de grupos armados
y las amenazas de que han sido objeto algunos
periodistas. La falta de diálogo entre los
principales sectores de la sociedad haitiana
constituye un obstáculo serio para encontrar
soluciones a estos problemas y representan una
debilidad de los pilares fundamentales para el
establecimiento de un Estado de Derecho según los
términos de la Convención Americana y de la Carta
Democrática Interamericana.
Debemos llamar la atención sobre la seriedad de la
situación que atraviesa la sociedad haitiana,
afectada por la pobreza extrema de
la mayor parte de la población, elevadas tasas de
analfabetismo y de mortalidad materno-infantil, y
desnutrición. Tales circunstancias generan una
grave crisis social y representan en sí mismas una
serie de violaciones de los derechos humanos de la
población. La vigencia efectiva de los derechos
económicos, sociales y culturales constituye un
gran desafío que no puede resolverse sin una
participación profunda y un plan concreto de
desarrollo por parte del Gobierno haitiano, con la
colaboración de diversos sectores de la sociedad
civil y de la comunidad internacional.
Nuestro continente
sigue siendo, en general, una región de paz y de
democracia. Sin embargo, no podemos limitarnos a
definir a esta era por la estabilidad democrática
o la ausencia de dictaduras, pues el peligro de la
interrupción de la democracia no está superado por
completo. Este año la Comisión Interamericana ha
tenido ocasión de realizar una visita in loco
a Venezuela a escasas semanas del fallido golpe de
estado del 11 de abril. Aunque fuimos invitados a
regresar cuantas veces fuera necesario por el
Presidente Hugo Chávez, y hemos estado en contacto
constante con las autoridades venezolanas, hasta
el momento no han establecido las fechas para una
próxima visita. La CIDH considera importante
tener una presencia en Venezuela durante esta
etapa convulsionada, porque cree firmemente que
puede contribuir en forma significativa a la
garantía de los derechos fundamentales de todos
los habitantes de dicho país. En tal sentido, la
Comisión Interamericana está dispuesta a
contribuir dentro del marco de sus atribuciones a
la intermediación que viene haciendo la Secretaría
General de la OEA con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y el Centro Carter, pues
estima que tal iniciativa ofrece esperanzas de
resolución pacífica de la crisis política de
Venezuela.
En este momento es importante garantizar plenamente la libertad de expresión en Venezuela, así como alentar a que se ejerza con responsabilidad. Igualmente, tenemos el deber de proteger a los defensores de derechos humanos de dicho país que, de acuerdo a lo denunciado, sufren ataques injustos e intolerantes cada vez que conducen investigaciones o anuncian sus resultados. Además, tenemos interés en restablecer un diálogo con entidades estatales de control, y en especial con el Poder Judicial, respecto al fortalecimiento de su independencia, imparcialidad y eficacia.
Resulta fundamental mantener el
debate político en Venezuela dentro de los cauces
de la institucionalidad democrática. Las quejas
de la oposición sobre el modo de ejercicio del
poder por el Gobierno, no deben orientarse a la
incitación a la violencia ni a la insubordinación
militar. Igualmente, la Comisión Interamericana
seguirá muy atentamente el desarrollo de la
investigación judicial sobre todos los hechos del
11 al 14 de abril de 2002, que no deben quedar
impunes.
En tal sentido, manifestamos
nuestra preocupación ante los últimos
acontecimientos institucionales que parecerían
fijar límites al alcance de las investigaciones e
impedir el establecimiento de responsabilidades de
altos oficiales por su participación en la asonada
del 11 de abril pasado. De acuerdo a la
experiencia de la CIDH respecto a hechos de
violencia y de quebrantamiento del orden
institucional en distintos países del continente,
la impunidad no hace más que propiciar la
repetición de actividades contrarias a la
democracia y a los derechos humanos.
Por otra parte, la Comisión expresado en varias
oportunidades su firme rechazo a los ataques
sistemáticos que, directa o indirectamente,
impiden o dificultan las tareas de los defensores
de derechos humanos en las Américas. Se sigue
recibiendo denuncias sobre distintos tipos de
ataques y actos de intimidación contra estas
personas que se dedican a proteger los derechos
fundamentales de los habitantes del hemisferio.
Diariamente se perpetran actos tales como el
registro ilícito de oficinas de las organizaciones
de derechos humanos, robo de equipos e
información, amenazas de muerte por teléfono y por
escrito, ataques contra la integridad física,
seguimientos, secuestros, y, en algunos casos,
asesinatos. La información disponible a la CIDH
indica que la inmensa mayoría de estos ataques
permanecen en la más plena impunidad.
El fortalecimiento de la
democracia en el hemisferio debe incluir el pleno
respeto por el trabajo de los defensores de
derechos humanos. La Asamblea General de la OEA
ha expresado en más de una oportunidad su respaldo
a la importante tarea de
los defensores en las Américas, y ha destacado su
valiosa contribución a la protección y promoción
de los derechos y libertades fundamentales. Al
mismo tiempo, los Estados miembros han expresado
su preocupación por la persistencia de actos que,
directa o indirectamente, impiden y dificultan las
tareas de los defensores de derechos humanos. En
los términos de la más reciente resolución de la
Asamblea General sobre esta materia, la CIDH
exhorta a todos los Estados miembros de la OEA a
adoptar los mayores esfuerzos para garantizar
plenamente la vida, la integridad personal y la
libertad de expresión de los defensores de
derechos humanos en las Américas.
Las
consideraciones sobre la delicada situación que
atraviesan numerosos países de la región,
expuestas dentro del breve tiempo del que
disponemos todos, me impiden en esta oportunidad
desarrollar
consideraciones acerca de la grave situación
presupuestaria que atraviesa la Comisión
Interamericana. Sin embargo, confío en que esta
realidad será tenida en cuenta por los
señores representantes permanentes, y que buscarán
los medios más apropiados para solucionarla lo
antes posible.
Señor Presidente,
señor Secretario General Adjunto, señoras y
señores representantes, estimados colegas y
compañeros de trabajo:
Nuestro hemisferio no escapa
a una realidad internacional cada vez más
compleja. Me referí
anteriormente a lo que había cambiado en el mundo
y lo que permanece igual. Debemos estar
dispuestos a enfrentar los nuevos desafíos con
pensamiento creativo y con originalidad. Sin
embargo, también debemos resistirnos a la
tentación de ver en cada desafío una
excepcionalidad que nos incita a descartar las
conquistas que hemos logrado en materia de
derechos humanos a lo largo de muchos años y
muchas luchas. Quisiera destacar en tal
sentido que no se ha alterado ni debe alterarse el
compromiso de los Estados de respetar el orden
jurídico internacional. En efecto, las respuestas
a los problemas que
enfrentamos deben ser halladas en estos mecanismos
internacionales y no fuera de ellos, ya que los
mismos contienen las herramientas necesarias para
responder a las necesidades de la seguridad y
también a las de la justicia. Sólo así se podrá
ganar la batalla contra el terrorismo y contra el
autoritarismo, dentro del marco de la
democracia y el Estado de Derecho que constituyen
la esencia misma del sistema interamericano.
Muchas gracias