PALABRAS DE  MARTA ALTOLAGUIRRE LARRAONDO,

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

 

Santiago de Chile, 10 de junio de 2003

 

 

Señora Presidenta de la Asamblea General, Señor Secretario General de la OEA, señor Secretario General Adjunto, distinguidos y distinguidas Representantes de los Estados miembros de la Organización y Observadores, señores Jueces de la Corte Interamericana, señoras y señores:

 

Your Excellencies, representatives of member states, ladies and gentlemen: It is an honor to address this body on behalf of the Inter-American Commission.  Let me start by expressing the awareness of the IACHR to the different situations and issues concerning English speaking member states and specifically Caribbean countries. The IACHR is currently working on a new strategy towards acquiring a deeper vision of the particular situation of the Caribbean Region and towards strengthening its cooperation to achieve the common goal of protecting human rights.  I will continue speaking in Spanish, my native language.

 

En mi condición de Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo el agrado de presentar el informe anual de la Comisión correspondiente a 2002.  Me acompañan en esta oportunidad José Zalaquett, Primer Vicepresidente de la Comisión, Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, Eduardo Bertoni, Relator para la Libertad de Expresión, y personal profesional de la Secretaría.

 

El informe que  ponemos en la fecha a disposición de la Asamblea General fue aprobado por la CIDH durante su 117º período ordinario de sesiones, celebrado durante febrero y marzo de este año. Este informe refleja las actividades generales de la Comisión cumplidas durante la Presidencia del Dr. Juan Méndez.

 

En diciembre de 2002 la Comisión hizo público su “Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos” en el cual presentó un estudio sobre la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales frente a las iniciativas antiterroristas legítimamente adoptadas por los Estados miembros, basada en su experiencia de más de cuatro décadas y los estándares del derecho internacional.  En su informe, la Comisión articula varios principios fundamentales concernientes a la relación necesaria entre el combate al terrorismo y la protección de los derechos humanos en situaciones de excepción. 

         

La ansiedad generada tanto por la amenaza de la violencia terrorista como por las expectativas de contrarrestarla no puede soslayar la atención prioritaria a temas endémicos que aquejan a las sociedades de nuestro hemisferio y en especial a sus sectores más vulnerables.  En este sentido, la Comisión observa con extrema preocupación la debilidad de la institucionalidad democrática en varios países del hemisferio.  Las elecciones periódicas no obstan para que muchas democracias de la región exhiban debilidades institucionales.  También observa con preocupación que los límites al poder público determinados por la propia normativa interna son en algunos casos burlados o ignorados, provocándose así el resquebrajamiento del estado de derecho, y la pérdida de credibilidad en el sistema político.  Afortunadamente, los Estados miembros de la OEA son hoy en día consistentes en su rechazo colectivo a todo intento de ruptura constitucional, en invocación de instrumentos tales como la Resolución 1080 y la Carta Democrática Interamericana. 

 

La corrupción, la pobreza, la exclusión y las brechas sociales, económicas, étnicas y de género  contribuyen asimismo a la inestabilidad política.  Esta situación, que se ve agravada por la falta de acceso efectivo a la justicia en gran parte del hemisferio, no sólo contribuye a perpetuar la falta de eficacia y la impunidad que aqueja el funcionamiento de los sistemas judiciales del hemisferio, sino que provoca la exclusión de los ciudadanos de la administración de justicia tanto en su participación como operadores, como en su actividad de sujetos activos. Esos factores coinciden con la creciente sensación de inseguridad de la ciudadanía frente a la violencia y la criminalidad crecientes y la tendencia a tomar  medidas de hecho.

 

En este contexto hemisférico, que refleja también realidades de orden global, los mecanismos de protección de los derechos humanos continúan cumpliendo una función fundamental.  La integridad y eficacia de la protección brindada a los habitantes del hemisferio depende, primordialmente, de los esfuerzos de los Estados miembros para  alcanzar la universalidad del  sistema mediante la ratificación de la Convención Americana y de los demás instrumentos sobre derechos humanos, así como la aceptación de la jurisdicción de la Corte; del cumplimiento con la obligación de adaptar su legislación interna a sus obligaciones internacionales y su debida interpretación y aplicación por los órganos del Estado, en particular el poder judicial; y por último, del cumplimiento de los compromisos internacionales y las recomendaciones y decisiones de la Comisión y de la Corte.

 

          La Comisión prosiguió su labor con relación a la situación de grupos especialmente vulnerables, a través del trabajo de sus relatorías especiales para los derechos de los niños, los pueblos indígenas, y los trabajadores migratorios, los cuales aparecen reflejados en el capítulo VI del presente informe anual.  La CIDH ha  prestado también especial atención a la situación de los afrodescendientes, tanto a través de sus labores de promoción como de sus estudios de la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros, casos individuales y medidas cautelares.  Se ha ampliado el ámbito de verificación de la situación de los derechos de la mujer, particularmente aquellos aspectos relativos a la violencia que afecta a millones de mujeres en el hemisferio.  Asimismo, la Relatoría Especial ha dedicado  esfuerzos para promover de manera activa la Convención de Belém do Pará en el marco de los procedimientos ante el Sistema.

 

La Relatoría para la Libertad de Expresión ha continuado también con su labor en materia de promoción y asesoramiento.  Dado que el tema central de esta Asamblea es la gobernabilidad democrática y, en particular, la libertad de expresión, quisiera resaltar la importancia de los debates sobre esta materia, teniendo en cuenta los claros parámetros establecidos en los  artículos 13 y 14 de la Convención Americana, así como en los principios de derecho internacional en la materia.

 

          No puedo dejar de llamar la atención sobre algunos números importantes en el sistema de peticiones individuales que indican tanto la gran credibilidad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el deterioro de la administración de justicia en varios países de la región.  Particularmente en el año 2002, la CIDH recibió 1021 denuncias, cifra que representa un 40% más en relación con el año anterior.  Debo aclarar que esta cifra no tiene en cuenta las 3635 denuncias relacionada con las medidas bancarias adoptadas por el Gobierno argentino.  Esta circunstancia ha puesto una enorme presión en nuestra Secretaría Ejecutiva, que ha logrado responder a esta situación de manera eficiente y, de hecho, ha mantenido el número de peticiones en trámite dentro de sus promedios históricos.

 

 Durante el período que abarca este informe, la Comisión realizó dos visitas in loco a Haití y una a Venezuela. Asimismo,  hace dos meses, la Comisión concluyó una visita in loco a Guatemala. Por otro lado, la Comisión ha seguido los criterios expuestos en su Informe Anual de 1998 para identificar a los Estados miembros cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecieran atención especial.  En este sentido, en el Capítulo IV del informe del año 2002 se analiza la situación de los derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití y Venezuela. 

 

Con relación a Colombia, la Comisión se encuentra seriamente preocupada por el impacto que la violencia generada por los actores del conflicto armado interno continúa causando en el respeto de los derechos humanos fundamentales de la población civil y, en particular, de los sectores más vulnerables: las comunidades indígenas y afro-colombianas, los desplazados y los defensores de derechos humanos y los líderes sociales, las mujeres y los niños. En este contexto la Comisión desea reiterar su llamado a las partes en el conflicto armado para que a través de su estructura de mando y control, respeten, ejecuten y hagan cumplir las normas que rigen las hostilidades, consagradas en el derecho internacional humanitario, con especial énfasis en las normas que brindan protección a los civiles.

 

Con relación a Cuba, la Comisión encuentra que el  Estado cubano persiste en su patrón represivo con relación a la situación de los derechos humanos, particularmente los derechos civiles y políticos. Toda persona que desea ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en Cuba es reprimida sistemáticamente por dicho Estado. La Comisión encuentra también que el Estado cubano no ha implementado las reformas requeridas para hacer efectiva la vigencia de las garantías judiciales y del derecho de los procesados a un tribunal competente, independiente e imparcial. En este sentido, la Comisión no puede dejar de señalar su preocupación por la persecución sistemática a los disidentes políticos en los últimos meses, las graves condenas impuestas a muchos de ellos y la ejecución de tres personas, luego de procedimientos que no contaron con las garantías de un debido proceso y que por tanto tuvieron el carácter de arbitrarios. La Comisión ha expresando su preocupación, de manera consistente, por las violaciones de derechos humanos en Cuba y formula sus mejores votos para que las decisiones de este Foro incidan en la elaboración de una estrategia hemisférica dirigida a garantizar el reconocimiento y goce de los derechos fundamentales a sus habitantes. 

 

Con relación a Haití, la Comisión expresa su preocupación por la profunda debilidad estructural de la administración de justicia. Si bien el Estado ha tomado algunas iniciativas para investigar y llevar a los tribunales a aquellos que violaron los derechos humanos, la mayoría de los casos continúan sin resolverse, en particular aquellos concernientes a los graves eventos de diciembre de 2001. Con respecto a la seguridad ciudadana, la Comisión reconoce los esfuerzos del Gobierno para capacitar a los futuros miembros de las fuerzas de seguridad, pero continúa recibiendo informes de abusos policiales en el país.  De forma similar, la Comisión expresa su preocupación por el éxito limitado de los esfuerzos para desarmar a la población.  La posesión y el uso ilícito generalizado de armas de fuego y las repetidas acciones violentas de ciertos grupos armados y organizaciones populares es una amenaza constante a la seguridad de todos los haitianos. Con respecto a la libertad de expresión, la Comisión lamenta  que se continúen registrando amenazas a los periodistas y que los crímenes contra los mismos permanezcan impunes.

 

Con relación a Venezuela, la Comisión expresa su preocupación por el deterioro de los derechos humanos que compromete seriamente la estabilidad del Estado de Derecho. Durante la visita in loco realizada en mayo de 2002 la CIDH observó que la falta de independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la libertad de expresión, el grado extremo de polarización de la sociedad, el accionar de grupos de exterminio, la poca credibilidad de las instituciones de control debido a la incertidumbre sobre la constitucionalidad de su designación y la parcialidad de sus actuaciones, la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, y la existencia de una impunidad estructural en el sistema de justicia venezolano, representaban una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho. Dada la gravedad de la situación, la Comisión tenía previsto llevar a cabo una serie de visitas de seguimiento, que hasta la fecha no se han podido realizar debido a la falta de determinación de las fechas correspondientes por parte del Estado venezolano, a pesar de la reiterada solicitud de la Comisión y de la invitación que formulara el Presidente Chávez y el Vicepresidente Rangel durante la visita in loco.  La Comisión considera que su presencia en Venezuela contribuiría a fortalecer la protección de los derechos humanos de todos sus habitantes. 

 

Por otra parte, el Capítulo V sigue la práctica de analizar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión, en uso de sus facultades como órgano principal de la OEA en materia de derechos humanos.  En esta oportunidad, dicho capítulo contiene un informe de seguimiento de las recomendaciones expuestas en el informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.

 

Señora Presidenta, señores y señoras representantes, estimados colegas, compañeros  y compañeras de trabajo, señoras y señores:

 

Antes de concluir, debo expresar la profunda preocupación de la Comisión por su situación presupuestaria. Sin perjuicio de reconocer  el incremento de fondos aprobado por la Organización durante el año 2002 que nos permitió continuar con el cumplimiento de nuestros mandatos convencionales, estatutarios y aquellos surgidos de las Cumbres de las Américas, debo indicar que estos fondos adicionales no han sido entregados en su totalidad a la Comisión. Estamos conscientes de los ajustes presupuestarios de la Organización, que según entendemos continuarán al menos durante el próximo año. Estos recortes presupuestarios afectan y afectarán aún más las tareas esenciales que la Comisión realiza para la protección y la promoción de los derechos humanos en el hemisferio. Legítimamente varios Estados han indicado la lentitud de la tramitación de nuestros casos. Es verdad y procuramos mejorar con nuestra reforma reglamentaria y esfuerzos adicionales de la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, sin mayores recursos humanos y financieros es absolutamente imposible que la Comisión pueda responder a las crecientes demandas de manera eficiente.  Las constantes expresiones de apoyo al sistema interamericano de protección de los derechos humanos y la voluntad política de aportar fondos para los órganos del sistema, expresada por las instancias mas altas del sistema interamericano, tanto en el proceso de Cumbres, en este órgano, como por el Consejo Permanente,  no se ha traducido en los hechos en un aumento que permita que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos cumpla con los mandatos convencionales y con los nuevos mandatos que periódicamente son encomendados a la Comisión.  Asimismo, tanto la Comisión como la Corte hemos cumplido, como fue acordado, realizando las reformas reglamentarias que permiten una mayor eficiencia en el trabajo de los órganos del sistema.  Esperamos que los Estados efectivamente aporten los recursos que puedan garantizar que los derechos humanos de los habitantes del hemisferio cuenten con una protección internacional eficiente.

 

La búsqueda constante de mecanismos para consolidar las democracias crea nuevas oportunidades para el compromiso de los Estados miembros con los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión y la Corte son, conforme al propósito de los Estados miembros, medios para ayudar al desarrollo de "un régimen de libertad personal y de justicia social", que es el objetivo final consignado en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con ello, la Comisión renueva su  compromiso de trabajar con los Estados miembros en el cumplimiento de su mandato para defender la dignidad humana mediante el ejercicio de su mandato en la protección y la promoción de los derechos humanos. En nombre de la Comisión, quiero expresar nuestra gratitud por el apoyo que los Estados miembros han brindado a la Comisión para que ésta continúe honrando ese compromiso común de velar por el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas de nuestro hemisferio.

 

Muchas gracias.

http://www.cidh.org/Discursos/6.10.03.htm

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