VIOLACIONES RELEVANTES A LOS ACUERDOS DE MAYO DE 2003, PROVOCADAS POR EL GOBIERNO HASTA EL PRESENTE (19 DE ABRIL DE 2004)
En relación con los referenda como salida electoral acordada.
Desde hace más de un año se produjeron Declaraciones concertadas del Presidente de la República, del Vicepresidente Ejecutivo y del Ministro de Infraestructura, anunciando que se impediría la realización de del Referéndum Revocatorio Presidencial. Estas declaraciones se hicieron realidad. EL CNE por medio de tres Rectores abiertamente oficialistas, han procurado en todo momento evitar la consulta electoral acordada en la Mesa. En lugar de facilitar el proceso como es su obligación constitucional y conforme al compromiso asumido en el Acuerdo del 29 de mayo, se han dedicado a complicar los procesos para hacer la solicitud inviable. Los formalismo previos han rayado en lo absurdo y los controles posteriores han buscado anular mediante reglas retroactivas que presumen la mala del elector, mas de un millón de formas emitidas por electores en presencia de observadores internacionales, testigos de las partes y funcionarios del propio CNE.
Los observadores internacionales, concretamente la OEA y el Centro Carter, como garantes de los acuerdos, han manifestado públicamente su desacuerdo con los métodos e inconsistencias que ha exhibido el CNE para evitar la consulta popular revocatoria. Incluso la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ha dictado una sentencia definitiva que ordena al CNE admitir las rúbricas de los solicitantes y proceder con el trámite que concluya con la consulta popular pero hasta ahora el árbitro electoral se mantiene en total DESACATO de ese máximo fallo judicial. Es de hacer notar que la Sala Constitucional controlada claramente por el oficialismo, ha pretendido sin competencia para ello, desmeritar e incluso anular el fallo del único Tribunal que conforme a nuestra Constitución tiene competencia en materia electoral que es precisamente la Sala Electoral del Tribunal Supremo.
La misión del árbitro electoral, en violación directa de los Acuerdos de 29 de mayo ha sido evitar el referéndum revocatoria presidencial. EL Gobierno de Hugo Chávez que se sabe minoría, no quiere constarse. Muestra una actitud abiertamente anti-electoral y fuera de los estándares democráticos, haciendo caso omiso a las enormes manifestaciones populares y hasta los fallos judiciales que lo conminan a someterse a la voluntad popular, tal y como lo establece incluso la Resolución 833 del Consejo Permanente de la OEA dictada en diciembre de 2002.
Funcionamiento irregular y la falta de separación de los poderes públicos
Sin embargo en abierto desconocimiento de lo establecido en nuestra Constitución sobre el proceso de formación de las leyes y el respeto a la disidencia parlamentaria; los diputados del oficialismo provocaron la reforma irregular del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y al efecto convocaron de modo írrito una sesión extramuros (El Calvario) para impedir la presencia de los diputados de la oposición en la misma; ello con el objeto de impulsar la aprobación sin debate y fuera de las reglas parlamentarias de distintos proyectos de leyes gubernamentales, v.g. ley de contenidos, ley orgánica del TSJ, y ley antiterrorismo (Reforma Código Penal)
Pero lo más grave es el control claro y directo del Poder Ejecutivo sobre los Poderes Electoral, Judicial y Moral. La Sala Constitucional del TSJ está dominada claramente por tres magistrados afectos al gobierno que incluso están dispuestos a cambiar su propia jurisprudencia de manera grosera y hasta publicar fallos sin los requisitos de ley, para favorecer la posición del Presidente ante la inminencia del Referéndum Revocatorio. El Fiscal General de la República, el Contralor y el Defensor del Pueblo, han mantenido un mutismo complaciente, incluso ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 27 de febrero y el 5 de marzo de este año. Finalmente, el Poder Electoral está controlado por tres Rectores quienes, como ya señalamos se han dedicado a evitar que se produzca la consulta popular revocatoria prevista en la Constitución y en los acuerdos de mayo, al extremo insólito de hacerse “parte” en las causas judiciales que se tramitaron ante la Sala Electoral cuyos fallo han llegando a desacatar abiertamente en favor del Presidente.
Restricciones a la libertad de expresión y de prensa
El Presidente Chávez anunció que la ley de contenidos va y se aplicará. La Asamblea Nacional, por su parte, avanza mediante mecanismos irregulares hacia la aprobación de dicho proyecto de ley. Los ataques a los medios televisivos, radiales e impresos son constantes. Se ha utilizado la presión tributaria para asfixiar a los medios a través de cuantiosas multas. También se ha utilizado el control de cambios como mecanismos selectivo de control político en contra de los empresarios y en especial contra los medios de comunicación. Son reiterados las resoluciones y comunicados de organizaciones internacionales como la Asociación Iberoamericana de Radiodifusión (AIR); Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Reporteros Sin Frontera; y muchos otros en los cuales se condenan los abusos y amenazas que constantemente profiere el gobierno contra los medios de comunicación.
Utilización de la Fuerza Armada para reprimir manifestaciones (VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS)
Entre le 27 de febrero y el 5 de marzo de 2004, ocurrieron los mas espantosos atropellos contra la dignidad e integridad física de las personas que se hayan podido dar en nuestro país en su historia reciente. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Escuadrones de la Guardia Nacional, Policía Militar, Policía Política del Régimen (DISIP) y de cuerpos policiales locales bajo el mando de Alcaldes oficialistas, arremetieron contra el pueblo, incluso contra ancianos, mujeres y jóvenes, utilizando armas largas y una fuerza represora desproporcionada. Murieron 19 de personas, cientos resultaron heridas y se desató una persecución política sin precedentes en las últimas décadas. Se torturó a los detenidos y se les sometió claramente a tratos crueles e infamantes. Dirigentes de la Coordinadora Democrática, el Alcalde en funciones del Municipio y cientos de militantes de partidos opositores fueron puestos bajo arresto en claro desconocimiento del debido proceso y el derecho a la defensa. Otros fueron hostigados y perseguidos por cuerpos de seguridad del estado como ele Alcalde de Chacao y el Gobernador de Yaracuy contra quienes incluso se han intentado juicios sin fundamentos con fines de amedrentarlos. Jueces penales fueron destituidos pata lograr el terrorismo judiciales mediante funcionarios afectos al Régimen, ello de forma inmediata y sin el debido trámite legal; la distribución de las causas se hacía en horas de la noche para asignar los casos a los jueces afectos al gobierno.
Se han articulado entonces el Poder Ejecutivo, los jueces afectos al gobierno y las fuerzas armadas y policiales, para arremeter contra manifestantes políticos por el solo hecho de disentir y exigir que se realice el Referéndum Revocatorio tal y como lo ordena la Constitución y lo establecen los Acuerdos de Mayo de 2003. Solo la presencia de la comunidad internacional y la divulgación de las imágenes en los medios de comunicación dentro y fuera del país, han servido para que muchos presos políticos, incluso torturados, hayan sido puestos en libertad. Muchos otros continúan en cautiverio. Hasta no se han establecido responsables sobre la muerta de venezolanos opositores al régimen entre el 27 de febrero y el 5 de marzo de este año. Tampoco en relación a los fallecidos el 11 de abril de 2002.
Ya la comunidad Internacionales han pronunciado sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, entre otros comunicados y resoluciones podemos desacatar las emitidas por : Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Human Rights Watch; Departamento de Estado de los Estados Unidos de América; Parlamento de la Unión Europea; Parlamento Latinoamericano y varias Ong´s defensoras de derechos humanos. Incluso los presidentes de Argentina y Brasil, quienes presenciaron directamente los hechos por estar en Venezuela durante la Cumbre de los 15 precisamente en la fecha de los acontecimientos, abandonaron el país antes de la fecha prevista.