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OEA/Ser.P
Informe Del Secretario General De La OEA, Cesar Gaviria, en
Cumplimiento de la Resolución Cp/Res.811(1315/02) Washington D.C. abril 18 de 2002
Me corresponde como
Secretario General de la OEA
rendir en este periodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General el informe que dispuso nuestro
Consejo Permanente mediante resolución
CP/RES.811(1315/02) en desarrollo del
Artículo 20 de la Carta
Democrática. En dicha resolución
se me ordenó investigar los hechos ocurridos el 11 y 12 de abril,
y emprender las gestiones necesarias, incluidos los buenos
oficios, para promover la más pronta normalización de la institucionalidad
democrática.
Tan pronto los Presidentes del
Grupo de Río concluyeron su reunión en Costa Rica el pasado
viernes 12 de abril, fui informado de sus decisiones tanto por el
Presidente Miguel Angel Rodríguez como por su Canciller Roberto
Rojas. Con ellos tuve la oportunidad de intercambiar opiniones a
lo largo del día y con la Presidenta de nuestro Consejo, la
Embajadora Margarita
Escobar, estuvimos atentos a sus deliberaciones. Al finalizar
dicha reunión procedimos a hacer algunas consultas con el fin de
dar cumplimiento a la solicitud presentada por el Grupo de Río, en
el sentido de reunir lo antes posible el Consejo Permanente. Los
Presidentes también me pidieron que tomara contacto con la realidad
política de Venezuela a través de los medios que considerara mas
adecuados.
Es conveniente señalar que el grupo
de Río consideró la renuncia del Presidente Chávez como un hecho
cumplido, así como también la destitución del vicepresidente y de
su gabinete, por lo cual no se solicitó su restitución como parte
de las acciones necesarias para defender el orden constitucional.
En
sesiones informales y privadas el viernes en la noche y el sábado
anteriores, bajo la acertada dirección de la Embajadora Margarita
Escobar, el Consejo examinó la situación en Venezuela, condenó la alteración del
orden constitucional y los lamentables hechos de violencia, y
expresó su solidaridad con el pueblo de ese país. En la mañana del
sábado, el que se autodenominaba presidente del gobierno de
transición, llamó a la OEA para informar que se había alterado el
orden constitucional y para hacer algunas otras afirmaciones que
estaban contenidas en un mensaje que fue circulado a las delegaciones. También
dijo que se querían hacer representar en la reunión por un
funcionario de la misión de Venezuela y que luego enviarían cartas
credenciales. Todo ello se puso en conocimiento de las misiones.
Yo le expresé a él que al dia siguiente viajaría a Caracas con el
mandato que me diera el Consejo Permanente.
El Secretario General, según lo
autorizó el Consejo Permanente,
se hizo acompañar de las embajadoras Margarita Escobar,
Presidente del Consejo Permanente, y Lisa Shoman, Representante de
Belice y vocera del CARICOM. Algunos de los embajadores del Grupo
de Río no me pudieron acompañar por la rapidez con la que se tuvo
que desplegar la misión. Las embajadoras me han dado apoyo y
consejos muy valiosos, pero debo aclarar que todo lo afirmado por
mí, en reuniones privadas o
ante los medios
de comunicación en dicha misión, así como el contenido de este
informe, son de mi
exclusiva responsabilidad.
Ustedes sabrán comprender la
dificultad de rendir un informe sobre los hechos. No obstante, me
he propuesto hacer una presentación sucinta sobre los antecedentes
de lo ocurrido entre 11 al 13 de abril, la cual de ninguna manera
puede interpretarse como una justificación de la alteración del
orden constitucional. Es apenas un contexto en el cual se dieron
los sucesos trágicos del 11 de abril.
En la muy difícil coyuntura
que han vivido las instituciones democráticas de la Republica
Bolivariana de Venezuela, juzgué también oportuno mirar aspectos
de la vida institucional
del país en relación con
disposiciones de
la
Carta Democrática.
Tendría que comenzar por decir que
es necesario señalar, por lo menos hasta que no se demuestre lo
contrario, que los organizadores de la manifestación convocada por la oposición
política y muchas organizaciones sociales en los días precedentes
y en el propio 11 de Abril, son diferentes de quienes usurparon el
poder, detuvieron al Presidente Chávez y trataron de instaurar lo
que llamaron un gobierno provisional, cuyo ejercicio del mando
encontró un amplio y generalizado rechazo no solo por su origen
fáctico, sino además por las decisiones que tomó y que
significaban el cierre de los organismos elegidos popularmente, la
intervención del poder judicial y de todos los organismos del
llamado “poder moral”,
y en la práctica la derogatoria de la Constitución y de muchos de
los actos realizados bajo su desarrollo.
Podemos afirmar que el gobierno que
estaba apenas en la fase de instauración, sin ninguna legitimidad
democrática, fue fruto de decisiones tomadas por los militares. En
carta, que fue del conocimiento de los miembros del Consejo
Permanente, quien presidía lo que se auto calificó como gobierno
provisional expresamente reconoció la ruptura constitucional.
Para fortuna de las instituciones
democráticas de Venezuela,
esa alteración del orden constitucional fue revertida por
la reacción de buena parte de la oficialidad de las Fuerzas
Armadas y por una vigorosa respuesta ciudadana, tanto de
defensores como de opositores del gobierno del Presidente Chávez.
Como parte de la responsabilidad
que ustedes me encomendaron, me reuní con un amplio grupo de
voceros de algunas de las principales instituciones del país como
el Presidente Hugo Chávez y su canciller; la mesa directiva de la
Asamblea Nacional; El Fiscal General de la Nación, el Contralor,
el Defensor del Pueblo y el Presidente del Tribunal Superior. Igualmente me reuní con el
Cardenal y los representantes de la Conferencia Episcopal; algunos
grupos de la sociedad civil; con representantes de algunos de los
principales diarios, cadenas de televisión y radiales; con la
Central de Trabajadores de Venezuela; los miembros de los partidos
de Oposición en la Asamblea Nacional; y con otras personalidades
que llevaron documentos
en los que fijaban posición sobre los hechos ocurridos e
interpretaban a su juicio la realidad Venezolana.
Señores Cancilleres:
De las conversaciones con los
diferentes sectores quisiera resaltar lo siguiente:
El Presidente de la Republica en
todas sus alocuciones ha hablado de reflexionar, de rectificar, de
enmendar. Aseguró “que no habría ánimos revanchistas, ni
persecuciones, ni abusos”. Ha dicho que lo ocurrido representa una
“inmensa lección”; “que se debe hacer una profunda reflexión”; que
hay que actuar ahora con “calma y cordura”; que es necesario
“corregir lo que sea necesario corregir”; “restablecer el dialogo”.
Habló también de la “unidad
respetando las diferencias” y señaló que como un primer paso
convocaría el Consejo Federal de Gobierno para que sirva de
epicentro para el diálogo con todos los sectores y para alcanzar
el mayor consenso posible en materia económica, social y política.
También señaló que el Presidente designado de PDVSA, como la junta por él designada,
habían renunciado, con lo cual se puso fin al asunto que dio
origen a las últimas jornadas de protesta.
Aunque una buena cantidad de
personeros de instituciones ajenas al gobierno han aceptado la
llamada del Presidente al diálogo, aun después de los fatídicos
hechos del 11 y 12 de abril, existe una excesiva polarización no
solo de los protagonistas naturales de la política, como lo son el
gobierno, los partidos y las bancadas de oposición, sino de casi
todas las organizaciones laborales, empresariales, de la sociedad
civil, los representantes de algunos de los otros poderes del
Estado y los medios de comunicación. Esa excesiva polarización
tiene connotaciones de intolerancia que en la práctica impiden el
diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos que permitan cierto
entendimiento para mantener la paz social. Pareciera prevalecer el
convencimiento según el cual es inevitable una renovada
confrontación entre amigos y contradictores del gobierno, lo que
podría desembocar en mayor protesta social.
Quiero igualmente señalar una
práctica peligrosa de deliberación en la Fuerzas Armadas, que
determina que muchos protagonistas de la vida pública vivan
atentos a lo que los oficiales de las distintas armas opinan del
acontecer político, incluidas las ordenes de su Comandante en
Jefe, el Presidente Constitucional de la República. Muchos buscan
fundamentos para tal forma de deliberación en un articulo de la
Constitución.
Los sectores de oposición y otros
protagonistas de la vida social toman de diferentes maneras
distancia de las normas constitucionales. En particular expresan
inquietudes sobre la separación e independencia de los poderes
públicos y la falta de contrapesos, como que sus titulares fueron
escogidos por las mayorías que imperaron en la Asamblea. Los
diputados de oposición llaman la atención sobre una reciente
providencia del Tribunal Supremo de Justicia que señaló que el
período presidencial comenzó a partir del mes de enero del 2002.
Después de los acontecimientos que
ya hemos mencionado se han incrementado las denuncias de violación
de los derechos humanos, de intimidación, de vandalismo y saqueos,
de pérdidas de vidas y personas heridas. Esto ha ocurrido antes,
durante y después de la reciente crisis. Nosotros enviamos estas
denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en
algunos casos, a la
Relatoría para la Libertad de Expresión.
Esta Misión recibió numerosas
quejas sobre la responsabilidad en estos hechos de los Círculos
Bolivarianos, grupos de ciudadanos u organizaciones de base que
apoyan el proyecto político del Presidente. Muchos sectores los
responsabilizan de violaciones a los derechos humanos, de actos de
intimidación y de saqueos.
Los representantes de los dueños de
los medios de comunicación y un grupo de periodistas consideran
que los Círculos Bolivarianos son la mayor amenaza a la libertad
de prensa y expresión. Varios de estos casos se han puesto en
conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
del Relator para la libertad de Expresión. Haría bien el gobierno
en trabajar en estos aspectos y disipar muchas de las graves
preocupaciones que han
surgido.
Los representantes de las cadenas
de televisión se quejan de la manera abrupta como se
interrumpieron las señales de los canales de televisión privados
abusando según ellos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
Esto produjo una sistemática suspensión de su programación con
largas intervenciones del Presidente y de otros funcionarios del
poder ejecutivo en los días previos al 11 de abril. Reclaman
también que el gobierno, según lo recomienda la CIDH, haga “ una
condena categórica a las agresiones de las que han sido objeto los
trabajadores de comunicación social”.
Por otra parte las autoridades que
representan los poderes del Estado señalaron la falta de
objetividad de algunos medios para informar sobre los sucesos que
condujeron a la restauración del orden constitucional. Algunos
medios han registrado esa preocupación o queja sobre lo
acontecido, y han dado explicaciones que no soy llamado a
calificar como satisfactorias o no, así como no lo soy de la
validez de las quejas referidas.
Los miembros de los partidos de
oposición en la Asamblea Nacional consideran conculcados sus
derechos como minorías. Llamaron la atención sobre el uso de los
mecanismos de la ley habilitante. Esta es una vieja disposición en
las Constituciones de Venezuela que da al ejecutivo un gran poder
legislativo. El gobierno del Presidente Chávez hizo uso amplio de
tales facultades, y ello ha demostrado la gran resistencia que
genera la aprobación de normas sin el proceso de transacciones que
se da en el debate parlamentario y sin la discusión pública que se
daría en la Asamblea.
La Central de Trabajadores de
Venezuela (CTV) planteó
la imperiosa necesidad de que el poder ejecutivo acepte la
escogencia de sus directivos conforme al resultado de la elección
convocada por iniciativa del propio gobierno nacional. Esta
Central y sus directivos tienen el reconocimiento de la OIT, y ese reclamo se
puede también mirar a la luz del artículo 10 de la Carta
Democrática. Los directivos de la CTV también reclaman la
convocatoria del diálogo Tripartito.
Por estas consideraciones, en las
reuniones con los diferentes sectores señalé acciones que a mi
juicio se deben acometer con urgencia para evitar ulteriores
expresiones de descontento que pudieran dar origen a la repetición
de los trágicos sucesos del 11 y 12 de abril. En todo caso es
importante que hoy se reiteren
algunos de los considerandos y dispositivos de la
resolución del Consejo, sobre todo en lo referente a la condena de
cualquier quebrantamiento del orden constitucional y de los
violentos sucesos que llevaron a la muerte de un numero apreciable
de personas.
La OEA, sus países miembros, el
resto de la Comunidad Internacional y algunas organizaciones como
la Iglesia Católica a
través de la Conferencia Episcopal podrían prestar su concurso
para propiciar el diálogo y asegurar que estos hechos no se
vuelvan a repetir.
Quisiera resaltar
además algunas acciones que se deben tomar para desactivar algunos
de los más graves conflictos, recuperar la gobernabilidad, ganar estabilidad política y
propiciar la recuperación económica.
Es fundamental que todos los
sectores de la sociedad, por lo menos la totalidad de los que he
citado, busquen mecanismos o acuerdos que permitan hacer del
respeto a la Constitución la base fundamental y el marco de acción
para todos los protagonistas de la vida pública venezolana.
Es indispensable un acuerdo para
que el artículo 350 de la Constitución no se interprete como un
derecho general a la rebelión. Tal interpretación puede llevar a
más y peores actos de violencia. Todos deben poner de su parte
para un acuerdo en tal sentido.
Es esencial que gobierno, oposición, fuerzas
sociales, organizaciones de derechos humanos y medios de
comunicación, se comprometan a rechazar toda forma de deliberación
de la fuerza pública y respalden la aplicación de los códigos
militares que sancionan tales conductas. También es esencial que
se abandone la interpretación según la cual el citado artículo de
la Constitución puede servir de base a la conducta de oficiales de
distintas armas. Quisiera reiterar que si no se avanza en tal
sentido se podría dar pie a que se presenten nuevos actos de
insubordinación contra la autoridad civil. Esta Asamblea debería
ser categórica al señalar la subordinación constitucional de todas
las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente
constituida, tal como lo señala el articulo cuarto de la Carta
Democrática.
Existe la imperiosa
necesidad de acudir solo a los medios pacíficos. El estado, sin
que sobre ello pueda haber la menor duda, debe mantener el
monopolio del uso legítimo de la fuerza. Se deben investigar las
denuncias según las cuales hay sectores que están poniendo en
peligro ese componente esencial de la seguridad pública. En todo
caso cualquier uso de
las armas debe hacerse bajo autorización y dentro de la
normatividad acordada o dispuesta por las Fuerzas Armadas.
Es muy importante para la
democracia venezolana que la investigación sobre el desenlace
trágico de las manifestaciones del 11 de abril se realice de
manera que sus conclusiones sean aceptadas por todos, y que los
responsables reciban todo el peso de la ley. Lo que señalo no
debería interpretarse como un menoscabo de los poderes
legítimamente constituidos. Con un buen grado de voluntad política
podría conseguirse tal resultado. En todo caso hay que aprender de
lo ocurrido porque cuando se dan manifestaciones de varios
centenares de miles de personas los riesgos son enormes.
Se nos informó que en el seno de la
Asamblea Nacional se ha avanzado en conformar una Comisión de 25
miembros que se encargaría de investigar los hechos, aunque
existen diferencias en cuanto al nombre de la Comisión, al
mecanismo de integración y a su composición.
Gobierno y oposición deberían hacer
lo que esté a su alcance para afianzar la independencia de los
poderes y establecer sus debidos contrapesos. Más allá de la
importancia de asegurar la supremacía de la Constitución, es fundamental restablecer
la confianza en el estado de derecho y asegurar que todos los
estamentos sociales estén dispuestos a acatarla. Así lo dispone el
articulo cuarto de la Carta Democrática.
Cualquier acuerdo entre los
distintos sectores de la vida venezolana debe pasar, como lo
señala la Carta Democrática, por el pleno respeto a la libertad de
expresión y por ende de prensa. Debe quedar claro que cualquier
queja o deficiencia debe resolverse conforme a la Declaración de
Chapultepec. Esta Secretaría expresó públicamente su confianza en
que el gobierno del presidente Chávez resolverá de manera
satisfactoria las preocupaciones de seguridad e intimidación que
alegan los representantes de Medios de Comunicación con los que me
reuní.
En el tema de la televisión, es
importante acordar un código de conducta que, mas allá de la
legislación, asegure la compatibilidad de las transmisiones de
interés publico con la programación normal.
La comunidad internacional debería
prestarle a Venezuela apoyo para asegurar que de nuevo los
partidos y las agrupaciones o movimientos políticos sean los
principales protagonistas de la vida pública. El vacío que han
dejado y que han pretendido llenar otros sectores sociales ha
demostrado de manera palmaria sus limitaciones. Aquí cabrían
acciones en el marco del artículo quinto de la Carta Democrática.
Quiere esta Misión agradecer la
hospitalidad y adecuado apoyo que recibió del Gobierno del
Presidente Chávez. Espero haber cumplido con la disposición de
nuestro Consejo Permanente al someter este informe a su
consideración. La OEA debe estar a disposición del gobierno y el
pueblo de Venezuela para que de la trágica experiencia vivida se
puedan colegir actitudes y acciones que nos aseguren que estos
hechos infaustos y trágicos no se vuelvan a repetir.
Muchas gracias |