ACTUAL SITUACIÓN EN VENEZUELA
Informe que la Misión Permanente de la República Bolivariana de
Venezuela presenta para la consideración del Consejo Permanente de la
OEA
Washington D.C., Martes 28 de mayo de 2002
I. Antecedentes
Venezuela sufrió el 11 de abril de 2002 un golpe de Estado que
significó una interrupción abrupta del orden democrático y
constitucional.
La Comunidad Internacional condenó estos hechos. El Hemisferio parecía
retrotraerse a aciagas situaciones del pasado, signadas por el
quebrantamiento de las libertades fundamentales y el irrespeto a los
derechos humanos. Durante las cuarenta y ocho (48) horas, que el
gobierno de facto permaneció en el poder, los golpistas mostraron su
naturaleza represiva y antipopular.
Los Jefes de Estado de los países miembros del Grupo de Río, reunidos
en San José de Costa Rica, el 12 de abril de 2002, cuestionaron la
ruptura del orden constitucional, e instaron a la normalización de la
institucionalidad democrática. Asimismo, solicitaron la convocatoria a
una sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, conforme
al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Este foro
político, reunido el 13 de abril en la ciudad de Washington D.C.,
adoptó la Resolución CP/RES. 811 (1315/02) titulada “Situación en
Venezuela”, mediante la cual también condenó la alteración del orden
constitucional y convocó a un período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General.
El día 18 de abril de 2002, se realizó, en Washington, D. C., el
Vigésimo Noveno Período Extraordinario de Sesiones. Histórica la
decisión tomada. Los Ministros de Relaciones Exteriores y los Jefes de
Delegación, aprobaron la Resolución AG/RES.1 (XXIX-E02) denominada:
“Apoyo a la Democracia en Venezuela”, mediante la cual expresaron su
“satisfacción por el restablecimiento del orden constitucional y del
gobierno democráticamente elegido del Presidente Hugo Chávez Frías en
la República Bolivariana de Venezuela”. Manifestaron “la determinación
de los Estados Miembros de seguir aplicando, con estricto apego a la
letra y al espíritu; y sin distinción, los mecanismos previstos por la
Carta Democrática Interamericana para la preservación y defensa de la
democracia representativa, reiterando el rechazo al uso de la
violencia para sustituir a cualquier gobierno democrático en el
Hemisferio”. Respaldaron “la iniciativa del Gobierno de Venezuela de
convocar de inmediato a un diálogo nacional, sin exclusiones”, y
exhortaron “a todos los sectores de la sociedad venezolana para que
participen en el mismo, con sus mejores y más decididos esfuerzos a
fin de lograr el pleno ejercicio de la democracia en Venezuela...”.
Por otra parte, los Cancilleres encomendaron al Consejo Permanente de
la Organización presentar “un informe global sobre la situación en
Venezuela al próximo período de sesiones de la Asamblea General”. En
cumplimiento de ese mandato la reunión de hoy aprobará el Informe.
En este contexto, nuestra Delegación presenta las consideraciones que
tiene el Gobierno de Venezuela sobre los trágicos y desafortunados
hechos ocurridos y las políticas que se adelantan actualmente para
lograr la plena normalidad institucional en nuestro país.
II. Restitución del orden constitucional
Como es del dominio de la Comunidad Internacional, un clamoroso
movimiento popular, en alianza con una Fuerza Armada Nacional, apegada
a los valores fundamentales de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, logró el restablecimiento del orden
constitucional y restituyó en la primera magistratura al Presidente
Hugo Chávez Frías. Hecho inédito y sin precedentes en la historia
política de nuestro Continente. Gobernantes democráticamente electos
fueron removidos del ejercicio de sus funciones mediante golpes de
Estado, sin que inmediatamente aparecieran movimientos sociales y
políticos con fuerza suficiente para restaurarlos. No fue éste el caso
de Venezuela. La Fuerza Armada demostró ser, en la mayoría de sus
componentes y estructuras fundamentales de mando, profundamente
democrática.
Las primeras palabras del Presidente Hugo Chávez, al reasumir sus
funciones como Jefe de Estado, en la madrugada del domingo 14 de abril
de 2002, estuvieron orientadas a promover un clima de paz y
reconciliación. Convocó al imperio de la racionalidad política. A la
reunificación del país. Se comprometió a continuar implementando el
proyecto político que lidera (en aras de alcanzar un país más justo,
equitativo, libertario), en un marco democrático y pacífico. Hizo un
llamado a la reflexión de todos los sectores políticos y sociales, sin
exclusión alguna, para buscar alternativas, apegadas a la
Constitución. Expresó que regresaba a cumplir con la alta función
encomendada por el pueblo soberano, sin ánimo de retaliación ni
espíritu revanchista. Reafirmó la disposición de su gobierno de
respetar los derechos humanos, sin menoscabo alguno. Manifestó su
disposición de convocar a un gran diálogo nacional con el propósito de
superar los principales problemas que aquejan al país.
El gobierno venezolano heredó, desafortunadamente, un país plagado de
injusticias. Los cuantiosos ingresos nacionales derivados de las
exportaciones petroleras no fueron utilizados, por quienes habían
ejercido el poder público en los últimos años, para desarrollar de
manera integral el país; para modernizar el Estado; para corregir las
seculares iniquidades y alcanzar una sociedad más inclusiva. Por el
contrario, las desigualdades sociales, económicas y territoriales se
profundizaron. La pobreza creció a niveles sin precedentes.
III. Agresiones contra la Democracia venezolana
La Constitución Nacional promulgada en 1999 postula el ejercicio de la
democracia participativa, protagónica y responsable de los ciudadanos.
Principios que viabilizan la democracia representativa, en la medida
en que generan mecanismos de comunicación y diálogo para que todos y,
en particular, los excluidos de siempre sean escuchados por quienes
dirigen la cosa pública.
En Venezuela se ha intensificado, como nunca, la participación
política. En apoyo al Presidente Chávez se movilizan frecuentemente
sectores sociales, especialmente los que Frank Fannon llamara “los
condenados de la tierra”. Los opositores políticos recurrentemente
toman las calles para expresarse. Expresiones inequívocas del
pluralismo político que caracteriza a una sociedad democrática, como
la venezolana de este tiempo.
El amplio debate que se da en Venezuela, expresa el necesario y
complejo proceso de cambios de naturaleza progresista que demanda el
país en todos los órdenes. Un verdadero desafío histórico. La mayoría
determinante de nuestra sociedad aspira profundizar y perfeccionar la
democracia, conjugando la vigencia del estado de derecho, con un
estatuto de equidad económica, social y territorial. Para el Gobierno
de Venezuela, Democracia y Justicia son dos caras de una misma moneda.
Hay, sin embargo, quienes se oponen a los cambios. Muchos de ellos por
confusión. Una minoría, la que ha detentado los privilegios del poder
y usufructuado groseramente las inmensas riquezas generadas por la
economía petrolera venezolana, ha logrado desafortunadamente irrigar
su antidemocrática ideología. Minoría que se opone obstinadamente a
cualquier alternativa que signifique equilibrio y justicia en la
distribución de la riqueza. En su insensata conducta recurre hasta al
expediente del racismo para descalificar a los sectores populares y
sus líderes. El racismo ha logrado lamentablemente, en Venezuela,
ensanchar su clientela. La ideología que lo soporta, que estaba
confinada a reducidos nichos, ha penetrado en ciertos estratos de la
sociedad. Preocupante fenómeno en una sociedad que históricamente se
ha configurado, al influjo de una cultura igualitaria y tolerante.
El Gobierno considera legítima a la oposición. Absolutamente necesaria
para perfeccionar la democracia. Ella nunca había tenido en nuestro
país tantas posibilidades de expresarse. No pocas veces se desborda en
sus críticas. Aún así, sus voceros reciben un tratamiento, por parte
del Gobierno, respetuoso y considerado. A los golpistas del 11 de
abril se les ha resguardado sus derechos humanos, el debido proceso. Y
hasta se les invita al Parlamento Nacional, donde hay una correlación
de fuerzas mayoritaria que respalda al Presidente Chávez, para que
expresen sus opiniones, las cuales son amplia e instantáneamente
divulgadas a través de todos los medios de comunicación. Cuan
tolerante el gobierno venezolano. Conducta sin parangón en la historia
de América Latina y el Caribe. El crimen, la tortura, la cárcel y la
persecución han sido las recetas que, con cierta frecuencia, se ha
aplicado a los disidentes políticos, a quienes irrumpen contra los
poderes constituidos.
El cabecilla civil de la operación golpista publica sus artículos de
opinión en la prensa nacional. Guardaba detención en su propia casa,
junto a su familia. De allí logró acceder hasta la residencia de la
Embajada de Colombia, país que le concedió asilo. El presidente Chávez
ha autorizado que se le otorgue el salvoconducto que le permitirá
salir del país.
El Presidente Chávez ha reafirmado, de manera reiterada, la necesidad
del entendimiento nacional. Manifestantes de la oposición, de manera
recurrente, se lanzan a las calles. Igual derecho tienen los
partidarios del Presidente de defender sus banderas. El estado de
excepción, situación prevista en la Constitución Nacional, nunca se ha
decretado a pesar de las difíciles circunstancias por las cuales ha
atravesado el país.
En esta hora, cuando las tensiones políticas han alcanzado elevada
temperatura, el diálogo es la única vía para encontrar soluciones a
los conflictos de intereses.
Los planes conspirativos para desestabilizar el orden democrático no
han cesado. En honor a la verdad, se iniciaron desde el mismo momento
en que el Presidente Chávez obtuvo la victoria electoral. A pesar de
la derrota que han sufrido los sectores antidemocráticos, aún insisten
en provocar confrontaciones indeseables y se rehusan a participar en
el diálogo que propone el Jefe del Estado. Haciendo uso de ingentes
recursos adelantan en el país y en el exterior una campaña para
desprestigiar al Gobierno. Su obsesión es derrocar al Presidente
Chávez, por cualquier medio, aún a costo de la ruina del país. Ninguna
alternativa desestiman para lograr sus insensatos propósitos. Se
resisten a competir en el terreno de la democracia y a acatar el orden
constitucional.
Las autoridades competentes investigan los sucesos golpistas y a sus
actores, con sindéresis y magnanimidad. Tratan de determinar, con
estricto apego al orden jurídico vigente, las responsabilidades que
competen a los protagonistas del desafuero.
IV. Lamentables consecuencias
El colofón del llamado a la huelga general indefinida fue la marcha de
la oposición convocada el 11 de abril para hacer el recorrido desde
Parque del Este hasta Chuao sede de PDVSA, en Caracas. La muchedumbre
fue manipulada en su emotividad, fervor y buena fe, por algunos
líderes quienes auparon a que continuara hacia el Palacio de
Miraflores, contraviniendo las normas que autorizan previamente
cualquier movilización de calle.
Diversos personeros del gobierno -y hasta el propio Presidente de la
República- llamaron la atención de los líderes de la manifestación,
para que actuaran con mayor prudencia, ponderación y racionalidad a
fin de evitar un enfrentamiento altamente inconveniente entre los
grupos antagónicos en la periferia del Palacio de Miraflores. Se hizo
caso omiso a estos llamados, creándose un ambiente de confusión y
enfrentamiento. Sobrevino entonces la tragedia: derramamiento de
sangre.
Los días 11, 12 y 13 de abril fueron trágicos. Ocurrieron muertes y
graves atentados contra la propiedad privada. La angustia y el
desasosiego invadieron los hogares venezolanos.
Unos pocos actores del mundo civil y militar, quienes habían diseñado
con antelación una estrategia golpista y antidemocrática, manipularon
y utilizaron el incuestionable derecho que tiene cualquier sector de
la sociedad a disentir de las políticas oficiales. Eso fue lo que
ocurrió el 11 de abril. Ese día activaron dispositivos militares
previamente programados para derrocar al Presidente legítimamente
electo. Y lo lograron por pocas horas. Las lamentables muertes
ocurridas en medio de la confusión y la violencia, fueron enarboladas
por sectores de la oposición para inculpar al Presidente. Miembros de
la oficialidad militar fueron, ciertamente, confundidos en su buena
fe. En medio de la caótica situación y de la manipulación mediática
los golpistas detuvieron e incomunicaron al Presidente. Nombraron a un
gobernante de facto quien anunció, en el marco de su juramentación, en
la tarde del 12 de abril, la disolución de todos los poderes del
Estado; la nulidad de la Constitución aprobada por más del 80% de la
población en referéndum, el primero de la historia del país. Eliminó
por decreto 48 leyes de carácter social y económico. Destituyó a todos
los gobernadores, alcaldes, juntas parroquiales, electos por votación
universal y directa. Y hasta eliminó el nombre del país, mancillando
así la figura egregia del Padre de la Patria, el Libertador Simón
Bolívar. El gobierno de facto desató una feroz persecución contra
parlamentarios y líderes afectos al Presidente Chávez.
Según el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
la libertad de expresión e información no es ilimitada. Debe ejercerse
con responsabilidad y de un modo tal que no afecte la seguridad del
Estado, la dignidad y honra de las personas. Algunos medios celebraron
el derrocamiento del Presidente constitucional, pero no reseñaron que
millones de venezolanos se habían lanzado a las calles los días 12, 13
y 14 de abril de 2002, en las principales ciudades del país para
solicitar su regreso y el restablecimiento del hilo constitucional.
Aún así, el Gobierno de Venezuela no ha tomado ni tomará ninguna
medida restrictiva o represiva contra ellos. Por el contrario, el
Presidente Chávez ha exhortado a todos aquellos que le respaldan, a
respetar todos los medios y a los comunicadores sociales, dando así,
una irrefutable prueba de tolerancia política. En honor a la verdad,
nunca la crítica había sido ejercida en los medios de comunicación con
tanta libertad. Ha habido, ciertamente, manifestaciones de
intolerancia contra varios medios por parte de partidarios del
gobierno. El Presidente y otras altas autoridades han cuestionado
estas indeseables practicas y han hecho un llamado para que no vuelvan
a repetirse.
V. El histórico retorno del Presidente.
El sábado 13 de abril, desde tempranas horas de la mañana se inició
una masiva concentración popular en el Fuerte Tiuna, principal
establecimiento militar del país. Los miles de manifestantes exigían
la liberación del Presidente Hugo Chávez Frías. Protestas similares se
multiplicaban en numerosas ciudades del interior. En las inmediaciones
del Palacio de Miraflores, una multitud de personas se congregó para
reclamar el retorno del Presidente Hugo Chávez.
En horas de la tarde, el gobierno de facto –asediado por una inmensa
muchedumbre popular- fue perdiendo el control del Palacio de Gobierno.
Los golpistas huyeron y el pueblo recuperó el principal símbolo del
poder. En la madrugada del domingo 14 de abril, el Presidente Chávez
reasumió su alta investidura. Un movimiento cívico-militar,
profundamente democrático, restableció el hilo constitucional en una
acción insólitamente pacífica, sin paralelo en la historia
contemporánea de nuestro hemisferio.
Esa misma tarde, algunos miembros del gabinete de gobierno
constitucional reingresaron al palacio de Miraflores. Se conoce la
noticia de que el Presidente no había renunciado, divulgada por la
iniciativa audaz y valiente de un soldado que estaba en servicio en
uno de los sitios donde el Jefe de Estado había sido detenido.
Militares democráticos de Caracas, Maracay y de todo el país exigen el
retorno a la constitucionalidad. Mientras tanto, algunas cadenas de
noticias internacionales, transmiten esos acontecimientos de gran
significado histórico. En verdad, fue la fuerte convicción democrática
de la sociedad venezolana, y el apego de mayoritarios sectores
militares al estado de derecho, lo que determinó la gran victoria de
la democracia venezolana, dándose al mundo una lección de madurez
cívica.
Acciones del Estado Venezolano para la Estabilización de las
Instituciones Democráticas.
En el marco de las respectivas competencias y facultades que les
confiere la Constitución, las instituciones que forman los poderes
públicos del Estado venezolano, están implementando, en estos
momentos, una serie de iniciativas dirigidas a fortalecer la
estabilidad democrática y proponer la reconciliación de todos los
venezolanos. Se busca establecer consensualmente las bases de una
gobernabilidad democrática inspirada en la libertad y la justicia.
Del Poder Ejecutivo
La disposición del Jefe del Estado de impulsar el diálogo, no ha
quedado en promesas. Mediante decreto del 28 de abril de 2002
estableció la Comisión para el Diálogo, que él mismo preside. Designó
para coordinarla al nuevo VicePresidente Ejecutivo de la República,
Doctor José Vicente Rangel, ex ministro de Defensa y exCanciller.
Personalidad de probada trayectoria democrática y consecuente
defensor, durante su vida pública, de los derechos humanos. La
Comisión se ha conformado con amplia participación de diversos
sectores de la vida nacional; por una pluralidad de representación
“intuito persona”. Su primera reunión se celebró el día 16 de mayo de
2002. Allí se vienen tratando los temas más importantes que gravitan
en la actual situación nacional.
Sus miembros han elaborado consensualmente un decálogo que comprende
los temas sociales acuciantes, como la necesidad de superar la
extendida pobreza que existe en el país. Y en lo
político-institucional, se dialoga sobre la duración del período
constitucional; la reforma de la Constitución; el papel de los
Círculos Bolivarianos; el rol del Poder Ciudadano; la integración del
Consejo Nacional Electoral. Énfasis especial dedican a la
consideración de los lamentables hechos de violencia ocurridos durante
el día del golpe y los subsiguientes. Recomiendan adelantar un plan
para lograr una reducción considerable en el uso de las armas de
fuego, con el objeto de impedir que éstas estén en manos de la
población civil; prerrogativa que corresponde exclusivamente a la
Fuerza Armada, a los cuerpos de seguridad del Estado y a las personas
debidamente autorizadas.
El Presidente Chávez ha admitido públicamente, en autocrítica sin
precedentes en la historia de Venezuela, que durante el proceso de
construcción democrática su Gobierno ha cometido errores.
Su llamado al diálogo y a la reconciliación de todos los venezolanos
ha sido reiterado y categórico.
En tal sentido, se han tomado una serie de iniciativas con el objeto
de promover un intenso proceso de diálogo nacional, sin exclusiones,
con estricto apego a la Constitución Bolivariana.
De manera inmediata se han ido concretando iniciativas para este
diálogo nacional, que ha sido respaldado por los Cancilleres reunidos
durante el Vigésimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea
General celebrada el 18 de mayo del 2002.
Las Mesas de Diálogo tienen por objeto consolidar la participación de
la sociedad venezolana en los actos fundamentales del Estado. Sus
recomendaciones servirán de referencia para las políticas que lleven
adelante todos los poderes del Estado. Allí las decisiones se toman
por consenso.
Para su debida consideración e implementación, el decálogo se ha
distribuido en cinco Comisiones de Equilibrio: Político; Social;
Económico, Territorial e Internacional. Al mismo tiempo, se propone
fomentar el diálogo en las regiones con el apoyo de las universidades,
gobernaciones y alcaldías.
En la agenda del Diálogo se plantean cuestiones fundamentales para
alcanzar un amplio acuerdo político:
· Respetar la Constitución y las leyes de la República;
· Condenar los golpes de Estado como forma de producir cambios en la
sociedad;
· Rechazar la violencia y la intolerancia en todas sus
manifestaciones;
· Respaldar la independencia de los poderes del Estado en los términos
establecidos en la Constitución;
· Garantizar la impecable investigación de los hechos de violencia
ocurridos los días 11, 12, 13, y 14 de abril;
· Examinar el rol de los medios de comunicación;
· Establecer criterios de transparencia y equilibrio para avanzar en
el proceso de diálogo;
· Recomendar una lucha a fondo contra la corrupción y la impunidad;
· Democratizar el diálogo para que este se produzca a todos los
niveles y en todas las regiones del país;
· Regularizar y controlar la tenencia de armas, conforme a la ley;
· Garantizar la transparencia y la equidad en la asignación de los
recursos públicos.
Por otra parte, también se han creado Comisiones de Mediación con
diversos sectores para procurar el acercamiento con la Confederación
de Trabajadores de Venezuela (CTV), y la Federación de Cámaras de
Industria y Comercio del país (FEDECAMARAS), Medios de Comunicación y
la Iglesia.
De la Asamblea Nacional
Una Comisión Especial del Parlamento investiga lo sucedido durante la
interrupción inconstitucional. La integran diputados de todas las
tendencias políticas y es presidida por un diputado de la oposición.
En ese marco se desarrolla un intenso proceso de interpelaciones,
tanto a personas afectas al Gobierno como contrarias a él.
Luego de un intenso debate parlamentario se adoptó unánimemente la
decisión de crear una Comisión de la Verdad, formada por miembros de
la sociedad civil. Con el objeto de reglamentar su actuación y hacer
más transparente sus ejecutorias, será promulgada una Ley de la
República denominada: “Ley sobre la Comisión de la Verdad”. Ensayo
absolutamente novedoso en el hemisferio ya que las comisiones de la
verdad que se han creado hasta ahora, al menos oficialmente, tuvieron
por objeto el esclarecimiento de los hechos y lesiones de derechos
humanos correspondientes a períodos históricos pasados de cada país y
nunca, como será el ejemplo venezolano, a situaciones presentes o en
pleno desarrollo. Son los casos, por ejemplo, de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada en Argentina por
Decreto-Ley 187/83 del 15 de diciembre de 1983, o la Comisión Nacional
de Verdad y Reconciliación (CNVR) creada en Chile, mediante Decreto
Supremo Nro. 355 de 24 de abril de 1990. Ambas comisiones fueron
creadas con el objeto preciso de investigar y esclarecer atroces
violaciones de derechos humanos acaecidas en situaciones históricas o
regímenes políticos pasados.
Las interpelaciones públicas por parte de la Asamblea Nacional a los
principales protagonistas, tanto del Gobierno como de la oposición,
constituyen la mejor demostración de la vigencia del Estado
democrático de Derecho en Venezuela. Han sido interpelados altos
jerarcas del estamento político y militar. Incluso, se tiene prevista
la comparecencia del propio Presidente Hugo Chávez, quien ha mostrado
su disposición a dialogar y colaborar con la Comisión Especial, aún
cuando -dada su condición de Jefe de Estado- en obsequio de principios
constitucionales vigentes en el país, podría negarse a comparecer o
restringir su colaboración exclusivamente a responder por escrito el
cuestionario que se le cursaría. Caso único en la historia política de
Venezuela.
De la Defensoría del Pueblo
Promueve acciones en defensa de los derechos humanos. Fomenta un clima
de tolerancia; la cultura de paz y la conciencia democrática. En lo
inmediato, promueve la búsqueda de la reconciliación, en aras del
relanzamiento de las potencialidades de la Nación.
De la Fiscalía General de la República
Para el logro de sus objetivos fortalece el equipo de fiscales
designados en criminalística y medicina forense, para atender con
mayor celeridad las investigaciones respecto a la identidad de los
autores de los hechos que ocasionaron victimas fatales y heridos entre
los días aciagos de abril.
A su vez, investiga la posible responsabilidad penal de funcionarios
de algunas alcaldías del área metropolitana de Caracas, que pudieron
haber actuado en esos días, fuera del marco de la ley. Asimismo, las
acciones de determinados funcionarios que participaron en
allanamientos, sin orden judicial y en detenciones arbitrarias. Diseña
mecanismos de protección para familiares de las victimas y testigos,
con la finalidad de facilitar el proceso investigativo.
Por otra parte, pone en practica un plan de acción coordinado por la
Dirección de Protección de los Derechos Fundamentales y por la
Dirección de Delitos Comunes. Plan ejecutado por cuatro grupos de
trabajo, formados por fiscales y coordinadores que se ocupan de
investigar las muertes, lesiones y saqueos. Cuentan con la asistencia
de la Dirección de Asesoría Técnico-Científico e Investigaciones del
Ministerio Público, implantándose, en ese sentido, el “Sistema de
Seguimiento de Casos”.
Con relación a las medidas cautelares adoptadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, ha comisionado distintos
representantes fiscales, con el propósito de esclarecer la veracidad
de los hechos denunciados y establecer las responsabilidades a que
hubiere lugar, dando así cumplimiento a dichas medidas.
Apoyo de la OEA a Venezuela
El Gobierno de Venezuela reconoce la solidaridad mostrada por la OEA,
en momentos cruciales para la vida democrática del país. Valora en
alto grado la Resolución de la Asamblea General AG/Res.1 (XXIX E/2)
del 18 de abril de 2002, donde se acuerda:
“Brindar el apoyo y la ayuda de la OEA que el Gobierno de Venezuela
requiriera para la consolidación de su proceso democrático”
Como se ha explicado a lo largo de este informe, en Venezuela se
avanza hacia la búsqueda de un consenso nacional. Lo cual no niega que
cada sector siga defendiendo sus banderas y proyectos políticos. El
proceso de diálogo está en plena evolución y desarrollo, aunque aún
persisten algunos escollos. Acuerdos preliminares existen ya. Otros,
igualmente sustantivos, se irán formando en los próximos días. El
apoyo principal que demanda el Gobierno de Venezuela de la OEA es
fundamentalmente de tipo político. En ese sentido, la Resolución ya
mencionada constituye una testimonial evidencia de apoyo al Gobierno y
a la democracia en nuestro país.
El Gobierno espera, a la luz del proceso de diálogo y reconciliación
que se adelanta, consolidar mayores consensos. Estaría inclinado a
solicitar el apoyo específico del máximo organismo hemisférico, en
caso de que este fuere necesario, para profundizar y perfeccionar la
institucionalidad democrática en Venezuela.
http://www.venezuela-oas.org/informe_que_la_misión_permanente.htm