Acuerdo entre la representación del Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela y los factores políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora
Democrática
Los suscritos miembros de la
Mesa de Negociación y Acuerdos, representantes del Gobierno Nacional y de las
fuerzas políticas y sociales que lo apoyan, así como de las organizaciones
políticas y de la sociedad civil que conforman la Coordinadora Democrática,
suscribimos el presente acuerdo con el espíritu de encontrar el camino de la
concordia para el desarrollo del país. Para ello reiteramos los principios que
nos trajeron a esta mesa entre los cuales queremos destacar la voluntad que
ambas partes tenemos para que los problemas de Venezuela puedan ser resueltos
por los Venezolanos, y nuestra convicción de la necesidad de encontrar una
solución constitucional, pacífica, democrática y electoral.
Ambas partes expresamos nuestra total adhesión y respeto a la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. En su respeto, y al régimen legal que la
desarrolla, se basa la prevalencia del Estado de Derecho. La Constitución
contempla un conjunto de valores y normas para expresar los principios
fundamentales de convivencia social y política, y establece los mecanismos de
solución de diferencias. Cualquier cambio para atender las experiencias del
proceso político que se ha vivido debe ser hecho dentro de sus normas y de una
manera preferentemente consensuada por los actores y protagonistas políticos de
la vida pública venezolana, respetando los principios de pluralidad y
proporcionalidad en la participación de las fuerzas políticas.
Ambas partes somos conscientes de que en el momento histórico que vivimos es
necesario ponerse de acuerdo sobre lo fundamental para garantizar una democracia
pluralista y vigorosa donde continuemos teniendo espacio para todos y donde la
justicia social, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, el estado de
derecho y la convivencia democrática sean los valores esenciales. Tenemos
conciencia de que hay que colocar esos valores más allá de la controversia
política y partidista. Muy especialmente estimamos que tales valores deben
redefinirse y profundizarse en una serie de políticas públicas que se dirijan a
áreas concretas como salud, educación, seguridad ciudadana, administración de
justicia, seguridad social, desarrollo económico, empleo y vivienda.
En la presente circunstancia queremos expresar que estamos convencidos de que
Venezuela y el pueblo venezolano continuarán transitando el camino democrático
con sentido de hermandad, respeto por las convicciones de cada venezolano y
voluntad de reconciliación.
Somos conscientes de que es necesario consolidar en nuestra sociedad una
modalidad de pluralismo en la que sea posible el ejercicio de la política por
todos los actores de la vida nacional. Venezuela necesita el concurso de todos
para continuar su camino en paz y en democracia, de modo que cada quien exprese
sus ideas, asuma sus posiciones y tome decisión entre las distintas opciones que
políticamente se le ofrecen.
El Gobierno y las Fuerzas Políticas y sociales que lo apoyan, y las
organizaciones políticas y de la sociedad civil representadas por la
Coordinadora Democrática expresan su adhesión a los principios consagrados en la
Carta Democrática Interamericana, que declara el derecho de los pueblos a vivir
en democracia y la obligación de los Gobiernos y todos los ciudadanos de
promoverla y defenderla. Ambos sectores comparten los valores allí consignados,
como aquellos según los cuales al poder no puede accederse sino con sujeción al
estado de derecho; la celebración de elecciones libres justas y transparentes; y
la separación e independencia de los poderes públicos; la democracia
representativa que se refuerza y enriquece con la participación permanente,
ética y responsable de la ciudadanía, en un marco de legalidad; el estricto
respeto a los derechos humanos, a los derechos de los trabajadores, a la
libertad de expresión, de información y de prensa, a la eliminación de todas las
formas de discriminación e intolerancia. Ambas partes también reconocen las
estrechas relaciones entre la democracia y la lucha contra la pobreza, entre la
democracia y el desarrollo, y entre la democracia y la prevalencia de los
derechos humanos.
Ambas partes manifestamos nuestra adhesión a los principios de la Carta de la
OEA; al derecho internacional como norma de conducta de los estados en sus
relaciones reciprocas; al respeto a la soberanía y a la no-intervención; a la
autodeterminación de los pueblos; a la igualdad jurídica de todos los estados; y
a la solución pacífica de las controversias.
Las partes signatarias de este Acuerdo ratificamos la vigencia y nuestra plena
adhesión y compromiso con la “Declaración contra la Violencia por la Paz y la
Democracia’’ suscrita el 18 de Febrero del 2003, la cual debe considerarse como
parte integrante de este Acuerdo.
Ambas partes coincidimos plenamente en que el monopolio del uso de la fuerza por
parte de la Fuerza Armada Nacional, y policías metropolitanas, estadales y
municipales, es una prerrogativa fundamental e indeclinable en la lucha contra
la violencia y en la de asegurar la esencia de un Estado democrático. La función
de los órganos policiales será dirigida por las autoridades civiles que ejercen
su mando conforme lo disponen la Constitución y la Ley, para lo cual se deberá
dar cabal cumplimiento a las disposiciones legales y a las decisiones judiciales
que regulan las labores de Coordinación de Seguridad Ciudadana. En todo caso los
cuerpos de policía y cualquier otro organismo de seguridad con competencias
nacionales, estadales o municipales, no deberán utilizarse como instrumentos de
represión arbitraria o desproporcionada, así como tampoco para ejecutar acciones
que impliquen intolerancia política.
Las partes nos comprometemos a adelantar, con el apoyo de las instituciones del
Grupo Tripartito Internacional, una vigorosa campaña de desarme efectivo de la
población civil, basada en la ley aprobada en la Asamblea Nacional, y con el
apoyo y la observación de instituciones internacionales, sin menoscabo de
nuestra soberanía nacional. Las partes seguiremos las conclusiones de la Mesa de
Diálogo realizada por la Asamblea Nacional para un diseño concertado sobre el
desarme de la Población Civil.
Exhortamos a las fracciones políticas representadas en la Asamblea Nacional a
concluir la Ley para la conformación de la Comisión de la Verdad, a fin de que
la misma coadyuve en el esclarecimiento de los sucesos de Abril de 2002 y
coopere con los órganos judiciales para que se establezcan las debidas
responsabilidades y se sancione a los culpables.
En la búsqueda de una salida electoral a la situación política que ha vivido el
país y como lo señala la síntesis operativa, las partes después de una discusión
profunda sobre el tema, hemos avanzado en el presente acuerdo en que, tal y como
lo expresa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se prevé la
eventual celebración de un referendo revocatorio del mandato del Presidente de
la República, si así se solicita por el número exigido de electores y se aprueba
por el nuevo Consejo Nacional Electoral, una vez que se establezca que se han
cumplido los requerimientos constitucionales y legales. Para este propósito,
hemos estimado importante aclarar algunos aspectos para que el mecanismo
contenido en el Art. 72 de la Constitución pueda ser aplicado de la manera más
transparente y eficaz posible, sin perturbaciones o interferencias de ningún
sector, sea del Gobierno o de la oposición.
Ambas partes asumimos que tal y como lo decidió el Tribunal Supremo de Justicia,
por medio de su Sala Constitucional en sentencia del día 13 de febrero de 2003,
la mitad del período presidencial se cumple el 19 de agosto de 2003.
Las dos partes coincidimos en que resulta indispensable contar a la brevedad
posible con un árbitro electoral a ser designado en la forma prevista en la
Constitución, sin menoscabo de las decisiones judiciales, que ofrezca garantías
de imparcialidad y transparencia en cualquier proceso electoral y referendario.
En ese sentido, se considera muy importante el trabajo que se está adelantando
en la Asamblea Nacional. Las dos Partes manifestamos nuestra disposición a
coadyuvar como factor de entendimiento en todo lo referente a la conformación y
operatividad del Árbitro Electoral, sin interferir en el proceso normal que se
está llevando a cabo por el poder legislativo nacional. Se dispuso mantener una
vinculación estrecha con el proceso de designación de la nueva Directiva del CNE
y prestar el apoyo y la asistencia que se consideren necesarios, con el objeto
de agilizar todas las instancias operativas del órgano electoral.
Desde el comienzo de la Mesa de Negociación y Acuerdos las dos Partes hemos
manifestado, en reiteradas oportunidades, nuestra inquietud por la necesidad de
crear un clima político y electoral apropiado. Las partes hemos decidido que en
las presentes circunstancias la manera más eficiente de contribuir a mejorar el
clima político y electoral es a través de acuerdos en la Mesa.
Las dos partes estamos comprometidas con la libertad de expresión, tal como esta
consagrada en nuestras normas constitucionales, legales y en la Carta
Democrática Interamericana. Las dos partes nos proponemos trabajar con los
medios de comunicación públicos y privados, para promover su identificación con
los propósitos enunciados en este documento y en la Declaración contra la
violencia y por la paz y la democracia, particularmente en lo que hace relación
a la desactivación de la violencia y sobre su papel de informar a los ciudadanos
sobre las opciones políticas con un sentido de equidad e imparcialidad.
En lo referente a la financiación por parte del Estado de los referendos
revocatorios, los representantes del Gobierno han manifestado el compromiso de
éste de disponer de todos los recursos necesarios para que los mismos se lleven
a cabo oportunamente, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos
legales que las normas establecen. En lo referente al Plan República, igualmente
se hace énfasis en que si todo el procedimiento se ajusta al ordenamiento legal,
los órganos competentes del Estado estarán en disposición de activar dicho plan
ante la solicitud de las autoridades electorales, en los mismos términos y
condiciones en que habitualmente ha sido ejecutado en procesos electorales
anteriores. Los miembros de la Mesa elaborarán una comunicación formal conjunta
dirigida a las autoridades que correspondiera, haciendo referencia a este punto
de una manera clara una vez el CNE haga las solicitudes correspondientes.
La OEA, el Centro Carter y las Naciones Unidas, han manifestado su disposición
para prestar la asistencia técnica que les sea requerida por el Poder Electoral
de la República Bolivariana de Venezuela para la realización de cualquier tipo
de consulta electoral. Esta asistencia técnica podría incluir desde las
actividades preparatorias o preelectorales hasta las actividades propias de
observación electoral. En lo referente al apoyo directo que se le puede prestar
al CNE, es importante resaltar la voluntad de colaboración, tanto con recursos
humanos como materiales, que estas tres organizaciones han ofrecido.
Se acuerda entrar en relación inmediata con la Directiva del CNE competente,
dentro del propósito que asiste a esta Mesa, cual es fortalecer el Sistema
Electoral venezolano, coadyuvando en la identificación de las áreas en las que
se requeriría apoyo internacional.
La fecha en la que debería realizarse el eventual referendo revocatorio del
mandato del Presidente de la República, una vez cumplidos los requisitos legales
y constitucionales pertinentes, la determinará el CNE en los plazos
correspondientes según las previsiones del artículo 184 de la Ley del Sufragio y
Participación Política, sin ningún tipo de demora que afecte su realización. En
tal sentido ambas partes aceptamos que dicha ley regirá la realización del
mencionado referendo y la misma no será modificada en las normas que regulan los
procesos referendarios.
Las partes convienen en que la Mesa de Negociación y Acuerdos seguirá tratando
una serie de temas aun no resueltos, los cuales son inherentes o conexos con los
aquí tratados, así como también continuará haciendo el seguimiento operativo y
la instrumentación de los puntos contenidos en este segundo acuerdo, a los fines
de lograr su concreción.
La OEA, el Centro Carter y el PNUD, conforme a sus respectivos mandatos, y con
base en lo estipulado en la síntesis operativa desarrollarán un papel de
garantes del presente acuerdo. El facilitador estará a disposición de las partes
para apoyarlas en el desarrollo de los acuerdos o para dilucidar cualquier
diferencia que pueda surgir para su cabal cumplimiento.
2003.01.11