Proyecto de Acuerdo presentado por la
delegación oficial a César Gaviria
Los suscritos miembros de la
Mesa de Negociación y Acuerdos, representantes del Gobierno Nacional y de las
fuerzas políticas y sociales que lo apoyan, así como de las organizaciones
políticas y de la sociedad civil que conforman la Coordinadora Democrática,
suscribimos el presente acuerdo con espíritu de tolerancia para contribuir al
fortalecimiento del clima de paz en el país. En ese sentido reiteramos los
principios que nos trajeron a esta mesa , y que constan en la Síntesis Operativa
acordada por las partes desde el momento de su instalación.
Expresamos nuestra total adhesión y respeto a la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. En su respeto, y en el régimen legal que la
desarrolla, se basa la prevalencia del Estado de Derecho. La Constitución
contempla un conjunto de valores y normas para expresar los principios
fundamentales de convivencia social y política, y establece los mecanismos de
solución de diferencias. Cualquier cambio para atender las experiencias del
proceso político que se ha vivido debe ser hecho dentro de sus normas y de una
manera preferentemente consensuada.
Somos conscientes de que en el momento histórico que vivimos es necesario
ponerse de acuerdo sobre lo fundamental para garantizar una democracia
participativa, pluralista, vigorosa y auténticamente representativa, donde
continuemos teniendo espacio para todos y donde la justicia social, la
tolerancia, la igualdad de oportunidades, el estado de derecho y la convivencia
democrática sean los valores esenciales. Tenemos conciencia de que hay que
colocar esos valores más allá de la controversia política y partidista, y que
los mismos continúen signando las políticas públicas especialmente en materias
de preponderante interés social.
Queremos expresar que estamos convencidos de que Venezuela y el pueblo
venezolano continuarán transitando el camino democrático con sentido de
hermandad, respeto por las convicciones de cada venezolano y voluntad de
reconciliación.
Somos conscientes de que es necesario consolidar en nuestra sociedad una
modalidad de pluralismo en la que sea posible el ejercicio de la política por
todos los actores de la vida nacional. Venezuela necesita el concurso de todos
para continuar su camino en paz y en democracia, de modo que cada quien exprese
sus ideas, asuma sus posiciones y tome decisión entre las distintas opciones que
políticamente se le ofrecen.
El Gobierno y las fuerzas políticas y sociales que lo apoyan, y las
organizaciones políticas y de la sociedad civil representadas por la
Coordinadora Democrática expresan su adhesión a los principios consagrados en la
Carta Democrática Interamericana, que declara el derecho de los pueblos a vivir
en democracia y la obligación de los Gobiernos y todos los ciudadanos de
promoverla y defenderla. Ambos sectores, dejando a salvo lo dispuesto por el
artículo 6° de la Constitución de la República en relación con la "democracia
participativa", comparten los valores allí consignados, como aquellos según los
cuales " al poder no puede accederse sino con sujeción al estado de derecho";
"la celebración de elecciones libres justas y transparentes, y la separación e
independencia de los poderes públicos"; "la democracia representativa que se
refuerza y enriquece con la participación permanente, ética y responsable de la
ciudadanía, en un marco de legalidad"; "el estricto respeto a los derechos
humanos, a los derechos de los trabajadores, a la libertad de expresión, de
información y de prensa, a la eliminación de todas las formas de discriminación
e intolerancia". Ambas partes también reconocen las estrechas relaciones entre
la democracia y la lucha contra la pobreza, entre la democracia y el desarrollo,
y entre la democracia y la prevalencia de los derechos humanos.
Invocamos los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos,
OEA; el derecho internacional como norma de conducta de los estados en sus
relaciones recíprocas; el respeto a la soberanía y a la no-intervención; a la
autodeterminación de los pueblos; a la igualdad jurídica de todos los estados; y
a la solución pacífica de las controversias.
Ratificamos la vigencia y nuestra plena adhesión y compromiso con la
"Declaración contra la Violencia por la Paz y la Democracia’’ suscrita el 18 de
Febrero del 2003, la cual debe considerarse como parte integrante de este
Acuerdo.
Coincidimos plenamente en que el monopolio del uso de la fuerza por parte del
Estado, a través de la Fuerza Armada Nacional, y policías metropolitanas,
estadales y municipales, es una prerrogativa fundamental e indeclinable en la
lucha contra la violencia y en la de asegurar la esencia de un Estado
democrático. La función de los órganos policiales será dirigida por las
autoridades civiles que ejercen su mando conforme lo disponen la Constitución y
la Ley, para lo cual se deberá dar cabal cumplimiento a las disposiciones
legales y a las decisiones judiciales que regulan las labores de Coordinación de
Seguridad Ciudadana. En todo caso, con apoyo en la Ley, debe racionalizarse la
tenencia de armas por parte de los cuerpos de policía, y cualquier otro
organismo de seguridad con competencias nacionales, estadales o municipales.
Ninguno de estos cuerpos deberá utilizarse como instrumento de represión
arbitraria o desproporcionada, así como tampoco para ejecutar acciones que
impliquen intolerancia política.
Nos comprometemos a adelantar una vigorosa campaña de desarme efectivo de la
población civil, basada en la ley aprobada en la Asamblea Nacional, haciendo
para ello uso de todos los mecanismos y recursos que en ella se prevén. Las
partes seguiremos las conclusiones de la Mesa de Diálogo realizada por la
Asamblea Nacional para un diseño concertado sobre el desarme de la Población
Civil.
Exhortamos a los grupos parlamentarios de opinión representados en la Asamblea
Nacional a concluir la Ley para la conformación de la Comisión de la Verdad, a
fin de que la misma coadyuve en el esclarecimiento de los sucesos de Abril de
2002 y coopere con los órganos judiciales para que se establezcan las debidas
responsabilidades y se sancione a los culpables.
Las partes después de una discusión suficiente sobre el tema político electoral,
hemos avanzado en el presente acuerdo en que, tal y como lo expresa la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se fija con toda
claridad por el artículo 72 de ese texto, se prevé la eventual celebración de
referendos revocatorios del mandato de todos los cargos y magistraturas de
elección popular, especialmente de aquellos que han arribado a la mitad del
período para el cual fueron elegidos (Gobernadores, Alcaldes, Legisladores
Regionales y Diputados a la Asamblea Nacional), o arribarán a dicha mitad en el
trascurso de este año , como es el caso del Presidente de la República. Tales
referendos serán posibles si así se solicitan por el número exigido de electores
y se aprueban por el nuevo Consejo Nacional Electoral, una vez que se establezca
que se han cumplido los requerimientos constitucionales y legales. Debe tomarse
en cuenta que ya han sido solicitados Referendos Revocatorios en relación con
funcionarios o mandatarios que han cumplido la mitad de su período, y sólo se
aguarda por la tramitación de los mismos por parte del Consejo Nacional
Electoral.
Coincidimos en que resulta indispensable contar a la brevedad posible con un
árbitro electoral confiable a ser designado en la forma prevista en la
Constitución. En ese sentido, se considera muy importante el trabajo que se está
adelantando en la Asamblea Nacional. Las dos Partes manifestamos nuestra
disposición a coadyuvar como factor de entendimiento en todo lo referente a la
conformación y operatividad del Árbitro Electoral, sin interferir en el proceso
normal que se está llevando a cabo por el poder legislativo nacional. Se dispuso
mantener una vinculación estrecha con el proceso de designación de la nueva
Directiva del CNE y prestar el apoyo y la asistencia que se consideren
necesarios, con el objeto de agilizar todas las instancias operativas del órgano
electoral.
Estamos comprometidos con la libertad de expresión, tal como esta consagrada en
nuestras normas constitucionales, legales y en la Carta Democrática
Interamericana. Las dos partes nos proponemos trabajar con los medios de
comunicación públicos y privados, para promover su identificación con los
propósitos enunciados en este documento y en la Declaración contra la violencia
y por la paz y la democracia, particularmente en lo que hace relación a la
desactivación de la violencia y sobre su papel de informar a los ciudadanos
sobre las opciones políticas con un sentido de equidad e imparcialidad.
Consideramos las partes que este esfuerzo se inscribe dentro de los que son
necesarios para crear el clima más apropiado para que se realicen los procesos
referendarios previstos.
Asumimos que en la Constitución y en las leyes de la República se prevén los
requisitos y mecanismos idóneos y necesarios para que proceda la financiación
oportuna por parte del Estado, de los referendos revocatorios que deban
efectuarse una vez autorizada su procedencia por el órgano público competente
Igualmente en lo referente al Plan República, el cual, si todo el procedimiento
se ajusta al ordenamiento legal, será activado ante la solicitud de las
autoridades electorales, en los mismos términos y condiciones en que
habitualmente ha sido ejecutado en procesos electorales anteriores.
La OEA, el Centro Carter y las Naciones Unidas, han manifestado su disposición a
prestar la asistencia técnica que les sea requerida por el Poder Electoral de la
República Bolivariana de Venezuela para la realización de cualquier tipo de
consulta electoral. Esta asistencia técnica podría incluir desde las actividades
preparatorias o preelectorales hasta las actividades propias de observación
electoral. En lo referente al apoyo directo que se le puede prestar al CNE, es
importante resaltar la voluntad de colaboración, tanto con recursos humanos como
materiales, que estas tres organizaciones han ofrecido.
La fecha en la que deberán realizarse los referendos revocatorios ya
solicitados, así como aquellos que eventualmente se soliciten, una vez cumplidos
los requisitos legales y constitucionales pertinentes, la determinará el CNE, en
forma que resulte diligente, oportuna y conforme a la ley.
18.Ambas partes consideramos que los mecanismos previstos tanto por esta Mesa de
Negociación y Acuerdos, en el punto 5) de su declaración conjunta del 13 de
febrero de 2003, contra la Violencia, por la Paz y la Democracia, como por la
Asamblea Nacional al crear la Comisión bipartita y paritaria entre los grupos de
Opinión Parlamentaria que apoyan al Gobierno y los de la Oposición, para
trabajar por la Paz y la Democracia, constituyen medios idóneos y suficientes
para que se sigan realizando los esfuerzos que sean necesarios para el
cumplimiento y profundización de los puntos que integran el presente Acuerdo. En
tal sentido, exhortamos a los factores políticos y sociales representados en
esta Mesa por las delegaciones del Gobierno y de la Oposición, para que en la
forma más inmediata posible constituyan su espacio de diálogo y entendimiento; y
a la Asamblea Nacional para que en su seno se reactive , en la fecha más
inmediata posible, la mencionada Comisión por la Paz y la Democracia.
19.Las partes reconocemos el apoyo y la facilitación que han prestado a esta
Mesa los representantes de la OEA, particularmente su Secretario General; el
Centro Carter y el PNUD , todo lo cual se traduce en el arribo a Acuerdos como
el presente. Estamos en la certeza de que su presencia no sólo ha sido útil para
el hallazgo de importantes conclusiones de nuestra parte, sino como observación
eficiente del cumplimiento de los Acuerdos obtenidos.
20.Las partes hacemos un llamado a todas las organizaciones políticas y
sociales, a los sindicatos, a las Universidades y sectores Académicos, a los
intelectuales y trabajadores de la cultura, a las organizaciones estudiantiles,
de las mujeres, de los campesinos, a las comunidades Indígenas, a las Iglesias y
representantes de todos los credos, a los gremios profesionales, a las
organizaciones no gubernamentales en general, y a todos los venezolanos y
venezolanas, a que con nuestra voluntad y empeño, asumiendo todos y cada uno de
los puntos del presente Acuerdo, nos erijamos en fieles cumplidores del mismo. y
al propio tiempo en garantes de su respeto.
2003.04.24