Carta enviada por el director de Human Right Watch al presidente Hugo Rafael Chávez Frías

Washington, D.C., 9 de abril de 2004

Su Excelencia Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela
Palacio de Miraflores
Urdaneta
Caracas 1010
Venezuela

De mi mayor consideración,

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia para expresarle la profunda preocupación de Human Rights Watch por las informaciones fiables que hemos recibido de que agentes de la Guardia Nacional y la policía golpearon y torturaron a personas detenidas durante las recientes protestas en Caracas y otras ciudades de Venezuela. Dichos casos no son aislados ni excepcionales. Los abusos presuntamente cometidos por estos agentes fueron generalizados y gozaron aparentemente de aprobación oficial en algún nivel de mando de las fuerzas de seguridad.

Durante su programa “Aló Presidente”, emitido el 14 de marzo desde la Isla del Burro, S. E. desmintió los informes sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante las protestas e insistió en que se respetaban todos los derechos de los detenidos. De hecho, desafió a quienes se habían quejado de abusos contra los derechos humanos a que le presentaran nombres de víctimas y declaró su compromiso “irreductible” de promover los derechos humanos y llevar a sus violadores ante la justicia. Teniendo presente ese compromiso, instamos a S. E. a que adopte todas las medidas para asegurar que las investigaciones de estos presuntos abusos sean imparciales y exhaustivas, y que se castigue ejemplarmente a  los responsables.

Human Rights Watch no toma partido en el actual conflicto político en Venezuela. Nuestro compromiso consiste exclusivamente en la protección de los derechos fundamentales consagrados en tratados internacionales, ratificados por Venezuela, tales como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben categóricamente la tortura bajo cualquier circunstancia. Como Estado Parte en estos instrumentos, Venezuela tiene la obligación no sólo de prevenir las violaciones, sino también de realizar investigaciones exhaustivas e imparciales y enjuiciar a los responsables.

Durante las últimas semanas, Human Rights Watch ha reunido testimonios sobre presunto maltrato y torturas ocurridos entre el 27 de febrero y el 5 de marzo. Los casos que se describen a continuación están basados en entrevistas realizadas por Human Rights Watch con jóvenes que fueron detenidos durante las protestas, y en un caso, con sus padres. Organizaciones de derechos humanos venezolanas han documentado abusos similares, así como artículos de prensa sobre personas que estuvieron detenidas. En conjunto, la información obtenida sugiere un inquietante patrón de conducta de los agentes del Estado que viola claramente las normas internacionales.

Durante esa semana, Venezuela experimentó los disturbios más graves desde el intento de golpe del 11 de abril de 2002 contra su gobierno. El 27 de febrero, una marcha de la oposición se tornó violenta cuando los manifestantes se enfrentaron con unidades de la Guardia Nacional que impedían el acceso a la Plaza Morelos, en el centro de Caracas. A partir de ese día y hasta el 5 de marzo las fuerzas de seguridad utilizaron repetidamente gases lacrimógenos y balas de goma para disolver las protestas.  Civiles, tanto del lado del gobierno como de la oposición, al parecer dispararon armas de fuego, como también lo hicieron los miembros de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) vestidos de civil.  Entre el 27 de febrero y el 16 de marzo murieron trece personas por heridas de bala en circunstancias aún no aclaradas, sumado a 119 heridos, 49 de ellos por disparos de arma de fuego.

Se informó de la detención de 300 a 400 personas durante las protestas. La mayoría de los detenidos en Caracas fueron puestos en libertad durante las últimas semanas, salvo ocho personas que seguirían detenidas. La mayoría de los procesados han sido acusados de “agavillamiento”, obstrucción de vías públicas, resistencia a la autoridad y tenencia de material explosivo.

 Algunas personas que estuvieron detenidas informaron a Human Rights Watch que – al momento del arresto y durante la custodia – los golpearon con porras, peinillas, cascos, cachas de armas y otros elementos. Estos golpes continuaron durante su traslado en vehículos de la Guardia Nacional. Dos detenidos declararon que sus captores arrojaron bombas lacrimógenas dentro de un vehículo cerrado en el cual se hallaban, provocando una sensación de ahogamiento, angustia extrema y pánico; mientras otros tres describieron cómo les rociaron el contenido de envases de gas lacrimógeno en la cara y los ojos, provocándoles quemaduras e irritaciones de la piel. Tres detenidos señalaron que los sometieron a choques con bastones eléctricos cuando estaban privados de la libertad.

Las denuncias reiteradas sobre rociamiento con polvos lacrimógenos en la  cara y en el cuerpo de las personas detenidas, así como el arrojamiento de gas lacrimógeno y pimienta a vehículos copados de detenidos, son especialmente inquietantes. El efecto del gas empleado en espacios cerrados es más concentrado y duradero que el utilizado en espacios abiertos.  Puede provocar el ahogamiento a los detenidos en esas circunstancias. También puede ser mortal para los que sufren enfermedades pulmonares o coronarias. El contacto directo con polvos lacrimógenos puede provocar abrasiones de la piel, lesiones oculares y problemas respiratorios prolongados. Debe realizarse una amplia investigación sobre el supuesto abuso de agentes químicos destinados al control de disturbios y, si los informes son confirmados, deben emitirse órdenes estrictas para prevenir y eliminar esta práctica en el futuro.

 Carlos Eduardo Izcaray Pinto, solista de chelo de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, fue detenido en la noche del 2 marzo en inmediaciones de la Plaza Altamira, cerca de su casa, donde se encontraba observando las protestas antigubernamentales. Izcaray manifestó a Human Rights Watch que la Guardia Nacional había llegado en medio de un aluvión de piedras y fuegos artificiales y se había enfrentado a los manifestantes, quienes salieron corriendo en todas las direcciones. Entonces, decidió caminar hasta su casa pero fue interceptado por un miembro de la Guardia Nacional que conducía una motocicleta, quien lo detuvo para interrogarlo. Ignorando su argumento de que no era más que un transeúnte, el guardia lo golpeó repetidamente en la cabeza, lo insultó y  obligó a subir en la parte trasera de la motocicleta. Posteriormente lo introdujeron en un camión donde había cinco o seis detenidos más. Nos informó:

“Los guardias dentro del camión siguieron golpeándome en el cuello y el cuerpo con sus porras, cascos y hasta conos de tráfico. Uno me golpeó con su porra con tanta fuerza en el codo que mi brazo y mi mano se quedaron insensibles. Otro de ellos vació una bomba lacrimógena, untó el contenido en mi cabello y mi cara, y le prendió fuego a mi cabello, quemándome el cuello. Un tipo me puso una pistola en la boca y me hizo repetir una frase: “Me voy a casa con mi marido”. Supongo que quería humillarme.

Al rato nos trasladaron a un segundo camión. Dentro de este nos hicieron inhalar gas lacrimógeno después de cerrar las lonas laterales y ponerse las máscaras de gas. Lanzaron una de las bombas grandes en el interior, cerraron todas las puertas y si alguien empujaba la lona para escaparse le golpeaban. Mis pulmones estaban ardiendo y pensé realmente que iba a morir. Finalmente logré salir por un lado del vehículo y no intentaron detenerme.

Nos llevaron al 51º Destacamento de la Guardia Nacional en El Paraíso, en el oeste de Caracas. Nos hicieron ponernos a todos de rodillas en una esquina mirando al suelo y golpearon a cualquiera que se moviera con sus cascos o porras. Entonces me aplicaron electrochoques en el cuello y los brazos con algún equipamiento que no pude ver porque estaba por encima de mi cabeza”.

Además, expresó a Human Rights Watch que había tres menores en el grupo de detenidos, entre ellos un muchacho de 15 años y que “los trataron tan mal como al resto. Los guardias nos hicieron levantar y sentar rápidamente en orden y al más lento le tiraban polvos lacrimógenos en los ojos. La mayoría de las veces le tiraban los polvos al niño”.

Según el padre de Izcaray, el director de orquesta Felipe Izcaray, “Carlos fue dejado en libertad gracias a que un alma caritativa en la Guardia Nacional le dejó hacer una llamada, ya que estaba en la lista de los que iban a ser trasladados a La Planta. El alerta originó la movilización familiar, de amigos y colegas, hasta que fue dejado libre, pero no le permitieron a su abogada verlo mientras duró su detención”.  Carlos Izcaray dijo a Human Rights Watch que, antes de su puesta en libertad, un agente de la Guardia Nacional le advirtió de las represalias si denunciaba públicamente el maltrato. Cuando Human Rights Watch habló con él, el 19 de marzo, dijo que su brazo seguía insensible y no podía sostener el arco de su chelo.

Aunque lo detuvo un cuerpo diferente de policía, la experiencia de Asdrúbal Joaquín Rojas Monteverde, estudiante de secundaria de 18 años, fue similar. Rojas fue arrestado el 1º de marzo en Maripérez, Caracas, por agentes armados de la Policía Militar. Manifestó a Human Rights Watch que su madre le había enviado a comprar tarjetas para el teléfono celular. Estaba de camino a comprarlas, acompañado de dos amigos (uno de ellos menor), cuando los detuvo la policía militar. Rojas señaló:

“La Policía Militar nos llevó a la Plaza Venezuela, donde nos metieron en un  convoy. Me golpearon con sus cascos, especialmente en el brazo izquierdo. Me rociaron los ojos con polvos de una canasta de gases lacrimógenos. Picaba como loco. Entonces tiraron una bomba lacrimógena en el camión. Cogí aire y aguanté la respiración todo lo que pude, pero después estaba respirando puro gas. Me estaba ahogando… la policía no hizo nada para ayudarnos, pero golpeé las lonas del camión y conseguí encontrar una apertura. Pude respirar aire otra vez. Después de esto, los agentes me hicieron aparecer delante de las cámaras de televisión en la Plaza Venezuela y decir que había recibido el dinero que llevaba de un partido político como pago por participar en las protestas. Me amenazaron con golpearme más si me negaba.

El camión nos llevó entonces al cuartel de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, donde siguieron maltratándome. Me dieron electrochoques cinco veces con un bastón que llevaban (uno de ellos también lo usó cuando me arrestó). Se me contrajeron los músculos por el efecto de la electricidad, y me empezó a temblar todo el cuerpo.”

La madre de Rojas, Ivette Monteverde de Rojas, dijo a Human Rights Watch que le vio contusiones en  el cuello y  el hombro cuando  lo visitó al día siguiente.

Rojas fue dejado en libertad condicional el 25 de marzo, después de permanecer  detenido más de tres semanas en el cuartel del 35º Regimiento de la Policía Militar en San José de San Martín, Fuerte Tiuna. Lo acusaron de “agavillamiento”, obstrucción de vías públicas, resistencia a la autoridad y tenencia de sustancias inflamables. Debía comparecer cada quince días a los tribunales y firmar un acta hasta que se resolviera su caso. Recuperada su libertad, Rojas nos señaló que nunca había participado en las protestas, con las que no estaba de acuerdo.

Los padres de Rodrigo Luis Alegrett Salazar, de 21 años, estudiante de arquitectura en la Universidad Santa María de Caracas, nos denunciaron hechos similares. Alegrett fue puesto en libertad el 31 de marzo, después de varias semanas en la cárcel de la Planta. Se  desestimaron todos los cargos en su contra, que incluían obstrucción de la vía pública, desobediencia civil y posesión ilegal de sustancias explosivas. Según sus familiares, los agentes de la Guardia Nacional le arrestaron durante la noche del 29 de febrero, cerca de la Plaza Altamira, cuando iba a  tomar el metro para regresar a casa, horas después de participar en las protestas. Tanto sus padres como su hermana afirmaron  que cuando se encontraba detenido los miembros de la Guardia Nacional lo golpearon repetidamente con una peinilla y le rociaron agua fría.

El padre de Alegrett, luego de consultar con su hijo, nos informó que los guardias golpearon a los detenidos cuando estaban en el camión y que en el cuartel los maltrataron física y mentalmente, haciéndoles cantar eslogan prochavistas y golpeando a todo el que no cantara lo suficientemente alto. Además, nos informó que los guardias rociaron a los detenidos con polvos, al parecer de los envases de gas lacrimógeno, que irritan la piel y que no dejaron a los detenidos dormir ni llamar por teléfono a nadie. Posteriormente, los guardias rociaron a su hijo y a otro muchacho con una manguera de agua a presión y luego los sometieron a choques con un bastón eléctrico.

Los casos antes descritos coinciden plenamente con los informes que hemos recibido de otras fuentes fiables. La ONG de derechos humanos Una Ventana a la Libertad, por ejemplo, informó de su visita del 9 de marzo a cinco de los detenidos, incluyendo a Alegrett, en La Planta. Todos ellos afirmaron que habían sido golpeados mientras estaban detenidos en las instalaciones de la Guardia Nacional en El Paraíso. Por ejemplo, a uno de los detenidos, David Alejandro Amundaraín, se le reventó un tímpano, al parecer, como consecuencia de los golpes que le propinó un guardia.

Otra fuente de información sobre el maltrato a los detenidos fue Dorindo Burgos Arias, sacerdote de origen español detenido por la Guardia Nacional en la manifestación del 29 de febrero, quien fue dejado en libertad esa misma noche. El religioso dijo a Human Rights Watch que los detenidos estaban hacinados, unos sobre otros, en el camión que los trasladó al cuartel de la Guardia Nacional en El Paraíso (el 51º Destacamento) y que había gritado pidiendo ayuda porque casi no podía respirar. “Me introdujeron en el camión como un saco de papas y todo ello rodeado de insultos, golpes, groserías y repitiendo a cada instante: No levanten la cabeza, no nos miren. Nos siguieron insultando, golpeando y lanzando detenidos encima de nosotros. Nos amenazaron con lanzar una bomba lacrimógena”.

El padre dijo que los guardias dejaron de golpearlo cuando supieron que era un sacerdote. Sin embargo, antes de dejarlo en libertad le hicieron firmar un formulario declarando que no lo habían maltratado.

Félix Ernesto Farías Arias, piscólogo de 32 años y líder de Bandera Roja (partido de oposición de izquierda), manifestó a Human Rights Watch que había participado en las protestas antigubernamentales en el barrio de la Candelaria durante la tarde del 2 de marzo. Después  que los agentes de la policía municipal de Caracas (Policaracas) y de la DISIP, de civil, disolvieron la protesta, Farías se dirigió a casa, pero fue detenido a 100 metros de esta por dos hombres vestidos de civil, pasamontañas, chalecos antibalas negros y armados con pistolas. Los hombres lo obligaron a entrar en una camioneta donde estaban sentadas otras dos personas. Entre amenazas e insultos, un hombre lo golpeó en el cuello para obligarlo a agacharse y ponerle un pasamontañas al revés, para que no pudiera ver.  Farías dijo a Human Rights Watch:

“Cuando llevaba alrededor de 15 minutos (al menos eso creía) me subieron las mangas de la chaqueta, me sujetaron ambos brazos muy fuerte y a los pocos segundos sentí la primera quemada, la cual hicieron sin preguntarme absolutamente nada. Grité y me dieron otra cachetada y me dijeron que callara. Luego de esa quemada me dijeron: “bueno cabrón, ahora si nos vas a decir que coño hacías en La Candelaria”. Les respondí que sólo estaba en la protesta, y me volvieron a quemar diciéndome: “este cree que somos pendejos”. Así pasó un larguísimo rato que luego supe fue de una hora y media, quemándome, insultándome, colocándome lo que presumo eran las pistolas en la cabeza y en los testículos y diciéndome reiteradamente que me iban a matar. Luego de la segunda o tercera quemada me pude percatar entre gritos y amenazas de un chasquido que podría asociarse con el sonido de un encendedor o “yesquero”, y que al cabo de algunos segundos me pegaban el objeto caliente en el brazo”.

Después de interrogarlo sobre los miembros de su organización y amenazarlo, los captores de Farías le ordenaron que cerrara los ojos, le quitaron el pasamontañas y lo arrojaron del vehículo cuando rodaba a poca velocidad. La caída le provocó contusiones y arañazos en el hombro derecho. Las fotografías publicadas en el diario El Universal el 4 de marzo muestran marcas de quemaduras en sus brazos, las que aparentemente podrían haber sido provocadas con un objeto similar a un tenedor.

El Defensor del Pueblo ha confirmado las denuncias de malos tratos y tortura. El Dr. Germán Mundaraín dijo a Human Rights Watch que su personal ha visitado a todos los detenidos en Caracas y a la mayoría de los detenidos en el resto del país, para evaluar su estado físico y mental, y reunir información en relación con las circunstancias de su arresto y el trato recibido durante la detención. Señaló que su personal había recibido informes fiables de primera mano del maltrato a los detenidos en las estaciones de policía, instalaciones militares y vehículos del gobierno. En el informe preliminar del Defensor del Pueblo, publicado el 25 de marzo, se señala que “los cuerpos de seguridad incurrieron en excesos en el uso de la fuerza, posibles detenciones arbitrarias, malos tratos e incluso, torturas”. En el informe se documentan 7 casos de tortura y 17 de tratos crueles, inhumanos o degradantes, algunos de los cuales enumeran las lesiones registradas en los exámenes médicos.

Entendemos que la Fiscalía General está investigando el presunto maltrato a detenidos. El Fiscal General,  Dr. Isaías Rodríguez, ha informado  que su oficina está investigando nueve casos.  El Dr. Gilberto Venere, funcionario del Ministerio Público encargado de las investigaciones, dijo a Human Rights Watch que están relacionados con seis de los detenidos en La Planta: Rodrigo Luis Alegrett Salazar, José Ramón Merlo Rojas, Heber Gustavo Prado, Angel Daviott, José Rafael Peralta Medina y David Alejandro Amandaraín.  También se están investigando las denuncias de tres adolescentes, a quienes agentes de la Guardia Nacional torturaron después de arrestarlos en Caracas, el 1 de marzo. El Dr. Venere dijo a Human Rights Watch que había tomado declaración a las víctimas, ordenado exámenes médicos y que estaba intentado determinar qué agentes participaron en el arresto y la custodia de estos detenidos para proceder a interrogarlos.

Instamos respetuosamente a Su Excelencia a que se adopten todas las medidas necesarias para asegurar que estas investigaciones serán exhaustivas e imparciales, y que sus conclusiones se utilizarán para enjuiciar a los responsables. También instamos a S. E. que garantice la suspensión inmediata del servicio de cualquier policía, militar o agente de seguridad investigado por estos hechos. Así mismo, para prevenir violaciones en el futuro, solicitamos a S. E. que haga saber a todas las fuerzas de seguridad que el maltrato y la tortura no se tolerarán bajo ninguna circunstancia y que quienes incurran en estos abusos serán despedidos y se enfrentarán a procesos penales. Para asegurarse que su posición sobre este tema se conozca ampliamente, le instamos a que divulgue estas instrucciones en su programa semanal de televisión “Aló Presidente”.

Aprovecho la oportunidad para expresar a S.E. mis sentimientos de la más alta consideración y estima,
 

/s/
José Miguel Vivanco
 

Cc: Dr. José Vicente Rangel, Vicepresidente de la República
Cc: Dr. Jesús Arnaldo Pérez, Ministro de Relaciones Exteriores
Cc. Gen. Jorge García Carneiro, Ministro de Defensa
Cc. Gen. Lucas Rincón Romero, Ministro del Interior y Justicia
Cc. Dr. Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República
Cc: Dr. Jesse Chacón, Ministro de Comunicación