ESTAMOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA DEMOCRACIA
Caracas, 17 de febrero de 2003
Para la Vicepresidenta de Globovisión, Maria Fernanda Flores, estamos
viviendo los últimos días de la democracia en Venezuela. Esto se pone
de manifiesto al constatar la declaración de guerra del Estado contra
la ciudadanía evidenciada a través del secuestro de las instituciones
por parte del actual gobierno, cuya última manifestación es la amenaza
de cierre de plantas de televisión que el presidente hace
constantemente en su programa dominical, Aló, presidente.
Globovisión ha sido hostigada desde el principio de su mandato por el
presidente Hugo Chávez, al punto que llegó a llamarla Plomovisión, en
clara alusión a lo que el consideraba disparos informativos de la
planta contra su gobierno y mas recientemente la acusó, junto con los
tres canales de TV más importantes, de ser una suerte de “jinetes del
Apocalipsis” a quienes había que destruir.
En las últimas semanas, el gobierno ha iniciado procedimientos
administrativos contra Televén, Venevisión y Radio Caracas TV, dentro
de una ofensiva contra los medios de comunicación social que culminó
con la aprobación en primera discusión en la Asamblea Nacional de la
Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión, mejor
conocida como Ley de Contenidos y calificada como Ley Mordaza por la
oposición.
A todo esto se añade un control cambiario que podría ser usado como
arma política contra los medios impresos y las televisoras con el fin
de dificultar la compra de papel y equipos de transmisión.
“De ahora en adelante, los dólares serán usados a discreción por el
ejecutivo para poner de rodillas a los medios impresos y a los canales
de televisión hasta silenciarlos”, dice Flores, quien no pone en duda
que el objetivo del gobierno de Chávez es acallar a la oposición
cerrando los medios de comunicación.
“Pero no nos callarán”. Los medios, dice, cuentan con el respaldo de
la población, que considera que sólo a través de ellos pueden
manifestar sus quejas y, de alguna manera, defenderse del gobierno.
“En Venezuela –dice la ejecutiva de Golbovisión- no hay instituciones
que resuelvan los problemas a los venezolanos y por ello la gente
acude a la televisión”. La mayoría de la ciudadanía respalda a los
medios de comunicación, como lo demostró la gigantesca manifestación a
su favor que se realizó en los días en los que el Grupo de Amigos
visitaba nuestro país, y que ha sido considerada la mayor de la
historia mundial en apoyo a medios de comunicación.
“Los medios buscamos el equilibrio, pero los voceros del gobierno no
acuden a las invitaciones que les hacemos a los programas de opinión o
no permiten la entrada a los lugares dónde ocurren las noticias, como
es el caso del Palacio presidencial de Miraflores, donde en algunas
oportunidades se ha restringido el acceso a los medios privados”.
Maria Fernanda Flores también denuncia que ha recibido informaciones
sobre presiones del gobierno a las empresas que suministran el
servicio de suscripción de TV por cable y satélite para que, llegado
el momento del cierre de las emisoras, no transmitan la señal.
Ley Mordaza
Los asesores legales de Globovisión, representados por la abogada Ana
Cristina Núñez, indican que la Ley de contenidos tiene como finalidad
la “destrucción más que la construcción”, puesto que controla tantos
aspectos “que hacen el negocio televisivo totalmente inviable”.
La ley de contenidos asume que los niños ven televisión durante 18
horas al día, entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche, lo que
dejaría a las televisoras un horario para adultos sólo a partir de esa
hora.
“Buscando una supuesta protección a los niños se trata de censurar a
los medios. Además, se prohíbe emitir juicios críticos contra las
autoridades públicas, sea el presidente de la República, los
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o los miembros de la
Asamblea Nacional, con lo que se pone sobre el tapete lo que se conoce
como Leyes de Desacato, que son violatorias de la Convención
Latinoamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos, OEA, y en consecuencia, deben ser derogadas por los
Estados miembros”.
El régimen sancionatorio de la Ley es sumamente estricto, pudiéndose
llegar a la revocatoria de la concesión por el incumplimiento de
cualquier norma, para lo cual tres violaciones (mayores o menores)
serían suficientes.
Adicionalmente, la Ley contempla la revelación de las fuentes
informativas, violando, entre otras normas internacionales, la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que establece
que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes
de información, apuntes y archivos personales y profesionales.
En el artículo 32 de la Ley se hace responsables a los operadores de
los contenidos difundidos en vivo y en directo, lo que constituye un
procedimiento jurídicamente incorrecto. La difusión de contenidos es
personal del que lo emite y no del medio que lo transmite, por lo que
mal puede conocer el medio de antemano lo que cualquiera dice en el
momento en el que lo dice.
También se crea un Instituto Nacional de Radio y Televisión cuyos once
miembros son designados directamente por el presidente de la República
y cuyas sanciones podrán ser tomadas por el ministro de
Infraestructura, a quien reportará directamente.
Aunque la Ley establece que queda prohibida la censura previa,
distintas normas del instrumento legal la prevén, siendo el caso más
evidente el del Artículo 133. que establece que dentro del marco de
los procedimientos sancionatorios la autoridad pública podrá prohibir
la difusión de programas que presuntamente infrinjan las normas de la
ley. Sólo después de acordada dicha medida es cuando el medio podrá
oponerse a ella a los efectos de que la misma sea levantada. De manera
que, mientras esté en vigencia la medida la difusión del programa en
cuestión está prohibida, lo que se traduce en censura previa.
La consultora jurídica de Globovisión considera que con las constantes
amenazas por parte del presidente y mediante la utilización de
mecanismos legales de escasa sustentación
se está abonando el terreno para cerrar el canal.
Estas medidas contra los medios de comunicación forman parte de una
escalada que contempla también las constantes agresiones al resto de
los poderes públicos.
El Ejecutivo ha descalificado las decisiones del Tribunal Supremo de
Justicia que le han sido adversas, ha dado instrucciones a la Fuerza
Armada para que desconozcan decisiones de los tribunales competentes,
ha instado a una parte de la población a actuar directa y
violentamente contra la empresa privada y contra individuos
particulares, ha violado constantemente la letra de dos constituciones
de la República de Venezuela, ha congelado los recursos económicos que
por Ley corresponden a las gobernaciones y alcaldías del país, ha
desconocido los escalafones en la Fuerza Militar para realizar los
ascensos, ha obstaculizado las gestiones para determinar la verdad en
los distintos eventos violentos ocurridos desde abril del año pasado y
ha descalificado la participación de la OEA y del Grupo de Amigos en
la mediación en la crisis nacional.