DISCURSO DEL EMBAJADOR JORGE VALERO
ANTE EL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA SOBRE LA PRESENCIA DE PARAMILITARES EXTRANJEROS EN TERRITORIO VENEZOLANO
Washington D.C., 12 de mayo de 2004
4 de octubre de 1982. En una población rural del Estado Anzoátegui, denominada Cantaura, se encontraba un grupo de 23 jóvenes; estudiantes universitarios la mayoría de ellos. De pronto, aviones F-16 de la Fuerza Aérea Nacional disparan sus poderosas armas, asesinándolos a todos. Responsable de la masacre: nadie.
8 de mayo de 1986. En la población rural de Yumare, Estado Yaracuy, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y del Pedagógico de Caracas se habían reunido para discutir sobre los destinos de la Nación. Funcionarios de la DISIP los detuvieron, torturaron y, posteriormente, los ejecutaron. Resultado: 9 muertos. Responsable de la masacre: nadie.
29 de octubre de 1988. En El Amparo, una zona ubicada en la frontera colombo-venezolana del Estado Apure, son masacrados 14 pescadores por un comando de la DISIP. Sobrevivientes: dos. Gracias a ellos pudo conocerse la verdad. Responsable de la masacre: nadie.
En todos estos casos los cuerpos represivos adujeron, falsamente, que se trataba de guerrilleros. Así procedían los gobiernos venezolanos en el pasado: represión y violencia, ante cualquier vestigio -real o supuesto- de oposición al orden establecido.
II
Queremos informar al Consejo Permanente de la OEA, sobre la grave situación que se ha presentado en mi país en los últimos días. Se trata de la detención de casi un centenar de mercenarios extranjeros, de nacionalidad colombiana, pertenecientes a los grupos paramilitares que operan en esa hermana Nación. Paramilitares que fueron contratados por los mismos sectores golpistas y terroristas -civiles y militares- que fraguaron el golpe de estado del 11 de abril del 2002; que promovieron el sabotaje a la industria petrolera nacional a fines del 2002 y comienzos del 2003. Los mercenarios en cuestión, habían establecido su centro de operaciones en la finca DAKTARI, ubicada en el Municipio El Hatillo, del Estado Miranda, propiedad de un conocido anticastrista -de origen cubano- llamado Roberto Alonso.
Los paramilitares detenidos han confesado, a los cuerpos de seguridad del Estado, que se estaban entrenando y preparando para cumplir con los siguientes objetivos terroristas, en contra de la estabilidad democrática del país:
· Asesinar al Presidente Hugo Chávez Frías.
· Provocar enfrentamientos entre el Ejército y la Guardia Nacional, para crear un caos dentro de la Fuerza Armada Nacional.
· Capturar aeronaves de la Fuerza Aérea, con la intención de bombardear el Palacio Presidencial (Miraflores); los Comandos Generales de la Armada y de la Guardia Nacional; el Comando Regional No. 5 de la Guardia Nacional; la Sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policial (DISIP) y el Batallón Ayala en el Fuerte Tiuna.
· Extender sus acciones sangrientas a los Estados Zulia, Yaracuy, Carabobo, Miranda y Monagas, atacando unidades militares acantonadas en esas jurisdicciones.
· Conformar un grupo de 3 mil efectivos que se encargaría de entorpecer el proceso de reparos de las firmas para el Referéndum Revocatorio.
· Tomar instalaciones petroleras, eléctricas, de servicios, de alimentos y vías de comunicación, en apoyo a una operación militar que incluiría el bloqueo aeronaval de Venezuela, con la participación de fuerzas internacionales.
Estos grupos terroristas fueron descubiertos. Los organismos de inteligencia del Estado, luego de científicas e intensas investigaciones de seguridad, lograron develar a tiempo el nefasto plan.
III
Debo informar responsablemente ante el Consejo Permanente, que un triángulo siniestro se ha establecido con el propósito de destruir las instituciones democráticas en Venezuela. Y lo integran personeros golpistas y fascistas de la élite política, empresarial y militar venezolana; paramilitares colombianos apoyados desde el extranjero; y grupos anticastristas instalados en Miami.
El Gobierno Nacional, que preside Hugo Chávez Frías, ha derrotado sus planes. Y ha enfrentado la presencia paramilitar extranjera con sentido de Estado.
Ha activado, con incuestionable eficiencia, los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar el orden constitucional. La Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad del Estado, han dado una verdadera demostración de profesionalismo y apego al estado de derecho.
El Gobierno que preside Hugo Chávez Frías ejerce plenamente la gobernabilidad democrática en Venezuela. ¡ Qué nadie lo ponga en duda ! Cuenta con el respaldo mayoritario de nuestro pueblo, y de una Fuerza Armada comprometida con la Constitución de la República. Característica singular de nuestro proceso revolucionario, es la alianza democrática que se ha producido entre el estamento civil y el militar.
En el pasado, el crimen político, la represión y las torturas, eran prácticas cotidianas en las que incurrían los organismos de seguridad de los gobiernos. Hoy, por el contrario, Venezuela es ejemplo de vigencia plena de los derechos humanos. Y no sólo de los derechos políticos y libertades fundamentales, sino también, de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. Así es la democracia bolivariana. Así es nuestra democracia participativa.
Por eso nuestro Gobierno ha garantizado a los paramilitares detenidos en una zona montañosa cercana a Caracas, sus derechos humanos y el debido proceso consagrado en el estado de derecho y de justicia vigente en nuestro país.
El Gobierno Bolivariano ha convocado a todos los sectores nacionales, sin distinción, para que repudien la presencia de cualquier fuerza extranjera en Venezuela. A que se condene, sin vacilaciones, el sicariato, el terrorismo y el narcotráfico. Una de cuyas expresiones más perversas es el paramilitarismo.
Desafortunadamente, sectores de la oposición en Venezuela, en vez de condenar la presencia terrorista en territorio patrio, han querido desestimar la gravedad de los hechos. Porque grave es guardar silencio cómplice frente al terrorismo, el sicariato, el narcotráfico y la acción criminal de estos mercenarios.
Afortunadamente, los venezolanos --en su inmensa mayoría-- estamos unidos alrededor de los valores señeros de la nacionalidad. En defensa de la soberanía. Estamos consustanciados con los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y no estamos solos, puesto que recibimos la generosa solidaridad de pueblos hermanos. Estamos seguros que los países amigos; los verdaderos amigos de nuestra democracia, condenan la presencia paramilitar y terrorista en Venezuela.
Saludamos los pronunciamientos emitidos por el Presidente de Colombia Alvaro Uribe Vélez; por la Canciller Carolina Barco; y por la Embajadora de Colombia en Venezuela, Mariangela Holguín, en los cuales reconocen la extrema gravedad de la operación paramilitar; apoyan la democracia venezolana y ofrecen el respaldo de su gobierno a las investigaciones que realizan las autoridades venezolanas, para determinar responsabilidades.
Agradecemos –de manera especial- las muestras de solidaridad que siempre ha mostrado con nuestro país el Embajador de Colombia en este foro, Horacio Serpa Uribe.
Saludamos también el comunicado del Centro Carter, que “condena de manera enérgica la presencia de todo tipo de contingente irregular o paramilitar, así como el uso de la fuerza con fines políticos”.
El Gobierno de Venezuela coincide con este Centro “en la necesidad de que todos los sectores del país redoblen sus esfuerzos conjuntos para fortalecer los mecanismos democráticos, constitucionales y pacíficos de procesamiento de sus diferencias, aislando a los sectores violentos ”.
Saludamos, finalmente, lo expresado por el Secretario General de la OEA, Doctor César Gaviria, en el sentido de que debe caer todo el peso de los mecanismos de sanción del estado de derecho a quienes resulten implicados en los graves hechos ocurridos en Venezuela. El Secretario General ha dicho que: “La eventual presencia de grupos paramilitares colombianos no tiene razón de ser alguna y debe recibir un rechazo categórico de la comunidad americana de naciones”.
En esta oportunidad ratificamos ante la comunidad internacional la firme voluntad del gobierno revolucionario, que preside Hugo Chávez Frías, de continuar los cambios que actualmente se llevan a cabo en Venezuela en favor de las mayorías populares, en un marco pacífico, democrático y constitucional.