Informe de la SIP sobre Venezuela
Los informes del último lustro, desde cuando se aprobó la Constitución de la llamada República Bolivariana de Venezuela en 1999 para establecer la información veraz y el derecho de réplica, han sido elocuentes en cuanto a las violaciones sistemáticas de la libertad de expresión y de prensa en perjuicio de los distintos medios de comunicación social privados, de sus editores y de los periodistas, que han incluido atentados del derecho a la vida, a la integridad personal y al trabajo.
Con fundamento en los acuerdos suscritos el 29 de mayo del 2003 entre el Gobierno y la Coordinadora Democrática de oposición, facilitados éstos por el secretario de la OEA, César Gaviria, por el ex presidente estadounidense James Carter, y por las Naciones Unidas, Venezuela se comprometió a encontrar una solución constitucional, democrática y electoral a su severa crisis de gobernabilidad y a su aguda polaridad social. Esta vía está a punto de perderse por un intento de desconocimiento oficial, de la voluntad popular expresada en las firmas de un referéndum revocatorio del mandato presidencial y por la acción represiva e indiscriminada ejercida por la Fuerza Armada y la policía política, dando lugar durante las dos últimas semanas a casi cu atr o centenares de presos y a una decena de muertos, más otros desaparecidos.
Dentro de éstos, cuentan 14 periodistas agredidos y 3 detenidos, aparte del camarógrafo Carlos Colmenares de RCTV, víctima de un disparo de arma de fuego y quien está protegido por una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al haber sido víctima de otra agresión en agosto pasado.
De acuerdo con cifras manejadas por la Federación Internacional de Periodistas, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, los periodistas agredidos son los siguientes: Carlos Montenegro (Televen), Vladimir Gallardo ( El Impulso ), Berenice Gómez ( Últimas Noticias ), Felipe Izquierdo (Univisión), Johnny Figarella (Globovisión), Henry Delgado ( El Nacional ), Edgar López ( El Nacional ), Janeth Carrasquilla (Globovisión), Billy Castro ( Diario Impacto ), Bernabé Ruiz ( El Tiempo ), Willimar Rodríguez ( El Impacto ), Reyna Díaz ( El Tiempo ), María Gómez (Telecaribe), y Omar González (Telecaribe). Alirio Rodríguez y Dainu Acosta, profesores de periodismo en Maracaibo, y Roberto Rasquin son los detenidos.
L uego de la aprobación por el Poder Electoral de un reglamento restrictivo e inconforme con los estándares internacionales, para que los venezolanos pudiesen firmar la solicitud de referenda revocatorios de los mandatos populares previstos por el artículo 72 de la Constitución (limitando los sitios de recolección de firmas, sometiéndolos a vigilancia de funcionarios electorales y de la Fuerza Armada, aceptando las firmas del pueblo sólo en formularios de seguridad impresos, numerados y distribuidos por el Estado, imponiendo horas y días limitados de recolección y mediando, por si fuese poco, la amenaza pública del Gobierno de destituir a los empleados públicos o suspender las dádivas estatales a quienes firmasen la señalada petición revocatoria) la oposición pudo recolectar casi 3.5 millones de firmas, es decir, un millón de firmas por encima de lo requerido por la Constitución.
Durante las jornadas de recolección de firmas, el Presidente de la República denunció la realización de un megafraude en su contra, en tanto que la OEA y el Centro Carter saludaron el carácter pacífico, ejemplar y transparente de las mismas.
Dentro de este grave cuadro de inseguridad jurídica y política, en consecuencia, deben situarse los hechos más recientes que vulneran la libertad de expresión y de prensa.
En octubre del año pasado, el Presidente Chávez ofendió nuevamente a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusándolos de ridículos y de “protectores de delincuentes”, por haber acordado una medida cautelar en beneficio de la estación televisora Globovisión, cuyos equipos de transmisión fueron secuestrados por funcionarios del régimen.
La Corte Interamericana, sita en San José de Costa Rica, y la Comisión, además, han repetido su queja por el incumplimiento de parte del Gobierno del Presidente Chávez de las medidas cautelares y de las medidas provisionales dictadas a favor de periodistas, para protegerles en sus libertades de expresión y en sus derechos a la vida y a la integridad personal.
En diciembre se registraron ataques e intentos de incendio a los templos católicos y destrucciones, a manos de seguidores del Gobierno, de diversas imágenes de la Virgen María en Caracas y en los Estados Miranda y Falcón, bajo el silencio de las autoridades públicas.
El 18 de diciembre, la Sala Constitucional del Tribuna l Supremo de Justicia dictó su Sentencia 1.942, ratificando la validez en Venezuela de las conocidas leyes de desacato, es decir, las relativas al castigo penal de los periodistas quienes ofendan con sus escritos a los titulares o miembros de los poderes públicos. Se trata de una sentencia que, conforme a la normativa constitucional es vinculante para todas las Salas del Alto Tribuna l y para los demás Tribuna les de la República, y que, a tenor de su texto, reedita una de las más aberrantes prácticas de intolerancia.
Tal sentencia viene a reforzar la tendencia jurisprudencial restrictiva de la libertad de expresión y de prensa iniciada con su precedente, la Sentencia 1.013 que fue oportunamente denunciada por el Bloque de Prensa Venezolano ante el Sistema Interamericano, y que fijó límites inadmisibles -a tenor de las Declaraciones de Chapultepec y sobre Libertad de Expresión de la OEA- a las señaladas libertades; pues obliga a los editores al ejercicio de la autocensura periodística y les hace solidariamente responsables del trabajo de los periodistas, establece normas sobre los contenidos y acerca de la redacción de las informaciones transmitidas a través de los medios de comunicación social, entre otros aspectos.
La sentencia 1.942 advierte que, aparte de considerar competente sólo a la Sala Constitucional venezolana para determinar qué derechos humanos se han de reconocer y respetar en Venezuela y dentro de qué límites, previene acerca de lo siguiente:
“Si un organismo internacional, aceptado legalmente por la República, amparara a alguien violando derechos humanos de grupos o personas dentro del país, tal decisión tendría que ser rechazada aunque emane de organismos internacionales protectores de derechos humanos”.
La Sala Plena del máximo Tribuna l, en defensa solidaria del señalado dictum de su Sala Constitucional, declaró seguidamente y en abierto desconocimiento de la fuerza de los tratados internacionales sobre derechos humanos que:
“Carece de aplicación en el país cualquier decisión de órganos jurisdiccionales supranacionales, transnacionales o internacionales que viole la Constitución, o que no haya agotado el trámite del derecho interno, en Venezuela”.
“Que las recomendaciones de los organismos internacionales, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (…) no son de obligatorio cumplimiento (…)”.
“Que la libertad de expresión no es un derecho absoluto de los seres humanos (…)”.
Con fundamento en la citada Sentencia 1.013, un Fiscal del Ministerio Público -actualmente fuera del ejercicio de su cargo por la presunta comisión de un hecho punible- ejerció demanda civil por daño moral contra el diario El Carabobeño , acusándolo de responsabilidad por haber publicado una nota de información suscrita por una de sus periodistas y que dio cuenta de un hecho notorio, reflejado en términos similares por los demás medios de comunicación. La información se refería a la detención que se hiciera del señalado funcionario público por autoridades de la policía judicial al ser encontrado, in fraganti , en posesión de un vehículo automotor robado. La causa judicial se encuentra en su fase de debate.
En enero, la organización Reporteros Sin Frontera s , calificó de “año negro” al año 2003, al denunciar agresiones a 93 periodistas venezolanos, en su mayoría víctimas de seguidores del presidente Chávez.
El 15 de febrero, Vladimir Villegas, presidente de la Televisora del Estado ( Venezolana de Televisión ) declaró a la periodista Milagros Socorro sobre la razón que bien explica cómo, en los últimos cinco años, los medios de comunicación en manos del Estado han derivado en laboratorios de la desinformación nunca antes conocidos y en contra de quienes discrepan de las políticas gubernamentales:
“No me pidan equilibrio informativo cuando estamos en una batalla y en esta batalla no soy imparcial. ...yo estoy en VTV como político, no como periodista. …Tú acusas al canal de que hacemos propaganda, bueno, sí hacemos propaganda. ...No podemos ser imparciales. Tú me pides que me comporte como un periodista. Te equivocas; soy presidente de una institución política”.
El 18 de febrero pasado, sujetos fuertemente armados y cubiertos con pasamontañas irrumpieron en el sitio donde se encuentran ubicadas las antenas de transmisión de Globovisión, canal 33, amenazaron a sus empleados y luego de que el presidente Chávez dijese el 15 de febrero, en su programa dominical “Aló Presidente”, lo siguiente:
“Estamos listos, las 24 horas del día. Ustedes pueden decir al mundo todo lo que quieran, pero no voy a permitir que desestabilicen al país porque yo soy Jefe del Estado....Ustedes van a ser tomados militarmente, por asalto, cueste lo cueste, porque aquí tienen que imponerse la Constitución y las leyes”.
Ese mismo día, el Gobierno del Estado Lara instaló un operativo policial para chequear a las personas y visitantes del diario El Impulso , haciendo ingreso con sus vehículos policiales a las áreas de estacionamiento privado del diario. Policías del Estado Carabobo, a su vez, interceptaron y encañonaron al periodista del diario NotiTarde, cuando tomaba fotos que respaldan sus denuncias sobre presunta corrupción policial.
La arremetida judicial y militar contra factores que el Gobierno juzga de oposición no tiene límites. Por orden emitida desde el Ministerio de la Defensa, cuyo titular es el general en Jefe José Luis García Carneiro, se instruyó al Fiscal General Militar para que enjuicie en los tribunales castrenses por el delito de “instigación a la rebelión” a los periodistas Marta Colomina, César Miguel Rondón, Marianella Salazar, Ibéyise Pacheco y P atr icia Poleo.
Distintos medios de comunicación impresos están siendo objeto de presiones e investigaciones indebidas, de carácter impositivo, en modo de amedrentar a sus editores y reducir las informaciones acerca de la grave crisis política, social e institucional.
La multa por Bs. 582.000.000 de bolívares impuesta al Canal 33 por la agencia estatal de telecomunicaciones (CONATEL), alegando violaciones en el uso de sus frecuencias radioeléctricas, es un ejemplo de la presión oficial mediante instrumentos económicos.
Las agresiones más recientes por parte del presidente Chávez a los representantes de la OEA, del Centro Carter y de las Naciones Unidas, así como a los gobiernos de los países amigos del Secretario General de la OEA para el Caso de Venezuela, indican claramente el ingreso de una situación de confrontación y de aislamiento internacional.
Resolución
CONSIDERANDO
que en Venezuela, por acción de los poderes públicos, se ha agravado el cuadro de intolerancia política y de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, que incluyen atentados y graves amenazas a la vida, a la integridad, a la libertad personal y a la libertad de expresión de la población y, de modo particular, de periodistas y de otros trabajadores de la prensa
CONSIDERANDO
que la Organización de los Estados Americanos, el Centro Carter y la Organización de las Naciones Unidas han facilitado la construcción de una vía pacífica, democrática, constitucional y electoral para resolver la aguda crisis política, social y de gobernabilidad que hoy acusa Venezuela, y que tal vía arriesga perderse por los obstáculos que a su realización han impuesto y siguen imponiendo los poderes públicos del Estado
CONSIDERANDO
que el Gobierno del presidente Hugo Chávez Frías ha amenazado, una vez más, con aplicar medidas militares y de represión contra los medios de comunicación y promover una legislación restrictiva de la libertad de prensa
CONSIDERANDO
que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia adoptó la Sentencia 1.942, que valida y consagra las denominadas leyes de desacato, para castigar penalmente las críticas de la prensa y de los comunicadores a los poderes públicos del Estado y sus titulares, en abierta contradicción con los principios básicos de la democracia; y que la misma, se suma a la Sentencia 1.013 precedente, que consagró prescripciones jurisprudenciales generales y restrictivas de la libertad de expresión y de prensa en Venezuela
CONSIDERANDO
que el principio 2 de la Declaración de Chapultepec establece: “ Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos”
CONSIDERANDO
que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “ El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”
LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE
condenar de la manera más enérgica las políticas de Estado puestas en práctica para ir restringiendo, progresivamente, la libertad de expresión y de prensa en Venezuela
expresar su consternación por las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos a la vida, a la integridad y a la libertad personal que sufren los venezolanos, en especial, los periodistas y demás trabajadores de la prensa
exigirle al Gobierno de Venezuela el cese de tales prácticas y actuaciones, por contrarias a los más elementales principios de la vida democrática y del respeto a la dignidad humana
expresar sus votos para que la Organización de los Estados Americanos, el Centro Carter y la Organización de las Naciones Unidas, sigan contribuyendo con la realización efectiva de una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral a la crisis venezolana
enviar copia del informe sobre Venezuela y de esta resolución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría para la Libertad de Expresión, pidiéndoles su conocimiento y pronunciamiento sobre los hechos contenidos en los mismos.