La denuncia de Arria
Aníbal Romero
La denuncia de Diego Arria contra el Presidente Hugo Chávez por delitos de lesa
humanidad tiene desde ya gran importancia ética, aún cuando sus efectos
políticos sólo se concretarán con el paso del tiempo. Se trata de un documento
de relevancia histórica que será estudiado por las actuales y nuevas
generaciones venezolanas con particular interés y provecho, a medida que sus
argumentos y conclusiones maduren y queden inequívocamente demostrados por el
curso de los eventos. He percibido cierta miopía y mezquindad en algunos de los
juicios emitidos con respecto a este crucial documento, incluyendo algunos
formulados por comentaristas de oposición. Tal miopía y mezquindad están fuera
de lugar. El hecho de que Arria sea uno de los precandidatos opositores a la
Presidencia de la República, como es su derecho, no suma ni resta a la sustancia
de su denuncia, que es desde todo punto de vista merecedora de apoyo.
Al respecto desearía resaltar lo siguiente: Por un lado, la cuestión central que
plantea el documento es ineludible para los venezolanos. Toda sociedad sometida
al tipo de régimen y modo de gobernar experimentados por la nuestra estos
pasados trece años, se ve en algún momento decisivo obligada a enfrentar lo que
el filósofo alemán Karl Jaspers denominó “el problema de la culpa”, es decir, la
atribución de cargos acusatorios, morales, políticos y criminales, a individuos
incursos en acciones ilegales, que abusaron de su poder o le utilizaron de
maneras inadmisibles éticamente por una sociedad civilizada.
Toda sociedad que atraviesa por las pruebas que aún aquejan a Venezuela ve
llegada la hora, más temprano o más tarde, de debatir colectivamente y en la
conciencia de cada ciudadano el problema de la relación entre verdad moral,
conveniencia política, sanción e impunidad. Arria ha hecho un aporte al país,
más allá de sus aspiraciones personales, al sustentar en un documento tan
sólidamente argumentado señalamientos que formarán parte fundamental del debate
nacional, cuando llegue la ocasión de evaluar a fondo esta etapa de nuestro
devenir.
Por otro lado hay que toma en cuenta, como repetidamente he venido sosteniendo,
que el ejercicio de la política, en especial en el marco de una sociedad con los
rasgos de la nuestra, debería ser también un desempeño pedagógico destinado, de
parte de los políticos, a ayudar a los ciudadanos a entender su entorno y asumir
sus propias responsabilidades frente a los retos presentes y futuros. En tal
sentido, Hugo Chávez ha comprendido ese rol de la política, si bien, por
desgracia, su prédica está basada en el delirio destructivo y la sistemática
siembra del odio.
La visión de la política como pedagogía es lo que proporciona su potencial
cívico a la denuncia de Arria contra Hugo Chávez ante la Corte Penal
Internacional, y lo que da su valor a un documento que lejos de ser minimizado,
debería ser respaldado por la oposición democrática en su conjunto. Nuestro
pueblo no debería seguir siendo tratado, como a veces ocurre, como si estuviese
compuesto por débiles mentales o por personas interesadas exclusivamente en
ofertas de bienestar material, presentadas además con el mismo impulso
demagógico y la voluntad de engaño que caracterizan el discurso disolvente de
Chávez.
Es de esperar que la oposición democrática se distinga claramente de Chávez y de
sus ejecutorias, con un mensaje que apele a la dignidad de la gente y no a la
manipulación de sus instintos, pues también a los venezolanos nos llegará la
hora de desvelar la verdad y afrontar el problema de la culpa.
22/12/2011
aromeroarticulos1@yahoo.com