DECLARACIÓN
	RADIO 
	CARACAS TELEVISIÓN
	Sesión de 
	Cámara de Representantes
	Miércoles 
	13 de junio 2007
	
	Exposición del Diputado Jorge Gandini
	DIPUTADO 
	GANDINI:   Señor Presidente: el 
	Cuerpo tiene a consideración una moción de rechazo y repudio a la actitud 
	del Gobierno venezolano al no permitir la renovación de la licencia de Radio 
	Caracas Televisión. Aspirábamos a un pronunciamiento previo al 27 de mayo;  
	 el hecho aconteció y hoy corresponde que el Cuerpo se pronuncie 
	repudiando esta violación a uno de los derechos que custodia el Derecho 
	Internacional.
	
	         
	
	Para 
	ello, entonces, vale la pena determinar el marco de esta discusión; que 
	considero puede ser dura, pero debe ser seria y bien aprovechada. Tal vez 
	pueda ser de esos debates que, cada tanto, nos hacen bien. 
	El marco 
	de esta discusión no puede ser el que se ha planteado en esta Sala. Si vamos 
	a determinar la conducta del pasado de Radio Caracas Televisión y de otros 
	medios televisivos de aquel país con relación al intento de golpe de Estado 
	al que se hace alusión, deberíamos entonces referirnos al hoy Presidente de 
	
	         
	
	La 
	discusión de hoy tampoco debe ponerse en la posición de si este es o no un 
	tema interno del Estado de Venezuela, porque todos los que estamos acá 
	tenemos antecedentes como para no poder sostener esa teoría.
	    Nos hemos ocupado en reiteradas 
	oportunidades de asuntos de otros países que, por ser violatorios o 
	atentatorios de derechos que protege la legislación internacional ‑que para 
	nuestros países es legislación interna‑, dejan de pertenecer al fuero 
	interno de la soberanía de un país y pasan a ser patrimonio de la humanidad. 
	Y este, el derecho de la libre expresión, es parte de numerosos documentos 
	de los cuales nuestros países, tanto Venezuela como Uruguay, somos 
	signatarios en el ámbito de 
	
	         
	
	Hoy en el 
	mundo hay cosas que, por suerte, son supranacionales.
	 Hay bienes jurídicos que están 
	tutelados por el Derecho Internacional, y cuando un país es signatario de 
	esos Tratados y sus órganos internos soberanos los aprueban, pasan a ser 
	derecho interno y, en la sumatoria, derecho de todos.
	  Y este es un tema que nos 
	pertenece; así que vamos a ubicarlo donde está. Y está en que en aquella 
	República que pretende ingresar al MERCOSUR ‑tarea que le es cada vez más 
	difícil‑, su Presidente, por razones ideológicas, argumentando o fundándose 
	en la línea editorial de un medio que no es afín al Gobierno, eligió el 
	camino de no renovar su licencia, que es igual a clausurarlo definitivamente
	
	         
	
	Digo que 
	es igual, porque si no se recorren los caminos que la legislación 
	internacional y, -sobre todo en este caso‑, la nacional establece para 
	cancelar un permiso, se incurre en la arbitrariedad y en la decisión 
	autoritaria de castigar la línea editorial de un medio de comunicación, lo 
	que está estrictamente referido y prohibido por 
	
	         
	
	Quiere 
	decir que estamos rechazando y repudiando la acción todopoderosa de un 
	gobernante que ha hablado ya sucesivas veces de la construcción de un 
	partido único, que se ha ocupado de ir eliminando todas y cada una de las 
	manifestaciones opositoras a su línea de pensamiento y de gobierno, y que ha 
	perseguido y castigado a cuantos ciudadanos se le han opuesto.
	    Para ello, basta mencionar 
	aquella Lista que llevó, en principio, el nombre de un Diputado de aquel 
	Gobierno, por la cual los tres millones de ciudadanos venezolanos que 
	firmaron el recurso revocatorio fueron perseguidos de manera similar a la de 
	los uruguayos en plena dictadura, cuando fueron catalogados como A, B y C.
	   A partir de aquella Lista, que 
	luego dio en llamarse "Maisanta" ‑el nombre de un famoso asaltante de 
	caminos venezolano‑, todos los que firmaron dejaron de ser funcionarios 
	públicos, de acceder a créditos estatales, de poder ser beneficiarios de 
	planes de vivienda, entre otras cuantas medidas que el Gobierno pudo emplear 
	para sancionar a quienes, en utilización de un recurso constitucional, se 
	levantaron pacíficamente contra una medida de Gobierno.
	   Estas y otras situaciones podrían 
	ser mencionadas, y en este contexto debe ser discutido el cierre de Radio 
	Caracas Televisión.
	
	         
	
	Sin todo 
	esto no podríamos entender por qué un día después, el 28 de mayo, cuando 
	amanecieron en silencio las ondas y la señal de Radio Caracas Televisión y 
	solo quedaba la expresión de un pueblo que rechazaba esa arbitrariedad, el 
	Presidente de 
	
	         
	
	No hay 
	casualidades. Hay una línea clara del Gobierno venezolano -que pretende ser 
	socio del MERCOSUR-, violatoria de nuestro modo de vida, violatoria de 
	nuestras reglas de convivencia, violatoria del contrato social que los 
	uruguayos hemos hecho para vivir en democracia y pacíficamente; y que por 
	suerte hemos logrado con una cuota parte de nuestro esfuerzo que se vaya 
	extendiendo a muchos otros países que, igual que nosotros, perdieron la 
	democracia, la libertad y la tolerancia. Debemos reaccionar frente a esto 
	como reaccionó el Congreso de Chile, como reaccionó el Senado de Brasil, 
	como reaccionó el Parlamento Europeo, como reaccionaron infinidad de 
	organizaciones e instituciones de todo el mundo. 
	Lo hizo 
	         
	Lo dicen organizaciones 
	nacionales prestigiosas como ANDEBU, que denuncia la sustitución de las 
	emisoras de Radio Caracas Televisión por la de un nuevo canal estatal, que 
	utiliza la misma frecuencia sin que se haya cumplido con ningún 
	procedimiento abierto y garantista para su adjudicación.   
	 Denuncia además la confiscación por el Gobierno venezolano de las 
	infraestructuras y equipamientos de transmisión de Radio Caracas Televisión 
	para ser utilizados por una nueva señal. Estas denuncias se agregan a las 
	anteriores, porque el Gobierno venezolano no solo clausuró la señal sino que 
	se apropió de los medios con que aquella trasmitía para sus fines.
	         
	Lo dice 
	         
	Del mismo modo, 
	         
	Lo dice el Parlamento Europeo, 
	al que tampoco le pesa que este hecho haya sucedido en un país de otro 
	continente. Refiriéndose a él expresa: "Considerando que el pluralismo de 
	los medios de comunicación y la libertad de expresión son un pilar 
	indispensable de la democracia". Con esto creo que coincidimos todos los 
	aquí reunidos. Continúa: "Considerando que la libertad de los medios de 
	comunicación es de fundamental importancia para la democracia y el respeto 
	de las libertades fundamentales, teniendo en cuenta su función esencial en 
	la garantía de la libre expresión de opiniones e ideas y su contribución a 
	la participación efectiva de las personas en los procesos democráticos". 
	[...] "Considerando que Venezuela ha suscrito" ‑atención aquellos que velan 
	por el derecho interno de Venezuela con lo que dice aquí‑ "el Pacto 
	Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 
	Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
	         
	Hay innumerables Organizaciones 
	No Gubernamentales e instituciones gubernamentales, Parlamentos nacionales y 
	organismos internacionales de toda característica;  
	no voy a leer los de 
	         
	Para que vean, también debo 
	expresar que los socialistas de Francia dicen cosas muy similares a las que 
	el Partido Nacional propone que hoy diga este Parlamento. Dice el comunicado 
	del Partido Socialista francés: "El Gobierno de 
	         
	Quiero terminar mis palabras 
	haciendo una reflexión. Creo que no es sano que utilicemos la conveniencia 
	política para tomar decisiones en materia de principios. Sabemos que el 
	Gobierno venezolano de turno ha colaborado y promete colaborar más con este 
	Gobierno. Pero el rico patrimonio de los orientales no puede ser un precio 
	para los principios. Ya nos hemos equivocado, más unos que otros, en ese 
	terreno de confundir conveniencias con principios.
	         
	Se vuelve a equivocar nuestra 
	Central de Trabajadores cuando el mes pasado emite un comunicado, no solo 
	apoyando el cierre de Radio Caracas Televisión, sino además repudiando a 
	quienes llamamos la atención por esa medida del Gobierno venezolano, y lo 
	hace utilizando términos que le son propios e históricos. Habla de que Radio 
	Caracas es un poderoso grupo económico privado, que ha sido usufructuario 
	durante cincuenta y tres años de la privatización del espectro 
	radioeléctrico. Habla de que Radio Caracas Televisión compone un latifundio 
	mediático que ha dedicado todos sus esfuerzos a hostigar sistemáticamente el 
	proceso de fortalecimiento popular y democrático, etcétera.
	         
	Creo que el país tiene historia 
	reciente. El diario "El Popular", órgano oficial del Partido Comunista del 
	Uruguay, con fecha 11 de febrero de 1973, editorializaba sobre los sucesos 
	de aquel tiempo y se equivocaba escandalosamente por confundir conveniencia 
	con principios.
	         
	Decía en aquel tiempo y lo voy 
	a leer porque viene al caso: "Pensamos que es razonable que las Fuerzas 
	Armadas, que no se consideran 'una simple fuerza de represión o vigilancia', 
	quieran dar su opinión sobre la problemática del país [...]".
	         
	Dice más adelante: "Y si hay 
	una 'realidad' que debe ser cambiada y las Fuerzas Armadas no quieren ser el 
	brazo armado de grupos económicos y políticos que pretendan apartar a las 
	Fuerzas Armadas de sus fines; es imprescindible que se conozca su 
	pensamiento". Y ‑digo yo‑ justificaba así los comunicados 4 y 7 de los 
	primeros días de febrero de 1973.
	         
	Continúa más adelante el órgano 
	del Partido Comunista del Uruguay: "Para quienes, como nosotros, 
	consideramos que el dilema del país es oligarquía o pueblo, no puede haber 
	otra opinión.- Nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre 
	poder civil y poder militar; que la divisoria es entre oligarquía y pueblo, 
	y que dentro de éste caben indudablemente todos los militares patriotas que 
	estén con la causa del pueblo, para terminar con el dominio de la rosca 
	oligárquica".
	         
	No hemos escuchado mucha 
	autocrítica de esto, pero cuando tenemos frente a nosotros evidencias tales 
	como esta, debemos por lo menos en el fuero íntimo asumir que hay errores 
	que no se pueden cometer dos veces. Estamos frente a un episodio que en 
	Venezuela constituye un escalón más, una escalada más en una democracia que 
	está en proceso de convertirse en autoritarismo. Lo digo haciéndome 
	responsable de mis palabras y sin ningún temor a lo que digo. Es el sueño 
	del Presidente venezolano gobernar hasta el año 2035 y tener partido único. 
	Son sus palabras que se reiteran una y otra vez.
	         
	No podemos compartir ese sueño. 
	Debemos solidarizarnos con las expresiones democráticas del pueblo 
	venezolano y debemos reaccionar cada vez que se viola un principio y un 
	derecho humano internacional, suceda donde suceda, en el país que sea, con 
	el signo del gobierno que tenga y en el tiempo que sea, porque los 
	principios no pueden estar tan altos como para que se pase por debajo de 
	ellos, para un lado o para el otro cuando se quiera. No es para eso que se 
	ponen en alto. Se ponen en alto para que nos guíen y cuando nos duelen 
	prendas; porque se violan cerca de nosotros, debemos tener la grandeza de 
	reaccionar igual que si los violan nuestros adversarios o enemigos. De eso 
	se trata. Eso es lo que debemos custodiar. 
Este Parlamento debe tener 
	la dignidad de decir al Gobierno venezolano que recapacite, que revise su 
	decisión, sin agravios, como dice la declaración. Y debe, además, llevar 
	este tema a los ámbitos en los que comparte con otros Parlamentos el debate 
	en la construcción de una región más democrática y más libre: al PARLATINO, 
	a su Comisión de Derechos Humanos, y al Parlamento del MERCOSUR, de reciente 
	creación, que presidirá a partir del próximo 25 de este mes un uruguayo, 
	miembro de este Parlamento, que estamos seguros de que nos honrará como 
	uruguayos al frente de nuestra delegación y de aquel órgano. Creemos que 
	nuestra delegación parlamentaria debe llevar allí temas como esta para 
	introducir al orden del día de sus debates, que no son menores, que le son 
	propios, porque si algo debe debatir un Parlamento es acerca de la vigencia 
	de los derechos al interior de aquellos países que son miembros de ese 
	Parlamento o aspiran a serlo.
	         
	Señor Presidente: esa es 
	nuestra recomendación y nuestro deseo. Ojalá tengamos madurez para podernos 
	liberar de los compromisos políticos y ser capaces de decir lo que hay que 
	decir, cuando está mal, aunque nos pueda traer alguna sanción económica o 
	repercusión. Brasil lo ha hecho y creo que el Parlamento uruguayo no puede 
	ser menos.
Montevideo, 13 de mayo de 2007
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