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os periodistas abajo firmantes,
ciudadanos y trabajadores venezolanos, en pleno uso de nuestras facultades y por
iniciativa propia nos negamos a permanecer indiferentes ante el ataque e
irrespeto sistemático del Gobierno de nuestro país a la comunicación libre,
abierta, plural. Ataque ahora frontal tras la salida del aire de RCTV y la
custodia de sus equipos por
El fin de transmisiones de RCTV
marca un antes y un después en el deterioro progresivo de los derechos
fundamentales a la libertad de expresión e información. Marca claramente el fin
de una época en la que se pueden expresar ideas críticas o no complacientes con
la posición oficial.
Hasta la fecha, hemos sido
testigos y víctimas de agresiones físicas y discriminación política, encubiertas
por la más absoluta impunidad; multas y juicios contra periodistas y medios; se
ha creado un tejido de leyes –como las reformas al Código Penal y
Hemos visto y padecido cómo la
estructura gubernamental viola leyes nacionales e internacionales con una
excesiva centralización de la información, el bloqueo del acceso a las fuentes
oficiales, manipulación de tribunales para limitar la opinión y la información y
legitimación de la agresión a la opinión crítica e independiente desde la figura
del Presidente de
Hoy la libertad de expresión en
Venezuela es un derecho parcial, y los argumentos estrictamente políticos
utilizados para justificar el cierre de RCTV son el ejemplo más tangible. Las
mejores intenciones que pueda tener la nueva televisora de servicio público
pierden todo su valor al nacer sobre las ruinas de otro medio de comunicación.
Hoy alzamos nuestra voz de
preocupación y alerta ante la progresiva homogeneización de los medios
nacionales, ante la promoción de un periodismo politizado. En marcha se
encuentra el atentado más claro de nuestra historia reciente contra la capacidad
de discernimiento. Rechazamos la acusación constante de manipulación e inducción
de la información, cuando quienes denuncian incurren en el mismo delito.
Al decir esto denunciamos
también la criminalización de la protesta, que con epítetos como golpista,
desestabilizador, fascista o magnicida busca descalificar el derecho a disentir
y desprestigiar el ejercicio del periodismo, vital para las verdaderas
democracias.
Queremos dejar claro que
nuestra defensa trasciende la injusticia cometida contra RCTV y no se inscribe
en iniciativa partidista o empresarial alguna. A nosotros no nos manipula nadie,
nuestra honesta intención protege nuestra independencia y no culpamos de
traición a quienes no piensan como nosotros.
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