A LA OPINIÓN PÚBLICA

L

os periodistas abajo firmantes, ciudadanos y trabajadores venezolanos, en pleno uso de nuestras facultades y por iniciativa propia nos negamos a permanecer indiferentes ante el ataque e irrespeto sistemático del Gobierno de nuestro país a la comunicación libre, abierta, plural. Ataque ahora frontal tras la salida del aire de RCTV y la custodia de sus equipos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

El fin de transmisiones de RCTV marca un antes y un después en el deterioro progresivo de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información. Marca claramente el fin de una época en la que se pueden expresar ideas críticas o no complacientes con la posición oficial.

Hasta la fecha, hemos sido testigos y víctimas de agresiones físicas y discriminación política, encubiertas por la más absoluta impunidad; multas y juicios contra periodistas y medios; se ha creado un tejido de leyes –como las reformas al Código Penal y la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión– que limita la opinión y genera actitudes de censura y autocensura.

Hemos visto y padecido cómo la estructura gubernamental viola leyes nacionales e internacionales con una excesiva centralización de la información, el bloqueo del acceso a las fuentes oficiales, manipulación de tribunales para limitar la opinión y la información y legitimación de la agresión a la opinión crítica e independiente desde la figura del Presidente de la República y su gabinete.

Hoy la libertad de expresión en Venezuela es un derecho parcial, y los argumentos estrictamente políticos utilizados para justificar el cierre de RCTV son el ejemplo más tangible. Las mejores intenciones que pueda tener la nueva televisora de servicio público pierden todo su valor al nacer sobre las ruinas de otro medio de comunicación.

Hoy alzamos nuestra voz de preocupación y alerta ante la progresiva homogeneización de los medios nacionales, ante la promoción de un periodismo politizado. En marcha se encuentra el atentado más claro de nuestra historia reciente contra la capacidad de discernimiento. Rechazamos la acusación constante de manipulación e inducción de la información, cuando quienes denuncian incurren en el mismo delito.

Al decir esto denunciamos también la criminalización de la protesta, que con epítetos como golpista, desestabilizador, fascista o magnicida busca descalificar el derecho a disentir y desprestigiar el ejercicio del periodismo, vital para las verdaderas democracias.

Queremos dejar claro que nuestra defensa trasciende la injusticia cometida contra RCTV y no se inscribe en iniciativa partidista o empresarial alguna. A nosotros no nos manipula nadie, nuestra honesta intención protege nuestra independencia y no culpamos de traición a quienes no piensan como nosotros.

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