NOTA DE PRENSA 20/02/2003

Amnistía Internacional, Venezuela: Detención de opositores y asesinatos de disidentes

· Amnistía Internacional expresó hoy su temor de que los eventos de esta semana en Venezuela - entre ellos la detención de una figura prominente de la oposición y el asesinato de militares disidentes - podrían conducir a un mayor deterioro de la situación de derechos humanos en el país.

· "El poder judicial puede jugar un papel clave para impedir que estos acontecimientos provoquen una nueva crisis". Amnistía Internacional enfatizó que cualquier acción judicial en contra de los dirigentes del paro nacional debe estar libre de toda interferencia política y seguir estrictamente las normas constitucionales e internacionales que regulan el debido proceso.

· En torno al caso del asesinato el domingo pasado de una mujer y tres militares que se habían declarado en desobediencia, una vez más el rol de las autoridades judiciales es crucial. Urge realizar una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva y tomar medidas de protección para los testigos que puedan ser objeto de intimidaciones, dada la politizada naturaleza del caso".

· Amnistía Internacional reitera su llamado al gobierno, a la oposición y a la comunidad internacional para que aseguren que el respeto por los principios de derechos humanos sea eje central de la agenda para resolver la actual crisis.

Amnistía Internacional expresó hoy su temor de que los eventos de esta semana en Venezuela - entre ellos la detención de una figura prominente de la oposición y el asesinato de militares disidentes - podrían conducir a un mayor deterioro de la situación de derechos humanos en el país.

A la medianoche del miércoles 19 de febrero fue detenido Carlos Fernández, presidente de la asociación empresarial Fedecámaras, y uno de los dirigentes del paro nacional convocado por la oposición. Fue arrestado por agentes policiales armados en un restaurante de Caracas y acusado de "rebelión civil, traición a la patria, instigación a delinquir, agavillamiento y devastación". Según se informa, Fernández tuvo acceso a asistencia jurídica y recibió la visita de su esposa, quien constató que no había sido maltratado.

También se han emitido ordenes de arresto en contra de otras figuras de la oposición involucradas en el paro nacional que duró 63 días, entre ellas Carlos Ortega, dirigente de la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV), que se habría ocultado alegando temer por su seguridad si es detenido.

Aunque el gobierno ha negado cualquier interferencia políticamente motivada por el Ejecutivo en estas detenciones, las mismas se realizaron después de que el Presidente Hugo Chávez pidiera acción judicial en contra de los organizadores del paro. Más aún, el Presidente expresó ante la prensa su satisfacción por la detención de quienes llamó "golpistas".

"El poder judicial puede jugar un papel clave para impedir que estos acontecimientos provoquen una nueva crisis". Amnistía Internacional enfatizó que cualquier acción judicial en contra de los dirigentes del paro nacional debe estar libre de toda interferencia política y seguir estrictamente las normas constitucionales e internacionales que regulan el debido proceso.

La detención tuvo lugar a los pocos días del asesinato el domingo pasado de una mujer y tres militares que se habían declarado en desobediencia. Las víctimas, cuyos cuerpos fueron encontrados en Caracas amarrados y amordazados al principio de esta semana, habían sido ultimados a balazos.

Según parece, mostraban señales de tortura. Las víctimas habían participado en las manifestaciones en contra del Presidente Chávez en la Plaza Altamira en Caracas. Aunque el gobierno ha atribuido estos asesinatos a disputas internas o personales, figuras de la oposición han denunciado públicamente que los asesinatos tuvieron motivaciones políticas.

"Una vez más el rol de las autoridades judiciales es crucial para evitar que se generen mayores tensiones en torno a este caso. Urge realizar una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva y tomar medidas de protección para los testigos que puedan ser objeto de intimidaciones, dada la politizada naturaleza del caso".

El 18 de febrero se firmó un Acuerdo contra la Violencia, por la Paz y la Democracia entre el gobierno y la oposición. Firmado con la mediación de César Gaviria, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Acuerdo pide que se establezca "un clima de paz y calma en el país" y que la legislatura establezca una "comisión de paz" que se encargue de investigar las muertes ocurridas en el contexto del intento de golpe en contra del Presidente Hugo Chávez en abril 2002.

Amnistía Internacional reitera su llamado al gobierno, a la oposición y a la comunidad internacional para que aseguren que el respeto por los principios de derechos humanos sea eje central de la agenda para resolver la actual crisis.

Información adicional

La polarización política en Venezuela ha amenazado en desembocar en violencia generalizada. La tensión ha sido particularmente intensa durante los 63 días del paro nacional que terminó a principios de este mes. Tres murieron durante las manifestaciones del 6 de diciembre pasado en la Plaza Francia de Caracas. El paro paralizó a muchos sectores económicos y según analistas la economía venezolana puede verse reducida por un 25% este año.

El 11 de abril del 2002, un paro similar desembocó en hechos de violencia que dejaron un saldo de 20 muertos. Esta violencia llevó a un fallido golpe de estado y la detención temporal del Presidente Chávez. El 13 de abril, el Presidente retomó el poder después de amplias protestas a nivel nacional e internacional por la ruptura del orden constitucional. Desde entonces ha habido varios intentos de buscar una solución negociada. César Gaviria, Presidente de la Organización de los Estados Americanos es actualmente el mediador de las conversaciones entre el gobierno y la oposición.

Para mayor información, vease "Venezuela: Una Agenda de Derechos Humanos ante la Crisis Actual", (AMR 53/001/2003) publicado por Amnistía Internacional en enero de 2003.

pen&Highlight=2,venezuela Contacte a: equipovenezuela@amnesty.org AMR 53/005/2003 21/02/2003

AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE

AI Index: AMR 53/005/2003 (Public)
21 February 2003

Venezuela: Human rights once more hang in the balance Amnesty International today expressed grave concern that this week's events in Venezuela -- including the detention of a prominent opposition figure and the killing of army dissidents -- could lead to a further deterioration of the human rights situation in the country," Amnesty International said.

At midnight on Wednesday 19 February, Carlos Fernandez, the President of the business association Fedecamaras, and a prominent leader of the general strike called by the opposition, was arrested by armed police agents in a restaurant in Caracas on charges including "rebellion, treason, instigation to commit criminal acts, conspiracy and sabotage". He was reportedly given access to legal counsel and his wife verified, after visiting him, that he had not been ill-treated.

Further warrants have reportedly been issued against other prominent members of the opposition who were involved in the 63-day national strike, including Carlos Ortega, head of the Venezuelan Workers Confederation (Confederación de Trabajadores Venezolanos,CTV), who has reportedly gone into hiding and claims that he fears for his safety if detained.

Although the government has denied any politically-motivated interference by the Executive in these arrests, days before President Hugo Chávez had urged judges and public prosecutors to take action against strike organisers.
Furthermore, he has publicly expressed satisfaction at the arrests of what he called "coup plotters".

"The Judiciary has a key role in preventing these events from triggering an escalation of the human rights crisis," Amnesty International cautioned. The organization stated that any judicial action against the former leaders of the strike must be independent of any political interference and strictly adhere to international standards of due process, reflected in the constitution.

The arrest came only days after the deaths of three dissident soldiers and one woman last weekend. The victims, whose bound and gagged bodies were found at the beginning of this week in Caracas, had been shot dead. There were reported signs of torture on the bodies. The victims had been part of the anti-Chávez demonstration that had occupied Plaza Altamira in Caracas.
The government has attributed the killings to internal feuds, while opposition figures stated publicly that the deaths were politically motivated.

"Given the Judiciary's crucial role in diffusing tensions around this case, there must be an immediate, impartial and exhaustive investigation into the killings," Amnesty International added.

"Immediate steps must be taken to protect witnesses who may be subject to intimidation given the politicised nature of the case".

An Accord Against Violence and for Peace and Democracy was signed between the government and the opposition on 18 February. The accord, brokered by César Gaviria, secretary-general of the Organisation of American States (OAS), calls for the generation of "a climate of peace and calm in the country" and for the legislature to establish a "peace commission" that would be charged with investigating the deaths that took place during the failed coup against President Hugo Chávez in April 2002.

Amnesty International reiterated its call on the government, opposition and international community to ensure that respect for human rights principles is central to the agenda for resolving the crisis.

Background

Throughout this year, political polarization in Venezuela has been threatening to lead to large-scale violence. Tension was especially intense during the 63-day national strike that ended earlier this month, which had been convened by the opposition to overthrow President Chávez. Three people were killed during an opposition demonstration held on 6 December in Francia Square in Caracas. The strike paralysed many sectors of the economy and analysts forecast that the Venezuela economy may shrink by up to 25% this year.

On 11 April 2002, a similar national strike led to acts of violence which left 20 dead. This violence in turn led to a failed coup and the temporary detention of President Chávez. On 13 April, the President returned to power after major national and international protests at the breaking of the constitutional order. Since then, there have been attempts to negotiate a solution. César Gaviria, President of the Organization of American States is currently acting as a mediator in talks between the government and the opposition.

For more background information, see Venezuela: A Human Rights Agenda for the Current Crisis (AMR 53/001/2003), published by Amnesty International in January 2003

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