ACUERDO
DEL BLOQUE DEMOCRATICO DEL GRUPO PARLAMENTARIO VENEZOLANO DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
Ante la privación de libertad del Presidente de FEDECÁMARAS y la orden de detención dictada contra el Presidente de la CTV
Los abajo firmantes, integrantes del Bloque Democrático del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano, cumpliendo con el sagrado deber que nos impone nuestra condición de parlamentarios latinoamericanos, formulamos ante el país, ante las autoridades del Parlamento Latinoamericano, ante los parlamentos nacionales miembros del PARLATINO y ante los parlamentarios de la región, la siguiente denuncia:
El pasado miércoles 19 de febrero el señor Carlos Fernández, Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Venezuela (FEDECÁMARAS), fue víctima de un monstruoso atropello al ser detenido mediante recurso a la violencia por la Policía Política sin que se le respetará su sagrado derecho al debido proceso, fue posteriormente recluido, incomunicado, en la sede de ese cuerpo policial y fue objeto de un trato denigrante y degradante por las autoridades policiales. Los delitos que se le imputaron al señor Fernández para justificar la orden de privación de libertad son los siguientes: “rebelión civil”, “traición a la patria”, “agavillamiento” , instigación a delinquir y “devastación” (*)
El señor Carlos Ortega, Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), contra quien se ha librado también una orden judicial de privación de libertad bajo la acusación de haber cometido los mismos delitos antes mencionados se ha visto obligado a recurrir a la clandestinidad para evitar ser objeto del mismo atropello sufrido por el señor Fernández y por temer por su vida y su integridad personal;
Según ha trascendido, las autoridades judiciales venezolanas manejan una lista de 25 personas, todas figuras prominentes del mundo de los medios y de la oposición democrática venezolana quienes probablemente serán objeto próximamente de igual medida de privación de libertad;
En los procedimientos iniciados contra los señores Fernández y Ortega se han violado las más elementales normas que tutelan el respeto y la protección de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los cuales Venezuela es Parte, en la Constitución Nacional y en las leyes de la República. La actividad desplegada por ellos consistió en participar activamente, como dirigentes del “paro cívico” dispuesto conjuntamente por FEDECÁMARAS, la CTV y la Coordinadora Democrática a manera de protesta pacífica y de resistencia pasiva, estrictamente dentro de los derechos que otorga la Constitución Nacional, actividad que contó la participación militante de millones de venezolanos;
En los casos de los señores Fernández y Ortega, pretendiendo mantener una apariencia de legalidad, para llevar a cabo una acción política se ha recurrido al subterfugio de una actuación judicial. Es público y notorio que durante una aparición en la televisión el Presidente Chávez ordeno que se procediera judicialmente contra los dirigentes de la oposición, a quienes él califica de “golpistas” y “conspiradores”. Es mas, el juez que dictó la orden de detención contra estas personas es activista reconocido del régimen y ha tenido actuaciones que arrojan dudas sobre su objetividad e imparcialidad. La naturaleza política de la medida quedó plenamente corroborada cuando el propio Chávez, en otra aparición televisiva reconoció que se le había consultado y había respondido: “procedan”. Adicionalmente, el Vice-Presidente de la República, José Vicente Rangel, también, públicamente reconoció la existencia de la lista de más de 25 personas (se habla de mas de 100) contra quienes se dictarán órdenes de privación de libertad, todos destacados dirigentes empresariales, de los medios, del sindicalismo, de la política y de la sociedad civil que han tenido participación activa dentro de la oposición democrática venezolana. Todo esto corrobora la manera abierta y abusiva como el gobierno imparte instrucciones a los integrantes del poder judicial y del Ministerio Público. A este propósito, resulta pertinente recordar que ya en abril del año pasado el Secretario General de la OEA, Cesar Gaviria, había expresado su preocupación por la falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela (**);
No es mera coincidencia que la actuación judicial contra los señores Fernández y Ortega se produjo el día siguiente de la firma de la “Declaración contra la Violencia, por la Paz y la Democracia” elaborada por la Mesa de Negociación y Acuerdos que, con la facilitación del Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria y con el apoyo del Centro Carter, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, viene procurando una solución pacífica, democrática y electoral a la grave crisis política que atraviesa Venezuela.
Las circunstancias que rodean el caso de los señores Fernández y Ortega, cuyas únicas actuaciones han consistido en liderizar, junto con otras personalidades destacadas del mundo político y de la sociedad civil organizada, la protesta activa y pacífica de la sociedad venezolana contra el empeño del Teniente Coronel Hugo Chávez de implantar en el país un proyecto autoritario bajo la apariencia de respeto y apego a la Constitución, conducen a concluir que esas medidas forman parte de una estrategia deliberada de terror e intimidación que emplea el régimen de Hugo Chávez para imponer a los venezolanos un proyecto político contrario a su tradición histórica, social y política y a su idiosincrasia de pueblo amante de la democracia y la libertad;
El proyecto político del señor Chávez no se detiene en los limites territoriales de Venezuela sino que, conforme él mismo lo ha declarado públicamente, persigue objetivos y tiene alcances continentales supuestamente inspirados en el sueño bolivariano de hacer de toda la América una sola república, con la diferencia de que Bolívar fue un estadista amante indiscutible de la libertad de su pueblo y de toa América, mientras que ahora se trata de un autócrata con disfraz de demócrata con pretensiones continentales;
Los integrantes del Bloque Democrático del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano,
Profundamente preocupados porque los hechos antes señalados y otros acontecimientos ocurridos en nuestro país constituyen síntomas evidentes de una escalada de represión y generan un peligro real para la estabilidad democrática e institucional de Venezuela;
Considerando que la situación venezolana debe ser objeto de solícita atención y vigilancia por parte del Parlamento Latinoamericano, de los parlamentos miembros y de los parlamentarios de la región;
Formalmente solicitamos el apoyo de la Mesa Directiva del PARLATINO, de los parlamentos nacionales y de los parlamentarios de la región para que en Venezuela se asegure el pleno respeto del principio consagrado en el literal a) del Articulo 2 y del propósito enunciado en el literal c) del Artículo 3 del Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano, los cuales figuran también enunciados en el Estatuto del PARLATINO (Artículo 3º. Lit. a) y artículo 4o. Lit c).
Hacemos un llamado a nuestros colegas parlamentarios de toda la región para que brinden su apoyo a la oposición democrática venezolana y contribuyan, dentro de los límites de sus respectivos mandatos constitucionales y sin transgredir el respeto a la soberanía de los Estados, a impedir que en Venezuela sucumba la democracia bajo la bota de un régimen militarista contrario a los sagrados principios consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana.
Igualmente les pedimos que apoyen los esfuerzos que la oposición democrática venezolana lleva a cabo en el marco de la Mesa de Negociación y Acuerdos bajo la facilitación del Secretario General de la OEA para lograr una solución pacífica, democrática y electoral a la grave crisis política, económica y social que atraviesa nuestro país.
Finalmente, solicitamos al Presidente del Parlamento Latinoamericano, Diputado Nei López, que disponga la remisión del presente Acuerdo a todos los Parlamentos Miembros con la solicitud de que sea hecho del conocimiento de los parlamentarios que los integran.
Víctor Hugo D’Paola José Furiati Nerio Rausseo
(UNIÓN) (Independiente) (Alianza Bravo Pueblo)
Adolfo R. Taylhardat Timoteo Zambrano
(Proyecto Venezuela) (Alianza Bravo Pueblo)
En Caracas, a los 24 días del mes de Febrero de 2003.
(*) Según el Código Penal venezolano los delitos imputados, consisten en lo siguiente:
Rebelión civil, Artículo 144: “los que se alcen públicamente en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar el mando”.
Traición a la patria, Articulo 129; “el que dentro o fuera de Venezuela sin complicidad con otra Nación atente por sí solo contra la independencia o la integridad de la República”.
Agavillamiento, Articulo 187: Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delito”.
Instigación a delinquir, Artículo 186: “el que públicamente excitare a la desobediencia de las leyes o al odio de unos habitantes contra otros o hiciere apología de un hecho que la ley prevé como delito de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública”.
Devastación, Articulo 286: “El que haya ejecutado algún acto que tenga por objeto exponer alguna parte de la República a la devastación o al saqueo”.
(**) “Gobierno y oposición deberían hacer lo que esté a su alcance para afianzar la independencia de los poderes y establecer sus debidos contrapesos. Más allá de la importancia de asegurar la supremacía de la Constitución, es fundamental restablecer la confianza en el estado de derecho y asegurar que todos los estamentos sociales estén dispuestos a acatarla. Así lo dispone el articulo cuarto de la Carta Democrática”
Informe del Secretario General de la OEA al Consejo Permanente. 18 de abril de 2002