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Declaración de Senadores colombianos sobre la
situación venezolana
Declaración del Presidente del Directorio Nacional
Conservador, Carlos Holguin Sardi, y del Director del Movimiento de
Salvación Nacional y Presidente de la Comisión de Asuntos
Internacionales del Senado, Enrique Gómez Hurtado
NECESIDAD DE PROMOVER UN DEBATE EN TORNO A LA SITUACIÓN DE VENEZUELA Y
SUS IMPLICACIONES SOBRE COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA.
1. La crisis venezolana ha venido complicándose día a día, colocando
en serio riesgo las libertades democráticas en ese país, proyectando
un patrón de conducta política opuesto al ejercicio democrático y a
postulados económicos fundamentales como la propiedad privada y la
libre empresa, con efectos evidentes sobre la geopolítica continental
y las relaciones colombo-venezolanas.
El gobierno de Hugo Chávez, legal en su origen democrático, se ha ido
deslegitimando en su ejercicio, en la medida en que continúa asumiendo
un carácter cada vez más autocrático, mediante la subordinación de los
poderes públicos a los designios del Poder Ejecutivo, la represión a
la oposición democrática, fracturando el Estado de Derecho y la
seguridad jurídica del ciudadano e incurriendo en numerosas
violaciones de la Constitución que fue promovida por el propio
gobierno, tal como ha sido demandado por diversas personas e
instituciones ante los organismos componentes.
Como consecuencia del paro nacional iniciado el 2 de diciembre, el
Ejecutivo venezolano arremete ahora contra el sector empresarial,
instaurando controles de cambio con sesgo político y de precios
retaliativos y discrecionales, que conculcan el régimen de libertades
económicas y los principios del libre comercio. Asimismo se amenaza a
los medios de comunicación con multas confiscatorias y limitaciones a
la libertad de información a través de un controversial proyecto de
Ley de Contenidos y promueve una Ley tendiente a controlar de manera
definitiva el Tribunal Supremo de Justicia. A la importante empresa
petrolera estatal, PDVSA se le cercena despidiendo cerca de 12000
trabajadores, mientras la economía real sufre una catastrófica caída.
De otra parte es clara la politización deliberada de las fuerzas
armadas, lo cual ha producido una fractura de graves proporciones a
este estamento, pilar fundamental de la estructura del Estado. Al
mismo tiempo ha promovido grupos armados que intimidan a las
instituciones y a la sociedad civil en su acción para lograr un cambio
democrático.
Reiteradamente el presidente Chávez públicamente ha atacado a
gobernadores de provincia, elegidos popularmente instando al pueblo y
en especial a sus seguidores para deponerlos de sus cargos por
considerarlos como no simpatizantes de su régimen, actitud que
confirma su irresponsabilidad como gobernante y su talante
antidemocrático. En forma reiterada, asimismo, ha venido atacando a
jueces y tribunales a los que define como afectos a lo que él denomina
como golpismo, promoviendo una campaña de "depuración" que comprueba,
una vez más, el control de los poderes públicos por parte del
ejecutivo y la constante ingerencia de éste en los demás poderes del
Estado, con lo que se viola la Constitución, uno de los principios
básicos del régimen democrático.
De igual manera ha vuelto a amenazar a la propiedad privada, ordenando
a las fuerzas armadas que se preparen para "tomar" las empresas
productoras de alimentos (harina, principalmente) que no abran sus
puertas ante la imposibilidad que éstas tienen de cubrir tan solo sus
costos con los precios de venta al público que les han sido fijados en
forma irreal, arbitraria y populista por el mismo gobierno.
2. En lo político, la afanosa búsqueda por parte de la oposición de
una salida pacífica, democrática y electoral, con el apoyo de la
comunidad internacional, no ha encontrado eco en el Gobierno, en
circunstancias en las cuales una crisis política de tan vasto alcance
solo podría ser resuelta a través de salidas eminentemente políticas.
Las iniciativas de Referendos y enmiendas de la Constitución para un
recorte del período Constitucional y la realización de elecciones
están siendo boicoteadas, como también lo fue la iniciativa de
celebrar un Referéndum consultivo, pese al apoyo con que contó de 2
millones de firmas y de la aprobación por parte del Consejo Nacional
Electoral. El Gobierno ha eludido definiciones en torno a la gestión
de la OEA, del grupo de amigos de Venezuela y del Ex Presidente Jimmy
Carter, con lo cual la crisis se mantiene con un grupo álgido, sin
salidas.
3. En lo concerniente a la relación bilateral, existen elementos de
juicio que merecen ser analizados, entre ellos.
a) La necesidad de que le Gobierno de Venezuela garantice los pagos a
exportadores colombianos actualmente afectados por el control de
cambios, así como el flujo normal de divisas para el comercio futuro a
través de los mecanismos de pagos entre Bancos Centrales de la ALADI,
sin someterse a la asignación de divisas o de contingentes.
b) La atenuación de medidas económicas que puedan afectar el adecuado
desempeño de la actividad exportadora hacia ese país, entre ellos los
efectos de la reducción unilateral de aranceles a terceros países para
productos de primera necesidad sin autorización de la Comunidad Andina
u otras medidas administrativas a través de las cuales se puede
ocasionar daños al comercio bilateral.
c) En materia política, los graves indicios que existen sobre el
respaldo directo o indirecto que las autoridades venezolanas estarían
brindando a los grupos terroristas colombianos en las zonas de
frontera, en especial en el Departamento del Arauca, tiene
implicaciones sobre la lucha contra ese flagelo y las actividades
terroristas que éstos llevan a cabo. La denuncia de la Ministra de
Defensa a ese respecto es reveladora de la preocupación del Presidente
Uribe en torno a la falta de cooperación que se recibe de parte del
gobierno de Venezuela. Las expresiones posteriores del Presidente
Uribe al solicitar posturas firmes de los países vecinos en las
campañas para combatir el terrorismo, revelan una nueva tónica de
preocupación y riesgos a este respecto. Esta acción tuvo un inmediato
eco en los países centroamericanos y Argentina, los cuales respaldaron
la solicitud del Gobernante colombiano. Se espera una respuesta del
Gobierno Venezolano.
4. Desde el punto de vista geopolítico, aún cuando los nuevos
gobiernos de Brasil y de Ecuador, tratan de marcar distancia en
relación con el gobierno del presidente Chávez, una radicalización del
proceso venezolano podría traer consecuencias regionales indeseables y
de aliento a los grupos violentos de Colombia o a proyectos
extremistas y populistas como los de Bolivia o Ecuador, de peligrosa
trascendencia para sus gobiernos o los de América Latina, lo cual es
necesario evaluar en todos sus alcances. El rumbo y definiciones de lo
que actualmente se juega y se gesta en Venezuela, representa una
amenaza política y económica para Colombia y América Latina, mas si se
considera el amplio y abierto respaldo que Cuba esta brindando al
Gobierno de Hugo Chávez y de éste a Cuba, lo cual se ha incrementado
significativamente en meses recientes, con el envío de mayores
contingentes humanos expertos en la lucha política a Venezuela, que
pueden tener repercusión sobre Colombia, dada la amplia frontera que
compartimos y la facilidad para que los mismos pudiesen tener
injerencia en Colombia.
4) La muerte misteriosa de los militares que habían declarado su
oposición al régimen dentro del grupo de la Plaza de Altamira, la
captura del Presidente de Fedecámaras y miembro de la dirección de la
Coordinadora Democrática y la orden de detención dictada contra el
Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos
Ortega, se contraponen abiertamente con el contenido y orientación del
documento recientemente firmado por la comisión de diálogo, coordinada
por César Gaviria, en busca de no-violencia y democracia en el proceso
político de ese país. Ello denota, una vez más, la clara intención del
Gobierno de continuar con su actitud autoritaria, intimidatorio y de
persecución contra quienes en uso de sus facultades Constitucionales
han venido propugnando por un cambio democrático en Venezuela.
5). Es conveniente pues, promover un debate reservado, amplio y
cordial con el gobierno sobre este particular, de manera de
reflexionar, conjuntamente con los partidos políticos sobre una
materia de tanta trascendencia, en la cual están en juego intereses
fundamentales para Colombia, pero también la posible suerte de la
democracia venezolana y latinoamericana, que no puede resultarnos
indiferente. Conviene también evaluar la actitud y desempeño de la
Embajada de la república de Venezuela, así como la opción de producir
una declaración de principios a los que puedan sumarse otros partidos
políticos del país o del continente, en torno a la suerte de la
democracia y de las instituciones políticas y económicas en el país
vecino, en un momento sin duda aciago para la nación hermana.
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