DONDE ESTA Y CUAL ES EL
LIMITE PARA LOS IMPUESTOS ?
Alexander Guerrero E (*)
Ese limite probablemente lo represente el tamaño del Estado y la adicción de los
gobiernos a gastar. El axioma, que define un fenómeno simple, sin embargo,
muchas veces no es comprendido. En ocasiones, y erróneamente, se piensa que la
relación entre gasto publico y PIB, además de determinar el tamaño del Estado,
se le arguyen explicaciones sobre la eficiencia y el volumen en los servicios
públicos que corrientemente sirve el Estado. De allí, y por esta lectura ligera,
se suele concluir, también erróneamente, que el gasto público en Venezuela, con
relación al PIB se ha reducido comparativamente, dándose a entender que por
ello, los gobiernos gastan menos, y que por lo tanto, es necesario incrementar
la proporción del gasto publico respecto del PIB.
Una lectura más inteligente demuestra que por el contrario, la relación gasto
publico / PIB tiene poco valor informativo en ese respecto; y que es posible
que, aunque la relación del gasto publico / PIB haya disminuido, los gobiernos
“gasten” mas, y que los servicios que presten sean de peor calidad. Vemos
algunos detalles. Desde 1989 a la fecha se registra ciertamente una ligera
reducción del gasto publico respecto del PIB; sin embargo, la presión tributaria
expresada en un crecimiento considerable de los impuestos indirectos al consumo
y a las ventas de 0% a 16.5 del ICSVM no parece “justificar” la sugerencia de
una supuesta reducción del tamaño del Estado.
Si a ello se suman otros impuestos distorsionantes estatales y municipales, como
peajes etc., los cuales, agregados a los ingresos fiscales producidos por la
privatización de empresas publicas en el periodo, de unos 7000 mil millones de
dólares, y otros tantos por el efecto fiscal de la apertura petrolera; además
del impuesto inflacionario generado por una inflación acumulada en el periodo
mencionado de 600% y los ingresos extraordinarios petroleros por mayores precios
y mayor volumen de exportación, son evidentes las razones y los orígenes
fiscales del atrofiado crecimiento del Estado que hemos tenido en estos años,
independientemente de que los servicios públicos que el Estado ofrece se
encuentren deteriorados y hasta colapsados; todo ello inclusive, así se haya
reducido la proporción del gasto publico respecto del PIB.
De hecho, el crecimiento del Estado lo podemos medir por el crecimiento que
duplica el gasto en el pago de la nomina del Estado, que pasa de un 3.5% en
términos del PIB en 1989 a 7% en 1999 mostrando una costosa hipertrofia que
ocurre al calor de un proceso de descentralización del gasto sin que se
descentralizaran los ingresos fiscales y las facultades tributarias a los
gobiernos locales, por lo que no fue posible establecer los incentivos éticos y
económicos que como compuertas al riesgo moral hayan generado un proceso de
optimización en cuanto al crecimiento de los entes gubernamentales locales:
gobernaciones y alcaldías.
En este plano, es sencillo concluir acerca del carácter recesivo que en estos
años ha tenido el crecimiento de la presión tributaria y sus consecuencias en el
empleo y en la evolución del mercado laboral, coadyuvando - a la par de las
legislaciones laborales de mala calidad- la informalización del empleo y de
actividades productivas que han abandonado la economía formal para trasladarse
al mercado informal, con las consecuencias fiscales que se producen en este
sentido por la reducción de la base impositiva. La reacción de los gobiernos
hasta ahora ha sido incrementar los impuestos al consumo y a las ventas de un 5%
en 1993 a un 15.5% en 1999 con la implementación del IVA, lo cual aunque ha
reducido la alícuota en un punto porcentual, implica una masa mayor de
impuestos.
A este proceso esquizofrénico de no-crecimiento económico e imposición
tributaria, y crecimiento e hipertrofia del Estado y los gobiernos, hay que
acotar, que pese al inmenso volumen de recursos fiscales y “cuasifiscales”
mencionados que han sido transferidos como impuestos al fisco, este arrastra hoy
el mayor desequilibro fiscal de la historia contemporánea, registrando un
déficit, cuya magnitud es imposible “pagarla” con incrementos en los impuestos,
al menos que se corra el riesgo de profundizar la pobreza.
Ello por supuesto nos conduce a la única salida viable en el corto plazo: la
reestructuración del Estado con disminución de la nomina publica, todo lo cual,
aunque impondrá cierto peso fiscal, en virtud de que la reestructuración del
Estado implica el reconocimiento de deuda publica implícita por reducción de la
burocracia. Esto ultimo se expresa en un crecimiento de la deuda, lo cual, mas
temprano que tarde, tendrá que enfrentarse con ingenierías financieras de
calidad, para que la reestructuración se ejecute en un marco de optimización
tanto del servicio de la deuda publica como del ahorro nacional, en el sentido
de aliviar el costo tributario que ocasiona el reconocimiento de pasivos del
Estado.
En tal sentido, ceteris paribus, las distorsiones causadas por la hipertrofia
del Estado marcan los horizontes macroeconomicos que indican que hemos llegado a
los limites del crecimiento del Estado, lo cual se expresa mas claramente al
haber arribado al limite de la imposición tributaria, por debilidad en el
proceso de generación de ingresos del venezolano, cuya riqueza en los últimos
años sido en parte transferida al fisco en impuestos; desde el inflacionario,
hasta los impuestos a las ventas y el consumo.
La Ley Habilitante en sus ámbitos administrativos y financieros contiene los
instrumentos legales de naturaleza económica que se requieren para la
reestructuración de Estado; es decir, para su achicamiento, de manera que
permita optimizar la prestación de servicios públicos sin que ello extralimite
la capacidad tributaria. Nos encontramos entonces en el punto de inflexión para
partir la tendencia de empobrecimiento. No habrá razones políticas para no
proceder con la reestructuración. El circulo de pobreza que se encuentra el
venezolano de hoy, particularmente el de los sectores medios tiene una causal
importante en la enorme presión tributaria que sobre el han ejercido los
gobiernos en tantos años de derroche de recursos fiscales.
La instalación de la Asamblea Constituyente estimulada por el background de
pobreza inducida por la creciente presión tributaria tiene entre sus objetivos
definir las reglas tributarias y su relación al crecimiento económico, escribir
las reglas de comportamiento fiscal de los gobiernos centrales y locales y de
endeudamiento que conduzcan hacia la obligatoriedad de presupuestos balanceados,
donde los endeudamientos de hoy, que son los impuestos de mañana no superen el
ritmo de crecimiento de la capacidad de pago de la economía. Las reglas y normes
simples sobre la materia deben reposar en el principio de una menor distancia
física, administrativa y legal entre contribuyente y gobierno, lo cual solo se
obtiene bajo principios de federalismo fiscal sentado sobre el proceso de
descentralización, el cual reposa al mismo tiempo en la soberanía tributaria
bajo el principio de eficiencia, equidad y racionalidad,
alex102@telcel.net.ve