En un plebiscito celebrado el 25 de abril, un abrumador 85 por ciento del electorado otorgó a Chávez la autoridad para convocar elecciones a una asamblea constituyente con el objeto de redactar una nueva constitución. Los partidarios de Chávez lograron 121 de los 131 escaños de la asamblea en las elecciones celebradas el 25 de julio. Los partidos tradicionales opuestos a Chávez obtuvieron sólo cinco escaños. La asamblea, que contaba con seis meses para redactar la constitución, tenía facultades que superaban con creces las de los organismos constituyentes tradicionales. El 12 de agosto, declaró que el sistema político estaba en estado de "emergencia" y se arrogó poderes para reestructurar y, si fuera necesario, disolver el resto de las poderes del Gobierno. Esta acción sembró el temor tanto en Venezuela como en el exterior a que Chávez pudiera utilizar su fuerte respaldo popular y el descrédito de las instituciones venezolanas para implantar un gobierno autoritario. El 24 de agosto, la presidenta de la Corte Suprema, Cecilia Sosa, renunció a su cargo en protesta por la designación por la asamblea de una Comisión de Emergencia Judicial, facultada para destituir a jueces y hasta magistrados de la Corte Suprema. Sus colegas en la Corte Suprema habían decidido por escasa mayoría que la asamblea no tenía autoridad para reestructurar la judicatura. Al día siguiente, la asamblea promulgó un decreto declarando una "emergencia legislativa," por la que se prohibía al Congreso aprobar leyes y a los legisladores reunirse para debatir la situación política. El 27 de agosto, se produjeron altercados violentos a las puertas del Congreso, cuando los partidos tradicionales, que tenían la mayoría en el Legislativo, intentaron celebrar una sesión desafiando la prohibición. El 30 de agosto, después de que los líderes en el Congreso amenazaran con cortar la financiación al Gobierno, la asamblea extendió la prohibición a las funciones presupuestarias del Congreso, con lo cual le retiraba el resto de sus poderes.

Las dos semanas de grave crisis constitucional acabaron cuando el Presidente Chávez se echó atrás después de haber estado demasiado cerca de la total abrogación del Estado de derecho. Firmó un pacto de no agresión, patrocinado por la Iglesia Católica, con los lideres de la oposición que permitía la reanudación de las sesiones del Congreso y el funcionamiento del sistema judicial. Aunque la Comisión de Emergencia Judicial continuó revisando y destituyendo a jueces, su presidente insistió en que las decisiones no se tomaban unilateralmente sino con la recomendación del Consejo de la Judicatura, un organismo constitucional preexistente. Además, a mediados de septiembre se informó que la asamblea había abandonado la idea de declarar una cuarta emergencia, que habría afectado al Poder Ejecutivo y le habría otorgado la facultad de destituir a los 23 gobernadores y más de 300 alcaldes electos del país. No obstante, en un plazo de seis meses, Chávez había acumulado más poder que cualquier otro gobernante de Venezuela desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en los cincuenta.

El texto constitucional, presentado ante la asamblea por Chávez, incorporaba varias propuestas sobre derechos civiles y políticos del Foro por la Vida, una coalición de grupos no gubernamentales de derechos humanos. Por ejemplo, el borrador incluía la prohibición de la pena de muerte, un artículo dedicado expresamente a las desapariciones y disposiciones para el fortalecimiento de los derechos de los detenidos. Entre ellas se encontraban un artículo que estipulaba un período máximo de ocho horas de detención policial antes de llevar a los sospechosos ante un juez y el derecho a indemnización de las víctimas de malos tratos o tortura. En el borrador de la constitución se establecía un cuarto poder del gobierno, denominado el Poder Moral, que ponía la lucha contra la corrupción y el abuso de poder de las autoridades estatales en manos de un grupo de instituciones: la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, un organismo que todavía no se había creado. Los debates sobre el texto de la constitución tuvieron lugar en 21 comités especializados, y se estableció una "comisión para la participación de los ciudadanos" para recoger las ideas de la población general. La asamblea contaba inicialmente con un plazo de seis meses para producir un texto definitivo, pero a mediados de septiembre Chávez anunció que esperaba que concluyera su tarea con varios meses de antelación para posibilitar la celebración de un referéndum en noviembre.

Mientras el gobierno de Chávez y la asamblea constituyente concentraban su atención en el marco jurídico e institucional de gobierno, las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela siguieron reclamando una atención inmediata. Un terrible historial de violencia entre presos, alimentación y atención médica inadecuadas, hacinamiento, caos administrativo y largos retrasos en la administración de justicia continuaron haciendo de la reforma penitenciaria una prioridad en materia de derechos humanos. Según la funcionaria de prisiones Gloria Pinho, en abril la capacidad máxima de las prisiones había sido superada en un 73 por ciento, en comparación con el 53 por ciento de julio de 1998. Tan sólo en Caracas, 700 presos preventivos estaban encerrados en calabozos policiales. Según un informe publicado por la organización no gubernamental de derechos humanos Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (PROVEA), durante el período entre enero y abril, 78 presos murieron en peleas, 59 de ellos por heridas de bala. Diez presos murieron en la prisión El Dorado, situada en una remota región selvática cerca de la frontera con Guyana, en una protesta violenta en diciembre de 1998. El 17 de abril, se informó que 135 presos se habían lacerado a si mismos con cuchillos en una llamada huelga de sangre para protestar su traslado a El Dorado desde otras prisiones. Según las informaciones aparecidas en la prensa, 96 amotinados tuvieron que ser atendidos en una enfermería del centro por un enfermero que se quedó sin medicina ni vendajes y tuvo que comprar más con su propio dinero.

El Presidente Chávez y Luis Miquilina, entonces Ministro del Interior, hicieron promesas alentadoras de que no tolerarían los abusos por parte de las fuerzas policiales venezolanas. No obstante, continuaron las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y tortura de presuntos delincuentes, que habían alcanzado su cota máxima a mediados de los noventa. El PROVEA documentó 18 violaciones del derecho a la vida por parte de la policía (que incluían el empleo injustificado de la fuerza letal) durante el primer trimestre del gobierno de Chávez—una cifra comparable a la del último trimestre de 1998 bajo el gobierno del Presidente Rafael Caldera, pero que suponía una disminución del 45 por ciento con respecto al promedio de 1993 a septiembre de 1998. Por ejemplo, el 14 de junio, la Policía Metropolitana interceptó a John Alejandro Linares Pena, de 19 años, cuando estaba cruzando una calle en Caracas. Según los testigos entrevistados por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, cuando Linares, que parecía desarmado, intentó escapar uno de los policías desenfundó su arma y le disparó dos veces sin alcanzarle. La policía localizó a Linares en una casa en la que se había refugiado. Uno de los residentes oyó las súplicas de ayuda de Linares y un disparo. Los testigos vieron posteriormente a dos policías apuntando a Linares cuando estaba herido y tendido en la calle. Ingresó cadáver en el hospital de Catia media hora después, al parecer con varias heridas de bala.

El número de denuncias de detenciones arbitrarias fue significativamente menor debido a una política gubernamental de no autorizar las redadas preventivas en barrios afectados por la delincuencia, las cuales habían conllevado frecuentes abusos policiales y tensión social en años anteriores.

Garantías constitucionales tales como la inviolabilidad del hogar, el derecho de movimiento y la libertad personal fueron restauradas en febrero en 16 municipalidades de la frontera con Colombia, que llevaban militarizadas desde 1994 para combatir las incursiones de guerrilleros colombianos, los secuestros y otros delitos. La falta de protección legal padecida durante años por los campesinos de esta región había contribuido a frecuentes detenciones arbitrarias y torturas por parte de las unidades militares que controlaban las áreas fronterizas.

En julio, entró en vigor un nuevo Código Procesal Penal, redactado bajo el gobierno de Caldera. El nuevo código disponía la sustitución por juicios orales de largos procedimientos escritos que habían contribuido a retrasos interminables en los procesos judiciales; también abolía el secreto de los procedimientos judiciales y fortalecía el debido proceso. La responsabilidad de los funcionarios del Gobierno fue reforzada mediante la anulación del procedimiento de nudo hecho, una investigación administrativa previa al juicio que tenía que realizarse antes de poder imputar un delito a un funcionario público. En años anteriores estas investigaciones se habían prolongado durante meses, a veces años, en perjuicio de la justicia y la igualdad ante la ley.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, establecida por el Presidente Caldera para ofrecer un foro en el que los funcionarios del Gobierno pudieran discutir una agenda nacional para los derechos humanos con representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, no funcionó durante el primer año de gobierno del Presidente Chávez. El Foro por la Vida, un consorcio de grupos no gubernamentales de derechos humanos, presentó propuestas detalladas para la nueva constitución a la asamblea constituyente, entre ellas reformas largamente esperadas como la limitación de la competencia de las cortes militares y la definición de las condiciones y el alcance permisible de los estados de emergencia. No todas la propuestas fueron recogidas en el borrador oficial, pero muchas fueron adoptadas tal y como habían sido redactadas por el Foro por la Vida. A diferencia de en años anteriores, no se recibieron informes de hostigamiento, intimidación y amenazas de muerte contra defensores de los derechos humanos

La Unión Europea

La Comisión Europea aprobó un programa de cinco millones de euros (5,35 millones de dólares) destinado a la mejora de las condiciones penitenciarias en Venezuela. Cuando se escribió este informe, el programa, que incluía la capacitación del personal de prisiones, no se había iniciado todavía.

Estados Unidos

A pesar de sus recelos sobre la tendencia izquierdista y el temperamento autoritario de Chávez (le habían denegado en 1998 el visado para entrar en Estados Unidos por su intento de derrocar un gobierno constitucional electo en 1992), Washington cultivó unas relaciones amistosas con el nuevo presidente. Las preocupaciones de Estados Unidos estribaban en las consecuencias de las políticas de Chávez sobre intereses vitales estadounidenses tales como las reservas petrolíferas, la seguridad empresarial, el Estado de derecho, el conflicto armado en la vecina Colombia y el narcotráfico. El Presidente Clinton recibió a Chávez en enero y de nuevo en septiembre. Haciendo referencia a su encuentro del 27 de enero, Clinton combinó las palabras de alivio con los elogios: "Me quedé tremendamente impresionado por su compromiso evidente de emplear métodos democráticos y constitucionales para lograr las reformas institucionales que el pueblo de Venezuela está claramente reclamando." Sin embargo, ni Chávez ni Clinton hicieron comentarios sobre si el tema de los derechos humanos se había mencionado expresamente en sus reuniones.

La Organización de Estados Americanos