AMIGOS TODOS.
Gracias por la pronta respuesta y masiva asistencia a esta asamblea de la legítima representación del empresariado.
Este es un día trascendental para nosotros, los empresarios, en que reafirmaremos los principios que nos orientan y obligan a luchar por la defensa de todas las instituciones del país, sin diferencias de clases; a preservar a toda costa la legalidad y ser guardianes en vigilia, del sistema democrático de libertades y derechos que tantos sacrificios nos han costado.
Precisamente, en defensa de esos principios es que nos hemos reunido aquí a fin ratificar la recomendación hecha por el directorio de nuestra institución el pasado lunes 19, emanada de las bases de la dirigencia empresarial, de realizar un paro cívico nacional, que manifieste nuestro profundo rechazo por el incumplimiento del proceso de la Ley Habilitante y por la violación de los derechos constitucionales materializados en el contenido de los distintos Decretos Leyes que de ella se derivaron; y así exigir la rectificación del rumbo que se le está dando a la definición y conducción del país.
Estamos pues aquí, no para defender intereses o privilegios particulares y mucho menos políticos, sino para exigir el respeto a la Constitución, a la sociedad, a los derechos democráticos y a la justa y legal participación ciudadana en la definición del modelo económico que queremos tener.
Exigimos respeto, no ser objeto de discriminaciones, de presiones ni de más vejámenes. No podemos admitir más cierres y disminuciones de la actividad productiva, no toleramos más tener que despedir trabajadores, no podemos perder la adecuada atención al consumidor. Esta es nuestra real verdad.
No podemos aceptar intervensionismo y discrecionalidad, ni actitudes de planificación y control total, ajenas al sentir de nuestro pueblo. No podemos callar ante la violación de la Constitución y las Leyes, mayoritariamente emanadas del actual Gobierno, ni al irrespeto a la propiedad privada, a la libertad de trabajo y de elección.
Tratamos de dialogar, en forma responsable para hacer más grande a nuestra patria, pero fuimos despreciados.
Por eso nadie puede decir que le tenemos miedo al diálogo, pero, ahora, para qué? Ya los Decretos Leyes fueron aprobados, y se dice no hay marcha atrás. Pero siempre es de sabios y la oportunidad la tienen también los otros Poderes del Estado, que así mostrarían su independencia y apego a la legalidad.
No descalificamos al vocero oficial del Gobierno, el Ministro de la Defensa, pero como el mismo señaló, y cito... “ yo no soy una instancia decisoria, sino una especie de canal a través del cual se recogen las opiniones de los sectores”.
Empresarios: ya el diálogo no es la vía. El camino ahora es tanto la rectificación como el exigir el cambio profundo y real del contenido de estos Decretos Leyes, que subsanen las violaciones al pleno derecho de la propiedad, al derecho al trabajo, a la inversión, a la elección y a disentir.
En los primeros 100 días de este nuevo Directorio conversamos muchas veces con el Gobierno, es decir, con las personas que estaban, en teoría, involucradas en la elaboración y aprobación de estos Decretos Leyes. Fue imposible alcanzar un diálogo que permitiese, en la mayoría de los casos, conocer, al menos, el contenido oficial de los proyectos sustantivos y poder opinar y alertar sobre sus consecuencias negativas para el país. En esencia, participar.
Solo a título de ejemplo, en los casos en que se traslució lo que podía ser el contenido de algunos de estos proyectos, como ocurrió con las Leyes de Tierras, de Hidrocarburos y de Turismo, jamás se nos quiso dar la certeza de cuál era el proyecto que efectivamente el gobierno estaba elaborando. A pesar de lo cual se insistió en los efectos y las consecuencias negativas que se vislumbraban, no solo por parte de esta institución, sino desde diversos sectores de la sociedad. En ningún momento existió la voluntad de escuchar, buscando ese necesario consenso, ese quehacer de participación democrática, que implica aceptar otras posiciones. Eso señores, no es diálogo.
Con la ley de Registros y Notarías podemos decir que el autismo se manifestó claramente, ya que fue solo por la prensa, a solo una semana de vencer el plazo de la Habilitante, que se conoció del contenido de un proyecto que se alejaba de una simple delegación de reforma para la automatización, extralimitándose el Presidente del mandato dado por la Asamblea.
En el caso de la Ley de Zonas Costeras, el oscurantismo fue evidente ya que ni siquiera en los medios de comunicación se hizo referencia alguna a ella. Eso señores, no es diálogo.
El apresuramiento y el atropello los llevó a incumplir no solo con las propias disposiciones Constitucionales, sino también con el deber de informar a la Comisión Especial de la Asamblea Nacional con la antelación que estableció la misma Ley Habilitante. En efecto, el anuncio presidencial hecho a las 10:30 de la noche del martes 13 de noviembre en cadena nacional, de que recién habían terminado la labor de aprobar parte de los Decretos Leyes, fue indicio suficiente de que no se había cumplido con esa obligación de informar a la Asamblea Nacional y que menos aun podían estar publicados en la Gaceta Oficial dentro del plazo legal. Eso señores no es diálogo y menos participación.
Por ello, el mismo Ejecutivo vició de nulidad el proceso de la Habilitante ya que toda ley anunciada, aun en gaceta oficial, y PUBLICADA DESPUES DEL 13 DE NOVIEMBRE, RESULTA NULA por haber sido dictada por un órgano incompetente para legislar.
En suma, ni la sociedad y menos los empresarios, como parte de la misma, pudimos conocer, participar y discutir, como lo exige nuestra Constitución, en el proceso de elaboración de estas leyes que impactan la vida cotidiana, la seguridad jurídica y el devenir del futuro desarrollo del país. No queremos un país de desempleados, de buhoneros y conuqueros, queremos un país de empresarios pequeños, medianos y grandes, nacionales y extranjeros, que creen riqueza y bienestar.
No se entiende el llamado que se hace ahora, “a un franco y abierto diálogo con el gobierno”. Lo que el gobierno debe hacer es reconocer su apresuramiento, la no participación y la no consulta a todo los ciudadanos sin distingo a su condición, en resumen, ENMENDAR la violación a la Carta Magna.
No se nos puede tildar de malcriados y caprichosos, y menos de desestabilizadores, ya que nuestro fin es defender la democracia y el ejercicio de las libertades, evitar las arbitrariedades, el totalitarismo, en esencia que haya un estado de derecho que garantice:
PRIMERO: El imperio de la ley como expresión de la voluntad general.
SEGUNDO: Una división efectiva de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Moral y Electoral.
TERCERO: El principio de la legalidad de la administración, la cual debe actuar dentro del marco de la ley con el trasparente y suficiente control judicial sobre dicha actuación.
CUARTO: Una correcta y total garantía jurídica de los derechos y libertades fundamentales.
El empresariado y sus instituciones gremiales, exigen para Venezuela igualdad y respeto, real democracia que incentive la confianza para invertir y arriesgar, la satisfacción de las necesidades inmediatas de seguridad personal y jurídica, de trabajo, de educación y elección para superar la pobreza material y de actitud.
Reafirmamos los artículos 2 y 3, de la Constitución que definen nuestra República como un estado democrático y social de derecho y de justicia, basado en los valores fundamentales de:
- la vida
- la libertad
- la justicia
- la igualdad
- la solidaridad
- la responsabilidad social
- la preeminencia de los derechos humanos
- el pluralismo político.
Debemos rechazar el irrespeto a los principios y procedimientos establecidos en la Constitución, la falta de pluralismo, la ausencia de discusión de las propuestas planteadas por los distintos sectores de la colectividad y la preeminencia del Poder Ejecutivo sobre los demás Poderes Públicos y toda la sociedad.
No podemos aceptar ser huérfanos de un Estado de Derecho, el cual establece que toda autoridad, incluyendo al Presidente de la República, debe actuar y someterse a lo establecido por las leyes.
Señores, agotadas como fueron todas las vías para el diálogo, la participación, la moderación y ante la amenaza de no echar marcha atrás, estamos en la obligación, siguiendo la recomendación de nuestro Directorio y de ustedes los empresarios, frustrados por la forma inconsulta y clandestina como se ha manejado el país y por el contenido “cubanizante” de estos Decretos-Leyes, de exhortarles a que en esta asamblea voten por la ejecución de un paro cívico nacional, el próximo lunes 10 de diciembre, como forma de hacer sentir los derechos del empresariado y de los ciudadanos, exigir el respeto a la propiedad privada, la defensa de la inversión generadora del empleo y de la riqueza necesarias para el progreso en libertad de las nuevas generaciones. Esta es una forma no violenta, sin chantajes ni buscando la desestabilización, de manifestar el desacuerdo del empresariado a las violaciones Constitucionales, a los extremos y excesos del actual Ejecutivo reflejado en los Decretos-Leyes, al modelo de país que no reconoce los derechos básicos de un sistema democrático.
MUCHAS GRACIAS EL PAÍS Y EL SOBERANO CUENTA CON NOSOTROS