Medida Cautelar ante OEA: Violación derechos
humanos gobierno de Hugo Chávez
Organización de los Estados Americanos
Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos.
Presente.
Nosotros, Omar Enrique García Bolívar, María Gabriela Sosa Reber,
Gonzalo Pacanins, Antonio Izkandar e Ismael Pérez Vigil, venezolanos, actuando
en nombre e interés propio, por medio del presente escrito acudimos ante este
ente a fin de presentar denuncias de violaciones de los derechos humanos
ocurridas en Venezuela durante el día 11 de abril de 2002.
A fin de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 28 b) del
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresamos no tener
deseo en que nuestra identidad se mantenga reservada frente al Estado.
Igualmente, a los efectos del artículo 28 c) del Reglamento de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalamos la siguiente dirección a
los fines de notificación: 814 King St, 4th Floor, Alexandria, Va
22312, Tel: (703) 535-7577, Fax: (703) 256-6350, correo electrónico:
info@bg-consulting.com.
Primera Parte: Hechos
Los hechos que motivan nuestra denuncia
son los siguientes:
En ejercicio de derechos humanos, civiles y constitucionales, el
día 9 de abril de 2002 se inició en Venezuela una huelga general convocada por
la central trabajadora Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y por la
unión de cámaras empresariales venezolanas (FEDECAMARAS). El motivo de la huelga
era protestar por la designación de ejecutivos de pobres credenciales académicas
para ocupar cargos de dirección y alta gerencia en la compañía estatal Petróleos
de Venezuela S.A. (PDVSA). Al final del día la huelga se prolongó por 24 horas
más hasta el día 10 de abril de 2002. Ante la actitud no rectificadora del
gobierno nacional, la huelga se extendió por lapso indefinido. Fue así como el
día jueves 11 de abril, además de la huelga general, se convocó a una marcha de
protesta por las designaciones no meritorias realizadas en PDVSA, así como por
las remociones injustificadas de algunos funcionarios que protestaron tales
situaciones. Ante la actitud hostil y ofensiva del gobierno, la marcha intentó
dirigirse al Palacio Presidencial de Miraflores a solicitarle la renuncia al
Presidente de la República Hugo Chávez Frías.
Durante el transcurso del día 11 de abril de 2002, fueron muchos
los venezolanos que públicamente le solicitaron la renuncia al Presidente de la
República. Avanzadas las horas del día las renuncias no solo eran solicitadas
por ciudadanos civiles, sino también por funcionarios militares. Es de destacar
que tanto las marchas y las protestas, como las solicitudes de renuncia por
parte de civiles y militares se enmarcan dentro de lo previsto en el artículo
350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala
lo siguiente:
“Artículo 350
El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición
republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá
cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios
y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.”
En horas de la madrugada del día de hoy y ante los hechos
violentos ocurridos el día 11 de abril de 2002, el Presidente Hugo Chávez Frías
renunció voluntariamente a su cargo. Por voluntad de los sectores organizados
de la sociedad civil y con el apoyo del alto mando militar venezolano, una junta
de gobierno provisional encabezada por el Dr. Pedro Carmona Estanga,
representante de FEDECAMARAS, asumió el cargo hasta la convocatoria de nuevas
elecciones.
Segunda Parte:
Denuncias
En horas de la tarde del día jueves 11 de abril de 2002, mientras
una marcha multitudinaria y pacífica de venezolanos se dirigía al Palacio
Presidencial de Miraflores, se produjeron los siguientes hechos, los cuales
denunciamos por ser violatorios de la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y la Carta Democrática
Interamericana de septiembre de 2001:
1- La imposición excesiva y caprichosa a los medios radio
visuales privados nacionales y regionales de efectuar transmisiones de
comunicaciones oficiales obligatorias (cadenas) de información irrelevante en el
transcurso de los días 9, 10 y 11 de abril de 2002, impidiendo con ello la
transmisión de información relevante sobre lo que efectivamente estaba
ocurriendo en el país.
2- La suspensión indefinida y abrupta de la señal televisiva a
las compañías privadas de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV) canal 2,
Venevisión canal 4, Televen canal 10, Globovisión canales 31 y 33, Canal
Metropolitano (CMT) canal 52. El hecho que denunciamos es atribuible al
Presidente Hugo Chávez según confesión del mismo a través de comunicación
oficial obligatoria (cadena radio-televisiva) realizada durante la tarde del día
11 de abril.
3- Ataques armados a la población civil manifestante, desarmada y
pacífica, por parte de oficiales de la Guardia de Honor y Casa Militar, entes
encargados de custodiar al Presidente de la República. Como consecuencia de esos
ataques resultaron al menos 11 muertos y más de 50 heridos.
4- Ataques de francotiradores a la población civil manifestante,
desarmada y pacífica, que arrojaron al menos 5 muertos, uno de los cuales era un
periodista del Diario 2001.
5- Ataques armados a la población civil manifestante, desarmada y
pacífica, por los grupos pro gobierno denominados “Círculos Bolivarianos”, los
cuales son financiados, auspiciados y promovidos por la oficina del Presidente
de la República. Es de destacar que los ataques de estos grupos se produjeron
tras el escudo protector que formaban los oficiales de la Guardia Nacional.
6- Ataques armados a la población civil manifestante, desarmada y
pacífica, por parte de funcionarios de la Guardia Nacional. Imágenes televisivas
muestran ataques a mujeres, civiles desprovistos de cualquier tipo de armamento
y menores de edad.
Todos los hechos que denunciamos fueron perpetrados por el Estado
venezolano dirigido por el Presidente Hugo Chávez Frías. El mismo Presidente
asumió la autoría y responsabilidad de todos estos hechos a través de los medios
de comunicación social al reconocer i) haber ordenado la suspensión intempestiva
de la señal de las televisoras privadas y ii) haber acordonado el Palacio
Presidencial de Miraflores con oficiales de la Guardia Nacional y miembros de
los Círculos Bolivarianos, a quienes ordenó impedir a toda costa el acercamiento
de los manifestantes a dicho edificio.
Tercera Parte:
Agotamiento de los Recursos Internos
La suspensión indefinida de las actividades de los Tribunales
venezolanos, dadas las circunstancias actuales del país, impiden hacer uso de
los recursos legales pertinentes así como acudir a los canales jurisdiccionales
regulares. De otra parte, no existen recursos especiales permitan la
protección de los Derechos Humanos violados en este tipo de eventos.
De todo lo anterior se desprende que la presente denuncia cumple
con los requisitos de agotamiento de los recursos internos a que se refiere el
artículo 31 del Reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos.
Cuarta Parte:
Peticiones
En atención a todos los hechos descritos solicitamos a esta
Comisión se sirva a:
a) admitir la presente denuncia;
b) acordar medidas cautelares de restablecimiento
de la libertad de expresión y de protección del derecho humano a la vida,
a la seguridad y a la integridad física;
Para ello requerimos: i) ordene al Estado venezolano el
restablecimiento de la señal de transmisión de los canales de televisión
comercial privada, ii) ordene al Estado venezolano el cese de ataques armados
contra la población civil desarmada;
c) reconocer la legitimidad de la junta provisional de gobierno
por cuanto la misma es consecuencia de una renuncia voluntaria del ex-Presidente
y de la expresión de la voluntad política de la sociedad civil venezolana;
d) brindar apoyo internacional a la junta provisional de gobierno
en la medida en que la misma garantice que está tomando las medidas necesarias
para la protección de los derechos humanos violados en días anteriores por el
gobierno de Hugo Chávez Frías, y
e) notificar al Estado venezolano de la presente denuncia.
En Washington, D.C., a los 12 días del mes de abril de 2002.
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