INFORME CASO
VENEZUELA
CESAR
GAVIRIA
Secretario General de la OEA
Me corresponde
como Secretario General de la OEA rendir en este periodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General el informe que dispuso nuestro Consejo
Permanente mediante resolución CP/RES.811(1315/02) en desarrollo del Artículo 20
de la Carta Democrática. En dicha resolución se me ordenó investigar los hechos
ocurridos el 11 y 12 de abril, y emprender las gestiones necesarias, incluidos
los buenos oficios, para promover la más pronta normalización de la
institucionalidad democrática.
Tan pronto los
Presidentes del Grupo de Río concluyeron su reunión en Costa Rica el pasado
viernes 12 de abril, fui informado de sus decisiones tanto por el Presidente
Miguel Angel Rodríguez como por su Canciller Roberto Rojas. Con ellos tuve la
oportunidad de intercambiar opiniones a lo largo del día y con la Presidenta de
nuestro Consejo, la Embajadora Margarita Escobar, estuvimos atentos a sus
deliberaciones. Al finalizar dicha reunión procedimos a hacer algunas consultas
con el fin de dar cumplimiento a la solicitud presentada por el Grupo de Río, en
el sentido de reunir lo antes posible el Consejo Permanente. Los Presidentes
también me pidieron que tomara contacto con la realidad política de Venezuela a
través de los medios que considerara mas adecuados.
Es conveniente
señalar que el grupo de Río consideró la renuncia del Presidente Chávez como un
hecho cumplido, así como también la destitución del vicepresidente y de su
gabinete, por lo cual no se solicitó su restitución como parte de las acciones
necesarias para defender el orden constitucional.
En sesiones
informales y privadas el viernes en la noche y el sábado anteriores, bajo la
acertada dirección de la Embajadora Margarita Escobar, el Consejo examinó la
situación en Venezuela, condenó la alteración del orden constitucional y los
lamentables hechos de violencia, y expresó su solidaridad con el pueblo de ese
país. En la mañana del sábado, el que se autodenominaba presidente del gobierno
de transición, llamó a la OEA para informar que se había alterado el orden
constitucional y para hacer algunas otras afirmaciones que estaban contenidas en
un mensaje que fue circulado a las delegaciones. También dijo que se querían
hacer representar en la reunión por un funcionario de la misión de Venezuela y
que luego enviarían cartas credenciales. Todo ello se puso en conocimiento de
las misiones. Yo le expresé a él que al dia siguiente viajaría a Caracas con el
mandato que me diera el Consejo Permanente.
El Secretario
General, según lo autorizó el Consejo Permanente, se hizo acompañar de las
embajadoras Margarita Escobar, Presidente del Consejo Permanente, y Lisa Shoman,
Representante de Belice y vocera del CARICOM. Algunos de los embajadores del
Grupo de Río no me pudieron acompañar por la rapidez con la que se tuvo que
desplegar la misión. Las embajadoras me han dado apoyo y consejos muy valiosos,
pero debo aclarar que todo lo afirmado por mí, en reuniones privadas o ante
los medios de comunicación en dicha misión, así como el contenido de este
informe, son de mi exclusiva responsabilidad.
Ustedes sabrán
comprender la dificultad de rendir un informe sobre los hechos. No obstante, me
he propuesto hacer una presentación sucinta sobre los antecedentes de lo
ocurrido entre 11 al 13 de abril, la cual de ninguna manera puede interpretarse
como una justificación de la alteración del orden constitucional. Es apenas un
contexto en el cual se dieron los sucesos trágicos del 11 de abril.
En la muy difícil
coyuntura que han vivido las instituciones democráticas de la Republica
Bolivariana de Venezuela, juzgué también oportuno mirar aspectos de la vida
institucional del país en relación con disposiciones de la Carta
Democrática.
Tendría que
comenzar por decir que es necesario señalar, por lo menos hasta que no se
demuestre lo contrario, que los organizadores de la manifestación convocada por
la oposición política y muchas organizaciones sociales en los días precedentes y
en el propio 11 de Abril, son diferentes de quienes usurparon el poder,
detuvieron al Presidente Chávez y trataron de instaurar lo que llamaron un
gobierno provisional, cuyo ejercicio del mando encontró un amplio y generalizado
rechazo no solo por su origen fáctico, sino además por las decisiones que tomó y
que significaban el cierre de los organismos elegidos popularmente, la
intervención del poder judicial y de todos los organismos del llamado “poder
moral”, y en la práctica la derogatoria de la Constitución y de muchos de los
actos realizados bajo su desarrollo.
Podemos afirmar
que el gobierno que estaba apenas en la fase de instauración, sin ninguna
legitimidad democrática, fue fruto de decisiones tomadas por los militares. En
carta, que fue del conocimiento de los miembros del Consejo Permanente, quien
presidía lo que se auto calificó como gobierno provisional expresamente
reconoció la ruptura constitucional.
Para fortuna de
las instituciones democráticas de Venezuela, esa alteración del orden
constitucional fue revertida por la reacción de buena parte de la oficialidad de
las Fuerzas Armadas y por una vigorosa respuesta ciudadana, tanto de defensores
como de opositores del gobierno del Presidente Chávez.
Como parte de la
responsabilidad que ustedes me encomendaron, me reuní con un amplio grupo de
voceros de algunas de las principales instituciones del país como el Presidente
Hugo Chávez y su canciller; la mesa directiva de la Asamblea Nacional; El Fiscal
General de la Nación, el Contralor, el Defensor del Pueblo y el Presidente del
Tribunal Superior. Igualmente me reuní con el Cardenal y los representantes de
la Conferencia Episcopal; algunos grupos de la sociedad civil; con
representantes de algunos de los principales diarios, cadenas de televisión y
radiales; con la Central de Trabajadores de Venezuela; los miembros de los
partidos de Oposición en la Asamblea Nacional; y con otras personalidades que
llevaron documentos en los que fijaban posición sobre los hechos ocurridos e
interpretaban a su juicio la realidad Venezolana.
Señores
Cancilleres:
De las
conversaciones con los diferentes sectores quisiera resaltar lo siguiente:
El Presidente de
la Republica en todas sus alocuciones ha hablado de reflexionar, de rectificar,
de enmendar. Aseguró “que no habría ánimos revanchistas, ni persecuciones, ni
abusos”. Ha dicho que lo ocurrido representa una “inmensa lección”; “que se debe
hacer una profunda reflexión”; que hay que actuar ahora con “calma y cordura”;
que es necesario “corregir lo que sea necesario corregir”; “restablecer el
dialogo”.
Habló también de
la “unidad respetando las diferencias” y señaló que como un primer paso
convocaría el Consejo Federal de Gobierno para que sirva de epicentro para el
diálogo con todos los sectores y para alcanzar el mayor consenso posible en
materia económica, social y política. También señaló que el Presidente designado
de PDVSA, como la junta por él designada, habían renunciado, con lo cual se
puso fin al asunto que dio origen a las últimas jornadas de protesta.
Aunque una buena
cantidad de personeros de instituciones ajenas al gobierno han aceptado la
llamada del Presidente al diálogo, aun después de los fatídicos hechos del 11 y
12 de abril, existe una excesiva polarización no solo de los protagonistas
naturales de la política, como lo son el gobierno, los partidos y las bancadas
de oposición, sino de casi todas las organizaciones laborales, empresariales, de
la sociedad civil, los representantes de algunos de los otros poderes del Estado
y los medios de comunicación. Esa excesiva polarización tiene connotaciones de
intolerancia que en la práctica impiden el diálogo democrático y la búsqueda de
acuerdos que permitan cierto entendimiento para mantener la paz social.
Pareciera prevalecer el convencimiento según el cual es inevitable una renovada
confrontación entre amigos y contradictores del gobierno, lo que podría
desembocar en mayor protesta social.
Quiero igualmente
señalar una práctica peligrosa de deliberación en la Fuerzas Armadas, que
determina que muchos protagonistas de la vida pública vivan atentos a lo que los
oficiales de las distintas armas opinan del acontecer político, incluidas las
ordenes de su Comandante en Jefe, el Presidente Constitucional de la República.
Muchos buscan fundamentos para tal forma de deliberación en un articulo de la
Constitución.
Los sectores de
oposición y otros protagonistas de la vida social toman de diferentes maneras
distancia de las normas constitucionales. En particular expresan inquietudes
sobre la separación e independencia de los poderes públicos y la falta de
contrapesos, como que sus titulares fueron escogidos por las mayorías que
imperaron en la Asamblea. Los diputados de oposición llaman la atención sobre
una reciente providencia del Tribunal Supremo de Justicia que señaló que el
período presidencial comenzó a partir del mes de enero del 2002.
Después de los
acontecimientos que ya hemos mencionado se han incrementado las denuncias de
violación de los derechos humanos, de intimidación, de vandalismo y saqueos, de
pérdidas de vidas y personas heridas. Esto ha ocurrido antes, durante y después
de la reciente crisis. Nosotros enviamos estas denuncias a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y, en algunos casos, a la Relatoría para la
Libertad de Expresión.
Esta Misión
recibió numerosas quejas sobre la responsabilidad en estos hechos de los
Círculos Bolivarianos, grupos de ciudadanos u organizaciones de base que apoyan
el proyecto político del Presidente. Muchos sectores los responsabilizan de
violaciones a los derechos humanos, de actos de intimidación y de saqueos.
Los
representantes de los dueños de los medios de comunicación y un grupo de
periodistas consideran que los Círculos Bolivarianos son la mayor amenaza a la
libertad de prensa y expresión. Varios de estos casos se han puesto en
conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Relator
para la libertad de Expresión. Haría bien el gobierno en trabajar en estos
aspectos y disipar muchas de las graves preocupaciones que han surgido.
Los
representantes de las cadenas de televisión se quejan de la manera abrupta como
se interrumpieron las señales de los canales de televisión privados abusando
según ellos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Esto produjo una
sistemática suspensión de su programación con largas intervenciones del
Presidente y de otros funcionarios del poder ejecutivo en los días previos al 11
de abril. Reclaman también que el gobierno, según lo recomienda la CIDH, haga “
una condena categórica a las agresiones de las que han sido objeto los
trabajadores de comunicación social”.
Por otra parte
las autoridades que representan los poderes del Estado señalaron la falta de
objetividad de algunos medios para informar sobre los sucesos que condujeron a
la restauración del orden constitucional. Algunos medios han registrado esa
preocupación o queja sobre lo acontecido, y han dado explicaciones que no soy
llamado a calificar como satisfactorias o no, así como no lo soy de la validez
de las quejas referidas.
Los miembros de
los partidos de oposición en la Asamblea Nacional consideran conculcados sus
derechos como minorías. Llamaron la atención sobre el uso de los mecanismos de
la ley habilitante. Esta es una vieja disposición en las Constituciones de
Venezuela que da al ejecutivo un gran poder legislativo. El gobierno del
Presidente Chávez hizo uso amplio de tales facultades, y ello ha demostrado la
gran resistencia que genera la aprobación de normas sin el proceso de
transacciones que se da en el debate parlamentario y sin la discusión pública
que se daría en la Asamblea.
La Central de
Trabajadores de Venezuela (CTV) planteó la imperiosa necesidad de que el poder
ejecutivo acepte la escogencia de sus directivos conforme al resultado de la
elección convocada por iniciativa del propio gobierno nacional. Esta Central y
sus directivos tienen el reconocimiento de la OIT, y ese reclamo se puede
también mirar a la luz del artículo 10 de la Carta Democrática. Los directivos
de la CTV también reclaman la convocatoria del diálogo Tripartito.
Por estas
consideraciones, en las reuniones con los diferentes sectores señalé acciones
que a mi juicio se deben acometer con urgencia para evitar ulteriores
expresiones de descontento que pudieran dar origen a la repetición de los
trágicos sucesos del 11 y 12 de abril. En todo caso es importante que hoy se
reiteren algunos de los considerandos y dispositivos de la resolución del
Consejo, sobre todo en lo referente a la condena de cualquier quebrantamiento
del orden constitucional y de los violentos sucesos que llevaron a la muerte de
un numero apreciable de personas.
La OEA, sus
países miembros, el resto de la Comunidad Internacional y algunas organizaciones
como la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal podrían prestar
su concurso para propiciar el diálogo y asegurar que estos hechos no se vuelvan
a repetir.
Quisiera resaltar
además algunas acciones que se deben tomar para desactivar algunos de los más
graves conflictos, recuperar la gobernabilidad, ganar estabilidad política y
propiciar la recuperación económica.
Es fundamental
que todos los sectores de la sociedad, por lo menos la totalidad de los que he
citado, busquen mecanismos o acuerdos que permitan hacer del respeto a la
Constitución la base fundamental y el marco de acción para todos los
protagonistas de la vida pública venezolana.
Es indispensable
un acuerdo para que el artículo 350 de la Constitución no se interprete como un
derecho general a la rebelión. Tal interpretación puede llevar a más y peores
actos de violencia. Todos deben poner de su parte para un acuerdo en tal
sentido.
Es esencial que
gobierno, oposición, fuerzas sociales, organizaciones de derechos humanos y
medios de comunicación, se comprometan a rechazar toda forma de deliberación de
la fuerza pública y respalden la aplicación de los códigos militares que
sancionan tales conductas. También es esencial que se abandone la interpretación
según la cual el citado artículo de la Constitución puede servir de base a la
conducta de oficiales de distintas armas. Quisiera reiterar que si no se avanza
en tal sentido se podría dar pie a que se presenten nuevos actos de
insubordinación contra la autoridad civil. Esta Asamblea debería ser categórica
al señalar la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado
a la autoridad civil legalmente constituida, tal como lo señala el articulo
cuarto de la Carta Democrática.
Existe la
imperiosa necesidad de acudir solo a los medios pacíficos. El estado, sin que
sobre ello pueda haber la menor duda, debe mantener el monopolio del uso
legítimo de la fuerza. Se deben investigar las denuncias según las cuales hay
sectores que están poniendo en peligro ese componente esencial de la seguridad
pública. En todo caso cualquier uso de las armas debe hacerse bajo autorización
y dentro de la normatividad acordada o dispuesta por las Fuerzas Armadas.
Es muy importante
para la democracia venezolana que la investigación sobre el desenlace trágico de
las manifestaciones del 11 de abril se realice de manera que sus conclusiones
sean aceptadas por todos, y que los responsables reciban todo el peso de la ley.
Lo que señalo no debería interpretarse como un menoscabo de los poderes
legítimamente constituidos. Con un buen grado de voluntad política podría
conseguirse tal resultado. En todo caso hay que aprender de lo ocurrido porque
cuando se dan manifestaciones de varios centenares de miles de personas los
riesgos son enormes.
Se nos informó
que en el seno de la Asamblea Nacional se ha avanzado en conformar una Comisión
de 25 miembros que se encargaría de investigar los hechos, aunque existen
diferencias en cuanto al nombre de la Comisión, al mecanismo de integración y a
su composición.
Gobierno y
oposición deberían hacer lo que esté a su alcance para afianzar la independencia
de los poderes y establecer sus debidos contrapesos. Más allá de la importancia
de asegurar la supremacía de la Constitución, es fundamental restablecer la
confianza en el estado de derecho y asegurar que todos los estamentos sociales
estén dispuestos a acatarla. Así lo dispone el articulo cuarto de la Carta
Democrática.
Cualquier acuerdo
entre los distintos sectores de la vida venezolana debe pasar, como lo señala la
Carta Democrática, por el pleno respeto a la libertad de expresión y por ende de
prensa. Debe quedar claro que cualquier queja o deficiencia debe resolverse
conforme a la Declaración de Chapultepec. Esta Secretaría expresó públicamente
su confianza en que el gobierno del presidente Chávez resolverá de manera
satisfactoria las preocupaciones de seguridad e intimidación que alegan los
representantes de Medios de Comunicación con los que me reuní.
En el tema de la
televisión, es importante acordar un código de conducta que, mas allá de la
legislación, asegure la compatibilidad de las transmisiones de interés publico
con la programación normal.
La comunidad
internacional debería prestarle a Venezuela apoyo para asegurar que de nuevo los
partidos y las agrupaciones o movimientos políticos sean los principales
protagonistas de la vida pública. El vacío que han dejado y que han pretendido
llenar otros sectores sociales ha demostrado de manera palmaria sus
limitaciones. Aquí cabrían acciones en el marco del artículo quinto de la Carta
Democrática.
Quiere esta
Misión agradecer la hospitalidad y adecuado apoyo que recibió del Gobierno del
Presidente Chávez. Espero haber cumplido con la disposición de nuestro Consejo
Permanente al someter este informe a su consideración. La OEA debe estar a
disposición del gobierno y el pueblo de Venezuela para que de la trágica
experiencia vivida se puedan colegir actitudes y acciones que nos aseguren que
estos hechos infaustos y trágicos no se vuelvan a repetir.
Muchas gracias
regreso