No podemos callar más
Nosotros, el Equipo de Pastoral del Alto Apure, responsables de la marcha de la Iglesia en esta zona, y habiendo recibido la misión de animar y comprometer en la fe a todos los miembros de ella, nos disponemos a compartir con Uds. el análisis que hemos hecho de la dolorosa realidad que se vive en estos lugares desde hace muchos años.
Estamos claros que nuestra misión como Iglesia es la misma de Jesús: ‘DAR BUENAS NOTICIAS A LOS POBRES, ANUNCIAR A LOS CAUTIVOS SU LIBERTAD, DAR VISTA A LOS CIEGOS Y DESPEDIR LIBRES A LOS OPRIMIDOS’ (Lc 4,18)
Como Iglesia que somos, miembros de la comunidad del Resucitado, no descansaremos en la lucha por la dignificación de la persona y en contra de la pobreza material y humana a la que están sometidos la gran mayoría de los hombres y mujeres de este pueblo.
En el ejercicio de esta misión en los centros urbanos y en los caseríos más apartados, nos encontramos con una población que sufre una realidad tal, que atenta contra la dignidad dela persona y nos desconoce como hijos de Dios e hijos de esta patria ancha y generosa que es Venezuela.
Nos proponemos hacer de nuestra Iglesia Católica del Alto Apure lo que Jesucristo nos pide a todos sus discípulos: ser sal y luz en medio de la terrible confusión, desesperanzas y frustr aciones en las que nos han sumergido los poderes de este mundo.
Constatamos con profundo dolor que el Alto Apure, ubicado en el extremo occidental del Estado Apure y en un espacio social pluricultural donde prevalecen las culturas andina y llanera, es una de las zonas más empobrecidas del país. No sólo eso encontramos en el Alto Apure.
Las altas proporciones de pobreza en sus diferentes grados, los elevados índices de analfabetismo, son muestras fehacientes de olvido y marginación. Es una región dentro de un Estado con los más bajos índices de desarrollo humano.
Observamos con honda preocupación la desidia de las instancias gubernamentales, municipales, estadales y nacionales, en la atención debida al Alto Apure en lo referente a la inversión social. Por ello no podemos callar lo que pasa en salud, educación, vivienda, empleo, servicios públicos, vialidad, acceso al sistema de Justicia del Estado, seguridad ciudadana, salarios, el ejercicio de la política, los inmigrantes en situación irregular, los refugiados, los derechos humanos.
Salud: Inexistencia de una red de atención primaria, infraestructura deteriorada e insuficiente (cuando están presentes). Con escasos equipos de insumos médicos necesarios y básicos. Cobros por servicios gratuitos disfrazados de ‘colaboración voluntaria’. No existen laboratorios públicos y gratuitos que permitan un diagnóstico preciso de las enfermedades; los exámenes en los labora torios privados son costosos cerrándoles la puerta a los más pobres. Es clara la ausencia de campañas preventivas y educativas en salud. Las razones son bien conocidas por todos: no hay, no llega, no mandaron. Los altos costos de los medicamentos hacen casi imposible seguir un tratamiento completo para el satisfactorio restablecimiento de la salud.
Educación: La excesiva partidización del gremio magisterial y la asignación amañada de cargos en las escuelas, introduce un elemento perverso y dañino en una tarea primordial para superar la pobreza. Es interesante el programa de escuelas bolivarianas, pero es obligante reconocer que es un programa que no cubre la totalidad de los centros educativos. Muchos cientos de niños se encuentran en instalaciones pésimas, sin dotación escolar y didáctica, de media jornada, con semanas de clases incompletas. Se generan odiosas distinciones entre quienes reciben educación en escuelas bolivarianas y otro tipo de escuelas, por cuanto no hay igualdad de condiciones. Donde una considerable parte de las personas que ejercen la docencia presentan deficiencias en la transmisión de conocimientos básicos en las etapas fundamentales de la educación primaria.
La disposición constitucional en esta materia, en nuestro caso podemos decir sin miedo a equivocarnos, es letra muerta.
Vivienda: Si nos preguntamos dónde viven los empobrecidos, la respuesta no puede ser otra que en ranchos lamentables, pagando alquileres o hacinados en pequeñas construcciones, que no pueden llamarse viviendas, que intenten responder a este urgente problema.
Empleo: No es posible superar la pobreza si no se generan fuentes de empleo suficientes, capaces de absorber la fuerza laboral existente en la zona. No es un problema que se resuelve con dádivas politiqueras degradantes o inflando de manera desmesurada las nóminas de los empleados públicos dependientes de los gobiernos locales. Un real compromiso con los pobres pasa imperativamente por la generaci ón de riqueza y distribución justa de lo producido. Es obligante crear programas de generación de empleos productivos.
Servicios públicos: La ausencia de acueductos para el tratamiento y distribución de agua potable, un servicio de electricidad que nos somete a la tiranía de frecuentes apagones, un pésimo servicio de recolección y disposición de basura y desechos, la inexistencia de una red de cloacas y plantas de tratamiento para las aguas servidas, configuran el lamentable panorama del estado de los servicios públicos en la zona.
Vialidad: El estado de ls vías de comunicación terrestres en el Alto Apure, podríamos describirlas como cráteres interrumpidos por parches de asfalto. Todos sabemos que un buen estado de las carreteras es atractivo para las inversiones productivas. Las pésimas condiciones de vialidad evidencian, de forma patente, el olvido de la región.
Acceso al Sistema de Justicia del Estado: Toda desavenencia familiar o entre particulares encuentra rápida solución en los tribunales itinerantes de las guerrillas. Eso no sólo es explicable por la presencia de esos actores armados en las cercanías del país, sino también, y en gran medida, por la débil presencia en la zona de las instituciones del Estado encargadas de ello. El Sistema de Administración de Justicia queja mucho que desear, a juzgar por la lamentable y penosa actuación que tiene en la zona. La inexistencia de jueces y juzgados, o la insuficiencia de ellos, según el caso, que puedan atender los diferentes conflictos que presentan para una efectiva, justa y pronta resolución, ha creado una falta de credibilidad en el Sistema de Administración de Justicia y, lo que es peor, estas deficiencias contribuyen a la impunidad total.
Es obligante evaluar y corregir los problemas y deficiencias de la actual administración de justicia, de manera que se pueda garantizar a todas las personas el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer vale r sus derechos e intereses, de forma gratuita, transparente y expedita. En ello nos jugamos la soberanía del país.
Seguridad ciudadana: Para nadie son un secreto los homicidios selectivos que acaecen en la zona, llevados a cabo por grupos de exterminio, sicarios, grupos paramilitares o guerrilleros. Cualquiera está al alcance del gatillo de esos grupos. Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la seguridad a través de los órganos de seguridad ciudadana frente a situaciones que constituyen amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física. Lo que constatamos es la inhibición de esos mismos órganos de seguridad del Estado, frente a hechos en donde se quita la vida a una persona. No basta la presencia policial o militar. Es necesario que cumplan su función de proteger, brindar seguridad a los ciudadanos y sancionar a los responsables que cometen delitos.
Las prácticas deleznables e corrupción entre las fuerzas de seguridad del Estado no deberían tener cabida. Si algún funcionario policial o militar incurre en prácticas de cobro por el paso de ganado colombiano hacia territorio nacional, o recepción de algún beneficio económico por el contrabando de gasolina hacia Colombia, o forma parte de las redes de tráfico de droga, armas o madera, debería ser separado del cuerpo respectivo y llevado ante las instancias judiciales correspondientes, de manera que la honorabilidad de los órganos de seguridad del Estado no sea afectada.
Salarios: Toda persona que trabaja tiene derecho a un salario suficiente, de manera que pueda cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, que le permitan vivir con dignidad. Este principio de justicia elemental, evidente para cualquiera, lejos está de cumplirse con los trabajadores campesinos, comerciales y domésticos. Muchos reciben remuneraciones por debajo del 40% del salario mínimo legal del campo, después de jornadas de hasta 10 horas de trabajo. Sabemos que el salario mínimo legal para el campo no es justo, pero al menos es legal. Si no se cumple con lo justo, que se cumpla con lo legal.
Las figuras de medianero y cuidador son otras formas de explotación atroz a que son sometidos los campesinos. La única remuneración que reciben los medianeros son exiguos beneficios después de la cosecha. Pero aún es la situación de los cuidadores de fincas: su trabajo de materializa en vivir en un rancho miserable, que no es suyo, y escasos alimentos. Esa inhumana explotación sube hasta el cielo y clama por justicia.
El ejercicio de la política: A contrapelo del proceso histórico de cambios importantes que vive el país, los partidos políticos que hacen vidas en la zona no han aprendido nada aún. Las prácticas clientelares alienantes, el paternalismo castrante y la bestial corrupción son moneda de uso corriente, donde no se escapa ninguna expresión partidista. La consecuencia directa de ello es una barrera que impide la adultez política de la población, cercenamiento de la ciudadanía y, lo que es peor, impide el desarrollo de una democracia verdaderamente participativa. Esas prácticas en definitiva nos cercenan a todos el derecho a vivir una real democracia.
Los inmigrantes en situación irregular: Son recurrentes los operativos de detención de colombianos sin papeles, para luego ser confinados en reducidos calabozos, durmiendo en los fríos y sucios suelos, o sobre cartones, incomunicados, sin nadie que se responsabilice por la alimentación de los detenidos. Posteriormente son deportados a un país con e cual han perdido vínculos y arraigos o, sencillamente, no quieren volver por la salvaje guerra fratricida que se libra en esas tierras.
Con profundo dolor encontramos a muchos hermanos nuestros que no tienen ‘papeles’, obligados a vivir sepultados, a vivir una vida por muchos años clandestina, anónima. Sin poder salir de sus casas o fincas por temor a que un día cualquiera lo detengan y lo expulsen del país.
Los continuos operativos de control de documentos a inmigrantes en situación irregular obliga a esos hermanos nuestros a buscar falsas salidas en redes de falsificadore s de documentos, muchas de ellas dentro del sistema de identificación nacional, envolviéndolos en una espiral de ilegalidad sin fin.
Las detenciones masivas de colombianos sin papeles (muchos de ellos arraigados en esta tierra por años) pretenden ser una cortina que tape la falta de leyes y procedimientos actualizados, que garanticen, a las personas que desean hacerlo, la obtención de documentos legales y vivir en paz y con dignidad en este país.
Los refugiados: Dada la vecindad de nuestra zona con el hermano país de Colombia, nos vemos impactados por un conflicto degradado, complejo y en escala creciente de intensificación. Una de las lamentables consecuencias de ese conflicto es la expulsión de cientos de campesinos colombianos de sus hogares. Si viene a estas tierras es motivado por una de dos grandes causas: una, el terror de sufrir daño a su integridad física, y dos, un profundo amor a la vida.
Gracias al Dios de Jesús, podemos decir que esos hermanos nuestros tienen espacio entre nosotros: aunque ello cueste aceptarlo por parte de las autoridades nacionales, guiados por una desfasada ideología de la seguridad nacional, que los perciben y tratan como potenciales enemigos para la patria.
Derecho humanos: Creemos que la Fuerza Armada Nacional tiene un rol importante que desempeñar en esta parte del país, en lo referente a seguridad. Pero ello no debe de modo alguno utilizarse como excusa para cometer atropellos ni vulnerar los derechos civiles de las personas.
Hemos avanzado mucho en el respeto a los derechos humanos en esta parte abandonada del país. No podemos aceptar la pérdida y retroceso de lo ganado.
Después de esta larga y detallada descripción de la realidad, queremos reafirmar que nuestra acción pastoral como miembros de la Iglesia pasa por una lucha abierta contra el olvido, la desidia de los poderes del estado, la marginación, la exclusión social, la explotación económica y la opresión política.
Llevar adelante esta lucha es nuestra prioridad fundamental para hacer realidad la misión para la cual el Espíritu de Dios nos consagró, al igual que a Jesús el Señor Resucitado. Firme es nuestra fe en la promesa del Reino hecha por el Señor, sirviendo a sus vicarios, los más pobres, en franca beligerancia contra toda injusticia. La liberación de nuestro pueblo es una necesidad ética, necesaria para empezar a construir el proyecto de país inclusivo, antesala de dicho Reino.
Equipo Pastoral del Alto Apure.
S.I.
P. Acacio Belandria, S.I., Vicario Episcopal del Alto Apure.
Hermana Godelive Vandenplas
Lic. Raiza Cepeda, Directora de la Radio de Fe y Alegría de Guasdualito.
Ing. Matías Calderón, Director de la escuela Técnica Agropecuaria de Fe y Alegría, El Nula.
P. José Gregorio Mora, S.I., Párroco de Guasdualito.
Jesús Machado,
13 de mayo 2002